Miguel Ángel Molina Hernández

Profesor UNAM

En el marco de los procesos de independencia de América en el siglo XIX, desde el pionero dirigido por los esclavos de Haití hasta la totalidad de la América española –sin olvidar el caso singular brasileño–, es que surge la denominada utopía latinoamericana de la integración. Tal u topos es atribuido al pensamiento y acción de Simón Bolívar que en diversos escritos y ante los acelerados acontecimientos del convulso momento histórico, irá perfilando la idea de la Patria Grande.

Esta idea unionista, integracionista, tenía como marco de referencia alcanzar y defender la independencia por parte de España o de cualquier otra potencia extranjera, así como fortalecerse ante el comportamiento de los Estados Unidos de América que, con su actuar respecto a la coyuntura independentista, sembró absoluta desconfianza en Bolívar, de la misma forma la conducción de Reino Unido aprovechando las circunstancias para promover su libre comercio.

En el plano práctico, consumadas las independencias las grandes unidades político-administrativas, conocidas como virreinatos y capitanías generales se resquebrajaron para dar paso a las nuevas realidades estatales independientes que un primer momento nacieron como grandes unidades territoriales tales como el Imperio mexicano, la Gran Colombia, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Peruano-Boliviana, entre las más relevantes, para sufrir una segunda “ola desintegracionista” producto de fuerzas centrífugas surgidas de los conflictos entre las élites independentistas criollas regionales, la desidia o participación  de los Estados Unidos y la instigación comercial inglesa. Hechos que provocaron el desencanto de Bolívar, expresado en la frase “la América es ingobernable para nosotros”. A pesar de ese temprano fracaso unionista, podemos decir que tal idea era compartida por sus contemporáneos, al materializarse en sucesivas reuniones con intenciones integracionistas en las que se buscó dejar fuera la influencia estadounidense e inglesa. Naciendo así la utopía de la integración bolivariana, como un futuro deseable, posible.

La imposición de la realidad estructural material, político y social dio paso a la consolidación de varias repúblicas desvinculadas entre si facilitando su incorporación como satélites a los centros económicos mundiales para jugar un papel clave en la expansión del sistema capitalista por el mundo, a través de la clásica división internacional del trabajo en el formato de economías primario exportadoras, modalidad de inserción al capitalismo mundial controlado por las oligarquías locales consolidando así un capitalismo periférico dependiente en el tránsito del siglo XIX al XX.

Teniendo como antecedente la llamada Doctrina Monroe, un recurso propagandístico del presidente estadounidense, James Monroe en 1823 declaró inadmisible el intervencionismo europeo como reacción de la manifestación del apoyo a España y los borbones por parte de la Santa Alianza; ello para recuperar las provincias americanas, situación que con trabajo diplomático y presiones la propia Inglaterra desactivó para preservar su lucrativo comercio con los países recién independizados. No obstante tal declaración serviría como un principio orientador de la política exterior estadounidense hacia el subcontinente, al agregarle entre otros, su corolario más famoso por el presidente Roosevelt en 1904.

Entre 1879, año en que sucede la Segunda Guerra del Pacífico (entre Chile, Perú y Bolivia) en el que la influencia y apoyo del capital inglés a los chilenos marcaría la victoria para estos, y 1898, año de la guerra hispano-estadounidense que significaría la perdida definitiva de España de sus posesiones coloniales en América y Asía, un Estados Unidos más fortalecido y cada vez más influyente en América convocó a la Primera Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en 1889, inaugurando el concepto de “sistema panamericano”, de clara inspiración monroísta, apropiándose así la organización internacional americana bajo su tutela. Surgiendo la dicotomía entre el latinoamericanismo de origen bolivariano y el panamericanismo monroísta.

Ya como máxima potencia en 1947, en el marco de la Guerra Fría, instauraría el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) de 1947 y en 1948 culminaría dicho dominio hemisférico institucional con la fundación de la OEA.

Es con los grandes cambios mundiales y consecuentemente regionales del siglo XX que, a través de una gran transformación producto de la lucha de clases en América Latina, del orden oligárquico a una nueva élite burguesa nacionalista y pro industrial, que evolucionó hacia un Estado desarrollista, que en la década de 1950 se retomó el ideal de la integración apoyada por la escuela estructuralista cepalina con el objetivo de ampliar lo estrechos mercados nacionales y la complementariedad del esfuerzo industrializador. A los largo de las siguientes décadas se consolidó el denominado “patrimonio histórico” de la integración latinoamericana, que consistió en una serie de mecanismos y acuerdos regionales y subregionales que tuvieron resultados limitados para las metas planteadas, pero que fueron las primeras experiencias de integración económica, manteniendo viva la idea, al menos en el discurso político de la Gran Patria Latinoamericana.

