La consulta y los posibles efectos de debilitamiento de la democracia y despotenciación del pueblo

Leonardo Meza Jara

Es posible, que la consulta recientemente realizada para juzgar la corrupción de los gobiernos del PAN y del PRI, sea uno de muchos acontecimientos históricos que deslegitiman las figuras de la democracia participativa. Las figuras de la democracia participativa, como el plebiscito o la consulta ciudadana, juegan un doble papel:

– Por un lado, son una alternativa de la democracia representativa que se enfrasca y se diluye en los procesos electorales y el mecanismo del voto.

– Por otro lado, son una radicalización de la democracia que le da voz y participación directa al pueblo como actor político.

Hay una pregunta qué cabe hacerse: ¿De qué formas, las figuras de la democracia participativa (en este caso una consulta ciudadana) pueden ser históricamente deslegitimadas, es decir, sometidas a procesos de desgate que las debiliten?

En el libro “El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo”, Wewndy Brown (2015, Malpaso Ediciones) analiza los mecanismos a través de los cuales el neoliberalismo ha intervenido a la democracia para debilitarla. En las últimas décadas, hay un conjunto de estrategias y de acciones que tienen como objetivo debilitar a la democracia, para restarle la potencia de lucha política que no le es conveniente a los operadores del neoliberalismo (empresarios, políticos de la derecha e integrantes de un management que se mueve entre el mundo empresarial y el político). La radicalización de la democracia es un riesgo para las oligarquías del neoliberalismo.

Los mecanismos a través de los cuales el neoliberalismo deslegitima a la democracia representativa o la democracia participativa, son en el fondo un debilitamiento o una anulación del pueblo como actor colectivo. Esto último es una antítesis de lo que Dussel asume en su libro “20 tesis de política” (2006, editorial Siglo XXI).  En este libro, Dussel plantea al sujeto colectivo del pueblo como “potencia”, como una fuerza política que irrumpe para transformar el mundo. El pueblo organizado democráticamente puede tener la capacidad oponerse al neoliberalismo y cambiar las formas de vida actuales. Eso es precisamente, lo pretende debilitar el neoliberalismo. El intervencionismo neoliberal para restarle fuerza a la democracia es una despotenciación del pueblo como actor político colectivo.

En los resultados de la consulta del pasado 1 de agosto, se identifica los dos rasgos analizados. Hay indicios de un posible debilitamiento de la democracia participativa. Y hay también indicios de una despotenciación del pueblo como actor político colectivo. Cabe entonces preguntarse: ¿En la consulta del 1 de agosto pasado, de qué formas fue intervenida y debilitada la democracia participativa? ¿En este caso, cuáles pueden ser los efectos en el corto, mediano y largo plazo,  respecto a la despotenciación del pueblo como actor político colectivo?

Las respuestas a estas preguntas, no residen únicamente en los señalamientos que los militantes de Morena realizan sobre el INE o sobre otros actores de la derecha. Tal vez, hay errores en la manera de procesar políticamente la consulta por parte de la 4T y de Morena, en los términos de su forma y su fondo. Esta cuestión no es un asunto menor, es una preocupación de gran calado que debe ser analizada a profundidad en las luchas políticas de la izquierda mexicana del siglo XXI.

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La memoria de la consulta popular

Adrián Rodríguez*

La Consulta Popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto en México es un acto de igualdad radical en dos sentidos. Porque, por un lado, invita a todos los ciudadanos a participar, sin atender a jerarquías de ningún tipo. Por otro, por lo que se consulta: emprender el inicio de investigaciones sobre posibles crímenes cometidos en el pasado por actores que hasta hace poco se consideraban intocables. Todo el trabajo de organización y difusión de este acto va acompañado de una reelaboración del pasado reciente de México, es decir: a través de un sin número de acciones (mesas y brigadas de información, imágenes, canciones, folletos, historietas, trípticos, murales, fotografías etcétera) se está proponiendo una visión de los últimos treinta años de nuestra historia, en los que sobresalen nombres de expresidentes y acontecimientos relacionados con delitos de diversa índole: desde masacres, pasando por fraudes electorales y corrupción. Me parece que es responsabilidad de los historiadores -quienes normalmente no salen mucho de sus cubículos y aulas de clase- revisar en serio lo que está sucediendo ante nuestros ojos y abordarlo críticamente, lo cual también conlleva ser autocríticos con nuestra propia función en la sociedad.

