Gonzalo Amozurrutia Nava

Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM 

En marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió en una carta dirigida al rey de España y al papa que se disculparan por la Conquista de 1521. Una polémica sobre la legitimidad de la exigencia se desató entonces y se pusieron sobre la mesa dos posiciones que reflejaban prejuicios y equívocos sobre los que este ensayo trata. Quisiera hacer unas breves críticas a ambas y sugerir por último algo de lo que debería hacerse si en verdad se pretende liquidar el problema del racismo anti indígena que sigue caracterizando a la sociedad mexicana.

 1. Una de las posiciones abrevaba del revisionismo hispanófilo que hoy en día gobierna y dirige los estudios históricos sobre la Conquista y el periodo colonial que le siguió. A la carta de López Obrador, un líder del Partido Popular en España respondió iracundo que él no creía en la Leyenda Negra. Esta última, que consiste esencialmente en el uso político que Inglaterra y los Países bajos le dieron a las atrocidades de la Conquista y colonización de América con el fin de debilitar a España, tuvo el efecto de producir una “leyenda blanca” que la desmintiera y justificara al imperialismo español. De modo que hasta ahora, algunos intelectuales sostienen tesis pro monárquicas que van desde la idea de que los excesos denunciados por Bartolomé de las Casas y semejantes deben matizarse hasta la disparatada pretensión de que la Corona española era una institución democrática que le dio a los indígenas conquistados sendos derechos y prerrogativas que los igualaban de jure y de facto al resto de los vasallos, incluidos los de las poblaciones ibéricas (Camba, 2019; Rosas, 2019; Mazín, 2017; Owensby, 2011; Lempériere, 2005). La posición supuestamente contraria saludó la iniciativa presidencial y, sin demasiada reflexión sobre la naturaleza del colonialismo y sus relaciones con el capitalismo actual y con la muy actual dominación burguesa, vio en el posible perdón un acto de redención que por fin haría justicia tras los 500 años de racismo que caracterizan la historia moderna de nuestro país (y de muchos otros) (Salmerón, 2019; Ackerman, 2019).

2. La primera posición se apoya, en buena medida, en una epistemología juridicista, o en todo caso idealista, que cree que lo que dicen las leyes equivale a lo que pasa en la realidad social. Así, dado que las colonias eran (a veces) denominadas “virreinatos” por los leguleyos de la época, estos historiadores han sacado la conclusión que el colonialismo no fue la forma en que la Corona española se relacionó durante 300 años con los territorios que había conquistado. Además, como los mismos leguleyos habían concluido que los indios no eran esclavos ni siervos de la gleba sino “vasallos libres del rey”, los actuales hispanófilos han declarado que no había entonces ninguna limitación, formal o informal, a la libertad de los indígenas que la ejercían con envidiable plenitud. Pero la verdad es que lo peor que uno puede hacer para entender a una sociedad es dar por bueno lo que sobre ella dicen quienes la dirigen porque, en general, lo que ellos quieren no es explicar lo que pasa en esa sociedad, sino legitimar sus puestos de mando. Por eso pienso que es mejor, en la tradición de Marx, atenernos a los indicios que ha dejado la realidad material que esos dirigentes quisieron ocultar con sus fórmulas de tribunal.

Esos indicios nos dicen que el saldo que arrojó la Conquista fue el siguiente:

a) El exterminio de entre 24 millones 500 mil y 10 millones 300 mil indígenas entre 1518 y 1620. Aún Massimo Livi Bacci, que asegura que es imposible conocer el tamaño del declive hasta 1568, escribe que desde la década de 1530 la población india no dejó de morir a una taza de 2% anual, lo que significa que cada año, al menos hasta 1598, morían en promedio 60 mil indígenas (Livi, 2006: 153 y 165). La exculpación biológica ha sido lúcidamente descartada por el mismo demógrafo, que documentó exhaustivamente que tales bacterias sólo pudieron ser tan letales en virtud de la situación de guerra permanente, migración forzada y trabajo forzado a la que fueron sometidos los indígenas (Haynes, 1992:75).

