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Defender la ENAH, no sólo el presupuesto

Rodrigo Wesche

Tres días antes de que concluyera el año, el Secretario Académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia mandó un oficio a los titulares y administradores de las distintas instancias que conforman el INAH. En el documento solicita que los responsables de ejercer el presupuesto cumplan con sujetarse al presupuesto aprobado, a los tabuladores de remuneraciones, a no contraer servicios personales que impliquen compromisos en los ejercicios fiscales ulteriores―salvo previa autorización―, y a no contratar a personal eventual que no haya sido considerado en el presupuesto destinado a servicios personales y hasta que su contratación haya sido autorizada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.

El director de la ENAH respondió con preocupación al comunicado, pues retardar la contratación del personal eventual implicaría prácticamente detener todas las actividades esenciales de la escuela (desde registro de aspirantes hasta trámites de titulación, pasando por trámites de pagos y el mantenimiento de la escuela, e incluso la imposibilidad de continuar con las clases en el nuevo semestre, porque los profesores de Hora, Semana, Mes, responsables de dar la mayoría de las clases en todas las licenciaturas, son trabajadores eventuales).

El oficio del director rápidamente comenzó a circular entre la comunidad de la escuela y redes sociales, y se esparció la comprensible incertidumbre, pero también la desinformación. En lugar de cuestionar el sentido real del comunicado del INAH, de investigar si había un recorte de presupuesto, de si la instrucción provenía de la Secretaría de Cultura o del INAH directamente, en síntesis, de conocer el panorama completo, rápidamente se instaló la narrativa tanto dentro como fuera de comunidad escolar de que el gobierno federal quería desaparecer a la ENAH.

Hasta algunos identificaron este nuevo problema con el que vive el CIDE, cuando son diametralmente opuestos. El del Centro de Investigación tiene que ver con el nombramiento de un director, ajeno a la comunidad, cuya pretensión era transformar la formación y prácticas neoliberales de la institución, pero que, en una combinación de torpeza e imposiciones, ha generado el repudio casi unánime de profesores, alumnos y personal administrativo. Sin embargo, el movimiento del CIDE mezcla inconformidades justas con una defensa de privilegios intolerable dependiente de un presupuesto ya de por sí alto para la matrícula. En contraste, los reclamos de la ENAH surgen de la defensa de su personal más precarizado, inmersos en una situación que tiene por lo menos dos décadas. La ENAH ha sido maltratada y despreciada por sus posturas de izquierda y de crítica al régimen neoliberal. Mientras el CIDE fue una institución consentida por los gobiernos neoliberales y, en gran medida, su generador de cuadros técnicos, a cambio de lo cual recibía recursos para impulsar la construcción o remodelación de un edificio en el campus cada año, el pago de choferes y chefs privados para los directivos, la ENAH se ha opuesto a la privatización de lo público ―incluyendo la educación―, a la acumulación por desposesión y a la violación de los derechos de los sectores más vulnerables (indígenas, campesinos y obreros), a cambio de lo cual ha recibido casi año con año un presupuesto menor que tiene asfixiada sus actividades.

Durante el fin de semana el INAH emitió un comunicado, replicado en su contenido por su director Diego Prieto, donde habla de un malentendido. Explica que no quería evitarse la contratación del personal eventual, sino insistir en que se hiciera en tiempo y forma. Supuestamente el lunes 10 de enero se realizará la firma de contrato, cuya vigencia corresponde del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo del 2022, y el 25 de enero a más tardar los trabajadores recibirán su primer pago. No obstante, si esto sucede, no es suficiente, pues supone resolver el conflicto por encima y no entrarle a revisar y darle solución a los males sistémicos de la escuela.

Al igual que otras instituciones de educación superior, ha arrastrado durante varios años un impuesto raquítico que le impide desempeñar todas sus actividades óptimamente para su comunidad estudiantil. Las instalaciones de la escuela se encuentran en pésimas condiciones, hay personal en condiciones laborales precarias desempeñando varias funciones a la vez, y han ido desapareciendo progresivamente distintos departamentos al interior de la escuela.

