CE, Intervención y Coyuntura

Entre las múltiples reacciones y críticas que ha desatado la compra por parte de Petróleos Mexicanos de la refinería Deer Park (Shell), asentada en Estados Unidos, destacan las críticas de los ambientalistas. Un ejemplo de ello es el artículo de Dulce Olvera «México opta por autosuficiencia, pero pausa transición energética».[1]

El argumento central de la reportera de SinEmbargo es que «Shell (…) va un paso adelante en la transición energética». Sin embargo, vale la pena destacar en qué dirección. Solo en México, a partir de la implantación de la política de sustitución de combustibles locales por Gas Natural implementada por los gobiernos anteriores, Shell controla gran parte de la generación eléctrica.

Shell también participa directamente en la Generación de electricidad, a través de sociedades y, por supuesto, en la explotación de petróleo y la producción de sus derivados. Y es que la Royal Deutch Shell no es ninguna ‘hermana de la caridad’, adalid de la ‘transición energética’, sino que domina el mundo de los energéticos desde su fundación en 1907. Fue una de las «7 hermanas» de triste memoria, que después de la II Guerra Mundial impusieron su dominio casi total en la producción, refinación y la distribución de hidrocarburos y sus derivados, a escala global.

La nota en cuestión subraya la debilidad conceptual de la llamada “transición energética” cuando señala que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) «prevé que para 2030 el 60 por ciento de las ventas globales de automóviles serán eléctricos». Una frase grandicolocuente pero incapaz de responder el cuestionamiento de fondo: ¿ en las siguientes décadas, a partir de qué energético primario estaremos generando la electricidad necesaria para recargar tales vehículos?

Los graves problemas ambientales que enfrentamos a escala global no se resolverán mediante simples «compromisos» para dejar de fabricar vehículos de combustión interna o incluso con solemnes conferencias internacionales para pactar la reducción de las emisiones de carbono. Por desgracia, el rapaz modelo económico vigente depende casi totalmente de los hidrocarburos y así continuará, puesto que no hay compromisos políticos serios para modificar la situación. Nadie está dispuesto a sacrificar su propia economía, ni mucho menos a promover y financiar la formación de grupos multinacionales de estudio para investigar y desarrollar nuevas fuentes de “energía limpia”, que sean suficientes, sustentables, “amigables con el medio ambiente” y baratas.

En diciembre de 2010 se llevó a cabo la XVI Conferencia de las Partes (o COP 16) en Cancún, Quintana Roo. Los acuerdos, firmados apresuradamente a última hora, establecen medidas para paliar el llamado cambio climático mediante iniciativas y mecanismos de financiamiento y transferencia de tecnologías para las naciones emergentes. En dicha conferencia, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció el lanzamiento de proyectos y programas «para el combate, adaptación (sic) y mitigación del cambio climático».[2] El cumplimiento de las metas de dicha conferencia –las previas y las posteriores– hoy en día es prácticamente nulo. De hecho, se realiza una COP cada año, desde 1995, sin que a la fecha se logren resultados palpables.

Un ejemplo más reciente de dicha lógica de los organismos mundiales de “solidaridad” es el fracaso para desarrollar, producir y distribuir las vacunas necesarias contra la pandemia del CoVid-19, que nos revela la inoperatividad internacional, incluso para enfrentar la amenaza de una enfermedad mortal. Como siempre, los grandes grupos industriales y financieros (en este caso los grandes grupos farmacéuticos) impidieron la socialización a escala global de una vacuna universal. A cambio, los gobiernos de los países más ricos acapararon más del 90% de las vacunas disponibles, aunque no las aplican.

Ante el fallo en contra de Shell, promovido por  organizaciones ambientalistas, la petrolera anglo-neerlandesa puede darse hoy el lujo de desprenderse de una planta de refinación, sin que por ello se afecte sustancialmente su riqueza, como una forma de paliar sus responsabilidades políticas y legales. Shell apelará legalmente la sanción y se le concederá prolongar los plazos y, mientras tanto, seguirá enriqueciéndose con inversiones en Parques Energéticos y Químicos que ofrecerán nuevos combustibles bajos en carbono y productos químicos de alto rendimiento. Esto quiere decir que, por el momento, se dedicará a instalar “granjas” de energía fotovoltaica o eoloeléctrica, tal vez de fuerza mareomotriz, además de entrar al negocio de las pilas eléctricas de alto rendimiento. Shell sabe que existe un mercado de «energías limpias», con clientes dispuestos a fingir que así reducen su «huella de carbono».