b) La reducción de las masas de nativos y de su descendencia respondía a unas relaciones sociales de producción en las que ellas tenían que producir lo necesario para sobrevivir, más un excedente para alimentar al grupo colonizador, más un excedente que permitiera la exportación de plata y colorantes para la metrópoli. En general, y como lo indican un sinfín de testimonios documentales, entre cartas y crónicas de frailes, observaciones de viajeros y miles de causas jurídicas, se trataba de relaciones de sobrexplotación del trabajo en las que la reproducción de la fuerza laboral quedaba en manos de la comunidad indígena en sus distintas variantes, sin que la élite peninsular y criolla tuviera en ello responsabilidad alguna, pues los indios no fueron en general  trabajadores asalariados, tampoco esclavos ni siervos de la gleba.^[1] Aunque los pueblos prehispánicos del Valle de México y sus alrededores ya estaban sometidos a regímenes parecidos antes de la Conquista, la clase parasitaria nunca había sido tan grande, ni el sistema se había extendido hasta Nuevo México. Desde ahí hasta la Península de Yucatán, los regímenes de trabajo sufrían variaciones, y en algunos casos, como en la región que va del Pánuco el actual Nuevo León, la esclavitud fue una constante hasta el siglo XVIII (Garza, 2002) (Zavala, 1992).

c) La reducción de esas masas a la categoría jurídica de indio, que implicaba un estatus político de subordinación colonial. Aunque los indios eran considerados “vasallos libres del rey”, esto mismo era lo que los obligaba a entregar su fuerza de trabajo como lo describí arriba, sin que ninguna obligación de ese tipo recayera sobre ningún sector de la población española o su descendencia. El vasallaje real significaba simplemente que el único señor legítimo de los indios era el rey y que era él quién decidía lo que se podía y no se podía hacer con ellos, igual que como lo decidía con todo mundo. La diferencia era que solía decidir con criterios diferentes cuando se trababa de los indígenas, porque dada su “naturaleza holgazana, ociosa e infantil”, compelerlos para que trabajaran era una necesidad muy apremiante del reino.^[2] La encomienda, el repartimiento y el tributo, con las migraciones forzadas que solían implicar, no pesaban sobre criollos ni peninsulares, por lo que tampoco recaía sobre ellos toda la ideología racista construida sobre esas formas de explotación y subordinación.  Los prejuicios que consideraban a  los indios como naturalmente inferiores, “niños con barbas” y cosas por el estilo, (Knight, 2002:111-113) fueron la formas ideológicas que justificaron un orden de cosas material que convirtió a la parte colonizada de la población en la fuerza de trabajo, por lo que no importa si algunos grupos de indios consiguieron prerrogativas dentro de ese régimen de opresión, todos ellos cargaron y cargan con el estigma de la inferioridad que justifica su discriminación y maltrato.

Los hispanófilos pueden alegar sobre el conjunto de leyes que “limitaban” la explotación de los indios. La verdad es que tampoco es muy difícil probar que el criterio para su aplicación solía ser estrictamente económico, o sea que la ley se aplicaba si las cantidades de plata o de insumos para la minería que estaban en juego no eran de consideración y no afectaban en consecuencia los intereses de los acreedores de la Corona (Espino, 2011: c. XII; Zavala, 1984: 74 y 211-213; Zalazar, 2000: 295-305; Edwald, 1997: 83-91 y 102; García de Léon, 2019). En resumen, darle la vuelta al problema de las disculpas reales pretendiendo que la Conquista y la Colonia no fueron procesos brutales de exterminio y explotación que están en el origen histórico del racismo mexicano es un total sinsentido.

