César Martínez (@Cesar19_87)*

En democracia, la rendición de cuentas se vincula al Congreso a

partir de la institución de órganos de representación política

durante la Edad Media tales como las Cortes y el Parlamento.

Francis Fukuyama

La decadencia y corrupción de los mal llamados “organismos autónomos” fue evidenciada primero, no en México a raíz del anuncio de la iniciativa de reforma para eliminar en 2024 varios de ellos, comenzando por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), sino en Estados Unidos en 2009, cuando la crisis financiera de Wall Street.

En ese entonces eran comunes las escenas dentro del Capitolio donde altos burócratas de diversos organismos autónomos, supuestamente encargados de la regulación de los bancos como la Securities and Exchange Commission, eran llamados a comparecer ante una debacle económica que involucró el uso de billones de dólares en dinero público. Esto, sin mencionar las repercusiones en términos de desempleo, caídas salariales y endeudamiento para el resto de la población, así como las repercusiones negativas a nivel global.

Si el Poder Legislativo de Estados Unidos ejerció su facultad soberana para hacer un escrutinio del rol jugado por los organismos autónomos en el desastre, es porque en el constitucionalismo norteamericano (tanto como en el mexicano) el poder soberano no admite otras supremacías políticas. En otras palabras, estos aparatos burocráticos suelen escapar al escrutinio público, llegando a usurpar prerrogativas correspondientes a los tres poderes constituidos por la soberanía popular: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

En México, la existencia de cuerpos burocráticos ejerciendo una intermediación espuria entre los tres poderes soberanos y el soberano propiamente hablando (esto es, la sociedad en su conjunto, la comunidad, el Pueblo y/o la Nación) nos lleva al debate aún vigente de nuestra historia independiente: mientras que en el siglo 19 el doctor José María Luis Mora escribía sobre el surgir de la burocracia como una forma de saciar el hambre de “empleomanía” de las clases medias por conseguir trabajos en el gobierno, don Jesús Reyes Heroles en el siglo pasado concebía también el fenómeno burocrático como un elemento desestabilizador para el poder soberano, que se convierte en “un corcho flotando entre corrientes contrarias”.^[1]

De ahí que históricamente se diga que tal o cual aparato burocrático termina adquiriendo un poder puesto encima o por fuera de lo constitucional, capaz de rivalizar con las instituciones de representación directamente fundadas por la Constitución política. Hablamos de feudos extra o meta constitucionales, cuyos miembros gozan de condiciones de excepción disfrazadas de ley. Hace 200 años, se trataba del clero y del ejército; hace 100, del partido de Estado. Hoy día, es una burocracia con delirios tecnocráticos la que ha asumido clandestinamente el rol de otro bloque partidista más.

Pero el INAI, la CRE, la COFECE y el IFETEL no son metaconstitucionales, pues sí están explícitamente mencionados en la Constitución, alegan los defensores de estas burocracias creadas desde el tiempo de Vicente Fox. Esta desafortunada postura exhibe un conocimiento somero de la Constitución, como si ella fuera un todo uniforme hasta en sus detalles mínimos, y no un documento de transacción entre fuerzas sociales distintas y hasta contrapuestas entre sí. En otras palabras, varios artículos constitucionales contienen contradicciones: el caso emblemático es el 35, que por un lado establece el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada; pero que, por el otro lado, restringe dicho derecho a la discrecionalidad de cuerpos aforados como lo son los partidos políticos, y de un aparato burocrático devenido en objeto de idolatría como lo es el Instituto Nacional Electoral.

Para terminar esta breve comparación, el artículo 35 exhibe una contradicción/transacción entre el interés general y el interés de facción. De modo que, volviendo a nuestro caso, la defensa de los organismos autónomos contiene un fuerte elemento de interés faccioso, ya que la gente de a pie carece de derechos reales sobre esta enredada telaraña burocrática tejida con miles de millones de pesos de dinero del erario.

Más allá de la coyuntura de si el INAI será conservado tal y como está, al estilo del INE y defendido a ultranza por las mafias intelectuales y tecnocráticas del pasado y del presente, el gran debate es el cómo en México y el mundo los poderes constituidos sobre principios de igualdad jurídica y libertad política han sido desplazados por aparatos burocráticos, novedosos en el nombre, pero obsoletos en su organización.

Tras las vestiduras rasgadas y los golpes de pecho por los organismos autónomos, se escucha la fatídica premonición de Daniel Cosío Villegas, para quien la trágica muerte del Poder Legislativo como órgano máximo de representación popular y rendición de cuentas presagiaba la avanzada despolitización de una sociedad mexicana ya sin hábitos de autogobierno y caída en la tentación de “la poca política y la mucha administración.”

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en Literatura de Estados Unidos por la Universidad de Exeter.

^[1]  Reyes Heroles, Jesús (1988) Liberalismo Mexicano: la Sociedad Fluctuante, Fondo de Cultura Económica, p. 48.