Eduardo Martínez Ávila

Claudio X. González y la gestión empresarial de la educación 

En la conferencia de prensa matutina del pasado 1° de marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un fragmento de una entrevista realizada por el periódico El Universal a Claudio X. González Guajardo, hijo del presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark México^[1], Claudio X. González Laporte, personaje artífice para la implementación de las políticas económicas de corte neoliberal en México. El magnate formado en la Universidad de Stanford, fue encumbrado como asesor económico durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

La privatización de las entidades paraestatales benefició a un círculo empresarial afín a la cúpula salinista. Para muestra, Gonzalez Laporte se asentó en el Consejo de Administración de Grupo México –propiedad de Germán Larrea–, posterior a la privatización del sector minero en 1990. A partir de la concertación de grupos de negociación y presión política como el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial –establecidos en la década de 1960 y 1970, respectivamente–, la élite empresarial ha definido una agenda gubernamental en sintonía con sus intereses de clase –aquello que el historiador estadounidense, Robert Brenner, definió como la redistribución y transferencia de los bienes públicos hacia arriba vía el mecanismo político−. Basta recordar el financiamiento que el Consejo Coordinador Empresarial, presidido en aquel entonces por González Laporte, realizó en contra de López Obrador, candidato de la coalición de partidos de izquierda, en la fraudulenta elección presidencial de 2006.

De este núcleo de intereses político-familiares, emerge Claudio X. González Guajardo, presidente fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (2015) y cofundador de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (1999), Mexicanos Primero (2005) y Bécalos (2006) –Mexicanos Primero, constituida de manera conjunta con la Fundación Televisa, produjo en 2012 el fatídico documental De panzazo, narrado por Carlos Loret de Mola; el filme, proyectado en cadena nacional, presentaba un contundente mensaje de menoscabo en contra del magisterio nacional−. El actual orquestador de la alianza de partidos opositores articulados en torno a la coalición político-electoral Va por México, jugó un papel decisivo en la orientación y contenido de la reforma jurídico-administrativa en materia educativa. Habrá que tener presente que la primera reforma estructural encabezada formalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto -refrendada por las fuerzas políticas del Pacto por México-, se centró en la cuestión educativa^[2].

En septiembre de 2012, González Guajardo, en calidad de presidente de Mexicanos Primero, instó públicamente al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto –en medio de los escándalos del financiamiento ilegal de la campaña presidencial del candidato priísta, vía los sobornos de Odebrecht, el exceso de los gastos de campaña conforme el tope establecido por la ley y la triangulación de los recursos con el caso Monex–, a realizar cuatro modificaciones en materia educativa: 1) la recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado; 2) la profesionalización docente mediante la evaluación del magisterio –la evaluación representaría el criterio que definiría la permanencia del profesorado en los cargos docentes–; 3) el otorgamiento de una mayor autonomía a las escuelas, así como la participación activa de las madres y padres de familia en los asuntos educativos –mecanismo que permitiría fortalecer a la Federación de Padres de Familia de agenda conservadora–, y; 4) la eliminación de la partida presupuestal destinada para las plazas sindicales^[3]. 

Las protestas y manifestaciones magisteriales efectuadas en diferentes Estados de la República, padecieron de una constante acometida y criminalización por parte de los poderes fácticos, encumbrados por los medios corporativos de comunicación. Basta recordar la funesta represión perpetrada en contra de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –proceso que encendió la llama para la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en junio de 2006−. La oposición a la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008, pactada por la lideresa salinista del SNTE, Elba Esther Gordillo, con el entonces secretario de Educación calderonista, Alonso Lujambio, en conjunto con las impugnaciones establecidas en contra de la aprobación de la Reforma Educativa de 2013, impulsaron una organización y resistencia colectiva en defensa de los derechos del gremio docente. Pese a ello, el hijo del magnate salinista, hizo patente su concepción punitiva y persecutoria contra el magisterio nacional, al manifestar su posicionamiento en la conformación del nuevo modelo educativo:

Además de la batalla por el Estado de Derecho y por la educación, se da una batalla entre un México premoderno que quiere el corporativismo, la corrupción, el chantaje, el oscurantismo, con un México que anhela a la modernidad que significa la rendición de cuentas, la transparencia, la educación de calidad, las normas y las leyes que prevalezcan, la democracia, la participación ciudadana, las instituciones.^[4]

