1

Emociones, gestos e imágenes



Emociones, gestos e imágenes

Luis Martínez Andrade

Durante este fatídico mes de mayo, mientras los pueblos de Palestina y de Colombia eran por enésima vez masacrados, dos imágenes le dieron la vuelta al mundo. La primera fue la de Marino Hinestroza, mediocampista del club brasileño Palmeiras, sosteniendo una franela con la inscripción: “SOS Colombia” en referencia al vergonzoso silencio de parte de las instituciones internacionales en torno a la sangrienta represión padecida en tierras colombianas. Fruto de la cantera del América de Cali, Hinestroza, erguido y con mirada desafiante, era, en ese momento, una metáfora de la larga resistencia de los pueblos afro-colombianos. La segunda imagen fue la de Riyad Mahrez agitando, en la celebración de del titulo de la Premier League, la bandera Palestina. Capitán de la selección argelina, el gesto de Mahrez concentró en ese instante la admiración que ha despertado – y sigue despertando – la lucha anticolonial del pueblo palestino. Ambas estampas son portadoras de expresiones colectivas de emociones.
Para Georges Didi-Huberman el verdadero gesto filosófico radica en asombrase ante una cosa, un ser o una experiencia . Además, nos dice el filósofo francés, en el proceso de transformación (tanto individual como colectivo) hay que atreverse a mostrar su emoción y, por tanto, exponerse. Ahora bien, la emoción es un “movimiento fuera de sí”. Es, a la vez, un movimiento “dentro de mí” y “fuera de mí”. Por medio de los gestos, las emociones pueden desplegar su carga explosiva y, en ese sentido, contribuir al proceso de cambio. “La emoción, sostiene Didi-Huberman, no puede definirse como un estado de pura y simple pasividad” . Por tanto, para que las emociones nos transformen y transformen la realidad, éstas deben transformarse en pensamientos y en acciones. A través del análisis de “El acorazado Potemkin” (1925) del cineasta soviético Serguéi Eisenstein, Didi-Huberman explica su teoría de las emociones y llega a la conclusión que, si bien no se puede hacer política solamente con sentimientos, tampoco se puede hacer “buena política” anulando nuestras emociones.
Mientras circulaba en las redes sociales el hagstag: ¡Resiste como Palestina, Lucha como Colombia!, las imágenes de Marino Hinestroza y de Riyad Mahrez condensaban el potencial emancipador de las emociones. Cual si fuera un terremoto ontológico, ambos gestos son una necesaria provocación de la emoción para que nos atrevamos a rescatar nuestra verdadera esencia humana: la capacidad de tomar partido por las víctimas.

Compartir en facebook
Compartir en twitter




Las calles gritan, los analistas no saben cómo escuchar. Ideas para comprender el los movimientos de protesta en Colombia, 2021



Las calles gritan, los analistas no saben cómo escuchar. Ideas para comprender el los movimientos de protesta en Colombia, 2021

Nem Zuhué Patiño García[1]

Las imágenes que inundan redes sociales estos días han estado marcadas por actos violentos, grandes movilizaciones, declaraciones de políticos (dentro y fuera del Estado) y reclamos ciudadanos. Durante más de quince días Colombia ha experimentado, en paralelo, jornadas masivas de protesta y ataques de la fuerza pública, o de civiles armados, contra otros civiles. Las primeras fueron convocadas en más de 700 municipios en todo el país; nadie esperaba que tal cantidad de personas atendiera el llamado a Paro. Las segundas han sido registradas con mayor crudeza e indignación; un saldo de 47 personas asesinadas, en su mayoría por presuntos miembros de la Fuerza Pública, todavía no ha sido esclarecido.

