Alejandro Donaire-Palma

mercenarix pre-cog y agente turístico en Nova Express[1]

¿Has experimentado alguna vez un déjà vu?

El 23 de abril de 2024 multitudinarias protestas se produjeron en Argentina convocadas en defensa de la educación pública. Los últimos seis meses los argentinos se han movilizado ante el shock económico que está intentando aplicarse desde diciembre de 2023 a través del estrangulamiento al gasto público. Este shock se aceleró tras la prórroga del presupuesto anual para 2024 a través de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 88/2023. En el contexto de un alza sostenida de los precios, que para fines de marzo apuntaba una inflación interanual de 287,9%[i], el gasto público presupuestado para el año anterior no permite solventar los costos de muchas operaciones que deben llevar a cabo las instituciones educativas públicas de Argentina. Para garantizar la continuidad del funcionamiento del ‘Estado Nacional’ se aplicó otro decreto, la DNU 280/2024, que implicó recortes en las transferencias de fondos a los gobiernos provinciales, golpeando en particular al sistema educativo con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)[ii]. La noche anterior a las protestas por la educación, el presidente Javier Milei anunció que estos ajustes presupuestarios han permitido un ‘superávit fiscal’ de 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre de 2024[iii]. El gobierno declaró que el recorte en el gasto público ha sido un ‘éxito’.

En este contexto, en Argentina vuelven a aparecer consignas que hace casi dos décadas se propagaban al otro lado de la cordillera, a través de las redes y las calles de Chile, en la costa pacífico-andina del Cono Sur de América. En el 2024, eslóganes como ‘la educación del pueblo no se vende, se defiende’ apuntan hacia las medidas presentadas en la plataforma electoral de La Libertad Avanza en octubre de 2023, y que ya se encuentran en marcha mientras los manifestantes recogen disciplinadamente sus banderas y pancartas, sin mayores disturbios ni coches en llamas.

La asincronía histórica que caracteriza las trayectorias políticas y económicas particulares de Argentina y Chile permite explorar el campo de tensiones constituido en torno a la educación en ambos países durante las últimas décadas. Una primera lectura evidencia que los ajustes estructurales propuestos en la agenda de gobierno de Milei ya han sido aplicados en Chile desde el régimen dictatorial pinochetista en la década de 1980, consolidándose durante más de treinta años de democracia postdictatorial. La mirada retrospectiva nos permite identificar algunos elementos claves que participan en el continuum de las operaciones desplegadas por las máquinas gubernamentales en torno a la educación a ambos lados de la cordillera.

Voucher educativo

El 21 de marzo de 2024 se oficializó un plan piloto de vouchers educativos bajo la resolución 61/2024 con el argumento de solventar la demanda educativa de familias de renta media-baja cuyos hijos asisten a escuelas privadas con aporte estatal de 75% o más, y que según datos de la Secretaría de Educación alcanzaría a cerca de 2 millones de estudiantes. Los requisitos son que el ingreso familiar no debe ser mayor al equivalente de 7 salarios mínimos, vitales y móviles. Las familias beneficiadas recibirán el 50% del valor del arancel de jornada simple, a través de lo cual se busca (cito) “evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales, de manera de no discontinuar o modificar su trayectoria educativa”[iv].

El modelo de voucher educativo que toma como referencia Milei fue propuesto por Milton Friedman en 1955, en el apogeo de las políticas de welfare keynesianas post-Segunda Guerra Mundial, como una manera de optimizar los fondos públicos destinados a educación. El modelo propone redirigir el flujo de inversión pública desde el financiamiento directo a las escuelas, hacia la demanda por educación, entregándole a las familias la libertad de elegir dónde desean matricular a sus hijos. Al acabar con el financiamiento directo a los establecimientos educacionales se busca introducir la competencia entre estos, incentivando la mejora en la calidad de sus ofertas educativas como una manera de atraer más matrículas[v]. Las familias se vuelven a la vez ciudadanos empoderados y agentes del mercado, ya que sus decisiones como consumidores de servicios educativos orientan el flujo de gasto del presupuesto público.

Cabe considerar que el sistema de voucher propuesto por el gobierno de Milei no acaba con el financiamiento público de la educación. La ley 26.206 de 2006, Ley de Educación Nacional (LEN), que garantiza la educación como un bien público en Argentina, establece que el presupuesto para la educación no puede ser menor al 6% del PBI[vi]. Esto no cambia, pues a pesar de que esta meta no ha sido plenamente alcanzada, la ley sigue vigente.

Por otro lado, el financiamiento de escuelas privadas con fondos públicos tampoco es per se una señal del fin de la educación pública, pues esto tiene su antecedente en Perón y la Ley n° 13.047 de 1947[vii].  Si bien hasta la década de 1990 se produjo un crecimiento sostenido de la matrícula privada, el salto hacia una ‘privatización’ de la demanda por educación en las familias argentinas se produce a partir de 2003, tras el ‘Argentinazo’ y durante los gobiernos de los Kirchner-Fernández, registrándose durante el período 2003-2010 un crecimiento de la matrícula privada mucho mayor a quienes optaron por transitar a través de la red de educación pública[viii]. Esto podría explicarse en parte por la creación la figura de educación ‘pública de gestión privada’ a través de la LEN de 2006, incentivando la apertura de nuevos establecimientos con el objetivo gubernamental de ampliar y asegurar la cobertura educativa[ix].

