CE, Intervención y Coyuntura

Para Leonardo Lomelí Vanegas, actual secretario general de la UNAM, la institución ha cumplido a cabalidad su papel como polo crítico al neoliberalismo; en su opinión: “la Universidad ha sido crítica en torno al neoliberalismo desde que se comenzó a manifestar a mediados de los años 80”.^[1] Para realizar dicha aseveración, menciona la copiosa cantidad de publicaciones que la institución ha realizado en torno al tema del neoliberalismo. Los tiempos que corren han permitido que el segundo funcionario de mayor importancia en esa institución se manifieste en el órgano informativo de la institución.

Sin embargo, ¿Se puede decir que todo lo que la UNAM publica es parte del discurso institucional? No hay que confundirnos, una cosa es el discurso institucional y otra cosa son la serie de actividades que la comunidad realiza; el que la Universidad edite con respecto a un tema no hace que la institución adopte una determinada perspectiva ideológica o determinada postura. No obstante, el discurso del secretario general pone en evidencia la intención de crear, desde el discurso institucional, una imagen de la UNAM como un espacio plural, amplio, democrático, desligado de los poderes fácticos y con una especie de identidad transhistórica.

Esta imagen, que pretende ser enarbolada como una “identidad universitaria”, es tan solo un espejismo por medio del cual un cierto sector de autoridades unipersonales se apropia de los discursos críticos de una comunidad. Así, dicha imagen se convierte en una mediación que ha buscado encubrir las diversas articulaciones neoliberales que operan en la Universidad y que Job Hernández ha puntualizado:

Como se ha señalado en estos días, lo que ocurrió fueron los reiterados intentos por ampliar el cobro de servicios, la reforma en clave neoliberal de los planes de estudio, la imposición de un sistema de retribución académica “productivista” y de un régimen laboral de precarización generalizada, el uso faccioso de la universidad para la acumulación de grandes fortunas personales, la generación de una estructura de retribuciones altamente inequitativa, la profundización de las brechas sociales entre un núcleo privilegiado y una periferia que vive al día y la subordinación de la investigación científica a la agenda de las grandes empresas en detrimento de los grandes problemas nacionales. Neoliberalismo puro y duro. Eso es la universidad pública en México hoy”.^[2]

La estrategia de crear una imagen conveniente por parte de las autoridades no es nueva. Ya José Revueltas advertía que la UNAM había sido crítica del modo como los gobiernos empleaban el extinto artículo 145 del Código Penal, referente al delito de disolución social. El autor duranguense recupera que, en 1958, en el pleno del Consejo Universitario de la UNAM,^[3] un catedrático de la Facultad de Derecho expuso que el “artículo 145 del Código Penal negaba el espíritu de la Constitución y era un atentado contra la libertad, la democracia y los derechos del individuo”.^[4] Revueltas cuestionó el porqué en aquel momento la UNAM tan sólo condenó la actitud del gobierno y no se solidarizó con los movimientos reprimidos, si ella misma había caracterizado a este artículo del Código Penal como contrario a un sistema democrático.

Como se puede ver hay una línea que conecta estos momentos en la historia de la Universidad y que podemos resumir en tres puntos: 1) la idea de que la crítica que se hace desde la Universidad hacia la sociedad se realice desde la contemplación, que no rebase las aulas o las páginas de los libros; 2) que la imagen de “pluralidad, neutralidad y de crítica” que se emplea en el discurso institucional es una retórica a conveniencia, que le permite camuflagearse y ocultar que la institución es administrada por grupos con agendas políticas y económicas inscritas en el juego político nacional e internacional; y 3) que la ejecución de diversas medidas de superexplotación y exclusión, caminan en contrasentido de la crítica que su comunidad ejerce.

La comunidad universitaria y la sociedad mexicana deben discutir sobre el rumbo que debe tomar la institución. Hay varios signos urgentes que permiten hacer este llamado. El primero es el uso indiscriminado de la autonomía, que se ha convertido en parapeto de determinados grupos para que nadie cuestione su administración y los medios por los cuales se ha hecho de ella. El segundo es la escandalosa cifra de aspirantes rechazados bajo la –esa si muy neoliberal– argumentación, de que calidad y masividad son irreconciliables. El tercero es la necesidad del reajuste de una institución que opera bajo una lógica salarial y contractual que ya no se corresponde con los tiempos actuales en donde el requisito mínimo para entrar a ese esquema laboral es cursar un doctorado. El cuarto es el escandaloso dispendio de autoridades y funcionarios, así como la aún más escandalosa corrupción normalizada a partir del control de las Secretarías administrativas y el régimen de los proveedores.

Sobre este último punto aún faltan investigaciones puntuales y más precisas. Coloquemos un par de ejemplos. Si un o una investigadora asiste a una actividad académica puede disponer de un recurso económico, usualmente cuando la Secretaría Administrativa toma la función de ser la que compra el boleto, este suele tener un costo dos o tres veces más que cuando el o la investigadora lo realizan personalmente, ¿por qué esta irracionalidad económica opera en una institución evaluada como adecuada y adelantada en sus procesos administrativos?. Otro tema –aparentemente fuera de la corrupción, pero irracional desde cualquier punto de vista– es cómo la universidad se ha colmado de evaluaciones, caso ejemplar son las “certificaciones” a los programas de licenciatura: la Universidad paga a una institución externa para que ésta la evalúe, generando un desvío de energías de “actividades sustanciales” hacia ¡la creación de informes!, gastando recursos que van a parar a “especialistas” que evalúan a su cliente, que, sí o sí, tendrá que asumir el costo y que después presumirá, en otras evaluaciones, su alta calificación.  ¿Deciden los universitarios sobre estos temas o sobre otros? No.