Entender ambas manifestaciones como parte del mismo fenómeno ha inspirado una serie de explicaciones que ya han empezado a desarrollarse. Sin embargo, la celeridad y asombro que ha producido este movimiento en distintos analistas, ha hecho circular algunas nociones conservadoras acerca de la sociedad colombiana. Para ser consecuentes, si queremos explicar este fenómeno, repetir algunos prejuicios sin evidencia no aporta a su comprensión. Apartarse de estos elementos requiere, antes que otras tareas, identificarlos y exponerlos con claridad. Vamos a tratar dos, sin ninguna intención por ser exhaustivos: la falta de gobernabilidad del presidente y la relación entre la pobreza y las protestas violentas.

La sensación de desgobierno que ha dejado en Colombia el mandato de Iván Duque es notoria: políticas insuficientes para atender la crisis del SARS-CoV-2, un aumento notorio en los actos violentos contra población civil, la falta de ejecución del acuerdo de paz firmado en 2016, la absoluta limitación del Congreso a través del proceso de virtualización, entre muchos otros aspectos. Distintos analistas, en medio de fugaces líneas, han construido sin quererlo una versión común para explicar la magnitud del fenómeno. Consideran que el actual gobierno, al haber presentado un nuevo proyecto de reforma tributaria, ofendió la dignidad de los ciudadanos (muy golpeada por la pobreza y la desigualdad) y les obligó a protestar. La beligerancia de los manifestantes es explicada por el deterioro de los ingresos de la población, misma razón que justificaría los hechos de “vandalismo”[2], aunque los últimos se relacionen también con delincuencia y bandas criminales organizadas[3]. La difícil situación del partido de gobierno, al otro lado del umbral, se traduciría en represión policial desmedida: 1003 detenciones arbitrarias y 42 casos de violencia homicida presuntamente por parte de la Policía[4]. En algunas ocasiones, civiles armados han disparado contra población inerme, lo que recuerda las actuaciones de grupos paramilitares. Con algunos matices, estos elementos componen la visión general con que se ha caracterizado al fenómeno como un estallido social.

El relato parece suficiente si y sólo si se toma como punto de origen del fenómeno la crisis del gobierno Duque. Si el mandatario, a la cabeza de un Estado de corte presidencialista, logra encontrar una estrategia de negociación con los manifestantes, un fenómeno de este tipo podría resolverse sin demasiados traumatismos en su programa de Gobierno, ceteris paribus. Ahora, si integramos los hechos al análisis, vemos que esto ya se intentó sin mucho éxito. La fuerza que ha tenido el fenómeno supera esta lógica de acción: ni siquiera existe un pliego de peticiones unificado con el cual negociar. Y este hecho, base del análisis que presentamos, muestra la necesidad de cambiar el punto de partida. Aunque sea tentador explicar la aceleración del movimiento por la evidente crisis del gobierno Duque, ésta requiere ubicar históricamente qué elementos agotó su proyecto político. Vamos a nombrar dos, uno relativo a la política y otro a la economía.

El sistema político, aunque pareciera ser una de las instituciones garantes de la movilización en el país, no actúa en este sentido. Su funcionamiento se define de manera precisa cuando se dice que es un cuerpo colegiado, un organismo de personas iguales entre sí. La votación de cada miembro se exhibe como muestra de prestigio, no de representatividad. Sin que este principio pueda llegar a aplicarse, la existencia de parlamentos es otro saludo a las instituciones republicanas.

La composición de estos órganos representa, cada vez más, los intereses de grupos de presión empresariales, que financian campañas para que los cabildantes voten a favor de intereses muy limitados en el plano social. Estos organismos, contrario a la premisa de la teoría política convencional, no están separados de los estamentos del poder ejecutivo. Aunque Colombia no sea un país parlamentarista, las mayorías en Senado y Cámara de Representantes son fundamentales para sostener al poder del Presidente.

