César Martínez (@cesar19_87)*

El estribillo reaccionario de “la ley no se consulta” ha ido juntándose al discurso de la “férrea defensa de la Constitución” como parte del repertorio de legisladores panistas, altos burócratas del INE, exministros de la Suprema Corte y cuyo último exponente es el líder del partido Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Bajo esta lógica conservadora del derecho constitucional, si la ley no puede ser sujeta a consulta, tampoco puede ser objeto de reforma; de modo que al Movimiento de Transformación no le quedaría más remedio que moverse dentro de los estrechos límites legales establecidos por el viejo régimen corrupto.

Por más que resulta cuestionable la autenticidad de esta “férrea defensa de la Constitución” en vista de las campañas mediáticas acontecidas entre 2008 y 2013 cuyo mensaje nos proponía en radio, periódicos y televisión que la Constitución podía y debía reformarse para privatizar la electricidad y el petróleo; lo verdaderamente importante es analizar la forma en que figuras como Monreal o Santiago Creel, por mencionar otro ejemplo, invocan al derecho según cálculos de facción partidista en el caso del primero, o grupo de interés económico en el caso del segundo.

En su obra clásica sobre la reacción de los ideólogos porfiristas ante el espíritu liberal de las Leyes de Reforma, don Daniel Cosío Villegas advertía sobre la existencia de una cerrazón jurídica compuesta de dos partes: la primera, una lógica conservadora del derecho según la cual la ley es descriptiva, es decir que se reduce a plasmar por escrito las condiciones “objetivas” de la sociedad; y la segunda, un tono intimidatorio o falacia ad terrorem según la cual usar la ley prescriptivamente, esto es, como instrumento de cambio social, significaría el colapso de la civilización y el fin del mundo.

El propio Monreal habla frecuentemente con esta voz apocalíptica a manera de mecanismo retórico para no hablar sobre el contenido sustantivo de la legislación: “La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían,” escribió en Twitter tras tomar la tribuna de la Cámara Alta para anunciar su voto en contra de la reforma electoral.

Como lo observó Cosío Villegas, detrás de esta ansiedad por encasillar la ley en el presente mediante la retórica de lo catastrófico vive la idea del régimen de privilegio, que saca su fuerza de un respeto fingido por la ley y de su corrupción real. Intervenir en la tribuna del Senado o salir a gritar en la semivacía explanada del Monumento a la Revolución que tal o cual aparato burocrático “¡no se toca!” en pleno siglo XXI acaba siendo un refrito de los porfiristas del siglo XIX, quienes, escribía Cosío, “perdieron de vista un elemento esencial que debe tener toda ley constitucional, y que en todo caso han tenido las nuestras: no han dicho ellas simplemente cómo son las cosas, sino cómo deben ser…” (p.53). Monreal no comprende pues que la Constitución prescribe ideales más allá de ella misma que guían el sentido y posibilidad de reforma.

Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones presuntamente “objetivas” de la sociedad de las cuales los nuevos porfiristas derivan tanto su defensa de la Constitución como su bizarro concepto de democracia?

Para cuando Monreal se convirtió en el último agorero del desastre, del caos y de la anarquía, en México ya llevábamos semanas padeciendo una nueva operación mediática protagonizada especialmente por periodistas y profesores con especialidad en establecer relaciones de conveniencia mutua alrededor de órganos burocráticos creados bajo los mitos neoliberales de la alternancia o bipartidismo. Dramáticamente, esas condiciones “objetivas”, cuya pérdida angustia tanto a las élites, aparecen claramente cuando ellas repiten en coro que reformar al INE implicaría un “retroceso de 30 años”, “la incapacidad económica de instalar casillas sobre la cartografía electoral del país” y “la imposibilidad de garantizar la gratuidad de la credencial para votar.” Dramático, puesto que, ya sea un Monreal o un Creel, un Córdova o un Murayama, una señora Aristegui o una señora Dresser, el desafío que el viejo régimen ha pretendido lanzar contra el Movimiento de Transformación en términos de la ley y la Constitución en realidad no es por la ley y la Constitución, sino por dinero, dietas y viáticos.

De esta manera, la asombrosa similitud entre viejos porfiristas y nuevos porfiristas reside en usar a la Constitución como el cascarón de otra idea que no es la ley, pero predomina sobre la ley: Cosío Villegas subrayó que la intelectualidad porfirista no tenía la fe en la ley que sí tenían los liberales de la Reforma, y que por tanto se colgaron de la ciencia para legitimarse políticamente ellos y legitimar a su vez al déspota Porfirio. En nuestro caso actual, podemos subrayar que estas élites burocráticas, partidistas, periodísticas y académicas suplen su falta de fe en la ley colgándose de consideraciones económicas y presupuestales envueltas en un tono intimidatorio o falacia ad terrorem.

Finalmente, si el senador Monreal alguna vez dispusiera abrir su clase de maestría en la UNAM al debate serio sobre filosofía jurídica, sus estudiantes deberían cuestionar su concepción estática del proceso legislativo, donde la ley no solo es inmodificable, sino que es inmodificable como patrimonio de grupos interesados en monopolizar el poder soberano o el poder de hacer las leyes. Hablando en términos históricos, el doctor Monreal quedó atrapado en la Edad Media temprana: cuando ley era sinónimo de costumbre, y soberano era sinónimo de representación. Hacia el final del medievo e inicio de la modernidad, sin embargo, resurgió reforzada la idea democrática de que, si la ley está para gobernar al Pueblo, entonces el Pueblo tiene derecho de legislar y hacer su ley: quod omnes tangit ab omnibus approbetur. En otras palabras, surge para él la disyuntiva entre empezar a reconocer la soberanía del Pueblo en la legislación, o seguir llenándose la boca con una Constitución que en sus labios y dientes apretados no es sino una expresión del poder disfrazada de derecho.

*Maestro en relaciones internacionales por la Universidad de Bristol y en literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.

Bibliografía

Cosío Villegas, Daniel (1980)  La Constitución de 1857 y sus críticos, México: Sepsetentas.