Nem Zuhué Patiño García^[1]

Las imágenes que inundan redes sociales estos días han estado marcadas por actos violentos, grandes movilizaciones, declaraciones de políticos (dentro y fuera del Estado) y reclamos ciudadanos. Durante más de quince días Colombia ha experimentado, en paralelo, jornadas masivas de protesta y ataques de la fuerza pública, o de civiles armados, contra otros civiles. Las primeras fueron convocadas en más de 700 municipios en todo el país; nadie esperaba que tal cantidad de personas atendiera el llamado a Paro. Las segundas han sido registradas con mayor crudeza e indignación; un saldo de 47 personas asesinadas, en su mayoría por presuntos miembros de la Fuerza Pública, todavía no ha sido esclarecido.

Entender ambas manifestaciones como parte del mismo fenómeno ha inspirado una serie de explicaciones que ya han empezado a desarrollarse. Sin embargo, la celeridad y asombro que ha producido este movimiento en distintos analistas, ha hecho circular algunas nociones conservadoras acerca de la sociedad colombiana. Para ser consecuentes, si queremos explicar este fenómeno, repetir algunos prejuicios sin evidencia no aporta a su comprensión. Apartarse de estos elementos requiere, antes que otras tareas, identificarlos y exponerlos con claridad. Vamos a tratar dos, sin ninguna intención por ser exhaustivos: la falta de gobernabilidad del presidente y la relación entre la pobreza y las protestas violentas.

La sensación de desgobierno que ha dejado en Colombia el mandato de Iván Duque es notoria: políticas insuficientes para atender la crisis del SARS-CoV-2, un aumento notorio en los actos violentos contra población civil, la falta de ejecución del acuerdo de paz firmado en 2016, la absoluta limitación del Congreso a través del proceso de virtualización, entre muchos otros aspectos. Distintos analistas, en medio de fugaces líneas, han construido sin quererlo una versión común para explicar la magnitud del fenómeno. Consideran que el actual gobierno, al haber presentado un nuevo proyecto de reforma tributaria, ofendió la dignidad de los ciudadanos (muy golpeada por la pobreza y la desigualdad) y les obligó a protestar. La beligerancia de los manifestantes es explicada por el deterioro de los ingresos de la población, misma razón que justificaría los hechos de “vandalismo”^[2], aunque los últimos se relacionen también con delincuencia y bandas criminales organizadas^[3]. La difícil situación del partido de gobierno, al otro lado del umbral, se traduciría en represión policial desmedida: 1003 detenciones arbitrarias y 42 casos de violencia homicida presuntamente por parte de la Policía^[4]. En algunas ocasiones, civiles armados han disparado contra población inerme, lo que recuerda las actuaciones de grupos paramilitares. Con algunos matices, estos elementos componen la visión general con que se ha caracterizado al fenómeno como un estallido social.

El relato parece suficiente si y sólo si se toma como punto de origen del fenómeno la crisis del gobierno Duque. Si el mandatario, a la cabeza de un Estado de corte presidencialista, logra encontrar una estrategia de negociación con los manifestantes, un fenómeno de este tipo podría resolverse sin demasiados traumatismos en su programa de Gobierno, ceteris paribus. Ahora, si integramos los hechos al análisis, vemos que esto ya se intentó sin mucho éxito. La fuerza que ha tenido el fenómeno supera esta lógica de acción: ni siquiera existe un pliego de peticiones unificado con el cual negociar. Y este hecho, base del análisis que presentamos, muestra la necesidad de cambiar el punto de partida. Aunque sea tentador explicar la aceleración del movimiento por la evidente crisis del gobierno Duque, ésta requiere ubicar históricamente qué elementos agotó su proyecto político. Vamos a nombrar dos, uno relativo a la política y otro a la economía.

El sistema político, aunque pareciera ser una de las instituciones garantes de la movilización en el país, no actúa en este sentido. Su funcionamiento se define de manera precisa cuando se dice que es un cuerpo colegiado, un organismo de personas iguales entre sí. La votación de cada miembro se exhibe como muestra de prestigio, no de representatividad. Sin que este principio pueda llegar a aplicarse, la existencia de parlamentos es otro saludo a las instituciones republicanas.

La composición de estos órganos representa, cada vez más, los intereses de grupos de presión empresariales, que financian campañas para que los cabildantes voten a favor de intereses muy limitados en el plano social. Estos organismos, contrario a la premisa de la teoría política convencional, no están separados de los estamentos del poder ejecutivo. Aunque Colombia no sea un país parlamentarista, las mayorías en Senado y Cámara de Representantes son fundamentales para sostener al poder del Presidente.

La historia de las elecciones va por otro lado. La composición del Congreso no se ha transformado lo suficiente y se mantiene como apoyo de las coaliciones de gobierno. La gran distancia social entre los candidatos, que logran conseguir el apoyo financiero y los avales partidarios, y la gran diversidad de ciudadanos, que no logran dichas relaciones, ha mantenido una configuración de clase muy cerrada en los órganos de representación. La diversificación social es una vía clave para aumentar la legitimidad de las instituciones, tan citadas como principal patrimonio de la trayectoria histórica del Estado. La escucha atenta a los reclamos de las manifestaciones, a las arengas que se articulan en las calles, permite salir de las paradojas de representatividad que absorben a la opinión pública: rodear a las instituciones cada vez que suceden alteraciones en el orden público las ha convertido en construcciones anacrónicas sin capacidad resolutiva ante los conflictos sociales.