De esto quiero hablar en este breve ensayo y animar un debate más amplio con compañeros del gremio o estudiosos de la memoria.

Memoria vs. historia

Para entender el tema de la reelaboración del pasado reciente propuesto por la organización y difusión de la Consulta Popular, considero fundamental entender las diferencias que hay entre la historia y la memoria. Ambas trabajan con el pasado, pero cada una responde a ciertas particularidades. La historia es una disciplina consciente de su quehacer, metodología, objetivos y hasta limitaciones. Como círculo académico con sus propias convenciones, la historia trabaja en grupos que comparten observaciones y crítica, casi siempre en centros universitarios o colegios. Todo ello contribuye a su intento de objetivar el pasado y formar, mediante la narrativa, una imagen del mismo.

En la disciplina de la historia se parte de un sesgo claro entre el pasado y el presente. Se ve a los acontecimientos como algo que “ya fue”. Ese sesgo implícito y enigmático del trabajo del historiador con el pasado, es el mismo que llevó a Michel de Certeau a preguntarse sobre la escritura de la historia, como un proceso habitado por fantasmas que jamás hablarían sino es por el poder discursivo del historiador. El mismo autor afirma: la historia “está poseída por la extrañeza de lo que busca, e impone su ley a las regiones lejanas que conquista y cree darles la vida”^[1]. Por lo tanto, en la historia hay un esfuerzo arbitrario por conectar el pasado con el presente.

Por otro lado, ¿qué es la memoria? En una primera instancia podemos afirmar que es una forma de transmisión y reproducción del pasado cuyos mecanismos no obedecen a los de la disciplina de la historia. El problema al momento de hablar de la memoria reside, por un lado, en que no es posible asirla sin aquellos conceptos con los que se le vincula constantemente, tales como recuerdo, olvido, trauma, mismos que tienen un contenido neurofisiológico. El otro problema, es el que deriva de las investigaciones de Maurice Halbwachs, quien afirma que la memoria es colectiva y sus representaciones del pasado trabajan acorde con los intereses sociales de una época^[2].

De acuerdo con Halbwachs hace falta el apoyo de la sociedad (de los otros) para formar una memoria de los sucesos: una sola persona, aislada, no puede articular una memoria. Esto nos permite conceptualizar la memoria como algo caprichoso, dependiente de los intereses colectivos de la sociedad. Esto la vuelve un fenómeno más grande socialmente y por lo mismo más inestable que la historia y, también, más viva, puesto que, como afirma Pierre Nora, la memoria “se nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones”^[3]. La cuestión aquí es que esas cualidades de la memoria colectiva o social han ido evolucionando de acuerdo a la misma innovación técnica de los medios de comunicación, ya sea en la época de la tradición oral, la imprenta o la era cibernética.

En esencia, la historia como disciplina responde a intereses confeccionados dentro de centros académicos y reducidos a un gremio, casi una élite, cuyas herramientas de trabajo son casi siempre la escritura y la producción de libros y artículos. Por su parte, la memoria se articula a partir de una coincidencia colectiva sobre temas que afectan a un grupo más amplio que cualquier gremio de historiadores: seguridad, justicia, tradición, etcétera. Pensemos en los procesos de memoria llevados a cabo en sociedades que vivieron situaciones traumáticas, como en la Alemania de la posguerra o en los países sudamericanos con las dictaduras militares.