La historia de las elecciones va por otro lado. La composición del Congreso no se ha transformado lo suficiente y se mantiene como apoyo de las coaliciones de gobierno. La gran distancia social entre los candidatos, que logran conseguir el apoyo financiero y los avales partidarios, y la gran diversidad de ciudadanos, que no logran dichas relaciones, ha mantenido una configuración de clase muy cerrada en los órganos de representación. La diversificación social es una vía clave para aumentar la legitimidad de las instituciones, tan citadas como principal patrimonio de la trayectoria histórica del Estado. La escucha atenta a los reclamos de las manifestaciones, a las arengas que se articulan en las calles, permite salir de las paradojas de representatividad que absorben a la opinión pública: rodear a las instituciones cada vez que suceden alteraciones en el orden público las ha convertido en construcciones anacrónicas sin capacidad resolutiva ante los conflictos sociales.

Las grandes movilizaciones permiten observar fenómenos que ni siquiera los más brillantes entre los analistas han logrado articular: la composición de clase y la falta de conexión de quienes llegan a los órganos deliberativos con las grandes masas han llevado a una lectura anacrónica sobre el Estado y sus funciones. En otras palabras, las arengas de  hoy permiten observar que la desconexión entre cuerpos colegiados del Estado, tanto a nivel local como nacional, no es una cuestión de acciones particulares. La individualidad desaparece cuando se observan sus acciones frente a movilizaciones y cuestionamientos a su función. Esta consiste en una defensa absoluta de las instituciones, entendidas según una acepción particular: como el poder del Estado aplicado al cumplimiento de la Ley. Actuar de esta manera impide que los órganos deliberativos representen una relación social cambiante con las distintas clases sociales que deberían estar representadas en ellos. E inclusive, aunque se modifique de manera parcial la composición de éstos órganos, como ha sucedido con los Concejos de las ciudades capitales, las acciones de grupo anulan la posibilidad de transformar esta relación.

La economía que tiene a la población en crisis no es la macroeconomía agregada que se debate estos días en Twitter. La fluctuación del precio del dólar o el alto endeudamiento del Estado no tienen que ver mucho con sus vidas. Aunque los burócratas quieran pensar lo contrario, la población que tiene ingresos inestables (cuando los tiene), no comparte sus preocupaciones. El círculo entre recaudo de impuestos y financiación de servicios del Estado no es tan relevante para un trabajador informal como para uno formal. Inclusive, la preocupación tampoco es mucha si a este trabajador se le contrata siempre por lo mínimo: salario, vacaciones, garantías y alegrías de subsistencia. ¿Tenía razón Alfred Marshall cuando dijo que la economía era la única ciencia que se preocupaba por los detalles de la vida cotidiana de los hombres corrientes?

La economía podría ocuparse de estos asuntos, pero en el caso colombiano los ha dejado de lado. Muchos de los que salimos a movilizarnos no encontramos en las políticas del Estado el consuelo que senadores y ministros dicen habernos otorgado. El intercambio entre aumento de impuestos (IVA, declaración de renta en clases medias) y la manutención de “programas sociales”; una extorsión, eso sí lo sentimos como una afrenta. No se trata de que la política asigne de la manera más eficiente los escasos recursos con que cuenta el Estado, como decía Carrasquilla, sino la transmisión de la responsabilidad a quienes hemos sido beneficiarios tangenciales del desarrollo del Estado. Una de las consignas que más se ha escuchado en cada movilización es ¡No a la reforma tributaria! Recaudar más impuestos de los alimentos básicos y de las personas con salarios modestos, en medio de una emergencia sanitaria que ha sido financiada con los ahorros y labores de las clases trabajadoras, es una clara ofensa que fue contestada con una enorme movilización. ¿Esto no tiene lugar en los modelos del Ministerio de Hacienda?

Que no se entienda lo anterior como la negación de la crisis que vive el Estado, para nada. Por el contrario, esta situación ha mostrado que los análisis de la corriente principal en economía, a través de la agregación, han ocultado una situación que sólo privilegia las políticas de pago a los acreedores de la deuda pública. ¿Qué hay de los millones de trabajadores que no encuentran una opción de vida viable siguiendo las reglas definidas por el Estado? ¿Deben adaptarse a una situación así?   

