Davos 2026: América Latina, alineamientos geopolíticos y subordinación

Rebeca Peralta Mariñelarena

América Latina y el Caribe atraviesan un momento pocas veces visto, marcado por una sucesión de hechos que incluyen incursiones armadas, conflictos arancelarios y la reiterada imposición de estados de excepción. Este escenario es, en gran medida, consecuencia de la presión creciente de Estados Unidos sobre la región, en el marco de la reconfiguración del orden global y de su disputa estratégica con China por el control de recursos naturales y bienes estratégicos.

Con el propósito de comprender las implicaciones de esta coyuntura para América Latina, resulta pertinente señalar algunas consideraciones sobre la participación de la región en el Foro Económico Mundial, que se celebra anualmente en Davos, Suiza, y que en su 56.ª edición tuvo lugar del 19 al 23 de enero de 2026.

Lo primero a destacar es que solamente 3 mandatarios de Estado de Latinoamérica y el Caribe asistieron a la cita: Javier Milei de Argentina; Daniel Noboa de Ecuador; y Raúl Mulino de Panamá. El resto, es decir, en torno de 30 países soberanos enviaron delegaciones de menor nivel y algunos, incluso, no asistieron.

Esto no es casualidad, sino muestra el significado de ese foro para la región, donde las grandes potencias discuten el rumbo del mundo sin mayores contemplaciones. Tampoco es casual que los únicos presidentes latinoamericanos que viajaron a Suiza, donde el discurso de Donald Trump era el show más esperado, fueran los principales aliados del mandatario estadounidense.

Javier Milei, en éxtasis, tuvo el rol de legitimar el Board Peace de su amigo Trump, una estructura que, de acuerdo con Alicia Barcena, Secretaria de Medio Ambiente de México, quien representó al país en Davos, constituye: “un sistema paralelo a la ONU, con un planteamiento muy unilateral”.

Para adherirse a ese consejo los países deben pagar una membresía de 1.000 millones de dólares a Trump. Y, todo indica a que Javier Milei decidió pagar en especie: con el Puerto de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Este 22 de enero el puerto fue intervenido por el gobierno nacional, para ceder el control Estados Unidos para su uso comercial y militar, según denunciaron autoridad provinciales.

Si se confirma lo anterior, estaríamos frente a una gravísima entrega del territorio y pérdida de soberanía en una Argentina, que, recordemos, atraviesa por una crisis social importante que se traduce en: pérdida de empleos, destrucción de empresas y de la capacidad industrial del Estado; producto de las medidas de la “motosierra” de Milei, con fuertes recortes en educación, ciencia y tecnología, salud, entre otros.

En ese contexto, en noviembre pasado, Milei firmó el “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocas” con Estados Unidos que, en el fondo, representa la reprimarización de su economía: con la eliminación de aranceles para los recursos naturales de Argentina con destino a Estados Unidos, específicamente: Petróleo, Litio y Oro.

Además, apertura el mercado argentino para el ingreso de medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos y alimentos procesados provenientes de Estados Unidos.

En este acuerdo comercial, Argentina acepta controles sanitarios y certificaciones de Estados Unidos en detrimento de las instituciones y normas nacionales, incluidos los certificados de alimentos y medicinas de sus agencias regulatorias. Esto debilita la soberanía del país y profundiza la dependencia.

Para dimensionar el alcance de estas decisiones, es necesario recordar que Argentina es actualmente el país de América Latina con mayor nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —con una deuda bruta cercana a 57.100 millones de dólares—. En segundo lugar se encuentra Ecuador, caso que resulta clave para el análisis y que será abordado a continuación.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, también estuvo presente en el Foro Económico de Davos, desde donde desató una guerra diplomática y arancelaria con su vecino, Colombia, con el anuncio de la imposición de aranceles del 30% a los productos provenientes de ese país, justificando la medida con lo que él llama una “tasa de seguridad”, que responde a una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Aquí resulta pertinente detenerse a analizar la coyuntura ecuatoriana, ya que el país atraviesa una crisis de carácter orgánico. No se trata de una situación coyuntural ni limitada a sectores específicos, sino de una acumulación de crisis interrelacionadas —en materia de seguridad, energía, economía y tejido social— que mantienen al país en un estado de alta vulnerabilidad.

En lo que respecta a la crisis de seguridad, Ecuador registra actualmente una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, durante el primer semestre de 2025 los homicidios se incrementaron en 47 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

El gobierno de Noboa se ha caracterizado por mantener una política de seguridad punitiva basada en la militarización y la constante violación de las libertades democráticas y los derechos humanos con la instauración de estados de excepción en un amplio territorio del país, en lo que él llama “Guerra contra el narcoterrorismo”. Lo que el presidente ecuatoriano ha desatado es una guerra interna que no atiende las causas de la violencia, tal y como lo hizo Felipe Calderón en México durante el sexenio 2006-2012.

Esta crisis de seguridad se entrelaza con una crisis económico-productiva, caracterizada, entre otros factores, por la caída del 9 % en la producción petrolera al cierre de 2025, como consecuencia de una drástica reducción de la inversión en el sector. En este contexto, Petroecuador sufrió un recorte cercano al 80 % en su presupuesto de inversión, lo que impactó directamente en la capacidad productiva del país. En la misma línea, el Observatorio de Política Fiscal del Ecuador señaló que durante 2025 las inversiones en el sector petrolero fueron “casi inexistentes”.

