César Martínez (@cesar19_87)*

No se aplica la Constitución y luego ni siquiera

sus propias leyes espurias, anticonstitucionales,

las cumplen ellos mismos

Arnaldo Córdova

El acoso y espionaje desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCI) contra la vida privada de José Ramón López Beltrán durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha dado un giro por demás ‘kafkiano’ con el affaire María Amparo Casar. La dirigente de MCI ahora alega sufrir violaciones a la protección de sus datos personales, tras publicarse la demanda de Pemex en su contra por recibir indebidamente una pensión de casi 130 mil pesos mensuales desde 2004, a raíz de la muerte de su marido, entonces funcionario de la empresa pública.

Aunque el “caso Casar” parecería complejo por sus implicaciones políticas, legales y éticas, en realidad es una trama simple que repite aquella controversia de hace algunos meses, cuando el presidente López Obrador, en ejercicio del derecho de réplica, divulgó en su conferencia el número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal en México del New York Times.

En dicha ocasión, también se alegó una presunta violación a las leyes de protección de datos personales, mismas que en los hechos solo favorecen a personas “prominentes” y/o “notables” de nuestra escena política, en demérito de millones de personas comunes y corrientes, cuya vida privada es violada diariamente por toda suerte de corporaciones comerciales, plataformas de redes sociales, entes públicos nacionales y extranjeros y otros poderes fácticos como los grandes emporios mediáticos.

Es decir que, en cuanto a la “protección de datos personales”, estamos ante legislación hecha antes de 2018 sin atender ni aplicar el principio constitucional de igualdad universal ante la ley, lo que, política y filosóficamente, significa una serie de leyes dotadas de fuerza y poder, pero carentes de autoridad. De ahí que, por un lado, el finado maestro Arnaldo Córdova hablara de “leyes espurias y anticonstitucionales”, y por el otro, el mismo López Obrador provocara la cólera de sus malquerientes afirmando lo que resulta lógico en derecho constitucional: que la autoridad del Poder Ejecutivo está por encima de leyes resultantes de arreglos cupulares y de opacidad.

Históricamente, la existencia de fueros y privilegios disfrazados de ley nos regresa a la primera mitad del siglo 19, cuando entre la Constitución de 1824 y la de 1857 se libró una guerra legislativa y militar por aquello que don Jesús Reyes Heroles denominó la supremacía del poder civil. Esto es, establecer una constitución republicana regida por el principio de igualdad jurídica y llevarla a la práctica erradicando vestigios legales del sistema colonial. Es la lucha entre el México que nace y el México que agoniza.

Pero, volviendo al caso Casar, vale citar la explicación técnica de don Jesús sobre la supremacía del poder civil con el propósito de exhibir la aberrante situación actual, donde leyes legisladas al margen de los principios de la Constitución terminaron creando organismos autónomos (como Transparencia/INAI, entre otros) que usurpan funciones exclusivas de los poderes constituidos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Basado en la Teoría del Estado de Hermann Heller, don Jesús cuestiona a quienes entre 1824 y 1857 consiguieron de diversas formas legalizar al régimen de privilegios, inconsistente con el orden jurídico unitario de la República, transformando la Constitución en “documento de transacción” entre liberales y conservadores. Quienes defendían principalmente los fueros eclesiásticos, escribe Reyes Heroles, confundían alevosamente el derecho de asociación política con la soberanía del Estado demoliberal: “el poder del Estado unitario no admite un poder coexistente, soberano o con algo parecido a soberanía.”^[1]

Aunque la autoridad de las leyes de “protección de datos personales” sea nula o altamente cuestionable, cuentan con la fuerza económica de los intereses creados que las usan y las violan a discreción. Es decir, se invocan trátese de María Amparo Casar o Natalie Kitroeff y se omiten trátese de José Ramón López Beltrán. Asimismo, al dotarlas de poderes coexistentes o algo parecido a la soberanía en la figura inconstitucional de los órganos autónomos, se crea un régimen legal ad hoc de élites viviendo al margen y por encima de la ley.

Debemos ver el affaire Casar más allá de la anécdota de quien usa palancas para sacar una renta indebida a costa del erario. En el choque entre intereses con poderío suficiente para legalizar sus fueros y los tres poderes soberanos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo más importante es empezar a cuestionar leyes aprobadas y organismos fabricados violando el espíritu demoliberal, diría Reyes Heroles, de nuestra Constitución. Ciertamente, diría el gran genio político de los últimos tiempos, la transparencia es una regla de oro de la democracia.

*Maestro en relaciones internacionales por la Universidad de Bristol y en literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.

^[1] Jesús Reyes Heroles (1982) Liberalismo Mexicano I: Los orígenes, Fondo de Cultura Económica, p.305