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¿Insurgencia obrera? ¡No, viles charros!



¿Insurgencia obrera? ¡No, viles charros!

CE, Intervención y Conyuntura

En su conferencia del día 13 de junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigió un mensaje a los trabajadores petroleros de la hoy empresa “productiva” del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que les “avisaba” que se estaban atendiendo sus demandas para dotarlos de uniformes y utensilios de trabajo, y al mismo tiempo “para exhortarlos a que se acepte que se vaya basificando primero a quienes tienen más antigüedad, que no haya recomendados, que no haya influyentismo, mucho menos que haya corrupción en la entrega de las plazas”. Puntualizó que el exhorto era a los dirigentes sindicales para que ayuden a dotar de puestos de base primero a los trabajadores transitorios que llevan años laborando para la empresa sin haberlo logrado. AMLO puntualizó, “nada más les pido que nos permitan que la ‘basificación’ se realice por orden de antigüedad”, cuestión que constituye el verdadero motivo de las protestas.

El anuncio parece simplemente la respuesta a una serie de “movilizaciones” con las que su dirigencia ha inducido a los petroleros a exigir lo que por derecho les corresponde, y se les otorga. A pesar de ello, el pasado 24 de mayo (2022), trabajadores del sindicato de Pemex (el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM), afiliados a la Sección 35, bloquearon la Avenida Marina Nacional, para obstaculizar el acceso a la sede de la paraestatal en demanda, dijeron, del cumplimiento de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), en lo referente a la liberación de plazas permanentes para los trabajadores eventuales. También acusaron falta de mantenimiento en las instalaciones y de equipo de trabajo. Se trató de petroleros que laboran en la refinería de Tula, Hidalgo y en las instalaciones de Pemex ubicadas en lo que fuera la refinería de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, agrupados en la misma sección sindical (la 35), dirigida por Rigoberto Ramírez Sánchez.

Es patente que el verdadero centro de la disputa es el control de las plazas para la basificación de trabajadores transitorios, porque tradicionalmente esta era una prerogativa de los dirigentes sindicales, pero en esta ocasión se está llevando a cabo de manera bilateral (empresa y sindicato) y de forma transparente, por riguroso orden de antigüedad. Algo similar a lo que viene ocurriendo con el otorgamiento de préstamos (principalmente hipotecarios para la adquisición de vivienda). El control de estas dos funciones —fundamentales para el bienestar de los trabajadores— ha sido esencial para que el charrismo sindical haya mantenido el control de sus representados.

Durante varias horas, diversos trabajadores expresaron las mismas demandas, sin especificar exactamente en qué consistían las violaciones contractuales; por ejemplo, si se estaba otorgando la base a un trabajador con menos derechos de antigüedad, o indicando cuales equipos e instalaciones sufrían deterioro y ponían en peligro su seguridad. En días posteriores circularon en diversos medios fotografías comprobatorias, pero se demostró que no correspondían con el estado actual de las instalaciones.

La confusión de la protesta era evidente. Por ejemplo, un trabajador, quien dijo llamarse Víctor Manuel Sánchez Aldana (en realidad Víctor Manuel Flores Sánchez Aldana, según el padrón publicado por el sindicato para la votación más reciente [1]), denunció que “los empleados son «maltratados»: “ya que la administración no ha cumplido con lo que ha ofrecido … llevo trabajando 31 años y es la primera vez que nos violan el contrato colectivo que fue firmado por esta nueva administración, en la que el señor Presidente dice que los empleados estamos bien y es falso, no estamos bien, somos maltratados”. Este tipo de declaraciones circuló profusamente en los medios, como nunca antes se había difundido otra protesta petrolera.

A finales de 2021 y principios de 2022 se realizó en el STPRM el proceso electoral para elegir secretarios seccionales y la secretaría general. En él, la corriente dominante (representativa del sindicalismo charro) arrasó. Fueron reelectos por la “base trabajadora”, a pesar de pertenecer a la misma corriente sindical que pasivamente aceptó la reforma energética del expresidente Peña Nieto, que privatizó buena parte de las reservas petroleras del País; los mismos que en los 80’s permitieron el desmantelamiento de la petroquímica, considerada actividad estratégica y que incluía más de 60 productos, para dejarla únicamente en 7 y crear así la llamada “petroquímica secundaria” y entregarla al capital privado (principalmente extranjero). Son los que se prestaron al llamado “Pemexgate”, con el que se financió la fallida campaña presidencial de Francisco Labastida en contra de Vicente Fox, quien capitalizó el escándalo, ofreciendo impunidad a los charros, a cambio del apoyo de estos para llevar adelante su plan de destrucción de la empresa y la entrega de las funciones estratégicas de Pemex a las corporaciones transnacionales.

La lista de tropelías cometidas por estos “dirigentes” es más grande aún, y es que por años, la supuesta dirigencia petrolera ha cedido funciones de su materia de trabajo a cambio de mantener sus prebendas. Es el caso de los hospitales de Pemex: se disfrazaba la entrega de dinero a los charros para simular la compra de ropa, medicinas y material médico, cuestión de simple aplicación de contrato, pero que se usaba como herramienta de presión con el fin de propiciar una “negociación” —no para mejorar el servicio ni superar las carencias—, sino para justificar la entrega de recursos a los charros.

A la elección para secretario del comité ejecutivo general del STPRM acudieron como candidatos 26 trabajadores, resultando electo Luis Ricardo Aldana Prieto con un total de 44,983 votos [2]. Sus más cercarnos competidores fueron César Pecero Lozano, con 4,505; Cecilia Margarita Sánchez García con 4,116; María Cristina Alonso García con 2,612 y Miguel Arturo Flores Contreras con 2,564. Los demás candidatos no llegaron a mil votos y varios de ellos ni siquiera reunieron cien. En las elecciones para los comités ejecutivos locales, incluida la sección 35, una de las más numerosas con 3,843 trabajadores registrados [3], el resultado fue menos apabullante. En esta sección, la ganadora fue la planilla roja, encabezada por Rigoberto Ramírez Sánchez, con 1,787 votos, seguida de la verde, Juan Francisco Ordoñez Rojo, con 1,107. Hubo una tercera opción, la planilla rosa, Pedro Velázquez del Ángel, con 509 votos (quien por cierto no aparece en el padrón de la sección). Es decir, que ni sumando los votos de ambas planillas de oposición habrían vencido al candidato “oficial”, pues hubo 29 votos nulos y 499 trabajadores que no ejercieron su derecho al voto [4].

Lo anterior ratifica que el charrismo está “institucionalizado” en el —alguna vez— combativo sindicato petrolero y hace evidente que su reciente activismo no obedece al resurgimiento de la insurgencia obrera en los petroleros, sino a un intento de reinstauración del charrismo. Patético. No obstante, cabe recordarles a esos petroleros mexicanos lo ocurrido en 2003 en Venezuela, cuando dirigentes venales organizaron una “huelga petrolera” contra el gobierno encabezado por Hugo Rafael Chávez Frías, aprovechando la “autonomía” concedida a la burocracia que administraba a la petrolera estatal (PDVSA, Petróleos de Venezuela, S.A.) que, en contubernio con el sindicato, participaron en un golpe de Estado. Esa huelga constituyó un acto de sabotaje, y fue financiada con los recursos de PDVSA por las burocracias administrativa y sindical corruptas. No es pues de extrañar que en México hoy les sobren “apoyadores” a los petroleros entre la oposición, pues ésta sabe del potencial desestabilizador de tales protestas.

Empero, para que en México dicho escenario fuera practicable, los charros sindicales tendrían que contar con la complicidad de la administración de Pemex, cosa que en este gobierno no tienen y; en segundo lugar, con la sumisión absoluta de los trabajadores, cosa que tampoco es cierta. Para importantes sectores de petroleros, una cosa es dejarse conducir a un acto de protesta, y otra muy distinta sabotear el rescate de la empresa. Los charros únicamente cuentan con su “núcleo duro”, como lo han evidenciado sus protestas. En la misma conferencia presidencial del día 13, AMLO también presentó un video en el cual los propios petroleros de la Refinería de Minatitlán mostraron con orgullo los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que han realizado ellos mismos, por administración directa (es decir con los recursos de la empresa y con la mano de obra sindical), sin la intervención de empresas contratistas, que anteriormente eran las que ejecutaban esos trabajos con la complacencia de los líderes sindicales. Trabajos que regularmente no se efectuaban, o se realizaban de manera ineficiente y costosa.

Lo anterior no quiere decir que la oposición y sus aliados desperdicien oportunidades ni tiempo. Los amagues del charrismopetrolero tienen como objetivo, por el momento, desgastar al gobierno y a la administración de Pemex (de cara a la inminente entrega de la Refinería Dos Bocas, que próximamente terminará su construcción, para iniciar su período de pruebas). No en balde en la misma conferencia, AMLO exhibió también un video en el que el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, llama con vehemencia a “vender todo el petróleo ya, porque no valdrá nada”, basado en argumentos erróneos o falaces acerca del fin de la era del petróleo, es decir, retomando las banderas de la reforma energética de 2013: vender las reservas de hidrocarburos y evitar su procesamiento en México. Curiosamente dicho video ni siquiera está disponible en el canal de YouTube del excandidato.

En cuanto a la organización sindical de los petroleros mexicanos, las recientes reformas en materia laboral les otorgaron ciertas libertades democráticas, pero no eliminaron elementos confusos que fomentan la división. En la República Bolivariana de Venezuela, cuando fue presidente el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), organizó una falsa huelga petrolera para desestabilizar al gobierno, que fue apoyada por los trabajadores de Petróleos de Venezuela (PdVSA). El punto culminante fue el fugaz Golpe de Estado de abril de 2002, que se montó en una movilización social perversamente coordinada, incluyendo a importantes sectores de la oposición, entre ellos la FEDECAMARAS (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), una organización patronal cuyo entonces presidente, Pedro Carmona, fue impuesto de facto como presidente de la República durante el golpe, (por 47 horas).

La CTV era entonces parte de la hoy Confederación Sindical Internacional (CSI, heredera de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS), y de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT (agencia que tuvo alcance continental, financiada por empresas y gobiernos imperialistas y que fue el brazo operativo en la región de la CSI, entonces CIOSL). La CSI promueve el colaboracionismo de clase entre los trabajadores, para favorecer al capitalismo global.

En México, con otras siglas y alianzas, la CSI está presente en alianza con las viejas centrales charras (disputándolesrepresentatividad en importantes sectores productivos, como en el caso de la industria maquiladora y la minería), o incluso con las “nuevas” centrales como la CIT (Confederación Internacional de Trabajadores), promovida por el poderoso sindicato minero-metalúrgico, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

Esta sopa de letras y siglas que “identifican” organizaciones cuyos objetivos confunden a la de por sí adormecida conciencia de los trabajadores, paradójicamente dejó de importar hace tiempo a los estudiosos —inclusive de izquierda—, que se mantienen alejados de los temas relacionados con el mundo del trabajo, por lo cual son incapaces de presentar análisis creíbles de la realidad. Lo cierto es que la reorganización sindical carece de organismos representativos a nivel mundial, lo que impide toda posibilidad de solidaridad internacional y el intercambio de experiencias.

Si bien es cierto que estos cambios en las formas de organización obrera han pasado desapercibidos para los académicos y analistas expertos, tampoco modificaron la percepción de los trabajadores sobre su condición, que tiende a empeorar con nuevos modos de explotación. Pero sirvieron para impulsar lesivos cambios en la legislación, a través de la llamada reforma energética, mediante un discurso absurdo, repetido con insistencia, como el de la llamada autonomía de gestión de las empresas públicas que resultó en una gestión burocrática que, en contubernio con el sindicalismo charro, fortaleció a las camarillas privatizadoras y corruptas, incrustadas en la propia industria nacionalizada, al tiempo que permitió la creación de los llamados organismos autónomos para asegurarse el control total de la industria energética, por encima del texto constitucional del Artículo 27.

Actualmente Pemex se recupera de la ruina a la que lo sometió el neoliberalismo. Pero que la empresa esté actualmente dirigida por una administración que la reencauza en una línea nacional-popular, como la que le impusiera a su fundación el presidente Lázaro Cárdenas, ello no implica que mágicamente sus trabajadores se hayan recuperado del extravío ideológico que se les impuso, no solo durante el neoliberalismo sino desde antes, cuando toleraron al charrismo como línea dominante en el sindicato, según demuestran las pasadas elecciones sindicales. Pero, aún y cuando los trabajadores de Pemex reeligieron como su dirigencia a individuos representativos del charrismo sindical, es evidente que el actual “conflicto” solo sirve a estos últimos, en su intento por reorganizarse y recuperar poder para presionar al gobierno.

Es evidente que este tipo de manifestaciones “espontáneas” de los petroleros continuarán, porque difícilmente los trabajadores podrán —de la noche a la mañana— sustraerse al control de los charros; en unos casos porque significa un riesgo personal y, en otros, porque son trabajadores comprometidos con una falsa lealtad al charro que los favoreció anteriormente. Pero los petroleros saben que trabajan para una empresa pública, estratégica para la nación, y que sus condiciones particulares de trabajo son muy distintas a las que imperaron al nacimiento de la empresa y durante el período neoliberal. Como lo hemos mencionado [5] los petroleros necesitarán alianzas para alcanzar la transformación de su sindicato, la base está en comprender que las condiciones objetivas impuestas por el neoliberalismo han cambiado, y que se requiere impedir el retorno al pasado. Si el charrismo es nefasto para la vida sindical en general, en las organizaciones de trabajadores del sector nacionalizado resulta una grave contradicción y una traición a su clase.

[1] https://www.stprmnacional.org/Elecciones/SGenN2022/PadronEleSG.pdf

[2] https://stprmnacional.org/Elecciones/SGenN2022/Acta-Circunstanciada.pdf

[3] https://www.stprmnacional.org/Elecciones/CEL-22-24/35/Eleccion/PadronSecc35.pdf

[4] https://www.stprmnacional.org/Elecciones/CEL-22-24/35/Eleccion/ResSecc35.pdf

[5] «El STPRM y sus 25 aspirantes», https://intervencionycoyuntura.org/el-stprm-elecciones-pemex/




El concepto de “patria” como significante maestro de la izquierda



El concepto de “patria” como significante maestro de la izquierda

Leonardo Meza Jara

A partir del resultado fallido de la reforma electoral, los diputados de la oposición han sido señalados como “traidores a la patria”. En estos días se han abierto los debates respecto a la idea de la “patria”. Pero, ¿qué es la “patria”? La idea de “patria” se ha construido discursivamente como un significante –o significado- maestro, que pretende una condensación ideológica e identitaria. La patria es una especie de paternidad (o maternidad) ideológica, identitaria y desde luego histórica.

En México, la idea de “patria” remite a un enraizamiento, que posibilita un techo y una narrativa común respecto a la condición de ser mexicano. Sin embargo, la idea de “patria” funciona en un plano de ambigüedad o vaguedad. La idea de “patria” opera como imagen, tal como lo plantea Enrique Florescano (“Imágenes de la patria: A través de los siglos”, 2005); y opera también como narrativa, tal como lo asume la novela de Paico Ignacio Taibo II sobre los liberales mexicanos del siglo XIX (“Patria”, tres tomos).

La plasticidad de la idea de “patria” ha permitido una serie de usos ideológicos y políticos que se inscriben en luchas políticas e históricas concretas, como la derivada de la reforma eléctrica en 2022. Los conceptos que funcionan como significantes maestros suelen tener una plasticidad más o menos abierta, más o menos indeterminada. Hay otros conceptos que operan en este mismo plano de condensación ideológica e identitaria, como: “pueblo”, “nación”, “revolución”, “progreso”, etc.

Los operadores del neoliberalismo tienen sus propios conceptos maestros, que funcionan como mecanismos de condensación ideológica e identitaria. Los conceptos maestros del neoliberalismo también operan bajo márgenes de ambigüedad o vaguedad que los vuelve dúctiles y funcionales.

Durante el gobierno de Salinas de Gortari el concepto de “modernidad” o “modernización” operó como significante maestro del neoliberalismo. ¿Históricamente, que significó la “modernización” del salinismo? El significante de “modernización” de Salinas de Gortari funcionó como llave maestra para abrirle las puertas a los operadores del neoliberalismo en México, que privatizaron una gran parte del Estado-nación que fue construido por el PRI del nacionalismo revolucionario.

En los debates sobre la reforma eléctrica el argumento de la oposición que plantea una “regresión a la década de los setentas”, un “retorno al nacionalismo superado”, opera bajo una lógica modernizante anclada en la idea del “progreso indetenible”.  Pero, ¿qué han significado en los hechos la “modernización” y el “progreso” prometidos por los gobiernos neoliberales?  

Durante el gobierno de Peña Nieto el significante maestro fue el de “Pacto por México”. El significante peñanietista del “Pacto por México” tiene una lógica aliancista y pragmática que circunscribe al país en un reformismo neoliberal y globalizante, que usa el nombre de “México”, pero que transforma sobremanera la condición de lo “mexicano” (lo “nacional” y lo “estatal”). En el significante maestro del “Pacto por México”, lo nacional queda rebasado por lo global, y lo público se somete ante lo privado. De esta forma la condición de ser mexicano, se hinca y se somete ante lo que Roger Bartra refiere como lo “postmexicano” (“La condición postmexicana”, en: “Anatomía del mexicano”, 2006).

Los significantes maestros del neoliberalismo (“modernización”, “Pacto por México”, etc.) tienen una lógica postmexicana, anclada ideológica e identitariamente en la defensa de lo posnacional ante lo nacional, lo global ante lo local, lo privado ante lo público y lo individual ante lo colectivo. Los significantes maestros que han sido planteados por la 4T y Morena, remiten a una condición mexicana (“patria”, “pueblo”, etc.) que tiene como eje de lucha: a lo nacional ante lo posnacional, lo local ante lo global, lo público ante lo privado y lo colectivo ante lo individual. 

Una de las derivaciones de los resultados electorales del 2018, es el extravío de los significantes maestros de la oposición (el PAN, el PRI y el PRD). ¿Cuál es el significante maestro que condensa ideológica e identitariamente a la oposición en este momento? Tal parece, que el significante maestro que condensa a la oposición es una lógica anti-lópezobradorista, que paradójicamente ensalza e inflama a la figura de López Obrador. Hay una pobreza simbólica y discursiva que castra a la oposición en este momento histórico. Esta pobreza simbólica y discursiva se correlaciona directamente con los fracasos históricos de los gobiernos panistas y priistas de los últimos sexenios. 

Habría que preguntarse: ¿Cuál será el significante maestro que la oposición pondrá en marcha para posicionarse simbólica y discursivamente en el proceso electoral del 2024?…

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Reforma Eléctrica: Proudhon contra el PRIAN-Iberdrola



Reforma Eléctrica: Proudhon contra el PRIAN-Iberdrola

*César Martínez (@cesar19_87)

La iniciativa de Reforma Eléctrica desechada con los votos de una alianza encabezada por el PRI y el PAN abordaba un debate en México que en realidad es un debate global: ¿Es la energía un bien social (y por tanto se habla de un derecho a la energía, como proponía la reforma sobre el artículo cuarto constitucional), o se trata más bien de una mercancía de consumo según el paradigma dominante de la propiedad privada impuesto en nuestro país desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuyo clímax fue la reforma energética de 2013?

Para entender el dilema entre concebir a la energía como un bien social o como una mercancía de consumo, primero debemos dejar de lado la “narrativa ambientalista” según la cual la iniciativa pretendía generar electricidad contaminando el medio ambiente e ignorando tratados internacionales como los Acuerdos de París o el T-MEC. Quizá no tan sorpresivamente, el propio PRIAN prefirió no elaborar a profundidad dicha narrativa en las más de 12 horas de sesión en el Congreso, para enfocar todas sus baterías en dos argumentos: uno, que la iniciativa violaba la Constitución, y dos, que la iniciativa violaba la libre competencia.

