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El legado del Movimiento de Liberación Nacional. Antiautoritarismo y rectoría económica del Estado como ejes articuladores de la izquierda partidaria.



El legado del Movimiento de Liberación Nacional. Antiautoritarismo y rectoría económica del Estado como ejes articuladores de la izquierda partidaria.

Victoria Gaxiola

Entre las efemérides de este año, se encuentra el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en agosto de 1961. A sesenta años de este acontecimiento, hoy cabe preguntarse por qué es importante su conmemoración. En lo personal, yo conocí la existencia del MLN hace cerca de diez años, cuando realizaba mi tesis de licenciatura sobre el Frente Electoral del Pueblo. En su momento, intuí la importancia del MLN en la historia de la izquierda mexicana, pero no terminé de comprenderla. En aquel entonces pensé que el éxito del MLN había sido limitado porque sus miembros no habían logrado consolidarlo como una organización que le permitiera a la izquierda actuar de manera unificada. No obstante, actualmente veo al MLN con otros ojos y considero que la importancia de esa organización no está en lo que no consiguió, pero en lo que sí hizo. Esto puede sonar como una obviedad que es importante aclarar.

El argumento central de este texto es que el MLN fue clave en la definición de la agenda de la izquierda mexicana en el ámbito partidario. Antes de que surgiera esta organización el programa de la izquierda partidaria se encontraban entremezclado y confundido con el enarbolado por el PRI y sus antecesores. Sin embargo, a finales de la década de los cincuenta esto comenzó a cambiar y la izquierda, como actor en el sistema político, comenzó a adquirir una identidad y una agenda que la distinguía. Sostengo que ese cambió fue catalizado por las movilizaciones obreras y ocupaciones campesinas de 1958-1959, así como por el triunfo de la revolución cubana en 1959.

En el caso de las movilizaciones obreras y ocupaciones campesinas, éstas hicieron innegable el abandono de los principios sociales de la revolución mexicana por los gobiernos pos-revolucionarios, lo cual generó reclamos que demandaban su cumplimiento. Asimismo, esas movilizaciones demostraron el carácter autoritario del sistema político y la necesidad de su apertura. Respecto a la revolución cubana, ésta, a través de su demanda de emancipación económica, refrendó la centralidad del Estado como principal agente del desarrollo económico. Las demandas que surgieron de esas movilizaciones sociales se convirtieron en la espina dorsal del programa de la izquierda partidaria en México.

Tal como explicaré más adelante, el MLN recogió tales demandas y, al hacer eso, articuló un programa que guiaría la actividad de la izquierda partidaria a partir de la segunda mitad del siglo XX. Con el término de izquierda partidaria hago referencia a la izquierda que, a través de organizaciones políticas participó, o intentó participar, como oposición al Partido Revolucionario Institucional, en procesos electorales actividades legislativas y en otros puestos de elección popular. Es importante hacer esta distinción porque la izquierda es plural y no todas las expresiones políticas identificadas con esa tendencia vieron reflejados sus objetivos en el programa MLN. Por ejemplo, no todas consideraron la vía electoral como el camino a seguir, como fue el caso del mismo MLN. No obstante, el MLN fundó los cimientos que permitieron la acción de organizaciones de izquierda en el terreno electoral porque unificó y brindó un programa de acción común a fuerzas que previamente se encontraban dispersas.

Antes de abordar el programa del MLN y cómo articuló las demandas de las distintas fuerzas de izquierda que agrupó, primero trataré las ocupaciones de tierra en el noroeste del país y las movilizaciones ferrocarrileras de 1958-1959, así como la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional la Emancipación Económica y la Paz. El objetivo de hacer esto es contextualizar las demandas plasmadas en el programa del MLN.

La vigencia de las demandas sociales de la revolución mexicana

En 1958, México parecía atravesar una época de bonanza, generada por el desarrollo económico del país, y la estabilidad política producto del sistema político presidencialista. Tomando eso en cuenta, las ocupaciones agrarias y las movilizaciones ferrocarrileras, petroleras, telegrafistas y magisteriales pueden parecer disonantes. Sin embargo, el costo de ese desarrollo y estabilidad política había recaído en los hombros de las clases trabajadoras, las cuales, en respuesta, se manifestaron en ese año en contra del paulatino abandono del programa social de la revolución mexicana y en demanda de mejores condiciones de vida. Tal como explicaré más adelante, sus demandas y los resultados de sus luchas fueron cruciales en la formación del programa del MLN y, por lo tanto, en el desarrollo de la izquierda partidaria como oposición al PRI.

Las ocupaciones agrarias

Al final del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, el campo mexicano enfrentaba problemas como la prevalencia de la propiedad privada y la desintegración comunal de los ejidos, bajas cifras de reparto agrario, corrientes migratorias internas, restricciones migratorias en Estados Unidos y la depreciación de los productos agrícolas. Estos problemas del sector agrario crearon una situación de precariedad laboral la cual afectó, principalmente, a los jornaleros agrícolas, quienes, organizados por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM)[1], invadieron tierras en el noroeste de la república.

En 1957, representados por el Frente Unido de los Nuevos Centro de Población Agrícola del Noroeste (FUNCPN), los jornaleros agrícolas presentaron sus solicitudes de tierra ante el Departamento Agrario y fijaron el 5 de febrero de 1958 como fecha límite para que el gobierno diera respuesta a sus solicitudes. Si eso no sucedía, procederían a ocupar tierras.

Llegado el plazo, el gobierno mexicano no había dado fallo a sus solicitudes, por lo que en febrero de 1958 iniciaron las ocupaciones de tierra en los estados de Sonora y Sinaloa. En el caso de Sonora, los solicitantes de tierras intentaron invadir el latifundio de Cananea, el cual se extendía del otro lado de la frontera con Estados Unidos y era parte de la Cananea Consolidated Cooper Company, a través de su filial la Green Cattle Co. La ocupación de esas tierras fue encabezada por Jacinto López, Ramón Danzós Palomino y Lázaro Rubio, pero fue frustrada por la intervención militar y policial.[2] El fracaso del primer intento no desalentó a los líderes de la UGOCM y a sus bases, quienes, trataron de llevar a cabo nuevas ocupaciones. Tales intentos también fueron evitados por las fuerzas militares y policiacas, quienes se justificaron diciendo que “[impartían] garantías a los propietarios de los predios afectados procediendo a desalojar a los llamados paracaidistas”.[3]

En Sinaloa, las ocupaciones de tierra tuvieron lugar en Culiacán y en la región agrícola del Guasave, caracterizada por el cultivo de jitomate. Al igual que en Sonora, los ocupantes fueron desalojados por fuerzas militares y policiales. En Sinaloa, los ocupantes de tierras sostenían que tenían 15 años presentando solicitudes de tierras para la creación de 250 nuevos centros de población, de las cuales únicamente se habían resuelto 15.[4]

Las noticias de las ocupaciones de tierras tardaron en llegar a la capital del país porque éstas coincidieron con la huelga de los telegrafistas. Sin embargo, una vez que las autoridades federales estuvieron al tanto, el secretario de agricultura, Gilberto Flores Muñoz, viajó a la región para solucionar el problema. En su recorrido por Sinaloa, reconoció el derecho de los campesinos a solicitar tierras, pero dejó claro que no se expropiarían tierras con certificado de inafectabilidad. Asimismo, se creó en Sinaloa una comisión, la cual tendría la función de comprobar los derechos de los solicitantes y determinar qué tierras podían ser legalmente repartidas.[5]

Después de la visita de Flores Muñoz a Sonora y Sinaloa, el gobierno federal dio por concluido el problema, principalmente en el segundo estado, en el que se prometieron tierras. Tal reparto agrario inició el 14 de marzo de 1958, cuando se entregaron 14 mil hectáreas a 1,400 familias. Con esta acción se pretendió dar vuelta a la página y se consideró “finiquitado el escabroso problema del norte”.[6]

No obstante, la problemática en el campo y el descontento de los jornaleros agrícolas era más profundo que la solución brindada y, como se comprobó, se extendía a otros estados del país. Entre marzo y julio de 1958 las ocupaciones de tierras continuaron en Nayarit, Sonora y Baja California. Al igual que en febrero, en las ocupaciones subsecuentes, el ejército y la policía intervinieron para desalojar los predios reclamados. Pero, en contraste con lo que pasó a principios del año, la actitud del gobierno hacia estas acciones se transformó. Pare empezar, fue evidente que era imposible cumplir las demandas de reparto agrario sin afectar los intereses de particulares, por lo que se dejó de prometer dotación de tierras. Además, la postura del gobierno se endureció, tal como quedó demostrado en la ocupación del rancho de Cuitaca, Sonora, con el arresto de Jacinto López y otros líderes agrarios, quienes fueron acusados de despojo de tierras en motín y de conspiración.[7] Estos arrestos sirvieron como advertencia de la futura respuesta de las autoridades si las ocupaciones de tierra continuaban.