Los argumentos esgrimidos por González Guajardo se articularon en torno a los criterios educativos focalizados en la calidad del servicio profesional docente, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana, entre otros. No obstante, lo anterior no fue producto del talante y “compromiso educativo” del autonombrado activista social. Dicha estrategia forma parte de un proyecto económico y geopolítico internacional, orquestado por los organismos financieros multilaterales de matriz estadounidense –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)–, las empresas transnacionales, los gobiernos del G-7, los centros de investigación y los think tanks, definidos de manera conjunta como la gobernanza privatizadora de la educación occidental. Lo anterior dio forma a una transformación cualitativa del capitalismo como estructura sistémica de poder. La articulación del proceso histórico del neoliberalismo, la globalización –americanización del mundo, en términos de Bolívar Echeverría– y la financiarización de la economía, trastocaron ámbitos diferenciados de la vida cotidiana, entre ellos el campo pedagógico, político y socio-cultural de la educación.

El mercado como espacio de formación educativa. Las teorías del capital humano en la conformación del sujeto-empresa

El horizonte y función de la educación mutó de manera significativa durante el periodo neoliberal. De un etapa histórica que legitimó el papel de la educación como derecho humano universal, caracterizado por el acceso/democratización de la cultura para la ciudadanía en su conjunto, el referente educativo transitó hacia un proceso de mercantilización –aquello que Boaventura de Sousa Santos definió como la edificación de los conocimientos para el control/regulación de las sociedades, en contraste con la construcción de la educación como proceso emancipatorio−.^[5] A partir de la imposición de las políticas de ajuste estructural y estabilidad macroeconómica sistematizadas por el Consenso de Washington –políticas de apertura comercial, desregulación financiera, contención inflacionaria vía salarios, aumento de los impuestos al consumo, reducción del gasto público en ámbitos sociales como la educación y la salud, privatización de las entidades paraestatales, entre otros mecanismos–, la gestión educativa ha sido subsumida a los criterios de la competencia, la productividad y los rendimientos del mercado.^[6]

Con esta finalidad, la educación neoliberal fue establecida en términos de la formación del capital humano. En un contexto de competencia mundial capitalista, las naciones periféricas –asentadas en una estructura asimétrica y desigual– se integraron a la dinámica de la globalización neoliberal bajo condiciones de precarización salarial, flexibilización de la jornada de trabajo e incumplimiento de los derechos laborales conquistados en coyunturas históricas precedentes. Los referentes de la educación popular y comunitaria fueron suprimidos por la imposición de una gestión educativo-empresarial. Las teorías del capital humano, formuladas a partir de la década de 1960 por Theodore Schultz y Gary Becker de la Universidad de Chicago –bastión ideológico del pensamiento neoliberal–, destacaron por el papel asignado a la educación en la obtención de habilidades y competencias para el empleo remunerado y la innovación. Lo anterior estimula, según la ortodoxia económica, el aumento de los niveles de productividad, en aras del crecimiento económico nacional.^[7]

Las teorías del capital humano fueron refuncionalizadas en el decenio de 1980, en el contexto de inserción del mundo occidental al neoliberalismo. Las teorías del capital humano enarbolaron la perspectiva del individualismo metodológico y la elección racional de los agentes económicos –rational choice– como elementos catalizadores de una nueva época que modificó el papel del sujeto a nivel ontológico y antropológico. Es decir, emergió una racionalidad donde el comportamiento humano presentaba correspondencia con los criterios de actuación de las empresas. El sujeto-empresa, en términos de Laval y Dardot,^[8]constituye un individuo con espíritu comercial, que legitima, bajo la bandera del emprendedurismo, un modo de conducta humano con base en el descubrimiento y aprendizaje de las expectativas de mercado. Conforme una dinámica competitiva, el sujeto empresarial requiere de habilidades, capacidades y aptitudes para identificar la información que brinda el mercado –vía el mecanismo de precios–, con el propósito de obtener beneficios. De esta forma, la competencia está anclada en la capacidad que determinado sujeto ostenta para superar a los demás individuos que buscan maximizar, de igual forma, las utilidades del mercado.