A estas dos crisis se suma, además, la crisis energética, que ha profundizado de manera significativa la fragilidad estructural del país. Durante al menos dos años consecutivos (2023 y 2024), la población ecuatoriana ha enfrentado cortes de electricidad de hasta 12 horas diarias, como resultado de la incapacidad del gobierno para garantizar el abastecimiento nacional, lo que ha derivado incluso en una afectación directa a su propia seguridad nacional.

Paradójicamente, Ecuador importa de Colombia cerca del 10 % de la energía que consume, según datos del Ministerio de Minería y Energía de Colombia. Asimismo, conviene recordar que, en uno de los momentos más críticos de esta crisis energética, cuando Ecuador requirió el envío urgente de electricidad, el presidente Gustavo Petro dispuso su suministro, contribuyendo a mitigar la emergencia.

A partir de ahora, Ecuador deberá afrontar en solitario el déficit energético, ya que Colombia, en reciprocidad a los aranceles anunciados el 21 de enero por el presidente Daniel Noboa, decidió suspender el envío de energía al país vecino a partir de las 18:00 horas del jueves 22 de enero, hora local. La medida, según explicó el ministro del sector, Edwin Palma, busca proteger “el interés nacional, la soberanía energética y la dignidad de Colombia”. Asimismo, en un acto de reciprocidad, Colombia aplicará un arancel del 30 % a 20 productos ecuatorianos.

Hay que decir que Ecuador con estas medidas arancelarias, viola acuerdos internacionales como los firmados en la Comunidad Andina de Naciones.

En medio de esta crisis, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha convocado al diálogo y a defender el principio de la integración regional en beneficio de ambos pueblos. En ese contexto, detalló las medidas que ha realizado su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Y resaltó la cooperación y la colaboración binacional fluida que han tenido Ecuador y Colombia en la zona de frontera, desmontando el discurso de Noboa.

El presidente colombiano fue más allá y propuso a su homólogo ecuatoriano firmar un acuerdo sobre la prohibición e incautación de los insumos de fentanilo en el Pacífico americano. Habrá que ver si Noboa acepta este acuerdo luego de la visita de Joseph M. Humire, Subsecretario de Guerra para Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas del gobierno de Estados Unidos, quien llegó a Quito el pasado 25 de enero para coordinar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

Además, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, le agradeció a Noboa, en medio de esta disputa diplomática, su “lucha contra el narcotráfico”.

Pero, ¿qué más encierra la crisis diplomática generada por Noboa?

A la luz de los antecedentes hasta aquí revisados, resulta razonable preguntarse si el presidente ecuatoriano está actuando como un instrumento de fragmentación regional y de debilitamiento de una de las figuras más cuestionadas por el gobierno de Donald Trump: el presidente Gustavo Petro —al que Trump ha calificado directamente de narcotraficante—. No hay que perder de vista que el próximo 3 de febrero ambos mandatarios se reunirán en la Casa Blanca.

Posiblemente la tarea de Daniel Noboa sea la de preparar el terreno contra el presidente colombiano en el contexto de las próximas elecciones nacionales de mayo, donde el candidato Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, encabeza las preferencias y garantizaría la continuidad de un proyecto de transformación social enfocado en la justicia social iniciado por Petro.

También tengamos presente que, un día antes de que Noboa anunciara los aranceles, el 20 de enero, el presidente colombiano exigió la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, preso político en una cárcel de máxima seguridad de Ecuador, luego de que fue secuestrado por el gobierno de Noboa quien ordenó invadir la embajada mexicana en Quito.

Finalmente, me quiero referir al papel marginal de la representación boliviana en Davos, encabezada por su canciller Fernando Aramayo y su ministro de economía Gabriel Espinoza, quienes sólo lograron una foto con la directora del FMI, quien ratificó el apoyo a sus medidas de reconducción económica, mismas que, quizá no se enteró, fueron abrogadas gracias a la resistencia del pueblo boliviano en las masivas movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503. Dicha norma buscaba entregar los recursos naturales estratégicos -como litio e hidrocarburos-, a empresas extranjeras con contratos que eludían la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la realización de la consulta previa libre e informada, tal y como establece la Constitución vigente.

En síntesis, una lectura geopolítica de los recientes acontecimientos nos permite destacar tres elementos clave:

1. Davos como vitrina de alineamientos: Milei, Noboa y Mulino no representan a toda América Latina, sino un alineamiento explícito con la agenda estadounidense, mientras que las ausencias de líderes como Claudia Sheinbaum, Lula Da Silva o Gustavo Petro revelan el verdadero peso político del foro para la región.
2. Reprimarización, deuda y pérdida de soberanía: Argentina, Bolivia y Ecuador muestran cómo la dependencia económica, la apertura a la exportación de recursos estratégicos y el endeudamiento creciente consolidan un patrón de subordinación estructural dentro del hemisferio.
3. Ecuador como laboratorio de desestabilización regional: La imposición de aranceles, la ruptura de acuerdos andinos y la escalada diplomática son parte de una táctica de fragmentación regional, alineada con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, destinada a aislar y debilitar a gobiernos soberanos.