Para calmar los ánimos entorno al problema agrario, la administración de Ruiz Cortines declaró la expropiación del latifundio de Cananea el 31 de julio de 1958. Las tierras fueron entregadas en el siguiente sexenio por Adolfo López Mateos. Sin embargo, los beneficiarios no fueron los miembros de la UGOCM que participaron en las ocupaciones de tierras, éstas fueron entregadas a miembros de la Confederación Nacional Campesina, organización afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con esta acción, el gobierno mandó un mensaje claro: los únicos canales reconocidos para la demanda de beneficios sociales eran las organizaciones corporativas afiliadas al partido en el poder.

El movimiento ferrocarrilero

Las movilizaciones de los telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y el magisterio sacudieron la vida política del país, dando pie a lo que el historiador Barry Carr calificó como “[…] el movimiento social y proletario más importante que [había] ocurrido desde 1935 […]”.[8] Estas movilizaciones evidenciaron la capacidad de los trabajadores de rebasar la autoridad y control de las dirigencias sindicales y, de esta forma, mostraron los límites del corporativismo, el cual era uno de los pilares del sistema político mexicano.

Todos los conflictos comenzaron por la demanda de aumentos salariales y se transformaron en movimientos políticos cuando a esa demanda se sumó la exigencia de democracia sindical. En el desarrollo del conflicto, los trabajadores se percataron que el sindicato, que se suponía defendía sus intereses, era en realidad un instrumento de control que respondía a las prioridades gubernamentales de desarrollo económico. Ante lo cual, exigieron la elección de dirigencias sindicales electas democráticamente por las bases.

De las cuatro movilizaciones, la que mayor impacto generó fue la de los ferrocarrileros. Ésta inició en febrero de 1958, al igual que las ocupaciones de tierras, cuando la sección 15 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) sugirió al comité ejecutivo del sindicato que intercediera en su demanda de aumento salarial ante la administración de la compañía ferrocarrilera. A raíz de esa propuesta, la sección 27 del sindicato sugirió la creación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios para respaldar la petición de aumento salarial. Dicha comisión se consolidó hasta mayo de 1958 y estuvo integrada por representantes de cada sección del sindicato.

La petición devino en conflicto cuando la dirigencia del STFRM no entregó a la Comisión la información que le solicitó para llevar a cabo un estudio económico, con el objetivo de respaldar el aumento salarial. La falta de cooperación de la dirigencia sindical generó descontento entre los miembros de la Comisión y tensión entre la dirigencia y la base sindical. Ante esta situación, la dirigencia sindical se dio cuenta que el descontento ferrocarrilero no podía ser ignorado y que algo se tenía que hacer. Con el objetivo de apaciguar el problema y retomar el control del conflicto, la dirigencia sindical convocó a una reunión del 20 de mayo de 1958, en la que se discutió el problema salarial. Al día siguiente, el gerente de Ferrocarriles Nacionales expuso la situación de la empresa y pidió un plazo de 60 días para dar respuesta a las peticiones de los trabajadores.[9]

Este acuerdo no satisfizo a todos los miembros de la Gran Comisión, como fue el caso de Demetrio Vallejo, quien acusó al líder del STFRM, Samuel Ortega, de ser incondicional a Ferrocarriles Nacionales por anticipar la negativa de aumento salarial solicitada por la Gran Comisión. Asimismo, Vallejo les advirtió que el descontento de los ferrocarrileros no debía ser subestimado y que debían dejar de provocarlos al no atender a sus demandas.[10]

En el sureste del país fue en dónde el descontento ferrocarrilero se manifestó con mayor agudeza y en dónde se demostró un mayor poder de organización, tal como se comprobó con el Plan del Sureste. En dicho plan, los ferrocarrileros no sólo demandaban aumentos salariales, también pedían deponer a las autoridades locales del sindicato y emplazar al Comité Ejecutivo del STFRM para que reconociera a los nuevos dirigentes locales y se exigiera el aumento salarial solicitado por la Gran Comisión.

La respuesta al Plan del Sureste fue sorprendente, al poco tiempo de su aparición, diversas secciones sindicales a lo largo del país se adhirieron a él. Esa adhesión significó el desconocimiento de las autoridades locales del sindicato y de los acuerdos de mayo. Es importante destacar que los ferrocarrileros que se sumaron al Plan del Sureste seguían reconociendo al liderazgo nacional del sindicato como el canal a través del cual expresar sus demandas a Ferrocarriles Nacionales. No obstante, la dirigencia del sindicato siguió sin apoyar a sus agremiados, lo que los obligó a buscar negociar directamente con la administración de la empresa. La respuesta que recibieron de ésta tampoco fue favorable. En consecuencia, los ferrocarrileros recurrieron a la huelga como medio de presión para conseguir sus demandas.

El paro de labores, el cual inició a finales de junio de 1958, cumplió su cometido, en tanto que la empresa inició negociaciones con los trabajadores. La administración de Ferrocarriles Nacionales les ofreció un aumento salarial de 180 pesos. Tal oferta fue rechazada por los trabajadores quienes no pensaban aceptar menos de 250 pesos. Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, intervino el presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines, quien sugirió un aumento de 215 pesos. La propuesta salomónica fue aceptada por ambas partes, con lo que finalizó el paro de labores, aunque no el descontento ferrocarrilero.

El papel desempeñado por la dirigencia del STFRM durante el conflicto condujo a su base a buscar su destitución. Con ese objetivo en mente, se llevó a cabo la VI Convención Extraordinaria el 12 de julio de 1958, en la cual se eligió a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Los principales candidatos para la secretaría general fueron Demetrio Vallejo y Roberto Gómez Godínez.

A raíz de su liderazgo durante la huelga, Demetrio Vallejo contaba con el apoyo de las bases, lo cual le permitió ganar las elecciones y encabezar el STFRM. En un inicio, su triunfo no fue reconocido por la Secretaría del Trabajo, lo que condujo a un nuevo paro de labores, el cual no dejó otra opción que el reconocimiento de la victoria de Vallejo.

Después de los triunfos obtenidos, el comité ejecutivo encabezado por Vallejo pretendió dar solución a los problemas del gremio ocasionados por diez años de charrismo sindical. Al hacer esto, la nueva dirigencia del STFRM trataban de practicar una “[…] política sindical que rebasaba con mucho la permitida por el sistema”.[11] Al inicio, su proceder fue tolerado, pero en cuanto trataron de usar otra vez el paro de labores como medio de presión para obtener el cumplimiento de sus demandas, la tolerancia gubernamental se tornó en abierta represión.

En marzo de 1959, con motivo de la negociación del contrato colectivo de Ferrocarril de Veracruz y Terminal del Pacífico, el sindicato ferrocarrilero emplazó nuevamente a huelga. No obstante, la fórmula que antes había rendido frutos, en esta ocasión no tuvo los mismos resultados. En lugar de conseguir el cumplimiento de sus demandas, los ferrocarrileros encontraron la represión gubernamental. El 28 de marzo de 1959, en un “alarde de fuerza, utilizando para ello ametralladoras”, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal detuvieron a Demetrio Vallejo y a Hugo Ponce León, vocero del comité ejecutivo del STFRM. Además de los líderes del movimiento, las bases también fueron reprimidas y las instalaciones de los ferrocarriles custodiadas por el ejército. Así, la movilización obrera llegó a su fin y, al igual que en caso de las ocupaciones agrarias, se marcó el tono con el que en el futuro el gobierno enfrentaría a la disidencia.

Represión, tierra y democracia sindical

Tanto los campesinos como los ferrocarrileros se movilizaron demandando mejores condiciones de vida. En el caso de los jornaleros agrícolas eso significaba asegurar su subsistencia por medio de la tenencia de tierra y para los ferrocarrileros aumento salarial y mejores prestaciones laborales. En ambos casos trataron de expresar sus demandas a través de los canales institucionales establecidos. No obstante, al no recibir respuesta de las autoridades correspondientes, los trabajadores rurales y urbanos se vieron obligados a recurrir a acciones contenciosas para ejercer presión y hacer escuchar su voz.

En primera instancia, el gobierno mostró disposición de negociar y de cumplir algunas de las demandas de los trabajadores. Sin embargo, las concesiones que hicieron al inicio de los conflictos, con el objetivo de terminarlos, no hizo sino atizar el fuego. La raíz de los problemas que denunciaban con sus acciones eran profundas y no iban a ser solucionados con el reparto de unas cuantas hectáreas y un modesto incremento salarial. El gobierno, al darse cuenta de su incapacidad de dar respuesta a sus demandas recurrió a la represión e hizo sentir el peso del control corporativo sobre los quejosos.