3. Hasta aquí la crítica al hispanismo conservador y pasemos a revisar la reivindicación de la hazaña presidencial. Para ello es preciso hacer algunos comentarios sobre lo que viven los indígenas no en el plano del discurso diplomático del Estado burgués, sino en el de las verdaderas relaciones sociales. En nuestros días los indígenas constituyen el 21% de la población. En el largo plazo, después de la Independencia, el desarrollo desigual y combinado del capitalismo mexicano perpetuó su existencia como fuerza de trabajo depauperada y en su mayor parte campesina. En la medida en que la subordinada burguesía mexicana ha capitulado sistemáticamente tanto al imperialismo como a las oligarquías locales, que nutren sus dividendos de la superexplotación de las masas campesinas e indígenas, los intereses de estas últimas nunca han sido parte verdadera los proyectos nacionalistas, ni siquiera durante la Revolución de 1910. La burguesía mexicana, arrastrada y pusilánime, representada por MORENA y por todos los partidos del actual espectro electoral, no ha resuelto ni resolverá la cuestión indígena.

Hoy en día, el 26% de los indígenas mexicanos percibe entre uno y dos salarios mínimos mensuales y el 8% menos de uno. El 40% son trabajadores agrícolas o asalariados de bajo rango en la industria y el comercio. El 70% de los indígenas vive en la pobreza y casi el 30% en la extrema pobreza; el 43% no terminó la escuela primaria y sólo el 7% tiene acceso a la educación superior. Mientas que el analfabetismo alcanza al 5.5% de la población nacional total, alcanza casi al 18% de la población indígena (Solís, 2010; INPI, 2002). Como hace 500 años, los indígenas trabajan en condiciones degradantes y sobre su condición de explotados pesa el racismo con el que los patrones los pisotean. En el Valle de San Quintín, por ejemplo, trabajan en los campos agrícolas 40 mil triquis y zapotecas que cumplen con jornadas de 57 horas semanales los hombres y 65 las mujeres. Viven hacinados en cuartos de cartón o asbesto y sin servicios básicos, les pagan con “cheques” solo negociables en las tiendas de raya y son vigilados y sometidos por las guardias privadas de los patrones que, en varios casos, son también hombres del gobierno. La situación de los indígenas mexicanos, en pleno siglo XXI, es esencialmente la misma que en la Colonia y en el Porfiriato.

4. A los indígenas que se rebelan desde hace 500 años les espera la peor violencia racista. A la pareja de María Candelaria, la india de Cancuc que dirigió junto con su familia la gran rebelión de los tzeltales en 1712, las milicias del rey lo obligaron a cargar primero el cuerpo putrefacto de ella y luego su cabeza cercenada durante varios días, desde un paraje lejano hasta San Cristóbal de las Casas, donde ésta sería clavada en una pica como advertencia de escarmiento (De Vos, 2011). Pero para carniceros, los paramilitares que el Estado mexicano mandó en diciembre de 1997 a asesinar a 45 tzotziles y herir a varias decenas más en una de la peores masacres de nuestra historia. Durante seis horas los personeros de la oligarquía, herida aún en su orgullo por el levantamiento indígena de cuatro años antes, persiguieron, asesinaron y mutilaron a los pacíficos pobladores de la localidad de Acteal. Los cadáveres fueron triturados a machetazos y a los de las mujeres embarazadas se les extrajeron los fetos para despedazarlos del mismo modo (El Internacionalista, 1998). Y las mentes liberales podrían pretender que aquello fue sólo un exabrupto de la ahora extinta dictadura priista si no fuera porque el abogado que defendió en los tribunales a esos carniceros, el evangélico Hugo Eric Flores, funge ahora como superintendente de Morelos, un Estado con 4% de población indígena, y porque bajo su intendencia fue asesinado el líder indígena Samir Flores, justo un día después de que éste encarara a Hugo Eric en un foro público, en protesta contra el Proyecto Integral Morelos (Oropeza y Olvera, 2019).

