Morena puede ganar y perder la conducción[1]
José Romero
Sheinbaum heredó el gobierno, pero no heredó automáticamente la conducción del obradorismo. No necesita romper con él ni inventar un proyecto distinto. Necesita algo más difícil: conducir la herencia que recibió, ordenarla, actualizarla y sostenerla en una coyuntura económica, territorial e internacional más adversa. Ahí está el problema: una cosa es administrar el poder recibido y otra muy distinta convertir una herencia política en conducción efectiva.
Claudia Sheinbaum gobierna sobre un movimiento cuya legitimidad histórica sigue anclada en Andrés Manuel López Obrador. Esa herencia no es una debilidad: es la base de su poder. El problema no es que la presidenta quiera independizarse del obradorismo, como a veces se interpreta de manera simplista. Tampoco es que deba construir un proyecto opuesto al de López Obrador. El problema es más complejo: debe conducir un movimiento que no fundó, ordenar herencias que no controla plenamente y enfrentar un contexto económico e internacional más difícil que el que recibió su antecesor.
No hay una ruptura abierta con el viejo centro político. Tampoco hay una continuidad ordenada. Lo que parece existir es una estrategia por frentes: contener redes, desplazar figuras, limitar autonomías, intervenir candidaturas, reducir incertidumbre y construir autoridad presidencial dentro de un movimiento cuya fuerza social, territorial y simbólica sigue siendo obradorista.
La secuencia ayuda a entenderlo.
Primero apareció la exposición pública del entorno familiar de López Obrador. El viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Japón fue presentado como una contradicción con la austeridad, pero políticamente significó algo más. No se trataba sólo de un viaje, sino de colocar bajo escrutinio a una pieza simbólica del viejo centro obradorista. Andy no es un militante cualquiera. Es hijo del expresidente y secretario de Organización de Morena. Tocar a Andy era tocar una parte de la continuidad familiar, territorial y organizativa del obradorismo.
Después vino el golpe político al entorno de Adán Augusto López. El caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, no sólo abrió un expediente judicial. Produjo un efecto político inmediato sobre uno de los cuadros más importantes del obradorismo. Adán Augusto fue gobernador, secretario de Gobernación, aspirante presidencial y operador legislativo central. Debilitarlo, o permitir que quedara debilitado, alteraba la correlación interna de Morena. En ese caso, el costo parecía manejable: Adán Augusto tenía peso, pero no la misma capacidad territorial y legislativa que otros actores del bloque.
Luego apareció el conflicto alrededor de las candidaturas, el nepotismo y las redes familiares. Aquí está uno de los núcleos reales del problema. Las candidaturas no son un asunto administrativo ni una simple disputa interna de partido. Son la forma concreta en que se reparte el poder futuro. Quien controla candidaturas controla gubernaturas, congresos, alcaldías, presupuestos, redes territoriales y sucesiones.
Por eso el caso de Luisa María Alcalde debe leerse con cuidado. No se trata simplemente de que sea obradorista o no. Si el relevo en Morena sigue siendo obradorista, entonces el problema no es ideológico. El conflicto parece estar en otra parte: en quién controla la negociación de candidaturas y desde dónde se organiza el poder hacia 2027. Si las candidaturas se negocian al margen del centro presidencial, el problema deja de ser partidario y se vuelve de autoridad.
En ese mismo clima puede leerse también mi destitución como director del CIDE. No porque sea idéntica a los conflictos partidarios, sino porque anticipó una atmósfera más amplia: la nueva etapa parece tener poca tolerancia hacia figuras con autonomía, voz pública y capacidad crítica. En algunos casos se desplaza a operadores; en otros, a funcionarios; en otros, a cuadros ideológicos; en otros, a académicos. La lógica común no es necesariamente la persecución abierta, sino el intento de reducir incertidumbre. El poder quiere cuadros previsibles.
Más tarde vino el desplazamiento de Marx Arriaga de la SEP. No fue un simple relevo administrativo. Arriaga representaba una parte de la batalla cultural del obradorismo: los libros de texto, la Nueva Escuela Mexicana, la confrontación ideológica con sectores conservadores y con parte de la academia tradicional. Su salida marcó el retiro de una figura incómoda del ciclo anterior. El mensaje parecía ser que el nuevo gobierno quería pasar de la confrontación ideológica a una etapa más administrable, técnica y controlada.
Después el conflicto alcanzó a Marcelo Ebrard. La investigación sobre la estancia de su hijo en la residencia de la embajada de México en Londres abrió un frente delicado. El punto no es defender ni condenar anticipadamente a Ebrard. El punto es el momento político. Ebrard es secretario de Economía y una pieza central en la relación con Estados Unidos y Canadá, justo cuando se acerca la revisión del T-MEC. Debilitarlo públicamente puede servir para marcar límites internos, pero también puede afectar la capacidad negociadora del Estado mexicano.