La falta de solución a las reclamaciones y la respuesta represiva del gobierno fue esencial para el desarrollo y articulación del programa de la izquierda partidaria. Para empezar, el desenlace de las ocupaciones agrarias y del conflicto ferrocarrilero hizo evidente que la prioridad de los gobiernos priístas no eran ni los trabajadores, ni los campesinos. Asimismo, fue demostrado que los canales institucionales eran insuficientes para dar respuesta a sus demandas y que era necesaria su organización independiente. Finalmente, el uso de la fuerza pública para contener las protestas y el encarcelamiento de los líderes, constató la intransigencia gubernamental hacia las voces disidentes. Esta situación condujo a la articulación de grupos que, abiertamente, se oponían a los gobiernos priístas, tal como fue el caso de los campesinos vinculados a la UGOCM y los ferrocarrileros disidentes. En cuanto a las demandas irresolutas, como el reparto agrario y la democracia sindical, éstas se convirtieron en puntos programáticos de acción para la izquierda partidaria, junto con la demanda contra la represión y el autoritarismo.

Otro punto central en el desarrollo del programa de la izquierda partidaria fue la prioridad otorgada al Estado como garante del desarrollo económico y la soberanía nacional. Esa primacía del Estado encontró justificación en la demanda por la emancipación económica en contra de la intervención estadounidense en América Latina. Esta demanda se colocó en el centro de las preocupaciones de la izquierda latinoamericana a raíz de la revolución cubana tal como explicaré en la siguiente sección.

La revolución cubana y la unidad de la izquierda latinoamericana

La revolución cubana fue un suceso que tuvo gran impacto en América Latina. En primer lugar, con su triunfo y rápido giro hacia la izquierda, llegó en definitiva la guerra fría a la región.[12] Esto no quiere decir que antes no se hayan sentido sus efectos sobre la zona, pero fue hasta 1959 que se hizo inminente el arribo del conflicto bipolar. Para comprender mejor esto, cabe recordar que, al finalizar la segunda guerra mundial, América Latina se convirtió en una región de indiscutible influencia norteamericana, en la cual la Unión Soviética no tenía intereses que valiera la pena defender.

El temor “[…] de la aparición de regímenes adversos a Estados Unidos en su propia retaguardia”[13][14] se tradujo en una “reformulación de las estrategias militares norteamericanas y las prioridades de los cuerpos de seguridad interna”, dando como resultado una mayor colaboración entre las fuerzas armadas y de seguridad latinoamericanas y “el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el Pentágono, la CIA y el FBI”[15].

El temor estadounidense a la proliferación de experiencias semejantes a la cubana no era del todo infundado. La revolución en la isla caribeña hizo posible la idea del triunfo de la revolución socialista en América Latina e inspiró múltiples movimientos guerrilleros en distintos países de la región.[16] A partir de 1959 Cuba se convirtió en la meca de la revolución y exportó la táctica guevarista del foco, dando así origen a guerrillas en países como Colombia, Guatemala y Venezuela.[17]

La revolución cubana no sólo significó el aumento de la presencia militar estadounidense en la región o la aparición de guerrillas inspiradas por el Movimiento 26 de julio. También inyectó de nueva fuerza a la izquierda de la región al “demostrar la actualidad de la revolución socialista en el continente americano”[18], lo que la motivó a repensar la realidad latinoamericana y a buscar nuevas formas de organización y colaboración entre los países de la zona. Un claro ejemplo de lo anterior fue la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, realizada en la Ciudad de México del 5 al 8 de marzo de 1961.[19]

A la Conferencia asistieron delegados de prácticamente todos los países latinoamericanos, así como delegados fraternales de China, la Unión Soviética, Canadá, Guinea y Francia. Según la crónica publicada en la revista Política, a la inauguración del evento concurrieron alrededor de tres mil personas, entre delegados y público asistente.[20] La presidencia de la Conferencia estuvo integrada por los tres presidentes del Movimiento de la Paz en América Latina: el licenciado Domingos Vellasco de Brasil, el general Lázaro Cárdenas de México y el ingeniero Alberto T. Casella de Argentina.[21]

La Conferencia fue dividida en cuatro comisiones temáticas en las cuales se discutieron problemas comunes a la región con el objetivo de llegar a resoluciones que pudieran derivar en acciones comunes. Tales resoluciones fueron el resultado de tres días de trabajo y fueron presentadas durante el acto de clausura, el cual tuvo lugar el 8 de marzo en la Arena México.

La primera comisión fue la encargada de los asuntos vinculados con la soberanía nacional y los problemas políticos y obreros. En la segunda comisión se abordó el tema de la emancipación económica, en la tercera los problemas de la paz y en la cuarta se trataron las cuestiones relacionadas con la “acción común de los pueblos de América Latina en la lucha por la soberanía nacional, la emancipación económica y la paz”.[22]

En cuanto a las resoluciones, las de la primera comisión, se identificó como el principal obstáculo a la soberanía de las naciones latinoamericanas al imperialismo norteamericano.[23] Asimismo, se manifestaron contra los resabios de colonialismo en la región, tal como era el caso de Puerto Rico y Panamá. También, proclamaron la defensa de la revolución cubana y reconocieron el derecho de la isla a nacionalizar sus recursos naturales y las empresas extranjeras en beneficio de su población.[24]

La segunda comisión fue la encargada de discutir el tema de la emancipación económica. Al igual que la comisión de la soberanía, esta segunda comisión también consideraba al imperialismo como la principal causa que impedía el “desarrollo nacional independiente de los países de América Latina”[25], sólo que en esta ocasión el imperialismo se manifestaba en forma de monopolios y no de intervenciones políticas y/o militares. Asimismo, consideraron a la emancipación económica como algo fundamental para los países de la región, ya que el “conquistar la plena independencia económica [permitiría] obtener una cabal independencia política”.[26] Cabe destacar, que los miembros de esta comisión otorgaron al Estado un papel preponderante en la consecución de la independencia económica, en tanto que era la entidad con el poder para nacionalizar recursos naturales y empresas “en manos de los monopolios internacionales.[27]

El tema de América Latina y la paz mundial fue abordado en la tercera comisión y una vez más la discusión se encontró estrechamente vinculada al tema del imperialismo, enmarcándolo en el contexto de la Guerra Fría. Lo interesante de esta tercera comisión es que vinculó los temas de las dos anteriores (la soberanía y la emancipación económica) mostrándolos como resultado del conflicto bipolar. En esta tercera parte de las resoluciones se comentó que, en nombre de la guerra fría, “no sólo se [repimían] movimientos populares, nacionales y progresistas, sino que se [había] obligado a los gobiernos a firmar pactos militares de agresión y a sostener una alianza continental ofensiva”.[28]

Asimismo, esta comisión consideró que “la agresión y la provocación a Cuba constituían una agresión y una provocación a toda América Latina, y una amenaza a la paz mundial”. También se habló de la revolución cubana como “ejemplo ostensible de la aceleración del proceso de liberación nacional”, así como de la importancia de la cultura y la educación como elementos claves en dicho proceso.[29]

Finalmente, la comisión sobre la acción conjunta, en general hizo un llamado a la unidad de las distintas fuerzas progresistas para hacer frente a los problemas comunes que los afectaban. Entre las resoluciones que cabe destacar está la creación de movimientos nacionales por la soberanía, la emancipación económica y la paz, los cuales debían discutir y aplicar los acuerdos de la Conferencia. De igual forma, debían buscar la unidad de “todas las fuerzas democráticas”[30], con el objetivo de que “[conocieran] y [sintieran] los problemas comunes, se [prestaran] recíproca asistencia y [emprendieran] la acción que [competía] a cada sector dentro del movimiento general”. En el caso de México, esa última resolución se tradujo en la formación del Movimiento de Liberación Nacional en 1961.

El llamado a la unidad lanzado por la Conferencia, además de haber dado origen al MLN, es significativo porque convocó a la unidad de las fuerzas democráticas, con lo cual se tendieron los puentes para que esas fuerzas dispersas se congregaran e integraran sus demandas en un mismo programa y colaboraran para lograr un objetivo en común: conseguir la emancipación económica y defender la soberanía nacional. La identificación de estos objetivos fue crucial para lograr la unidad y articulación del programa de la izquierda partidaria. En particular, establecer la emancipación económica como el objetivo primordial, porque colocó al Estado como el principal agente en el desarrollo económico, lo cual, como se explicará en la siguiente sección, fue uno de los puntos programáticos más relevantes para la izquierda partidaria.

La importancia del programa del MLN para la izquierda partidaria

A lo largo del texto he insistido en que la relevancia del MLN radicó en su papel en la definición del programa general de la izquierda partidaria en México. Sostengo que lo anterior fue posible porque la organización reunió en sus filas a distintas organizaciones y personajes cuyas luchas políticas corrían paralelas, pero separadas.

