CE, Intervención y Coyuntura

Las transformaciones en el seno de la sociedad no se dan de una vez y para siempre, como si se tratara de objetos producidos por la mano humana. Son procesos que se encuentran en posibilidad de ser ampliados o delimitados. Una u otra opción depende del ánimo (es decir, de su voluntad) de la sociedad, de su disposición para encarar nuevos retos y proponer o promover agendas emergentes, pero también de los liderazgos que asumen las problemáticas pasadas, presentes como futuras. Ningún liderazgo puede responder a todas esas dimensiones por sí solo. Es pues, una idea fundamental la de que la transformación solo es exitosa si es duradera; y solo tiene tal adjetivo si segmentos importantes de la sociedad la hacen suya.

En el México de la 4T un tipo de transformación ha iniciado, bajo un ataque constante de poderes “tradicionales” (es decir, del mercado), de quienes pierden privilegios y de quienes buscan conservar una situación desvantajosa para las grandes mayorías. Esto no es raro, ni anómalo, y mucho de lo que se presenta alarmantemente como “golpe blando” no es más que la enésima forma de la política de clases y grupos en defensa de sus intereses.

Este panorama nos obliga a reconocer que no hay un solo tiempo para la transformación de la sociedad. Su temporalidad es siempre diversa. En el México moderno ha ocurrido a través de diversos sexenios, que son una marca temporal formal que se ha establecido y rutinizado. Sin embargo, la sedimentación de ideas y prácticas que apuntalen la justicia y el bienestar, pueden tener otro ritmo y, de hecho, lo tienen. Una transformación se nota más por sus consecuencias que por sus momentos inmediatos. Un utopismo ultra izquierdista es el que espera la consecuencia en el acto mismo: son momentos disociados, diferenciados, no coetáneos.

Una transformación es exitosa no por cuanto más aparentemente rápida sea, sino por cuanto logre cristalizarse en la sociedad, y por cuanto más ésta se haga parte de ella. Por esta razón es importante insistir en la idea de conservación y duración de la transformación. Notará la o el lector, la terrible contradicción de la política: el cambio se dirime también en su conservación, es decir, en su no-cambio. Pero volviendo a nuestro hilo a propósito del contenido fundamental de cualquier proceso: su preminencia no es un acto de un grupo o un sector, es una necesidad de las mayorías de la sociedad, y esta es efectiva cuando dichas mayorías la hacen suya, la defienden y, por supuesto, cuando la moldean. El contenido de la transformación es la forma que la sociedad le da, ni más ni menos. No hay receta, ni “programa” mágico, ni guía en pocos pasos. La transformación realmente existente es la que la sociedad se permite, con sus liderazgos y sus ritmos.

México vive desde 2018 el inicio, incipiente pero fundamental, de una transformación. Se están sentando las bases, porque se colocó énfasis en lograr reconstituir el instrumento cardinal para proteger a la sociedad de los vaivenes de un mecanismo desequilibado y en crisis como es el mercado en su forma específica neoliberal. Ese instrumento es la soberanía popular, que a través del Estado, reestablece vínculos rotos por la violencia, la pobreza y la desigualdad.  

Ahora bien, podemos preguntar: ¿qué es lo específico de una transformación que apuntala a colocar derechos y libertades en el centro de la sociedad? El corazón de la transformación se encuentra, en este momento, en un doble movimiento. Por un lado, el combate a la corrupción como elemento que inicia el desmontaje del viejo orden político y económico, y, por el otro, la ampliación de lo público, como forma de involucrar a las grandes mayorías.

El combate a la corrupción debe ser permanente, no un acto episódico ni dramático. Es importante, sin embargo, comprender sus dimensiones estructurales, más aún en un proceso de transición. La bancarrota del modelo neoliberal y su lento desgajamiento, generará oportunidades para que la corrupción pueda anidarse de nuevo dentro del Estado. Esto es una realidad que no podemos obviar.

Se trata de una concepción integral de la corrupción. No refiere a actos individuales o aislados, ni tampoco a onerosas burocracias que la combaten. Involucra los grandes poderes corporativos, las grandes trasnacionales, el sistema financiero: se encuentra en el centro de la reproducción del capital. La corrupción debe ser entendida como un estado generalizado propiciado por las economía de mercado en países con soberanía debilitada, al cual se le puede y debe combatir políticamente.

El combate político contra la corrupción es de primera importancia para la cuarta transformación, porque combatirla no es un acto legal o policiaco, es una disputa del sentido que aspiramos que tenga la sociedad en su conjunto. Combatir políticamente a la corrupción es importante porque no aisla el fenómeno, ni lo coloca exclusviamente en términos de moralidad o decisión individual. Es un acto profundamente político porque con corrupción no hay derechos que valgan, no hay igualdad posible y no hay justicia inmediata ni mediata.

La corrupción trae consigo no sólo la privatización de lo publico, sino que además, niega las principales aspiraciones políticas democráticas: la igualdad, la justicia, la equidad entre géneros, la conservación de la ecología, la amplaición de los derechos, el ejercicio ciudadano. Su accionar –de las prácticas corruptas– neutraliza esas aspiraciones democráticas de la sociedad. La corrupción solo beneficia a unos pocos, siempre.

Hay que vincular democracia, bienestar, derechos y libertades con el combate a la corrupción. Porque esta será siempre el lugar de los poderosos, su refugio frente a los ánimos y aspiraciones democráticas de la sociedad. Es la manera en que unos cuantos burlan los principios de igualdad y justicia. Si el combate contra la corrupción es, esencialmente político, se debe pensar en los principales instrumentos de la política pública. El primero y quizá más importante, es la ampliación de lo púbico. Porque lo público es siempre preservación por parte del Estado para la reproducción, pero también apropiación democrática de la sociedad. Las políticas que amplian lo público garantizan el despliegue de esta acción por parte del Estado, pero necesitan, siempre, de la acción colectiva, de la participación social y de la actividad militante de la ciudadanía. Lo público protege a la sociedad de las inclemencias de las economías globalizadas; da esperanza a los sectores que se encuentran en fragilidad; permite el cuidado de la vida su reproducción, pero también alienta a su ampliación. El incremento gradual y sistemática de la frontera de lo público hacia los principales nodos articuladores de la vida social: ahí está la posibilidad de una transformación duradera.