Pero la crisis de la ENAH no es sólo de presupuesto. De la escuela se ha apoderado un espíritu de apatía en todos los sectores, lo que se ha traducido en una disminución de la producción académica, un número de titulación muy bajo. También hay “aviadores” en puestos de distintos tipos (y justo los trabajadores eventuales son quienes desempeñan las funciones que les compete a aquellos); falta democratizar las decisiones fundamentales de la escuela; y predomina la falta de voluntad para impulsar esos cambios (notable en el nulo apoyo brindado a proyectos autogestivos que han pretendido tapar los hoyos dejados en el camino del desmantelamiento de la escuela).

La comunidad de la escuela es consciente de varios de estos problemas. Por este motivo su movilización continúa a pesar de la respuesta del INAH sobre la recontratación del personal eventual; se ha propuesto llevar a cabo una serie de acciones en los próximos días para presionar a las autoridades a que den resolución a todos estos problemas. Sin embargo, puede jugar en contra la fragmentación que sufre la escuela desde hace varios años, la cual le ha impedido articular un movimiento sólido.

Las protestas en la escuela contra esa serie de condiciones no son nuevas. El intento de movilización más reciente tuvo lugar en 2018. Cuando aconteció el ataque de los porros a estudiantes en las inmediaciones de la rectoría de la UNAM, la comunidad de la ENAH se solidarizó y reprobó lo acontecido, pero también lo vio como una oportunidad para exigir a sus respectivas autoridades una reestructuración de la escuela. Prácticamente todos los problemas de la escuela y su esperada resolución fueron incluidos en un pliego petitorio firmado por Diego Prieto en aquel año, sin embargo, para ese momento la comunidad ya estaba muy desgastada por un paro de labores de casi cuatro semanas, en las que las primeras dos semanas no existía dicho pliego, ni quedaba claro cuál sería el rumbo del movimiento. El paro tuvo que levantarse por falta de apoyo de todos los sectores de la escuela y se perdió la fuerza para presionar al cumplimiento de los compromisos.

También considero que en aquel momento ―y ahora podría hacerlo― afectó un discurso anti-instituciones y anti-Estado de un sector muy radicalizado. Era muy ilustrativo presenciar cómo en aquel año se exigía el diálogo con Diego Prieto, pero que al tenerlo enfrente ni siquiera lo dejaran hablar, y que en el foro sólo se escucharan consignas. Aunque no sea del agrado de todos, el hecho insoslayable es que la ENAH depende del INAH, la Secretaría de Cultura y la administración pública federal. Cualquier exigencia e intención de transformar la escuela debe trabajar sobre ese terreno dado.

El gobierno de la autodenominada 4T ha dado señales de que no planea entrarle a la resolución de los conflictos que aquejan a varias de las universidades públicas. Haya o no razones por las cuales el gobierno haya decidido patear ese balón a un lado, en manos de la comunidad de la escuela está el regresarlo a sus pies. Defender la ENAH ―y la educación pública de nivel superior― no puede limitarse a la petición de mayor presupuesto. Eso sólo es un ingrediente necesario de un cóctel más amplio y urgente. La escuela requiere una reestructuración y voluntad de cambio; sólo así podrán corregirse sus males sistémicos, pero temo que eso podría resultar incómodo para los pocos que han sacado provecho de una escuela con tantos conflictos.

Quizá si se deja del lado la narrativa catastrofista de que el objetivo del gobierno es desaparecer la ENAH, sea viable para la comunidad abrir una puerta ―probablemente con fuerza― por encima de la dirección del INAH. Pero eso supone no sólo solicitar más presupuesto, sino buscar los recursos de todo tipo para la reorganización de sus entrañas. Un México posneoliberal necesita lingüistas, historiadores, antropólogos, arqueólogos y etnólogos comprometidos con la educación popular. No le convendría al gobierno ignorar los reclamos de una escuela que forma profesionales que encajan con su pretensión de anteponer a los sectores más vulnerables, así como a la ENAH tampoco le vendría bien hacer de sus reclamos un soliloquio cuyo inevitable resultado sea regresar a su maltratada normalidad.

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