Aguaceros. Cuadernillos de Formación

La década de los ochenta fue un punto de quiebre a nivel mundial en la manera de entender el Estado. La consolidación y expansión del neoliberalismo a nivel mundial tuvo como correlato la idea de que el Estado, como gran impulsor de los proyectos modernizadores y como garante del bienestar social estaba en crisis. Así, la versión neoliberal enfatiza que el Estado es ineficaz para solucionar problemas de acceso y distribución de los recursos de uso común (como agua, tierra o energías) o de los bienes comunes (como salud, seguridad o bienestar), al argumentar que debido a la corrupción y el envejecimiento de sus estructuras no había un desarrollo social adecuado. Esta consideración redujo la función del Estado a los aspectos técnico-administrativos, dejando la resolución de lo común a la esfera de lo mercantil.

Bajo ese esquema se establecía entonces que las sociedades prosperarían sólo a través de una fuerte inversión de las empresas privadas y del tratamiento de lo común como mercancía. En este sentido, el Estado como orden meramente técnico-administrativo se ausentaba del cumplimiento de garantías básicas para el sostenimiento de los derechos ciudadanos porque los recursos de uso común o bienes comunes solo quedan disponibles para quienes puedan pagarlos. Esta limitación de los derechos conduce a una menor participación de la ciudadanía en el diseño de la sociedad, y a su vez dejó sin contrapesos al impacto que los poderes económicos puediesen tener sobre lo común.

Desde entonces se comienza a hablar de lo público por fuera de la dicotomía clásica público-privado. Por eso, en los años ochenta se pueden ver como el fortalecimiento de la sociedad civil motivó modelos de gestión más allá de lo estatal y de lo mercantil, y las organizaciones no gubernamentales cobraron una importancia fundamental; todo ello causa del vacío asistencial que dejó el traslado de los bienes públicos al ámbito privado. Sin embargo, justamente en este tiempo, lo público comienza a verse como constructor de comunidad. En Europa, por ejemplo, se comienza a pensar la relación de lo público respecto de la defensa de los recursos de uso común, y ahí la figura del Estado vuelve a tomar relevancia, ya no como dicotomía entre lo público y lo privado sino como una salida a este esquema.^[1] Y en América Latina se teorizó sobre lo “público estatal” para referirse a lo público como gestión de comunidad política, y como una mediación entre Estado y sociedad. Estas fueron las dos alternativas que se dispusieron hasta finales de los noventas ante la noción neoliberal del Estado como ámbito técnico-administrativo.

Con la llegada del siglo y en marco de las políticas neoliberales, en América Latina lo público fue reformulado como una potencialización de los recursos de uso común y del bien común, de esta manera no sólo se fortalecía una mirada del Estado como instrumento de  la acción colectiva, sino que reaparece en el horizonte la idea de nación pero ya no como Estado-nación, sino en un sentido plurinacional, que implica el reconocimiento y el protagonismo de múltiples comunidades que pugnan por un nuevo arreglo con lo estatal.

Esta redefinición o retorno de lo público, que ha acompañado a varios de los proyectos Latinoamericanos en el curso del siglo XXI, no puede dejar de considerar las contradicciones del Estado como un lugar de pugna entre diversos intereses, algunos de ellos negando el diseño y la gestión de los asuntos colectivos por la sociedad o las diversas comunidades.

La lucha por la reformulación y defensa de lo público en México

La Revolución Mexicana y el cardenismo fueron los principales momentos donde se puede ubicar una noción de lo público más apegada a lo social. Sin embargo, este intento se vio frustrado con los gobiernos posteriores al cardenismo en los que las relaciones entre lo público y lo privado se tensaron de tal manera que la esfera estatal cerró todos los mecanismos de participación social.

A ese Estado autoritario los movimientos estudiantiles van a enfrentar en las décadas de los sesentas y setentas; y muchas de sus demandas excederán las problemáticas meramente estudiantiles para poner sobre la mesa de discusión una lucha por lo ocupación y reorientación de lo público. Un ejemplo cardinal, las demandas del movimiento del 68: liberación los presos políticos, supresión del cuerpo de ganaderos y deslindar de responsabilidades entre policías, granaderos y militares; pugnaban por la democratización del Estado y la reconversión de las instituciones públicas de seguridad como garantes de los derechos políticos de los ciudadanos. Además la demanda por la derogación del delito de disolución social significaba la recuperación del espacio público, de la ciudad, para la participación, organización y movilización política de la gente.

Es en este sentido que los movimientos estudiantiles de estas décadas hacen que la ciudad sea el escenario de la política social. Y como el Estado respondió ferozmente, la lucha por la reforma política fue una de las demandas fundamentales de este periodo. La reforma política que se aprobó en diciembre de 1977 permitió la creación de un régimen de partidos, y cambió la manera en cómo se medía el porcentaje para el registro de la representatividad de las organizaciones políticas, al mismo tiempo que legalizó a la izquierda social y comunista al otorgarles derechos políticos.

No obstante, la apertura política no fue total ni inmediata pues será hasta finales de los noventa que se comienzan a abrir diques para una transición política limitada. Pero en el ámbito económico y social se impulsa la profundización de las políticas neoliberales que privatizaron sectores claves de la economía y de los servicios; además de la instalación un régimen de privilegios para las clases medias y altas, mientras que los sectores populares fueron dejados en manos de las economías informales y criminales. 

