*César Martínez (@cesar19_87)

La iniciativa de Reforma Eléctrica desechada con los votos de una alianza encabezada por el PRI y el PAN abordaba un debate en México que en realidad es un debate global: ¿Es la energía un bien social (y por tanto se habla de un derecho a la energía, como proponía la reforma sobre el artículo cuarto constitucional), o se trata más bien de una mercancía de consumo según el paradigma dominante de la propiedad privada impuesto en nuestro país desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuyo clímax fue la reforma energética de 2013?

Para entender el dilema entre concebir a la energía como un bien social o como una mercancía de consumo, primero debemos dejar de lado la “narrativa ambientalista” según la cual la iniciativa pretendía generar electricidad contaminando el medio ambiente e ignorando tratados internacionales como los Acuerdos de París o el T-MEC. Quizá no tan sorpresivamente, el propio PRIAN prefirió no elaborar a profundidad dicha narrativa en las más de 12 horas de sesión en el Congreso, para enfocar todas sus baterías en dos argumentos: uno, que la iniciativa violaba la Constitución, y dos, que la iniciativa violaba la libre competencia.

En otras palabras, las diputadas y los diputados opositores que hicieron uso de la tribuna a menudo lo hacían autoproclamándose defensores de la Constitución y defensores de la competitividad (para lo cual es necesario imaginar una Constitución de fantasía donde la propiedad privada es principio constitucional, pues en la Constitución de la vida real el artículo 27 establece claramente que la propiedad privada está subordinada al interés público y que es la Nación quien dicta las modalidades de propiedad especialmente en cuanto a hidrocarburos, minerales y generación de electricidad).

Dos intervenciones que resumen el discurso contradictorio de la derecha previo a la votación final fueron las de los legisladores Jorge Romero Herrera e Idelfonso Guajardo Villarreal. El primero eludió la cuestión de los conflictos de interés en relación con cabilderos extranjeros diciendo que él no estaba en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “siempre y cuando esta se manejara como una empresa productiva”, mientras que el segundo culminó una tarde para el olvido con un lugar común: “los monopolios, sean públicos o sean privados, siempre son perjudiciales para el consumidor.” Poniéndoles atención, ambas intervenciones reflejan el paradigma de la energía como una mercancía de consumo al suponer que la industria eléctrica en México debe regirse como un mercado de acuerdo a la lógica del lucro y que la empresa pública CFE debe actuar como una empresa privada tipo Enel o Iberdrola.

De modo que más allá de presentar una defensa del “medio ambiente”, de “la ley”, o de “la competitividad”, al votar en contra de la iniciativa que contemplaba a la energía como un bien social, el PRIAN defendió férreamente a la propiedad privada como principio mismo y origen de la sociedad. 

Esta idea estremecedora aparece en el tratado escrito en el siglo XIX por el teórico francés Pierre-Joseph Proudhon, ¿Qué es la Propiedad?: “La propiedad –dice Ennequín– es el principio creador y conservador de la sociedad civil… de la solución del problema sobre si la propiedad es la causa o el efecto del orden social depende toda la moralidad, y por esa misma razón, toda la autoridad de las instituciones humanas”. De ahí que en el resto de su tratado, Proudhon argumenta que en las materias de primera necesidad existe una igualdad de derechos porque “en dos palabras la igualdad de derechos se justifica en la igualdad de necesidad.” Así, él concluye, que ahí donde la propiedad privada precede a la sociedad en realidad hablamos de una definición romana del derecho: “derecho de usar y de abusar, inmoralidad nacida de la violencia.”

Entonces la victoria pírrica del PRIAN en favor de la electricidad como mercancía realmente exhibe cuán enraizada dentro de diversas instituciones del Estado mexicano está la idea de la propiedad privada por sobre la idea de la igualdad de derechos. Esto, a pesar de que el verdadero principio constitucional es el del bien común, de acuerdo a la primera línea del segundo párrafo del artículo 27: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.” Sin embargo, José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y principal asesor del conservadurismo en temas constitucionales, al poco tiempo publicó una columna en El Universal donde sugiere vías legales para que el capital transnacional pase por encima de la nacionalización del litio mexicano. Hay párrafos del artículo 27, dice él, donde los privados solo aparecen excluidos de actividades muy específicas en petróleo y luz, mas no de la transición energética (de donde el litio deriva su importancia como energético del futuro). “En el resto, los particulares pueden contar con las correspondientes autorizaciones en las condiciones previstas por la propia Constitución y las leyes”, termina diciendo Cossío.

En esta ocasión, el Pueblo de México salió perdiendo dado que los paradigmas de la energía como derecho y bien social, y de la transición energética como responsabilidad exclusiva del Estado mexicano, no resultaron en letra constitucional. Puede incluso decirse que cuando los legisladores Jorge Romero e Idelfonso Guajardo, así como el ministro en retiro Cossío, usan conceptos como “empresa productiva”, “competitividad” y “autorizaciones para particulares” ellos están hablando de cosas que sí están escritas en el artículo 27 o en el 25 desde la reforma energética de 2013. Y es que aquella modificación constitucional, aprobada con los votos de los partidos de derecha, implica que dentro de la Constitución hay agujeros abiertos con dolo en perjuicio de la igualdad material de derechos. Se trata de que el gran problema acerca del cual escribió Proudhon hace más de 200 años, el de si la propiedad privada es causa o efecto de la sociedad, fue insertado alevosamente en los órganos legislativos y judiciales de México: abundan los políticos y burócratas sin principios para quienes el lucro es la única moralidad y el dinero es dios de la vida pública.

* Maestro en relaciones internacionales por la Universidad de Bristol y en literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.