Como algunos hallazgos parciales, en este artículo hemos expuesto ideas que pueden derivarse de una escucha a los reclamos que han estado presentes en las movilizaciones de las últimas tres semanas. Las lecturas a ras de suelo de las protestas amplían la perspectiva de estos episodios y no permiten caer en modelos simplificadores. No se trata sólo de un estallido espontáneo que desbordó las capacidades del gobierno de Duque. Su análisis permite observar tendencias de más largo plazo, una lectura muy interesante acerca de las acciones del Estado y peticiones claras para transformar la trayectoria histórica de las instituciones. Nadie tiene una fórmula que diga cómo se van a desarrollar las protestas actuales, por lo que debemos desarrollar indicadores que se acerquen a un registro in situ más preciso. Elaborar paradigmas que nos permitan escapar del unanimismo del relato sobre el estallido social es una garantía en este sentido.

[1] Miembro de Despertemos, tendencia del Polo Democrático Alternativo.

[2]    Entendido como la destrucción o daño deliberado de bienes públicos y privados. 

[3]    Las acciones de los “vándalos”, sin importar  suelen confundirse con la lógica de la degradación violenta: lo que empieza como un grafiti puede terminar en saqueos sistemáticos, hurtos y violencia contra otros civiles. 

[4]    Hay muchos otros datos registrados en la plataforma GRITA de la ONG Temblores. Los informes diarios se publican en el perfil de Twitter de la Organización, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://twitter.com/TembloresOng

Compartir en facebook
Compartir en twitter




La comuna de Cali



La comuna de Cali

Por Odín Ávila Rojas[1]

Una de las enseñanzas que la Comuna de París en marzo de 1871 dejó en la historia, fue mostrar que la población trabajadora y civil tiene la capacidad y potencia de responder contra los abusos e injusticias del poder político mediante la apropiación colectiva y social de los espacios urbanos. En este sentido, ciudades colombianas como Cali, a partir del 28 de abril del 2021 a la fecha, se han enfrentado a la misma problemática de violencia extrema y abuso de poder que los franceses en el siglo XIX. Pero a diferencia del pueblo parisino, la resistencia caleña se inserta en un contexto, por un lado de emergencia sanitaria por la propagación del virus del Covid-19, y por otra parte este tipo de resistencia social y colectiva es una de las múltiples respuestas contra la imposición de las reformas tributaria y de salud de corte neoliberal a cargo del presidente Iván Duque y el gobierno colombiano.

Hay que señalar, la resistencia de los caleños hasta el momento ha sido compuesta por movilizaciones masivas y plurales, en la que el papel de las juventudes en las redes virtuales medios electrónicos y las calles ha sido protagónico en la organización y resignificación de los mismos espacios de la lucha social. A tal grado que son quienes han  impulsado el ejercicio de las asambleas en las calles. Dichas asambleas han mostrado que la ciudadanía también puede empoderarse colectivamente de la ciudad y sembrar semillas de gobierno desde lo social.

Otro de los actos de protesta que se han efectuado en Cali y otras partes del país ha sido el derrumbamiento de las estatuas de conquistadores esclavistas como Sebastián Balcázar a cargo de indígenas misak. Un derrumbamiento que se ha llevado a cabo desde el 2018 por el movimiento indígena, cuyo objetivo sigue siendo la denuncia y cuestionamiento a las relaciones de poder coloniales que no han dejado de ser reproducidas en la ciudad y el país entero. Relaciones de poder que, por cierto, son un elemento definitorio en la geopolítica y neocolonialismo del capital que sucede en la actualidad.

En contraste con la lógica de la violencia estatal que se ha basado en el fomento de la violencia y el uso de  armamento como las tanquetas lanzadoras de proyectiles múltiples. Tecnología armada cada vez más sofisticada y que se usa por primera vez en Latinoamérica por las fuerzas del Estado para reprimir a las manifestaciones sociales y meter miedo a la población. Si el gobierno usa tanquetas de lanzamiento de múltiples fusiles, la gente responde con asambleas y esfuerzos por ejercer sus derechos de manera democrática.

