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Narcotráfico: el comodín político de la clase media



Narcotráfico: el comodín político de la clase media

*César Martínez

(@cesar19_87)

La agresividad de esa clase media identificada con Felipe Calderón valiéndose de sucesos reales como el ‘Culiacanazo’ y también ficticios para fabricar la imagen de un México en caos (y de paso chantajear e incitar a que agentes del Ejército, Marina Armada y Guardia Nacional desacaten la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y cometan violaciones a derechos humanos) debe preguntarnos qué entiende esta franja tan peculiar de nuestra sociedad acerca de los conceptos de Estado de Derecho, legalidad, igualdad jurídica y autoridad, ya para no hablar del ‘habeas corpus’ y la presunción de inocencia.

Claro, en vista de la vinculación a proceso en Estados Unidos por contubernio con el narco por parte de Genaro García Luna, brazo derecho del ex presidente Calderón, bien podría afirmarse que se trata de simple hipocresía, de modo que el debate terminaría incluso antes de empezar. Y, sin embargo, resulta necesario analizar el uso del narco como comodín y garrote político para conocer la idea de Estado que está más allá de los nombres propios dentro del imaginario de la amplia mayoría de nuestra clase media: el despotismo, la mano dura y el uso de la fuerza bruta como solución exprés para problemáticas de índole social. En otras palabras, es la ideología de Estado que gobernó México desde de la década de los años 80 y hasta 2018.

Un buen punto de partida para desmenuzar la ideología de Estado que permeó en la clase media mexicana durante más de 30 años es el pensamiento del finado maestro Arnaldo Córdova, cuya presencia formó e informó al Obradorismo en el plano de las ideas durante los difíciles años de lucha de oposición. Suya fue la tesis central, el punto uno del Proyecto Alternativo de Nación, acerca de que “el Estado [neoliberal] se había convertido en una oligarquía, un comité al servicio de unos cuantos y por lo tanto ya no estábamos en presencia de un Estado como tal.” Para Córdova, el neoliberalismo definido como régimen de privilegio tenía dos consecuencias negativas: una, que el Estado en nuestro país se había convertido en el principal violador de la ley; y otra, que debilitando el vínculo entre poder y legalidad el Estado se tornó débil por vicio de que las negligencias hacia la delincuencia de cuello blanco a nivel de oficina (banqueros, extranjeros imperialistas, grandes evasores fiscales y traficantes de influencias) ocasionaron vacíos de poder aprovechados por la delincuencia organizada a nivel de calle. Así, el Obradorismo se fijó el objetivo de recuperar al Estado haciendo valer el Estado de Derecho en general, y el espíritu de la Constitución de 1917, en particular.

“Los mexicanos podemos gobernarnos muy bien con estas leyes”, solía decirle Córdova a López Obrador, “pero si cualquiera las lee se dará cuenta que su problema es que no se aplican.”

De esto último es tan indispensable el ideario político de Córdova: el espíritu de la Constitución del 17 de acuerdo a él representa una crítica contundente a la dictadura porfirista en cuanto a régimen de privilegio, despótico y autoritario, pero también caótico, débil y pusilánime. Podemos decir que si Arnaldo Córdova tuvo el valor de salir de su burbuja universitaria para involucrarse en el Movimiento de Transformación fue porque su área de interés escolar, la consolidación histórica del Estado mexicano a través de las instituciones legales, estaba siendo gravemente destruida por el régimen neoliberal, justo de la misma manera que el Porfirismo hizo de la Constitución de 1857 una reliquia más en el museo de la historia.

Pero, volviendo al debate frente a la base social que hoy día sostiene a la derecha en México acerca del carácter del Estado, lo que debe recuperarse de Córdova es que el régimen de privilegio (llámese Porfirismo o Neoliberalismo) históricamente se ha legitimado posicionando la narrativa del caos como el problema más apremiante en países donde las masas populares son pobres, improductivas, ignorantes, incivilizadas, violentas y anárquicas, como sostenían científicos e intelectuales porfiristas como Justo Sierra o Emilio Rabasa. En el diálogo con ellos, el maestro Córdova reconoce que el derecho sin fuerza se reduce a precepto moral (con lo cual acepta la problemática de la gobernabilidad), pero también explica que un Estado que se vale de su fuerza para violar sistemáticamente la legislación carecerá de legitimidad y por lo tanto de gobernabilidad. No hay una sin la otra: “Los medios extralegales de gobierno son medios que, por muy frecuentes que lleguen a ser, no son formas permanentes o continuas de dominación.” [1]