Por parte de Pemex y el gobierno de México, no hay engaño: no se pausa la «transición energética», ya que a cambio de financiar a las empresas privadas del sector de la llamada «generación verde» (plantas eóloeléctricas y fotoeléctricas), se cumplirán dos importantes metas contra el calentamiento global. En primera instancia, se reduce el volumen de petróleo de exportación hasta eliminarlo y se limita la plataforma de extracción, exclusivamente para satisfacer el consumo nacional, de modo que haya una reducción neta, al mínimo, de la refinación y consumo de hidrocarburos.

Segundo, se refuerza la generación hidroeléctrica, mediante la modernización y ampliación de equipos en plantas existentes. Ambas medidas son de aplicación inmediata y se establecen plazos verificables. Existen además distintos proyectos eoloeléctricos en evaluación, para los que se requiere una fuerte inversión destinada a adecuar las redes de transmisión y distribución para este tipo de energías intermitentes, inversión que los generadores privados no han querido hacer porque esperaban que el estado mexicano la financiara y pusiera a su servicio.

En todos los casos, no se trata de obras nuevas que realicen en detrimento del medio ambiente o en perjuicio de grupos sociales, como sucedió con algunos de los proyectos privados impulsados por acuerdos como la COP, concretamente las centrales hidroeléctricas privadas de Belo Monte, en Brasil, la planta Hidroituango en Colombia o el fallido proyecto de HidroAysén, en Chile.

Como con cualquier otro tipo de críticas, cierto ambientalismo tendrá que superar la oposición sistemática para aportar al planteamiento de alternativas realizables y, de ser posible, ampliar su mirada y memoria, para entender y recordar que la mayor desvastación y despojo inició en la década de los noventa cuando se le instituyó por medio de órganos que sólo “ataca[ron] aquellos problemas ambientales que no afectaran los nuevos intereses económicos, el flujo de capitales y el «libre» comercio”.[3]

Por otra parte, aunque las reuniones de la COP han estudiado el problema exhaustivamente y propuesto diversas soluciones, y que en México también existen análisis sobre la materia,[4] el problema es que, a escala global, dichas propuestas nunca se traducen en acuerdos y compromisos vinculatorios.

En México, por ejemplo, el 46.5 % de toda la energía que consumimos está destinada al transporte. De esa proporción, el 90 % se destina al auto particular. Para reducir el uso de los combustibles fósiles y con ello aminorar el avance de la crisis climática y ambiental, es necesario hacer uso racional de la energía. Un paso importante consistiría en rediseñar los modelos actuales de movilidad.

Adicionalmente, México exporta petróleo e importa grandes volúmenes de gasolinas y diesel. Esto, en un contexto en el que aproximadamente la mitad de las familias mexicanas no tienen coche y utilizan el transporte público para llegar al trabajo, a la escuela, etc.

Entonces, no es difícil concluir que para transitar hacia un modelo de movilidad racional y sustentable se requiere ampliar el transporte público, así como realizar intervenciones urbanas que permitan su optimización, en términos de mejorar su infraestructura, facilitar su conectividad y mejorar la planeación y organización integral de los traslados. Al mismo tiempo es necesario establecer políticas públicas que fomenten la reducción del uso del automóvil particular.

En ambos temas ya existen acuerdos y compromisos incumplidos por gobiernos anteriores, porque implican conflictos tanto sociales como económicos y, por supuesto políticos. Se trata nada menos que de transformar el modelo actual de desarrollo, por uno que se adapte a las necesidades actuales, sin profundizar la crisis climática y ambiental, y que al mismo tiempo permita armonizar distintos intereses (como los de poderosas industrias como la automotriz y la energética). También, para recuperar el espacio público en favor de la movilidad, es imperativo minimizar la afectación a la sociedad.

De allí la pertinencia de las medidas adoptadas, como la reducción de la plataforma de explotación del petróleo en México, al eliminar la exportación, y la de promover la modernización de las plantas de generación hidroeléctrica. Deer Park representa una oportunidad estratégica coyuntural que nos acerca a la autosuficiencia, pero que no modifica ni pone en «pausa» el plan de transición energética general, más bien lo complementa. Parece poco, pero es más de lo que cualquier otro gobierno anterior haya realizado, e incluso más de lo que otros países estarían dispuestos a hacer para no afectar a sus grandes consorcios.

[1] Dulce Olvera. «México opta por autosuficiencia, pero pausa transición energética» en SinEmbargo, 30 de mayo de 2015. https://www.sinembargo.mx/30-05-2021/3980792

[2] El Economista, 14 de diciembre de 2010, p. 4-5.

[3] Étienne von Bertrab. “El ambientalismo opositor” en Pie de Página, 20 de mayo de 2021.

[4] Ver por ejemplo el Ciclo de Webinarios Científicos Conacyt. Programa Nacional Estratégico. Energía y Cambio Climático, 18 de mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=BQQTBq7o_v0