Con Ebrard ocurre algo distinto a lo de Adán Augusto. No tiene el mismo control territorial que Monreal, pero sí tiene peso internacional, experiencia negociadora y presencia propia. Por eso el intento de acotarlo es más complejo. No se le puede desplazar sin costo externo. Y en una coyuntura marcada por Estados Unidos, migración, seguridad, fentanilo, inversión, energía y revisión del T-MEC, ese costo puede ser alto.
Casi al mismo tiempo comenzó la reconfiguración del frente externo. Roberto Velasco fue llevado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Roberto Lazzeri fue propuesto para la embajada en Washington. A primera vista, el movimiento podría parecer una apuesta por perfiles técnicos para enfrentar la relación con Estados Unidos. Pero también puede leerse de otra manera: no como la búsqueda de los mejores cuadros posibles para una coyuntura histórica, sino como el recurso a los perfiles disponibles dentro del círculo conocido por el gobierno.
En una negociación tan compleja como la revisión del T-MEC, la relación con Washington, la presión migratoria, la seguridad, el fentanilo, la inversión y la disputa tecnológica, no basta con conocer expedientes administrativos. Se requiere peso político, experiencia negociadora, lectura geopolítica, autoridad frente a los estadounidenses y respaldo interno. La pregunta no es sólo a quién nombraron, sino por qué ésos eran los nombres disponibles.
Ese punto refuerza la tesis de fondo: el gobierno necesita una capacidad propia de conducción, pero parece operar con un banco limitado de cuadros. No necesariamente eligió una nueva élite estratégica; eligió lo que conocía, lo que tenía cerca y lo que podía alinear.
Luego vino el movimiento sobre la dirigencia de Morena. La salida de Luisa María Alcalde hacia la Consejería Jurídica de la Presidencia no puede leerse sólo como un cambio de cargo. Ocurre cuando Morena empieza a ordenarse rumbo a 2027. Y 2027 no es una elección cualquiera: es el momento en que se repartirán posiciones, candidaturas, gubernaturas, congresos locales y control territorial.
Mover la dirigencia nacional en ese momento significa intervenir el partido antes de que las redes heredadas, los gobernadores y los grupos locales definan demasiado por su cuenta. Pero el hecho de que el relevo también provenga del obradorismo muestra que no hay ruptura con el movimiento original. Hay disputa dentro del mismo bloque. No se está sustituyendo al obradorismo: se está intentando ordenar quién manda dentro de él.
El caso de Ricardo Monreal muestra el límite de esa estrategia. Monreal no puede ser tratado como Adán Augusto. Tiene poder regional, redes legislativas, capacidad de negociación y control sobre una parte importante de la Cámara de Diputados. Desplazarlo tendría costos demasiado altos. Por eso no se le puede contener de la misma manera. Ahí se ve una de las restricciones centrales del poder presidencial: el poder formal no siempre alcanza para disciplinar a los poderes reales.
Después apareció Campeche. Layda Sansores se adelantó al proceso nacional y colocó a Pablo Gutiérrez Lazarus como figura de sucesión local. Ese episodio importa porque muestra que la crisis no está sólo en la cúpula. Los gobernadores quieren heredar, controlar el partido local, proteger sus redes y convertir su poder actual en continuidad futura. Si el centro tarda, los territorios se adelantan.
Pero Campeche revela algo todavía más delicado: la coalición gobernante ya no puede darse por garantizada. El Partido Verde, que durante años ha funcionado como aliado pragmático del bloque dominante, empieza a moverse con lógica propia. Si en algunos estados puede negociar fuera de Morena, incluso con fuerzas que antes parecían derrotadas, entonces el problema ya no es sólo de coordinación interna. Es un problema de control político.
Esto cambia la lectura electoral. Morena puede seguir siendo el partido más grande, pero eso no significa que conserve automáticamente el bloque territorial que lo hizo dominante. El Verde no es una fuerza ideológica; es una maquinaria pragmática. Cuando percibe fortaleza, se alinea. Cuando percibe debilidad, negocia. Y cuando los aliados dejan de comportarse como aliados y vuelven a comportarse como partidos, el mapa electoral cambia.
Por eso ya no es seguro que Morena siga ganando con la misma facilidad. La idea de una victoria automática descansa en una premisa que empieza a erosionarse: que la coalición se mantendrá disciplinada, que los gobernadores esperarán instrucciones, que los grupos locales aceptarán candidaturas impuestas y que los aliados menores seguirán subordinados al centro. Nada de eso está garantizado. La política territorial se está moviendo más rápido que la conducción nacional.