En otras palabras, las diputadas y los diputados opositores que hicieron uso de la tribuna a menudo lo hacían autoproclamándose defensores de la Constitución y defensores de la competitividad (para lo cual es necesario imaginar una Constitución de fantasía donde la propiedad privada es principio constitucional, pues en la Constitución de la vida real el artículo 27 establece claramente que la propiedad privada está subordinada al interés público y que es la Nación quien dicta las modalidades de propiedad especialmente en cuanto a hidrocarburos, minerales y generación de electricidad).

Dos intervenciones que resumen el discurso contradictorio de la derecha previo a la votación final fueron las de los legisladores Jorge Romero Herrera e Idelfonso Guajardo Villarreal. El primero eludió la cuestión de los conflictos de interés en relación con cabilderos extranjeros diciendo que él no estaba en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “siempre y cuando esta se manejara como una empresa productiva”, mientras que el segundo culminó una tarde para el olvido con un lugar común: “los monopolios, sean públicos o sean privados, siempre son perjudiciales para el consumidor.” Poniéndoles atención, ambas intervenciones reflejan el paradigma de la energía como una mercancía de consumo al suponer que la industria eléctrica en México debe regirse como un mercado de acuerdo a la lógica del lucro y que la empresa pública CFE debe actuar como una empresa privada tipo Enel o Iberdrola.

De modo que más allá de presentar una defensa del “medio ambiente”, de “la ley”, o de “la competitividad”, al votar en contra de la iniciativa que contemplaba a la energía como un bien social, el PRIAN defendió férreamente a la propiedad privada como principio mismo y origen de la sociedad. 

Esta idea estremecedora aparece en el tratado escrito en el siglo XIX por el teórico francés Pierre-Joseph Proudhon, ¿Qué es la Propiedad?: “La propiedad –dice Ennequín– es el principio creador y conservador de la sociedad civil… de la solución del problema sobre si la propiedad es la causa o el efecto del orden social depende toda la moralidad, y por esa misma razón, toda la autoridad de las instituciones humanas”. De ahí que en el resto de su tratado, Proudhon argumenta que en las materias de primera necesidad existe una igualdad de derechos porque “en dos palabras la igualdad de derechos se justifica en la igualdad de necesidad.” Así, él concluye, que ahí donde la propiedad privada precede a la sociedad en realidad hablamos de una definición romana del derecho: “derecho de usar y de abusar, inmoralidad nacida de la violencia.”

Entonces la victoria pírrica del PRIAN en favor de la electricidad como mercancía realmente exhibe cuán enraizada dentro de diversas instituciones del Estado mexicano está la idea de la propiedad privada por sobre la idea de la igualdad de derechos. Esto, a pesar de que el verdadero principio constitucional es el del bien común, de acuerdo a la primera línea del segundo párrafo del artículo 27: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.” Sin embargo, José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y principal asesor del conservadurismo en temas constitucionales, al poco tiempo publicó una columna en El Universal donde sugiere vías legales para que el capital transnacional pase por encima de la nacionalización del litio mexicano. Hay párrafos del artículo 27, dice él, donde los privados solo aparecen excluidos de actividades muy específicas en petróleo y luz, mas no de la transición energética (de donde el litio deriva su importancia como energético del futuro). “En el resto, los particulares pueden contar con las correspondientes autorizaciones en las condiciones previstas por la propia Constitución y las leyes”, termina diciendo Cossío.

En esta ocasión, el Pueblo de México salió perdiendo dado que los paradigmas de la energía como derecho y bien social, y de la transición energética como responsabilidad exclusiva del Estado mexicano, no resultaron en letra constitucional. Puede incluso decirse que cuando los legisladores Jorge Romero e Idelfonso Guajardo, así como el ministro en retiro Cossío, usan conceptos como “empresa productiva”, “competitividad” y “autorizaciones para particulares” ellos están hablando de cosas que sí están escritas en el artículo 27 o en el 25 desde la reforma energética de 2013. Y es que aquella modificación constitucional, aprobada con los votos de los partidos de derecha, implica que dentro de la Constitución hay agujeros abiertos con dolo en perjuicio de la igualdad material de derechos. Se trata de que el gran problema acerca del cual escribió Proudhon hace más de 200 años, el de si la propiedad privada es causa o efecto de la sociedad, fue insertado alevosamente en los órganos legislativos y judiciales de México: abundan los políticos y burócratas sin principios para quienes el lucro es la única moralidad y el dinero es dios de la vida pública.

* Maestro en relaciones internacionales por la Universidad de Bristol y en literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.

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Electricidad, una reforma constitucional necesaria



Electricidad, una reforma constitucional necesaria

Intervención y Coyuntura

La discusión y posible aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (CDD) de México, de una iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad (y Litio), presentada por la presidencia de la República, con el fin de garantizar que la nación recupere el control mayoritario de esa industria estratégica, para asegurar tarifas asequibles a todos los usuarios (y el dominio de ese mineral), enfrenta una desfavorable correlación de fuerzas. Pragmáticamente, con los votos en contra de la oposición parlamentaria bastaría para impedir su aprobación. No obstante, el contexto actual invita a una reflexión más profunda.

El primer hecho a considerar es el reciente rechazo (07.04.2022) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la acción de inconstitucionalidad 64/2021[1], en contra del decreto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que, con propósitos similares a los de la actual reforma constitucional, también había propuesto el ejecutivo (con carácter ‘preferente’) y fue aprobada por los diputados en mayoría simple, siendo publicada en el Diario Oficial (DOF 09.03.2021).

Tal acción de inconstitucionalidad fue presentada por una minoría parlamentaria del Senado de la República (48 senadores de oposición)[2], cuando el decreto ya había sido declarado inconstitucional por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro[3]. Al conceder la suspensión definitiva de la misma, en respuesta a los amparos solicitados por dos empresas privadas. Gómez determinó que la suspensión era aplicable a esas empresas, por lo que los opositores a cualquier cambio en el esquema vigente presentaron además dos controversias constitucionales, 44/2021 y 45/2021. La primera a través de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la segunda, a cargo del gobierno del Estado de Colima, con el fin de lograr la invalidez de la reforma y, con ello, obtener su efecto general.

La SCJN discutió la acción de inconstitucionalidad a partir del proyecto de resolución[4] elaborado por la magistrada Loretta Ortiz Ahlf, mismo que tan pronto se dio a conocer fue objetado, y la propia ministra recibió cuestionamientos de todo tipo, principalmente desde los medios de comunicación, afines en su inmensa mayoría a la reforma neoliberal vigente (la de 2013). La campaña alcanzó tal punto, que se solicitó la exclusión de la magistrada en la votación (y discusión) del asunto, para evitar que la resolución alcanzara los otros 3 votos del pleno de la SCJN, necesarios para desechar la acción de inconstitucionalidad. Se acusó a la magistrada de ‘conflicto de interés’, por haber votado en contra de la reforma neoliberal cuando fue diputada federal (2012-2015). Previo a iniciar el análisis, el pleno de la SCJN determinó —en votación mayoritaria (05.04.2022) —, que la ministra Ortiz no estaba impedida para participar.

El análisis realizado por la ministra Ortiz es amplio. En las consideraciones previas presenta una visión general de la Industria Eléctrica y luego, desglosado en 7 apartados, se analiza el fondo de la cuestión: A) orden de despacho en el Sistema Eléctrico Nacional; B) trato nacional a la luz del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; C) mecanismo de certificados de energías limpias; D) supuestos de revocación permisos de autoabastecimiento y revisión obligatoria de los contratos suscritos con productores independientes de energía; E) criterios del sistema eléctrico nacional establecidos por la secretaría de energía; F) tarifas para las y los usuarios finales del servicio de energía eléctrica y G) principios del sistema eléctrico nacional.

La presentación de la ministra Ortiz en la primera sesión[5], resumió con claridad y sencillez la problemática generada por la LIE promulgada en 2014. Un ejemplo son los ventajosos contratos de cobertura eléctrica sin compromiso de entrega física, que obligan a los generadores a entregar una cantidad de energía pactada, pero que les permiten realizar un pago, sin necesidad de entregar realmente dicha energía, obligando a los suministradores de servicios básicos (es decir a Comisión Federal de Electricidad, Suministro Básico, CFE SB) a celebrar contratos complementarios en el mercado de corto plazo para satisfacer la demanda y evitar la interrupción del servicio a los usuarios finales. Lo anterior, «además de generar un costo mayor y adicional a cargo de la Nación, pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio eléctrico», concluyó la magistrada.

En su Informe Anual 2020, CFE reportaba que «CFE SB ha suscrito contratos como participante del Mercado Eléctrico Mayorista y como comprador en los Contratos Legados para el Suministro Básico y en los contratos derivados de las Subastas … Los costos de CFE SB por compra de energía y productos asociados en 2020, fueron de $402,528.66 millones de pesos»[6]. Adicionalmente, en una interpretación tramposa de la ley, los Contratos de Cobertura Eléctrica fueron concebidos para que generadores privados y grandes consumidores (industriales y comerciales, distribuidos por todo el territorio nacional) pudiesen pactar compraventa de energía, fijando el precio entre ellos, así como la cantidad de energía y el periodo de entrega, todo de forma discrecional y sin la intervención de algún órgano regulador y, menos aún de la CFE, como responsable de la red de Transmisión y Distribución.

En 2017, la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener) emitió una «nota aclaratoria» (sin responsable) en la que se ‘aclaraba’ que: «El Transitorio Décimo Noveno de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece la opción (es decir, el derecho, mas no la obligación) del Suministrador de Servicios Básicos (en este caso CFE SB) a firmar contratos con las Centrales Eléctricas Legadas y Centrales Eléctricas Externas Legadas, con precios basados en sus costos y en sus contratos», señalando que las Centrales Eléctricas Legadas eran las que «estaban en operación … a la fecha de entrada en vigor de la LIE, el 11 de agosto de 2014 … (y las que) estaban previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)», y las Externas, aquellas que tenían ya «un permiso de Productor Independiente de Energía (PIE), o … (estaban) incluidas en el PEF en modalidad de inversión condicionada»[7]. Estas últimas tendrían que ‘migrar’ sus permisos al nuevo esquema y en la ley se garantizaron sus condiciones de operación. Es decir, a estas 28 plantas PIE (y 6 más en la misma modalidad, ya autorizadas o en construcción) se les autorizó celebrar contratos de suministro con nuevos ‘centros de carga’ (usuarios calificados, es decir grandes consumidores, comerciales o industriales) y, al mismo tiempo, mantener los contratos obtenidos antes de la reforma 2013-14 (que solo autorizaban la venta de energía en exclusiva a CFE).

Es decir, CFE-SB además de celebrar contratos con cada una de sus ‘subsidiarias’ de Generación (I, II, III, IV y VI), mantuvo en las mismas condiciones los de las plantas privadas PIE, a las que se les autorizó incorporarse al nuevo esquema, vendiendo energía directamente a grandes usuarios. La justificación, según la nota, estaba en propiciar «una transición ordenada entre un sector eléctrico donde todas las actividades eran realizadas por una sola empresa a otro donde dichas actividades ahora se realizan de forma desagregada por varias empresas, y en particular, donde las decisiones relacionadas con la generación eléctrica se realizan a través de mercados competitivos». El resto de la nota respalda los argumentos de la ministra Ortiz, ya que en la implementación de dichas reformas solo se consideró proteger los intereses de los generadores privados, en detrimento de CFE.

Lo más trascendente de la resolución de la SCJN es que el pleno del tribunal reconoció la constitucionalidad de todos los artículos impugnados, tanto en sus aspectos administrativos como económicos, y desestimó los argumentos que sugerían violación de los principios de competencia económica y libre concurrencia.[8]

La administración actual (desde 2018), intentó corregir mediante diversos mecanismos las principales asimetrías que el esquema de mercado propició, en detrimento de CFE, pero la respuesta de las empresas del ramo fue negativa, interponiendo recursos legales para bloquear todo intento. Según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hacia finales de abril del 2021, existían más de 120 amparos contra las modificaciones a la ley eléctrica[9].

Todavía a finales de marzo de 2022, Iberdrola, la empresa más beligerante en contra de la política energética del gobierno de López Obrador obtuvo una suspensión definitiva para reanudar las operaciones de su central de ciclo combinado Dulces Nombres I y II en Nuevo León, que había sido suspendida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al vencer su contrato de interconexión a la red. Iberdrola intentó chantajear al gobierno con un ‘apagón’ a más de 455 empresas (sus ‘asociadas’), para obtener la ampliación el permiso.

La resolución de la SCJN sienta un precedente para resolver las disputas caso por caso, ya que la mayoría de ellas se encuentra en la ilegalidad (principalmente las autodenominadas ‘sociedades de autoabasto’ y la venta de excedentes de los PIE’s), y por ello pretendían escudarse en una norma general asentada en la Constitución de 2013. Además, con la resolución se podrá recuperar la confiabilidad y seguridad del SEN, su control (por parte del Cenace), y someter a la CRE para evitar que siga dando permisos a su arbitrio, sin considerar los planes de desarrollo del SEN.

Otro aspecto que debe considerarse es la relevancia de una política energética independiente en el contexto geopolítico mundial. La ‘operación especial’ emprendida por la Federación de Rusia (Rusia) en Ucrania provoca una situación compleja que, entro otras cosas, pone de manifiesto la estrategia de Estados Unidos (EU), cuyas ‘sanciones’ a Rusia han creado un escenario muy desfavorable para Europa y el Reino Unido, en materia de abasto de Gas Natural y, en consecuencia de electricidad, no solo por la incapacidad de sustituir el abasto del combustible ruso, sino porque la especulación de las propias empresas energéticas occidentales elevó los precios de ambos energéticos a niveles prácticamente impagables para el usuario final. Tanto, que España y Portugal fueron ‘autorizados’ a saltarse las barreras regulatorias de la Unión Europea (UE) para aplicar límites a los precios y, con ello, a las ganancias de los monopolios energéticos, lo que de paso pone en entredicho la validez del esquema de mercado. Ambas naciones comparten el llamado Mercado Ibérico de Electricidad (cuyo operador designado es OMIE) en el que operan las mismas empresas que en México (Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural. Las dos últimas integradas bajo una misma firma, Naturgy).

En la UE se utiliza una estructura de mercado mayorista en el que los precios de los principales insumos de producción son comunes. No obstante los precios al consumidor final son distintos, especialmente en el caso de España. En parte se debe a que cada país emplea energéticos distintos para generar electricidad, bajo una estructura ‘marginalista’ en la que determinada fuente establece un precio dominante que ‘ancla’ los demás. Así, Alemania depende más que España del carbón (24% contra 2%); Francia de la energía nuclear (67% – 22%) e Italia del gas natural (46% – 26%). En cambio, España y Portugal tienen gran participación de energías renovables (43% y 59%, respectivamente), aunado a una fuerte dependencia del gas natural en plantas de ciclo Combinados (es la fuente marginal de energía). Lo anterior, de paso, evidencia que el estado de desarrollo de las tecnologías de generación a base de fuentes renovables —las actualmente disponibles—, aún son incapaces de suplir la contingencia, por lo que no es posible desahuciar a los combustibles fósiles.

En cuanto a la ‘competencia’ del mercado, el efecto de los altos precios en el mercado mayorista no solo se traslada a los consumidores finales, sino que se multiplica, dado que depende de la estructura del mercado minorista. De nuevo, el caso de la península ibérica es ilustrativo: «Aunque España y Portugal compartan el mismo mercado mayorista, los precios de la electricidad según datos del IPCA publicados por Eurostat para los consumidores españoles fueron un 46,7% más altos en noviembre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que en Portugal subieron solamente un 2,6%. Esta disparidad se puede explicar por las diferencias en la estructura del mercado minorista en ambos países.»[10] En México solamente se instauró el mercado mayorista que, como primer paso, eliminaría a la CFE Generación y convertiría a CFE en un simple operador del mercado minorista, con los precios que determinara la CRE.

En México, el dictamen[11] por aprobarse, restituiría apenas en parte el texto constitucional (pues se sacrifica cerca de la mitad del ‘mercado eléctrico’ en favor del capital) a cambio de ofrecer las condiciones para recuperar para la nación el control básico de la Industria Eléctrica, así como la preservación de un mineral valioso (el Litio). Cabe tener presente que se trata apenas de un primer paso, ya que se requiere el voto favorable de las ¾ partes en el Congreso de la Unión y del 50% en los congresos locales de al menos 17 estados.

Con la reforma de 2013-2014, se cambió el sentido de los artículos 27 y 28 constitucionales y se pervirtió el artículo 25. La industria eléctrica (y la petrolera) cambiaron en la práctica su régimen de propiedad (de ser nacional pasó a ser privado) y la privatización se elevó a ‘rango constitucional’, dando paso a una Constitución distinta a la surgida de la Revolución Mexicana. Los poderes confabulados en el llamado ‘Pacto por México’ traicionaron a la nación.

Así, toca a los diputados pensar por cuenta propia y dar el primer paso hacia la restitución constitucional. La información disponible hoy día sobre los ‘mercados de energía’ es mucho mayor que la que se tenía en 2013. Algunos legisladores podrán justificar hoy su voto a favor de aquella reforma con el pretexto de que no sabían sus implicaciones. Ahora no. Solamente aquellos que no se asumen representantes populares (fueron propuestos por sus partidos, pero los eligió el pueblo para servir) y están cegados por un pragmatismo casi religioso, apegado al dogma neoliberal, o los que actúan por interés personal o faccioso, ahora agrupados en ‘Va por México’, serán capaces de revalidar la traición, pero no tendrán excusa.

La pérdida para la nación ha sido enorme, sin embargo, si la reforma no se logra ahora, aunque sea más difícil se hará, más tarde o más temprano, porque es necesaria. Lo veremos.

[1] Acción de inconstitucionalidad 64/2021, radicada el 13.04.2021. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2021-04-27/MI_AccInconst-64-2021.pdf.

[2] Senadores firmantes, nombre y en paréntesis su grupo parlamentario (MC, Movimiento Ciudadano; GP, sin grupo, autonombrado Grupo Plural y los conocidos PAN, PRI y PRD): Ruth Alejandra López Hernández (MC), Germán Martínez Cázares (GP), Julen Rementería del Puerto (PAN), Raúl Paz Alanzo (PAN), José Erandi Bermúdez Méndez, Jesús Horacio González Delgadillo (PAN), Roberto Juan Moya Clemente (PAN), Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), Kenia López Rabadán (PAN), lndira de Jesús Rosales San Román (PAN), Josefina Eugenia Vázquez Mota (PAN), María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), Audelia Esthela Villareal Zavala (PAN), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), Martha María Rodríguez Domínguez (PAN), Nadia Navarro Acevedo (PAN), Francisco Javier Salazar Sáenz (PAN), Ismael García Cabeza de Vaca (PAN), José Alfredo Botella (sic) Montes (PAN), Gustavo Enrique Madero Muñoz (GP), Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo (PAN), Damián Zepeda Vidales (PAN), Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN), María Lilly del Carmen Téllez García (PAN), Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN, ahora PT), Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), Marco Treja Pureco (PRD), Ángel García Yáñez (PRI), Beatriz Elena Paredes Rangel (PRI), Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), Eruviel Ávila Villegas (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), Manuel Añorve Baños (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Sylvana Beltranes (sic) Sánchez (PRI), Verónica Martínez García (PRI), Gabriela Benavides Cobas (PAN), Emilio Álvarez lcaza Longoria (GP), Carlos Humberto Aceves del Olmo (PRI), Nuvia Mayorga Delgado (PRI), lndira Kempis Martínez (MC), Juan Manuel Fácil Pérez (PRD), Patricia Mercado Castro (MC), Juan Manuel Zepeda Hernández (MC), Noé Fernando Castañón Ramírez (MC) y Alberto Galarza Villaseñor (MC).

