Las izquierdas y las consultas

CE, Intervención y Coyuntura

La próxima consulta popular para decidir sobre el juicio a los expresidentes ha caldeado los ánimos. Los descalificantes, con la solemnidad y estrechez con la que suelen ver la vida declararon ya: ¡la ley no se consulta!, en un claro ejercicio de abstracción del contenido político y social que esta posee. No es tanto un ejercicio legal –que lo es– sino una disposición política. Un conjunto de la población –no sólo la que votó por Morena, no sólo la que apoya al presidente– decidió llevar adelante acciones para lograr el cometido. La novedad es que existe un entramado institucional que avala el procedimiento y, sobre todo, que obliga al Instituto Nacional Electoral a garantizar el ejercicio.

Como suelen suceder, cuando los actores se pronuncian, generan tensiones. Hace unos días, el EZLN declaró que era correcto participar del ejercicio, aunque por motivos específicos. Y si bien como fuerza política y con capacidad de movilización se encuentra bastante disminuido –demostrado en la limitada capacidad para recoger firmas para su candidata– simbólicamente es significativo.

Retomamos la incursión del EZ en esta discusión para plantear la necesidad de recuperar la geneaología de la consulta como un activo de la izquierda en pos de la democratización. La idea y el ejercicio mismo de la consulta fue, al menos durante la década de 1990, un activo importante en el arsenal que la oposición de izquierda utilizó para movilizar y plantear sus posiciones frente a la sociedad.

Es de recordar que en 1995, en la consulta zapatista del 8 de junio, un millón 300 mil personas respondieron un cuestionario zapatista en más de 10 mil mesas repartidas por todo el país, en donde más del 53% pidió al EZLN convertirse en fuerza política independiente y nueva[1]. Se trató del “mandato de la señora sociedad civil”, cuando el olor a pólvora aun se dejaba sentir en los altos de Chiapas. Aquel fue un primer paso con carácter eminentemente político. Pasar de una acción armada –real primero, luego simbólica– a ser una fuerza política, en un momento clave, que era el del desfondamiento del viejo aparato de dominación. Ello daría nacimiento a la fundación del Frente Zapatista, una organización cuyo intento de competir con la izquierda partidaria –en ese momento vinculada al PRD– fracasó, como también en su intento de consolidarse como una organización para llevar adelante “otra política”. Pero esa es otra historia

El EZLN volvió a utilizar el recurso, en 1999, al calor de la “Ley Cocopa”. En un escenario muy distinto, ya con la guerra muy atrás y con una débil y frágil alianza con la izquierda electoral, de nuevo la consulta fue un insumo para movilizar seguidores y plantear la necesidad de aprobar la ley: “»Este es uno de los actos políticos más importantes que vive México porque está articulando las bases de una política de paz para que no se quede en el discurso». Así describe Pablo González Casanova el recorrido que 5 mil delegados zapatistas realizan por todos los rincones del país. El resultado: en la consulta nacional por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio, el 21 de marzo, participan unos tres millones de personas.”[2]

La estela neo-zapatista dejó fuertes implicaciones ante una generación que vivió en carne propia el desgarro neoliberal, que, en plena pugna con lo público –antes de que descubriera su refuncionalización perversa– atacó a la Universidad Nacional. Lejos del “orgullo universitario” que invadió cual marca registrada el siglo XXI, en los años 90 ser integrante de la comunidad universitaria era un estigma brutal. En ese marco las andanadas neoliberales buscaron destruir ese activo de la sociedad. La respuesta de un inusualmente violento movimiento estudiantil –violencia expresión de la fragmentación del cuerpo, lleno de contradicciones y expresión de la degradación neoliberal de la sociedad– fue diversa. Entre esa diversidad, que iba de las “acciones contundentes” como el cierre de calles también hubo lucidez política para evitar el sectarismo absoluto.

Así, tanto la “Consulta Metropolitana” en el año 1999 donde se convocó a miles de personas: “Las acciones conjuntas tenían el objetivo de vencer el cerco informativo y ganar apoyo y legitimidad entre la población general, por lo que el 27 de mayo se realizó la Primera Consulta Metropolitana por la Educación, a fin de preguntar a todas las personas, universitarios o no, desde niños de 12 años en adelante, sobre las demandas del movimiento estudiantil. La consulta reunió 700 000 votos aproximadamente”[3].

El CGH echó mano dos veces más de este recurso. Uno primero para lograr la destitución del inefable rector Barnés y otra más, los días 18 y 19 de enero del año 2000, como respuesta al plebiscito lanzado por la rectoría que anunciaba una salida no negociada del conflicto.

Si bien no es lugar para evaluar las especificidades de estos procesos políticos, lo importante es destacar que la consulta no es algo nuevo en el espectro de las izquierdas. La idea de que una consulta es sólo la instalación de mesas es errónea, lo importante es el proceso que lleva a su realización, la capacidad de movilizar a conjuntos poblacionales de manera autónoma y su disposición política.

Así, parafraseando la frase del teórico socialdemócrata –calificado como “revisionista”– podríamos decir que en la consulta “el camino lo es todo”.

[1] https://www.margen.org/marcha/espe02.htm

[2] Ibid.

[3] Marcela Meneses, ¡Cuotas no!, México, PUESS, 2019, p. 73 [https://www.puees.unam.mx/publicaciones/Libros/Meneses2019_CuotasNoElMovimientoEst.pdf]