5. En ese contexto, la exigencia de AMLO dirigida al rey de España para que se disculpe por la Conquista es un acto hipócrita e insultante para los mismos pueblos indígenas. Como he dicho, los estragos causados hace 500 años significaron el genocidio, el despojo de la tierra y la superexplotación del trabajo. En todo ello, el papel del rey de España no pudo haber sido distinto: el papel de los reyes en la época del Absolutismo era la conquista territorial y el sojuzgamiento político y económico de los conquistados. Ahora bien, a AMLO no le interesa que las condiciones reales de los indios mexicanos no hayan cambiado desde entonces, le interesa que el Rey se disculpe por haber hecho su papel de rey. En todo caso, el actual Borbón tendría que disculparse con sus antepasados, no con nosotros, por ser una versión de ellos tan venida a menos, por depender menos de su poder feudal que del tibio liberalismo de las clases parasitarias españolas actuales y del “consenso” democrático con el que éstas le permiten tan anacrónica existencia; en resumen, por ser un espantajo producto de las peores depravaciones del capitalismo moderno. Porque si en aquel entonces el poder de la naciente burguesía lo delimitaban los reyes, hoy el poder de la putrefacta monarquía lo delimita la burguesía. Pero que la burguesía tenga que delimitarlo en lugar de simplemente anularlo, y que la Corona tenga que dejarse delimitar para arrancarle a la historia unos años más de vida, sólo habla del profundo patetismo de ambas partes y de su eterna incapacidad para realizar plenamente su dominio sobre las masas. Aún si ambos esperpentos piden o no perdón por su injustificada presencia en la historia debería darnos lo mismo, lo que urge es que dejen de existir.

Pero aunque el rey abdicara de lo azul de su sangre y se disculpara ¿Qué desagravio tendrían con ello los pueblos indígenas? ¿serían ya dueños de sus tierras, podrían producir para el mercado en paridad con los campesinos norteamericanos, dejarían de ser esclavos en las plantaciones de San Quintín? No, pero nuestro gobernante habría pasado a la historia como el emancipador de los indígenas sin haber emancipado a nadie. Y hasta aquí, de eso se trata todo,  no de la liberación real de los indígenas, sino de su liberación diplomática; no de la eliminación real de los campos de concentración de Baja California Sur y Sonora, sino de la eliminación artificial de la culpa que por su existencia siente el actual gobierno; no del fin de la represión racista contra los indígenas inconformes, sino el principio de una nueva legitimidad que le permita al régimen, sobre la etérea base de sus hazañas diplomáticas, convencer a la pequeña burguesía de que aniquilar a los zapatistas no puede ser tan malo, pues pese a los elocuentes escritos de Marcos, ellos no le han arrancado el perdón a nadie.

6. Los apólogos del gobierno han dicho que es una sana práctica de la diplomacia universal el exigirle disculpas a los bandidos. Parece que las aventuras del presidente no tienen sentido sino como imitación barata de lo que hacen los ministros canadienses y alemanes (Musacchio, 2019:13). Habría que tener como modelo a los mayores exponentes de la gesticulación parlamentaria, a los más célebres alcahuetes de la burguesía, a los mejores expertos en decir lo contrario de lo que hacen ¿De qué valen las disculpas de Merkel por el terror nazi, si ella y sus aliados vampíricos de la troika chuparon hasta la última gota de la sangre griega, sin ninguna piedad, convirtiendo un país entero en un montón de ruinas tal y como Hitler hizo con Polonia pero por vías “estrictamente económicas”? ¿de qué valen si es esa supuesta culpa por el holocausto lo que le permite ser omisa y cómplice del genocidio y el infanticidio en Gaza y Cisjordania? ¿De qué valen las exigencias de Trudeau de que el Papa se disculpe por los niños canadienses abusados, si sus propias mineras enferman la piel y los pulmones de los niños indígenas latinoamericanos, los despojan de la tierra y del ya de por sí miserable futuro que les esperaba? Pues bien, en sus brillantes alegatos contra el colonialismo, los “intelectuales orgánicos” apelan a la autoridad de Angela Merkel y Justin Trudeau, alfiles imbatibles del colonialismo moderno.