[3] Salvo el Artículo 35, el juez Gómez Fierro suspendió todas las modificaciones. [http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613245&fecha=09/03/2021]

[4] Acción de Inconstitucionalidad 64/2021. Proyecto de Resolución, ponente ministra Loretta Ortiz Ahlf. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2022-03/AI%2064-2021.%20Proyecto.pdf

[5] Disponible en la versión estenográfica https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2022-04-05/5%20de%20abril%20de%202022%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf

[6] CFE Informe Anual 2020, pág. 260. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-05-06-1/assets/documentos/CFE_Informe_Anual_2020.pdf

[7] Nota explicativa contratos legados para el suministro básico https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258356/Nota_explicativa_contratos_legados.pdf

[8] SCJN, comunicado de Prensa No. 125/2022 (07.04.2022) https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6845

[9] Alegría Alejandro, La Jornada en Línea, 28.04.2021 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/28/economia/suman-120-amparos-contra-modificaciones-a-reforma-electrica-cce/

[10] Pinheiro, Luís, Murillo Ricard, Caixa Bank Research, enero 2022. file:///C:/Users/Elite%20800/Documents/El%20Mercado%20Iberico%20de%20la%20Electricidad.pdf

[11] Gaceta Parlamentaria, Dictámenes para declaratoria de publicidad, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, y de acceso a la energía eléctrica. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220411-B.pdf

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20 años de un apagón histórico: lecciones tras el Parlamento Abierto Intervención y Coyuntura



20 años de un apagón histórico: lecciones tras el Parlamento Abierto

CE. Intervención y Coyuntura

La tarde del 14 de agosto de 2003, el noreste de Estados Unidos de América sufrió un apagón que abarcó el norte de la costa este de ese país y que se propagó a 8 estados del medio oeste, afectando ciudades tan importantes como New York, Cleveland y Detroit. Golpeó también las ciudades vecinas de Toronto y Ontario, en Canadá. El apagón generalizado inició pasadas la 4 p.m y solo a media noche comenzó a reestablecerse. Pero el suministro en muchas zonas quedó interrumpido hasta por 2 semanas, afectando a unos 10 millones de personas en Ontario y a 45 millones de personas en ocho estados de EU. En total, más de 50 millones de personas.

En un primer momento, los medios aseguraron que la causa “principal” del apagón fue un error (de software) en las alertas del sistema de control de la empresa FirstEnergy, que no “alertó” la sobrecarga del sistema de potencia, cuando un disturbio eléctrico ocasionado por la caída de árboles sobre algunas líneas de transmisión había provocado un corte que propició el colapso general, al propagarse al resto de la red eléctrica.

En realidad, esa zona del sistema eléctrico ya operaba desde antes en condiciones críticas —desde las 2 p.m, según la línea del tiempo del reporte final elaborado por el grupo de trabajo que investigó las causas del disturbio eléctrico[1]—, por la falla de la unidad 5 de la planta EastLake, en Ohio, propiedad de la misma empresa. Esta explicación contrasta con la de otros especialistas,[2] quienes elaboraron una crítica profunda: «los eventos iniciales parecen haber ocurrido ante la mirada complaciente de una empresa de servicios públicos mal administrada, pero las condiciones subyacentes hicieron que una falla eléctrica generalizada en los EU fuera casi inevitable».

Y así lo corroboró oficialmente el informe final del grupo de investigadores mencionado antes, el cual determinó que «…este apagón podría haberse evitado y que se deben tomar medidas inmediatas tanto en Estados Unidos como en Canadá para garantizar que nuestro sistema eléctrico sea más confiable. En primer lugar, el cumplimiento de las normas de confiabilidad debe hacerse obligatorio, con sanciones sustanciales por incumplimiento.» Esto quiere decir que, además de las graves fallas del operador privado FistEnergy, hubo otras que se consideraron de carácter institucional:

…el equipo de investigación identificó una serie de problemas institucionales con respecto a los estándares de confiabilidad del NERC (Consejo de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte[3]). Muchos de los problemas institucionales surgen no porque NERC sea una organización inadecuada o ineficaz, sino porque no tiene independencia estructural de la industria que representa y no tiene autoridad para desarrollar estándares sólidos de confiabilidad y hacer cumplir esos estándares. Si bien muchos en la industria y en NERC apoyan tales medidas, se necesita una acción legislativa del Congreso de los EU para que esto suceda.

Tales acciones se han planteado, pero han sido bloqueadas sistemáticamente por los cabilderos de las empresas energéticas. De hecho, en EU se han producido otros apagones, con una frecuencia y alcance cada vez mayor, sin que por ello se haya logrado “sensibilizar” a los legisladores para establecer una adecuada regulación del mercado eléctrico. Según una investigación reciente del Wall Street Journal a partir de datos oficiales, en el año 2000 se dieron casi dos docenas de apagones importantes, sin embargo, para el 2020 el número rebasó los 180[4]. Independientemente del origen de tales disturbios eléctricos, es evidente que la confiabilidad del servicio no ha mejorado, pese a las constante modificaciones a la regulación eléctrica.

A casi 20 años de distancia, aquel apagón –histórico– sigue siendo una referencia para los especialistas. No obstante, la lección para los desreguladores, empecinados en manejar la electricidad como una mercancía, sigue sin entenderse: en materia de confiabilidad del sistema eléctrico, la “autorregulación” del mercado es un mito, simplemente NO existe. El sistema eléctrico de EU siempre ha sido complejo, es un conjunto de sistemas eléctricos independientes, manejado regionalmente. Hasta 1995 NERC coordinaba 11 regiones. Luego de adoptar el modelo actual, basado en una arquitectura de mercado, las reglas de operación de los sistemas interconectados resultaron laxas y favorables a los empresarios, tanto, que hoy día FisrtEnergy y sus subsidiarias siguen participando en la Generación, Transmisión, Distribución y venta de electricidad, constituyendo uno de los consorcios privados más grandes de aquel país.

El informe derivado de aquel apagón planteó 46 “recomendaciones”, algunas de elemental sentido común, tanto que parecería innecesario legislar al respecto: «1, hacer obligatorios y exigibles los estándares de confiabilidad, con sanciones por incumplimiento; 2, desarrollar un mecanismo de financiamiento aprobado por el regulador para NERC y los consejos regionales de confiabilidad, para garantizar su independencia de las partes que supervisan; 3, fortalecer el marco institucional para la gestión de la confiabilidad en América del Norte; 4, aclarar que los gastos e inversiones pertinentes para elevar la confiabilidad general del sistema eléctrico (incluidas las inversiones en nuevas tecnologías) serán recuperables a través de las tarifas de transmisión …» y así las 42 recomendaciones restantes. No obstante, la mayoría de ellas siguen aún sin acatarse o se han implantado solo parcialmente.

La experiencia de aquel apagón es clara, las empresas privadas eran incapaces de establecer una adecuada gestión industrial energética, simplemente porque el lucro y la ganancia son objetivos contrapuestos al interés social, y la razón es muy sencilla: en un ambiente desregulado ningún órgano “rector” tiene suficiente poder (ni interés) para obligar a los participantes del mercado a acatar costosas medidas para incrementar la confiabilidad del sistema. En esas condiciones, la acción de los “reguladores” se reduce a imponer, si acaso, ridículas sanciones económicas, pero la afectación a los usuarios queda impune ya que la normatividad tiene múltiples deficiencias, que facilitan su disputa legal.

En México sí contamos con un sistema eléctrico integrado, pero también hemos padecido graves experiencias por las afectaciones a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional que introdujo la implantación del modelo de mercado eléctrico. Las dos más recientes fueron: primero, un disturbio que ocurrió el 28 de diciembre de 2020[5], y el segundo fue resultado de la suspensión del suministro de gas natural proveniente de Texas, EU, en febrero de 2021. Ambos eventos fueron solventados por CFE en tiempos sorprendentemente cortos, lo cual no hubiera sido posible sin la oportuna y coordinada operación de la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Sin embargo, en ambos casos se evidenciaron graves problemas: el primero por una planeación eléctrica descoordinada por el desmedido aumento en el número de plantas privadas de generación que operan a partir de fuentes intermitentes, con permisos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía, CRE, otorgados sin considerar las necesidades reales del sistema y la posibilidad de aprovechar ese tipo de energía (mucho han tenido que ver también los tramposos criterios para el despacho de energía, así como las fraudulentas sociedades de autoabastecimiento que saturan la red, todo ello producto de la contrarreforma de 2013).

El segundo caso provoca mayor inquietud, ya que ante el encarecimiento del combustible primario (gas natural), los generadores privados decidieron dejar de generar para no absorber los costos de producción, sin importarles las consecuencias para el sistema eléctrico nacional. Ante la salida de importantes plantas privadas a base de gas natural en el Norte del país (Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León), CFE puso en operación centrales de soporte en Chihuahua y Nuevo León y entregó, a disposición del CENACE, toda la generación disponible de su planta de generación, con lo que se pudo restaurar y mantener la continuidad del servicio a nivel nacional.

Estos incidentes y su manejo coordinado por parte de CENACE y CFE, deben ser considerados como un argumento determinante en favor de la prioridad que deben tener la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Hoy resulta conveniente contrastar estos eventos a la luz del histórico apagón en los EU y Canadá, ya que en EU, la misma escasez del combustible texano provocó una larga interrupción del servicio en aquel estado, revelando que, a pesar de las experiencias vividas, la legislación en aquel país sigue sin funcionar.

En el Parlamento Abierto para la reforma energética que terminó el pasado lunes 28 de febrero no se tocaron a profundidad estos temas. Los opositores a la iniciativa que se discute se limitaron a defenderse y a señalar culpables, por ejemplo culparon a los disturbios eléctricos antes mencionados: a CFE, por no ampliar —con recursos públicos—, la Red Nacional de Transporte (RNT), aunque las empresas privadas que la aprovechan se niegan a pagar por su uso y menos aún por su desarrollo. Lo mismo en el caso del gas: alegan que pararon sus plantas, porque el gas disponible “no les alcanzó”, por lo que exigen más permisos de importación, transporte y almacenamiento, según ellos para “prevenir” un nuevo desabasto. Este comportamiento (de los generadores privados), en ambos casos es vergonzoso, pero corresponde al interés de sus inversionistas. En el parlamento tampoco se analizó el accionar de los organismos autónomos (particularmente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE), cuyas determinaciones siguen pragmáticamente el modelo de mercado, afectando la confiabilidad del sistema eléctrico.

Los opositores, en su mayoría representantes o empleados de empresas energéticas, omitieron explicar las causas del “fracaso” de la contrarreforma energética de 2013-2014 (fracaso para los usuarios y para el sistema eléctrico nacional, no para ellos, que se enriquecen a costa del erario)[6]. También pretendieron desacreditar la iniciativa con falsos argumentos ecologistas, planteándola como algo descabellado y aduciendo que las plantas eoloeléctricas (todas) son un aporte sustantivo a la limpieza energética del planeta. No hay tal. En el estado actual de la tecnología, las fuentes intermitentes puestas en boga por los empresarios (viento y sol, fundamentalmente), con un enfoque exclusivamente comercial, solo son aprovechables en periodos cortos de tiempo, comparado con la capacidad de energía eléctrica necesaria para mantener en servicio continuo al sistema eléctrico nacional. Tales plantas sí representan una opción viable para sistemas pequeños o aislados, pero no son una alternativa real para los grandes sistemas eléctricos, por las dificultades (y costos) para su integración confiable. No se comparan en términos de seguridad y confiabilidad con la estacionalidad que brindan otras tecnologías también “limpias”, como la hidroeléctrica. Las actuales fuentes, aún más estables, y que nos han servido por largos períodos, como los hidrocarburos, están actualmente en etapa de decaimiento.

Queda esperar que en México, el legislativo pueda asimilar estas experiencias, incluidas las de un sistema que se ha vuelto catastrófico, como el norteamericano.

[1] Grupo de Trabajo sobre las interrupciones del Sistema Eléctrico de EE. UU. y Canadá. Apagón 2003: Informe final sobre el apagón del 14 de agosto de 2003 en Estados Unidos y Canadá: causas y recomendaciones. Pág. 46.

[2] El apagón de 2003, en IEEE Spectrum.

[3] Actualmente, Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte, entidad privada y “sin ánimo de lucro”, que en conjunto con otras 6 entidades regionales agrupadas en ERO Enterprise, constituyen el órgano regulatorio que, a nivel nacional, emite documentos anuales para asegurar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico y coordinar las operaciones (Ver por ejemplo Rules of Procedure).

[4] Según Blunt, K., en The Wall Street Journal: «detrás del creciente número de apagones hay nuevas ‘presiones’ en el sistema, causadas por líneas eléctricas envejecidas, el cambio climático y una gran planta generadora “que se está transformando rápidamente en ecológica”». Con tal eufemismo la reportera se refiere al creciente número de plantas solares y eoloeléctricas que se incorporan a los sistemas eléctricos, y que por ser fuentes intermitentes, requieren de un manejo distinto a de las plantas tradicionales.

[5] Ver los aspectos relativos a la confiabilidad del sistema en Interrupción del 28 de diciembre de 2020 y aspectos de confiabilidad, CFE. El análisis competo del disturbio fue realizado por un panel independiente de expertos, disponible en su Informe Final.

[6] Los precios de la electricidad no se redujeron por efecto de la “liberalización” del sector, como tampoco había sucedido en otras partes, donde esta política ya se había impuesto al momento de la contrarreforma en México. Ver por ejemplo Vagliasindi, M y Besant-Jones, J. Power Market Structure. Revisiting Policy Options, 2013 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

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Reforma Energética: de la dependencia a la soberanía energética



Reforma Energética: de la dependencia a la soberanía energética

Jonatan Romero

En este sentido, que el neoliberalismo implica una competencia abierta antes que un control monopólico o competencia limitada dentro de estructuras oligopólicas es una idea fraudulenta que, como de costumbre, el fetichismo de la libertad de mercado enmascara. El libre comercio no significa comercio justo.

Harvey

Crisis del capitalismo y la reforma del 2013

La crisis financiera de 2008 fue la expresión más evidente de la crisis de sobreacumulación capitalista y desencadenó un horizonte civilizatorio inédito donde la gran mayor parte de la planta productiva cambió el modelo de dominio burgués sobre el trabajo y la naturaleza. El mercado energético mundial no se escapó a esta reorganización de la ley del valor que se valoriza a escala planetaria. En México, las corporaciones trasnacionales impulsaron una nueva reforma energética en 2013 en contubernio con el Partido Revolucionario Institucional y el objetivo se centró en incrementar la tasa de ganancia en el sector.

La crisis de sobreacumulación de capital expresa dos momentos muy importantes: 1) la tasa de ganancia cae de manera acelerada y 2) el capital constante incrementa más rápido que el variable. En ese sentido, las fuerzas productivas técnicas se muestran como excedentes en relación con la acumulación burguesa, es decir, una composición orgánica del capital baja provoca un descenso en la cuota de ganancia. La solución es frenar el uso del capital constante para regresar a márgenes de beneficios más altos.

Las corporaciones trasnacionales hicieron precisamente eso con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que la propuesta del ejecutivo en turno desmanteló toda la capacidad productiva de Comisión Federal de Electricidad (CFE). A diferencia del discurso oficial y liberal, las nuevas reglas aprobadas por el Pacto por México (o pacto contra México) no les interesó modernizar la industria mexicana de energía, sino todo lo contrario, el gobierno paralizó sus activos y le entregó totalmente el mercado al sector trasnacional.

Las elites mexicanas cedieron la soberanía energética a las empresas españolas: Iberdrola, gas natural y Fenosa. Bajo este mirador, la reforma aprobada por Peña Nieto tuvo el gran logró de incrementar las ganancias de las corporaciones trasnacionales y, al mismo tiempo, boicotear la capacidad productiva de la CFE. Muy al contrario de sus manuales, los neoliberales olvidaron la idea de racionalidad y eficiencia económica para apostar por un modelo de negocios basado en el despojo y el incremento del capital ocioso.

El director general Manuel Bartlett publicó una serie de datos históricos sobre la inversión estatal y privada en el mercado energético, según esto, México transitó de la soberanía energética a la dependencia casi total: CFE PRODUJO el 100% EN 1999, el 66% en 2013, 54% en 2017, 52% en 2018, 45% en 2019, 39% en 2020, 29% en 2024 y el 16% en 2029. La tendencia general traza un camino bastante peligroso, puesto que CFE puede desaparecer del mercado de energía nacional y el país se sometería a los caprichos de los organismos financieros mundiales.

El sentido de la reforma energética se basó en contrarrestar la crisis de sobreacumulación de capital y para ello se necesitaba de manera urgente: por un lado, paralizar la planta productiva de CFE, y, por el otro, incrementar los márgenes de ganancias del capital financiero. Bartlett denunció en el parlamento abierto que “El mercado eléctrico mexicano vale 315 mil millones de dólares y la CFE vale 377 mmdd. Los privados invirtieron 11 mmdd de capital propio; con 11 mmdd se apropian del Sistema Eléctrico y la CFE: 34 veces lo invertido”.

La racionalidad económica capitalista exige dentro de los límites del capitalismo contemporáneo: primero, desmantelar su planta productiva, y, segundo, dar todas las garantías para incrementar las ganancias de los privados. Por ejemplo, CFE cubrió el costo por no utilizar el 55% de sus instalaciones (215.4 millones de pesos) y además garantizó la compra de energía que puede abastecer fácilmente al mercado mexicano (222.9 millones de pesos).

Ángel Balderas difundió unos datos bastante importantes sobre el subsidio por parte de CFE al mercado privado y estimó una cantidad 471, 606 millones de pesos, donde se registran las siguientes actividades: daños por contratos, autoabasto simulado, subsidio por tarifa, compra de certificados y respaldo. Aquí vale la pena aclarar lo siguiente: las principales empresas beneficiadas fueron Grupo Femsa, Iberdrola y ENEL. Al final de esta tragedia, las corporaciones trasnacionales no contentos con destruir la empresa mexicana de energía, también la usaron para incrementar fuertemente sus ganancias al reducir los costos totales de manera artificial y ventajosa.

De lo antes descrito, la reforma energética del 2013 entregó el mercado energético mexicano al sector privado y con ello incentivo irremediablemente la usura y la especulación. Ahora, el capital financiero domina el sector energético y este determina el uso y destino de este valor de uso, cuya finalidad no es la calidad de vida de las mexicanas o el desarrollo del país o un precio justo, sino lo determina las leyes de la misma valorización del valor. El capitalismo contemporáneo instaló un proceso de despojo masivo y la energía eléctrica es un pilar fundamental de este proyecto civilizatorio.

Renta monopólica y tarifas

La reforma energética de 2013 prometió reducir los precios de la energía y los consumidores serían los principales beneficiados de este nuevo margo legislativo. En 2022, el augurio no llegó de ninguna manera y, todo lo contrario, las tarifas significaron un retroceso al poder adquisitivo de la sociedad mexicana y, al mismo tiempo, beneficio a las grandes corporaciones asentadas en el país. El debate toma un peculiar camino, ya que, el Pacto por México impulsó una iniciativa ventajosa para la inversión extranjera directa.

La dictadura neoliberal aseguró en el parlamento abierto que los costos son muy altos y, por eso, las tarifas no decrecen en el tiempo prometido. El mercado interno necesita radicalizar las reformas de 2013 para conseguir los frutos deseados y, por ello mismo, la iniciativa del gobierno Andrés Manuel López Obrador está llamada al fracaso. Aquí vale la pena esperar a considerar algunas cuestiones de vital importancia para el debate contemporáneo y los analistas deben reconsiderar la teoría de los costos como el eje de sus premisas epistémicas.

El Pacto por México logró reducir ampliamente los costos de la industria con base en el desmantelamiento de la CFE, pero las tarifas nunca bajaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, la lógica formal es muy clara en esta situación, por ejemplo, si los costos bajaron de manera artificial y al mismo tiempo subió el precio de la energía, entonces la ganancia empresarial tuvo un incremento en este proceso. La reforma estrella del neoliberalismo terminó beneficiando a los organismos internacionales como dijo Manuel Bartlett en el parlamento abierto.

Ahora, la CFE denunció el trato preferencial con algunos sectores de la sociedad, por ejemplo, Oxxo paga $2.10 mientras que los hogares mexicanos están pagando $6.10. La iniciativa del PRIAN nunca procuró el bienestar y desarrollo del país, sino se comprometió abiertamente con los intereses del capital financiero. En ese sentido, los grandes fondos internacionales terminaron obteniendo ganancias muy altas con base en el abaratamiento de sus costos y al mismo tiempo transfirieron estos a las familias mexicanas.