Sin duda, la teoría del capital humano tendría un impacto limitado si el campo de acción fuese acotado al ámbito de la economía y las finanzas. Sin embargo, esto no es así. Los referentes teóricos del neoliberalismo, fundamentado en la escuela austro-estadounidense con Hayek, Von Mises y Friedman a la cabeza, formularon una serie de axiomas que giran en torno a la teoría de la acción humana. El comportamiento establecido por la racionalidad empresarial, remite a una supuesta conducta humana universal. Conforme este bagaje teórico, la permanente búsqueda de oportunidades, con base en los criterios del mercado, forma parte de la dinámica cotidiana de los sujetos. El mismo Gary Becker, laureado con el premio Nobel de Economía en 1992, teorizó sobre la economía del matrimonio, supeditando las relaciones erótico-afectivas bajo la dinámica del mercado.

Así establecido, el desarrollo de competencias representa un mecanismo para la valorización del capital humano. La preeminencia del capital humano está definida por la capacitación de cada individuo. Bajo este abordaje teórico, las desigualdades sociales no remiten a condiciones estructurales en términos de la clase social, el cuerpo sexuado, el rol socio-cultural del género, la pigmentación de la piel, las preferencias erótico-afectivas, etc. Las desigualdades provienen de la potencialidad –o no– de capacitarse en el mercado. El mercado se convierte en el espacio de instrucción técnico-educativo por excelencia. De esta forma, la flexibilidad e incertidumbre de los mercados de trabajo requiere de individuos que se adapten, en sintonía con la “racionalidad” del sujeto empresarial, a las condiciones de flexibilidad y precarización de la estructura laboral, definida conforme la división internacional del trabajo. Consecuentemente, la adquisición de habilidades y competencias, forma parte del proceso de cualificación del capital humano supeditado a la lógica del capital, el cual recompensa al sujeto que capta, en mayor medida, las expectativas y necesidades del mercado. En términos generales, se impone una concepción educativa subsumida a los criterios mercantiles, que legitima y profundiza los procesos de control/regulación de las sociedades.

La gobernanza privatizadora de la educación occidental. La agenda educativa neoliberal en México

En este contexto histórico-estructural, el papel activo de los organismos financieros multilaterales, las empresas transnacionales, los gobiernos del G-7, los centros de investigación y los think tanks –la gobernanza privatizadora de la educación occidental–, impulsaron una agenda educativa, particularmente dirigida a las naciones subdesarrolladas, que restringió el papel de la enseñanza pública como derecho humano. De manera paulatina, se instauró un proyecto hegemónico que enarboló la relevancia de la mejora de la calidad de los servicios educativos. A partir de la gestión administrativa de los espacios escolares, se implementaron mecanismos para la evaluación y seguimiento de los resultados educativos, acorde a los criterios de optimización, eficiencia, competitividad y productividad económica que implantó el neoliberalismo.

La imposición de las políticas neoliberales trajo consigo el saneamiento de las finanzas públicas, establecido, entre otros ámbitos, con el recorte –en términos reales– del gasto público destinado a la educación. Lo anterior dio paso a una participación significativa del sector privado en el campo educativo. A partir de la década de 1980, las instituciones financieras internacionales sistematizaron la agenda de trabajo con base en la promoción de la calidad educativa. El Banco Mundial y la OCDE impulsaron la realización de foros de discusión, mesas de trabajo y publicaciones al respecto. En 1983, la administración Reagan promovió, en conjunto con las fuerzas neoconservadoras estadounidenses, la realización del reporte A Nation at risk: the imperative for educational reform elaborado por el National Commission on Excellence in Education. El propósito del estudio consistió en formular un balance sobre la calidad del sistema educativo estadounidense que diera paso a una reforma en la materia.^[9]

Sin duda, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -que cuenta con el antecedente de la fundación del Centre for Educational Research and Innovation en 1968, bajo el patrocinio de la fundación Ford y Shell^[10]− representó la institución financiera internacional que configuró el nuevo paradigma educativo en términos de la orientación política del proyecto, la gestión administrativa del espacio escolar, así como el fundamento normativo-institucional que respaldó la participación activa de las entidades privadas. La publicación del documento Schools and quality: an international report en 1989, destacó por promover un conjunto de tópicos decisivos para la conformación del proyecto de la calidad educativa, articulados en torno a: 1) la definición de un currículum común básico; 2) los mecanismos de evaluación y seguimiento; 3) las competencias del profesorado; 4) la organización y gestión escolar; 5) los recursos físicos y presupuestales de las escuelas.^[11]