Por lo tanto, el gobierno nacional colombiano innova con tecnologías de represión y sometimiento sobre el cuerpo social, mientras los colombianos aportan tanto con su experiencia como con sus  prácticas asambleístas y de acción colectiva lo que podría ser la semilla de nuevas maneras de gobernar y construir los espacios urbanos en países en los que el Leviatán de la violencia domina y el Behemoth camina en las calles bajo los rostros del pueblo colombiano.

Las causas de los caleños como de todas y todos los colombianos proviene no únicamente de la imposición de reformas neoliberales sobre ellos, sino también de una serie de acumulación de agravios y hartazgos que sienten miles de trabajadores, desempleados, estudiantes, indígenas, afrodescendientes y de los diversos grupos étnicos, clases y estratos sociales al no experimentar cambios sustanciales que los ayuden a superar su situación  de pobreza, desigualdad, injusticia, explotación, despojo y exclusión.

Una condición que sufren más de dos millones que viven en la ciudad y que se agrega a la de millones de colombianos en otros territorios del país. Precisamente, según datos de instituciones internacionales, Colombia tiene casi 60% de su población en pobreza monetaria y tiene un índice GINI (medida de desigualdad del Banco Mundial) de 51.3% lo que confirma la situación y condición profunda de miseria, precariedad y marginación que enfrentan los colombianos. A esto se le debe sumar los más de 1100 asesinatos y actos de violencia contra líderes, activistas y periodistas por defender los derechos humanos en territorios de conflictos armados en el país.

Además, es inevitable ver a América Latina reflejada en Colombia y en esas venas abiertas como decía Eduardo Galeano y que todavía no han sido cerradas. Y mucho menos, si todavía existen gobiernos autoritarios como el colombiano, cuyas políticas de control, manejos y administración de la población cierran el diálogo en lugar de abrirlo. Aquí se puede observar que la necropolítica es llevada a su máxima expresión, porque a la esfera gubernamental no le interesa la vida del ciudadano, sino la muerte de ellos. La muerte para lograr cumplir sus compromisos en términos de tratos y negocios con los grandes capitales trasnacionales.

Por eso, la comuna que se comienza a generar en Cali es una experiencia importante que debe ser recuperada y reflexionada para entender que el mayor enemigo que actualmente enfrentan las luchas sociales en este país y América Latina no es la pandemia en sí, sino el espectro del fascismo societal que se hace presente incluso en contextos en los que los sistemas democráticos electorales se han fortalecido en reglas y términos instituciones vigilantes del proceso, pero no en los espacios comunitarios y colectivos que son el núcleo de la democratización.  Sin la construcción de estos espacios no hay democracia real y efectiva.

La diferencia entre el fascismo de regímenes políticos como el de Benito Mussolini y el de tipo societal consiste en que el primero corresponde a una época determinada enmarcada en una Segunda Guerra Mundial, mientras el segundo se caracteriza por ser el resultado de la tendencia privatizadora neoliberal del Estado en las últimas décadas del siglo XX como plantea Boaventura de Sousa Santos. Colombia es un claro ejemplo de esta privatización, pero también de las luchas contra las políticas y gobiernos que han tratado de imponer dicha lógica en los ámbitos de la salud, la educación y fiscales del pueblo.

De ahí que la tarea que nos queda a todas y todos, por un lado es desentrañar la naturaleza de este tipo de régimen dictatoriales para impedir que se repitan en nuestra historia; por otra parte debemos reflexionar hasta qué punto experiencias comunitarias y ciudadanas que expresan ciudades como Cali pueden llegar a tener impacto nacional y contribuir a la generación de alternativas realmente democráticas pensadas desde la imaginación epistemológica que nos han enseñado las luchas sociales.

