Javier Sainz Paz.

El pasado 1 de febrero AMLO envió a la Cámara de Diputados la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”. Esta iniciativa, que para algunos parece inofensiva y otros la ven como la “neoexpropiación”, traza una ruta por medio de la cual se combate el proceso de privatización de la industria eléctrica a través de la revisión de los permisos de autoabastecimiento de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica de los Productores Independientes de Energía (PIE).

Recordemos que, en 1992 el gobierno de Carlos Salinas reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir la generación de energía a particulares bajo 6 modalidades: autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente de energía, importación, exportación y pequeña producción. En todos los casos se trataba de generación eléctrica privada destinada a autoconsumo, aunque el permiso PIE estaba destinado a la generación para venta a la CFE.

El gobierno de Ernesto Zedillo propuso la creación de un mercado eléctrico y Vicente Fox se mantuvo en la misma línea, orientada a desmantelar a la industria eléctrica mexicana con el fin de crear un sistema de “acceso abierto” a todos los generadores privados de energía, así como a los operadores mayoristas, encargados de comprar y vender electricidad. En 2013, el gobierno de Peña Nieto-Videgaray y la alianza parlamentaria encabezada por PRI, PAN y PRD, que se denominó “Pacto por México”, concretó una Reforma Energética en donde los permisos PIE habilitaron a privados para la compra y venta de “excedentes” de generación entre particulares.

Lejos de que ello llevara a una reducción en el precio de la energía, se benefició a empresas y prestanombres que a través de permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación, blindaron su negocio y forzaron al Estado a desmantelar y endeudar a la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, se diseñó un mercado eléctrico que dio preferencia a la industria privada, a través de una regulación ambigua que exluye la entrega física de energía y tramposamente omite considerar los costos de producción para el despacho.

Trazar un camino para combatir la privatización ha sido una tarea que diversas organizaciones sociales y políticas se han planteado de distintas formas, pero todas ellas se han topado con la imposibilidad de concretar algún avance.

Guste o no, es a partir del triunfo electoral de 2018 que se comienzan a construir diques a la avasallante política neoliberal. Pero ésta no es una tarea fácil y prueba de ello es esta iniciativa de ley. Combatir al neoliberalismo resulta un ejercicio de guerra de posiciones, en donde el gobierno de la 4T ha iniciado la construcción de diques que bloqueen las prácticas y caminos por los cuales se profundizó el proyecto de despojo.

Es de resaltar que la táctica que se plantea es la transformación de reglamentos para que el abastecimiento energético del Estado priorice aquella que él mismo genera, a través de las plantas hidroeléctricas; en segundo término las plantas nucleares, geotérmicas, de ciclo combinado y las termoeléctricas de la CFE; en tercer lugar las plantas eólicas y solares, y en cuarto lugar, las de ciclo combinado de empresas privadas. De lo que se trata es devolver al Sistema Eléctrico Nacional la posibilidad de operar en condiciones de seguridad, confiabilidad y economía, aspectos que con la entrada al sistema de los generadores privados (sobre todo los que incluyen el falso autoabastecimiento remoto) fueron afectados, porque impide planificar adecuadamente el aumento en la capacidad de transporte de las redes, introduciendo la incertidumbre de los contratos de compraventa de energía entre particulares.

Si bien esta táctica, para su aprobación en el congreso, sólo requiere de mayoría simple, la iniciativa está encontrando una fuerte oposicion en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo demuestra el fallo de la segunda sala de la SCJN del 4 de febrero del año curso, en contra de las directivas de Política Eléctrica emitida en meses anteriores por acuerdo de la Secretaría de Energía. Con ello, la SCJN trata de declarar inscontitucionales aquellas disposiciones que “obstaculizan la libre competencia”, no obstante, lo que está en juego es una iniciativa que nos puede acercar a la añorada soberanía energética.

¿Por qué no simplemente se cancelan aquellos contratos y se echan atrás las reformas de 1992 y de 2012 a partir de decretos? La cuestión es que estas reformas están tanto en un marco legal internacional que México no puede incumplir si no quiere recibir penalizaciones, como en un escenario en donde el bloque opositor a la 4T trata por todos medios de mantener sus privilegios a través de las diferentes posiciones que mantienen en el Estado. La perspectiva de la cancelación inmediata de los “contratos leoninos” va en contra sentido de la relación de fuerzas, pues abre un frente de lucha en contra de sectores económicos que en otros países han desatado golpes de Estado.

La estrategia de combatir las legislaciones neoliberales que prevalecen, por la letra pequeña, es un pequeño paso, pero uno que se debe dar para comenzar a acumular fuerza para desterrar la política de saqueo. Así, la letra pequeña se convierte en formulación programática de un programa más amplio, que se construye día a día y que involucra una profunda reforma del Estado en sus puntos de anclaje más importante. AMLO entiende que una nación no puede enfrentar los dilemas del futuro sin soberanía energética y a ello contribuye esta iniciativa.