El fortalecimiento de lo público en la Ciudad de México

La disputa por una ciudad de derechos y no de privilegios remonta a los esfuerzos de los diversos actores y movimientos sociales, desde sindicatos y organizaciones campesinas que pugnaron por trabajo digno hasta los movimientos estudiantiles que han promovido la libertad de expresión y la gratuidad de la educación. La lucha por una vivienda digna legado del movimiento urbano popular; los movimientos de las mujeres por el derecho a decidir y el constante reclamo por sus derechos políticos y sociales. La lucha de los colectivos LGBTTTIQ+ por la diversidad la inclusión y ampliación de los derechos sociales; sin olvidar, la conquista y defensa de los derechos indígenas y, recientemente, la demanda de reconocimiento de las comunidades afromexicanas; todas estas luchas, todas estas demandas sociales y estas conquistas culturales son parte de esa tradición que ha hecho de la ciudad un espacio de construcción de democracia, igualdad y justicia social.

Esta afirmación de la ciudad como un espacio de vanguardia ha tenido momentos muy específicos en los cuales se puede apreciar el fortalecimiento de lo público y sus distintas dimensiones: un primer momento lo podemos ver de 1997 a 2000 en donde la Ciudad de México conquista su derecho a autogobernarse y a elegir a sus representantes, un proceso que se consolidó hasta 2016 con la reforma política que dotó de autonomía constitucional a la ciudad con respecto al poder federal. Un segundo momento es de 2000 a 2005 periodo en el que se consolidó una política social donde se dirigió el gasto social a la implementación de programas de apoyo a sectores de población prioritaria. Algunos de estos programas rápidamente se constituyeron como derechos sociales. Un ejemplo de ello es la promulgación en 2003 de la Ley de la Pensión Alimentaria de Adultos Mayores. Un tercer momento de 2006 a 2012 en el que se fortalecen los derechos sociales y culturales, dos de las medidas emblemáticas de este periodo son la Ley de interrupción del embarazo (2007) y la Ley de matrimonio igualitario (2009).

El periodo de 2012 a 2018 representó sólo e ciertos ámbitos una continuidad de algunos de los programas y leyes conquistadas, pero también fue un momento donde los derechos políticos y la democratización ciudadana sufrieron un retroceso debido a una política coercitiva y de criminalización de la sociedad. Actualmente se abre un nuevo panorama de conquistas y logros políticos que tratan de revertir esa lógica autoritaria, ejemplo de ello es la destitución del cuerpo de granaderos en 2018 y la orientación de una policía con vocación de derechos, así como un fortalecimiento y creación de los programas sociales.

Lo público y la cultura comunitaria

Esta redefinición de lo público en México, de la que somos testigos y participes, está enmarcada en un proceso de transformación política, cultural y social. Ahora el impulso de las políticas culturales no sólo se encamina por las vías de una democratización de todas las expresiones de cultura –como la posibilidad de que los sectores populares puedan acceder a una amplia oferta; sobre todo, se trata de incentivar una participación en el diseño de su práctica y ejecución. En todo este trayecto que va de 1997 a la actualidad, la relación entre una redefinición de lo público en la Ciudad de México, se ha acompañado de algunas medidas decididas en las políticas culturales que ponen en el centro a los individuos, colectivos y comunidades en ese diseño cultural y político: 1) el uso del espacio público como escenario de la vida cultural del país, 2) El impulso de procesos comunitarios participativos, 3) Reconocimiento de la diversidad cultural, 4) la promoción de una cultura de paz y no violencia y 5) la inversión en infraestructura para rehabilitar espacios que estaban abandonados y que ahora sirven como puntos de cultura.

La conquista de derechos y la inclusión en un dialogo cultural que apunta a una nueva codificación de la demanda de un sentido de pertenencia y de identidad, pues la cultura es ante todo un programa de democratización de la vida. De esta manera, se abre el campo para un entendimiento de la cultura que rebasa la dimensión meramente estética o artística para situarla como constructora expresa de ciudadanía.

* Este texto fue publicado en Aguaceros cuadernillos de formación, No. 6, México, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, 2021. Lo rescatamos por la manera en que sitúa la discusión del retorno de lo público en un aspecto específico pero que puede aportar a una discusión sobre dicho retorno para repensar los asuntos del Estado.

Referencias

Karín Garzón Díaz y Amparo Mogollon Pérez, Aproximaciones conceptuales a “lo público”, Colombia, Universidad del Rosario, 2009.

Ana Minteguiaga, “Lo público: Estado y sociedad civil en América Latina”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, No. 32, 2008, p. 33-36.

Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, México FCE, 2000 [1990].

Aníbal Quijano, “Lo público y lo privado: un enfoque latinoamericano”, en A. Quijano, Modernidad identidad y utopía en américa Latina, Perú, Mosca Azul, 1988, p. 8-44.

Nora Rabotnikof, “Lo público hoy: lógicas y expectativas”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, No. 32, 2008, p. 37-48.

^[1] Véase Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, México, FCE, 2000 [1990].