En 2011 el gobierno de Cristina Fernández señaló que no se puede hablar de una ‘privatización’, sino más bien de un salto a la vez cuantitativo y cualitativo de la oferta educativa en Argentina, y que se podría comparar con “otros períodos de crecimiento económico y del empleo –como el de la década del sesenta- en los que las familias cuentan con mayores ingresos para solventar gastos educativos”[x]. Es interesante recordar que un año después, tras conocerse los resultados entregados por el Banco Mundial en su reporte de noviembre de 2012 titulado La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, los medios argentinos hacían eco de que entre 2000 y 2009 la ‘clase media’ se había duplicado[xi].

Sin embargo, si bien entre 2003 y 2011 la economía argentina atravesó una fase de crecimiento aceleradas, con una tasa de crecimiento anual del PBI en torno al 8%, en 2007 comienza un proceso inflacionario igualmente acelerado motivado por la expansión de la demanda agregada a partir de políticas fiscales y monetarias procíclicas. La inflación que comienza a explotar en 2007 se explica debido al aumento de la base monetaria para acaparar reservas y estabilizar el tipo de cambio nominal[xii]. Comienzan a hacer evidentes los límites del ‘kirchnerismo’, dado que durante este periodo de crecimiento económico el aumento del gasto público y la redistribución de la renta se llevó a cabo sin ninguna transformación cualitativa en la estructura productiva, manteniendo su matriz extractivista, lo que fue produciendo una redistribución regresiva del ingreso, afectando a los trabajadores informales y precarios, sin capacidad de negociación que permita un aumento en los salarios nominales[xiii]. A pesar de ser un proceso que avanzaba año tras año cada vez más rápido, no es sino hasta noviembre de 2011 que la presidenta Cristina Fernández mencionó por primera vez la ‘inflación’ como gran tema económico en el discurso de cierre de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA)[xiv].

Esta crisis no se manifiesta de manera inmediata en el sistema de educación pública, pero si van expresándose ciertas debilidades de la institucionalidad para cumplir las metas presupuestarias establecidas a partir de la LEN, al alcanzarse solo en los años 2009, 2013 y 2015 el 6% de PBI en gasto educativo. Como apunta el informe desarrollado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, a excepción de estos años, durante el período 2006-2020 la diferencia entre las metas anuales y lo efectivamente ejecutado fue acumulando una deuda educativa acumulado que alcanzó los ARS$3,4 billones (USD$26 mil millones), correspondiente al 5% del PBI de 2020.[xv]

¿Implicó este endeudamiento una mejora del sistema educativo argentino? El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) llevado a cabo en 2019 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), dependiente de la UNESCO, mostró que el desempeño en Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales de estudiantes de 3° y 6° grado de Argentina está por debajo del promedio regional en la mayoría de las evaluaciones, junto con retroceder respecto a todas las materias en relación con la medición anterior de 2013[xvi]. Además, la pandemia por Covid-19 evidenció las falencias del sistema educativo para ofrecer a las familias las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso pedagógico, generándo una deserción escolar crítica que se estima en al menos 600.000 alumnos que no regresaron a las escuelas en el contexto de pos-pandemia[xvii]. Es con base en este escenario, que durante su campaña presidencial Javier Milei podía dar declaraciones tales como que “el 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor”, estableciendo que esto daba cuenta de que “la educación es un desastre y el país un baño de sangre”[xviii].

‘A la chilena’

Los ejemplos más citados por Milei para fundamentar la aplicación del sistema de vouchers son Suecia y Chile. La trayectoria histórica del voucher ‘a la chilena’ puede ser interesante dado la implementación del modelo comenzó durante la fase de dictadura constitucional del régimen pinochetista[xix], definiendo la racionalidad desde donde se ha gobernado la educación en Chile durante las últimas cuatro décadas. La Constitución de 1980 sentó las bases del mercado educativo, impulsado el rol subsidiario del Estado al establecer que este debe otorgar protección al ejercicio del derecho de los padres a educar a sus hijos. Esto se consolidaría en la Ley 18.962 de 1990, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), firmada el último día del régimen pinochetista, en que se establece el rol de resguardar la libertad de enseñanza, lo que convierte a el acceso a la educación en un instrumento de responsabilidad de las personas más que un deber asegurado por derechos[xx].

En la década del ‘80 se estableció la municipalización de las escuelas públicas como una estrategia de descentralización en pos del mejoramiento de la eficiencia en el gasto de recursos públicos, trasladándose la responsabilidad desde el Estado hacia la gestión educativa a los gobiernos locales. Esto fue de la mano con la implementación de subsidios estatales a los establecimientos que dependerían de la matrícula y la asistencia de los alumnos, y en el cual también participaría establecimientos privados subvencionados. Uno de los efectos es para el período 1981-1986 se produce una gran expansión de la educación particular subvencionada, desde el 15.1% al 30.8% de la matrícula[xxi]. Se creaba con esto en Chile un mercado de la educación privada sostenida con fondos públicos.