Vale recuperar para el debate actual contra el calderonismo el tipo de Estado de Derecho proyectado por el espíritu de la Constitución de 1917 según una frase dicha por Venustiano Carranza que Córdova cita textual: “Allí donde cualquier agente de la autoridad se considera capacitado para obrar a su capricho, que no tiene freno que lo contenga en sus arranques de ira, ni sentimiento que lo impulse a ver en los demás hombres, seres que merecen respeto, y que es precisamente para hacer guardar éste a los reacios, a los refractarios a toda idea de derecho, para lo que la autoridad pública es necesaria, allí, repito, no puede haber más que anarquía que es la tiranía desordenada de muchos, o despotismo que es la tiranía de uno solo.”[2]

El eco de Arnaldo Córdova se escucha claramente cuando se dice que “la paz es fruto de la justicia” y que “no se puede apagar el fuego con el fuego”: la Constitución y sus leyes reglamentarias dictan los límites del Estado en el uso de la fuerza bajo el principio de la gobernabilidad como resultado de la aplicación de la ley sin discriminación de clase social. Viéndola así, la clase media calderonista carece de cultura del Estado de Derecho por partida doble, pues degrada el poder del Estado al uso arbitrario de la fuerza bruta, y además se vale del narco como imagen ideológica que oculta su obsesión por reprimir y dirigir la violencia política contra la gente del Pueblo. Sin educación en términos de legalidad y ‘habeas corpus’, estamos lidiando con todo un sector de la sociedad mexicana cuya ideología de Estado consiste en exigir que sean otros y otras quienes peguen y reciban los garrotazos.

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en Literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.

[1] Córdova, Arnaldo (1972) La Formación del Poder Político en México, página 92.

[2] Venustiano Carranza en Córdova, Arnaldo (1973) La Ideología de la Revolución Mexicana: la formación del nuevo régimen, página 243.




De Ortega y Gasset a Chumel Torres: humor y barbarie



De Ortega y Gasset a Chumel Torres: humor y barbarie

César Martínez (@cesar19_87)*

El sistema insistía en que “las utopías habían muerto” y se vivía “el fin de la Historia.” Coexistía la fetichización de la alta tecnología con nuevas formas de barbarie.

José Agustín, Tragicomedia Mexicana 3 

Aunque parece un chiste sin sentido, el Felipe Calderón que durante sus años en la presidencia de México citaba frases del ideólogo español José Ortega y Gasset para darse aires de hombre culto, es el mismo Felipe Calderón que en el México post-2018 cita tuits del influencer Chumel Torres. Hallar el sentido al chiste consiste en encontrar la tierra común, una misma filosofía de la cultura, representada tanto por Ortega y Gasset como por Chumel, cuyo objeto político es crear un nuevo tipo de persona, sin sensibilidad para la “vieja política de ideas y principios”, pero con la sensibilidad para una “nueva política del placer, el deleite y el entretenimiento.” El prototipo de esa nueva criatura sería el Calderón filósofo y el Calderón tuitero, que son el mismo Calderón.

Arturo Barea, escritor español republicano exiliado en Inglaterra y autor de la magnífica trilogía La Forja de un Rebelde sobre la corrupción de las élites que llevó a España a la catástrofe, no dudó en tachar a Ortega y Gasset de ser un intelectual mediocre, confeccionador de “racionalizaciones eruditas mediante las cuales los conservadores pueden seguir ignorando no solo la actual situación económica y política, sino también otros valores humanos más importantes.” (p.247) La crítica de Barea contra Ortega y Gasset mantiene su vigencia aún hoy, pues lo acusa de simular; lo cual representa una crítica análoga en el caso de las y los Chumeles: valerse de expresiones culturales como la comedia y el humor para disimular una militancia política basada en la deshumanización de los pobres y los humildes.

Para crear este nuevo ser insensible a las ideas y las abstracciones, es decir, desilusionado de los antiguos ideales y utopías como la justicia, la libertad, la beatitud y la belleza; pero sensible a estímulos orgánicos o “imperativos vitales” como el deseo, la voluptuosidad y la autoindulgencia, Ortega y Gasset necesita bajar la razón al mismo nivel de la respiración o la digestión. Así lo hace en su ensayo El Tema de Nuestro Tiempo, donde señala que el fracaso de la cultura humanista abanderada por la Ilustración (cuya rigidez, según él, es atributo de los cadáveres), es haber hecho idolatría y divinizado las ideas políticas en una forma parecida a la que el cristianismo hizo con la idea de Dios. Su punto, dice, es “someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo… La misión del tiempo nuevo es precisamente convertir la relación y mostrar que es la cultura, la razón, el arte, la ética quienes han de servir a la vida” (p. 60). Cultura, para él, es una relación entre funciones fisiológicas y leyes objetivas convirtiendo al deseo en la caja registradora del entusiasmo: es una nueva sensibilidad que rompe las trabas de la ética y la moral. La cultura ortego-gassetiana de la vida espontánea consiste, pues, en darle al cuerpo lo que pida. Atender al estómago, abrir la garganta, alzar la copa y decir salud.

