Agnni Ulises Moreno Sánchez

La seguridad como espectáculo, la justicia como montaje.

1. Introducción

¿Sabía usted que en El Salvador no se ha capturado ni a un solo líder de mareros durante el régimen de excepción? ¿Sabía usted que hay más de 105,000 personas encarceladas, pero ni siquiera existen tantos mareros en el país como para justificar esa cifra?

¿Sabía usted que el descenso de homicidios ya había comenzado años antes de que Bukele llegara al poder, y que lo único que hizo fue reempacarlo, capitalizarlo, apropiarse el mérito y meterle marketing?

El Salvador es el país con más presos per cápita en todo el planeta con más de 1 de cada 60 habitantes en la cárcel, hay más inocentes tras las rejas que toda la estructura de la MS-13 en el país. Así es, al menos 40,000 personas en la “mega cárcel anti-mara” NO SON MARAS.

Y ciertamente ninguno de los presos es un líder pandillero. El paradero de los cabecillas de la MS-13 y Barrio 18 es un misterio; no parece haber referencias claras o confiables que confirmen la presencia de líderes históricos de maras dentro de la megacárcel CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) bajo el gobierno de Bukele, quien ni siquiera se toma la molestia de confirmarlo. Está demasiado ocupado negociando con Trump para llenar sus cárceles de inmigrantes o promocionarse en redes sociales.

Y aquí una de las revelaciones más escandalosas: En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios del círculo de Bukele, por haber ofrecido beneficios a líderes encarcelados (por anteriores gobiernos, no por Bukele quien incluso los benefició) de MS-13 y Barrio 18 una reducción artificial de homicidios y apoyo político al partido de Bukele (U.S. Department of the Treasury, 2021). Es decir, seguridad negociada con sangre vendida al mejor postor.

2. Así se fabrica un mito: el “presidente milagro”

Nayib Bukele ha construido una imagen internacional poderosa: la de un líder moderno, eficaz y radicalmente distinto a los políticos tradicionales. A través de redes sociales, discursos confrontativos y una estética cuidadosamente diseñada (la del “dictador necesario”: joven, valiente, bien parecido, elocuente, supuesto héroe anti-maras) ha proyectado la narrativa de que solo él puede traer seguridad a El Salvador. Un hombre de acción, no de demagogia: esa es su carta de presentación.

Pero antes de que Bukele llegara a la presidencia, la tasa de homicidios ya llevaba años en descenso sostenido. Pasó de 103 en 2015 a 36 en 2019 (Insight Crime, 2020; World Bank, 2023), una reducción del 63 % bajo Salvador Sánchez Cerén (FMLN). De haberse mantenido esa tendencia, la tasa habría rondado los 13.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023, sin necesidad de encarcelar a más de 1 de cada 60 salvadoreños.

El descenso era sostenido y matemáticamente previsible. Bukele lo heredó. No lo generó.

Entonces vale preguntar: si su motivación fuera la justicia ¿Por qué aceptar que Trump le envíe migrantes a una cárcel diseñada para mareros? ¿Por qué priorizar a especuladores de bitcoin? ¿Por qué gastar tanto en autopromoción?

¿Es autoritario? Por supuesto. Hasta sus seguidores lo celebran como un “dictador necesario”, el que vino a “poner orden”.

Hoy, bajo Bukele, más del 1.7 % de la población está en prisión —más de 105,000 personas—, lo que convierte a El Salvador en el país con mayor tasa de encarcelamiento per cápita en el mundo (ICPR, 2023). Desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022, al menos una persona ha desaparecido cada día, muchas bajo custodia estatal o en circunstancias aún no esclarecidas (The New Humanitarian, 2024; El Faro, 2023).

3. ¿Dónde están los líderes de las maras?

Uno de los aspectos más sospechosos del relato oficial es la ausencia de información sobre los líderes históricos de las maras. Figuras como Borromeo Enrique Henríquez (alias Diablito de Hollywood, MS-13) o Carlos Ernesto Mojica (alias Viejo Lin, Barrio 18) no han sido capturadas públicamente, ni se conoce con claridad su paradero (InSight Crime, 2023).