En la ‘postdictadura’, durante los gobiernos de la Concertación, se realizaron modificaciones al sistema que no alteraron los fundamentos del mismo, tales como la incorporación del financiamiento compartido o copago –que permitió a instituciones que reciben fondos públicos realizar cobros a las familias–, la modificación al estatuto docente para facilitar la movilidad de la planta docente y vincular remuneraciones con desempeño, y el reemplazo de la LOCE por la Ley General de Educación (LGE) en 2009, donde se prohíbe la selección hasta sexto básico para escuelas con subvención[xxii]. Además, en 2008 se aprobó la Ley de Subsidio Escolar Preferencial (SEP), incorporando correcciones al régimen educativo subsidiario a través de un modelo compensatorio focalizado en ‘estudiantes prioritarios’, estableciéndose como requisito que las escuelas que reciban los beneficios no podrán cobrar tarifas a estos.[xxiii]

Si bien la SEP se suele considerar como un avance hacia la ‘gratuidad’ en la educación, no fue hasta el segundo gobierno de Michele Bachelet (2014-2018) que se realizaron reformas más claras, en parte como respuesta a las reivindicaciones del largo ciclo de movimientos por la educación en Chile. Tanto la Revolución Pingüina protagonizada por estudiantes secundarios en 2006, o el movimiento por la ‘educación pública, gratuita y de calidad’ de 2011-2012, cimentaron el reconocimiento institucional de demandas sociales como la igualdad en oportunidades, abriéndose el campo de posibilidades de acceso a la educación a sectores sociales que se habían mantenido excluidos.

Una expresión de lo anterior puede ser el aumento exponencial de las matrículas en centros de educación universitaria y técnico superior durante la década 2005-2015. Esto, sin embargo puede ser un triunfo algo tramposo, ya que no se produjo en el marco la educación “pública” ni “gratuita”, concentrándose el 70% de este aumento sólo en 20 instituciones pertenecientes a grupos educativos privados, como Laureate International, Santo Tomás y Pontificia Universidad Católica. Uno de los principales factores fue la implementación del Crédito con Garantía del Estado (CAE) durante el primer gobierno de Bachelet, que permitía a financiar los estudios de estudiantes de familias de bajos ingresos a través de créditos otorgados por banco privados en las que el Estado de Chile es garante del pago bajo una lógica subsidiaria. Gracias a esto, estas instituciones privadas recibieron durante el período mencionado el 66,5% de los estudiantes que acceden al CAE y el 67,4% de los recursos que recibe el sistema de educación superior chileno por este canal desde 2006[xxiv].

En 2016 el gobierno de Bachelet anunció la ‘gratuidad de la educación superior en Chile’, primero a través de la Ley de Presupuestos de la Nación con el propósito de cubrir la demanda por educación universitaria, que paulatinamente iría ampliándose al resto del de instituciones de educación superior – Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica –, hasta 2018, con la promulgación de la Ley 21.091[xxv]. Cabe considerar que la política de gratuidad no implica una cobertura universal, a la manera de Argentina o Brasil, sino que está focalizada en el 60% de la población más vulnerable según distribución de ingresos. Esto corrige parcialmente la inequidad histórica del sistema a través del Estado, aunque los recursos totales en educación superior siguen siendo predominantemente privados y a través de endeudamiento[xxvi].

Resulta interesante notar que esta política de gratuidad educativa no altera el carácter subsidiario a la demanda establecido durante la dictadura pinochetista, sino que opera naturalizando– o invisibilizando– la racionalidad de gobierno que la constituye. A través de esta gratuidad, el sistema de voucher educativo ‘a la chilena’ se consolida como modelo institucional de gestión y distribución de los recursos públicos, empoderando a las familias como sujetos de derechos cuya capacidad de decisión y libre elección dinamiza la oferta de educación superior.

#emosidoengañado?

Tanto durante el último año en Argentina como hace más de una década en Chile, el slogan ‘la educación del pueblo no se vende, se defiende’ apuntan contra el ‘neoliberalismo’ y la ‘mercantilización de la educación’. La asincronía histórica evidencia las diferencias entre ambos contextos. En Chile esta defensa de la educación expresó la demanda por el derecho a algo que aún no existe, o que había sido arrebatado durante la dictadura de Pinochet y que debía ser recuperado, sintetizado en otra de las consignas popularizadas durante esos años, ‘educación pública, gratuita y de calidad’. Es una defensa que se proyecta como expectativa. En tanto, en la Argentina actual, la defensa de la educación da cuenta de una posición reactiva, que intenta resistir al proceso de ajustes estructurales llevados a cabo por el actual gobierno.

Sin embargo, una mirada retrospectiva nos permite seguir el devenir de lo que en Chile se proyectaba como una demanda por educación pública, situando el proceso en un continuum más allá de las postales mitopoyéticas de jóvenes levantando banderas y peleando contra la policía. Si nos enfocamos en la respuesta que surge desde la máquina de gobierno ante el flujo de protestas, podemos advertir que lo que se logró en Chile a través de consignas como ‘la educación del pueblo no se vende, se defiende’ es precisamente aquello contra lo cual se combate en Argentina. En Chile la ‘gratuidad’ se resolvió vía voucher. Demostró que era posible hacerlo.