La irrupción de la consulta

El esquema que he presentado sobre las particularidades de la historia y la memoria permiten contar con un mapa para abordar nuestro tema. No se trata simplemente de separarlas, sino más bien reconocer que cada una responde de maneras propias ante el pasado, y comprender por qué muchos historiadores en este momento en México no están viendo pasar “la historia” frente a ellos. Y no me refiero a todos los historiadores. El proceso político que estamos viviendo actualmente está impulsado también por una conceptualización del pasado en la que son partícipes estudiosos de la historia.

El reto más bien está en otra parte: ¿cómo incorporar a la academia la marejada de memoria que está generando la Consulta Popular?. El reto va más allá de la política coyuntural. Nos cuestiona a los historiadores como agentes con una función social específica. Estamos ante un momento en que la memoria exige, desde parámetros, espacios y herramientas extraacadémicas, a ser tratada como si fuera historia, pero no sólo para ser estudiada, sino además para ser sanada y representada, para mantenerla viva en las próximas generaciones. Sin duda, es una circunstancia excepcional, en la que, así como se generan proyectos para cuidar el patrimonio histórico, también se podrían elaborar maneras de resguardar esta memoria que se está produciendo en el presente y que ya es inédita, puesto que emana de aquellas personas que fueron largamente olvidadas, agraviadas o desplazadas por los anteriores gobiernos, y que ahora piden justicia.

Si no atendemos a ese llamado no creo que podamos auto-denominarnos  historiadores. Un historiador en el momento actual en México debe revisar cuidadosamente la imbricación de su disciplina con los procesos de memoria que está planteando la sociedad donde vive y que incluso pueden conducirlo a reformular las herramientas metodológicas, teóricas, narrativas y las temporalidades que concibe en su escritorio. Por ejemplo, como lo planteaba en otro texto: ¿hasta dónde es posible considerar la consulta como un corte temporal que nos permita establecer las fechas extremas de un periodo como el neoliberal, que ya ha sido estudiado por historiadores y científicos sociales? o ¿hasta dónde su irrupción en la vida pública nos permite pensar que, si bien estamos en un régimen político que sigue arrastrando inercias neoliberales, por lo menos ya se vislumbra otro modelo diferente? ¿con qué conceptos historiográficos abordar la temporalidad que emana de la visión de la historia (o de la memoria colectiva) que propone la Consulta Popular?

Una agenda

Lo más ingenuo sería pensar que después de la consulta todo volverá a la normalidad; que la irrupción de voces olvidadas en ella es una mera anécdota. En una entrevista que aparece en una edición de La noche de los proletarios, Jacques Ranciére refiere:

Hay asimismo momentos donde las masas oponen su propio orden del día a la agenda de los aparatos gubernamentales. Estos “momentos” no son solamente instantes efímeros de interrupción de un flujo temporal que luego vuelve a normalizarse. Son también mutaciones efectivas del paisaje de los visible, de lo decible y de lo pensable, transformaciones del mundo de los posibles^[4]

Los personajes que actualmente se oponen a la consulta popular son aquellos que están en contra de que las voces olvidadas opongan su orden del día a la agenda de los aparatos de poder. Esas lamentaciones, revestidas de crítica pueril, vienen de ciertas instituciones u organismos que se dicen autónomos, y están diariamente desalentando la participación. Los historiadores sin duda tenemos una agenda ante este momento de igualdad radical y de apertura de otros mundos posibles: hacer que se alargue, que se extienda en el tiempo, que perdure y no se olvide. Nuestra experiencia e imaginación están a prueba.

*Doctor en Historiografía por la UAM-Azcapotzalco/ Militante del Movimiento de Regeneración Nacional.

^[1] Michel de Certeau, “Un lugar social”, La escritura de la historia, tr de Jorge López Moctezuma, México, Universidad Iberoamericana, 1993, p. 52.

^[2] Halbwachs, Maurice, On Collective Memory (Heritage of Sociology), Chicago, The University of Chicago Press, 1992 (1941 y 1952), p. 40.

^[3] Pierre Nora, “Entre memoria e historia: la problemática de los lugares”, en Pierre Nora, Pierre Nora en la Lieux de mémorie, tr. de Laura Maselló, Santiago de Chile, LOM Ediciones/Trilce Editores, 2009, p. 21.