Para defenderse de quienes, como Arturo Barea, podían acusarlo de ser anticultural (de inventar racionalizaciones eruditas para desvalorizar el valor de la cultura), Ortega y Gasset se presentó simultáneamente como el crítico de lo viejo y lo tradicional y promotor de una nueva cultura orgánica, asumiendo ese tono beligerante, estigmatizante contra personas adultas mayores, mujeres humildes, grupos lingüísticos y personas que viven con discapacidad que las y los comediantes de derechas suelen hacer pasar por humor negro, irreverencia o incorrección política. Alguna vez Ortega y Gasset llegó a declarar que le parecía “impía burla conceder autonomía a los paralíticos”.

Junto a esta hostilidad cultural, añadió un discurso “cosmopolita” banalizando la soberanía y la cultura españolas con expresiones tales como “El caso de España es bien claro: … nuestra inteligencia étnica [sic] es una función atrofiada y lo poco de temperamento subversivo que hay es reflejo de otros países.” (p.129) Sobre esta línea presuntamente cosmopolita, Ortega y Gasset tomó elementos del debate filosófico de la Alemania del siglo 19, tal como la palabra Gegenstand, con el propósito de avanzar la nueva sensibilidad. Él mismo explica que “la cultura se ha objetivado, se ha contrapuesto a la subjetividad que la engendró. Ob-jeto, “ob-jetum”, “Gegenstand” significan eso: lo contra-puesto, lo que por sí mismo se afirma y opone al sujeto como su ley, su regla, su gobierno” (p.52). Páginas más adelante, distingue la doble existencia de las cosas entre Gegenstand como “la estructura de cualidades reales que podemos percibir” y Objekt como “estructura de valores que solo se presentan a nuestra capacidad de estimar.” Ejemplifica esta diferencia aludiendo a las pinturas de El Greco o de Manet: es posible ver la tela, las líneas y los colores (el Gegenstand), pero solo los “genios del estimar” pueden apreciar la belleza de la obra (el Objekt). De modo que Ortega y Gasset establece que únicamente las élites con su subjetividad, que él denomina “clases abstractas”, están facultadas objetivamente para estimar cosas superiores. Por ende, solo las élites tienen autoridad cultural. Así, el pensamiento de Ortega y Gasset contempla fabricar un sistema sin utopías ni valores universales, cuyo principio dinámico se reduce al acto de satisfacer al cuerpo humano entreteniendo sus deseos y repulsiones. Es cultura, dice él, para el “vulgo retardatario”. Yo hago televisión para jodidos, mencionó alguna vez el dueño en México de una famosa televisora.

Más allá de debatir si una cultura sin las utopías de la dignidad o la igualdad no es más bien un proceso de corrupción y decadencia, el pensamiento de Ortega y Gasset sufre una contradicción de base: el nuevo tipo de persona sin escrúpulos ni ideales, pero sensible al deleite espontáneo, es una persona caracterizada por la pasividad. Al tomar el binomio Gegenstand-Objekt sin mayor elaboración, este intelectual español no se percata de que Karl Marx ya lo había cuestionado en su primera tesis sobre Ludwig Feuerbach: “La falla fundamental de todo el materialismo precedente reside en que solo capta la cosa (Gegenstand), la realidad, lo sensible, bajo la forma del objeto (Objekt) o de la contemplación (Anschauung), no como actividad humana sensorial, como práctica…” La clave, aquí, es que Ortega y Gasset comprende los actos eficaces de desear o estimar como actos de contemplación alrededor de un Gegenstand plano, sin mediación de facultades específicas de la razón tales como la memoria, la imaginación, el aprendizaje o el diálogo, por las cuales es posible y de hecho se transforma al Gegenstand colectivamente: la actividad práctica como la verdadera y auténtica cultura surgida desde abajo; que Marx llamó actividad revolucionaria con consciencia de clase.

Para Ortega, en claro contraste, la subjetividad es física e individual, no histórica ni social.