Recordemos que la ‘gratuidad’ educativa ha sido presentada durante la última década como el gran triunfo estratégico desde la izquierda chilena, permitiendo la irrupción de una nueva generación política nacida al calor de una década de movilizaciones. No es algo menor que el actual presidente sea parte de esta generación de dirigentes estudiantiles, de los que algunos llegarían al parlamento formando la ‘bancada estudiantil’, y otros participarían en reality shows y perderían. 

El triunfo de Gabriel Boric en el balotaje de diciembre de 2021 se puede entender a partir de las expectativas sociales puestas en el proceso Constituyente iniciado como salida institucional al levantamiento social de octubre de 2019, y que un año después fue sería aprobado por casi un 80% de los votantes chilenos. Según esto, la gran mayoría de votantes estaba de acuerdo con cambiar la ‘Constitución de Pinochet’. El heterogéneo flujo de reivindicaciones y demandas sociales que convergieron en la primavera chilena, tales como el fin de las AFP o la condonación de la deuda estudiantil por CAE, entre otras, tendieron a apuntar como eje de articulación común hacia el ‘neoliberalismo’. La ‘constitucionalización’ de la crisis permitió orientar las tensiones antagónicas emergentes hacia instancias de participación institucional democrática ordenadas y con plazos de ejecución claros.

En este sentido apuntaron las declaraciones del brevemente ministro Secretario General de la Presidencia y también ex-dirigente estudiantil, Giorgio Jackson, quien subordinó el programa de gobierno al éxito del proceso Constituyente[xxvii]. En la efervescencia política post-estallido social, una de las consignas iniciales de la administración de Boric era que Chile se transformaría en “la tumba del neoliberalismo”[xxviii]. En retrospectiva, esta oportunidad solo fue un brillo fugaz y débil en la historia contemporánea chilena. Tras las derrotas consecutivas de dos propuestas de texto constitucional, el gobierno informa a través de la ministra secretaria general de Gobierno y militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, que “el proceso constituyente se cierra acá”[xxix].

Entre fines de 2023 e inicios de 2024 el gobierno de Boric reenfocó su agenda para la segunda mitad del mandato en torno a la estabilización institucional y la seguridad pública. De la mano a este proceso, ya desde el primer año de mandato se ha ido consolidando en la coalición de gobierno el sector político agrupado en torno al Socialismo Democrático, conformado por los partidos de la ex-Concertación, como una manera de reforzar la gobernabilidad y el diálogo parlamentario. O sea, los mismos nombres contra los que la generación de Boric y Camila Vallejos agitó banderas rojas, negras y amarillas.

En este marco, las consignas maximalistas contra la privatización de la educación, la salud y las pensiones, propagadas durante octubre de 2019 y que sirvieron como base para que grandes mayorías votaran por cambiar la Constitución neoliberal de Pinochet, han sido re-significadas como posibles de ser resueltas en términos presupuestarios, lo que pasa por reformas al sistema tributario más que transformaciones a las lógicas ‘mercantiles’ o ‘privatizadoras’. En este sentido apunta el anuncio del gobierno realizado a mediados de mayo de 2024 respecto a su compromiso por enviar al parlamento una propuesta para condonar la deuda por educacional CAE antes de septiembre del año en curso. En palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, consistirá en “una propuesta abordable desde el punto de vista financiero que no va a absorber recursos de otros sectores donde hay necesidades prioritarias”, puntualizando que “la propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”[xxx]. En la Cuenta Pública del pasado 1 de junio de 2024, el presidente Gabriel Boric señaló que el proyecto de ley busca ser una “solución progresiva y justa pensada en los deudores, especialmente en quienes han cumplido con sus deberes de pago y quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los deudores”[xxxi].

La condonación del CAE era parte del paquete de propuestas que vinculaban el programa de gobierno de Boric a las demandas sociales de octubre de 2019. Sin embargo, dadas las contingencias a corto y mediano plazo que se deben enfrentar desde la institucionalidad pública, la estructura mercantil que articula el sistema educativo dejó de ser un eje problemático. Si su gobierno quiere cumplir con estas promesas de campaña, debe buscar una manera de ser abordado dentro del marco institucional establecido por la ‘Constitución de Pinochet’. Las ‘prioridades’ cambiaron y con esto, al menos en Chile, la muerte del ‘neoliberalismo’ se postpone.

Tras la primavera que puso fugazmente en suspenso la legitimidad social del consenso que operó durante treinta años en Chile, éste ha demostrado haberse consolidado como el marco común desde donde las chilenas y chilenos intentan gestionar la incertidumbre de sus vidas cotidianas. A cinco años del estallido, la palabra ‘neoliberalismo’ se desvanece en significantes como ‘economía’ y ‘gobierno’, favorecido en parte por el repliegue social post-pandemia y la crisis de seguridad pública de los últimos años.

