Ismael Hernández

El golpe de Estado contra Hugo Chávez de 2002 fue calificado como el primer golpe mediático de la historia. En las elecciones de 1998 los partidos de derecha fueron barridos por el alud popular del chavismo, dejando a la oligarquía sin sus instrumentos políticos tradicionales. Entonces las televisoras privadas tomaron su lugar; abandonando toda apariencia de neutralidad o imparcialidad, se asumieron como actores políticos de oposición y convocaron al paro nacional que desembocó en el efímero golpe de Estado. El 11 de abril una marcha fue desviada hacia el palacio presidencial con la intención de asaltarlo pero allí se habían se habían congregado miles de seguidores de Chávez para defenderlo. Entonces la policía metropolitana, que se había sumado a la asonada, trató sin éxito de dispersarlos. Sin embargo francotiradores abrieron fuego contra manifestantes de ambos bandos para acusar al gobierno de reprimir al pueblo.

Con todos los medios en contra, el gobierno contaba solamente con el canal de televisión estatal, Venezolana de Televisión (VTV) pero el día 11 de abril sus instalaciones fueron asaltadas por un grupo armado de la oposición. Por la noche con la unidad móvil de VTV el gobierno empezó a transmitir desde el palacio presidencial y en ese momento su señal fue sacada del aire. Con esto, los golpistas habían cerrado al chavismo todo acceso a los medios, la única versión disponible era la suya. Recordemos que en ese momento, el internet todavía no estaba tan desarrollado y no existían los teléfonos inteligentes. Por ello es completamente acertado el título del documental irlandés que narra esta historia: La revolución no será transmitida (Kim Bartley y Donnachá Ó Briain, 2002). Sacar del aire VTV, es decir, aislar comunicacionalmente al gobierno, era un objetivo estratégico de los golpistas. Culpando al gobierno de las muertes ocurridas, el alto mando militar exigió la renuncia de Chávez quien, ante la amenaza de bombardeo y para evitar el derramamiento de sangre, el presidente se entregó a los golpistas sin renunciar.

Un vídeo donde se mostraba a los chavistas sobre puente Llaguno disparando hacia la avenida Baralt (en las inmediaciones del palacio presidencial) fue transmitido una y otra vez como prueba irrefutable de que los chavistas habían disparado contra opositores desarmados, incluso ese vídeo recibió el premio Príncipe de Asturias. Sin embargo, Bartley y Ó Briain muestran que todo fue mentira: en las imágenes no se ve a qué le están disparando los chavistas pero los medios privados daban por hecho que lo hacían contra la marcha opositora. Sin embargo, confrontándolo con otros vídeos de los mismos sucesos, se aprecia claramente que disparan (en una acción defensiva) contra la policía metropolitana que trataba de dispersarlos. Por otro lado, los días 12 y 13 de abril mientras el pueblo se lanzó a las calles a exigir el regreso de Chávez y era brutalmente reprimido por los golpistas, los canales privados de televisión no informaban sobre ello y en su lugar transmitían caricaturas.

Una de las batallas decisivas para aplastar la asonada derechista fue recuperar el palacio presidencial, lo cual corrió a cargo de la guardia leal a Chávez. Tanto o más importante estratégicamente fue recuperar las instalaciones y la señal de VTV, lo cual sucedió finalmente el 13 de abril por la noche. Unas horas después Chávez regresó al palacio presidencial aclamado por su pueblo.

El mundo ha cambiado mucho desde entonces, la televisión ha sido desplazada por el internet y en especial las redes sociales como medio de información y transmisión de noticias y también como vehículo de campañas de desestabilización contra gobiernos incómodos a los grandes poderes económicos y a los Estados Unidos. Está sobradamente documentado que las movilizaciones del 11 de julio en Cuba contra el gobierno revolucionario fueron convocadas, coordinadas y planeadas desde el extranjero a través de las redes sociales, especialmente Twitter. Miles de cuentas falsas creadas recientemente ex profeso fueron las que amplificaron el hashtag #soscuba y trataron de envolver en ese bulo a personajes de la farándula que, a su vez, lo amplificarían más. Desde Twitter se fabricaron las fake news que luego fueron retomadas acríticamente por medios tradicionales, columnistas, académicos, políticos y ONG´s. Alguien podría pensar que Twitter no tiene la culpa de ello, que la red social sólo es una plataforma desde la que se pueden expresar por igual los diferentes bandos políticos. Sin embargo, está probado que esa y otras empresas (como Facebook) no son neutrales y que toman partido siempre velando por sus intereses económicos y el de sus anunciantes (otras grandes corporaciones capitalistas) y que si les va a generar ganancias la proliferación de cuentas y noticias falsas, las tendencias artificialmente infladas e incluso censurar a algunas personas, lo harán sin remordimientos. Para muestra un botón: en estos días decenas o cientos de imágenes de personas en las calles manifestándose a favor del gobierno revolucionario fueron presentadas como si fueran de opositores. Una mujer se reconoce en una de esas imágenes manipuladas y desde su cuenta de Twitter lo desmiente y refrenda su apoyo a la revolución. Finalmente, Twitter suspende su cuenta “por actividad inusual”. Uno de los grandes mitos de internet y de las redes sociales en particular es que ellas son como un territorio neutral donde se desarrolla la confrontación política entre distintos bandos. La realidad no es esa; las redes no son la cancha donde jugamos contra el equipo contrario, son parte de ese equipo. Claro, hay que dar la batalla por la información en las redes sociales pero con la consciencia de que no nos encontramos en un terreno neutral, es el terreno del adversario y jugamos con sus reglas.