El contexto de Guerra Fría y la presencia del panamericanismo no ayudaron mucho a la proyección integracionista latinoamericana. El optimismo democrático en la región experimentado entre 1930 y 1946, de la mano de los proyectos desarrollistas de corte nacionalista, trajeron consigo la pluralidad política propia de la dinámica de alternativas al capitalismo derivada de la existencia del “socialismo real” y su influencia en el mundo subdesarrollado y recién descolonizado creando de manera paulatina una radicalización de las demandas que se plasmó en una mayor competencia política partidista de movimientos y alianzas populares que pronto alertaron a las grupos dominantes burgueses de su peligrosidad para el nuevo status quo. Ante tal panorama, la puesta en marcha de políticas anticomunistas desde los Estados Unidos y sus pares locales en Latinoamérica, fue exacerbando la volatilidad política al punto de considerar indeseables las agendas políticas de izquierda no marxista que pugnaban por la ampliación de derechos sociales y la consolidación de los procesos de democratización.

Desde mediados de 1950 se experimentó un retroceso en las incipientes democracias latinoamericanas con la ilegalización de fuerzas políticas de izquierda “radicales” y puesta en marcha golpes de Estado de corte autoritario y restrictivo de las reformas sociales, entrando a un período de inestabilidad política de difícil aprehensión ideológica que tendría su desenlace primero con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y segundo la contra respuesta con el inicio de las dictaduras militares en América Latina en las décadas de 1960 y 1970.

Durante ese período los procesos de integración estuvieron enmarcados bajo la prioridad de la dinámica regional de la Guerra Fría: la conducción bajo la voz cantante de los Estados Unidos a través del diálogo político interamericano  de concepción panamericanista, la ayuda económica brindada a través de la Alianza para el Progreso (ALPRO) de 1961 y la Doctrina de Seguridad Nacional, todas marcadas por un intenso anticomunismo y apoyo a los regímenes militares facistizados.

En ese marco de regímenes militares fascistas de América Latina, se aceleró y profundizó la acumulación de capital basada en una mayor explotación de la fuerza de trabajo que permitió acelerar los procesos de concentración –sobre todo de centralización del capital– y precipitó, saltando las barreras nacionalistas, el proceso de transnacionalización de las economías latinoamericanas bajo la nueva división internacional del trabajo. En todo esto, los mecanismos y acuerdos de integración con todo y sus carencias fueron de los vehículos principales que beneficiaron al gran capital local y trasnacional sobretodo dado el carácter creciente de dependencia financiera y tecnológica de los procesos más complejos de industrialización.

La década de los años ochenta mostró que tanto el TIAR como la OEA eran ineficaces en dar soluciones a los graves problemas que enfrentó América Latina en ese momento: la Guerra de Malvinas, el Conflicto Centroamericano y la crisis de la deuda. El sistema interamericano de seguridad brindaba seguridad a Estados Unidos pero inseguridad al resto de los estados del hemisferio.

Fue en este vacío, tanto de legitimidad como de operatividad, que comenzaron a surgir otras instancias de cooperación exclusivamente latinoamericanas conocidas como procesos de concertación política y económica. Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora, el Consenso de Cartagena y el Grupo de Río son la muestra de esta tendencia que se inicia en 1983 y se proyecta a través de la década.

La crisis de deuda en 1982, la apertura económica y el fin del objetivo de la industrialización integral de esa misma década, dejo al patrimonio histórico de la integración regional cual cascarones vacíos, que tendrán su reformulación de la mano de la CEPAL bajo el axioma del regionalismo abierto ante un contexto de globalización y competencia económica internacional en la década de 1990, dotándolos de una nueva naturaleza en apoyo a la apertura económica y la inserción de la región a las corrientes del comercio mundial. A mediados de la 1990 este modelo integracionista tuvo un repunte y éxito relativo para volver a languidecer a finales de la misma década.