El gobierno de Boric lleva a cabo la contención de las demandas y reivindicaciones sociales operando a través de la polarización inmanente al flujo heterogéneo que convergió durante la primavera de 2019, como una amenaza constante de desborde social o error de cálculo político que mantiene a muchos de los ex-rostros juveniles de la bancada estudiantil aferrados al orden institucional contra el cual construyeron las campañas electorales que los llevaron al Parlamento y La Moneda. Su labor es mantener y actualizar el loop discursivo fundacional del Chile Actual postdictatorial, llevando a cabo una gestión política ‘en la medida de lo posible’. Pero Boric no es Aylwin, y Pinochet está muerto.

Esta vez no parece ocurrir como en la década del ‘90, en que el consenso operó a través del blanqueo histórico y la neutralización del campo político-ideológico, bajo la amenaza constante de una vuelta al ‘terror dictatorial’[xxxii]. Ahora, a cinco años de la primavera de octubre de 2019, el consenso chileno se construye a través de un movimiento centrífugo de partidos, reivindicaciones e identidades políticas, por tanto, como un triunfo democrático más que como una derrota por impotencia. Esto se expresó en el rechazo popular en las urnas a dos propuestas de proyecto Constitucional que buscaban sustituir la ‘Constitución de Pinochet’. Se produce una interseccionalidad acelerada del campo político que confirma y reitera la racionalidad ‘neoliberal’ como condición necesaria del ‘gobierno’ y de la ‘economía’ para resolver ‘los problemas reales de la gente’.

(Sur)realismo capitalista

A diferencia de fines de abril, el 12 de junio de 2024 el paisaje no era tan pacífico en las calles de Argentina. Las protestas no eran esta vez por ‘la educación’, sino en respuesta al triunfo en el Senado del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un amplio paquete de reformas también conocido como “ley omnibus”, que entre otras medidas involucra la posibilidad de iniciar procesos de privatización de empresas y servicios estatales por motivos de ‘emergencia pública’[xxxiii].

A diferencia del caso chileno, el gobierno de Milei ha puesto en práctica sus consignas maximalistas de corte ultraliberal desde el primer mes de gobierno. Sin embargo, la estrategia comunicacional blitzkrieg con que el gobierno ha operado las reformas estructurales que busca impulsar, tales como haber presentado la noche anterior a las movilizaciones por la educación argentina el ‘superávit fiscal’ como un éxito del recorte público, no cambia el que tenga que sostener a lo largo de su gobierno el flujo de demandas creadas en torno a las expectativas por mejorar la situación económica del país.

El proyecto original de la Ley Bases fue frenado en parlamento en febrero de 2024 al no producirse un acuerdo entre el oficialismo y los bloques de oposición ‘dialoguista’ tras la negativa del gobierno central ante las demandas para solventar el flujo financiero de los gobiernos provinciales[xxxiv]. Este rechazo llevó, por un lado, a una reescritura del proyecto, y al desarrollo de una propuesta de ‘nuevo acuerdo social’ dirigida a los gobiernos provinciales denominada Pacto de Mayo, en que se establece un marco para el diálogo político en torno a las reformas estructurales que el gobierno pretende llevar a cabo[xxxv].

A pesar de su discurso y performance maximalista, Milei no puede gobernar sin el bloque político articulado en torno a la derecha macrista que también fue apuntada como parte de ‘la casta’. Tal es el caso de Patricia Bullrich, que de ser tratada de “montonera asesina” durante el debate presidencial de octubre de 2023[xxxvi], pasó a ser ministra de Seguridad de la Nación. Nada de que extrañarse. La Libertad Avanza necesita formar gobierno con las fuerzas articuladas en torno a Juntos por el Cambio para llevar a cabo su radical agenda de ajustes estructurales, que dependen tanto del balance de fuerzas parlamentarias como de la articulación política con los gobiernos provinciales.

Si bien los gobiernos de Milei y Boric parecen situados en las antípodas ideológicas, si aislamos las banderas de colores y la fraseología maximalista con que cada cual apunta a reforzarse identitariamente frente a sus respectivos nichos de votantes, podemos identificar el despliegue de máquinas de gobierno que operan a través del territorio siguiendo una racionalidad común. Si seguimos la hilo rojo trazado por el breve recorrido retrospectivo de las últimas décadas de reformas educativas en Argentina y Chile, podemos notar que a pesar de su discursos radicales respecto a la anterior configuración hegemónica –respectivamente, la ‘casta’ kirchnerista y los gobiernos de los ‘30 años’–, a través de los rostros de Milei y Boric, las coaliciones gobernantes en Argentina y Chile operan articulando y conteniendo las tensiones emergentes alimentadas con las expectativas nacidas durante un momento histórico anterior, cuando el aumento del gasto público por los gobiernos de la ‘marea rosa’ (pink tide) abrió y masificó la oferta educativa.

Tanto, la creación de la figura de educación ‘pública de gestión privada’ y la meta de un 6% del PBI destinado a educación en Argentina a través de la LEN de 2006, como el proceso histórico en Chile que desembocó en el CAE y la ‘gratuidad’, son respuestas históricas de las respectivas máquinas gubernamentales que resuelven las demandas y reivindicaciones que convergen en torno a la educación, aplicando para esto una racionalidad de gobierno ‘neoliberal’ que ayuda a abrir un mercado de educación privada sostenida con fondos públicos, empoderando a las familias como agentes cuyas decisiones ayudan a orientar su distribución y gestión.