[1] Mexicano. Doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Profesor e investigador de la Universidad del Cauca, Colombia. Contacto: avilaodin@gmail.com/odinavila@unicauca.edu.co.


Compartir en facebook
Compartir en twitter




Algunas reflexiones provisionales sobre la situación en Colombia…



Algunas reflexiones provisionales sobre la situación en Colombia…

Fotografía de Esteban Morales

Esteban Morales Estrada

Magíster en Historia

El gobierno de Iván Duque ha sido un desastre. Esa afirmación, que muchos venimos repitiendo desde que inició su época de “aprendiz” en la Presidencia de la República, se sustenta en dos cosas: su inexperiencia y su desconexión con la realidad. Duque llegó a un puesto que ni merecía, ni se ganó en el pulso electoral durante años de luchas ideológicas, simple y llanamente fue el respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su inexperiencia se sustenta en que no ha sido ministro, ni tampoco ha dirigido una ciudad o un departamento. Fue un senador del montón, y también allí llegó por la ayuda de su jefe político. Con nada de experiencia, saltó al primer puesto de la República, por el capricho de Uribe y sus seguidores, y nos ha condenado a unos nefastos y tenebrosos años de desgobierno, quizá solo comparables en la historia reciente de Colombia, con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), siendo ambos monumentos a la incompetencia. Un anónimo joven, sin identidad y experiencia política, de repente comenzó a guiar el destino de millones de seres humanos.

Pero, además de lo anterior, el presidente Duque gobierna desde una burbuja. Sus amigos de la universidad son sus funcionarios de confianza. Se ha apoderado de los organismos de control y ha nombrado personas mediocres y sin experiencia en importantes cargos. Sabotea permanentemente la paz y los acuerdos de La Habana firmados entre el Estado colombiano y las FARC (en el gobierno de Juan Manuel Santos), así como la JEP (Justicia Especial para la Paz), buscando que Uribe salga limpio de su innegable responsabilidad en la terrorífica política de los falsos positivos (ejecuciones de campesinos y jóvenes por parte de las Fuerzas Militares, que se hacían pasar como guerrilleros en medio de la guerra). Como un niño estrenando juguetes, aparece disfrazado unas veces de policía, otras de presentador televisivo, y otras de socorrista. Habla de medio ambiente y su importancia, pero propone el Fracking y la fumigación con glifosato. No le gusta el diálogo social, y cree que su gobierno es el mejor del universo porque sus amigos se lo repiten.

Lo que es más preocupante es que en una crisis como la actual, de proporciones inmensas por la pandemia, ejerce el gobierno un inexperto y atolondrado presidente. La sensación ha sido de desorientación generalizada, y hasta los mismos votantes que lo apoyaron se han sentido desconcertados. Incluso un medio de comunicación excusaba al presidente diciendo que “estaba aprendiendo”, como si fuera un puesto para hacerlo. En ese panorama llegó el estallido social, causado por una regresiva reforma tributaria que sigue repitiendo lo mismo que desde los tempranos años 90s vienen reciclando los tecnócratas del neoliberalismo. La riqueza de los grandes grupos económicos, supuestamente se “derrama” a las clases menos favorecidas (cosa que nunca pasa, y por el contrario se concentra la riqueza y aumenta la brecha social), razón por la cual hay que mermar la carga impositiva de los que más tienen y obtener recursos de impuestos al consumo como el I.V.A (Impuesto al Valor Agregado). El problema con este tipo de medidas, sumado a la congelación de salarios a empleados del Estado, impuestos a los servicios públicos, y las cargas impositivas a la clase media que proponía esta desastrosa reforma, es que pregona que los impactos económicos deben recaer en la masa trabajadora y no en los magnates del sector financiero o industrial. Es una cadena que desembocó en un descontento general: economía a la baja, pandemia, pobreza, desempleo y ahora la carga impositiva descarada. 