La estrategia neoliberal fue impecable y muy concreta, puesto que, por un lado, las empresas privadas manejaban precios fijos y la clase trabajadora costeó el proyecto de 2013 con tarifas crecientes. Otro elemento para considerar es las ventajas que da la ley a la burguesía en su conjunto, dado que esta no pagó 593 millones de pesos por la transmisión, todo esto gracias al orden legal del PRIAN. Mientras las elites no costean la totalidad del proceso, por otro lado, los dominados terminan pagando su parte y al mismo tiempo la de las grandes corporaciones.

Entonces, los herederos de la libre competencia no respetan los pilares de su ideología y buscan reducir los costos por todos lados gracias a la intervención del Estado. De esta manera, la clase trabajadora termina pagando todo el proceso mediante su recibo de luz y la otra parte la absorbe la Hacienda Pública, según la CFE, por este rubro, las finanzas públicas tienen un déficit de 490 mil millones de pesos que terminan pagando las familias mexicanas por conducto de los impuestos.

En ese sentido, el especialista Morales Vielma destacó en el foro abierto que “el sector energético es el promotor del desarrollo de los países, sin embargo, el sector privado solo piensa en utilidades y más cuando son empresas extranjeras” y, por otro lado, José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, denunció abiertamente en el pleno que “actualmente el servicio de energía eléctrica ya no es considerado un servicio público, sino un modelo de negocios, un modelo diseñado bajo criterios de rentabilidad”.

Aquí se encuentra el meollo del asunto, ya que, la ideología burguesa presenta el problema de manera tramposa: primero, ellos denuncian el monopolio estatal encarnado en la CFE y, dos, no dicen nada del mercado oligopólico o monopólico privado del cual es presa hoy en día gran parte del mundo (incluyendo a México). Aquí nadie dice nada desde los manuales de microeconomía y quedan mudos (o por cobardía o ignorancia). Un modelo de esta naturaleza tiene los dados cargados y el precio o tarifa alta es su principal consecuencia.

En el fondo de toda esta maraña ideológica está escondido el carácter compulsivo burgués de la usura desmedida y está apoyado, por un lado, por la destrucción de capacidades productivas ajenas, y, por el otro, con el monopolio del espacio energético del país en unas cuantas sociedades o grupos hegemónicos. En un escenario monopólico u oligopólico, las tarifas de luz tendrán un aumento significativo, no depende tanto por el aumento de los costos totales sino en todo caso se supedita a los márgenes de ganancias trasmutados en renta monopólica (Según la CFE esto es una renta extraordinaria).

Al final, el capital financiero termina cobrando una renta monopólica por contralar extensiones de suelo enteras del país con vocación energética y esto provocado bajo la complacencia del sistema legal mexicano. La reforma energética le entregó la mayoría del mercado a la iniciativa privada y pretende dejarle la totalidad de este. No se necesita ser mago o hechicero para conocer el futuro de esta estrategia: las tarifas irán incrementando más rápido en tanto CFE vaya dejando cada vez más el sector a sus competidores y así abrirle el camino entero a la renta monopólica.

Soberanía y transición energética dentro de la dictadura del proletariado

La derecha mexicana ha insistido maliciosamente a lo largo del debate sobre la reforma energética que la iniciativa de Andrés Manuel está en el pasado e incumple los protocolos mundiales sobre la lucha contra el cambio climático. La CFE, según los voceros de los organismos financieros, quiere regresar al pasado y contaminar de manera impune mediante plantas basadas en el carbón y gas. Aquí es necesario implantar algunas cuestiones fundamentales sobre la discusión:

La agenda de la transición energética también incluye a la soberanía nacional, es decir, el modelo energético sustentable debe contemplar no solo las recomendaciones de las instituciones mundiales, sino que, puede apostar por los recursos naturales disponibles en su territorio; el camino a un nuevo modelo no es único y depende de las condiciones concretas de cada región. La reforma del 2013 traicionó abiertamente los compromisos con la lucha contra el cambio climático cuando desmantelaron las hidroeléctricas y le abrieron el camino al gas americano. En ese sentido, la CFE busca por todos los medios no sólo recuperar el control del sector energético sino potenciar el cambio a un paradigma de desarrollo más verde.

Por ejemplo, la empresa mexicana produce el 55% de energías limpias y los privados solo el 45% mientras que la CFE produce el 35% de energías renovables del total de su capacidad productiva. No sólo eso, la compañía firmó acuerdos internacionales para adaptar una central para el uso de hidrogeno verde, también invirtió en instalaciones fotovoltaicas e incentiva permanentemente en el uso de paneles solares. Pero, las hidroeléctricas se presentan como esa oportunidad única para el país, ya que, a diferencia de otras formas de producir energía, estas no son intermitentes y además producen energía a bajo costo.

Frente al colapso civilizatorio, la incitativa de la 4T enfrenta el poder del gas americano y con ello mismo apuesta por su propia estrategia basado en el potencial de las tierras mexicanas. De esta manera se atacan dos frentes: 1) la CFE busca romper con el monopolio de capital financiero y 2) el sector energético transitará de un modelo de gas a uno hidroeléctrico. La reforma energética impulsada por Andrés Manuel tiene el objetivo de buscar la transición de manera ordenada, considerando a la sociedad mexicana y buscando las opciones en los recursos disponibles en México.

La planificación del sector eléctrico es un paso importante dentro de la lucha de clases y es por eso por lo que la iniciativa da un paso hacia a delante cuando propone tomar el control del 54% (como punto mínimo) del mercado y dejarle hasta el 46% a los privados. En ese sentido, la CFE busca retomar el control del mercado y darle un sentido social a la industria, es decir, 1) la luz se vuelva un derecho y no una mercancía, 2) bajar los costos y las tarifas y 3) se pueda desarrollar el país. El parlamento abierto evidenció la tensión entre las clases sociales y ahí se expresaron los intereses de estos. La oligarquía planea frenar cualquier modificación a la reforma del 2013, porque en ello se juegan su cuota de ganancia.

Ahora, si bien es cierto que la iniciativa es muy interesante y significa un paso hacia adelante pero no es suficiente ante los retos hacia el futuro. En ese sentido, el comunista debe radicalizar la discusión de tal manera que, por un lado, no comprometa los resultados obtenidos en un gobierno progresista, y, por otro lado, debe aplicar la dialéctica materialista para encontrar las fuerzas potenciadoras de la superación de la economía capitalista. En ese sentido deben considerarse los siguientes elementos:

La reforma energética tiene que insistir en la modificación del artículo 27, el cual prioriza la propiedad privada sobre la social. El modelo neoliberal está basado en la explotación de los recursos naturales de manera cínica, ya que, lo justifica la modificación de 1992. Los comunistas no pueden ceder ante esta evidencia y deben guiar la discusión ante la socialización de la propiedad de la naturaleza en su conjunto: agua, tierra, atmosfera, etc. La privatización del suelo y la naturaleza debe superarse tarde o temprano. La reforma energética deberá contemplar la organización proletaria de la CFE y PEMEX, pero también la socialización de la propiedad del suelo.

El modelo energético post-covid en México sólo expresa una arista del complejo desarrollo de la sociedad capitalista y, allí emerge, en un polo, la fertilidad burguesa destruyendo todo a su paso, y, por el otro, una fertilidad praxeológica negando el fetichismo del capital y colocando a la vida como el fundamento de la civilización del tercer milenio. La reforma energética se coloca de alguna manera en un puto medio de este proceso contradictorio y el desenlace estará definido por la correlación de fuerzas emergentes en la lucha de clases en el capitalismo.

Entonces con base en los dichos anteriormente, la conciencia de clases debe madurar en estos momentos y cambiar el rumbo de la historia, pero, no es suficiente ya que necesita combinarse con la transición de una fertilidad burguesa hacia una praxeológica, es decir, debe impulsarse una crítica tanto a la ley del valor que se valoriza, la ley de la sobreacumulación de capital y sobre todo a la ley de la renta del suelo. Al final, el dominio burgués se basa en la expoliación del trabajo asalariado y de la naturaleza convertida en capital constante. Así, la dictadura del proletariado está destinada a la pulverización del estado, pero también abolirá su fundamento civilizatorio: la fertilidad burguesa.

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¿Transición energética o un “nuevo” paradigma privatizador?



¿Transición energética o un “nuevo” paradigma privatizador?

CE. Intervención y Coyuntura

  • Ramón Carlos Torres Flores. La Hora de la Transición Energética. Exigencias del nuevo paradigma: sustentabilidad, seguridad e igualdad. México, UNAM-Grano de Sal, 2021.

En diciembre pasado el diario La Jornada publicó una entrevista del periodista Alejandro Alegría con Ramón Carlos Torres Flores, autor del libro La Hora de la Transición Energética. Exigencias del nuevo paradigma: sustentabilidad, seguridad e igualdad. El título de la entrevista fue “La crisis energética en México se gestó por restringir la inversión” (La Jornada, 5.12.2021), y en ella Alegría rescata varias aseveraciones de Torres Flores, enfatizando una en particular: “La reforma de 2013 falló” y, a raíz de ello, “la economía mexicana se encuentra inmersa en una crisis energética de larga gestación y con profundas raíces estructurales”. Cierto, aunque después matiza: “Con los cambios a la Constitución en 2013 … se formalizó de forma jurídica la entrada de firmas privadas al sector. Sin embargo, la instrumentación de la reforma energética falló, porque la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus ramos fue preponderante”.

Para explicar el período previo (en el que también hubo inversión privada) Torres asegura que «la principal causa que llevó al país a la crisis energética “sin precedente” fue la decisión de gobiernos anteriores de restringir el uso de recursos del erario para financiar las inversiones del sector, por lo que desde hace tres décadas abrió el espacio en generación eléctrica —sector clave en la transición—, a la iniciativa privada, pero también abrió la puerta en el transporte y la comercialización de hidrocarburos, que en ese entonces eran actividades exclusivas del Estado.» Reveladora afirmación, puesto que tres décadas antes, el texto constitucional prohibía explícitamente tales actividades.

Por otra parte, en la contraportada del libro, Rolando Cordera, al comentar el texto afirma: “Ramón Carlos Torres Flores plantea aquí un nuevo paradigma para no estar ya por encima y en contra de la naturaleza”. Tales antecedentes —entrevista y reseña del libro—, invitan a la lectura del texto, tomando en cuenta el inminente debate de la “Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética” (en adelante la Iniciativa), presentada ante la Cámara de Diputados el 30 de septiembre de 2021 por el ejecutivo federal, y cuya discusión en el formato de Parlamento Abierto está por comenzar.

Tal iniciativa tiene como propósito corregir los problemas más urgentes en materia de electricidad causados por distintas reformas a partir de 1995 (hechas en flagrante violación de la Constitución) a la legislación secundaria, y que se agudizaron con la llamada “apertura” del sector, pactada en la reforma constitucional en materia de energía, aprobada en el Congreso en 2013, que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para suprimir importantes postulados y agregando 21 artículos transitorios que, en los hechos, constituyeron la ampliación del texto, así como en las sucesivas leyes y reglamentos que se expidieron o modificaron a partir de ese año (10 leyes, 9 reglamentos y 4 decretos), y que constituyeron un marco jurídico favorable a la privatización del sector energético de México. A ese conjunto de reformas a partir de 2013, nos referiremos en adelante como “contrarreforma”.

Derivado de la lectura del texto, llama la atención que la entrevista no refleja la profunda crítica que el autor formula en sus páginas a la política energética del actual gobierno, basada centralmente en alejarse de lo que él considera “el paradigma energético global”, y que no es otro que la añoranza del modelo abusivo impuesto en la contrarreforma.

Así, el capítulo 2, “Hacia un nuevo paradigma energético global”, se hacen planteamientos generales sobre algunos acuerdos internacionales en la materia, para atribuir el fracaso de lo que llama “el paradigma de la energía fósil” (refiriéndose al uso de energías de origen fósil, como los hidrocarburos: carbón, petróleo y gas, fundamentalmente) y al “extractivismo” asociado al mismo. Torres omite que las prácticas extractivistas están asociadas más bien a los modos de producción del capitalismo, y que dichas prácticas fueron impuestas hace tiempo por las economías más fuertes a los países poseedores de materias primas (actualmente petróleo y gas).

El capítulo continúa con una revisión simplista del origen del “sistema fósil de energía” y la “amenaza ambiental” que éste representa. Consideraciones que están cubiertas en la Iniciativa del ejecutivo, que propone eliminar a corto plazo la exportación de petróleo crudo, para reducir su extracción y procesar únicamente lo necesario para el consumo interno, es decir, alejarse del “sistema fósil” global. También plantea sustituir el uso de combustibles fósiles por fuentes menos contaminantes, en tanto sean capaces de satisfacer la demanda. En tanto, se propone la utilización responsable de todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación. Del desarrollo de nuevas fuentes y tecnologías depende la velocidad de la transición energética.

Lo anterior, además de asegurar la soberanía energética de la nación por más tiempo, permite enfrentar la “disfuncionalidad de los mercados de energía fósil”, tema que preocupa a Torres en otro apartado. La premisa es simple: el modelo de mercado energético global (o “sistema fósil”) afianzó el control de las grandes corporaciones energéticas internacionales —a las que en México se otorgaron importantes concesiones petroleras y de generación eléctrica, vía la contrarreforma—, sin que con ello el país tenga asegurado el abasto futuro, seguro y confiable para todos los usuarios. Por otro lado, tal “disfuncionalidad” persistirá, aun cuando se desarrollen nuevas fuentes de energía; porque las corporaciones energéticas tienen actualmente el control de buena parte de las reservas existentes, al tiempo que intervienen predominantemente en el desarrollo de las futuras fuentes de energía, para asegurarse que el “mercado de la energía” permanezca en sus manos.

A continuación Torres advierte los “Riesgos y vulnerabilidad económica y financiera” del “sistema de energía fósil”. Para ello cita tres documentos “a modo”, elaborados por un organismo intergubernamental, un consorcio energético mundial y un despacho de consultores (la Agencia Internacional de las Energías Renovables, la British Petroleum y Det Norske Veritas, DNV-GL, respectivamente). Con tales fuentes, las concusiones son obvias: “la subordinación y la vulnerabilidad de los mercados financieros” al “sistema fósil”. Evidentemente en los estudios de estas instituciones no se mencionan los financiamientos y subvenciones otorgadas, por ejemplo, a las llamadas energías limpias. Solo en México, la mayoría de los proyectos, principalmente eoloeléctricos han recibido recursos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inclusive, para su construcción se han utilizado recursos de entidades gubernamentales. Pero sobre todo, se les han otorgado importantes incentivos fiscales y condiciones de operación muy ventajistas que les aseguran el despacho prioritario de energía (y con ello la venta de esta), con precios elevados y a cambio de ridículos cargos por uso de las redes de Transmisión y Distribución. No en balde la mayoría de sus “clientes” son grandes consorcios con los que han formado un mercado privado al margen del servicio público, entre generadores y consumidores privados. Mercado del que está excluida la CFE, por estar obligada a vender la energía más cara (compra los “excedentes” y la generación privada, a precios determinados “por el mercado”, excluyendo su generación propia, que es más barata en ciertos periodos).

Torres sugiere tres rutas —son de sobra conocidas— para emprender la transición energética: primero, aumentar el uso de fuentes renovables; segundo, mejorar la eficiencia energética y, tercero, reducir el uso de combustibles fósiles. Las tres alternativas están incluidas en la iniciativa presidencial: la primera, porque CFE ya trabaja para aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y fotovoltaica; la tercera, porque se reduce la plataforma de extracción de hidrocarburos (limitándola a la satisfacción del consumo interno) y en cuanto a la eficiencia energética (segunda), en el ámbito gubernamental (en los tres órdenes de gobierno), en los principales centros de consumo se mantienen programas de mejora para utilizar las tecnologías más eficientes, desde el alumbrado hasta el transporte y otras, e incluso para la generación de electricidad. Como se mencionó antes, la sustitución avanza según la disponibilidad de tecnología.

El autor cierra el capítulo con el apartado: “Hacia dónde apunta el nuevo paradigma”, que comienza por aceptar que “Los elementos constitutivos de lo que será el paradigma energético de la humanidad en los próximos años y décadas de este siglo no están definidos” y sugiere que éstos elementos se están construyendo “a partir de los intereses dominantes” pero, afirma, “a partir de la naciente certeza colectiva de que el nuevo paradigma debe garantizar la sustentabilidad ambiental que no ofrece el sistema actual”.

Parece simple ingenuidad, pero haciendo abstracción del análisis de los resultados de la contrarreforma de 2013, Torres soslaya que ésta se promovió, con grandes expectativas, entre ellas, la de reducir los riesgos ambientales (también reducir los precios para los consumidores, a todos y no a unos cuantos, para asegurar la recuperación de las reservas, etc.).

En el campo teórico hace tiempo que fracasaron las ideas sin sustento de La condición posmoderna (J.F. Lyotard), de donde surgieron muchas de las ideas de dicho “movimiento”, y que antes dieron pie a una corriente de posmodernismo capitalista, caracterizada por el rechazo explícito a los grandes relatos y el cuestionamiento de la —hasta entonces — dualidad del mundo, para promover en cambio el pluralismo. En el posmodernismo no solo se cuestionan los textos históricos, sino que se “inventa” un lenguaje que pretende modelar al pensamiento: la verdad es solamente cuestión de perspectiva, puesto que no existe acceso a la realidad, solamente a la apariencia.

Así, parecería que para Torres, asumir el “nuevo paradigma” implica incluir la ‘dimensión ambiental’ como ‘sujeto político’. Entonces la Iniciativa del ejecutivo va más allá, porque sin tal palabrería, plantea recuperar para la nación el control del desarrollo energético y sus implicaciones ambientales. En cambio, el planteamiento del autor tiene las mismas deficiencias que diversos organismos multilaterales (algunos creados bajo el patrocinio de la ONU, o mediante financiamiento gubernamental, e incluso en algunos participan las grandes corporaciones), que de algún modo constituirían esa “nueva gobernanza” que sugiere Torres (suma de gobiernos de estados nacionales, corporaciones y organizaciones transnacionales) y que se reúnen periódicamente para tomar “acuerdos”, traducidos en pactos que no se cumplen o se postergan, porque fueron creados para teorizar, no para actuar.

En el capítulo 3 “Inserción de México en la transición energética”, luego de insistir en la importancia de los diversos compromisos internacionales en materia ambiental, Torres retoma su diagnóstico para el sector petrolero mexicano: “La carencia crónica de inversiones para restituir la extracción de reservas después de los años setenta e inicios de los ochenta del siglo pasado desembocó en un agotamiento relativo de los yacimientos, minó la funcionalidad operativa de ese sistema y propició la profunda crisis energética que vive el país desde hace poco más de un lustro”.

Efectivamente, en el sexenio del expresidente José López Portillo (1976-1982), aquél que dijo a los mexicanos que debían acostumbrarse a “administrar la abundancia”, cuando se descubrió Cantarell, un campo gigante que colocó a México como uno de los principales productores de petróleo del mundo, justo cuando el precio del petróleo alcanzaba un máximo (para después decaer), fue el momento de mayor auge de la riqueza petrolera de México, que sucesivos gobiernos sobreexplotaron. Gran parte de las reservas de hidrocarburos de la nación se destinaron a la exportación, no obstante, las reservas se mantuvieron casi constantes hasta 1999, cuando inició su declive, que no se detuvo ni con la entrada en vigor de la contrarreforma energética de Peña Nieto y la apertura de la exploración y producción al capital privado. Es a la llegada del actual gobierno que se estabiliza la plataforma de producción y se determina limitar (eliminar en un futuro cercano) las exportaciones, con la finalidad de asegurar que las reservas aún disponibles sean suficientes para abastecer la demanda nacional en los próximos años. Es decir, lo que Torres define como crisis se profundizó a raíz de la apertura al capital privado, que se apropió de las reservas, pero no invirtió en producción.