En este sentido, en Milei la continuidad de la racionalidad de gobierno aplicada durante el ‘kirchnerismo’ se produce como disrupción. Si seguimos el camino de ruinas sobre ruinas abordado en nuestra lectura retrospectiva a las políticas educativas de las últimas décadas, podríamos notar que Milei no rompe con el proceso iniciado por los Kirchner, sino que favorece su adaptación en un contexto alta inflación, ofreciendo su rostro ‘radical’ para legitimar en las urnas las reformas que sí o sí deben llevarse a cabo, así como Boric es un rostro conciliador puesto entre la espada y la pared.

Mientras en Chile la polarización ideológica post-estallido establece la urgencia de respuestas ante diversos actores arrinconando cualquier intención ‘ideológica’ hacia soluciones ‘pragmáticas’ que neutralizan las reivindicaciones que el gobierno asumió como propias, en la Argentina de Milei esta polarización es operada por el propio gobierno, que se sitúa desde una posición político-ideológico extrema. Al definir su pragmática gubernamental a través de la estetización splatter de los ajustes estructurales, con palabras como la ‘motosierra’ y ‘la licuadora’, Milei sirve como un ‘espantapájaros’ (scarecrow) tras el cual ‘la casta’ política que el mismo señala como responsable de la crisis económica puede esconderse, y culpar de la reducción del gasto público y las políticas represivas que la máquina gubernamental argentina tiene que sí o sí llevar a cabo. ¿Podría haber hecho algo diferente Massa de ser electo presidente?

La estructura jurídico-institucional definida por la LEN o la Ley Bases ofrece un marco de aproximación a la comprensión de la racionalidad de gobierno que opera a través de las máquinas de gobierno en un territorio. Pero estas leyes no solo establecen el marco regulatorio para despliegue del aparato estatal, sino que indican el momento histórico en que leyes fue posible articular un consenso social que permite legitimar el despliegue de las reformas estructurales neoliberales. El marco jurídico-institucional se define en relación con las relaciones de fuerza inmanentes al campo social, y es capaz de generar condiciones de gobierno en tanto sea posible capturar el flujo de demandas y reivindicaciones sociales. La racionalidad de gobierno que permite legitimar democráticamente las políticas impulsadas por Milei opera a través de los procesos de subjetivación constituidos históricamente, más allá del carácter radical con que el rostro del scarecrow Milei aparezca en las tele-pantallas. Milei no es Pinochet, pues ha sido elegido democráticamente, y las políticas que impulsa son coherentes con las medidas establecidas desde el FMI para ‘salvar la economía’, de la misma manera que Boric no puede hacer otra cosa sino intentar mantener una economía estable en un contexto tensión social creciente que lo obliga a él y a su generación de dirigentes estudiantiles a incumplir las promesas que los llevaron al gobierno.

Palabras como ‘educación pública’, ‘gratuidad’, ‘libertad’, o ‘superávit fiscal’, así como las cadenas de significantes en que los diferentes agentes políticos colectivos las inscriben, son la materia simbólica en disputa en las dinámicas de producción de subjetividad desplegadas a través de las calles y las redes del Cono Sur de América durante los últimos veinte años. Sin embargo, no es un régimen de signos que se impone como un espectáculo despótico, cayendo sobre los ciudadanos-consumidores con el peso de una espada soberana. Estas palabras constituyen la infraestructura semiótica a través del cual las máquinas de gobierno capturan y organizan la heterogeneidad de flujos que convergen y dan forma histórica al campo social.

En este sentido, es precisamente a la clase media que se constituyó durante la primera década kirchnerista, y cuyas vidas se han visto precarizadas rápidamente debido a la hiperinflación de los últimos años, que apunta el plan piloto de voucher educativo que el gobierno de Milei ha puesto en marcha entre mayo y julio de 2024. Ese es el nicho donde podría radicar cualquier tipo de apoyo popular para que su implementación comience a extenderse al resto de la oferta educativa, por ejemplo, instituciones de educación superior, y de ahí resultar como un modelo práctico para aplicar a otras áreas de interés público, como seguridad y salud. Es una política orientada a nicho. En este sentido, si seguimos tanto el camino trazado por Chile desde la dictadura pinochetista como el que está siguiendo la Argentina, en un contexto de crisis presupuestaria se puede implementar una medida tendiente a la mercantilización bajo la excusa de responder al rol del Estado como garante del derecho a la educación ‘pública de gestión privada’ establecida durante el kirscherismo.

[1] Esto es un poco en broma, pero se supone que aquí va la UNIVERISDAD DE AFILIACIÓN O EL CENTRO DE INVESTIGACÍÓN QUE NO TENGO

[i]Ministerio de Economía de Argentina. Índice de precios 8 (11), marzo de 2024. Disponible en < https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_24D278E3E48E.pdf >

[ii]Poder Ejecutivo Nacional de Argentina. DNU 280/2024. Anexo 1 (2024).  Disponible en < https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/305208/20240327 >

[iii]VIVO Javier Milei anuncia el superávit fiscal de marzo en cadena nacional. Perfil, 22 abril 2024. Video, 17m15s.  Disponible < https://www.youtube.com/watch?v=mhiUsU1hHG4 >

[iv]Ministerio de Capital Humano de Argentina. Resolución 61/2024 (2024). Disponible en < https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304996/20240321 >

[v]Friedman, Milton; Rose D Friedman. Free to Choose: A Personal Statement. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.