La gobernanza educativa internacional promovió una serie de estrategias que avalaron la subsunción del perfil educativo a la dinámica del capital. A partir de la década de 1990, emergieron proyectos educacionales centrados en las Asociaciones Público-Privadas (APP), la vigilancia y monitoreo de las instituciones de educación pública mediante la instauración de políticas de rendición de cuentas, el otorgamiento gubernamental -o de organismos no gubernamentales- de incentivos, estímulos y subsidios para la educación privada, la elaboración de rankings de evaluación educativa, el financiamiento y promoción de esquemas crediticios dirigidos al estudiantado para cubrir los costos devengados de la formación universitaria –vouchers escolares–, así como la implementación de marcos de evaluación estandarizados a nivel mundial –donde destaca el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) diseñado por la OCDE, la cual fue implementado por primera vez por en el año 2000−.^[12]  

La proliferación de colegios e institutos privados, representó el mecanismo más palpable que avaló el proceso de mercantilización del proyecto educativo-occidental. Sin embargo, de manera más sutil –pero con implicaciones más significativas–, se implementaron reformas educativas a nivel mundial que impactaron en la formulación de los contenidos curriculares. Esto es, la privatización de la educación no solo impactó en la gestión escolar impulsada por los agentes privados, sino que repercutió en la definición de los contenidos educativos asociados con las competencias y las habilidades profesionales. La OCDE incentivó la promoción de escenarios para la mejora en la calidad educativa a través de la implementación del esquema educativo basado en las competencias.

Bajo estas condiciones, la OCDE elaboró, en los albores del siglo XXI, el informe Conclusiones del periodo 1998-2002,el cual abordó la necesidad de proponer marcos teóricos y conceptuales para la definición de las competencias, con la intención de impulsar legislaciones y modificaciones normativas de los proyectos curriculares a nivel mundial.^[13] En el marco del Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), presidido por la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza, la OCDE publicó en 2005 el documento La definición y selección de competencias clave, que, además de legitimar la relevancia de la prueba PISA, estableció una tipología de las competencias, articulada en tres niveles: 1) de las herramientas individuales que posibilitan las habilidades tecnológicas y del lenguaje de manera interactiva, 2) se impulsan las competencias para la comunicación entre individuos, finalizando con 3) el fortalecimiento de las capacidades individuales para el manejo responsable de la vida propia, conforme los contextos cambiantes de la globalización y la “modernización”, vinculado con la llamada sociedad del conocimiento.^[14]

El propósito del DeSeCo, articulado en una primera etapa por el Proyecto de Competencias Curriculares Transversales, la Encuesta Internacional de Alfabetismo en Adultos y el Proyecto de Indicadores de Capital Humano, consistió en desarrollar los marcos de referencia para la elaboración de un aparato teórico más acabado para la medición de las competencias^[15]. La publicación del informe Habilidades y competencias del siglo XXI en 2010 –que tomó como referente las conclusiones del Congreso Internacional sobre Competencias del Siglo XXI realizado en la ciudad de Bruselas, en septiembre de 2009–, discutió el papel de las políticas y prácticas educativas con respecto al desarrollo cognitivo de la juventud. En este sentido, la OCDE definió las habilidades como la potestad –individual, claro está– para realizar tareas y solucionar problemas, mientras las competencias remiten a la capacidad del sujeto para implementar los resultados de aprendizaje en un contexto determinado –sea a nivel educativo, laboral, profesional o personal. Así establecido, las competencias se conforman de recursos cognitivos –teorías, conceptos, conocimientos–, aspectos funcionales –habilidades técnicas–, atributos interpersonales –habilidades sociales– y valores éticos. En términos de los especialistas de la institución financiera internacional:

Nuestra definición de habilidades y competencias para el siglo XXI las conceptualiza como aquellas habilidades y competencias necesarias para que los jóvenes sean trabajadores efectivos y ciudadanos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI.^[16]