En últimas, el gobierno de Duque y su exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla (que salió en los medios burlonamente a decir que una docena de huevos valía 1800 pesos, lo que muestra su desconexión con lo real, puesto que vale más del doble en cualquier lugar de abastecimiento o compras), pregonaban la quiebra del Estado, y resultaba que las clases bajas y medias debían salvar las arcas del menguado presupuesto. Se configuraba allí una contradicción completa, en el sentido de que lejos de promover impuestos progresivos (paga más quien tiene más), el gobierno quería que las mayorías pagaran las consecuencias presupuestales de la crisis actual, mientras proponía comprar aviones de combate, y gastaba miles de millones en publicidad y en un inútil programa de televisión, insoportablemente diario, donde el presidente mostraba su gestión idealizada y supuestamente perfecta. Es la fórmula de siempre: se socializan las pérdidas, y se individualizan las ganancias…

Es en este escenario donde se encendió la mecha. El descontento social estalló, y nos tiene viviendo momentos inéditos, donde a la debilidad del ejecutivo, se suma su incompetencia para leer la situación actual y su idea del control represivo-violento de la protesta social legítima, justificada y entendible. Después del supuesto retiro de la reforma y de la caída de Carrasquilla, Duque se ve desorientado y plantea diálogos con los sectores políticos tradicionales y cercanos ideológicamente, mientras no concreta nada con la oposición o con el Comité Nacional de Paro. Su desconexión es tal, que ha tratado de imponer su poder por la fuerza, lo que ha hecho que la violencia se dispare en las calles y haya un incendio por todo el país. Lejos de buscar consensos, el presidente gobierna de espaldas a la gente, no muestra la más mínima empatía por las necesidades y por la cotidianidad de un país donde crece el desempleo y aumenta la miseria cada día. A su negligente manejo de las relaciones internacionales (donde parece más interesado por Nicolás Maduro que por Colombia), y su pésimo manejo de la violencia contra líderes sociales y las permanentes masacres por todo el territorio, se suma la crisis sanitaria del COVID-19, en la que ha tenido también un saldo negativo, con un plan de vacunación tardío y un manejo más mediático que real de la situación concreta de crisis. El presidente pretende que la gente se quede “en casa” para cuidarse del virus, mientras muere de hambre, ya que su programa de ayudas a los más necesitados ha sido débil, insuficiente y paupérrimo. Se creó una olla presión que explotó.

Ante este panorama, es indudable que el camino democrático debe ser escuchar al pueblo y sus organizaciones, para así apaciguar un poco el escenario y dar un viraje a lo que queda de esta administración desastrosa. Lo más importante es elegir una propuesta diferente en 2022, como resultado de la quiebra histórica del uribismo y su proyecto ideológico. Para eso, se hace necesario encauzar el descontento y darle contenido político, recoger el malestar de las mayorías y plantear unas propuestas viables y plausibles a corto y mediano plazo, así como consolidar la más amplia propuesta anti-uribista, que aglutine a todas las fuerzas que se oponen a ese vetusto proyecto reaccionario.

Por ahora, la movilización continúa y miles de colombianos salen a las calles en pacíficas y multitudinarias manifestaciones de descontento. Se han registrado abusos policiales, asesinatos de jóvenes, heridos, infiltración en las marchas para sabotearlas, y terrorismo informativo desde los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, más allá de las víctimas que siguen aumentando, la situación puede radicalizarse de lado y lado, causando una crisis mayor, con un escenario insostenible. Lo que queda claro es que tanto la desconexión con la realidad, como la inexperiencia de este gobierno, han sido claves para que se desate la situación actual, que es exclusivamente responsabilidad de Duque y su regresiva y criminal reforma tributaria, su mal manejo de la pandemia, su discurso errático, su alejamiento de los sectores sociales y la oposición, así como su egocentrismo y soberbia, sumado a su enfoque represivo y contrario a la construcción colectiva de la paz.


Compartir en facebook
Compartir en twitter