image_pdf

Trabajadores por aplicación, los más afectados por la nueva licencia

 Pedro Guerra González

Comisionado de movilidad de la UNTA

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) rechaza la nueva licencia impulsada por SEMOVI por no considerar las necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, de los trabajadores. Al contrario, beneficia a las empresas digitales. Los motociclistas tendrán que pagar por licencia y por certificación para obtener su documento. Los incidentes viales son resultado de la mala planificación de un sistema vial que prioriza al automovilista y no de la irregularidad de las motos en circulación. Es sólo mediante la organización de los trabajadores y de la sociedad civil que es posible generar un contrapeso a las arbitrariedades de la administración de la CDMX.

Valentina Delgado, directora de seguridad vial de SEMOVI, informó que a partir del 31 de Julio entrará en vigor el nuevo tramite de licencia para automovilistas y motociclistas. Estas nuevas licencias pretenden solventar la irregularidad del tránsito de motocicletas en la CDMX, según argumentan las autoridades.  Ellas insisten en lo apremiante que es tener un control estricto y regulado de las motocicletas que circulan en la ciudad, para así, “impulsar políticas públicas que salvaguarden la vida de los motociclistas”.

Este trámite se divide en dos tipos, dependiendo de los aspirantes: conductores de motocicleta, y, conductores de automóvil y motocicleta. La primera será la licencia tipo A1 y permitirá al particular transitar exclusivamente sobre motocicleta; la segunda, la licencia A2, permite al particular transitar tanto en automóvil como en motocicleta. Ambas licencias con requisitos y costos diferenciados, $450 para la licencia A1 y $900 para la licencia A2.

Un punto fundamental de este nuevo tramite es el de la certificación.  Los motociclistas que necesiten adquirir su tipo específico de licencia (A1) tendrán que aprobar un examen teórico-práctico en el que validen los conocimientos necesarios para la conducción de motocicleta. Sin embargo, esto significará un coste adicional al precio de la licencia misma. La información brindada hasta el momento por parte de SEMOVI, respecto a la certificación, es más que insuficiente. No es claro si quienes aspiren a una licencia tipo A2, tendrán que cumplir necesariamente con la certificación; como pasa en el caso de la licencia tipo A1, o, si por el simple hecho de pagar más, estarán exentos de comprobar sus habilidades y destrezas.

Para impulsar esta nueva tributación también llamada licencia; en meses recientes, SEMOVI ha invitado a empresas, sociedad civil organizada y al público en general, a sumarse a participar en mesas de dialogo con el objetivo de involucrar los diversos agentes de la sociedad en la creación de este nuevo documento.

No obstante, estos supuestos “procesos democráticos”, así como la “participación ciudadana”, se agotan en las palabras que los invitados puedan proferir mientras duran las sesiones, pues no hay un involucramiento real de las partes. La decisión de la licencia, más que considerar las necesidades de los distintos grupos afectados, fue una decisión unilateral tomada por SEMOVI.

La postura de SEMOVI con respecto a la licencia ha sido siempre inamovible, y, de la misma forma, los distintos problemas que se vertieron en las reuniones tampoco fueron atendidos, tales como el levantamiento de boyas viales, auditorias viales, y, sobre todo, el número de motociclistas accidentados, de los cuales los repartidores son mayoría.

 Según SEMOVI, los accidentes de tránsito, los incidentes viales y las peripecias a las que se ven sujetos quienes transitan por la ciudad, son, solamente, resultado de un aumento del 800% en la circulación de vehículos de dos ruedas. Esto, como un fenómeno reciente y que está determinado por la pandemia. Es decir, según los datos de la secretaria de movilidad, debido al crecimiento de los nuevos trabajos por plataformas digitales, ha aumentado el número de motocicletas en circulación.

Ante esta situación, sería importante considerar que la interpretación del problema por parte de SEMOVI reduce y excluye las causas reales del caos que representa la movilidad en la CDMX y la zona metropolitana.

Los costos de la licencia como de la certificación van a correr por parte de los particulares. Sin embargo, el Estado, no ofrece garantías de seguridad a la hora de transitar y tampoco un seguro que cubra los accidentes que pueden sufrir los motociclistas. Las autoridades no reconocen que la infraestructura de la ciudad está en condiciones deplorables, lo cual, abona al aumento de accidentes. Tampoco considera el funcionamiento de las aplicaciones, quienes son las responsables de las dinámicas viales de sus trabajadores.

Pese a esto que se menciona, las afectaciones a grupos específicos son todavía más graves. El gremio de los trabajadores por aplicación, por ejemplo, resulta ser el más afectado; pues dicho gremio, a parte de la incertidumbre laboral en la que ya se encuentra, tendrá que asumir estos nuevos gastos. Esto, para seguir exactamente en las mismas condiciones, pero con una nueva licencia en la cartera.