No obstante, resulta singular la legitimación que los funcionarios de la OCDE realizan de los fundamentos de la sociedad del conocimiento, sin hacer mención significativa del contexto de crisis económico-social, producto del estallido de la burbuja financiera de las hipotecas subprime. Sin duda, lo anterior adquiere mayor relevancia en el contexto de profundización de las contradicciones del proyecto neoliberal y del régimen de acumulación con predominio financiero, hecho patente con las repercusiones multifactoriales generadas por la pandemia del COVID-19 y el conflicto geopolítico territorializado en Ucrania. En otro orden de ideas, la institución ha planteado una postura celebratoria de las transformaciones tecno-económicas, sin asentar las consecuencias sociales, por ejemplo, en materia del desempleo estructural. Para muestra, la Organización Internacional del Trabajo estima que el número de personas desempleadas podrá alcanzar la cifra de 208 millones de personas en el año 2023.^[17]No obstante, para las instituciones promotoras de la gobernanza de la privatización educativa, la respuesta a los desafíos laborales, profesionales y personales está en función del desarrollo de habilidades y competencias individualizadas, legitimando la racionalidad del sujeto competitivo-empresarial referido con anterioridad.

Lo anterior presentó contundentes repercusiones en el sistema educativo mexicano a partir de la década de 1990. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se forjaron los cimientos para la conformación del proyecto educativo centrado en el enfoque por competencias. En mayo de 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, pactado entre el Gobierno Federal, los Gobiernos estatales y el SNTE. El Acuerdo, avalado normativamente por la Ley General de Educación publicada ese mismo año, legitimó la descentralización presupuestal y administrativa de los servicios educativos, gestionados por los Estados. Además, se reformaron los planes y programas de estudio, que trajeron consigo la modificación de los contenidos curriculares. No obstante, el elemento decisivo que avaló el cambio de ruta del proyecto educativo nacional consistió en el énfasis de la participación del sector privado en los espacios educativos -incluyendo la instrucción escolarizada de las Iglesias y asociaciones de culto−.^[18]

Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo, impulsaron el Programa de Formación de Recursos Humanos en octubre de 1995. La intención del proyecto consistía en ajustar los contenidos curriculares conforme las necesidades empresariales establecidas por los mercados de trabajo. Lo anterior trajo consigo la aprobación del Programa para la Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales en 1997, el cual, tenía como principal propósito, la “modernización” de las habilidades docentes bajo el referente de las competencias. La agenda educativa promovida por la OCDE y el Banco Mundial tuvo continuidad con el gobierno de Vicente Fox Quesada. En 2001, arrancó el Programa de Escuelas de Calidad, que destinó recursos públicos y privados a escuelas que, seleccionadas vía concurso, presentaban un proyecto de desarrollo pedagógico. La firma del Compromiso Social por la Calidad Educativa de agosto de 2002, trajo consigo la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que promovió la implementación de pruebas estandarizadas estudiantiles a nivel nacional. Lo anterior representó el antecedente de la puesta en marcha de la Evaluación Nacional del Logro Académico de los Centros Escolares (ENLACE) y del Plan Nacional de Evaluación para los Aprendizajes (PLANEA) de 2006 y 2015, respectivamente.^[19]

Las reformas curriculares de la educación básica y media superior se implementaron en el quinquenio, 2004-2009. En el contexto de la Alianza por la Calidad Educativa, la entonces Secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, solicitó apoyo técnico a la OCDE para el diseño de las estrategias que conformaron la Alianza de la Calidad Educativa. Lo anterior fue respaldado por las organizaciones empresariales como Mexicanos Primero, Suma por la Educación, Transparencia Mexicana, Federación de Padres de Familia, así como por los Congresos Nacionales impulsados por la estructura directiva-caciquil del SNTE. La vinculación entre el gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se cristalizó en 2010 con la firma del Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de las escuelas mexicanas. En este contexto destacó la publicación del informe Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México. Así establecido, la OCDE asumió la directriz, justificado bajo el esquema de asesoramiento y apoyo técnico, para la implementación del programa educativo por competencias en el país. De manera paulatina, se aprobaron legislaciones, proyectos político-educativos y estrategias pedagógicas que articularon el proyecto de la educación neoliberal en México, cuya cúspide se alcanzó con la promulgación de la Reforma Educativa de 2013.