Torres explica esto desde su interpretación, en “Raíces de la crisis energética”, para concluir que la implantación de la contrarreforma de 2013 provocó una “ambivalencia institucional (que) deriva en la inhibición y en obstáculos para las inversiones del sector”. Esto, según él, plantea una “dicotomía” consistente en que “la actividad energética gira en torno al desempeño empresarial de las empresas productivas del Estado por un lado, y el régimen jurídico e institucional que se aplica a esas actividades (que) corresponde a una economía de libre mercado”.

Torres se refiere a que no se entregó absolutamente todo al capital privado: redes de distribución y almacenamiento de combustibles y las de transmisión y distribución de energía eléctrica. Según esto, la permanencia de Pemex y CFE conservando buena parte de dichas funciones, ‘perturbó’ el funcionamiento del naciente mercado energético mexicano, porque para Torres, “el orden jurídico e institucional … corresponde al diseño de un sistema de mercado, donde el rol del Estado es principalmente de rectoría y regulación”. Es decir que Pemex y CFE sobran, según su modelo–paradigma. Torres caracteriza esto como la “anomía” de la contrarreforma de 2013 ¿Carencia de normas o degradación de estas? De nuevo, el alcance de las reformas —solo de 2013 a la fecha—, tuvo tal profundidad y alcance en materia de libertad de comercio, competencia, industria y regulación, que la presencia de Pemex y CFE se volvió prácticamente testimonial. No las desaparecieron porque ello hubiera desatado gran resistencia popular, pero en los hechos las condenaron a desaparecer. Jurídicamente la supuesta estructura monopólica del Estado en los sectores de hidrocarburos y electricidad fue totalmente eliminada.

Otro apartado revisa la “Política energética de la actual administración” y “palomea” los puntos que a su parecer son de mayor importancia, pero finaliza diciendo “El presidente ha advertido públicamente su intención de no hacer modificaciones fundamentales en la Constitución durante el resto de su administración”. No es creíble que el autor no hubiese anticipado que el gobierno presentaría la Iniciativa, dado el nivel de enfrentamiento que se había dado desde principios de 2021 entre el gobierno y las empresas energéticas, y que derivó en procesos judiciales, a raíz de los cuales el presidente anticipó la medida.

En el apartado “Disfunción estructural del sistema energético mexicano”, Torres desarrolla la caracterización de crisis, que se publicó en la entrevista mencionada al inicio, añadiendo:

La sociedad no cuenta aún con una visión estratégica que sitúe esas acciones inmediatas en un horizonte de largo plazo, democráticamente consensuado, que corrija la disfuncionalidad estructural del sistema energético mexicano y supedite a los intereses de la nación (sic) la irremediable inserción en la transición energética global. Son dos realidades que merecen ventilarse, o al menos cuestionarse, para la necesaria construcción de una estrategia energética con el horizonte de largo plazo que reclama el país.

Esta argumentación apenas es apropiada a la contrarreforma de 2013, la cual no fue “democráticamente consensuada” pero sí acentuó la “disfuncionalidad” del modelo de economía de mercado impuesto al sector energético nacional. En cuanto a la “visión estratégica” con que México tendría que insertarse “irremediablemente” en la transición energética global, está comprobado que la “visión” de la contrarreforma implicó no sólo la “apertura” al capital privado –principalmente extranjero–, sino la privatización “del sistema energético mexicano”, y no precisamente para satisfacer los reclamos del país ni de la transición global. Si alguna realidad se tendría que ventilar hoy, es que dicha contrarreforma fracasó por méritos propios, en cuanto al cumplimiento de sus promesas a la mayoría de los mexicanos. La política se comprueba en la práctica.

En ese mismo apartado, Torres desprecia algunas de las acciones del actual gobierno (que antes había “palomeado”): “La administración pública actual ha centrado la atención inmediata en lo que ha denominado el “rescate” del sector energético y de las empresas del Estado y en desterrar la corrupción y los ilícitos que a su juicio son la principal causa de la crisis.” En el mismo tono, la contraportada del libro presenta el comentario de otro “notable”, David Ibarra, quien asegura que el libro “…sitúa el cambio energético de México dentro del regateo político y su conciliación con otros objetivos nacionales”. El breve texto de contraportada en el libro amplía esa posición: “Para ir más allá de algunos debates, a menudo estériles, sobre quién debe producir y distribuir electricidad, o sobre la pertinencia de contar con mayor capacidad de refinación de petrolíferos, aquí se hace un llamado a aprovechar … la irrepetible oportunidad que nuestra generación está enfrentando”.

Debatir el rescate de Pemex y la CFE, así como erradicar la corrupción no implica ‘regatear’. Y menos en el sentido en que fue regateada por ciertos congresistas la contrarreforma de Peña Nieto. Sería muy largo enumerar la corrupción que imperó en el sector (no solamente) a partir de López Portillo y que se propagó hasta nuestros días. Combatirla es un imperativo para avanzar. Discutir sobre el control de la generación y distribución de electricidad, así como disponer de la capacidad de producir los combustibles que se consumen en el país no es estéril. Por el contrario, implica definir la vía para alcanzar el dominio efectivo de la Nación sobre sus recursos, a partir de una política energética independiente.

En el capítulo 4 “Opciones estratégicas”, después de reiterar en la necesidad de “conciliar seguridad, sustentabilidad e igualdad” (en tres secciones que repiten lo expuesto en capítulos anteriores), Torres hace un nuevo intento por explicar la ruta “hacia el nuevo paradigma energético”. Al referirse al caso de México señala que el paso “de la crisis a la inmediatez de la seguridad energética”, implica superar el déficit de energía primaria, y que para ello se requiere “compatibilizar la remoción estructural progresiva del sistema fósil de energía, con la administración de la cotidianeidad energética inmediata”. Como ya se estableció en párrafos previos, la Iniciativa contempla que “El Estado establecerá la Transición Energética, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero y contará con las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.”

Por lo anterior, sobra decir que el apartado “de la seguridad a la sustentabilidad y la igualdad” también está cubierto ampliamente. En lo que no es posible concordar con Torres es sobre los supuestos “rezagos, la desactualización y la falta de modernización de la red de transmisión y distribución del sistema eléctrico nacional”. Torres se refiere a que la red (cuya infraestructura está a cargo de CFE) no está preparada para manejar el exceso de fuentes intermitentes que autorizó la CRE en todos estos años, pero esa no es la función de la CFE. Es más, jamás se deberá financiar infraestructura que solamente beneficie a los generadores privados, aumentando los costos de producción en detrimento de las tarifas domésticas, como ahora sucede. Mediante un crecimiento ordenado de tales fuentes y una planeación adecuada, la ampliación y modernización de las redes puede hacerse oportunamente, como se hacía antes, mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), donde se planeaba en un horizonte de 15 años la expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, función que ejercía la CFE pero que la contrarreforma de 2013 eliminó. Actualmente la CRE otorga discrecionalmente los permisos y lo informa al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que determina cuándo se interconecta cada uno de ellos. La CFE simplemente debe crear las condiciones y otorgar las facilidades para ello. Eso, es anomía.

Otro apartado, “Prontuario de opciones estratégicas” plantea retos para “Insertarse en la transición (circunstancias locales)”:

La pandemia y sus efectos han sido un detonante coyuntural que ahondó y precipitó la crisis estructural de los mercados mundiales de petróleo y al mismo tiempo redimensionó la necesidad y la conveniencia de la transición energética. Las fuerzas del mercado impulsan el fin de la era del petróleo, pues las reservas mundiales tienen un horizonte finito de explotación. Al efecto restrictivo de las reservas se suma la propensión a electrificar la economía; el transporte es un ejemplo representativo de esto. Los avances tecnológicos y la reducción de costos favorecen una creciente participación de las fuentes renovables en la generación de electricidad. En el mediano plazo, los vehículos eléctricos habrán de desplazar a los de combustión interna, que son el principal mercado de derivados del petróleo.

En todo caso, lo que la pandemia precipitó fue la crisis del capitalismo neoliberal; de igual modo, la necesidad de una transición energética no surgió de allí, hace tiempo está presente y tiene evidente alcance mundial, por ello está considerada en la Iniciativa. Tampoco es demostrable que las fuerzas del mercado impulsen en algún momento el fin de la era del petróleo, como no sea porque el “impulso depredador” del Capital extinga tal recurso. Por otro lado, la percepción posmoderna de que en el corto plazo aparecerán “fuentes renovables” (y no contaminantes) de electricidad capaces de “electrificar” la economía, también es aún insostenible.

En otro apartado del mismo capítulo, Torres vuelve a la añoranza por el modelo de mercado y señala otra dicotomía entre “Estado–mercado”:

La estrategia energética de la actual administración, se propone aumentar y flexibilizar la oferta nacional de energía por medio de la acción de las EPE (Empresas Productivas del Estado). La orientación es cubrir las necesidades del mercado nacional y recuperar por esa vía la disminuida independencia energética.

El orden jurídico e institucional que rige el sistema energético está abierto a la acción de las fuerzas del mercado y a la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras, así como las de propiedad del Gobierno Federal. Esta situación plantea una dicotomía jurídica y operativa entre mercado y Estado. La política energética de la actual administración tiene el propósito de recuperar y ampliar la disminuida capacidad productiva de Pemex y la CFE. El sesgo operativo estatal se apega a lo establecido en la legislación; sin embargo, contradice la regla no escrita de que el diseño legislativo actual se llevó a cabo para romper con los supuestos monopolios estatales que ejercen Pemex y la CFE. Esta dicotomía emana de la inconclusa implementación de la reforma energética. En diciembre de 2013 se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y se adicionaron 21 disposiciones transitorias. La motivación y el propósito fue modificar el orden jurídico e institucional energético, a fin de abrir a la inversión privada varias actividades reservadas hasta entonces en exclusividad al Estado, porque habían sido consideradas estratégicas o de propiedad exclusiva de la nación.

Otros autores de aquella contrarreforma han establecido que no tuvo nada de “inconclusa” por lo que, para su implementación, no hizo falta “orden jurídico” (Ver por ejemplo La nueva Constitución energética mexicana y su implementación); en consecuencia, explicar su fracaso sigue siendo una tarea pendiente de sus defensores. Esa “regla no escrita” que invoca Torres, que implica nada menos que la desaparición de Pemex y la CFE y con ello el abandono de la rectoría del Estado en materia de energía para dejarla en manos del capital privado, no solo está en la letra de cada una de las modificaciones realizadas a la legislación, sino que hoy es patente en sus resultados: Pemex y CFE fueron divididas (“reestructuradas”) en múltiples empresitas con la finalidad de desaparecerlas. Implica una grave carencia de ética política insistir en la mentira, afirmando una cosa a sabiendas que se ha hecho otra (Ver por ejemplo Energía, Democracia y los “Amicus Curiae”).

Torres también señala tendenciosamente una supuesta “Clandestinidad de la transición energética”:

La participación de las fuentes renovables en la oferta interna de energía primaria del país se circunscribe en su mayor parte al suministro tradicional de leña y carbón (8%), el proveniente de grandes embalses (2%) y de campos de geotermia, eólicos y solares (3%) (Sener, 2019b). En la generación de electricidad, la contribución de las renovables es más significativa: centrales hidráulicas 9%, eólicas 6%, solar 8% y otras renovables 2%. El restante 71% se genera con tecnologías que utilizan combustibles fósiles (derivados de petróleo, gas y carbón) y energía nuclear (4%) (Nahle, 2020).

La primera cita corresponde al Balance nacional de energía 2018, es decir, al último año del sexenio anterior, pero además, la referencia indicada es incorrecta. Tal documento puede consultarse en www.gob.mx y, como dicho informe señala, esas cifras son comparables con las de los cuarenta años anteriores, es decir, casi los mismos que duró el período neoliberal en nuestro país sin corregir la deficiencia. La segunda cita presenta datos supuestamente proporcionados por la secretaria de energía, Rocío Nahle, refiriendo una Comparecencia (presentación de PowerPoint), Secretaría de Energía. ¿Qué comparecencia? ¿cuándo y en dónde tuvo lugar? El autor no lo indica ni ofrece la fuente correcta (la indicada en la cita es inexistente) ¿Por qué no utilizar datos verificables, si tanto la secretaria como el director de la CFE han ofrecido cifras actualizadas en diversas comparecencias oficiales (en 2021)? Están disponibles, por ejemplo, las comparecencias ante el poder legislativo, que sí pueden cotejarse. Habrá oportunidad de ello, seguramente.

Posteriormente Torres (siguiendo con la “clandestinidad”) elabora una borrosa crítica programática citando que las modificaciones a la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, realizada por la Secretaría de Energía (DOF 07.02.2020) establece metas puntuales…

Sin embargo, las metas y los objetivos establecidos en las estrategias de la actual administración no son vinculantes ni se articulan con los ordenamientos ejecutivos que rigen los planes de inversión y los programas operativos de las EPE. Tampoco se identifican los instrumentos de política económica o los mecanismos requeridos para materializar las intenciones de la transición. Se advierte en esto la presencia de otra forma de dicotomía entre sustentabilidad ambiental y seguridad energética (a base de combustibles fósiles). Esto es, cumplir los objetivos de abasto energético no garantiza acatar la legislación ambiental.

La primera parte del argumento se desmiente en la Iniciativa, que contiene un apartado específico al tema. Allí están los objetivos específicos y sobre ellos podría haber dirigido Torres sus formulaciones, al menos durante la entrevista. De hecho, la contrarreforma peñanietista no logró ninguna transición energética, lo que sí hizo fue otorgar cientos de permisos privados de generación, que en el papel representan una gran capacidad eléctrica, que supera en mucho a la demanda actual, pero en su mayor parte no se puede aprovechar por consistir en fuentes de energía intermitente. Esos generadores abastecen a sus propios clientes, pero es la CFE quien provee la mayor parte de las energías “limpias” (como gustan de llamarlas en el lenguaje del “nuevo paradigma”) que se consumen en el país, y se desarrollan nuevas obras para reducir más el consumo de combustibles fósiles, lo que representa sustentabilidad y seguridad.

Torres señala otra supuesta dicotomía “entre seguridad energética y la distribución equitativa de costos y beneficios emanados del uso y la transformación de la energía” ya que, según él, las “graves afectaciones ambientales y (los) daños a la salud de la población” representan “costos indirectos de producción que no se internalizan en el precio de los energéticos” derivado de la “decisión de no aumentar los precios reales”. Seguramente Torres puede garantizar que la minería de Litio no será tan devastadora como otras, o que la fabricación, uso y disposición de las baterías usadas de ese material será 100% segura. El Litio tiene un gran potencial para facilitar la transición energética pero, su impacto ambiental y en la salud ¿está previsto?

Pero la crítica velada de Torres es más bien en el sentido de que el gobierno no debe contener las constantes alzas en los precios de los energéticos. Lo que no dice es que, con el modelo vigente de “economía de mercado” eléctrico, ciertos costos operativos indirectos sí se “internalizaron”, pero transferidos a las tarifas domésticas. Es el caso de los grandes consumidores que se agruparon en ilegales sociedades de consumidores (escondidas en permisos de Autoabastecimiento y Cogeneración por efectos de la misma contrarreforma), constituidas principalmente por consorcios industriales y comerciales, para beneficiarse de tarifas más bajas. Es decir, los “costos indirectos” de las energías limpias los paga actualmente la mayoría, en beneficio de unos cuantos.

En el epílogo, titulado La coyuntura actual, el autor enumera una serie de acciones que el ejecutivo ha intentado (antes de enviar la Iniciativa) para paliar la problemática, reconociendo que han sido bloqueadas mediante “una prolija secuela” de recursos jurídicos, misma que Torres justifica, argumentando que esas acciones favorecen la existencia de monopolios:

La Carta Magna establece que la rectoría del desarrollo corresponde al Estado y que los sectores público, social y privado contribuirán a la competitividad, entendida ésta como el conjunto de condiciones necesarias para generar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. Prohíbe las prácticas monopólicas con el fin de evitar ventajas perniciosas al interés público o de alguna clase social, y exceptúa de ese tratamiento a las actividades que califica de estratégicas y que, por ese hecho, se reservan en exclusiva al Estado, sin que por ello constituyan monopolios. No precisa sin embargo la definición ni los requisitos que debe reunir una actividad para recibir ese tratamiento, sino que simplemente se limita a listar las que revisten ese atributo.

Falso, la contrarreforma excluyó de tal categoría a las hasta entonces llamadas empresas paraestatales, Pemex y CFE, tergiversando las definiciones y acotando sus funciones estratégicas, básicas para el funcionamiento de la industria integrada. (Art. 27 constitucional):

…Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica (Párrafo reformado DOF 09-11-1940, 20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-2013, 20-12-2013)

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos (Párrafo adicionado DOF 20-12-2013)

Esto se hizo en 2013 con la intención de “legalizar” la privatización energética que furtivamente se toleró a partir de 1995 con el expresidente Carlos Salinas (1988-1994), encubierta en sucesivas modificaciones a la legislación secundaria, efectuadas en flagrante violación de la Constitución. En el sector eléctrico, afectó no solo a la generación de energía, sino también a las funciones estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico, al entregarlas a los supuestos órganos reguladores independientes (desde 2013, órganos reguladores coordinados).

El autor recupera solamente la parte que le interesa, como en el caso de la electricidad: “Con la reforma constitucional de 2013 fueron eliminadas de la lista de actividades estratégicas la generación”, pero miente al afirmar: “En cambio, permanecieron reservadas al Estado las demás: planeación y control del sistema eléctrico”, porque la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (desde 1995) y de la propia Secretaría del ramo, propició la expansión irracional de inconstitucionales permisos privados que dieron pie a un “mercado” eléctrico privado que se aprovecha del servicio público de transmisión y distribución, en detrimento de la CFE. Tal mecanismo ya ha sido comentado, ver “La batalla por la energía: la 4T frente al dilema de nuestro tiempo”.

Torres concluye que, “en sentido estricto y formal, es dable afirmar que los cambios recientes en las leyes de electricidad e hidrocarburos contravienen los postulados constitucionales, al otorgar privilegios de mercado a las empresas del Estado en perjuicio de las privadas” y, en el siguiente apartado “Hacia dónde va la organización institucional”, acusa la “preponderancia” de Pemex y CFE, señalándola como la causa del fracaso de la contrarreforma:

La motivación de la reforma energética de 2013 fue abrir a la inversión privada los mercados de hidrocarburos y electricidad, en áreas de producción hasta entonces estratégicas, dominadas por instituciones productivas estatales (por ese hecho no constituían monopolios). El nuevo andamiaje jurídico e institucional fue diseñado con esa finalidad. Pemex y la CFE fueron formalmente convertidas en EPE. En los hechos, sin embargo, la reforma se implementó parcialmente. Las empresas propiedad del Gobierno Federal dominan los principales mercados de energía. La participación preponderante del Estado es disfuncional respecto del régimen legal que auspicia la participación de la inversión privada, lo que ocasiona incertidumbre y confrontación. Los principales proyectos de inversión son ejecutados y financiados por el gobierno y la participación de las empresas privadas se limita a la proveeduría.

El país enfrenta una encrucijada: persistir en el sistema legal-operativo vigente o incursionar en opciones estratégicas distintas. Con fines analíticos distingo aquí tres opciones hipotéticas: privatización de mercados, estatización de mercados y configuración de una economía mixta. La pretensión no es construir escenarios, sino algo más simple: proponer hipótesis institucionales que permitan visualizar algunos aspectos críticos en la configuración de política para la transición energética.

Primero, Torres debería sustentar con datos el supuesto “dominio” de las empresas públicas sobre los mercados de energía, porque la Iniciativa presidencial demuestra lo contrario: el abuso por parte de los concesionarios. Segundo, la contrarreforma se “implementó” hasta donde sus autores quisieron: se trataba de consolidar en la Constitución la economía de mercado en el único sector que hasta entonces habían hecho subrepticiamente. Aun así ¿dice Torres que fallo? ¡No! su objetivo se cumplió: concretaron una verdadera expropiación privada de Pemex y CFE.