Esto ha reavivado las sospechas de nuevas negociaciones, similares a las ya documentadas durante los primeros años del gobierno de Bukele (El Faro, 2022), cuando su administración ofreció beneficios a cabecillas que ya estaban presos desde gobiernos anteriores. Mientras miles de jóvenes pobres son encarcelados, las cúpulas criminales podrían estar protegidas o haber reconfigurado su operación.

No hay líderes capturados. Y no hay tantos mareros en El Salvador como personas tras las rejas.

Aunque Bukele ha construido su imagen sobre una supuesta guerra frontal contra las pandillas, investigaciones periodísticas han demostrado que su gobierno también pactó con ellas en secreto, a cambio de reducir homicidios y obtener apoyo electoral en zonas controladas (El Faro, 2022). La fuerza que exhibe es escenificada: venganza televisada, la venganza como espectáculo.

4. ¿Cómo sucedió este fraude?

Antes del ascenso de Bukele, El Salvador se encontraba atrapado en un bipartidismo agotado. ARENA, heredera de los escuadrones de la muerte, se hundió entre privatizaciones y corrupción. El FMLN, nacido de la guerrilla, traicionó su base popular con nepotismo y pactos oscuros. Como escribió Martínez (2019), “el FMLN perdió la calle, ARENA la ética, y ambos el alma”.

Bukele emergió de ese vacío disfrazado de antisistema. Fue alcalde bajo el FMLN y utilizó las redes sociales para proyectarse como reformista, incluso defendiendo causas progresistas y elogiando a Chávez (vaya oportunismo: de chavista a trumpista). Tras su ruptura con el FMLN en 2017, se reinventó como redentor.

Ambicioso y hábil en la farsa, fundó Nuevas Ideas (un partido sin ideología clara) y se alió con GANA, formación clientelar de derecha con antecedentes de pactos con maras. Así llegó a la presidencia en 2019, vendiendo “sentido común” y canalizando el hartazgo popular.

Ya en el poder, desmanteló los contrapesos democráticos: con mayoría legislativa, destituyó a magistrados y al fiscal general, reconfigurando la justicia a su medida (HRW, 2022).

Aunque su enemigo declarado sean “los mareros”, investigaciones han demostrado que cientos, quizás miles, de los encarcelados no tienen vínculos con pandillas. Muchos son vendedores informales, jóvenes tatuados o habitantes de zonas estigmatizadas (AP News, 2025). Lo que se impone no es justicia, sino control poblacional a gran escala, disfrazado de “guerra contra el crimen”.

Presentando a las maras como un mal absoluto, el gobierno cancela la política pública: ya no hace falta prevenir, reinsertar ni atender causas estructurales como la pobreza, el abandono escolar o el desempleo. Solo reprimir, castigar y exhibir.

5. La cifra como espectáculo pero… ¿Disminuyó el consumo de drogas?

Desde el inicio del régimen de excepción, los boletines oficiales se han enfocado en mostrar números: número de detenidos, armas incautadas, mareros capturados, días sin homicidios. Esta cuantificación de la violencia es parte del modelo Bukele: mostrar cifras como si fueran verdades absolutas, sin rendición de cuentas, sin auditoría externa, sin procesos judiciales reales.

Human Rights Watch (2023) y WOLA (2024) han documentado miles de detenciones sin orden judicial, casos de tortura, desapariciones forzadas y al menos un centenar de muertes bajo custodia, muchas sin explicación oficial. Las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación, se han convertido en espacios de castigo simbólico, donde lo importante no es el debido proceso sino la “demostración de poder”.

Mientras el gobierno de Bukele ha centrado su discurso en el combate frontal contra las pandillas, el consumo de drogas ha sido un tema ausente, silenciado e ignorado. Cuando no se mide, no existe; y lo que no existe, no se atiende.