^[4] Jaqcues Ranciere, La noche de los proletarios. Archivos del sueño obrero, tr. de Emilio Bernini y Enrique Biondini, Buenos Aires, Tinta Limón, 2010. p. 9.

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Las izquierdas y las consultas

CE, Intervención y Coyuntura

La próxima consulta popular para decidir sobre el juicio a los expresidentes ha caldeado los ánimos. Los descalificantes, con la solemnidad y estrechez con la que suelen ver la vida declararon ya: ¡la ley no se consulta!, en un claro ejercicio de abstracción del contenido político y social que esta posee. No es tanto un ejercicio legal –que lo es– sino una disposición política. Un conjunto de la población –no sólo la que votó por Morena, no sólo la que apoya al presidente– decidió llevar adelante acciones para lograr el cometido. La novedad es que existe un entramado institucional que avala el procedimiento y, sobre todo, que obliga al Instituto Nacional Electoral a garantizar el ejercicio.

Como suelen suceder, cuando los actores se pronuncian, generan tensiones. Hace unos días, el EZLN declaró que era correcto participar del ejercicio, aunque por motivos específicos. Y si bien como fuerza política y con capacidad de movilización se encuentra bastante disminuido –demostrado en la limitada capacidad para recoger firmas para su candidata– simbólicamente es significativo.

Retomamos la incursión del EZ en esta discusión para plantear la necesidad de recuperar la geneaología de la consulta como un activo de la izquierda en pos de la democratización. La idea y el ejercicio mismo de la consulta fue, al menos durante la década de 1990, un activo importante en el arsenal que la oposición de izquierda utilizó para movilizar y plantear sus posiciones frente a la sociedad.

Es de recordar que en 1995, en la consulta zapatista del 8 de junio, un millón 300 mil personas respondieron un cuestionario zapatista en más de 10 mil mesas repartidas por todo el país, en donde más del 53% pidió al EZLN convertirse en fuerza política independiente y nueva[1]. Se trató del “mandato de la señora sociedad civil”, cuando el olor a pólvora aun se dejaba sentir en los altos de Chiapas. Aquel fue un primer paso con carácter eminentemente político. Pasar de una acción armada –real primero, luego simbólica– a ser una fuerza política, en un momento clave, que era el del desfondamiento del viejo aparato de dominación. Ello daría nacimiento a la fundación del Frente Zapatista, una organización cuyo intento de competir con la izquierda partidaria –en ese momento vinculada al PRD– fracasó, como también en su intento de consolidarse como una organización para llevar adelante “otra política”. Pero esa es otra historia

El EZLN volvió a utilizar el recurso, en 1999, al calor de la “Ley Cocopa”. En un escenario muy distinto, ya con la guerra muy atrás y con una débil y frágil alianza con la izquierda electoral, de nuevo la consulta fue un insumo para movilizar seguidores y plantear la necesidad de aprobar la ley: “»Este es uno de los actos políticos más importantes que vive México porque está articulando las bases de una política de paz para que no se quede en el discurso». Así describe Pablo González Casanova el recorrido que 5 mil delegados zapatistas realizan por todos los rincones del país. El resultado: en la consulta nacional por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio, el 21 de marzo, participan unos tres millones de personas.”[2]

La estela neo-zapatista dejó fuertes implicaciones ante una generación que vivió en carne propia el desgarro neoliberal, que, en plena pugna con lo público –antes de que descubriera su refuncionalización perversa– atacó a la Universidad Nacional. Lejos del “orgullo universitario” que invadió cual marca registrada el siglo XXI, en los años 90 ser integrante de la comunidad universitaria era un estigma brutal. En ese marco las andanadas neoliberales buscaron destruir ese activo de la sociedad. La respuesta de un inusualmente violento movimiento estudiantil –violencia expresión de la fragmentación del cuerpo, lleno de contradicciones y expresión de la degradación neoliberal de la sociedad– fue diversa. Entre esa diversidad, que iba de las “acciones contundentes” como el cierre de calles también hubo lucidez política para evitar el sectarismo absoluto.

