Enrique Vera Estrada

Un dogma del sistema neoliberal ha establecido que la contención salarial es fundamental para poner a raya la inflación o carestía de la vida en México. Se sabe que el salario es la principal fuente de ingreso de la población económicamente activa en el país, por lo que es menester suprimir el nivel de consumo de la clase trabajadora como medio de control de la demanda agregada o gastos agregados en la economía. Dado que la economía mexicana tiene el problema estructural de contar con una oferta agregada rígida o inelástica, siempre ha sido necesario congelar el nivel de gasto en consumo privado para evitar que la inflación se eleve. La inflación puede tener otras fuentes u orígenes como el encarecimiento de los productos e insumos importados (tal y como se da en este momento) o quizá un déficit público elevado –llamado también gasto inflacionario— o inclusive un deslizamiento del tipo de cambio que haga que las importaciones se encarezcan en moneda nacional.

En el caso de México no se ha cumplido con las metas propuestas por el Banco de México, las cuales se han realizado en un punto porcentual más o menos del 3 %. En este 2022 el tipo de cambio no ha sido fuente de inflación, sino que ésta se ha dado por el alza de los insumos o commodities importados y desde luego la presencia de “cuellos de botella” que se han traducido en desabasto de muchos productos básicos, sobre todo alimenticios, por lo que es necesaria una auténtica reconversión en la economía mexicana. Este estrangulamiento de oferta se ve reflejado en una carestía de productos básicos como el maíz, el pollo, el trigo, los fertilizantes e inclusive los combustibles. En años anteriores al régimen neoliberal se tenía la firme convicción de que la inflación debe de ser atacada incrementando la productividad del aparato productivo, es decir, aumentando la producción física de bienes y servicios, nunca restringiendo el gasto o consumo de las mayorías. Desde tiempos remotos, el ataque al poder adquisitivo del sector obrero fue considerado como elemental para atacar la inflación, dado que el consumo del sector privado –destacando la economía familiar— ha sido la base de la economía.

Hasta hace pocos años cundía temor de elevar el salario con base en el argumento de que ello derivaría en un elevado gasto sobre el nivel de producción de bienes y servicios que se ofrecen en la economía. De igual forma se planteaba que el costo de la mano de obra era el que más prevalecía en los procesos productivos, por lo que, si se querían ofrecer productos y servicios a precios baratos, había que contener forzosamente los salarios. Nosotros pensamos que la carestía de las mercancías y servicios que se ofrecen en el país son producto de ganancias o utilidades extremadamente elevadas de los empresarios; no son producto del salario que se paga al trabajador. Por tanto, si se quiere atacar de forma adecuada la inflación, sería necesario poner un tope a las ganancias empresariales, que en muchas ocasiones se reflejan en elevados precios de venta a los consumidores, a pesar de la baratura de la mano de obra.

El actual gobierno federal tomó a la economía con un salario de 88 pesos diarios y prevé finalizar su periodo o mandato con un incremento salarial acumulado del 100 %. Algo que en años anteriores parecía como inalcanzable. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ha establecido que hay un gran espacio para subir el salario sin quebrantar la estabilidad macroeconómica y sin elevar el costo de la vida ¿Por qué? Porque la participación del salario dentro del proceso productivo es menor que en años anteriores. De esta forma se rompe el viejo paradigma neoliberal y se asume que se pueden tener salarios más competitivos y al mismo tiempo estabilidad de precios. El patrón o empresario puede tener un margen de ganancia o utilidad aceptable pagando al mismo tiempo salarios más competitivos.

El trabajador mexicano durante 2023 podrá comprar casi la misma cantidad de bienes y servicios con el salario de 207 pesos que lo que podía adquirir en 2018 con el salario que se pagaba en aquel entonces. Los incrementos salariales en la actual administración, según la Conasami han sido los siguientes: en 2019 el incremento fue del 16.2 %; en 2020 del 20 %; en 2021 del 15 %; y del 22 % en este 2022. Es decir, en cuatro años pasó de los 88 pesos a los 172 pesos. Un incremento acumulado del 73.2 %. Sin embargo, todavía falta este incremento para 2023 y otro para 2024 para que se dé una recuperación real total del salario, es decir, el salario descontando la inflación acumulada.