Aquí aparece una palabra incómoda: desgobierno. No en el sentido de ausencia total de poder, sino en un sentido más preciso: muchos actores se mueven, pero no parece existir una conducción clara que los ordene. Hay decisiones, hay relevos, hay mensajes, hay golpes selectivos, hay intentos de control. Pero no se ve todavía una arquitectura de conducción. Se contiene a unos, se tolera a otros, se desplaza a algunos, se negocia con otros más. El resultado no parece una estrategia integral, sino una suma de respuestas parciales ante problemas que ya están rebasando al centro.
Luego vino Chihuahua, que abrió una dimensión más delicada: la soberanía. La presencia de agentes estadounidenses vinculados a tareas de seguridad sin una conducción federal clara mostró que el problema no era únicamente partidario. Cuando gobiernos estatales pueden abrir zonas grises de cooperación con agencias extranjeras, el Estado nacional aparece reaccionando después de los hechos.
Vista en secuencia, la historia cambia. Primero se toca el símbolo familiar del obradorismo. Después se debilita una red política central. Luego se tensan candidaturas y grupos territoriales. Más tarde aparece el desplazamiento de una figura académica con autonomía y voz crítica. Después se retira una figura ideológica de la batalla cultural. Luego se acota a un operador indispensable como Ebrard. Más adelante se reordena el frente externo con un banco limitado de cuadros. Después se interviene Morena. Más tarde se adelantan gobernadores. Luego los aliados empiezan a moverse con lógica propia. Finalmente aparecen fugas de autoridad en seguridad y soberanía.
Cada episodio tiene su propia explicación. Pero juntos dibujan un patrón más grave: el intento de reorganizar el poder heredado mientras se acumulan señales de fragilidad, pérdida de control y ausencia de una conducción clara sobre lo que se quiere preservar, actualizar y defender.
El problema no es que la presidenta carezca de proyecto en abstracto. Esa sería una afirmación demasiado simple. Puede haber continuidad programática, programas sociales, Plan México, inversión, transición energética y discurso de bienestar. El problema es otro: si todo eso no se articula en una conducción histórica clara, aparece más como administración de estabilidad que como dirección de un proceso de transformación.
No falta poder formal. No faltan decisiones. No faltan anuncios. Lo que no termina de aparecer es un horizonte ordenador capaz de integrar la política interna, la sucesión territorial, la relación con Estados Unidos, la estrategia económica, la soberanía y la cohesión del movimiento en una misma dirección. Cuando eso no ocurre, el gobierno puede actuar mucho y conducir poco.
Aquí aparece una tensión social que no conviene ignorar. El obradorismo se construyó desde el territorio, la plaza pública, el agravio popular, el contacto con el México profundo y la confrontación con las élites. AMLO podía hablar de pobreza, abandono y dignidad porque esos sectores lo reconocían como alguien que había caminado con ellos durante décadas. Su legitimidad no era sólo discursiva: era biográfica, territorial y afectiva.
El nuevo círculo presidencial parece provenir de otro mundo: más urbano, universitario, capitalino, institucional y menos conectado con las bases populares del movimiento. No necesariamente se trata de clasismo explícito, pero sí de una distancia social que produce efectos políticos. Cuando un gobierno no nace de las entrañas del movimiento que hereda, puede administrar el aparato, pero le cuesta encarnar su fuerza popular.
Ése es uno de los riesgos de esta etapa: sustituir una conducción popular por una conducción de gabinete; reemplazar una legitimidad construida en territorio por una legitimidad basada en control institucional; conservar el nombre de la 4T mientras se debilita la relación con el pueblo que la hizo posible.
A ello se suma un cambio de tono en la relación con el mundo. López Obrador nunca rechazó la inversión extranjera, pero la subordinó a una idea de soberanía: México no era territorio de conquista. La inversión era bienvenida si se insertaba en un proyecto nacional, no si pretendía dictar sus condiciones al Estado mexicano.
La nueva etapa parece operar con otra lógica. Ante bajo crecimiento, presión fiscal y necesidad de estabilidad, la inversión —nacional o extranjera— comienza a ocupar un lugar distinto: no sólo como instrumento de una estrategia, sino como posible sustituto parcial de ella. El énfasis ya no parece estar tanto en marcar límites simbólicos frente al capital y las potencias externas, sino en enviar señales de confianza, normalización y certidumbre.
El viaje a España, presentado como participación en una reunión de gobiernos progresistas, también puede leerse en esa clave. No se trata sólo de diplomacia. Después de la pausa marcada por López Obrador frente a España por los agravios históricos de la conquista y la relación colonial, el gesto de acercamiento tiene un significado político. Donde AMLO ponía el acento en la memoria histórica, la soberanía y la reparación simbólica, Sheinbaum parece privilegiar la normalización, la interlocución internacional y la búsqueda de estabilidad.