Todo esto comprueba que lo que les importa no es debatir, sino impedir la Iniciativa. Torres, por ejemplo, quedó atrapado en la nostalgia del posmodernismo imbricado en las teorías de mercado y en la contrarreforma de Peña Nieto, pero no es el único. Tal posición es compartida por otros grupos (intelectuales, académicos, profesionales), en el caso del texto en comento, está hoy día la llamada Academia Mexicana de Economía Política, A.C., a la que pertenecen Torres, Cordera y David Ibarra. La oposición de Cordera al gobierno de Obrador es patente, pero no siempre fue así. En algún tiempo, Cordera fue asesor del Frente Amplio Progresista (FAP) y como tal, miembro de un equipo técnico encargado de elaborar una fallida propuesta alterna a la que había presentado el gobierno de Felipe Calderón (2007-2012), y que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2008. En el caso de la contrarreforma ocurrió otro tanto: pronunciamientos extemporáneos y ambiguos, al tiempo que se mostraban “críticos”como el del 27 de marzo de 2012, cuando Cordera firmó el desplegado “Preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México” en donde inducían a la reforma del artículo 27 constitucional para privatizar a “Pemex y CFE (Monopolios públicos): ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su rentabilidad como empresas y transparente su desempeño mediante la cotización en las Bolsas de Valores de México y Nueva York? ¿Qué acción concreta propone para subsanar las ineficiencias operativas de estas empresas?”. Son expertos en navegar entre dos aguas. Cordera evocaba no hace mucho la congruencia mostrada por Rafael Galván y los electricistas de la Tendencia Democrática. Lástima, nada que ver.

Finalmente, el libro sirve mal a su propósito de convocar a una transición energética, anunciando “un nuevo paradigma” como si fuese una mercancía; lo que el texto presenta no es más que la repetición de lugares comunes, utilizados antes para justificar, desde 1995, diversas modificaciones a la legislación que condujeron a la turbia contrarreforma constitucional de 2013, y que lejos de corregir, empeoró la condición del sector energético nacional, situación que es hora de remediar. En el urgente debate de la Iniciativa, tergiversar conceptos como sustentabilidad, seguridad e igualdad ya no convence, mucho menos el falso discurso ambiental. Hablamos de una transición energética que es urgente, pero que no llegará de “la mano invisible” del mercado.

Esta es la hora de recuperar para la nación el control del sector energético y un primer paso será el fortalecimiento de las empresas del estado.

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La Reforma Electrica: crónica de un debate que no sucederá



La Reforma Electrica: crónica de un debate que no sucederá

CE, Intervención y Coyuntura

El pasado martes 26 de octubre de 2021, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compareció ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura con motivo de la glosa del Tercer informe de gobierno. Dicho acto se convirtió en una discusión sobre la Iniciativa del Ejecutivo federal para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia energética. Debate al que renunciaron dos de los aliados opositores: el Partido Acción Nacional (PAN), que abandonó anticipadamente el recinto y el Partido de la Revolución Mexicana (PRD), cuya presencia fue meramente testimonial. Ambos partidos se caracterizaron por una grave ausencia de ideas, pero sí se prodigaron en desplantes e insultos hacia la persona de Bartlett.

Al día siguiente, 27 de octubre, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, participó en el programa “Tercer Grado”, conducido por el periodista René Delgado, para la empresa Televisa. Él, junto con otros “santones” de la prensa comercial (Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman y Genaro Lozano), sometieron a Nahle a un intenso cuestionamiento sobre la misma iniciativa. Ambos eventos se caracterizaron por una agresiva, pero irracional oposición a la iniciativa. En ambos, sobresalió la incapacidad de la derecha para fundamentar su oposición, incapaces de establecer un verdadero diálogo. A continuación, una relatoría de dichos eventos con los temas más sobresalientes,

Tarifas eléctricas, subsidios e ineficiencia

El primer cuestionamiento en la Cámara diputados fue en referencia a las tarifas eléctricas. Bartlett, expuso en su presentación ante los legisladores, que —«el objetivo de esta administración en materia eléctrica, (es) tener abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales». Ello irritó a los opositores, quienes respondieron lanzando cuestionamientos absurdos: —«¿de qué forma buscará reducir los precios de las tarifas eléctricas de las ciudadanas y ciudadanos? Es decir, de no aprobarse su iniciativa ¿qué va a hacer para que el costo de la luz baje? (diputado Mauricio Prieto Gómez, del Partido de la Revolución Democrática. PRD)». Otro legislador, hizo una propuesta insostenible: —«Si el billón 350 mil millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad destina a subsidiar tarifas eléctricas lo invirtiera en paneles solares, tendríamos paneles solares para todos los hogares de México, porque el 70 por ciento del territorio nacional, tiene capacidad de instalar paneles solares … Los usuarios de bajo consumo se ahorrarían mil pesos mensuales, los usuarios de consumo medio dos mil y los de alto consumo, ahorrarían 100 mil pesos, por qué no darles, licenciado Bartlett, a todos los mexicanos ese privilegio que tanto le critican al Oxxo, por qué no darles la posibilidad de acceder a este tipo de energías (diputado Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano. MC)». Otro legislador fue más allá: —«Todos sabemos que la presupuestación de subsidios a las tarifas eléctricas ha estado marcada por un crecimiento insostenible, por exceder el presupuesto aprobado y carecer de las prácticas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas … nosotros … consideramos que el crecimiento exponencial y la opacidad en el manejo de estos subsidios impactan de forma profundamente negativa a las finanzas públicas de nuestro país (diputado Mauro Garza Marín, también del partido MC)». Garza Marín agregó, demagógicamente: —«Ese es el punto al que nosotros queremos llegar, que CFE invierta en la distribución que, obviamente, se necesita, pero que permita la generación a quien lo hace de manera… con energías renovables, con energías limpias, con energías eficientes, ya que esto solo puede ocasionar dos cosas de seguir por ese camino, dos: o pagarán mayores tarifas los que menos tienen o seguiremos gastando más en el subsidio cuando este país requiere invertir en infraestructura, infraestructura que genere desarrollo, invertir en educación, invertir en seguridad, invertir en reactivación económica. Es ahí donde tendría que estar la verdadera inversión.» ¿Simple coincidencia? el diputado Garza defiende precisamente lo que desean los generadores privados: que CFE invierta solamente en distribución —y transmisión—, y que deje en sus manos la generación. Muy “listillo” el diputado. Su correligionario, el diputado Carlos Madrazo Limón agregó, erróneamente que —«la ley le otorgó a la CFE el monopolio para la trasmisión y la distribución. Pero, pese a ese monopolio, no logra tener una gestión positiva … en la trasmisión tiene pérdidas del 17 por ciento, o sea el equivalente a 16 mil 700 millones de pesos».

Hubo quien de plano no pudo rebasar el nivel de las alusiones personales y las vulgares especulaciones: —«Con la desaparición de los órganos reguladores del sector energético, las funciones pasarán a la Secretaría de Energía y las tarifas eléctricas a la Comisión Federal … ¿Qué significarán todos estos cambios? que el actual director general de la Comisión concentrará el poder en sí mismo, que podrá hacer en electricidad lo que él quiera, considere y mande, será nuestro nuevo rey de electricidad … Se estaría empleando además la atractiva ventana de oportunidad al nepotismo y al negocio de sus cuates y de sus hijos, sin ningún tipo de contención y es ahí donde yo me pregunto, ¿dónde quedará la lucha contra la corrupción? (diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Partido Acción Nacional, PAN)».

Otros salieron nada más a cumplir, denunciando situaciones que no corresponde resolver a esa dependencia: —«¿por qué las tarifas se han logrado bajar en otros estados y por qué Veracruz no ha podido contar con ese apoyo? Veracruz es el único estado que tiene dos reactores nucleares, que tiene una franja de 60 kilómetros a la redonda de riesgo, que son más de 23 municipios los que están en esa zona y desgraciadamente en Veracruz se siguen pagando una de las tarifas más altas que hay en el país (diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del PRD)», y otra más —«¿Por qué no se han ajustado a la baja las tarifas en Nayarit, de acuerdo a las temperaturas y a la humedad vigente? … no nos engañe, con su reforma tendremos electricidad más cara y más contaminantes. ¿Qué nos va a dejar a las futuras generaciones? Usted está poniendo en riesgo el futuro de las niñas y de los niños al apostar por energías contaminantes(diputada Julieta Mejía Ibáñez, de MC)».

De inicio, en la etapa de posicionamientos, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas del PAN había hecho un señalamiento al menos interesante: —«dice la campaña de la CFE y del gobierno que los mexicanos pagamos 5 pesos con 20 centavos por kilowatt/hora, mientras que las empresas privadas que tienen generación propia, pagan entre 1.70 y 1.80 pesos, pero lo que no dicen es que el 98 por ciento de los mexicanos pagamos menos de un peso el kilowatt/hora son absolutamente falsas las cifras que han difundido y lo han hecho sin descaro».

¿Por qué el encono de Arriaga ante el asunto de las tarifas? Porque uno de los objetivos más importantes de la iniciativa presidencial, si no es que el principal para la población mexicana, es la necesidad de ordenar el retorcido esquema tarifario actual. Arriaga hace abstracción de que las tarifas que hoy rigen fueron impuestas por su partido en el gobierno, mediante acuerdo del 7 de febrero de 2002[1], en perjuicio de la mayoría de los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica, porque a partir de entonces se aplicaron de hecho 3 grupos de tarifas: la que originalmente existía, otra con aumentos (en dos pasos) que, como se demostró entonces, alcanzaban hasta un 80%[2], y crearon la tarifa DAC (doméstica de alto consumo). Vicente Fox aseguró en aquel tiempo que la reducción aplicada al subsidio (“racionalización” dijo el coro panista) excluía al 75% de los usuarios y que “solamente” habría una reducción parcial para otro 20% de la población, mientras que se eliminaría totalmente para el 5% de los usuarios con mayor consumo. Sin embargo el subsidio sobrevivió no solo a esa reforma, sino a los sucesivos “tarifazos” (eufemísticamente llamados “ajustes de tarifas”) porque, en realidad, lo que se hizo fue trasladarlo a los usuarios de más alto consumo, pertenecientes a los sectores comercial e industrial, mismos que consumen la mayoría de la energía producida en el país. Para que el 75% de la población no se hubiera visto afectado por aquel aumento (reducción del subsidio a las tarifas), tendría que haber reducido su consumo a 140 kilowatts hora (kWh) mensuales, es decir que aquel acuerdo de 2002 condenó a 75 millones de hogares mexicanos a limitar su consumo en 140 KWh al mes para evitar el aumento en el costo de la energía.

La contrarreforma de 2013 vino a empeorar las cosas, en primer lugar, porque significó un aumento generalizado y continuo de las tarifas, a partir de entonces, sujetas a criterios del mercado. Según datos recientes de la CFE[3] en 2015 un kWh costaba 1.39 pesos, pero en 2017 el costo ya era de 1.88 pesos. Adicionalmente, se creó un mercado privado de electricidad con el cual ese “selecto” grupo de grandes consumidores simuló sociedades de autoabastecimiento con generadores privados que, haciendo uso casi gratuito de la red de transmisión nacional y algunas otras ventajas adicionales, comenzaron a “comprar” la electricidad que consumen, directamente a sus supuestos socios generadores. Encima, los generadores privados le venden electricidad a la CFE, a precios muy altos, para que ésta la suministre a los usuarios[4].

Hoy, quien establece las tarifas —así está establecido en la legislación vigente—, es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la cual determina la metodología del cálculo de las tarifas finales para el suministro básico. Así mismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de autorizar dichas tarifas. Es apenas con el actual gobierno, que se ideó un mecanismo para evitar que el precio final de la electricidad supere la inflación.

Bartlett recordó, además, que «la pandemia originó también un mayor consumo doméstico, derivado del resguardo domiciliario. CFE implementó mecanismos para que los hogares no pasaran a la tarifa de alto consumo. Se evitó que casi 600 mil usuarios al mes salieran de la tarifa subsidiada. En periodos como julio de 2021 el beneficio alcanzó casi el millón de usuarios». También precisó, en cuanto a la transmisión y distribución de energía: «Somos responsables de la transmisión y de la distribución, sí, no se privatizaron, en la Constitución pertenecen al Estado y las opera formalmente la CFE, pero no es así, la CRE ha creado una cantidad de permisos, (de) verdad, voraces, para colocarse en cualquier lado sin respetar ninguna planeación en un sistema tan delicado como es la transmisión y la distribución

En referencia a los subsidios, Bartlett precisó a los diputados: «el concepto “subsidio” … porque aparenta que se subsidia a la CFE, y no es así. Se subsidia a las tarifas de las áreas sociales que no pueden pagar y tienen una protección … ese subsidio es una decisión del gobierno de la República de facilitar el pago a quienes necesitan apoyo. No está subsidiada la CFE. Es para que se cubra el diferencial de lo que vale la tarifa». Bartlett adelantó además que, con la reforma propuesta, «en lugar de tener 14 (sic) zonas tarifarias como tenemos ahora, y que hace muy caro en un lugar el desarrollo y en otro no, vamos a tener una tarifa única en todo el país y el objetivo fundamental de la reforma es garantizar las tarifas bajas al pueblo de México». Pero eso a los partidos políticos de derecha no les importa, cuestionar los supuestos subsidios a las empresas públicas le funcionó bien para acabar con la empresa Luz y Fuerza del Centro, “extinguida” con base en criterios fundamentados en una contabilidad perversa, pero cuya declinación originaria fue premeditadamente calculada: arrebatarle cualquier posibilidad de incrementar su capacidad de generación, para condenarla a ser una empresa “revendedora” de energía eléctrica, tal y como esperarían que suceda con CFE, de no revertir a tiempo el tramposo avance de los generadores privados.

El tema de las tarifas también fue abordado en la “entrevista” a Nahle, aunque con otros fines: «Es un debate importante, tiene elementos fundamentales para el futuro de México, y además creo que todos tendríamos que poder hacernos una opinión lo más informada posible, y los términos que se utilizan a veces son tramposos en las cifras, por ejemplo, hablaban de que los mexicanos pagamos a 5.20 el kilovatio, y no es así lo pagamos a 0.87. Solamente un grupo mínimo de alto consumo, es decir, por qué no realmente plantear los términos sin la exageración, para que no haya una manipulación, sino que haya una verdadera discusión… (Maercker)». Efectivamente, hoy, muchos mexicanos, sobre todo en áreas rurales o marginadas, pagan tarifas bajas, gracias a que, como dijo Nahle: «cada mes, con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, se analiza el incremento autorizado para las tarifas de acuerdo a la inflación», pero esa situación es insostenible, porque lo que dejan de pagar los “evasores” del servicio público, representa una importante sangría al erario, y adicionalmente el debilitamiento paulatino de la CFE. De allí la necesidad de establecer un ordenamiento racional del llamado “mercado eléctrico”.

La supuesta manipulación de datos insinuada por Maercker (y en el legislativo por el diputado Arriaga: «el 98% de los mexicanos pagamos menos de un peso el kilowatt/hora»), pretende descalificar otra realidad: son muchos los hogares con tarifa doméstica que pagan más, porque superan el consumo básico (que actualmente es de 1-75 kWh mensuales) y cuyo excedente pasa a calcularse como consumo Intermedio (de 76 a 125 kWh) y, si éste se supera, al nuevo excedente se le aplica un tercer paso (de 126 a 249 kWh), cuyo costo supera los 3 pesos por kWh. Esto es con la tarifa doméstica más simple (Tarifa 1), pero existen 6 variantes de esta (T1-A a T1-E), que a su vez se modifican en temporada de verano para ciertas zonas de clima extremo. Cada una de estas tarifas, además, tiene su propia versión de Tarifa DAC, que actualmente se aplica cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12 meses es superior a cierto valor, por ejemplo, en el caso de la tarifa T1, a partir de 2,000 kWh/mes (Datos disponibles en el portal Web de CFE).

También hubo quien aprovechó el tema de las tarifas para revelar los intereses que defiende: —«…establecer una tarifa única en el país, bueno, eso es absurdo, es no tomar en cuenta que los costos son muy distintos en Mexicali de lo que son en Chiapas o de lo que son en Coatzacoalcos, o sea, eso es no entender cómo funciona un mercado (Sarmiento)» ¡Qué mal ejemplo escogió el analista! Veracruz produce buena parte de la energía que se consume en el país y Chiapas, sin las aberrantes limitaciones impuestas a la generación hidroeléctrica, sería la primera entidad productora a nivel nacional, como lo fue durante muchos años. Paradójicamente, en ambas entidades existen comunidades sin servicio de electricidad. Esto es lo que Sarmiento hace como que no entiende: lo que defiende, NO es el libre mercado, sino seguir fomentando la existencia de áreas marginales —o deliberadamente excluídas—, de oportunidades equitativas de desarrollo, a conveniencia de un reducido grupo de “inversionistas”.

Cancelar permisos, sin indemnización

Otro tema recurrente en ambos eventos fue la cancelación de los permisos vigentes de generación. A Bartlett, los diputados le echaron en cara: —«…además, usted ha declarado que no se indemnizaría por dicha cancelación, aunque usted matizó un poco y dijo, que esa acción no sería expropiatoria, y le doy la razón en eso, no sería expropiatoria, sería algo mucho peor, porque en una expropiación, el expropiado tiene defensas legales y tiene derecho a una indemnización(Arriaga Rojas)». Esto fue secundado con otras afirmaciones absurdas y sin sustento, por ejemplo: —«que no quepa duda de que la también llamada reforma Bartlett disminuirá el mercado eléctrico, creará un monopolio eléctrico, cancelaría todos los permisos y contratos vigentes, lo que metería a nuestro país en controversias legales, incrementaría el costo de la electricidad, cancelaría la transición energética, violaría los tratados internacionales que firmó el Estado mexicano(diputada Julieta Mejía Ibáñez, MC)». Bartlett había puntualizado antes que, con la reforma, «no se va a expropiar … la inversión extranjera en electricidad se va a respetar y va a formar parte de ese 46 por ciento», en referencia a la relación de participación propuesta por el ejecutivo (54/46), 54% de participación de CFE y hasta el 46% el sector privado[5]

En la situación actual, es claro que se debe controlar el mercado eléctrico, aunque en realidad se  debería desaparecer, porque su implantación se hizo engañando a la nación. Para hacer posible ese mercado, se descuartizó a la CFE y, mediante perversas modificaciones constitucionales[6], se elaboró una legislación secundaria, que no son sino las reglas para una industria totalmente privada. Así que Arriaga debería darse por satisfecho con que la iniciativa deje un margen de participación suficientemente amplio para la generación privada existente. Claro, ellos y sus patrones contemplaron siempre quedarse con todo. Para eso fue desnacionalizada y privatizada la industria energética mexicana. Para eso inventaron al mercado eléctrico. Para la ganancia privada.

También a la secretaria Nahle se le cuestionó el tema: —«La iniciativa amplía la participación del estado hasta 54% en la generación y distribución de energía y limita la participación del sector privado en 46 (René Delgado, presentador)»,—«hay contradicciones en el articulado de la iniciativa … se modifican tres artículos que tienen que ver con el retorno, el regreso al gobierno de la exclusividad, con el 54/46% que plantea, sin embargo, en el segundo transitorio, efectivamente se establece que se cancelan los permisos y contratos de compraventa al sector privado, entonces ¿de dónde va a salir el 46% si ya no va a haber, si ya no va a estar el sector privado? pero el propio 46% es marginal, porque en la presentación de la Secretaría de Energía, habla de que la Comisión Federal de Electricidad generaba el 38% ¿de dónde salía el resto? de los productores independientes. Si a los productores independientes les van a cancelar los permisos ¿de dónde va a salir el resto? tendría que cambiar como dicen algunos expertos el denominador, esto es, para que pueda llegar al 54% tendrían que cerrar plantas privadas (Raymundo Riva Palacio)». Nahle respondió: «no se van a cancelar sus derechos para poder generar, porque se está dejando un 46% del mercado para que ahí participen. Los contratos que tienen anclados con la CFE, a 20 años, muy onerosos para la CFE y para todos los mexicanos, sí se van a cancelar, pero no por eso se va a cerrar la central de generación de tal empresa o negocio», afirmación que motivó un revelador diálogo:

—(Zuckerman) Sí, pero van a renegociar con quién sabe qué contrato, nuevas reglas ¿no?,

—(Nahle) No, ellos van a participar en el 46% de privados, que es un porcentaje de generación muy alto…

—(Zuckerman) por eso, pero usted invirtió muchos miles de millones de dólares, calculan 40 mil millones de dólares, con ciertas reglas que están establecidas, ustedes dicen bueno van a poder seguir operando, pero bajo otras reglas, esos cambios de las reglas, eso es una afrenta a los derechos de propiedad y al estado de derecho.