El argumento de SEMOVI: “el aumento en el índice de accidentes de tránsito está directamente relacionado con el aumento de trabajos por aplicación” responsabiliza al trabajador y no a quien posibilita dicho trabajo (las empresas), y en qué condiciones lo hace.

Este fenómeno es consecuencia de la falta de reconocimiento de la relación laboral entre los trabajadores de plataformas digitales y las empresas para las que trabajan. En vez de eso, se considera que los trabajadores de plataformas digitales son socios, colaboradores o freelancers. Este es un problema generalizado en el mundo y tiene consecuencias gravísimas en la vida de los trabajadores por aplicación. Estas maniobras del capitalismo tardío, han logrado eximir a las empresas de toda responsabilidad con el trabajador.

Las empresas se ahorran las prestaciones que debería de recibir cualquier trabajador, y, a la vez, se benefician mediante la relación del trabajo subordinado. Son evidentes la vigilancia, la fiscalización, el registro de actividades, las instrucciones precisas de actividades y trabajos a realizar, los castigos por medio de reportes y desconexiones, entre otras actividades, las que se cuentan como elementos de una relación de trabajo subordinado, hecho que se niegan a reconocer las plataformas digitales como tal.

Esta nueva licencia y, sobre todo, la certificación, será un gasto que asumirán particulares, pero que golpea con selectiva brutalidad. Las empresas de plataformas digitales hacen uso o sacan provecho de los vehículos de sus trabajadores, sin otorgarle a éstos ningún tipo de beneficio. Las políticas públicas impulsadas por SEMOVI terminan por coadyuvar el desarrollo de las empresas en detrimento de la calidad del empleo de sus trabajadores.

Se debe promover que dichos gastos, en el caso de los trabajadores por aplicación, sean asumidos por las empresas, ya que son éstas quienes se benefician o apropian tanto del trabajo de sus agremiados como de sus vehículos.

Así como han aumentado las motocicletas en circulación, ha aumentado el número de accidentes viales que las involucran. Este es otro argumento por parte de SEMOVI para justificar las nuevas licencias. Pero este argumento no considera, por lo menos en lo que respecta a los trabajadores por aplicación, las tarifas dinámicas y los bajos salarios que perciben éstos. Estas condiciones hacen al trabajador buscar más pedidos en un periodo de tiempo más corto.

Los accidentes viales que involucran mototrabajadores no son resultado de la falta de datos, ni de la ausencia de una licencia, sino de la falta de regulación de los trabajos por aplicación, donde las empresas se lavan las manos cada que algo le ocurre a su gremio de trabajadores. Estas empresas no están obligadas a brindar capacitación, y mucho menos seguridad a sus empleados.

El problema aquí consiste en que esta medida, la licencia, trata de ser promovida como la solución a los conflictos viales en la CDMX, cuando no es así. ¿Cuál es el verdadero propósito de dicha licencia? Se ha visto que los argumentos de SEMOVI son equivocados, pues revictimiza al conductor de motocicleta, asumiendo de antemano que la mayoría de los incidentes viales son resultado de la falta de certificación o la ausencia de habilidad por parte de quienes conducen. Y no, por el contrario, que se deba a la pésima infraestructura, al nulo respeto hacia el motociclista, al mobiliario vial poco planificado, en pocas palabras, a un sistema vial que prioriza al automóvil sobre las demás formas de transporte.

 Aquí cabría la pregunta: ¿Cuál es la función de REPUVE? El registro público de vehículos ya cuenta con dicha información. Cada año quienes son propietarios de un vehículo, pagan ya un impuesto.

Esta situación evoca la duda: ¿Cuál es la obligación reciproca del Estado al pedir que la ciudadanía tramite una nueva licencia? ¿A qué se compromete? Pues, como se ha mencionado, la seguridad vial, que ha sido uno de los pretextos para impulsar la licencia, debería estar cubierta de antemano, pero tristemente, no es el caso. Es obligación del estado brindar dicha seguridad, pero, al no ser así, es usado como promesa por las diferentes dependencias, en este caso, SEMOVI.

Es fundamental, también considerar que las certificaciones estarán en mano de quienes tengan dichas concesiones, que, como podemos pensar, recaen en empresas privadas.

El panorama actual nos invita a pensar en que, más que el correcto desarrollo de la vialidad en la CDMX y el beneficio de los ciudadanos, el objetivo de SEMOVI con este nuevo trámite consiste en recaudar fondos y beneficiar a particulares.

Las organizaciones de corte laboral, como lo son los sindicatos, deben de pisar fuerte y plantar cara a esta reconfiguración del mundo que pone, una vez más, al trabajador, como el último eslabón en la cadena del bienestar. Así, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) hace un llamado a la organización para la defensa y conquista de nuestros derechos.

¡No más entregas sin derechos!

¡Juntxs somos fuertes!