Tal como mencioné en la sección anterior, el MLN, siguiendo las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana, convocó a las fuerzas democráticas del país a congregarse en una organización para actuar de manera conjunta en la defensa de la soberanía nacional y la emancipación económica del país. La convocatoria fue atendida por diversas organizaciones y personalidades, lo que le brindó una composición variopinta al MLN. De acuerdo con Leda Arguedas, la organización aglutinó “[…] desde partidos políticos claramente de izquierda […] hasta sacerdotes y aun elementos del sinarquismo, pasando por campesinos afiliados a la CNC, sindicatos de la CTM y miembros individuales del PRI”.[31]

Esa composición plural fue su mayor debilidad, pero también su mayor fuerza. Por un lado, fue su mayor debilidad porque los objetivos y tácticas a mediano y largo plazo de cada organización que lo integró no siempre coincidieron. Esto último fue evidenciado en el contexto de las elecciones presidenciales de 1964, cuando algunos de sus miembros vieron en el MLN la oportunidad de participar en el proceso como partido político, mientras que otros, como Lázaro Cárdenas, rechazaron categóricamente esa idea e insistieron en que el MLN no era un partido político. Este desencuentro concluyó con la formación del Frente Electoral del Pueblo (FEP) y el debilitamiento del MLN como una fuerza de izquierda.

Por el otro lado, la diversidad de su composición fue su mayor fuerza porque eso le permitió recoger las demandas de distintos sectores y creó la oportunidad para que estos dialogaran y encontraran convergencias para la acción en común. Entre las organizaciones que se adhirieron al MLN en agosto de 1961 estuvieron diversas agrupaciones agrarias como la Unión de Sociedades Ejidales de la Comarca Lagunera, el Frente Unificador Campesino Coahuilense y La Liga Agraria Independiente de Veracruz. También, se afiliaron organizaciones vinculadas con las movilizaciones de 1958-1959, como el Consejo Nacional Ferrocarrilero y el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Igualmente, hubo una importante presencia de estudiantes, intelectuales y artistas a través de organizaciones como la Federación de Estudiantil Universitaria, la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Maestros (nocturna), la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Círculo de Estudios Mexicano y el Taller de Gráfica Popular. Asimismo, también hubo presencia de organizaciones de mujeres, como Vanguardia de la Mujer Mexicana, Unión Democrática de Mujeres Mexicanas y el Comité Permanente pro Congresos Latinoamericanos de Mujeres; aunque en el programa no se incluyeron demandas que representaran los problemas específicos de este sector.

En términos generales, todas esas organizaciones aportaron algo al programa de la organización. No obstante, éste estuvo particularmente alimentado por el triunfo de la revolución cubana, a través de la Conferencia Latinoamericana, y por los acontecimientos de 1958-1959. En el caso de la revolución cubana y la Conferencia Latinoamericana su principal aporte fue identificar al imperialismo norteamericano como la principal amenaza a la soberanía política y económica de los países latinoamericanos, lo que condujo a colocar al Estado en el centro del desarrollo económico. Mientras que las ocupaciones agrarias y las movilizaciones obreras de 1958-1959 evidenciaron el abandono del programa social de la revolución y el carácter autoritario del gobierno mexicano, lo que condujo, entre otras cosas, a las demandas de reparto agrario, democracia sindical y apertura del sistema político.

De acuerdo con los miembros del MLN, la soberanía externa de México se sustentaba en los principios de igualdad jurídica de los Estados, la autodeterminación y la no intervención. Tomando esto en cuenta, el MLN, apegándose a las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana, consideraba al imperialismo norteamericano como “la principal fuerza que detiene y altera el desarrollo progresivo de nuestro pueblo ”. Lo cual era el resultado de la explotación de las riquezas naturales y la fuerza de trabajo del país, del apoderamiento de las principales ramas de la economía, del control del comercio exterior, de la represión de las luchas populares, de la presión política a través de su representación diplomática y de su influencia en “aspectos fundamentales de la orientación cultural y el desarrollo técnico del país”.[32]

Al igual que en las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana, en el programa del MLN se asentaba que la independencia económica era condición indispensable para la obtención de la independencia política. Esto quiere decir que los miembros del MLN estaban conscientes de que la dependencia económica con los Estados Unidos obstaculizaba el ejercicio de la soberanía. Por lo tanto, la emancipación económica era base fundamental para el afianzamiento de la soberanía nacional.

De acuerdo con los miembros del MLN “sólo la acción decidida del Estado [podía] acelerar el crecimiento en favor de las mayorías y afirmar la independencia”, con lo cual se le brindaba al Estado un papel primordial en el desarrollo económico del país. Para llevar a cabo esta función, el Estado debía adoptar una “activa política de promoción del desarrollo económico regional y nacional”, formular proyectos de desarrollo a corto y largo plazo, intervenir directa e indirectamente en todos los campos en que su participación fuera necesaria en pro del bienestar general, regular y orientar a la inversión privada, diseñar una política económica en favor de los intereses y necesidades del pueblo y tener una política económica internacional apegada a la Constitución de la República.[33]

Asimismo, en el programa del MLN se asentaba que, para conseguir la emancipación económica, era necesario tener el control de los recursos naturales y de sectores industriales estratégicos, para que estos fueran explotados en beneficio del pueblo mexicano y no de monopolios extranjeros. Considerando lo anterior, el MLN pedía, entre otras cosas, la expropiación de recursos y propiedades que ilícitamente estuvieran en manos de extranjeros o monopolios internacionales. También, consideraban que se debían nacionalizar recursos y actividades que “por su naturaleza e importancia […] debían quedar bajo el control de la Nación”[34], cancelar concesiones a monopolios extranjeros y “combatir la idea de que los buenos negocios debían quedar en manos de particulares” y las inversiones ruinosas en manos del Estado.

Otro rubro en el que el MLN consideraba esencial la intervención del Estado era en el desarrollo industrial. De acuerdo con lo asentado en su programa, la industrialización era imprescindible para consolidar la independencia económica del país y para distribuir, a través del empleo, la riqueza generada por el desarrollo económico. Para que el sector industrial pudiera cumplir esa función el Estado debía acelerar su inversión en industrias fundamentales, como la industria, pesada, químico-farmacológica y generación de energía, con el objetivo de desarrollar las demás plantas industriales y sustituir importaciones

Otra área en la que la intervención del Estado se consideraba necesaria era en el sector financiero. El MLN estimaban que los bancos comerciales se debían de nacionalizar con el objetivo de “asegurar que la mayor proporción de los recursos financieros se [canalizaran] hacia actividades productivas de […] importancia económica y social”[35]. También se manifestaron a favor de evitar la fuga de capitales, regular el gasto de los mexicanos en el exterior y prevenir la salida de utilidades de empresas extranjeras. Asimismo, los miembros del MLN pensaban que se debía evitar la inversión extranjera y regular el comercio exterior para que respondiera a los intereses nacionales. Finalmente, determinaron que se debía mantener “absoluta independencia respecto al Fondo Monetario Internacional y no aceptar ninguna recomendación o presión del mismo que [puediera] lesionar en cualquier forma los intereses del país”.[36]

La rectoría económica del Estado se convertió en uno de los principios articuladores de la izquierda partidaria. Es importante mencionar que éste principio también era compartido por un sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se convirtió en un tema que dividió a la élite política en los años setenta y ochenta, cuando estalló la crisis de la deuda externa y se inició la apertura comercial del país. La escisión final en el PRI tuvo lugar durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando la Corriente Democrática, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, se opuso a la continuidad del proyecto político y económico representado por la candidatura y presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994).

En términos de la izquierda partidaria, el resultado final de esa escisión resultó en la formación del Partido de la Revolución Democrática, el cual congregó a partidos de izquierda provenientes de distintas tradiciones, para los que el principio del Estado como agente regulador y promotor del desarrollo económico del país fue uno de los puntos nodales que permitió su unidad. Tal como se puede observar, el origen de este elemento clave para la izquierda partidaria del país puede ser rastreado al programa del MLN, el cual lo incorporó en su programa con base en las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana y en la experiencia de la revolución cubana y su rechazo al imperialismo norteamericano. No obstante, tal como mencioné en el párrafo anterior, no solamente la izquierda partidaria sostuvo esa postura, también, en el interior del priísmo hubo algunos actores que la defendían, los cuales se encontraban vinculados con el cardenismo.

Ese punto de encuentro entre la izquierda partidaria y el cardenismo afiliado al priísmo no es extraño. Cabe recordar que el ex-presidente jugó un papel protagónico en la gestación del MLN, por lo que esta convergencia es comprensible. No obstante, el programa del MLN también contenía algunos puntos que distanció, al menos durante los sesenta y setenta, a la izquierda partidaria del cardenismo priísta. Por ejemplo, en el programa, en el apartado de la reforma agraria, se convoca a la formación de la Liga de Defensa Agraria. A primera vista, la influencia cardenista en ese punto es innegable. Sin embargo, si se analiza un poco más a fondo, se podrá ver que lo que se proponía era la organización independiente de los campesinos respecto a la estructura corporativa creada durante el sexenio de Cárdenas. Aunque, en principio el general apoyaba la defensa de la reforma agraria, pintó su raya en cuanto a la formación de organizaciones independientes y no dio paso al frente para oponerse abiertamente al sistema que él había ayudado a crear, aunque ese sistema le hubiera dado la espalda a los principios sociales de la revolución mexicana y mantuviera un férreo control político sobre las masas campesinas y obreras.