Así, tanto la “Consulta Metropolitana” en el año 1999 donde se convocó a miles de personas: “Las acciones conjuntas tenían el objetivo de vencer el cerco informativo y ganar apoyo y legitimidad entre la población general, por lo que el 27 de mayo se realizó la Primera Consulta Metropolitana por la Educación, a fin de preguntar a todas las personas, universitarios o no, desde niños de 12 años en adelante, sobre las demandas del movimiento estudiantil. La consulta reunió 700 000 votos aproximadamente”[3].

El CGH echó mano dos veces más de este recurso. Uno primero para lograr la destitución del inefable rector Barnés y otra más, los días 18 y 19 de enero del año 2000, como respuesta al plebiscito lanzado por la rectoría que anunciaba una salida no negociada del conflicto.

Si bien no es lugar para evaluar las especificidades de estos procesos políticos, lo importante es destacar que la consulta no es algo nuevo en el espectro de las izquierdas. La idea de que una consulta es sólo la instalación de mesas es errónea, lo importante es el proceso que lleva a su realización, la capacidad de movilizar a conjuntos poblacionales de manera autónoma y su disposición política.

Así, parafraseando la frase del teórico socialdemócrata –calificado como “revisionista”– podríamos decir que en la consulta “el camino lo es todo”.

[1] https://www.margen.org/marcha/espe02.htm

[2] Ibid.

[3] Marcela Meneses, ¡Cuotas no!, México, PUESS, 2019, p. 73 [https://www.puees.unam.mx/publicaciones/Libros/Meneses2019_CuotasNoElMovimientoEst.pdf]

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¿La ley no se consulta? Consulta popular y democracia legítima

César Martínez (@cesar19_87)*

Despidiéndose en 2018 como ministro activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío dio un discurso cuya idea implícita forma parte del repertorio conservador en México: la idea de que la participación directa del pueblo raso en política vía referendos, plebiscitos o consultas populares representa una amenaza para la “democracia” definida como sinónimo de las “instituciones”. De ahí que el sector reaccionario de nuestra sociedad haya acuñado la frase “la ley no se consulta,” racionalizando el miedo a la transformación de un orden jurídico degradado tras más de 30 años en déficit de legitimidad.

Viéndola así, la consulta popular también permite a la ciudadanía cuestionar la responsabilidad histórica del poder judicial durante el periodo neoliberal.

Cossío declaró en aquella ocasión:

Si ustedes pasan hoy por las mesas de novedades de las librerías importantes de México y el extranjero, hallarán muchísimos libros sobre la crisis de la democracia y la muerte de la democracia. Pero también sobre las enormes presiones contra el sistema liberal y los valores constitucionales… La crisis de la democracia está trastocando la imagen general de la justicia constitucional y esto me parece peligrosísimo porque la democracia en el apoderamiento de los órganos de Estado está suponiendo que puede hacerse, desde los órganos de Estado, lo que venga en gana, que porque a final de cuentas ‘se tiene un gobierno legítimo y mayoritario’. Y la función central de la justicia constitucional es precisamente retener esos intentos.

Las palabras de Cossío no solo revelan el rostro anti-popular de este ministro en retiro (pues presenta la legitimidad democrática como si fuera algo negativo), sino que también exhiben el problema profundo de una clase burocrática e intelectual obstinada en la narrativa de la transición PRI-PAN del año 2000: es el hecho de disfrazar de democracia ciertos organismos e instituciones secuestrados por una minoría, al precio de desestimar la inteligencia de la gente y por ende sus opciones de participación política. La idea implícita detrás del discurso de Cossío es infantilizar al Pueblo y así usar a la justicia constitucional como obstáculo para impedir que el Pueblo ejerza su soberanía o que haga “lo que le venga en gana” como dicta la letra del artículo 39 de la Constitución.