A manera de ejemplo, consideremos cómo la comedia política dominante en México funciona a través del error de Ortega y Gasset señalado arriba, que suele llamarse error de “empirismo” porque considera, por un lado, que solo lo que se experimenta se conoce y, por el otro, que la razón no aspira a descubrir el movimiento de fuerzas políticas y económicas detrás del objeto de contemplación.

Con la imposición de la narrativa de la “transición democrática” del año 2000 por parte de grupos mediáticos e intelectuales, proliferaron sketches y shows de “parodia” con las figuras del presidente Vicente Fox o de otros personajes de diversos partidos políticos en situaciones así llamadas “chuscas”, como el juicio de desafuero manipulando instituciones del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el 2005. Aquellos programas de parodia jamás superaron el nivel empírico porque se trata de una forma cómica que opera mediante la imitación de rasgos físicos de personas de carne y hueso: el color de piel, la forma de hablar, el peinado, etcétera. Es decir que la “caracterización” (objeto de intuición sensible) acaba funcionando como un dispositivo que limita el espacio de interpretación política tanto para el público como para el artista.

A 20 años de distancia, cualquier comediante, standupero o influencer obsesionado con presumir su “objetividad”,( traducido como que “se burla o critica a todos por igual”), basa sus actos en convertir a los políticos en Objekt u objeto de contemplación sin ser capaz de decirnos nada acerca del Gegenstand histórico: el Estado y su relación material con la economía política. A fuerza de convertir al presidente o a cualquier otra figura pública en un objeto forzado de parodia o caricatura, el humorista reaccionario en el fondo va haciendo una labor de zapa contra la idea de la política como el lugar donde se debate y reflexiona la organización de la sociedad. Por tanto, refritea el recurso de trivializar la política y, además de perder talento, pierde objetividad. Cancela la vía de la participación y apunta a las falsas salidas de la indolencia y/o la violencia. De ahí su pasividad.

Siniestramente, el objeto oculto que es disimulado por la cultura de la banalidad propuesta por Ortega y Gasset, esto es, el Estado, se convierte en el objeto invocado por el mismo Ortega y Gasset para crear a la nueva persona apolítica y apartidista. Sin otra función básica que la contemplación, esta clase de persona ni puede autocrearse ni puede subvertir los valores clásicos de la libertad, la democracia y la soberanía popular por los valores “espontáneos”de la complacencia, el goce y el agasajo: es necesaria la operación de Estado para disciplinar y castigar la diferencia a través del ridículo y la burla, (la comedia política dominante), situaciones que Ortega y Gasset sugiere llamándolas de “ortopedia” y “ablandamiento.” Así se desprende de los ensayos El Ocaso de las Revoluciones y La Reivindicación de las Provincias. En el primer texto, él describe un mundo huérfano de moral, una Europa desmoralizada donde quienes antes entregaban la vida luchando en las barricadas por la justicia o la igualdad hoy deben parecernos simples bobos que murieron por nada (p.120). En el segundo, nuevamente se basa en el binomio GegenstandObjekt para colocar al Estado como objeto de deseo y máquina disciplinadora (en manos de las “clases abstractas”) que ablanda al Gegenstand, entendido ahora como las formas de convivencia entre las personas dentro de la sociedad (p. 23). De esta manera con el correr de las páginas, Ortega y Gasset se la pasa insultando y ridiculizando al Pueblo de España, “parodiándolo”, como el “buen labriego tosco, indotado, lleno de prejuicios arcaicos, sin técnicas contemporáneas, sin espíritu emprendedor” para quien “las cuestiones de Estado pasan por encima de su cabeza como las nubes viajeras sobre la cima de las encinas” (81-82).

Deleitarse y hacer escarnio de la marginación social, política y económica de otras personas, según la cultura del entretenimiento de deseos y repulsiones en el pensamiento de José Ortega y Gasset, descubre el germen de un Estado corrompido, sin ideales ni principios. Es lo que Arturo Barea vislumbró al decir que detrás de una racionalización erudita estaba la cuestión fatal de una convivencia entre seres huérfanos de moral; crítica certera tanto en la España de aquella época como en el México actual, donde los payasos sin gracia siguen aferrándose a un escenario cuyo protagonista siempre ha sido el Pueblo. Reemplazando la subjetividad física e individual de las élites por una subjetividad histórica y social, se aprecia cómo la comedia de derecha ha pretendido burlarse de los valores característicos de la grandeza cultural de México como lo son la solidaridad familiar y vecinal, el gusto por el trabajo práctico y la sátira popular; esto, con el fin de imponer la hegemonía del interés de grupo, la falta de ética profesional y laboral y la humillación contra quienes son diferentes. La cita del escritor y periodista mexicano José Agustín al inicio de estas líneas me parece la mejor forma de concluirlas: una cultura sin utopías, y una vida sin cultura, no son en realidad sino nuevas formas de barbarie.