[vi]Ministerio de Educación de Argentina. Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional. Artículo 9 (2006). Disponible en < https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf >

[vii]Vior, Susana E; Rodríguez, Laura R. La privatización de la educación argentina: un largo proceso de expansión y naturalización. Pro-Posições23 (2), 2012, pp. 91-104. Disponible en < https://www.scielo.br/j/pp/a/CZv6qV9pKJbkVTQTPg4GZQN/?format=pdf&lang=es >

[viii]Gamallo, Gustavo. La ‘publificación’ de las escuelas privadas en Argentina. Revista SAAP – Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político 9 (1), 2015, pp. 43-74. Disponible en < https://www.redalyc.or g/pdf/3871/387142733003.pdf >

[ix]Narodowski, Mariano; Moschetti, Mauro; Gottau, Verónica. El crecimiento de la educación privada en Argentina: Ocho explicaciones paradigmáticas. Cadernos de Pesquisa 47 (164), 2017, pp. 414-441. Disponible en < https://www.scielo.br/j/cp/a/CpcJsJ5r3RQZyRmb3gNvqSf/?format=pdf&lang=es >

[x]Ministerio de Educación de Argentina. A propósito del debate sobre la evolución de la matrícula en el sector privado,  Junio 2011. Disponible en < http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006493.pdf >

[xi]Argentina duplicó su clase media en la última década, dice informe del Banco Mundial. Banco Mundial, 13 Noviembre 2012. Disponible en < https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/11/13/argentina-middle-class-grows-50-percent >

[xii]Dulcich, Federico. Los fundamentos de la inflación en la Argentina de la postconvertibilidad: un análisis a partir de un modelo VAR estructural. Cuadernos de CIMBAGE 18, 2016, pp. 135-167.

[xiii]Trombetta, Martín. Inflación en Argentina y limitaciones del “modelo” kirchnerista. Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y controversias 2, 2012, pp. 19-29. Disponible en < https://www.google.com/https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20130802014021/hr2_2.pdf >

[xiv]Cristina reconoció la “inflación” y aceptó que es uno de los problemas a resolver. Clarín, 22 noviembre 2011. Disponible en < https://www.clarin.com/economia/cristina-menciono-inflacion-abordar-problemas_0_SklGP5hvQe.html >

[xv]Narodowski, Mariano; Catri, Gabriela; Nistal, Martín. Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación. Buenos Aires: Observatorio Argentinos por la Educación, 2023. Disponible en < https://argentinosporlaeducacion.org/wp-content/uploads/2023/02/Lo-prometido-es-deuda-educativa.-La-impotencia-para-alcanzar-el-6-por-ciento-del-PBI-para-educacion..pdf >

[xvi]Fernández, Maximiliano. La Argentina registró el peor desempeño de su historia en una evaluación internacional de aprendizaje de la Unesco. Infobae, 30 noviembre 2021. Disponible en < https://www.infobae.com/educacion/2021/11/30/la-argentina-registro-el-peor-desempeno-de-su-historia-en-una-evaluacion-internacional-de-aprendizaje-de-la-unesco/ >

[xvii]Horvat, Alejandro. Crisis educativa. Está en suspenso el aprendizaje de 640.000 estudiantes. La Nación, 3 abril 2021. Disponible en  < https://www.lanacion.com.ar/sociedad/crisis-educativa-esta-en-suspenso-el-aprendizaje-de-640000-estudiantes-nid03042021/ >

[xviii] Milei anticipó que en su gestión «la educación dejará de ser gratuita» y encendió una nueva polémica. Perfil, 14 agosto 2023. Disponible en  < https://www.perfil.com/noticias/actualidad/milei-anticipo-que-la-educacion-dejara-de-ser-gratuita-y-encendio-una-nueva-polemica.phtml > 

[xix]En su obra Chile Actual: Anatomía de un mito, el sociólogo Tomás Moulian identifica la fase de dictadura constitucional como el lapso de tiempo entre el plebliscito de septiembre 1980, que ratificaba el texto constitucional presentado por el régimen dictatorial de Pinochet, y el plebiscito de octubre de 1988, en qué ganaría la opción ‘No’, acabando con la dictadura pinochetista. Véase Moulian, Tomás. Chile Actual: Anatomía de un mito. Santiago de Chile: Lom – ARCIS, 1997.

[xx]Farís Carrión, Emmanuel; Moreno Figueras, Juan José. Estado subsidiario: límites y proyecciones de la democracia territorial en Chile Revista Temas Sociológicos 19, 2015, pp. 105 – 132.

[xxi]Puga, Ismael. Escuela y estratificación social en Chile: ¿cuál es el rol de la municipalización y la educación particular subvencionada en la reproducción de la desigualdad social? Estudios Pedagógicos 37 (2), 2011, pp.  213-232.

