CE, Intervención y Coyuntura

Los Rolex, los viajes, las supuestas “jornadas extenuantes”: todo apunta en una sola dirección. O el instrumento político-legal del movimiento de transformación es sacudido por un asalto plebeyo que reequilibre las fuerzas, o un grupo de individuos, con ambiciones personales y escudados bajo el falso paraguas de la tecnocratización, terminarán derrochando las victorias populares.

Los partidos modernos son maquinarias electorales donde la participación de las bases es mínima. Morena no ha sido la excepción: su dirigencia ha evitado abrir espacios de distinción, reconocimiento e identidad a su militancia. Preocupados únicamente por números y volúmenes, buscan consolidar una base electoral a la que nunca reconocen como interlocutora legítima.

En el contexto político actual —un escenario marcado por coaliciones estratégicas, filtros clientelares y plurinominales eternos—, en donde la militancia es vista como un recurso electoral, no como sujeto político, y en donde se privilegian redes de interés por encima de la comunidad organizada, el pueblo, un asalto plebeyono será sencillo ni terso. Tendría que sacudir estructuras partidarias que corren el riesgo de ser capturadas por corrientes, líderes y burócratas. Más que una “democratización” de escaparate, lo que se juega es que la militancia sea tomada en cuenta, que deje de ser ignorada, que se le permita institucionalizar su identidad partidaria.

Frente a ese panorama, el VIII Consejo Nacional Extraordinario representa una bocanada de aire: una convocatoria para organizar desde abajo, afiliar y activar a la militancia como cuerpo político —no como masa pasiva—. Se habla de conformar más de 71,000 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, una extensión territorial de máxima escala: colonias, ejidos, barrios populares convertidos en células de organización popular. 

Sin embargo, los días difíciles para Morena no terminan con el VIII Consejo Nacional Extraordinario, pues no basta apuntalar estructuras si no hay poder real. Lo alarmante es que, pese a ese despliegue organizativo las reglas internas siguen limitando los derechos fundamentales: los militantes pueden organizar, difundir y defender, pero no votar ni ser votados. Una fricción que amenaza con convertir a los comités en meros instrumentos de movilización sin representación política real. Asimismo, sus cabecillas exhiben su vacuidad. La ignominia del viaje del secretario de organización, escudado en justificaciones huecas, es apenas la punta del iceberg. El asalto plebeyo, no como proceso organizado sino como rebelión espontánea, solo puede prender al calor del encendido de la maquinaria electoral.

Aquí se nos impone una elección dramática: Asalto plebeyo o pseudoteconcratización institucional. El primero crearía una sacudida que desplazaría a las élites tecnocráticas, forzando el reconocimiento real de la militancia como sujeto político. Pero el riesgo existe: sin organización clara, ese movimiento puede ser fagocitado por corrientes, liderazgos clientelares, burócratas enmascarados como “defensores del cambio”. El otro, una institucionalización formalmente participativa, pero que silencia el derecho electoral y cercena la autonomía militante. Lo que se organiza desde arriba se puede convertir en maquillaje, una farsa que sustituye la emancipación por la obediencia electoral.

Lo cierto es que los demagogos y “juniorcracias” —esa nueva élite que dilapida victorias populares en banalidades y banalización de lo político— ya están en la cancha y serán los responsables de las posibles derrotas en 2027. Mientras tanto, solo la organización real, con derechos reconocidos y poder tomado por las bases, puede transformar la maquinaria electoral en un pueblo con voz propia.