—(Nahle) No es ninguna afrenta. Sería un absurdo que nosotros como mexicanos estemos sometidos a un esclavismo comercial por 20 años.

—(Zuckerman) o sea … ¿el próximo gobierno puede echar para atrás?

—(Nahle) No, yo creo que los inversionistas cuando entran a cualquier negocio y ven las condiciones positivas para ellos, sin abuso…

—(Zuckerman) pero ¿qué tiene de abuso?

Nahle cerró la discusión narrando un pasaje de las pláticas que ha sostenido con los generadores privados: «¡Porque también es corrupción! A ver, creo que yo como secretaria de estado, no debería decirlo, pero lo voy a decir … Iberdrola firmó una serie de contratos muy ventajosos … sometiendo a … la Comisión Federal de Electricidad. Llegamos y lo hicimos saber, esto no puede continuar así, —no, es que lo firmaste, —sí, pero no puede continuar así, —no, pero es que esto ya lo tengo, —sí, no puede continuar así, esto nos cuesta mucho, —pero es que a mí me dijeron… —por eso, nos cuesta mucho.

Se trata de una reedición del famoso “haiga sido como haiga sido” (Felipe Calderón dixit), al que se habían acostumbrado, y el analista así lo asume, porque en su mente no cabe la idea de que se modifiquen las reglas de un “juego” en el que solo ganan los de su misma clase. Al amparo de tales reglas, los generadores privados crearon un oligopolio (un mercado donde abundan los compradores, pero son pocos los vendedores), como “cortesía” del “cambio verdadero” que sacó al PRI del gobierno… para poner al PAN y… seguir con lo mismo.

Para ejemplificar dicho oligopolio, baste un ejemplo, la hoy desaparecida Unión Fenosa fue una empresa eléctrica con sede en España que obtuvo en México permisos (por parte de la CRE) para instalar tres plantas generadoras: Hermosillo, Naco-Nogales y Tuxpan (unidades III y IV). La última fue inaugurada por Vicente Fox con bombo y platillo, prodigándole múltiples elogios, ya que en aquel momento (2003) Fenosa tenía la mayor participación del mercado eléctrico nacional[7]. Al poco de inauguradas, Fenosa hizo pública su intención de “vender” dichas plantas (permiso incluido), porque estuvo amenazada por el mecanismo de Oferta Pública de Adquisición, hasta que terminó por disolverse (en 2009), adquirida por Gas Natural que ya operaba en México en el sector energético (distribución de gas), en una compra estratégica (gas + electricidad). Hoy esas plantas operan bajo la razón social Naturgy, que es el nombre adoptado por el grupo gasero-eléctrico. Naturgy se fortaleció obtuvo ya nuevos permisos de generación en México: Norte Durango (2010) y un parque eólico, Bií Hioxo (2014).

Ilegalidad del autoabastecimiento eléctrico

Un tercer tema discutido por los opositores fue la cuestión de los permisos (y sociedades) de autoabastecimiento. En la Cámara de Diputados Bartlett denunció lo que estas sociedades ilegales representan, sin respuesta de la oposición: «los sistemas de Autoabasto se cuelgan de la red que la CFE construye y mantiene, y no le quieren pagar a la CFE por usar su infraestructura. Pero, además, no solo eso, la propia energía que ellos generan la quieren cobrar, mañosamente, en el tope de reestructura tarifaria». «Las sociedades de Autoabasto, que es un robo a la nación, se agrupan en monopolios privados, los grandes consumidores de electricidad del país, están organizados en sociedades de autoabasto, verdad, cuando son un fraude a la ley, porque son las empresas como Iberdrola, que crean una generadora de energía e inventan que … son socios, cuando en realidad son clientes y eso ha hecho … monopolios privados, que esos, no los ve la Cofece, que no pagan la electricidad, no pagan la red», porque «esas sociedades de autoabasto, en la ley anterior a esta reforma, tenían el privilegio de que, al cogenerar su electricidad entre ellos, una sociedad para generar para ellos mismos, podían usar la red sin pagarla. Así estaban en la ley anterior», y pasaron «en un transitorio; no estaban consideradas en la reforma de Peña Nieto, en la iniciativa, pero las meten en un transitorio con la condición, dice: las sociedades de autoabasto y los generadores independientes pasan a la nueva ley en tanto no choquen con las nuevas decisiones de la nueva ley, y en todo chocan, y las sociedades de autoabasto se convierten en un instrumento de fraude y ahí están, amontonadas las más importantes consumidoras de electricidad y se constituyen en monopolios privados.» Bartlett cerró su denuncia: «Grandes empresas como FEMSA, Bimbo, Walmart, entre otras, … se aprovechan de figuras como las sociedades de autoabastecimiento, las cuales reciben subsidios de hasta 60 por ciento en la tarifa eléctrica. Les voy a poner un ejemplo, un Oxxo tiene una tarifa de 1.2 pesos por kilowatt-hora, a diferencia de una tiendita de abarrotes de la esquina, que paga 5.2 pesos».

En cambio a la secretaria Nahle, sí se le formularon cuestionamientos, que fueron puntualmente rebatidos: «Después de haber leído la iniciativa y de todos los elementos que ya hemos platicado secretaria, por qué hacer una presentación tan confrontativa, es decir finalmente requieren del apoyo de otros partidos políticos para pasar una reforma constitucional, supongo que lo deseable no será pelearse con todas las personas que han invertido bajo ciertas reglas, que parecen injustas o que les parecen injustas, pero que invirtieron, no creo que la salida ideal sea el pleito con todos ellos, o por qué plantearlo de una manera tan confrontativa, tan, tan áspera, y pienso sobre todo en el director de la Comisión Federal de Electricidad, lanzando declaraciones de que se acabaron esas reglas, y lo siento muchísimo si usted invirtió, pues qué pena y ya ¿Por qué? (Maercker)». A lo que Nahle respondió: —«Hemos hablado con muchas empresas a lo largo de los tres años, incluso cuando se han amparado, y una y otra vez les hemos dicho, están en su derecho, pero mira, estamos haciendo este acuerdo, estamos haciendo este término, estamos haciendo esta norma por esto —sí, pero ya invertimos, —es más, estás haciendo un tema ilegal, esto de vender electricidad a otras empresas [cuando] no tienes permiso de suministro básico, no lo tienes —sí, pero ya invertí, —sí, pero se te dio un permiso de Autoabasto, Autogeneración y Autoabasto. Entonces, hemos hablado en todos los términos con ellos. Creo que llegó este momento del debate político.»

Maercker insistió: —«Esta sensación de que se está afectando a derechos adquiridos, efectivamente, las reglas pueden ser muy abusivas, pero eran las reglas» —(Nahle) La reforma en 2013 les abrió un paréntesis para que grandes fábricas pudieran producir su electricidad. Se entregaron 239 permisos y debería de haber 239 usuarios y hay 77 mil usuarios, donde crearon un mercado paralelo, sin permiso de venta, de suministro de electricidad… —(Maercker) ¿Por qué no se les canceló? por qué no se dijo esto… —(Nahle) ¡Porque se ampararon! ¡hablé con ellos!, —(Riva palacio) ¿No es el corazón de la reforma el Autoabasto? —(Sarmiento) El Autoabasto es anterior a la reforma, el Autoabasto viene desde los 90, —(Nahle) sí, pero es ilegal, —(Sarmiento) No es que sea ilegal, está en las leyes, siempre lo han aceptado los tribunales, —(Nahle) sí, pero es ilegal, —(Riva Palacio) No, no, no, hay un fallo de la Corte de Justicia que dice que no es ilegal y es una controversia que interpuso… Manuel Bartlett, por cierto, —(Sarmiento) …si fuera ilegal Rocío, sería muy sencillo, se presenta una inconformidad ante los tribunales y se cierran, pero no, la razón por la que no se cierran es porque sí son legales, no son de la reforma del 2013, vienen de antes.

Riva Palacio y Sarmiento tienen mala memoria y peores asesores. Lo que Bartlett presentó fue una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y esta le concedió razón, emitiendo una serie de “observaciones” a la Comisión Reguladora de Energía, como responsable del otorgamiento de los permisos violatorios. No obstante, la acción de la Auditoria fue invalidada por la misma Corte, a petición de Vicente Fox quien, invocando el mecanismo de controversia constitucional, logró evadir la acción de la ASF. En 2004, resultado de la revisión de la cuenta pública de 2002, la ASF estableció que “los permisos otorgados a empresas nacionales y trasnacionales … son ilegales y violan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.”[8]

La controversia constitucional a la que se refiere el analista es la 22/2001 (DOF: 03/06/2002) y fue promovida por el Congreso de la Unión en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y del Secretario de Gobernación, solicitando la invalidez de la reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica mediante Decreto del 22.05.2001 (DOF: 24/05/2001) al exceder «lo que debe contener un reglamento federal … invadiendo con ello la esfera de competencia que la Ley Suprema le otorga en forma exclusiva al Congreso de la Unión». La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia eludiendo entrar en el fondo del asunto, sin aplicar el criterio de “suplencia en la deficiencia de la queja”. No obstante, en el “engrose” de la sentencia quedó asentado (voto concurrente de los ministros Juventino V. Castro y Castro, Humberto Roman Palacios y Juan N. Silva Meza) en varios considerandos:

NOVENO.- A mayor abundamiento, debe establecerse que no pasa inadvertido para este Tribunal Constitucional, por una parte, que no sólo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y otras leyes relacionadas, pudieran contener disposiciones contrarias a la Constitución, pero ello es ajeno a la presente controversia y, de ser así, el propio Congreso de la Unión, que es la parte accionante en ella, estará en aptitud de realizar las reformas pertinentes; y, por otra, que podrían darse necesidades de carácter económico o político que, desde esas perspectivas, cuestionaran la última parte del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución y las otras normas que con él se vinculan (según se ha explicado), pero es claro que la decisión al respecto resulta ajena a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y corresponde, con toda claridad, al órgano previsto en el artículo 135 de la misma y al que podrá acudirse con la iniciativa correspondiente que demuestre la necesidad referida.

DECIMO SEGUNDO.- Por último, resulta importante señalar que para este Tribunal Pleno no pasan inadvertidos los argumentos de la parte actora, en el sentido de que con la expedición del Decreto impugnado se amplía la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, y los de las demandadas en que señalan los beneficios de la forma que para adquirir la energía eléctrica que generan los particulares prevé el Decreto impugnado, sin embargo, tales razonamientos no guardan relación con la litis de este asunto, la cual, como fue anunciada, consistió en determinar si el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, expedido por el Presidente de la República, viola las disposiciones contenidas en los artículos 49, 73, fracción X, 89, fracción I y 134 constitucionales y con ello invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión.

En palabras simples, los magistrados omitieron hacer justicia y optaron por “aplicar” la ley. En adelante, era claro que los generadores privados, por “consejo” de la suprema, impulsarían una reforma constitucional que “legalizara” el despojo, misma que se impuso en 2013-2014 con la LXII Legislatura, a instancias de Enrique Peña Nieto como presidente.

La oposición: sin ideas y sin respuestas

Se puede considerar que los eventos comentados inauguraron el “debate eléctrico”. En ellos se expresaron comentarios y menciones a otros temas, pero lo único relevante fue que se planteó con claridad la confrontación de dos modelos distintos. Para los generadores privados y los defensores del modelo de “libre mercado”, la defensa de todos los permisos privados de generación (concebido como propiedad privada), y de los contratos derivados de éstos, sobre todo los de Autoabastecimiento —pervertidos en ilegales “sociedades de autoabasto”—, es la clave para impedir una reforma que de viabilidad y devuelva el carácter social a la CFE, bajo la conducción de la nación y no de los gobiernos en turno, con el objetivo de recuperar la seguridad y autosuficiencia energética, avanzar realmente en la transición hacia fuentes menos contaminantes. Dicho de otro modo, «un abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales (Bartlett citando al ejecutivo». Ello implica un nuevo modelo de industria eléctrica, que posibilite una estructura tarifaria más justa y distributiva.

Tal vez un verdadero debate alrededor de estas ideas no sucederá. La oposición carece de argumentos, cobijada en el dogma neoliberal, no tiene la perspectiva histórica para comprender los daños causados por la llamada “reforma energética”, por ello rehúye dar respuesta a las “desviaciones” del modelo que impuso. En su lugar, esgrime ideas que son incluso ajenas a su naturaleza, como su falsa preocupación por la ecología y el medio ambiente (sin reconocer que en México, la CFE dispone de la mitad de las “energías limpias” disponibles); o atacando la supuesta ineficacia de la empresa pública. La verdadera preocupación de la alianza opositora consiste en preservarse unida para impedir la reforma. Les basta votar en bloque para lograrlo y no necesitan convencer a nadie, ni “tomar la calle”. La alianza opositora teme por la posición ambigua del PRI, partido que ya sacrificó hasta sus principios revolucionarios, y que hoy ve una salida en el tema del Litio, apoyando su “nacionalización” (explotación por medio de una empresa del estado): «…debemos seguir dialogando y consensuando para llegar a mejores acuerdos y ser ecuánimes en esta discusión porque hay también acciones muy positivas en esta reforma como la de proteger y controlar nuestros recursos naturales como el Litio que es un material estratégico y muy codiciado para almacenar energía masiva eólica y solar, y que es vital en el proceso de transición energética para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (diputado José Guadalupe Fletes Araiza, del PRI)».

La realidad es que le fue tan mal a la oposición en este primer encuentro, que aún los más radicales, plantean ya que la legislación actual “se puede mejorar” sin necesidad de una nueva reforma constitucional según planteó el diputado Santiago Torreblanca, del PAN, en el foro México Solar Power 2021.

Finalmente. El presidente López Obrador considera que, por el momento, será suficiente con que la CFE determine las tarifas. Más adelante será necesaria la restauración del concepto de Servicio Público de Energía Eléctrica (cuya ley fue abrogada en 2014, DOF 11.08.2014), así como la expedición de una Ley Eléctrica (Ley reglamentaria del Artículo 27 en materia de electricidad), en la que se establezca además la participación organizada de la población en materia de tarifas.

[1] DOF 07.02.2002, “ACUERDO que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas”, Considerando: “se excluye en promedio al 75% de los usuarios a nivel nacional de la medida de reducción en el subsidio, correspondiendo a los usuarios con menores niveles de consumo; se aplica una reducción parcial de dicho subsidio al siguiente 20% de los usuarios; y se elimina el mismo únicamente para el 5% de los usuarios con mayores consumos”. [http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=736145&fecha=07/02/2002&cod_diario=28749]

[2] Tarifas Eléctricas: Impacto en los hogares mexicanos por el incremento de las tarifas eléctricas residenciales. [http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SIA-DEC-30-2002.pdf]

[3] Miguel Reyes, director general de CFEnergía y CFE Internacional. [https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2102]

[4] Un ejemplo del falso autoabastecimiento eléctrico, aquí mismo «La farsa del “autoabastecimiento” eólico», [https://intervencionycoyuntura.org/la-farsa-del-autoabastecimiento-eolico/]

[5] «La CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la participación de generadores, de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad por lo menos en el 54 por ciento de la energía requerida por el país, y de las centrales eléctricas del sector privado hasta en el 46 por ciento de la energía requerida por el país, garantizando los costos más bajos para el servicio público y considerando los costos totales de producción.» Iniciativa. Transitorio f.

[6] Ver aquí mismo “Energía, Democracia y los “Amicus Curiae”, [https://intervencionycoyuntura.org/energia-democracia-y-los-amicus-curiae/]

[7] Ver «IP genera 50% de la electricidad del país, según datos de la CRE» en La Jornada 03.06.2003.[https://www.jornada.com.mx/2003/06/03/020n1eco.php?origen=economia.php&fly=]

[8] A mayor abundamiento, ver aquí mismo «No todo el presente es priísta: Bartlett y la 4T», [https://intervencionycoyuntura.org/no-todo-el-presente-es-priista-bartlett-y-la-4t/] y «Fraude a la ley en los permisos de generación eléctrica a la IP» [https://www.jornada.com.mx/2004/04/08/016n1eco.php?origen=economia.php&fly=]

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Los pendientes de la Reforma Eléctrica



Los pendientes de la Reforma Eléctrica

CE, Intervención y Coyuntura

En los dos textos que anteceden al presente, planteamos la pertinencia de la iniciativa de Reforma Eléctrica mostrando cómo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) usurpó funciones estratégicas, convirtiéndose en un enclave neoliberal que operó como un supuesto órgano autónomo. Asimismo, hemos revisado uno de los cientos de permisos otorgados por la CRE, aquél dado a la empresa Eólica Zopiloapan, que da cuenta de cómo la CRE favoreció a esta empresa que sirvió de fachada a otras, el cómo fue creada con fondos transnacionales, y otros agravios que se realizaron gracias a una estrategia privatizadora que favoreció la creación de un mercado eléctrico privado, en detrimento del servicio público, aprovechándose de las laxas disposiciones del supuesto órgano “regulador”, la CRE.

Sin embargo, creemos que, esta iniciativa podría subsanar dos pendientes históricos, que es necesario tomar en cuenta: 1) la reivindicación constitucional de la planeación eléctrica, y 2) construir las bases para garantizar un desarrollo científico y tecnológico que abone a la construcción de la soberanía energética.

Respecto al primer punto, consideramos que una función estratégica para la industria eléctrica nacional es la planeación (eléctrica) que, junto con generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica (Art. 27 constitucional) forman parte del proceso de trabajo eléctrico. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma eléctrica, acertadamente se le reconoce como una función históricamente estratégica (V. Caos, iniciativa): «Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en planear, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica». No obstante se omite en el texto propuesto.

Lo otro es una cuestión relativa a la realización de investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia energética. En la iniciativa se plantea establecer…

«el área prioritaria del desarrollo de las industrias requeridas para la Transición Energética. (…) Con ello se promoverán empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional, la ciencia y propiedad intelectual del Estado de tecnologías y equipos críticos; el desarrollo tecnológico nacional, manufactura de bienes de capital, insumos y equipos para usos finales de energía; destinados a la electromovilidad, sistemas agua-energía para la autosuficiencia alimentaria, iluminación, transformación de minerales estratégicos, industria, comercio, servicios, generación distribuida, almacenamiento de electricidad, entre otros (Transición energética)».

Eso es correcto, y podría concretarse mediante la creación de un Instituto Nacional de Energía, que tenga por objeto realizar la investigación y desarrollo en materia de energía, así como promover el uso de las fuentes energéticas alternas, desarrollar la formación de los recursos humanos requeridos y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y cultural del país. Considerando que la transición requiere integrar las áreas eléctrica, hidrocarburos y energía nuclear, sería oportuno reflexionar en el rescate e integración de todos los institutos de investigación del sector: el INEEL, anteriormente Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), así como el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM). Faltaría la disposición de los investigadores que allí laboran, incierta en estos tiempos, dónde la Ciencia está secuestrada por grupos cuyos intereses nada tienen de científico y menos aún en favor de la sociedad.

La aprobación de la iniciativa propuesta precisará, además, la elaboración de una “Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica”, para garantizar la integración de la industria eléctrica nacional, bajo los principios expuestos en la iniciativa.

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La farsa del “autoabastecimiento” eólico



La farsa del “autoabastecimiento” eólico

CE, Intervención y Coyuntura

Para ilustrar el impacto que tuvieron las sucesivas reformas a partir de 1992 en la expropiación privada del sistema eléctrico nacional, se propone revisar la evolución de un permiso real, desde su expedición bajo la figura de (falso) Autoabastecimiento, poco antes de la contrarreforma de 2013-2014, hasta la actualidad.

