Arturo Flores Mora

A tres meses de la destitución extraordinaria del presidente Pedro Castillo, la ética y la derrota nos exigen no dejar de poner el dedo en el renglón sobre lo acontecido en este hermano país, máxime cuando al día de hoy casi una centena de peruanos han sacrificado su vida ante la tiranía peruana-estadounidense-oligárquica.

Desde el primer minuto de la destitución hasta el día de hoy, los principales medios de comunicación a través primero de la tergiversación, y después del silencio, trataron de legitimar lo ilegítimo: Un golpe de Estado.

Inmediatamente declarado el cierre del Congreso por parte de Pedro Castillo, toda la prensa conservadora se apresuró a denunciar que Pedro Castillo había ejecutado un golpe de Estado contra el Congreso peruano.

Es necesario señalar primero la gran ignorancia y ligereza con la que los medios utilizan los conceptos de la teoría Política para atacar sin lógica elemental a un gobierno ideológicamente contrario a sus intereses económicos.

Mientras que el acto de Pedro Castillo fue denominado “golpismo”, la acción del Congreso fue denominada por los medios como «remoción». «Pequeña» diferencia para realidades similares.

Precisando: un golpe de Estado consiste en la destitución del gobierno en turno y la usurpación extraordinaria del aparato del Estado a través de medios ilegales e ilegítimos.

Si usáramos tan sólo la lógica en la secuencia de los acontecimientos, el verdadero destituido fue el presidente Castillo derivada de una acción ilegal e ilegítima del Congreso quien realmente fue el operador y la cara principal de una trama golpista que abarca intereses incluso geopolíticos.

No es un secreto que históricamente en nuestra región, desde nuestra independencia, los golpes de Estado han sido posibles gracias a la connivencia entre los dueños de la prensa, partidos de derecha y burguesías locales y extranjeras. La derecha latinoamericana dependiente es sinónimo de golpismo.

De este bloque histórico contrarrevolucionario los golpes de Estado en el neoliberalismo han evolucionado hacia formas más sutiles, imperceptibles, blandas, que por su acción han hecho innecesaria que la remoción se lleve a cabo por medios coercitivos-militares cómo en el pasado, aunque con la amenaza potencial siempre presente de la violencia. Sin embargo, este estigma ha sido perversamente omitido por los medios para no hablar de golpes y sí de aparentes casos de justicia en dónde es poco común que un alto mando político pueda ser procesado penalmente, porque hoy en día en un contexto de plena despolitización ¿Quién podría estar en contra del encarcelamiento del más alto representante político de un país?

Pues bien, lo que ocurrió en Perú el 7 de diciembre no fue un acto de justicia, sino un golpe de Estado blando, que no por blando ha dejado de ser grave, sobremanera con la represión de la que ha venido acompañada con tal de justificar su uso deleznable.

A pesar de que los golpes de Estado tienen como característica central el carácter ilegal e ilegítimo, los golpes blandos tienen como peculiaridad el revestir de legitimidad un acto totalmente antidemocrático. De ahí el rol estratégico que los medios de comunicación juegan en su ejecución.

Podemos sostener que la destitución de Pedro Castillo fue un Golpe de Estado derivado de una serie de actos ilegales. Por ejemplo, a partir de la declaración de Castillo, el Congreso cambió la causa de la convocatoria sin previo aviso (cabe recordar que al presidente se le ha tratado de destituir en tres ocasiones en apenas 17 meses sin ningún sustento). En esta ocasión sería juzgado por un tema de corrupción, pero a partir de la disolución del Congreso, la causa cambió por la acusación de incapacidad moral.

¿Quién determinó la incapacidad moral del presidente? ¿Un psiquiatra? No, fue un órgano político o, mejor dicho, fueron las fuerzas conservadoras, las que dentro de su lógica servir al pueblo, intentar erradicar la pobreza, denunciar el clasismo y racismo de las élites, debe ser considerado incapacidad moral.

Para el golpe se violaron los procedimientos legislativos más elementales, pues para la moción de vacancia de acuerdo con la Constitución peruana se requerían las cuatro quintas partes del Congreso, es decir, 104 votos, de los cuales sólo se consiguieron 101.

A partir de este cuadro, el presidente Pedro Castillo es detenido bajo acusaciones estiradas, ambiguas, forzadas, por el delito de rebelión y quebranto constitucional derivado de un Congreso que impedía cualquier acción legítima de gobierno. Fue tan marcada la saña de un Congreso conformado en su mayoría por la oposición, principalmente Fujimorista, que como se sabe, le negó la salida al presidente

Castillo para asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico en México.

Y aunque se ha llegado a criticar severamente la acción radical de Pedro Castillo en el terreno de la lucha de clases por no haber generado la suficiente acumulación de fuerzas en medio de este conflicto, la acción de Pedro se enmarcó jurídicamente en los Artículos 133 y 134 de la Constitución, la cual en términos generales establece la facultad del presidente para disolver el Congreso.

Sin embargo, a diferencia del padre de Keiko Fujimori, Pedro Castillo no instaló –como el expresidente Alberto– un régimen militar de terror y represión para perpetuarse en el gobierno a través de un autogolpe. El objetivo era simplemente acabar con el sabotaje de la fauna fujimorista enquistada en un Congreso con absoluta desaprobación, objetivo que no se cumplió debido a que las fuerzas policiales prefirieron cumplir la orden del Congreso y no del presidente, y en ese sentido el quebranto constitucional imputado al presidente Castillo no tiene razón de ser.