Probablemente, nunca sabremos las razones por las que Lázaro Cárdenas nunca rompió con el priísmo. Lo que sí sabemos, es que el MLN era más que la figura de Lázaro Cárdenas. Tal como subrayé anteriormente, sus filas congregaron personajes y organizaciones, las cuales, tras sus experiencias con los gobiernos pos-revolucionarios, buscaron organizarse de manera independiente para defender sus derechos y oponerse al autoritarismo del sistema político. Es así que, además del pro-estatismo, el anti-autoritarismo y la defensa de los derechos políticos y sociales se convirtieron en otros ejes programáticos clave para la izquierda partidaria. Cabe mencionar que estas demandas la distinguieron de la izquierda cardenista del PRI, la cual, como mencioné anteriormente, no se enfrentó al autoritarismo del sistema sino hasta los años ochenta, con la Corriente Democrática.

Entre los puntos del programa del MLN que buscaban la apertura del sistema, estaban la exigencia de una nueva ley electoral, la plena democracia sindical y campesina, la igualdad real de derechos de las masas indígenas y la derogación del artículo 145 del Código Penal (delito de disolución social). Estos puntos programáticos brindaron a las organizaciones de la izquierda partidaria, las cuales se caracterizaron por su composición variopinta y falta de unidad orgánica, cohesión e identidad en sus luchas por democratizar el sistema.

De manera concreta, estas demandas fueron incluidas en la sección sobre la soberanía interna del país, en la que establecieron una correlación entre soberanía y democracia. De acuerdo con ellos, “las fuerzas populares eran las únicas capaces de realizar una política de emancipación económica” a través de su participación en la toma de decisiones, lo que implicaba una democracia real, en la que esas fuerzas verdaderamente tuvieran una voz.[37]

Para conseguir el establecimiento de una soberanía interna, fundamentada en una democracia real, los miembros del MLN creían indispensable, entre otras cosas, el cumplimiento cabal de la Constitución Política, el respeto absoluto del sufragio universal y la instauración de un sistema de representación proporcional, la eliminación del caciquismo y la centralización política, la independencia del poder judicial, la expedición de una nueva Ley Electoral, plena democracia sindical y campesina, libertad de asociación, la desaparición del delito de disolución social y de cuerpos de inteligencia como la Dirección Federal de Seguridad, la libertad de los presos políticos y no permitir la intervención del ejército y policía en conflictos laborales.[38]

En esas resoluciones, es evidente la influencia de las movilizaciones urbanas y rurales. La experiencia de obreros y campesinos dejó en claro que los derechos plasmados en la constitución no eran respetados por la autoridad. Además, demostraron que los intentos de organización independiente para exigir el cumplimiento de esos derechos no iban a ser bien recibidos y que el gobierno no iba a dudar en hacer uso del aparato represivo a su disposición para callar las voces de la disidencia. Esas movilizaciones significaron una ruptura de las masas trabajadoras con el régimen priísta al rechazar el control corporativo sobre sus miembros. Con esto no quiero decir que ese control corporativo dejó de existir, pero esas experiencias demostraron que podía ser desafiado. Asimismo, las demandas irresolutas de obreros y campesinos en contra del sistema autoritario, se convirtieron en elementos programáticos enarbolados por organizaciones de izquierda que lucharon por la democratización del sistema político.

Durante los años sesenta y setenta, las demandas en contra del autoritarismo y en pro de la defensa de los derechos sociales y políticos fueron los ejes programáticos que distinguieron las luchas de la izquierda partidaria. En el curso de esas décadas la oposición al gobierno aumentó, lo que devino en respuestas cada vez más autoritarias con el objetivo de mantener la estabilidad política necesaria para el crecimiento económico. Ese creciente autoritarismo condujo a una mayor militancia y exigencia en favor de la apertura democrática del sistema político. Fue hasta la reforma política de 1977 que estas demandas dejaron de estar en el centro de la agenda de la izquierda partidaria, y, paulatinamente fueron cediendo su lugar a la demanda de la primacía del Estado en la economía. Con esto no quiero decir que las demandas por el respeto de los derechos políticos y sociales, así como la democratización del sistema político, había perdido relevancia. A lo que me refiero es que dejaron de ser el motor de su lucha porque, después de conseguir ser admitidos en el sistema político, las circunstancias y objetivos de la izquierda partidaria se transformaron.

Conclusión

El MLN integró en su programa las demandas de distintas fuerzas de izquierda, lo cual fue posible porque en sus filas dio cabida a una diversidad de organizaciones, mismas que representaban a distintos sectores sociales. El MLN fue un espacio en el que esos sectores reconocieron las semejanzas entre sus luchas y tuvieron la oportunidad de identificar objetivos comunes. La vida del MLN fue corta, pero su legado consistió en haber dejado un programa en común para la izquierda, el cual sirvió como fundamento para futuras experiencias de la izquierda, en particular en el ámbito electoral.

           

[1] La Unión General de Obreros y Campesinos de México fue creada en junio de 1949 como resultado de los profundos cambios en las relaciones políticas entre organizaciones campesinas y el Estado y los partidos políticos. Con la fundación del PRI en 1946 la izquierda se vio desplazada de la esfera gubernamental y de las organizaciones populares entonces existentes (CTM, CNC, CNOP). Ante esta situación, Vicente Lombardo Toledano creó en 1948 el Partido Popular, desde el cual impulsó la formación de UGOCM, la cual debía ser la organización obrera y campesina de todas las fuerzas de izquierda que no tenían cabida en el PRI. La UGOCM se integró con miembros de la Alianza de Obreros y Campesinos de México (AOCM), la Central Única de Trabajadores (CUT) y de los sindicatos minero y petrolero. Hubert C De Grammont, “La Unión General de Obreros y Campesinos de México” en Historia de la cuestión agraria mexicana, México, Siglo XXI, Centro de Estudios Históricos de Agrarismo en México,1998, Vol. 8.

[2] El Imparcial, 6 de febrero de 1958. (Periódico publicado en Sonora)

[3] El Imparcial, 10 de febrero de 1958.

[4] El Popular, 14 de febrero de 1958.

[5] Excélsior, 18 de febrero de 1958.

[6] El Popular, 17 de marzo de 1958.

[7] Elsa Peña y Trinidad Chávez, “Los ejidos colectivos de Cananea: lucha por la expropiación y la apropiación” Movimientos sociales en el Noroeste de México, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1985, p. 133

[8] Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1996 p.208.

[9] Antonio Alonso, El movimiento ferrocarrilero: de la conciliación a lucha de clases, México, Era, 1979 11-12.

[10] Vallejo, Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a México: orígenes, hechos y verdades históricas, México, 1967 p. 7

[11] José Luis Reyna, “El conflicto ferrocarrilero: de la inmovilidad a la acción” en Historia de la revolución mexicana (1952-1960): el afianzamiento de la estabilidad política. México, Colegio de México, 1988 p. 193.

[12] Enrique Condés, Enrique, Represión y rebelión en México (1958-1985) : La guerra fría en México. El discurso de la represión, México, Miguel Ángel Porrúa, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, tomo I., p. 23

[13] Ibid, p. 56.

[14] El 16 de abril de 1961 Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución cubana, y el 1º de mayo de 1961 anunció, ante un millón de personas reunidas en la Plaza Cívica José Martí, la constitución de Cuba en república socialista. Ante la postura del gobierno de John F. Kennedy hacia Cuba, el entonces primer ministro de la isla dijo que ellos “no ponían en peligro la seguridad de los ciudadanos norteamericanos ni de su nación; son ellos, con su política de jugar a la guerra, los que se ponen en peligro y, como dice el Gral. Lázaro Cárdenas, pueden provocar que Nueva York se convierta en una Hiroshima”. Asimismo, reiteró la disposición del gobierno cubano de discutir “en un plano de igualdad con los EU, a fin de llegar a una solución pacífica de sus problemas”, pero con la condición que no se pusieran a discusión asuntos de política interna de Cuba. Marifeli Pérez-Stable, La Revolución Cubana: Orígenes, desarrollo y legado, S.L., Editorial el Colibrí, 1998, p. 141 y Política, 15 de mayo de 1961, p. 27.

[15] Ibid, p. 23.

[16] Timothy P. Wicham-Crowley, 1992, Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimens since 1956, New Jersey, Princeton University Press.

[17] Idem.

[18] Barry Carr, La izquierda mexicana en el siglo XX; México, ERA, 1996.

[19] Política, 15 de marzo de 1961, p. 5.

[20] Idem.

[21] Política, 15 de marzo de 1961, p. 6.

[22] Ibid, p.27.

[23] “Documentos de la Conferencia latinoamericana por la Soberanía nacional, la Emancipación Económica y la Paz”, Política, 1° de abril de 1961, p. III.

[24] Idem.

[25] Ibid. p. V.

[26] Idem.

[27] Ibid. p. VIII-XI.

[28] Ibid., p. XI.

[29] Ibid, p. XV.