[xxii]Canals, Catalina; Aguirre, Cristián; Blanco, Christian; Fábrega, Felipe; Mena, Camila; Paulus, Nelson. El “Voucher” a la chilena. Reflexiones sobre elección escolar y financiamiento educacional. Estudios Pedagógicos 45 (1), 2019, p. 137-150. Disponible en < https://www.scielo.cl/pdf/estped/v45n1/0718-0705-estped-45-01-137.pdf >

[xxiii]Ministerio de Educación de Chile. Ley N° 20.248. Ley de Subvención Escolar Preferencial  (2008). Disponible en < https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=269001 >

[xxiv]De acuerdo a datos disponibles en Kremerman, Marco; Paez, Alexander. Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE. Santiago de Chile: Fundación SOL, 2023 Disponible en < https://fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/wp-content/uploads/2016/08/Estudio-CAE-20163-1.pdf >

[xxv]Rodríguez, M. Angélica; Verdugo Bonvallet, Verónica; Vidal Rojas, Milton. Política de gratuidad en educación

superior en Chile y garantía del derecho a la educación: tensiones y desafíos. Revista Brasileira de Educação 28, 2023, p. 1-27. Disponible en < https://www.scielo.br/j/rbedu/a/RNcBdx7SPZRwjyr6GhBMh3b/?format=pdf&lang=es >

[xxvi]Donoso-Díaz, Sebastián; Arias Rojas, Oscar; Reyes Araya, Daniel. «Perfeccionamiento De La Gratuidad De La educación Superior Chilena Desde La Equidad». Revista INTEREDU 2 (9), 2024, pp. 187-224. Disponible en <  https://revistainteredu.ulagos.cl/index.php/interedu/article/view/3368/4145 > 

[xxvii]Ministro Jackson: “Hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual”. CNN Chile, 5 junio 2022. Disponible en < https://www.cnnchile.com/pais/giorgio-jackson-programa-gobierno-no-ejecutar-constitucion-actual_20220605/ >

[xxviii]Boric tras triunfo en primarias: «Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba». CHV Noticias, 18 julio 2021. Video, 8m55s. Disponible en <https://www.youtube.com/watc h?v=pHCjsKkcQcM> Acceso: 20 agosto 2022

[xxix]Portilla, C. Vallejo: “El proceso constituyente se cierra acá, al menos por los dos años restantes”. La Tercera, 17 diciembre 2023. Disponible en < https://www.latercera.com/politica/noticia/ministra-camila-vallejo-tras-emitir-su-voto-el-proceso-constituyente-se-cierra-aca/EFIDP7UBPFFAHN5D5AYDOYL7H4/ >

[xxx]Ministro Marcel y condonación del CAE: Será una propuesta justa con los deudores y también con quienes están pagando. 24Horas.cl, 17 mayo 2024. Disponible < https://www.24horas.cl/actualidad/nacional/ministro-marcel-condonacion-del-cae-sera-una-propuesta-que-sea-justa-deudores-estan-pagando >

[xxxi] Boric promete “solución progresiva y justa pensada en los deudores” del CAE y Fondo Solidario. El Mostrador, 1 junio 2024. Disponible en < https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2024/06/01/boric-promete-solucion-progresiva-y-justa-pensada-en-los-deudores-del-cae-y-fondo-solidario/ >

[xxxii]Moulian, T. Op.cit.

[xxxiii] Klipphan, Andrés; Menegazzi, Eduardo; Múgica Díaz, Joaquín. Tras la aprobación general de la Ley Bases en general, se registran nuevos incidentes en las afueras del Congreso. Infobae, 12 junio 2023. Disponible en < https://www.infobae.com/politica/2024/06/12/el-mapa-de-la-movilizacion-piquetera-sindical-y-de-organizaciones-sociales-contra-la-ley-bases-frente-al-congreso/ >

[xxxiv] El Gobierno apuntó a la oposición por incumplir acuerdos y mandó la Ley Ómnibus de nuevo a comisión. Infobae, 6 febrero 2024. Disponible en < https://www.infobae.com/politica/2024/02/06/el-gobierno-apunto-a-la-oposicion-por-incumplir-acuerdos-y-mando-la-ley-omnibus-de-nuevo-a-comision/ >

[xxxv]Qué es el “Pacto de Mayo”: los diez puntos que Javier Milei presentó ante el Congreso. La Nación, 1 marzo 2024. Disponible en < https://www.lanacion.com.ar/politica/el-discurso-de-javier-milei-en-el-congreso-los-diez-puntos-del-pacto-de-mayo-nid01032024/ >

[xxxvi]“Vos sí podes lavar tu pasado de Montonera asesina”, “Milei, hasta acá llegaste” y “Tongolini” en la Aduana: los mejores cruces y réplicas del debate presidencial. Clarín, 8 octubre 2023. Disponible en < https://www.clarin.com/politica/vos-podes-lavar-pasado-montonera-asesina-milei-aca-llegaste-tongolini-aduana-mejores-cruces-replicas-debate-presidencial_0_ZZYaM0lC9a.html >.