Las grandes movilizaciones permiten observar fenómenos que ni siquiera los más brillantes entre los analistas han logrado articular: la composición de clase y la falta de conexión de quienes llegan a los órganos deliberativos con las grandes masas han llevado a una lectura anacrónica sobre el Estado y sus funciones. En otras palabras, las arengas de  hoy permiten observar que la desconexión entre cuerpos colegiados del Estado, tanto a nivel local como nacional, no es una cuestión de acciones particulares. La individualidad desaparece cuando se observan sus acciones frente a movilizaciones y cuestionamientos a su función. Esta consiste en una defensa absoluta de las instituciones, entendidas según una acepción particular: como el poder del Estado aplicado al cumplimiento de la Ley. Actuar de esta manera impide que los órganos deliberativos representen una relación social cambiante con las distintas clases sociales que deberían estar representadas en ellos. E inclusive, aunque se modifique de manera parcial la composición de éstos órganos, como ha sucedido con los Concejos de las ciudades capitales, las acciones de grupo anulan la posibilidad de transformar esta relación.

La economía que tiene a la población en crisis no es la macroeconomía agregada que se debate estos días en Twitter. La fluctuación del precio del dólar o el alto endeudamiento del Estado no tienen que ver mucho con sus vidas. Aunque los burócratas quieran pensar lo contrario, la población que tiene ingresos inestables (cuando los tiene), no comparte sus preocupaciones. El círculo entre recaudo de impuestos y financiación de servicios del Estado no es tan relevante para un trabajador informal como para uno formal. Inclusive, la preocupación tampoco es mucha si a este trabajador se le contrata siempre por lo mínimo: salario, vacaciones, garantías y alegrías de subsistencia. ¿Tenía razón Alfred Marshall cuando dijo que la economía era la única ciencia que se preocupaba por los detalles de la vida cotidiana de los hombres corrientes?

La economía podría ocuparse de estos asuntos, pero en el caso colombiano los ha dejado de lado. Muchos de los que salimos a movilizarnos no encontramos en las políticas del Estado el consuelo que senadores y ministros dicen habernos otorgado. El intercambio entre aumento de impuestos (IVA, declaración de renta en clases medias) y la manutención de “programas sociales”; una extorsión, eso sí lo sentimos como una afrenta. No se trata de que la política asigne de la manera más eficiente los escasos recursos con que cuenta el Estado, como decía Carrasquilla, sino la transmisión de la responsabilidad a quienes hemos sido beneficiarios tangenciales del desarrollo del Estado. Una de las consignas que más se ha escuchado en cada movilización es ¡No a la reforma tributaria! Recaudar más impuestos de los alimentos básicos y de las personas con salarios modestos, en medio de una emergencia sanitaria que ha sido financiada con los ahorros y labores de las clases trabajadoras, es una clara ofensa que fue contestada con una enorme movilización. ¿Esto no tiene lugar en los modelos del Ministerio de Hacienda?

Que no se entienda lo anterior como la negación de la crisis que vive el Estado, para nada. Por el contrario, esta situación ha mostrado que los análisis de la corriente principal en economía, a través de la agregación, han ocultado una situación que sólo privilegia las políticas de pago a los acreedores de la deuda pública. ¿Qué hay de los millones de trabajadores que no encuentran una opción de vida viable siguiendo las reglas definidas por el Estado? ¿Deben adaptarse a una situación así?   

Como algunos hallazgos parciales, en este artículo hemos expuesto ideas que pueden derivarse de una escucha a los reclamos que han estado presentes en las movilizaciones de las últimas tres semanas. Las lecturas a ras de suelo de las protestas amplían la perspectiva de estos episodios y no permiten caer en modelos simplificadores. No se trata sólo de un estallido espontáneo que desbordó las capacidades del gobierno de Duque. Su análisis permite observar tendencias de más largo plazo, una lectura muy interesante acerca de las acciones del Estado y peticiones claras para transformar la trayectoria histórica de las instituciones. Nadie tiene una fórmula que diga cómo se van a desarrollar las protestas actuales, por lo que debemos desarrollar indicadores que se acerquen a un registro in situ más preciso. Elaborar paradigmas que nos permitan escapar del unanimismo del relato sobre el estallido social es una garantía en este sentido.

^[1] Miembro de Despertemos, tendencia del Polo Democrático Alternativo.

^[2]    Entendido como la destrucción o daño deliberado de bienes públicos y privados. 

^[3]    Las acciones de los “vándalos”, sin importar  suelen confundirse con la lógica de la degradación violenta: lo que empieza como un grafiti puede terminar en saqueos sistemáticos, hurtos y violencia contra otros civiles. 

^[4]    Hay muchos otros datos registrados en la plataforma GRITA de la ONG Temblores. Los informes diarios se publican en el perfil de Twitter de la Organización, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://twitter.com/TembloresOng