César Martínez (@cesar19_87)*

El concepto “Crimen de Estado” usado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) dramáticamente ha topado con pared en la conversación pública, pues no termina de entenderse que las contradicciones del Estado mexicano realmente son signos de la lucha política desarrollándose ante nuestros ojos. Y es que desde 2014 la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha venido reforzando en su cerrazón ideológica a grandes sectores de nuestra sociedad cuyo rasgo común es el escepticismo como postureo personal: se digan de “derecha”, de “izquierda verdadera” o “apartidistas”, hablamos de personas para quienes el único medio eficaz de conseguir objetivos políticos es la mano dura, la acción directa y la violencia.

Mirar al Estado con ojos ideologizados significa perder de vista lo que el marxista griego Nikos Poulantzas llamó la autonomía relativa de Estado que depende de la lucha política de clases. Según él, instituciones y aparatos estatales logran tanta más autonomía frente a la clase dominante o hegemónica en la medida en que las clases dominadas equilibran (con base en información, organización y participación) la relación de fuerzas sociales. No es Poulantzas un predicador anti-sistema, sino un predicador del tomar partido dentro del marco institucional a sabiendas de que la neutralidad es ilusoria. Entonces una formación social donde quienes deben resistir no lo hacen como resultado de prejuicios absurdos contra la política y contra el Estado termina virando irremediablemente en la ruta del fascismo y la dictadura, pues el Pueblo pierde autonomía.

De modo que, volviendo a Ayotzinapa, decir “Siempre lo supe: ¡fue el Estado!” o “¡Se confirmó la verdad histórica!” es efectivamente no ver en las contradicciones narradas por el informe de la CoVAJ y la lucha política entre el viejo régimen y el nuevo régimen al interior del aparato estatal en México. Tras leer las 97 páginas del documento nos debe exasperar el sinnúmero de pifias y errores de bulto por parte de miembros del Poder Judicial en el manejo de la evidencia o declarar “prescribible” la desaparición forzada (crimen que no prescribe al ser delito contra la humanidad). Asimismo, es aberrante el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud de las madres y padres de los 43 sobre la jurisdicción única y así evitar el viacrucis de salas regionales; tanto como aberrante resulta la comisión de nuevos delitos en la procuración de justicia como lo fue el caso del homicidio contra el presunto líder de la banda Guerreros Unidos, Juan Salgado Guzmán “El Indio”, perpetrado por agentes de la Fiscalía General de la República en 2021.

Denunciar Ayotzinapa como crimen de Estado en los términos de la CoVAJ asume el riesgo ineludible de documentar el doble modus operandi del régimen neoliberal: exterminar y aniquilar al adversario como demostración de poder; y simular y manipular el orden jurídico como demostración de autoridad. De modo que el párrafo que debemos priorizar del informe, la clave que pone orden en el caos de contradicciones (que ha pasado desapercibida, incluso para periodistas “independientes”), está en la página 88: la “verdad histórica” fue una fabricación cuyo método consistió en presentar los hechos de Iguala como si hubieran sido delitos del fuero común, secuestro y homicidio doloso, con el objeto de alargar la ficción de un Estado neutral, terrible leviatán ajusticiador que cae sobre delincuentes con pésima ortografía en sus mensajes de WhatsApp, “ayotzinapos rateros y revoltosos”, y halcones o sicarios disfrazados de policías municipales.

Si el concepto Crimen de Estado aún sigue siendo seriamente incomprendido por el periodismo y los medios de comunicación es porque la “verdad histórica” continúa operando ideológicamente. Dice el documento de la CoVAJ en la página 93: “La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derecho al acceso a la verdad.” Justamente es la fijación con lo penal (que en realidad se refiere a la obsesión con el poder leviatánico para aniquilar al adversario) lo que ha llevado a opinólogos e intelectuales orgánicos a dar a entender que solo las cabezas del ex presidente Peña Nieto, o del ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, servidas sobre bandeja de plata podrán apaciguar el clamor de los normalistas desaparecidos. Pensar así, con base en prejuicios ideológicos, como diría Poulantzas, es un error estratégico puesto que parte de la ilusión del Estado neutral cuya función estaría reducida a lo penal y no a lo político, provocando el descuido perverso o negligente de la lucha de clase.

Finalmente, concebir Ayotzinapa como crimen de Estado involucra enjuiciar al Estado que no tenía autonomía, es decir que estaba secuestrado por clases hegemónicas, como proyecto de lucha política contínua y permanentepor parte de las clases dominadas: es la crítica de Poulantzas contra el “Estado de excepción donde el derecho ya no regula: es la arbitrariedad la que reina.” Dicho de otra forma, y siguiendo al propio Poulantzas, la lección histórica más importante de Ayotzinapa es evidenciar al Estado criminal, al Estado de excepción que también se interpreta como el “culto abstracto de la violencia y desprecio de la organización, rasgos característicos de la pequeña-burguesía enloquecida.”

En la lucha política entre clases expuesta a raíz de las atrocidades físicas, el linchamiento mediático y la perversidad jurídica contra los muchachos de la Escuela Normal, es deber de quienes sienten en carne propia esa tragedia dejar atrás el culto a la violencia que obnubila a quienes no quieren comprender que fue Crimen de Estado y mucho menos están en disposición de leer directamente sin ayuda de los medios el informe público de la CoVAJ.

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.