7. Otros escribieron que las disculpas son fundamentales, pues la Conquista es el “acto fundacional” de la “identidad mexicana”, etc. (Colectivo Ratio, 2021). Hay una diferencia entre “acto fundacional” y “mito fundacional” que algo de importancia tiene. Claro, el actual estado de las cosas se “fundó” con la Conquista, pero se alimentó desde la Independencia con la pusilanimidad de la burguesía. Por lo demás, llama la atención que sin ningún asco traigan a colación, cuidándose de no citarlo, el panfleto sicologista, anticomunista y antizapatista de Octavio Paz, quien es el referente intelectual número uno de… Enrique Krauze. Y así es como la izquierda socialdemócrata se muerde la cola, pues si cuando lo precisa libra batallas épicas contra el ingeniero de las letras menos libres, luego depende de sus prejuicios idealistas para salvar el frente. Y aunque pueda ser involuntario, el desliz no es casualidad, porque no es casualidad que El laberinto de la soledad sea un libro escrito en buena medida contra Emiliano Zapata. El caudillo de los nuevos liberales, Andrés Manuel López Obrador, pese a los esfuerzos de Cuauhtémoc Blanco, fue declarado el año de Zapata y en tierra de Zapata, persona non grata por los campesinos indígenas (Desinfomémonos, 2019).

8. Cualquier planteamiento serio de la emancipación de los indígenas mexicanos debe partir del hecho probado de que ésta no es posible en el estrecho marco del capitalismo. Es precisa no una reforma agraria que reparta la miseria, sino una revolución agraria que atente directamente contra los intereses de la burguesía nacional y el imperialismo. Los finqueros del café en Chiapas, Guerrero y Veracruz, por ejemplo, deben ser expropiadas por los campesinos indígenas y sus tierras repartidas. Las modernas instalaciones de riego, procesamiento y empaque de las agroindustrias del Bajío y del Norte pueden ser colectivizadas y puestas bajo control de sus trabajadores indígenas. Por otro lado, es preciso que los indios que lo deseen cuenten con la autonomía plena sobre sus territorios, lo que significa el pleno control de sus recursos. En esto deben ser apoyados con todos los recursos materiales necesarios y deben contar con educación totalmente pública y multilingüe. Además, todas las restricciones que hoy existen para ingresar a la Universidad y que impiden que los indígenas entren en ella deben ser definitivamente abolidas. En su conjunto, estos puntos son incompatibles con el dominio de la burguesía, pero al mismo tiempo, son indispensables para la liberación de los indígenas. Ello nos lleva a que esa liberación no tiene nada que ver con la fanfarronería diplomática de los políticos, sino con la acción consciente de las masas oprimidas con independencia de clase. Desde luego, esto implica un problema del que el propio movimiento indígena ha querido desembarazarse: el de la toma del poder y el socialismo. Aunque no hay espacio para profundizar en ello, diré solamente que dos organizaciones emblemáticas en América Latina han tomado posiciones que, aunque distintas, son equivalentes. Si el EZLN mexicano pretende ahora que puede mantener indefinidamente la precaria autonomía sobre su territorio sin que la burguesía sea despojada del poder, la CONAIE en Ecuador siembra ilusiones en que es posible mejorar sensiblemente la situación de los indígenas por la vía del parlamento burgués y sus ministerios. A mi modo de ver, toda la evidencia histórica demuestra que ambos se equivocan, como se equivoca quien piensa que los escándalos mediáticos del presidente mexicano beneficiarán en algo a los indígenas; la historia indica, por el contrario, que sólo una revolución socialista, con amplia participación de las masas indígenas, que ponga en el poder a un gobierno obrero, campesino e indígena, puede cumplir con la histórica tarea que hasta aquí he discutido.

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