Por tanto, podemos comprender el golpe como una acción premeditada, pues inmediatamente después de la resolución del Congreso, los mismos que velaban por la seguridad de Castillo fueron los mismos que hicieron la detención aún sin existir una sentencia para poderlo detener, violando incluso el Artículo 100 de la Constitución el cual sostiene el derecho a la legítima defensa que tiene el máximo funcionario del país.

Cabe destacar que la derecha peruana subordinada a la lógica golpista continental aprendió muy bien la lección de la experiencia boliviana al bloquear la embajada mexicana para así obstaculizar el derecho de asilo al presidente como sí lo logro conseguir Evo Morales. Tan sólo ésta simple actitud demuestra que la estrategia golpista puesta en marcha no fue un fenómeno planificado a nivel local.

Y para concluir con el concierto de violaciones legales y procedimentales, Dina Boluarte se erige como presidenta aún sin que Pedro Castillo dejará de ser presidente de acuerdo con el Boletín Oficial Peruano y cuando en ese contexto Boluarte es acusada por la subcomisión de Asuntos Constitucionales por infracciones y delitos por su gestión como exministra de desarrollo e inclusión social.

Puede determinarse lo de Castillo como acto ilegítimo, y por ende, cómo golpe de Estado, derivado de que el proceso de vacancia contravino la voluntad en las urnas en apoyo al presidente para un periodo determinado, amén de deponer al presidente a través de herramientas ajenas a los procedimientos electorales de las repúblicas democráticas.

Es importante aclarar que, si el máximo representante de la república abandona el cargo en contra de un período establecido, o en contra de su propia voluntad política a no ser que sea por decisión del pueblo, el proceso de destitución podrá seguramente encubrir tanto en la forma como en el contenido un carácter golpista.

La derecha en todo momento trató de socavar la legitimidad de Pedro Castillo, desde el momento del triunfo electoral hasta su pronunciamiento contra el Congreso. Y aunque en la nación peruana impera un alto nivel de despolitización y apatía, de acuerdo con las encuestas, el congreso peruano erigido en «demócrata» tenía sólo el 8% de respaldo ciudadano, mientras que Pedro Castillo tenía el 30%, uno de los apoyos cuantitativamente más altos que un presidente ha obtenido en los últimos años.

De aquí que se recuerde que uno de los elementos del Golpe es que una minoría sin legitimidad se antepongan por encima de los intereses de la mayoría, es decir, un Congreso compuesto por fuerzas intrínsecamente clasistas, racistas, y golpistas encabezadas por un fujimorismo antidemocrático por antonomasia.

Como joya de la corona no se puede soslayar el papel injerencista de la embajada y el gobierno de Estados Unidos al sostener antes del Golpe encuentros con las fuerzas conservadoras, particularmente con la hoy espuria Dina Boluarte.

Si en algo quedaban dudas de lo que ocurrió en Perú fue un golpe de Estado, la intromisión del vecino del norte lo corrobora, máxime cuando la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha reconocido la importancia geopolítica y geoestratégica que tiene América Latina por sus riquezas naturales y en dónde curiosamente Perú es uno de los países con más reservas de oro, plata, cobre, zinc, y en menor medida Litio, en la región Latinoamericana.

De ahí que el golpe, cómo anteriormente lo eran las intervenciones militares directas, se explique como un método para garantizar la seguridad hemisférica de Estados Unidos y perpetuar la condición dependiente y dominada de nuestras naciones.

Por eso, así como ocurrió con Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, y ahora Castillo en Perú, todo aquél mandatario que cuestione el papel de su nación como mero país bananero proveedor de materias primas al servicio de Estados Unidos e intenté hacer de su Patria una nación soberana, democrática e independiente, merezca la furia del Imperio en decadencia y su prensa a través del Golpe de Estado, y mientras esa intromisión sea más fuerte que la voluntad de las masas, ningún proyecto popular podrá resistir el sabotaje de las potencias occidentales y sus burguesías colonizadas.

El caso de Perú como una mancha en el avance de la marea progresista en la región debe servir como lección para entender 1) que el capitalismo es incompatible con la democracia, de tal suerte que los procesos golpistas por nuestra posición en el sistema internacional siempre estarán presentes en nuestras naciones con o sin respaldo popular; 2) que la división de poderes, o bien, los famosos contrapesos, operan como un mecanismo funcional a los dueños del dinero cuando en los sistemas presidencialistas pierden el poder formal más importante del Estado, buscando en coyunturas adversas agruparse tanto en el poder judicial como en el poder legislativo aprovechando la esencia plural de éste para desde ahí empezar el proceso de desestabilización.

Cabe destacar que además de las experiencias recientes, en dónde estos dos poderes han sido los ejecutores más visibles en los últimos golpes de Estado, las declaraciones de Claudio X. González, opositor «mexicano» financiado por agencias golpistas estadounidenses cómo la USAID y la NED, al persuadir a la gente de votar por la oposición en función de los contrapesos, ha evidenciado la estrategia que las derechas a nivel regional comienzan a adoptar para a través de los jueces o legisladores impulsar las nuevas y sutiles estrategias golpistas.

La izquierda debe de entender el aviso: Las derechas latinoamericanas van por el Congreso.Que lo de Perú nos sirva como llamado de atención para mantener la unidad organizativa pero, sobre todo, acrecentar el papel de la formación ideológica y política para el pueblo, pues la polarización intrínseca de la derecha no es sólo para mantener una ingobernabilidad funcional a los intereses de las élites cómo en el caso peruano, sino para lograr que la democracia consista sólo en la alternancia cómo lo añoró el conservador Karl Popper, y ya no en el poder del pueblo.