Otro punto que debería estar ya en una discusión más firme es la necesidad de una reforma laboral. Para nadie es un secreto, y en los últimos 5 años, se pone de manera más evidente la sobre explotación de los profesores de asignatura, los cuales no sólo están siempre en riesgo de perder su empleo por cualquier motivo que suceda de imprevisto, sino que se someten a jornadas laborales en situación de extrema precariedad, no solo por el bajo salario, sino porque en su calidad de trabajadores eventuales no gozan de ninguna prestación social. Es un secreto a voces que en algunas Facultades como la de Filosofía y Letras se conocen casos de profesores que ni siquiera perciben ese sueldo precario, sino que sólo se les otorga una constancia académica con la que justifican que dan clases en la máxima casa de estudios. El aumento de este profesorado precario corresponde a muchas lógicas que habría que desmenuzar con mucho cuidado, pero una de ellas es el efecto que el régimen neoliberal de los estímulos afecta incluso la docencia, pues la productividad en proyectos de investigación o en cursos de posgrado puede eximir a los investigadores de dar clases en nivel licenciatura.

En toda esta discusión hay un punto que urge poner a debate y es precisamente el de la reforma salarial. Quizá este punto será de los últimos en ponerse sobre la mesa, y de los que seguramente más reticencia se tendrá, esto porque la constitución de un esquema de estímulos impide pensar que pueda haber un tope salarial. Además de que los estímulos operan en una lógica en la cual las funciones administrativas se piensan como una compensación del dinero sobre el tiempo que se le destina a esas actividades, lo cual en el fondo es una forma encubierta de sobre sueldo que gozan quienes se aventuran a hacer carrera administrativa. Esta situación de los estímulos, que no es propia de la UNAM ya opera en todas las instituciones públicas universitarias del país, en parte es responsable de la poca movilidad laboral. Esto debido a que el sueldo neto de varios investigadores con carreras consolidadas representa un tercio o una cuarta parte de su salario actual, pero al momento de jubilarse la pensión que podrán gozar, en el mejor de los casos, representaría ese sueldo neto o algo aproximado. La UNAM y su cuerpo académico, como varias instituciones, prefirieron avanzar por el sendero de la competitividad y la “excelencia” –impuesto por el régimen neoliberal de los estímulos– que defender un esquema sustentado en derechos laborales. 

Otro tema que urge repensar y que los esquemas coloniales y de privilegios, tan anclados en la UNAM, no permiten pensar es el tipo de funcionarios que queremos y que tenemos. Este uso suntuoso del presupuesto en oficinas de lujo, en servicios de comidas y de catering con costos elevados, con funcionarios administrativos a los que se les paga un chofer. Son una ofensa no sólo para una comunidad como la UNAM en la cual hay una capa de su comunidad que proviene de estratos sociales presurizados y que les ha costado a sus familias el poder llegar a estudiar esos niveles académicos. Y también son una ofensa por la precariedad laboral de una parte de sus profesores, como ya mencionamos. Esto implica también un cambio de percepción que hay que impulsar y que tiene que ver con la manera en que la cultura política mexicana actual necesita y exige de los funcionarios públicos, como sujetos que están para servir, en un amplio sentido de la palabra, y no para actuar en beneficio propio, haciendo uso del presupuesto que bien podría ejercerse en becas, en salarios para el profesorado o en las distintas tareas de mantenimiento que la institución requiere.

Algunos se preguntan a qué se debe la “ofensiva” presidencial frente a dicha institución. La respuesta es clara: ante los vientos de cambio, la UNAM quiere seguir anclada en el pasado y, además, haciendo activismo a favor de la corrupción, ¿cómo explicar la designación de Enrique Cabrero a la Junta de Gobierno?

Aunque en todas las mañaneras del resto del sexenio se siga criticando y exponiendo un sin número de prácticas “cuestionables”, nada de esto cambiará si la comunidad universitaria no emprende el proceso de demanda y conformación de una nueva reforma universitaria.

^[1] Daniel Francisco, “La UNAM, crítica del neoliberalismo desde hace 40 años: Lomelí” en Gaceta UNAM, octubre 2021. https://www.gaceta.unam.mx/la-unam-critica-del-neoliberalismo-desde-hace-40-anos-lomeli/

^[2] Job Hernández. “La Universidad en esta hora de cambio” en Intervención y Coyuntura. Revista de Teoría y Crítica Política. Octubre, 2021. https://intervencionycoyuntura.org/la-universidad-en-esta-hora-de-cambio/

^[3] Hasta la actualidad, este es concebido como el máximo órgano de toma de decisiones de

la institución.

^[4] Revueltas, México 68: juventud y revolución. México, Ediciones Era, p. 118.