Gallos Blancos de Querétaro: la ‘Guarimba’ mexicana

César Martínez Valenzuela

(@Cesar19_87)*

La premeditación y alevosía exhibidas por las “barras” del Club Querétaro emboscando a la afición del Atlas durante un partido de Liga MX apuntan hacia un grado de organización digno de un grupo político de choque, financiado con dinero público. Esas etiquetas clasistas y racistas que la prensa deportiva en México suele usar para eludir el debate a profundidad (tales como ‘hooligans’, ‘inadaptados’, ‘vándalos’ o ‘simios’) palidecen ante escenas de coordinación entre “barristas” y cuerpos de seguridad privada y local: es un fenómeno de contrainsurgencia urbana que recuerda a los “halcones” del Jueves de Corpus de 1971 en México, o a las “guarimbas” que la derecha usa para intimidar y calentar las calles en Venezuela.

Una de las señales de alerta más visibles de esta complicidad entre autoridad local y grupos de choque identificados con equipos de fútbol se dio el 13 de octubre de 2012 en el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato. Esto, a raíz de la visita del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de sus numerosas barras entre las que destaca “Libres y Lokos”, las cuales son conocidas por “invadir” (llenar) canchas visitantes como signo de fidelidad e identidad colectiva a costa de la identidad de grupos adversarios.

Sin embargo, la estrategia de “evitar una invasión” aquella noche en León no solo involucró el choque entre aficionados de uno y otro equipo en las zonas aledañas al Nou Camp, sino el elemento añadido de la brutalidad policial. Veinte minutos antes del final del partido, policías municipales de León armados de escudos y macanas comenzaron a reprimir a la afición de Tigres bajo el pretexto de iniciar las maniobras de desalojo del inmueble. Once policías resultaron sancionados administrativamente en hechos que habrían de señalar un modus operandi policiaco-civil para lidiar con visitas incómodas.

Hablar de una colusión entre servidores públicos (incluyendo gobernadores o presidentes municipales) y grupos de choque en el fútbol mexicano es posible porque un gran número de clubes de Liga MX viven usando dinero del erario. Aunque cada club de primera división es una franquicia o una sociedad anónima con dueños privados (es decir que la estructura de propiedad está privatizada, pues los clubes mexicanos no son organizaciones sociales como sucede en Argentina), la gran mayoría lucra con bienes públicos: Pachuca, León, Mazatlán, Puebla, Necaxa, Ciudad Juárez y Querétaro juegan de local en estadios y entrenan en instalaciones construidas y mantenidas con recursos de las participaciones federales. Esto, sin mencionar dinero público usado en pagar nóminas dobles o triples y rescisiones de contrato, o dinero malversado que debió haberse pagado en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero ¿qué beneficio obtiene un funcionario usando su poder (y el dinero de la hacienda pública) para financiar directa o indirectamente a las barras de un equipo de fútbol?

Antes de responder esa pregunta, examinemos el caso del Gallos Blancos de Querétaro como el botón de muestra de que en México el fútbol fue politizado por el régimen neoliberal, pese a que narradores y comentaristas al servicio de los dueños de la Liga MX insisten en que deporte y política no deben mezclarse.

Tras descender a segunda división en 2013, Querétaro permaneció en primera gracias al dinero del traficante de influencias Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía, luego de comprar a TV Azteca una franquicia que en aquel entonces se llamaba Jaguares Chiapas. Habiendo gozado de millonarios contratos con Pemex durante los sexenios Fox-Calderón equivalentes a 49 mil millones de pesos**, Yáñez incursionó efímeramente en el negocio del fútbol, hasta que fue demandado por CitiBanamex debido a un fraude superior a los 360 millones de dólares en 2014. Ese año, el Querétaro pasó a manos de Imagen Televisión, que además de contar con canales de televisión abierta y estaciones de radio, tiene negocios en las áreas de hoteles, hospitales y cárceles.

El beneficio que un gobierno municipal o estatal obtiene de coludirse con las barras deriva del uso político que puede dársele a sus integrantes, especialmente en un año de elección. Distintas barras de Gallos Blancos de Querétaro se enfrentaron violentamente entre sí durante el 2015, cuando las presidencias municipales del área conurbada de Querétaro, así como la gubernatura estatal, fueron disputadas básicamente por candidatos del PRI y del PAN. Mientras el equipo de fútbol calificaba a la liguilla de la Liga MX de la mano del astro brasileño Ronaldinho, varios de sus barristas repartían propaganda priísta o panista a las afueras del Estadio Corregidora o en los semáforos de las avenidas Constituyentes o Zaragoza. Asimismo, no debe descartarse que los barristas de Gallos Blancos hayan tenido un papel específico coaccionando el voto y cometiendo diversos delitos electorales el día de la votación.

Las escenas de carnicería humana protagonizadas en Querétaro por civiles al amparo de cuerpos de seguridad privada y policía municipal indican que estamos ante un grupo bien organizado para la violencia contrainsurgente: un grupo de choque, “halcones” o “guarimberos” especializados en reprimir movimientos sociales y reventar a la disidencia política habiéndose entrenado en la batalla campal contra otras barras de equipos de fútbol.

Si bien uno de los dos componentes de estas agrupaciones es el dinero público (a menudo lavado a través de boletos y otras componendas), el otro es el material humano provisto por jóvenes que han sido objeto de marginación socioeconómica tras décadas de privatizar áreas fundamentales para el libre desarrollo de la personalidad como el deporte, la cultura, la educación y el trabajo.

Siguiendo a Marx, la luchadora social estadounidense Ángela Davis solía sostener que esta clase de jóvenes, “lumpenproletariado”, podían jugar un papel revolucionario como miembros de guerrillas urbanas populares: los Black Panthers. Sin embargo, el caso de Gallos Blancos de Querétaro demuestra que usar jóvenes para la violencia acaba beneficiando directa o indirectamente a partidos políticos de derecha, burócratas corruptos y especialistas en fraudes electorales: esos jóvenes, como autores materiales del crimen de tentativa de homicidio, quizá sean encarcelados y exhibidos públicamente para calmar las buenas conciencias de la clase media. Pero los autores intelectuales y políticos de la vergüenza del Corregidora y otras vergüenzas similares seguirán impunes, trabajando en ayuntamientos y palacios de gobierno a nivel estatal.

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en Literatura Estadounidense por la Universidad de Exeter.

** Cifras de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la Empresa Oceanografía S.A. de C.V. disponible en: https://www.senado.gob.mx/comisiones/oceanografia/docs/Informe.pdf