El combate al narcotráfico es un compromiso adquirido por México y Estados Unidos (EE. UU. ) desde 1989 cuando el presidente George Herbert Walker Bush presentó su Estrategia Nacional contra las Drogas; ese momento en el que se emprendieron esfuerzos sistemáticos, nacionales e internacionales, para combatir lo que fue definido en ese año por el presidente Bush como «la amenaza doméstica más grave que enfrenta nuestro país hoy en día» (Blachman y Shap, 1989: 135), surge el mecanismo que buscó solucionar el problema del narcotráfico: «impulsar y concretar la firma del Convenio entre México y Estados Unidos para la Cooperación en la Lucha contra el Narcotráfico» (Luna, s. f., p. 12). Como ya es costumbre del país vecino, este instrumento de cooperación estuvo marcado por un corte intervencionista, basado en la realidad del narcotráfico desde la postura estadounidense y dejando de lado la realidad de México, sus problemas sociales, políticos y de seguridad. Así, este Convenio que tenía el objetivo de frenar la producción y distribución de narcóticos provenientes de México, no planteaba una solución integral al problema.

Mismo error que cometió el actual presidente de EE. UU. al considerar que el narcotráfico se puede erradicar solo con apoyo financiero, como lo mencionó en septiembre pasado durante una conferencia «A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas» (AFP, s. f.), el posicionamiento que tomó el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump al combate al narcotráfico, es un claro ejemplo que no existe interés en combatir el fenómeno de la seguridad local y hemisférica; y el problema, al menos en el discurso, se le atribuye a la limitada o nula participación del gobierno mexicano en acciones concretas contra el crimen organizado.

Sumado a lo anterior, ¿el cambio de gobierno puede ayudar a un combate real del narcotráfico entre ambos países? Joseph Biden fue senador en 1979 por el estado de Delaware, desde entonces impulsó la guerra contra las drogas en EE. UU., la cual tuvo repercusiones directas sobre México: «propuso discutir un bloque de reformas legales, de igual forma, la contratación de mil agentes para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés); 350 para la Agencia contra las Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y 300 más para trabajar como asistentes en el ámbito de procuración de justicia» (Luna – La Iniciativa Mérida y la guerra contra las drogas.pdf, s. f.) su perspectiva de combate al narcotráfico fue una lucha directa y lineal, sin contemplar los fenómenos que son acompañados, y de la misma razón de ser, del narcotráfico como la violencia, la pobreza y la corrupción.

También es importante resaltar que, el ahora presidente electo de EE. UU., Joseph Biden, también fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, quien mantuvo el poder de 2008 a 2016. Ambos personajes respaldaron la Iniciativa Mérida (IM, impulsada por George Bush) en conjunto con el entonces presidente de México Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quien a su vez promovió la guerra contra las drogas en México. Ahora sabemos que este plan de ataque que contemplóa una lucha directa (igual a la estadounidense) contra los grupos criminales, la cual no apaciguó, ni disminuyó el fenómeno del narcotráfico, e incluso incrementó la tasa de los homicidios dolosos, la violencia generalizada y la delincuencia en México.

Durante el discurso de la madrugada del 4 de noviembre del presente año, el candidato demócrata mencionó que uno de los pilares que se le atribuirán al próximo gobierno, será el respeto hacia otras naciones, si bien es un momento coyuntural en el combate al narcotráfico, es importante replantearse la estrategia que ambos países tomarán para esta lucha, ya que se cometieron múltiples errores que trajeron consigo diferentes implicaciones políticas, actos de corrupción, etcétera. Las recientes detenciones de Genaro García Lunai y Salvador Cienfuegos son muestra de ello; ii al igual que el último reclamo del gobierno de México al EE. UU. por no tomarlo en cuenta en las diferentes estrategias para la detención de ambos personajes.

Joseph Biden conoce los temas en materia de seguridad bilateral; fue participe de la aprobación de los mecanismos de cooperación en dicho tema, entre ellos se encuentran: el Convenio entre México y Estados Unidos para la cooperación en la lucha contra en Narcotráfico en 1989; también dio su voto en el senado para la aprobación en 1994 del Plan Centinela; y en 2002 apoyó el acuerdo de Fronteras Inteligentes entre México y Estados Unidos. El nuevo gobierno de EE. UU. hace una invitación al sistema internacional para regresar a este tipo de instrumentos de cooperación, y establecer el statu quo, manejados por EE. UU., pero ello no debería implicar que dichos mecanismos internacional caigan en un arrebato de la soberanía nacional de los países latinoamericanos.

Es necesario replantearse el fenómeno del narcotráfico como una lucha conjunta y real, con perspectivas diferentes y establecer acciones que obedezcan a la realidad de ambos países y  optar por un combate desde trincheras diferentes, pero atacando al mismo punto: el crimen organizado. La imposición de modelos no es la solución, muestra de ello es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, instrumentos con un evidente corte intervencionista y un objetivo que buscó beneficiar solamente al EE. UU. sobre los países donde fueron instaurados.

Se esperaría que Joseph Biden continúe con las políticas del expresidente Barack Obama, y las decisiones que tome en torno al combate al narcotráfico sean de confrontación y lucha directa como las que fueron impulsadas en la IM. Se prevé que el financiamiento para el combate al narcotráfico siga, como se mencionaba antes, busque establecer el statu quo. Como es costumbre, habrá mecanismos que cumplan con el deber del combate, pero con pocos resultados favorables para México, ya que no han logrado establecer una política que obedezca a las realidades y contextos de ambas naciones y en esta relación en la que pierde México.