Desde el conservadurismo se trata de usar al fetichismo legal como “fuerza negativa y coercitiva desatada en contra del poder productivo y creativo de la multitud constituyente,” como dice el profesor de derecho Andreas Kalyvas en su formidable artículo Soberanía popular, democracia y el poder constituyente, citando al filósofo italiano Antonio Negri. Es justo la idea clásica de soberanía popular/pilar del orden democrático, explica Kalyvas, la que despierta el rechazo de quienes presentan a la soberanía como algo ficticio, arbitrario e inestable: esta es, por citar un ejemplo, la visión neoliberal de los derechos humanos sosteniendo que defender libertades pasa por privatizar y fragmentar al Estado soberano entre diversos entes autónomos y organizaciones no-gubernamentales financiadas por gobiernos extranjeros.

Sin una valoración sincera de la soberanía popular en su facultad creadora de normas constitucionales y de actos políticos, la justicia constitucional presumida por Cossío es más bien una mezcolanza de leyes y reglamentos a discreción de distintos grupos de interés, en lo que Kalyvas denomina como un concepto empobrecido de democracia.

Resolver esta aberración según la cual la ley es contrapeso de la voluntad popular implica la habilidad de distinguir entre un poder constituido y el poder constituyente que lo constituye en primer lugar. Esto es, reflexionar el porqué la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llama así y no Suprema Corte de Justicia Constitucional: el poder judicial fue creado desde abajo por una soberanía incluyente de personas reconocidas iguales entre sí; y no desde arriba por una cofradía excluyente o burócrata-intelectual, lo que técnicamente sería un orden fabricado por un Golpe de Estado o “expresión de poder disfrazada de derecho.”

Kalyvas sostiene:

En todas sus expresiones retóricas, el poder constituyente siempre se ha colocado debajo del edificio civil y legal. Los diferentes nombres que se usan para designarlo – la ‘multitud’, la ‘Comunidad’, el ‘Pueblo’, ‘la Nación’ – sugieren, en última instancia, el límite absoluto de cualquier política, una política que sobrevive la disolución de gobiernos, el trastorno de sistemas legales y el colapso de los poderes instituidos. (98)

Repetir que “la ley no se consulta” bajo la superstición de que las instituciones públicas funcionan automáticamente, sin considerar ni consultar al Pueblo sobre sus decisiones, nos lleva al gran problema del siglo XXI: el debate acerca de los vicios de la democracia representativa está íntimamente vinculado con el déficit de legitimación o falta de credibilidad. Si Cossío fuera más allá de las mesas de novedades en las librerías, hallaría que la cuestión de fundar o reformar sistemas legales sin apelar al demos o Pueblo es la causa histórica de la decadencia de la Europa de Bruselas y Estrasburgo, o del Chile de los Chicago Boys, por mencionar dos casos. Así vemos cómo el paradigma democrático de Kalyvas no solo considera el origen soberano de la legitimidad institucional, sino también la aparición ex nihilo, espontánea, de las multitudes en las calles, las plazas, las avenidas y los zócalos cuando “casi por definición el Antiguo Régimen es parte del problema”. (101)

La ley sí se consulta cuando los encargados de aplicarla desde las instituciones han sido los primeros alcahuetes de la ilegalidad y la antidemocracia. ¿Qué fue el período neoliberal en México sino la violación flagrante de las normas constitucionales relativas a los derechos a la salud o a la educación, así como al patrimonio nacional, a través de modificaciones de leyes secundarias y de reformas constitucionales pagadas con sobornos? ¿Dónde estaba la Suprema Corte?