Desde el inicio del bukelismo, el Estado salvadoreño ha dejado de publicar datos confiables sobre consumo de drogas. Los informes del Ministerio de Salud son escuetos, y los documentos públicos se enfocan exclusivamente en incautaciones y detenciones, sin distinguir entre narcomenudeo, uso personal o dependencia clínica.  

No hay evidencia confiable de una disminución del consumo de drogas. Lo que ha disminuido es la visibilidad del consumo. La droga no desaparece: se esconde, se traslada o se sustituye por otras sustancias más baratas y dañinas.

6. La prensa bajo asedio: la pobreza, desigualdad y desempleo, empeorando…

El periodismo independiente ha sido blanco del régimen. Medios como El Faro, GatoEncerrado, Revista Factum y La Prensa Gráfica han denunciado acoso judicial, campañas de desprestigio, auditorías arbitrarias y espionaje con Pegasus (Amnistía Internacional, 2023). Aunque no se ha abolido formalmente la libertad de prensa, esta ha sido minada por presión económica, hostigamiento institucional y censura encubierta.

El resultado: un ecosistema informativo desequilibrado, dominado por la narrativa oficial, donde las voces críticas son retratadas como traidoras o extranjeras.

A pesar del discurso de modernización, los indicadores sociales muestran señales de estancamiento o deterioro:

• La pobreza nacional subió del 26.8 % en 2019 al 30.3 % en 2023 (World Bank, 2024).
• La pobreza extrema se mantiene en 9 %, afectando especialmente a zonas rurales.
• El desempleo abierto se mantiene en niveles relativamente bajos (~5–7 %), pero el subempleo y la informalidad afectan al 70 % de la población ocupada (CEPAL, 2023).
• No se ha implementado una reforma fiscal progresiva ni un plan serio de reindustrialización.

No estamos ante un dictador eficaz ni ante el “salvador de El Salvador”, sino frente a un gobernante joven y ambicioso que ha construido una narrativa de redención a través del castigo, ocultando negociaciones turbias con estructuras criminales, silenciando a la prensa independiente y colaborando con actores transnacionales. Su proyecto no responde a la justicia sino al espectáculo, no a la seguridad sino al control social. Mientras su imagen se multiplica en redes, los problemas estructurales del país —como la pobreza, la desigualdad y la exclusión— siguen sin respuesta, disfrazados de victoria.

Referencias

Amnistía Internacional. (2023). El Salvador: Autoridades utilizan software espía Pegasus para vigilar a periodistas críticos. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/xx/elsalvador-pegasus-vigilancia-periodistas/

Banco Mundial. (2023). El Salvador: Panorama general. https://www.worldbank.org/en/country/elsalvador/overview

CEPAL. (2023). Estudio económico de América Latina y el Caribe 2023: El Salvador. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48861-estudio-economico-america-latina-caribe-2023

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. (2021). El Tesoro sanciona a funcionarios en El Salvador por negociaciones con pandillas criminales. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0513

El Faro. (2023). La tregua eterna: Archivos del pacto entre el gobierno y las pandillas. https://elfaro.net

Human Rights Watch. (2023). “Estamos muriendo aquí”: Abusos en El Salvador durante el régimen de excepción. https://www.hrw.org/es/report/2023/12/07/estamos-muriendo-aqui/abusos-en-el-salvador-durante-el-regimen-de-excepcion

InSight Crime. (2020). El Salvador: Perfil del país. https://es.insightcrime.org/el-salvador-crimen-organizado/

Institute for Crime and Policy Research (ICPR). (2023). World Prison Brief: El Salvador. https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador

The New Humanitarian. (2024). “I only want justice”: How El Salvador’s war on gangs fuels disappearances. https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2024/01/12/el-salvador-gang-war-disappearances

Washington Office on Latin America (WOLA). (2024). El Salvador: Estado de excepción y derechos humanos. https://www.wola.org/es/analisis/el-salvador-derechos-humanos-2024/