En suma, la gobernanza de las instituciones financieras de matriz occidental definieron el rumbo de la educación en México. Bajo los criterios estandarizados de la calidad educativa y el enfoque basado en competencias, se abandonó la relevancia de la autonomía profesional docente, así como la implementación de pedagogías/metodologías situadas –promotoras del aprendizaje y conformación de los saberes comunitarios–, los cuales tienen como finalidad primaria la resolución de problemáticas locales/regionales en favor del bienestar colectivo. De agente de la transformación social, el proyecto privatizador buscó reducir el papel del profesorado a mero intermediario y difusor de los parámetros establecidos por los referentes educativos internacionales. No obstante, el compromiso y vocación del gremio magisterial, agrupado, en buena medida, en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, legitimaron la defensa, lucha y reivindicación del papel histórico del profesorado.

La imposición del modelo neoliberal en materia educativa, impulsó la aprobación de políticas y programas curriculares homogeneizantes, que dejaron de lado las necesidades específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada territorio/contexto histórico-cultural concreto. Bajo el referente de las teorías del capital humano, la educación impulsó pautas de individualización –dando paso a la conformación ontológica y antropológica del sujeto empresa–, donde el referente legitimó la formación de recursos humanos para su inserción en el mercado de trabajo –establecido, en términos sistémicos, bajo condiciones de precarización y flexibilidad laboral−. Todo ello deparó en un proceso masivo de empobrecimiento y desigualdad de la sociedad mexicana. No obstante, estamos en un proceso de transformación político-social. La elección democrático-popular de julio de 2018 ha conformado un Proyecto de Nación que tiene como referente la erradicación del neoliberalismo. Se ha constituido un bloque histórico en el poder que enarbola y legitima el papel de los históricamente desposeídos. Lo anterior obliga a conformar un proyecto educativo que apunte hacia procesos emancipatorios –en detrimento de la conformación de los conocimientos como políticas de dominación y regulación de las sociedades−. La formación educativa –más allá del ámbito escolarizado– tiene como fundamento la reproducción ampliada de la vida en comunidad. De ese tamaño es el desafío que tiene frente a sí el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

^[1] No habrá que pasar por alto la condonación de impuestos que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto le realizaron a Kimberly-Clark México por un monto preliminar de 44 millones de pesos. Así mismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Calderón, subsidió a la compañía por un monto de 36 millones de pesos para la investigación y mejoramiento de los pañales desechables y papel higiénico.

Rodríguez, I. (2019, 2 de octubre). Calderón y Peña perdonaron impuestos por un billón de pesos. La Jornada. Recuperado de  

Delgado, A. (2021, 01 de noviembre). Calderón usó CONACYT para darle 36 millones a González Laporte y a Kimberly Clark. Sin Embargo. Recuperado de (

^[2] La reforma laboral formó parte del paquete de reformas estructurales avaladas por el ex gobernador priísta del Estado de México,integrante del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto. No obstante, la reforma en materia laboral fue aprobada el 30 de noviembre de 2012, último día de la gestión presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.

^[3] López Aguilar, M. J. (2013). La reforma “educativa” contra los maestros y el derecho a la educación. El Cotidiano, 179, 55-76.

^[4] El Universal (2018). Gobierno no debe ceder ante la CNTE y el SNTE [Video Youtube]. Recuperado de  

^[5] Santos, B. (2019). Educación para otro mundo posible. Clacso y Cedalc.

^[6] Jarquín, M. (2022). La pedagogía del capital. Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México. Akal.

^[7] Idem

^[8] Laval, C. y Dardot, P. (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Gedisa.

^[9] Jarquín, M. (2022).

^[10] Jarquín, M. (2022).

^[11] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (1989). Schools and quality: an international report. Recuperado de  

^[12] Jarquín, M. (2022).

^[13] Echavarría Canto, L. y De los Reyes, C. (2017). El modelo de educación basada en competencias: genealogía, análisis y propuestas. XIVCongreso Nacional de Investigación Educativa. Recuperado de https://comie.org.mx › memoriaelectronica › doc

^[14] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2005). La definición y selección de competencias clave. Recuperado de https://www.deseco.ch › bfs › deseco › index

^[15] Hersh, L.; Rychen, D.; Moser, U. y Konstant, J. W. (1999). Proyectos sobre competencias en el contexto de la OCDE. Análisis de base teórica y conceptual. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Recuperado de

^[16] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2010). Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE.

^[17] Organización Internacional del Trabajo (2023). Perspectivas sociales y del empleo en el Mundo. Tendencias 2023.

^[18] López Aguilar, M. J. (2013)

^[19] Idem