[30] Por fuerzas democráticas se referían a “a los trabajadores, hombres de campo, los estudiantes, los estudiantes y los demás sectores sociales auténticamente nacionales y progresistas.

[31] Leda Arguedas, “El Movimiento de Liberación Nacional”, Revista Mexicana de Sociología,1977, p. 233.

[32] “Programa del Movimiento de Liberación Nacional”, Política, 15 de septiembre de 1961., p. III

[33] Ibid., pp. V-VI

[34] Ibid., p. VI.

[35] Ibid, p. XI

[36] Idem.

[37] Ibid, p. II.

[38] “Programa del Movimiento de Liberación Nacional”, Política, 15 de septiembre de 1961, pp. I-II.

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El pueblo instituyente. El partido-movimiento como forma política (una introducción).




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El pueblo instituyente. El partido-movimiento como forma política (una introducción).

 

Adrián Velázquez Ramírez

 Una forma híbrida

El triunfo del movimiento encabezado por Andrés Manuel López propició una interesante renovación de la agenda de discusión pública. Esto ha significado un cuestionamiento a los supuestos que funcionaron como guía del proyecto de democratización que dominó por lo menos los últimos 40 años. Tópicos que se habían erguido como verdaderas certezas ahora son sospechados de ser parte de un pasado que se quiere dejar atrás. Como en todo proceso de cambio, sin embargo, la crítica y la voluntad de avanzar suele ser más nítida que los criterios que orientan esa transformación. La única manera de despejar los peligros que Antonio Gramsci atribuía a ese interregno en el cual “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de surgir” es, precisamente, reflexionando colectivamente sobre los principios que deben orientar esta nueva etapa de lucha por la democracia.

Uno de los tópicos que merece ser discutido ampliamente tiene que ver con la función del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). No es un tema menor. Más allá del liderazgo del presidente, la posibilidad de contar con una institución que exprese y de forma a esta voluntad de transformación democrática es una de las garantías que tenemos para asegurar la continuidad del proyecto popular iniciado en 2018.

¿Morena debe ser un partido o un movimiento? La pregunta planteada en forma de disyuntiva no rinde tributo a la complejidad del asunto. Si uno repasa los antecedentes históricos de los partidos políticos, en un principio ambos componentes resultaban virtualmente indistinguibles. Los clubes, comités y locales partidarios funcionaban como una genuina institución comunitaria, cumpliendo un rol pedagógico y de formación de solidaridades horizontales. Otro momento clave en este sentido es la emergencia de los partidos socialistas en Europa. Tal vez el caso más emblemático haya sido el Partido Socialdemocrata Alemán, en sus orígenes estrechamente vinculado a un conjunto muy variado de instituciones sociales: la cooperativa, la mutual, las casas culturales, el sindicato, formaban parte de un entramado común. En otro lado hemos señalado la potencia democrática que todavía aloja este sentido original del concepto de “democracia social”.

La posterior profesionalización y especialización convirtió a los partidos en elementos indispensables de la democracia electoral. Sin embargo, esto tuvo como correlato que sus dirigencias ganaran autonomía respecto a sus bases y en gran medida abandonaran sus raíces societales. Actualmente poco y nada queda de su primigenia formulación. El hecho de que la problemática “partido o movimiento” tienda a plantearse como una disyuntiva es el síntoma de que algo irrecuperable se perdió en el camino.

Descartando la formulación dicotómica, lo que se impone es precisar los principios y criterios que pueden habilitar el trazado de un vínculo entre ambos elementos. En suma, se trata de reflexionar sobre una forma híbrida: partido y movimiento.  Si bien la discusión sobre el partido-movimiento no es para nada nueva, en las últimas décadas ha ganado notoriedad con la aparición organizaciones que, en respuesta a la hegemonía neoliberal, ensayaron diversos mecanismos institucionales con el objetivo de formar una voluntad democrática desde abajo y que resulte tan efectiva como plural y participativa. Objetivo ambicioso que marca el horizonte de intervención del presente texto.

Para abordar la cuestión, nos proponemos precisar la lógica política que domina a cada uno de estos institutos. A partir de ahí, identificaremos cuál es el punto de convergencia entre ambos y que puede servir como plataforma para diagramar esta forma híbrida.

Dos lógicas políticas

En su formulación contemporánea, la principal función del partido político es la de competir por cargos electivos y participar en la formación de una voluntad del Estado que se expresa en acciones de gobierno, leyes y políticas públicas. Dicho de otro modo: lo que define al partido político es su relación con la representación política. Es por ello que resulta inevitable que disponga de una burocracia, pues la centralización de ciertas funciones es un medio efectivo para lograr la unidad de la acción política, cuestión indispensable para que el partido alcance sus objetivos. La mayor o menor apertura a la participación de sus militantes y el trabajo de base es una importante diferencia de grado, pero no cambia la naturaleza de su instituto: representar.

El concepto de movimiento es más difícil de precisar. Por ahora podemos admitir que su función principal no es la de representar sino la de generar algún esquema de participación entre sus miembros, dándose para ello un repertorio muy variado de dispositivos de coordinación y concordancia de esfuerzos. Es indispensable distinguirlo de la simple “corriente de opinión pública”, fenómeno en el cual, si bien se puede observar algún tipo de identificación transpersonal, no implica necesariamente una organización. Nadie en su sano juicio diría que la opción mayoritaria de una encuesta es un movimiento político. Lo que distingue al movimiento es precisamente su capacidad autónoma para organizar los esfuerzos de sus participantes. 

El interés general como hecho social total: representar y organizar

A partir de esta sintética descripción podemos precisar qué tipo de lógica política predomina en un partido político y cual lo hace en un movimiento político. Mientras que en el primero se trata de participar en la formación de la voluntad del Estado vía la representación política, en el segundo lo fundamental es poner en marcha procesos de auto-organización social. Como es fácil de advertir en la experiencia histórica, ambas lógicas pueden entrar en contradicción. Y a menudo lo hacen.

En el ejercicio de la representación política siempre hay que tomar en cuenta la correlación de fuerzas, los procesos de negociación con otros factores de poder y ni hablar de los límites materiales que impone la difícil tarea de gestionar el Estado. Cuando se asume con vocación democrática, el mandato representativo se ve obligado a ponderar las demandas e intereses singulares en consideración del todo social. El interés general no es nunca una cualidad idéntica y común a todos. Por el contrario, este siempre se articula como un complejo compuesto de naturaleza polémica. Por lo tanto, no es una realidad “a descubrir” sino la resultante de un proceso de construcción política. Para lograrlo, el partido se otorga cierta libertad de acción respecto a las propias opiniones de sus representados. Sin este margen de maniobra difícilmente podrían cumplir su propia función representativa. Gobernar esta distancia es siempre un aspecto delicado de la política democrática ya que siempre invita a la catástrofe. 

En un movimiento, por el contrario, el objetivo que predomina es el de lograr cierta concordancia entre la organización y sus miembros. Su ámbito de intervención resulta mucho más acotado ya que su acción se puede circunscribir a ciertas demandas, problemáticas o bien a sectores y territorios de la vida social específicos. Es el principio de autonomía y no el de representación el que tiene prevalencia. Esto no implica que un movimiento pueda alcanzar una magnitud nacional, pero en el momento que se plantee participar en la formación de la voluntad del Estado, es decir, que busque traducir sus objetivos en acciones de gobierno, se verá enfrentado a todos los dilemas de la representación. Para poner un ejemplo: en España es la distancia que une y separa al movimiento del 15-M con la formación de Podemos.

Sin embargo, desde su propia lógica política, los movimientos y sus organizaciones sociales también participan en la construcción de este interés general (complejo, compuesto y polémico) al que nos hemos referido. Toda organización social colabora a este fin no sólo ayudando a expresar el conflicto social, sino también conciliando los intereses contrapuestos entre sus miembros, tejiendo lazos de solidaridad y ofreciendo diferentes servicios a la comunidad (Gurvitch). Todo proceso de organización social favorece las condiciones de integración de una comunidad política de carácter nacional.

Podemos identificar aquí un punto de convergencia que nos permite pensar la posible articulación entre partido y movimiento. En la construcción del interés general, sin duda el Estado desempeña un papel importante, pero no exclusivo. Los movimientos y sus organizaciones cumplen también un rol en este sentido. Representar y organizar son dos facetas de la construcción del interés común y, a condición de que se asuman las inevitables tensiones entre ambos aspectos, pueden coexistir en un mismo instituto político.

Más allá del partido de mayorías

Teniendo en cuenta la diferente lógica que predomina en un partido y en un movimiento, así como el punto en el cual ambos convergen, nos preguntamos qué significa pensar a Morena como bajo la forma hibrida partido-movimiento. Si la discusión tiene algún sentido profundo es porque lo que está en juego es alguna modalidad de institucionalización del vínculo entre ambos componentes.