Una respuesta a esta última pregunta la ofrece Enrique Dussel, en concordancia con la distinción entre poder constituido y poder constituyente de Kalyvas:

… La ética, como ninguna otra dimensión o determinación política, constituye la esencia del Poder judicial, del sistema del derecho y de la aplicación de la ley. Si la corrupción toca igualmente al Poder judicial toda la comunidad se hunde en un estado de impunidad donde el justo y honesto es ridiculizado por el que no cumple los principios éticos ni la ley: el criminal, el burócrata corrupto, las bandas de asesinos, las mafias de la droga, rigen la vida pública. El pueblo queda indefenso ante la violencia de los sin ley, y reinando la inseguridad, el caos, el desorden crece la miseria y la destrucción, es decir, es la muerte anticipada de la comunidad corrompida. (74)

Ahora bien: ¿Es posible que a través de expresiones puntuales de soberanía popular o poder constituyente sean regenerados los poderes constituidos, y no que el populismo y el comunismo nos sumerjan en el caos y la destrucción como tanto teme Cossío?

La réplica a esta interrogante, tanto de Kalyvas como de Dussel, gira en torno al espacio intermedio, intersubjetivo e impersonal surgido en el instante en que muchas personas practican la “gramática de la ley”, presuposiciones implícitas como la igualdad, la autonomía, la inclusividad, el disenso y la reciprocidad. Citando a Niklas Luhmann, Dussel recuerda que una institución no es un edificio de cemento, sino un sistema de relaciones de mutua complementariedad cuyas conductas son codificadas ideológica y/o constitucionalmente. De la misma manera que las ideas implícitas de Cossío sobre la incapacidad del pueblo para gobernarse a sí mismo se vuelven explícitas en varios tipos de conservadurismos, (desde los más o menos elegantes hasta los abiertamente racistas y clasistas), los principios inmanentes de participación e inclusividad practicados por un cuerpo colectivo con voluntad política se convierten en leyes superiores que “determinan las relaciones jurídicas dentro de una nueva comunidad” (Negri citado por Kalyvas, 96). En otras palabras, solo el pueblo soberano puede moralizar la vida pública y regenerar instituciones corrompidas que de otra manera ya se hubieran colapsado.

Quienes suelen burlarse usando sarcásticamente la expresión “el pueblo bueno” en realidad expresan la misma inquietud de Cossío al hablar de las presiones sobre el “sistema liberal” cuya función consiste en reemplazar el poder soberano de la Nación por el poder representativo de una muy cuestionable erudición individual. De modo que Dussel se halla en el polo opuesto a Cossío al explicar que las virtudes éticas pilares del contrato social como la fortaleza, la probidad y la prudencia no son atributos personales sino comunitarios: “pensamos, al contrario de lo que piensa el liberalismo moderno, que dicho contrato no se organiza explícita y posteriormente a la acción individual de los miembros de la sociedad política, sino que ya se encuentra dado a priori o anticipadamente.” (69)

Mientras la visión neoliberal de la justicia constitucional ve a la soberanía popular como un poder ficticio, arbitrario e inestable, la visión democrática de la justicia constitucional ve a la soberanía popular como el poder creador y regenerador de la legitimidad de instituciones decadentes y fetichizadas. El pánico de Cossío a “la democracia en el apoderamiento de los órganos de Estado” es la señal inequívoca de que el Antiguo Régimen sigue siendo parte del problema.

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y maestro en Literatura Estadounidense por la Universidad de Exeter.

Bibliografía

Dussel, Enrique (2019) Hacia una nueva Cartilla Ético/Política, México: Brigada Cultural.

Kalyvas, Andreas (2005) “Soberanía Popular, democracia y el poder constituyente”, Política y Gobierno, 12:1, pp. 91-124. Disponible online en http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/310/220

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Transformar nuestra tragedia: el juicio a los expresidentes

CE, Intervención y Coyuntura

La tragedia no sólo es uno de los géneros literarios más antiguos de la humanidad, es la manera como muchos artistas han interpretado diversas situaciones de la vida humana, dando cuenta de lógicas de dominio irracionales que encierran a la humanidad en un ciclo de desgracia.

Una de las obras donde podemos ver claramente esta tendencia trágica es en Antígona de Sófocles, en la cual se puede apreciar el enfrentamiento entre dos concepciones de la ley. La de Antígona que, ante el asesinato de su hermano Polinices, busca darle sepultura; y la de Creonte, quien considera a Polinices un traidor a Tebas, por lo que le niega el derecho a tener una sepultura. Antígona desobedece a Creonte y sepulta a su hermano, por lo que es castigada y sentenciada a ser enterrada viva, con lo que no sólo se da cuenta del destino trágico de la familia de Edipo y Yocasta, sino de cómo Antígona es castigada por la legalidad ilegítima.