En 2012, la empresa Eólica Zopiloapan obtuvo uno de los 61 permisos de generación que otorgó la CRE. Según los registros oficiales,[i] sobre ese permiso se autorizaron hasta la fecha 4 modificaciones y se le practicó una inspección. Para los oscuros burócratas «reguladores» de la CRE, todo ha transcurrido normalmente. Veamos las particularidades de dicha “normalidad”.

El permiso original, E/953/AUT/2012, basado en la resolución RES/362/2012, fue otorgado a Eólica Zopiloapan, S. A. P. I. de C. V, por una capacidad de generación autorizada de 70MW, a partir de 35 aerogeneradores de 2MW c/u que se instalaron en el kilómetro 49 del Canal Principal de Riego, Colonia Paraje Zopiloapan, El Espinal, 70117, Oaxaca, entre Juchitán y La Ventosa. El permiso establece que se autoriza la generación de energía eléctrica «para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de la Permisionaria» determinados en la «Condición 3a, Aprovechamiento de la energía eléctrica generada», en la cual se asientan como socios (de la permisionaria) otras 4 empresas, que suman un total de 8 plantas en ubicaciones lejanas a la generadora, con demandas de energía (Demanda Máxima) que suman 37.97MW:

Nissan Mexicana, S. A. de C. V.

22.00 MW

Alpla México, S. A. de C. V. Bajio 1

3.25 MW

Alpla México, S. A. de C. V. Bajio 2

3.00 MW

Alpla México, S. A. de C. V. Cuernavaca

1.70 MW

Nestlé México, S. A de C. V. Fábrica Querétaro

2.85 MW

Nestlé México, S. A de C. V. Fábrica de Helados

2.20 MW

Nestlé México, S. A de C. V. Manflex

0.20 MW

CPW México, S. de R L de C. V.

2.77 MW

Demanda Máxima Total

37.97 MW

Adicionalmente, en la Condición 4a «Planes de Expansión», se enlistaron tres “socios” adicionales, sin especificar sus demandas ni la fecha de inicio de operaciones:

S. C. Johnson and Son, S. A de C. V., Planta Toluca

S. C. Johnson and Son, S. A de C. V., Oficinas Polanco

S. C. Johnson and Son, S. A de C. V., Bodegas 1 y 2

Aunque la Condición 7a «Prohibición de venta o enajenación» estipula que «la Permisionaria no podrá vender, revender o enajenar por cualquier acto jurídico capacidad o energía eléctrica», en la Condición 8a «Excedentes de producción» se estableció que «la Permisionaria pondrá a disposición de la Comisión Federal de Electricidad los excedentes de producción de energía eléctrica que, en su caso, llegue a generar». Esto es, la “permisionaria” disponía de origen de excedentes por 32.03MW, supuestamente reservados para los socios de expansión que, mientras no los utilicen, la eólica podría «ofrecerlos» a la CFE, con prioridad de despacho, por tratarse de “energía limpia” (por reglas de despacho). Un absurdo ¿Autoabastecimiento de servicios industriales, mediante fuerza eólica intermitente?

Además, como concepto, el Autoabastecimiento se refiere a la generación, por algún medio, de energía suficiente para satisfacer el autoconsumo, por lo cual no requiere servicios de red. La definición neoliberal establecida en el RLSPEE-1991 (DOF, 31.05.91) la caracterizó así «Autoabastecimiento: La generación de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales individualmente consideradas, incluida la generación de energía eléctrica como subproducto de procesos industriales o de la producción de otros energéticos secundarios. Artículo 2, frac. IV». Sin embargo esa definición comenzó a desvirtuarse mediante modificaciones emitidas por la propia CRE, como lo reconoció tiempo después en su resolución RES/1094/2020: «la falta de una definición en las Disposiciones previstas en la RES/390/2017, en cuanto a la forma en que continuarían desarrollando las actividades los permisionarios de generación al amparo de la LSPEE, destinados a la satisfacción de las necesidades propias de los socios o beneficiarios de la cogeneración y el esquema de mercado y competencia contenido en la LIE, han distorsionado la naturaleza, finalidad y objeto de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, al permitir la modificación de los mismos para el cambio en los beneficiarios de la energía eléctrica y la inclusión de centros de carga que, en el primer caso, permite incluir nuevas personas físicas o morales que no fueron socios de la misma al otorgarse el permiso, o bien, que no se incluyeron en el proyecto original de los planes de expansión y en el segundo, aquellos centros de carga que habiendo celebrado un contrato de Suministro Básico al amparo de la LIE, se incluyen posteriormente como beneficiarios de la energía generada bajo dichas figuras previstas en la LSPEE (autoabastecimiento y cogeneración). RES/1094/2020, Considerando Octavo).»

Lo anterior quedó de manifiesto en el caso de Eólica Zopiloapan, la cual solicitó y obtuvo en 2013, según el Acta de Sesión de la CRE (ACT/040/2013, 22/08/2013) la autorización para la Modificación de su permiso. Dicha acta no está registrada en el sistema de información de la CRE ni en el Informe Anual de la CRE relaciona la Resolución respectiva, pero en 2015, se le autorizó una nueva modificación de la Condición Tercera del Permiso (ACT/042/2015, 17/09/2015), en términos de la RES/629/2015, según la cual, la “permisionaria” quedaba autorizada a ampliar la lista de “socios” para aumentar el «Aprovechamiento de la energía eléctrica generada» para cubrir una Demanda Máxima de 206.094MW, quedando como sigue:

Praxair México, S. de R. L. de C. V.

100.500

Home Depot México, S. de R. L. de C. V.

48.186

Nissan Mexicana, S. A de C. V.

26.500

Home Mart México, S. A de C. V.

8.699

Alpla México, S. A de C. V.

7.950

Nestlé México, S. A de C. V.

5.250

S. C. Johnson and Son, S. A de C. V.

4.039

CPW México, S. de R. L. de C. V.

2.770

Alimentos Benefits, S. A de C. V.

2.200

Enel Green Power México, S. de R. L. de C. V.

0.000

Enel Green Power Partecipazioni Special Sri

0.000

Simest, S. P. A

0.000

Demanda Máxima Total

206.094MW

Esta vez el aumento en el número de asociados supera la capacidad de generación de la “permisionaria” en casi tres veces ¿de dónde obtendrían el faltante?

En 2017, ya vigente la contrarreforma de 2013, en el Acta de la Sesión (ACT/004/2017) quedó registrada una nueva modificación al permiso de Zopiloapan, nuevamente en su Condición Tercera (RES/119/2017), es decir, una nueva ampliación de “socios”, cuya suma de Demandas aumentó a 340.15MW:

BBVA Bancomer, S. A.

115.541

Praxair México, S. de R. L. de C. V.

100.500

Home Depot México, S. de R. L. de C. V.

48.186

Nissan Mexicana, S. A. de C. V.

26.500

Procesos Plásticos, S. de R. L. de C. V.

10.115

Home Mari México, S. A. de C V.

8.699

Embotelladora Metropolitana, S. de R. L. de C. V.

8.400

Alpla México, S. A. de C. V.

7.950

Nestlé México, S. A. de C. V.

5.250

S C. Johnson and Son, S. A. de C. V.

4.039

CPW México, S. de R. L. de C. V.

2.770

Alimentos Benefits, S A. de C. V.

2.200

Enel Green Power México, S. de R. L. de C. V.

0 000

Enel Green Power Partecioazioni Soeciali Sri

0.000

Simest, S. P. A.

0 000

Demanda Máxima Total

340.15 MW

Finalmente, en 2019, ya en el sexenio actual, en sesión de la CRE (ACT/004/2019, 21/05/2019) se otorgó nueva autorización a Eólica Zopiloapan para ajustar nuevamente el listado de sus asociadas y sus demandas, en los términos de la resolución RES/329/2019:

Alpla México, S. A. de C. V.

7.950

Fábrica de empaques y envases de plástico. Tiene dos sedes en el Edomex (Toluca y Tlalnepantla) y una en el DF (Gustavo A. Madero)

BBVA Bancomer, S. A.

119.470

Banca. Varias sedes en la República.

Cpw México, S. de R. L. de C. V.

2.800

Alimentaria. Subsidiaria de Nestlé, planta de cereales. Ubicada en Miguel Hidalgo.

Nestlé México, S. A. de C. V.

7.133

Alimentaria. Varias sedes en la Ciudad de México.

Nissan Mexicana, S. A. de C. V.

26.500

Automotriz. Varias sedes en la República.

Praxair México, S. de R. L. de C. V.

100.500

Empresa comercializadora de gases industriales.

S. C. Johnson and Son, S. A. de C. V.

4.039

Fábrica de productos farmacéuticos, de cuidado personal e higiene.

Demanda Máxima Total

268.392MW

 

Demanda menor, de usuarios de tipo industrial o de servicios, que supera en mucho la capacidad de generación de la planta del permisionario.

Evidentemente estos ajustes obedecieron a intereses comerciales, ya que en las dos modificaciones previas se incluyó como asociadas a tres empresas que también son “suministradoras” de electricidad, Enel Green Power (México y Partecioazioni Soeciali Sri) y Simest SPA (Sociedad Italiana para las Empresas al Exterior), las cuales declararon una Demanda cero, es decir, sin consumo de energía. Simest apoya las inversiones de las otras dos, que son subsidiarias de Enel, una empresa transnacional asentada en Italia (con participación de aquel país). Son los permisos de Suministro Calificado E/1878/SC/2016 (RES/1761/2016), otorgado a Enel Energía, S.A. de C.V. para Suministro calificado en todo el territorio nacional; y el permiso E/2029/SC/2018 (RES/491/2018), otorgado a Enelmex, S. A. de C. V., en las mismas condiciones del anterior.

Este tipo de permisos de suministro, otorgados al amparo de las modificaciones a la legislación eléctrica en 2013, no establecen límite para la capacidad a distribuir, ni obliga al permisionario a estipular cómo adquirirá la capacidad de generación necesaria para cubrir la demanda de sus posibles clientes, es decir son permisos “abiertos” para comercializar energía.

Enel (Enel Green Power) posee además otras plantas generadoras en México (además de Zopiloapan): Hidroeléctrica El Gallo (30MW); Fotovoltaica Magdalena II (219.5MW); Eoloeléctrica Palo Alto (129MW); Eoloeléctrica Salitrillos (103MW); Eoloeléctrica Stipa Nayaá (74MW); Eoloeléctrica Sureste I (102MW); Hidroeléctrica Trojes (8.5MW); Eoloeléctrica Vientos del Altiplano (100MW) y Fotovoltaica Villanueva (828MW).[ii] Algunos nombres no guardan relación con el nombre oficial de las plantas.

La historia de Eólica Zopiloapan es además borrosa, porque las dos plantas hidroeléctricas, El Gallo y Trojes fueron financiadas por un fondo transnacional (The Prototype Carbon Fund, hoy Community Development Carbon Fund, respaldado por el Banco Mundial), en favor de la empresa “Impulsora Nacional de Electricidad, S. de R. L. de C. V.”. Dicha “impulsora”, según la página de Compranet, se dedica a “Adquirir y disponer, en cualquier forma legal, todo tipo de acciones, partes sociales, intereses o participaciones de otras compañías y entidades, comprar, vender, arrendar, hipotecar o gravar de cualquier forma legalmente permitida, los bienes muebles o inmuebles que se requieran o que sean convenientes para la consecución del objeto social; prestar o pedir prestado dinero con o sin garantía; suscribir o emitir toda clase de títulos de crédito.” Sin embargo, en nota fechada el 11 de diciembre en el portal Web de Enel, se menciona que la impulsora pasó a ser “Enel Green Power Mexico S. de RL de CV (antes conocida como Impulsora Nacional de Electricidad S. de RL de CV)” [https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2013/12/enel-green-power-work-begins-on-new-wind-farm-in-mexico].

Oficialmente, el permiso a Trojes, E/147/AUT/99, sigue estando registrado a nombre del permisionario original: Hidroelectricidad del Pacífico S. de R.L. de C.V., y se le han otorgado 6 modificaciones entre 2001 y 2005 (actas respectivas no disponibles). Otro tanto ocurre con el permiso El Gallo, E/130/AUT/99, expedido a Mexicana de Hidroelectricidad MEXHIDRO, S.A. de C.V., con un total de 19 modificaciones.

Los demás asociados de Eólica Zopiloapan también lo son de otras empresas generadoras o suministradoras para asegurarse, sí o sí, el suministro de electricidad al más bajo costo posible. El caso no es único, solo en Oaxaca están instaladas 26 plantas eólicas y varias de ellas comparten socios-clientes:

Razón social del permisionario

Número de permiso

Eléctrica del Valle de México, S. de R. L. de C. V.

E/201/AUT/2001

Parques Ecológicos de México, S. A. de C. V.

E/215/AUT/2002

Eoliatec del Istmo, S. A. P. I. de C. V.

E/322/AUT/2005

Eurus, S. A. P. I. de C. V.

E/531/AUT/2006

BII Nee Stipa Energía Eólica, S. A. de C. V.

E/548/AUT/2006

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

E/575/PP/2007

Eoliatec del Pacífico, S. A. P. I. de C. V.

E/685/AUT/2007

Fuerza y Energía BII Hioxo, S. A. de C. V.

E/806/AUT/2008

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. de C. V.

E/823/AUT/2009

Energías Ambientales de Oaxaca, S. A. de C. V.

E/828/PIE/2009

Energías Renovables Venta III, S. A. de C. V.

E/829/PIE/2009

CE Oaxaca Dos, S. de R. L. de C. V.

E/850/PIE/2010

CE Oaxaca Cuatro, S. de R. L. de C. V.

E/851/PIE/2010

CE Oaxaca Tres, S. de R. L. de C. V.

E/852/PIE/2010

Stipa Nayaa, S. A. de C. V.

E/907/AUT/2011

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, S. A. P. I. de C. V., Parque Eólico Piedra Larga Fase 2

E/939/AUT/2012

Eólica Zopiloapan, S. A. P. I. de C. V.

E/953/AUT/2012

Energías Renovables La Mata, S. A. P. I. de C. V.

E/983/PIE/2013

PE Ingenio, S. de R. L. de C. V.

E/1003/AUT/2013

Eólica El Retiro, S. A. P. I. de C. V.

E/1028/AUT/2013

Eólica Dos Arbolitos, S. A. P. I. de C. V.

E/1159/AUT/2014

Secretaría de la Defensa Nacional

E/1261/AUT/2014

Energía Eólica del Sur, S. A. P. I. de C. V.

E/1264/AUT/2015

Generadora de Energía del Istmo, S. A. de C. V.

E/1490/AUT/2015

CFE – Generación VI, Central La Venta

E/1571/GEN/2015

Eólica de Oaxaca, S. A. P. I. de C. V.

E/1922/GEN/2017

A nivel nacional, la situación es más grave. Según la CRE, cada Permiso que emite está basado en una Resolución debidamente fundamentada, pero en ninguno de esos documentos aparece la justificación o las consideraciones técnicas y económicas para la adecuada integración de cada nueva planta a la red. Así, la CRE funciona como una simple oficina de partes, que autoriza no solo los permisos, sino los contratos de compraventa de electricidad, en base a los requisitos burocráticos que ella misma establece, sin considerar la situación del sistema eléctrico. En otros permisos ocurre lo mismo.

Por ejemplo, el permiso E/201/AUT/2001 (Eléctrica del Valle de México, eoloeléctrica de 180MW de capacidad), se expidió para 2 socios (Cimentaciones y Puertos, S.A. e Inversiones Eólicas, S. de R.L. de C.V.), pero se añadieron otros 159 socios más en cláusula de expansión (destacadamente municipios y organismos públicos de aguas). Luego se le otorgaron dos autorizaciones para modificar el permiso, la última en 2015 (RES/653/2015), para cambiar la lista de sus socios en el “aprovechamiento” (Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C. V., en dos ubicaciones y Suburbia, S. de R. L. de C. V., posiblemente en varias ubicaciones), con una Demanda máxima registrada de 69.77MW, por lo que la planta quedaba en libertad de vender el resto mediante contratos (Cenace registra al menos dos contratos de Cobertura activos con CFE Calificados como adquiriente).

Otro caso es el permiso E/215/AUT/2002 (Parques Ecológicos de México, S.A. DE C.V., 101.9MW) con tres socios (una persona física y dos empresas, y en ampliación varias plantas de Pemex, Cementos Apaxco, Hylsa y Volkswagen). Parques ha recibido 18 autorizaciones de modificación, la última en 2018 (RES/2625/2018) en la que sustituyó su lista de asociados que incluye 405 socios, con una Demanda total de 3,758.113MW). Parques Ecológicos no tiene contratos de cobertura registrados en Cenace y es una empresa de Iberdrola [https://www.iberdrolarenovablesmexico.com/parque-eolico-pem/].

Una burla, pues la transnacional española Iberdrola cuenta con 6 plantas eoloeléctricas más, con una capacidad total en “energías limpias” de 585MW, y construye además 3 parques fotovoltáicos para sumar otros 470 MW, pero ni así cubriría la demanda de sus asociadas. Pero, Iberdrola cuenta también con 16 plantas a base de Gas Natural (autoabastecimiento y Cogeneración, con una capacidad total instalada de más de 9.3 GW, https://www.iberdrolamexico.com/conocenos/iberdrola-en-mexico/), que producen “excedentes” que evidentemente vende directamente a sus “asociadas”, a través de la red de transmisión de CFE.

Tal desaseo privatizador es producto de una estrategia bien planeada. La primera presidenta de la CRE fue Georgina Kessel Martínez (1993-1996), quien más tarde ocuparía el cargo de secretaria de energía (2006-2011). Una vez aprobada la contrarreforma de 2013, Kessel se convirtió en consejera independiente de Iberdrola (hasta 2020). Para documentar algunas concesiones hechas a favor de Iberdrola, basta la lectura de la resolución RES/180/2006, del 15 de junio de 2006, en la que una de sus plantas, Iberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V., mediante el permiso de falso autoabastecimiento E/205/AUT/2002 (falso porque Iberdrola no genera en ninguna parte del mundo para su autoabastecimiento, sino para vender electricidad a sus clientes), también fue autorizada para construir su propia línea de transmisión de alta tensión, para conectar dos plantas de ciclo combinado hoy denominadas Dulces Nombres-Iberdrola (1,008MW) y Dulces Nombres II (300MW), en Monterrey, Nuevo león.

Revisar todos los permisos con la información disponible es tedioso, pero se logran algunos hallazgos. Sin embargo revisar los contratos involucrados es difícil, porque involucran cuestiones mercantiles que se invocan como “reservadas”. Una pista para dimensionar el tamaño del mercado privado de electricidad creado con la complacencia de la CRE, la ofrece la enorme cantidad de usuarios de alto consumo (con tarifas industriales o comerciales) que ya no son usuarios de la CFE. La mayoría de los permisionarios se han agrupado para crear un mercado eléctrico privado, en detrimento del servicio público, aprovechándose de las laxas disposiciones del “regulador”.

Por ello, la solución para recuperar el control del Sistema Eléctrico Nacional comienza por desaparecer a la CRE y cancelar todos los contratos. Entre la creación de la Comisión Federal de Electricidad (1933-1937) y la nacionalización eléctrica (1960) pasó el tiempo suficiente para que los privados moderaran sus abusos, pero no lo hicieron. Por eso hoy no debe caber la menor duda, ya que desde las primeras advertencias de ilegalidad tuvieron tiempo suficiente para corregir y moderar su ambición, lejos de ello pretendieron “comprar” la legalidad mediante su contrarreforma energética.

[i] Toda la información aquí mencionada se puede verificar en las siguientes referencias oficiales: Permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html; Resoluciones: https://www.cre.gob.mx/Resoluciones/index.html; Actas: https://www.gob.mx/cre/documentos/actas-de-las-sesiones-del-organo-de-gobierno-de-julio-2017 (Modificar mes-año. O bien: https://www.gob.mx/cre/es/articulos/actas-de-las-sesiones-del-organo-de-gobierno-2014?idiom=es, modificando el año) y Acuerdos: https://www.cre.gob.mx/Acuerdos/index.html.

[ii] Ver https://www.enelgreenpower.com/es/paises/norteamerica/mexico

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