Para decirlo de la forma más clara posible. Si pensamos que la relación entre movimiento y partido se agota en la capacidad de este último de representar una corriente de opinión mayoritaria no hay mucho más que decir ya que nos ubicamos dentro de los parámetros normales de lo que se espera de un partido político. La cuestión gana en complejidad si, por el contrario, con este debate nos proponemos pensar los soportes institucionales que aseguren el vínculo entre una estructura partidaria que participa en la formación de la voluntad estatal con organizaciones sociales relativamente autónomas pero conectadas –vía el partido– con el ámbito de representación política.

En este sentido coincidimos con Nico Sguiglia cuando afirma que el objetivo no debe ser otro que discutir modelos organizativos que respondan a “desafíos considerados urgentes: desborde de la forma partido tradicional, despliegue instituyente hacia lo social, inhibición de tendencias burocráticas y centralistas, creación de mecanismos que promuevan la democracia y la pluralidad internas, articulación y construcción de una hegemonía en común con otros actores”.

 El pueblo instituyente

Entonces ¿cuál podría ser la función de un partido-movimiento? Una posible dirección de respuesta la encontramos en la idea de “pueblo instituyente”. Para precisar el ámbito de acción que indica este concepto, es conveniente diferenciarlo de la doctrina del poder constituyente, tal como fue formulada por Sieyès en la Revolución Francesa y que sigue funcionando como la matriz que inspira su sentido constitucional actual. 

En nuestra Constitución, la doctrina del poder constituyente aparece expresado de manera nítida en el artículo 39°. Ahí se establece que, por su calidad de sujeto soberano, “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Ahora bien, la paradoja de esta doctrina revolucionaria es que, al mismo tiempo que dota al pueblo de una decisión radical, también le asigna una función puramente extraordinaria: su actuación se circunscribe a un momento que, despojado de toda normatividad previa, crea, altera o modifica la forma de gobierno que el mismo se ha dado. De ahí que, siguiendo la lógica de este concepto, el momento de decisión del pueblo conduzca inevitablemente a una nueva Asamblea Constituyente. Una vez que se han establecido los nuevos parámetros de organización política, el pueblo vuelve a un estado de latencia. Asemejándose al Popocatépetl, la función constituyente siempre amenaza con resurgir aun cuando en la superficie nos parezca dominar una tensa calma.

La idea del pueblo instituyente parte de otras premisas. Y si bien no representa una negación de la doctrina del poder constituyente, sí que tiene un alcance y una naturaleza diferente. Asumir al pueblo como una potencia instituyente quiere decir transformarlo en una acción permanente de gobierno. Al reconocer la capacidad de actuar del pueblo precisa que su potencia se sostenga en instituciones y organizaciones que habiliten su participación directa en los asuntos que le atañen. No se trata de instituir un gobierno en el nombre del pueblo como en el caso de la república representativa, sino de establecer una genuina democracia en tanto gobierno del pueblo por el pueblo. Como potencia instituyente, la actuación del pueblo no es extraordinaria sino regular y constante. De ahí que no se exprese como un momento unitario de decisión sobre la forma de gobierno, sino bajo una pluralidad de organizaciones y mediaciones de autogobierno que es necesario inventar. 

Algunos autores como Antonio Negri, si bien valoran positivamente la idea de un pueblo instituyente suelen ser bastante críticos del principio de representación política, al que interpretan como una simple confiscación de la voz del pueblo. En el fondo, lo que caracteriza la posición autonomista radical es la negativa a pensar una forma de Estado capaz de responder a las exigencias de la potencia instituyente del pueblo.

Encontramos aquí un posible desafío teórico y práctico al que un partido-movimiento debería estar en condiciones de responder. Usar la representación política para instituir al pueblo como un actor político genuino, con capacidad de organizarse con, pero también más allá del Estado. Cuestión que supone reinventar al propio Estado para que este se abra a lo social instituyente.

En 1954, durante su intervención en la apertura de sesiones del Congreso, el presidente argentino Juan Domingo Perón trazaba con claridad sumaria lo que significa hacer del “pueblo instituyente” una verdadera voluntad de (co)gobierno:

“La única posibilidad de conciliar el gobierno con la libertad del pueblo es gobernar con las organizaciones del pueblo. Es la única forma por medio de la que el gobierno puede arbitrar soluciones justas para las organizaciones del pueblo, para su felicidad y para su grandeza (…) No se gobierna para el pueblo si no se gobierna con el pueblo. Para gobernar con el pueblo se necesita, señoras y señores, esto que nosotros poseemos en principio: una comunidad organizada. Es cierto que resulta, sin duda alguna, mucho más difícil gobernar con el pueblo…porque entonces el gobierno debe hacer con justicia “lo que el pueblo quiere” y no puede servir otro interés que el del pueblo.”

El principio federativo

Si bien nuestro propósito no es por ahora hacer una reconstrucción histórica de la forma partido-movimiento, es importante reconocer que ésta tiene antecedentes históricos importantes. En América Latina, el tópico tiene sus propias credenciales. En el México de Lázaro Cárdenas la creación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) fue una apuesta fugaz de articular ambos elementos que, sin embargo, terminó en la subordinación de las organizaciones sociales al Estado. Más recientemente, la experiencia del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia ofrece un caso exitoso del cual todavía es posible sacar muchas conclusiones. También podemos encontrar en el gobierno de Lula en Brasil algunos elementos interesantes para recuperar. Como lo han mostrado Francesco Callegaro y Alexandre Roig, la incorporación de organizaciones sociales en tareas de gestión en el gobierno de Alberto Fernández en Argentina abre un interesante campo de experimentación que los autores vinculan a un horizonte instituyente y a la idea de un Estado ampliado con participación de movimientos sociales. También resulta indispensable hacer una sopesada lectura crítica del proceso venezolano que nos permita distinguir lo accidental de lo estructural en su actual devenir.

Sabiendo que no hay recetas prefabricadas, un análisis consecuente de la experiencia histórica disponible debe examinar los esfuerzos para darle al partido-movimiento un ropaje institucional concreto. Esta es también la pregunta que debe guiar el debate sobre la función que debe tener Morena de cara al futuro, siempre teniendo en cuenta la especificidad de la constitución social de México, su pesada herencia poscolonial y su pluralismo jurídico. 

Si bien sólo nos limitaremos a señalarlo, dejando para otro momento un desarrollo más completo, considero que en la idea de “federalismo social” podemos encontrar claves importantes para pensar formatos de organización adecuados para un partido-movimiento. En el vínculo federalista, cada organización social mantiene una autonomía relativa que en última instancia se ratifica en la posibilidad de abandonar la alianza.  Si bien se puede ubicar ahí una instancia de acción unitaria que guarda para sí ciertas prerrogativas relativas a la conducción política, en la alianza federal ésta encuentra importantes condicionamientos y límites. Entre las partes que se articulan bajo el principio federalista, el dialogo y la discusión no es coyuntural sino parte esencial del funcionamiento del ensamblaje.

Luego de un dominio neoliberal que durante lustros colonizó la imaginación política de nuestras fuerzas nacionales es urgente explorar este tipo de agregación de voluntades, sacando a la luz la filosofía jurídico-política que permite darles una realidad material, así como reflexionando sobre las ideas-guía que pueden colaborar a la construcción de un futuro democrático.  

 




Notas sobre la autogestión académica de José Revueltas




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Notas sobre la autogestión académica de José Revueltas

Javier Sainz Paz.

Tras cincuenta y dos años del movimiento estudiantil encabezado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), el nombre de José Revueltas sigue latente cuando se memora ese trágico año que trajo consigo la masacre de estudiantes en la plaza de las tres cultural, cientos de detenciones, y todas de vejaciones sufridas por el movimiento en la calles, escuelas, e incluso en el presidio, todo a manos del gobierno, aun ahora, impune de Gustavo Díaz Ordaz.

La autogestión académica, fue la propuesta que Revueltas planteó desde el inicio del movimiento y sin embargo ello ha quedado como una leyenda que a veces se menciona a manera de propuesta trasnochada o como solución inmediata del conflicto del 68. En realidad, fue una apuesta que buscó combinar varios elementos: 1) la capacidad del movimiento estudiantil de caminar con independencia política ante los partidos y estructuras del régimen de Díaz Ordaz y Echeverría; 2) el trazar una ruta de organización popular que incluyera a todos los sectores de la sociedad; 3) Reproducir un esquema de organización en consejos populares con la finalidad de incidir en la lucha por la democracia.

Sin embargo, será muy tarde cuando su propuesta tenga algo de resonancia. No fue sino hasta el 15 de noviembre de ese año, cuando el movimiento vive su peor momento, que Revueltas dará una conferencia, convocada por el propio CNH, sobre autogestión académica en la FFyL. Al otro día será apresado en una jornada de persecución, digna de cualquiera de sus novelas. Revueltas permaneció preso en Lecumberri hasta el 13 de mayo de 1972, cuando sale libre “bajo protesta” (que fue un tipo de perdón, sin un sustento legal, por el que la mayoría de los presos de 1968 y 1971, salieron de la cárcel).