Si en el golpe de Estado de 2002 en Venezuela el control de las televisoras (que se concretaba en el control físico de sus instalaciones) fue parte central de la batalla por el poder; hoy lo es el control de la información que circula en las redes sociales; los ciber ataques, hackeos, el espionaje digital y las operaciones de propaganda negra y movilización en redes son parte de la guerra híbrida que hoy se libra entre las grandes potencias y de éstas contra los gobiernos de países que luchan por salir de la dependencia o emprenden proyectos alternativos. Hoy es imposible hablar de soberanía sin incluir la soberanía digital; un país que no ejerce un mínimo control o regulación sobre internet es como una casa con puertas y ventanas abiertas donde cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera. Pero, a diferencia de lo sucedido en Venezuela en 2002, es imposible tomar las instalaciones de Twitter o Facebook, pues se ubican en Sillicon Valley; de hecho los golpistas cubanos no necesitan hacerlo pues ya están a su servicio. El hecho de que el gobierno cubano y sus partidarios también puedan hacer uso de twitter no cambia sustancialmente la situación pues sus opositores cuentan con recursos millonarios para magnificar sus mensajes, es una batalla desigual. Esa es otra ilusión de las redes sociales, pensar que es un mundo donde el dinero no juega un papel; en realidad mucha información se vuelve viral no por su propio valor o atractivo sino a golpe de billetes, pagando por “impulsarla”, pero eso queda oculto para la mayoría de los cibernautas que ingenuamente la reproducen y la creen.

Por ello es plenamente comprensible y válido que el gobierno cubano corte la señal de internet en la isla como medida defensiva. China tiene completamente bloqueado Twitter y otras redes sociales, Rusia los tiene restringidos. ¿Esto es un ataque contra la libertad de expresión o una medida de defensa de su soberanía ante las campañas mediáticas de desestabilización? ¿Se está censurando a los ciudadanos que utilizan esas redes o se está bloqueando la acción de cientos de miles de cuentas falsas y automatizadas que coordinadamente impulsan desde el exterior la subversión contra esos gobiernos? Parte del triunfo ideológico de la derecha es que ha convencido a miles de millones de que el acceso a Facebook y Twitter es sinónimo de libertad de expresión y que su ausencia es sinónimo de censura (como si esas empresas no ejercieran su propia censura con criterios nada transparentes); la conclusión, bastante peligrosa, es que la libertad de expresión queda amarrada a empresas privadas y sus intereses comerciales.

Hace unas semanas el G-7 llegó a un histórico acuerdo para reformar el sistema fiscal global e imponer impuestos a las corporaciones digitales como Google, Amazon y Facebook. Es un primer paso, aún tímido, para reivindicar la soberanía de los estados nacionales. Esas empresas monopolizan y manejan como un bien privado la tecnología que hoy se ha vuelto indispensable para la comunicación entre las personas y para el debate público. Por tanto, el siguiente paso es someterlas las regulaciones de una convención internacional firmada por la mayoría de los países que las obligue, por ejemplo, a transparentar el uso que hacen de los datos de los usuarios, quiénes son sus anunciantes y a informar qué publicaciones están siendo impulsadas mediante un pago, entre muchas otras cosas. Del mismo modo que limitar la producción de armas nucleares y combatir el cambio climático son asuntos globales y delicados que deben ser regulados por un acuerdo de la comunidad internacional; las corporaciones digitales deben someterse a una convención internacional que les impida ponerse por encima de la soberanía de los estados y manipular y lucrar con los datos de los usuarios.