El fin de la Guerra Fría, la pérdida de posición estratégica desde mediados de 1980 de la región latinoamericana sumados al fracaso del denominado Consenso de Washington a finales de la década de 1990, va a traer un renovado aliancismo de los diversos grupos de izquierda sobrevivientes del período de las dictaduras y la lucha contrainsurgente sumados a movimiento surgidos al calor de las circunstancias propias de las graves crisis de década perdida y su continuación en la siguiente década producto de las reformas estructurales y las políticas económicas, que aprovecharán el retorno de la democracia acaecido a mediados de los ochenta configurando opciones políticas identificadas de manera genérica como progresistas que llegarán al poder mediante los procesos de democracia procedimental al poder del Estado.

Con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 a la presidencia de Venezuela, se identificó en América Latina la inauguración de un ascenso al poder estatal de fuerzas progresistas en algunos de los países latinoamericanos, mientras que en otros parece que el proyecto neoliberal se va afianzando. La relativa coincidencia ideológica jugará como detonante de la reactivación de concertación política regional –y subregional sobretodo en el Cono Sur–, entendida esta como un esfuerzo más o menos sostenido de cooperación política entre varios países de la región. A la par, algunos acuerdos integracionistas son extendidos y dotados de una participación ampliada en asuntos sociales y culturales que rebasan lo estrictamente comercial.

Uno de esos mecanismos de concertación política de alto nivel fue la Conferencia de América Latina y Caribe (CALC); su creación fue acordada en la Cumbre de la Unidad, convocada por el Grupo de Río y la CELAC que se llevó a cabo en la ciudad de Playa del Carmen, México, en febrero de 2010, para finalmente en Caracas firmar los estatutos fundacionales en el marco de la III Cumbre de América Latina y Caribe (CALC) en 2011. Venezuela y Chile, en su condición de Presidencia CALC en los años 2011 y 2012, respectivamente, fueron los países encargados de redactar los Estatutos de la nueva institución regional.

Al igual que en la década de los sesenta y setenta del siglo XX, a lo largo de seis cumbres en ocho años, han existido encuentros y desencuentros; a una dinámica inicial prolífica, encabezada por la coincidencia ideológica entre los países más grandes de América Latina, vino aparejada la derrota electoral de esas izquierdas variopintas bajo diversas estrategias impulsadas por redes de derecha internacional y financiamiento a organizaciones de la sociedad civil por los Estados Unidos en apoyo a las derechas locales, así como el manejo de los medios locales e internacionales de comunicación para construir un relato para desprestigiar y ensalzar los errores de esos gobiernos progresistas –sin obviar las omisiones y errores de dichos gobiernos pioneros de izquierda de siglo XXI.

Una vez reinstalada las derechas locales comenzaran el desmontamiento de los avances sociales y de las responsabilidades estatales reasumidas por el impulso de la izquierda y con ello visibilizarían la polarización social producto de la exacerbación de la lucha de clases dinamizada en un contexto de  libertades políticas limitadas que la institucionalidad política-electoral no podría contener trasladándose esa lucha a través de otras arenas públicas. Ese tiempo coincidió con la desactivación del mecanismo de la CELAC hasta paralizarlo desde 2017, incluida la salida de Brasil en 2020 impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro, a la par mecanismos como la tradicional OEA se revitalizaban así como otros mecanismos de clara tendencia de derecha como el Grupo de Lima, creado en 2017, compuesto por países de América del Sur que hostigan al gobierno Venezolano.

La CELAC de 2021 encabezada por la presidencia Pro tempore encabezada por México, que cuenta por primera vez en su historia con un gobierno de izquierda y que no sea el emanado del proceso revolucionario de 1910, revitalizó las consideraciones sobre el proceso de integración de concepción latinoamericanista reavivado por un segunda ola progresista en la región.

Lo cierto es que esos espacios de organización política regional están en disputa ante el reordenamiento de los centros de poder mundial con un Estados Unidos en aparente retirada de su viejo andamiaje de alianzas e instituciones sobreviviente de Guerra Fría, ante una transición de ese centro de poder hacia Asía, concretamente China y las nuevos contextos regionales desplegados de los últimos diez años a partir de ese reacomodo. Para América Latina no es fácil transitar en ese contexto de una nueva relación ante una potencia regional en América que de manera “natural” por la historia de los últimos 200 años intentará replegarse sobre el continente como el último de sus subterfugios para el futuro cercano.

Un gran reto para la anhelada utopía de la unión e integración latinoamericana y especialmente de sus pueblos.