En ese mismo sentido podemos hacer una lectura de Romeo y Julieta de William Shakespeare, en donde la tragedia se suscita en el enfrentamiento entre dos órdenes: el amor y el odio entre familias. Julieta le dice a Romeo: “sólo tu nombre es mi enemigo” y con ello la adolescente de Verona da cuenta de que su apellido no es aquello que le da identidad a Romeo, que pueden dejar atrás todo el odio entre sus familias y amarse de manera humana. No obstante, la tendencia trágica se impone y ambos adolescentes mueren.

En ambas obras encontramos a sujetos que se enfrentan a una ley superior, tratan de cambiar el status quo, o al menos burlarlo, pero a cambio, solo la muerte les espera a aquellos héroes y heroínas a manos de un régimen irracional que procura relaciones inhumanas.

En ese sentido, México llevaba inserto años en el ciclo de la tragedia, en un continuo saqueo de recursos y vidas a causa de un orden que se percibía como un destino que no cambiaría nunca. Numerosas son las gestas que la izquierda mexicana ha dado en contra del régimen irracional que nos gobernaba y más numerosas son las muertes que ha suscitado, ya sea por pobreza o represión.

El juicio a los expresidentes es una manera en la que el pueblo democráticamente puede resarcir años de una justicia que le ha sido negada. Lo que representa el juicio a los expresidentes en el terreno de la transformación del país es acabar con un régimen anterior a la Cuarta Transformación que hizo de la corrupción, la impunidad y la muerte, los pilares que lo sostuvieron. Para que este ejercicio salga victorioso es necesario que 37 millones de personas pidan el juicio a los expresidentes, que hasta el momento gozan de impunemente de sus riquezas.

¿Por qué juzgar a los expresidentes? Quizá son muchas las afrentas que han cometido contra el pueblo de México, pero de una manera puntual y sencilla hace alrededor de un mes, en una de las mañaneras, AMLO puntualizó que principalmente el juicio a Carlos Salinas estriba en el despotismo con el cual entregó los bienes de la nación a sus allegados. Mientras que Ernesto Zedillo con el FOBAPROA endeudo a generaciones de mexicanos que aun no había siquiera nacido. A la vez que Vicente Fox traicionó la democracia al participar activamente en el fraude electoral de 2006. Felipe Caldearon desató la guerra contra la delincuencia lo que convirtió al país en un territorio de masacres. Por último, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha representado un régimen de corrupción que ha dañado la vida pública del país. Nosotros, desde Intervención y Coyuntura, pensamos que son muchas más las causas por las que se debe juzgar a los expresidentes, pero sin duda cada sexenio significó una manera distinta de la corrupción, la delincuencia y el autoritarismo del PRIAN.

De esta manera la consulta para el juicio a expresidentes se inserta en un nuevo ciclo que pretende cambiar la tragedia del pueblo mexicano por el de una épica transformadora. La consulta no propone la venganza, así como tampoco Antígona o los adolescentes de Verona la buscaron; se busca transformar el régimen irracional, se pretende que nuevas relaciones sociales emerjan con ello, sanar heridas y poder seguir caminando a nuevos horizontes. No es un mero ejercicio de catarsis, pues la consulta propone poner en movimiento a diversos sectores de la población y romper el sentido común que la retrograda oposición trata de imponer. No estamos dispuestos a volver a la paz de los sepulcros, a la tendencia trágica de nuestra historia. Hay un movimiento de masas agrupado alrededor del obradorismo que está construyendo una nueva épica que tiene como eje la idea de comunidad; aún queda por ver hacia donde transita este movimiento, pero por ahora, la consulta es una herramienta más para romper nuestro ciclo de tragedia.

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