La idea del regreso a clases tenia el fin de hacer de cada institución educativa un centro de crítica y autocrítica de la sociedad que rebasará la enseñanza de libro de texto, para que de la discusión maestro-alumno, acerca de los problemas de la realidad que contiene cada materia de estudio, surgiera un conocimiento que tuviese el propósito de transformar la realidad y no sólo contemplarla.

Se trataba de que la libertad de cátedra y de la autonomía dejaran de ser letra muerta y tomaran un sentido activo. No se trataba de crear autogobiernos o alterar los contenidos de los planes de estudio, sino de pasar de la crítica académica que se hace en las aulas, a la transformación de la realidad.

Ejemplo de todo ello es para Revueltas, el hecho de que, en 1958, en el pleno del Consejo Universitario de la UNAM, un catedrático de la Facultad de Derecho expuso que el “artículo 145 del Código Penal negaba el espíritu de la Constitución y era un atentado contra la libertad, la democracia y los derechos del individuo” (Revueltas, 2003: 120). Entonces nuestro autor cuestiona el por qué entonces la UNAM no hizo nada, ni en su conjunto se solidarizó con el movimiento estudiantil de 1968, si ella misma había caracterizado a este artículo del código penal como contrario a un sistema democrático: “No lo hizo por cobardía y oportunismo y porque los estudiantes no pudieron desatar por sí mismos una acción de masas lo suficientemente poderosa y efectiva para conducir la lucha hasta el fondo” (Revueltas, 2003: 121).

A nivel organizativo, la idea de Revueltas era crear una organización local en cada centro educativo. Partir de asambleas tripartitas de estudiantes, trabajadores y profesores que conformaran una representación ante un consejo superior que, a partir de la democracia cognoscitiva, resolviera ejecutivamente sobre los problemas del plantel. Consideraba que ello se debía reproducir a nivel local en barrios, colonias, municipios, sindicatos, y en todo lugar en donde la convivencia social desarrolle un proceso de identidad, de pertenencia, de comunidad en torno a dicho espacio, y así hasta crear consejos organizativos populares que agruparan a los otros según su sector.

Como se puede apreciar, su propuesta poco debe al anarquismo, y mucho a la experiencia consejista soviética de los primeros años de la Revolución Rusa, así como a las ideas autogestionarias-movimientistas de Rosa Luxemburgo. Sin embargo, todos estos planteamientos, Revueltas apenas los desarrolló en una serie de textos elaborados para la distribución inmediata, esquemas, apuntes y breves ensayos en donde se van perfilan diferentes aspectos de lo que concibe como autogestión académica. Todos estos son parte de los muchos desarrollos inconclusos que nos dejó.

A 106 años del natalicio de José Revueltas es necesario salir de los lugares comunes, regresar a la lectura de su obra y dialogar con ella desde nuestro propio horizonte, sin tratar de acoplar dogmáticamente sus ideas al contexto actual. Es una tarea enorme pero necesaria, pero sin la cual seguiremos repitiendo aquello que Revueltas tanto condenó del marxismo dogmático.

Bibliografía.

Revueltas, J. (2003). México 68: juventud y revolución. México: Ediciones Era.

*Publicado originalmente en La visión de los vencidos, No. 15, año 1. Lunes 30 de noviembre de 2020.




El partido como herramienta del movimiento social.




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El partido como herramienta del movimiento social.

Javier Sainz Paz

Morena nace de un gran movimiento popular que llamamos obradorismo, el cual emerge en 2004 con el intento del grupo gobernante de desaforar a AMLO e impedirle participar como candidato en las elecciones federales de 2006; dicha acción creó un descontento popular, pues en el imaginario de muchos amenazaba con clausurar la vía electoral como medio de transformación de la sociedad. Muchas son las pruebas que ha pasado este movimiento: incrustarse en una estructura burocrática y osificada como la que representaba el Partido de la Revolución Democrática; su constitución como Movimiento de Regeneración Nacional, que lo dotó de autonomía e identidad propia; un primero proceso de institucionalización como partido político en MORENA, cuya participación en elecciones locales y federales trajo la titularidad del poder ejecutivo y una mayoría legislativa. Todos estos momentos fueron atravesado por muchas coyunturas que jugaron un papel en el rumbo de los acontecimientos.

El actual momento, en donde MORENA pasó por un proceso de elección de su dirigencia no es la excepción. La principal crítica que se ha dado a este proceso considera tres puntos: 1) el INE vulneró la independencia política de MORENA al imponerle el procedimiento de encuesta y pasar por encima de sus estatutos; 2) el proceso evidenció la incapacidad de las dirigencias de ponerse de acuerdo, dando exabruptos y acusaciones de todo tipo entre ellos; 3) se habla de una división entre dos polos, los “neoliberales” y “la izquierda social en MORENA”. En lo siguiente buscaré problematizar estas afirmaciones.

En varias coyunturas, los consejeros que presiden el Instituto Nacional Electoral han dado muestra de una total imparcialidad que en muchas ocasiones perjudicó a MORENA y benefició al PRIAN. Al momento que el INE se inmiscuye en el proceso de la elección de la dirigencia, muchos recordamos la manera como se inició el conflicto en Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que derivó en la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En aquel 2009, tras las elecciones en donde se decidiría el cambio o la renovación de la dirigencia en el SME, la Secretaría del Trabajo, ante la acusación de fraude en la elección por una de las partes, negó la toma de nota a la dirigencia de Martín Esparza. El conflicto fue aprovechado por el gobierno de Felipe Calderón para asestar un golpe por la privatización del sector eléctrico, pero también creo un sisma en el SME que sacó a la luz las luchas internas, la falta de democracia y la burocratización de la organización, factores que impidieron a los trabajadores generar un frente común al ataque. Mucho hay por escribir sobre ese conflicto, pero por ahora, sirve de ejemplo para dar cuenta de los objetivos tras la decisión del INE y los peligros que se deben sortear.

Tal vez el INE haya buscado crear los escenarios de los puntos 2 y 3, es decir, mostrar a todos los miembros de MORENA como iguales a la camarillas de los demás partidos y generar una lucha interna.

Pero ¿cual hubiese sido el otro camino? ¿qué hubiese pasado si se hubiera hecho una elección interna? ¿La izquierda en Morena estaba lista para afrontar en las urnas a los conservadores en el partido? ¿La izquierda hubiese sido capaz de hacer un solo frente común? No es posible dar repuestas a estos supuestos, pero sirven para cuestionarnos acerca de la situación de las tendencias que existen en este partido y lo que se está disputando.

En días pasados, Gustavo Gordillo cuestionó que la designación del próximo candidato presidencial pasara por el partido, es decir, por el grupo en la dirigencia. Este es un escenario para considerar debido a que en el análisis de muchos acerca de las tensiones entre el partido y el movimiento, al menos hay dos elementos ausentes y de gran importancia: las grupos que desde el gobierno están actuando y creando bloques, y la acción u omisión del propio presidente.

López Obrador ha decidido no inmiscuirse en las batallas del partido y se ha colocado como un referente externo capaz de sancionar las acciones de éste; al mismo tiempo que alienta al movimiento obradorista a ir más allá del partido. Morena, aunque partido joven, que tras la elección tuvo que dejar ir al gobierno a muchos de sus mejores cuadros, ha logrado crecer, sin embargo, en el ámbito electoral tiene la tarea de lograr un proceso de transformación, para dejar de necesitar a la figura de AMLO para ganar las elecciones, así como crear una militancia capaz de llevar a cabo las tareas necesarias.

En el ámbito del movimiento social, su tarea es más grande aún. Como ya mencionamos, MORENA nace como expresión del movimiento obradorista y muestra de ello es la pluralidad de expresiones políticas que conviven en uno y otro. Sin embargo en el partido, la convivencia entre estos sectores debe pasar por canales institucionales que eviten que olviden lo fundamental: sin el movimiento social, están destinados a convertirse en otro PRI o PRD, es decir, un cascarón que alguna vez fue la expresión de la unidad de muchos sectores y que hoy es una instrumento del bloque conservador.

Es necesario que MORENA camine pensado en las particularidades concretas de los diferentes movimientos, su historia, el peso específico, sus relaciones, los problemas económicos y sociales que enfrenta. También, si desea ser la cabeza del obradorismo, requiere formular las consignas adecuadas que llamen a la movilización, no por capricho e improvisación, sino aquellas derivadas del conjunto de peculiaridades que forman una determinada situación política. Y por último, convertirse en herramienta del movimiento social, rebasar el espontaneísmo (arma de doble filo de los movimientos) y el oportunismo. Estos últimos planteamientos no son nuevos y en realidad son parte de un esquema ideal, pero no por ello deben ser olvidados, pues las tareas que tiene el partido, el movimiento, el gobierno y la figura del presidente, son titánicas.

La dirigencia actual de MORENA debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata y buscar transitar el proceso de unidad, pero también hacia su transformación para convertirse en lo que muchos esperamos que sea: una herramienta del movimiento popular.