No es un detalle menor. Ahí se observa una desobradorización selectiva. No se rompe con el obradorismo como identidad electoral, pero se suavizan algunos de sus rasgos más duros: la confrontación con élites, la crítica al capital extranjero, la memoria histórica como instrumento político y la idea de que México no debe comportarse como territorio disponible para intereses externos.
Controlar no es conducir. El control mueve piezas, disciplina instituciones, desplaza funcionarios y ordena silencios. La conducción exige proyecto, relato, cuadros, información confiable, autoridad moral y capacidad de convocar. Morena puede conservar votos y cargos, pero perder conducción. Puede seguir ganando elecciones por un tiempo y, al mismo tiempo, debilitar el proyecto histórico que le dio sentido. Pero si la coalición se fragmenta, ni siquiera esa victoria puede darse por segura.
Todo esto ocurre bajo una restricción económica severa. México ya no tiene el margen petrolero de otras décadas. Pemex está presionado, las exportaciones de crudo han caído, la deuda pública aumenta y el crecimiento no alcanza para comprar tiempo político. Morena gobierna desde la escasez, no desde la expansión.
Esto es decisivo. En una economía expansiva, el gobierno puede compensar a los grupos, repartir recursos, aplazar conflictos y comprar tiempo. En una economía restringida, cada decisión deja heridos. Si se apoya a un grupo, se irrita a otro. Si se protege una prioridad, se abandona otra. Si se destina más dinero a sostener compromisos sociales o financieros, queda menos margen para inversión pública, política industrial o negociación política. La escasez vuelve visibles las fracturas que antes podían ocultarse.
Por eso el T-MEC se vuelve el punto crítico. Ante bajo crecimiento, presión fiscal, menor margen energético y necesidad de atraer inversión extranjera, el gobierno puede verse tentado a ceder demasiado para garantizar estabilidad inmediata. La inversión extranjera puede ser útil si se subordina a una estrategia nacional. Pero si se convierte en sustituto de esa estrategia, deja de ser instrumento y se vuelve conducción externa.
La paradoja es grande: un gobierno que habla de soberanía puede terminar ampliando la dependencia, no por convicción neoliberal abierta, sino por necesidad política y económica. Puede ceder márgenes de decisión para atraer capital; atraer capital para sostener crecimiento; sostener crecimiento para evitar fracturas internas; y evitar fracturas internas para conservar el poder.
La continuidad con López Obrador no era una debilidad. Podía haber sido una plataforma. El problema no era apoyarse en la herencia, sino conducirla con inteligencia mientras se adapta a una etapa más difícil. Pretender ordenar todo demasiado pronto, sin cuadros suficientes, sin conducción territorial propia y sin horizonte estratégico visible, puede ser el error de esta etapa.
No se desplaza un centro de legitimidad sin tener otro listo para ocupar su lugar. Y tampoco se conduce un movimiento popular sólo desde el gabinete. El obradorismo no es una oficina ni una sigla electoral. Es una coalición social, territorial, simbólica y afectiva. Quien no entienda eso puede ganar elecciones y aun así perder el sentido histórico del proyecto.
La 4T quizá no esté todavía ante una crisis electoral abierta, pero ya no puede suponer que su hegemonía territorial está asegurada. Morena conserva fuerza, votos, base social y control institucional, pero la coalición que lo sostuvo empieza a mostrar fisuras. Los gobernadores se adelantan, los aliados negocian, los grupos locales presionan y las candidaturas se convierten en campo de disputa.
La pregunta ya no es sólo si Sheinbaum tiene autoridad formal. La tiene. Tampoco es únicamente si Morena conserva votos. Los conserva. La pregunta es si el bloque gobernante conserva una conducción estratégica capaz de ordenar simultáneamente su sucesión interna, disciplinar aliados, contener gobernadores, negociar con Estados Unidos, defender la soberanía, gobernar una economía sin dinamismo suficiente y evitar que la urgencia por atraer inversión extranjera convierta al T-MEC en instrumento de subordinación.
Morena puede seguir ganando elecciones, pero ya no debería darlo por descontado. Ganar no es conducir. Y cuando la conducción se debilita, incluso la victoria electoral deja de ser una certeza. Sheinbaum no necesita abandonar el obradorismo ni fabricar una doctrina nueva. Necesita demostrar que puede conducir la herencia recibida sin desordenarla, sin vaciarla de sentido y sin convertirla en simple administración del poder. Si no lo logra, puede conservar por un tiempo el poder formal, pero perder el proyecto, la coalición y eventualmente el control territorial que hizo dominante a Morena.
[1] El ensayo fue publicado por primera vez en El substack de José y reproducimos con autorización del autor.