*Maestro en relaciones internacionales por la Universidad de Bristol y en literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.

Bibliografía:

Barea, Arturo (2019) La Forja de un Rebelde, [edición de Francisco Caudet], Cátedra: Madrid.

Ortega y Gasset, José (1967) La Rebelión de las Provincias, Alianza: Madrid.

— (1945) El Tema de Nuestro Tiempo, El Ocaso de las Revoluciones y otros ensayos, Espasa-Calpe: Buenos Aires.

Ramírez, José Agustín (2016) Tragicomedia Mexicana 3: La vida en México de 1982 a 1994, DeBolsillo: Ciudad de México.

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Marihuana: del prohibicionismo a la regulación



Marihuana: del prohibicionismo a la regulación

Job Hernández

La guerra contra las drogas

2006 fue un año clave para México. Allí comenzó la espiral de violencia en la que seguimos metidos hasta la fecha. Como los especialistas han señalado reiteradamente, la causa principal del brusco y espectacular incremento en los homicidios en el país fue la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón. No es que antes la violencia fuera inexistente, pero era significativamente menor y los indicadores sobre el tema –el número absoluto y la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes– tenían dos décadas de sostenido descenso. A la decisión de Felipe Calderón le debemos el descalabro de esta trayectoria: donde sea que puso en práctica su estrategia, los números se incrementaron dramáticamente, región por región, estado por estado. El saldo final fue un excedente de poco más de 175 mil muertes violentas que probablemente no hubieran ocurrido sin su “ofensiva”. 

Esta espiral de violencia fue general, pero tuvo un sesgo etario y de género muy marcado. Una buena parte de las víctimas fueron jóvenes. Como documentó un informe del Banco Mundial, el 38.2 por ciento de los homicidios en México durante el sexenio de Calderón correspondieron a personas en el rango de edad de 10 a 29 años; asimismo, la evolución de la tasa de homicidios juveniles experimentó un salto estrechamente vinculado a la tasa general, con un punto de inflexión en 2007, para finalmente superarla a partir de 2008. Las muertes juveniles ligadas estrictamente a la guerra contra el narcotráfico siguieron un comportamiento similar. De acuerdo con cifras oficiales, los jóvenes de 16 a 30 años representaron el 43.9 por ciento de las muertes por presunta rivalidad delincuencial ocurridas entre 2006 y 2010.

Igualmente, la trayectoria de la violencia contra las mujeres tiene una estrecha correlación con el clima de violencia generalizada provocado por la guerra contra el narcotráfico. La evolución de la tasa de homicidios de mujeres siguió muy de cerca a la evolución de los homicidios en general. El número  de mujeres asesinadas y la tasa por cada cien mil se disparó y se volvió un problema grave en el 2007, cuando inició la ofensiva militar de Calderón. Esto no significa que la violencia contra las mujeres –sobre todo en su forma extrema de asesinato– no existiera antes, pero la dimensión del problema es significativamente menor y su trayectoria en los años noventa y hasta 2006 era descendente. A la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón le debemos la mayor parte del problema de las muertes de mujeres en México a partir de 2006.

La solución del problema juvenil y de la violencia contra las mujeres, en buena medida, atraviesa por el fin de la guerra contra las drogas. Y así con muchos otros grandes problemas nacionales.

El chivo expiatorio

¿Con que argumentos se inició una política de estado que privilegió el enfrentamiento armado y nos condujo a la situación trágica en que vivimos? Uno de los argumentos centrales fue el supuesto incremento en el consumo de drogas entre la población mexicana, sobre todo de drogas duras. La idea presentada por Calderón en 2006 fue que México se había transformado en un país consumidor de sustancias peligrosas antes que en un mero territorio de trasiego. 

Y en efecto, si tomamos desprevenidamente las cifras generales en los últimos años el número de consumidores de sustancias adictivas aumentó significativamente, pero una porción importante se refiere a drogas legales como alcohol y tabaco. Y en el caso de las drogas ilegales se trata, ante todo, de mariguana, cuyo consumo efectivamente también aumentó en las dos décadas más recientes.

En el caso de la cocaína, que es la segunda droga ilegal más recurrente en México, su consumo también se ha incrementado pero menos significativamente. Por el contrario, el consumo de heroína, estimulantes tipo anfetaminas y drogas de uso médico se ha mantenido estable.

Así que el argumento de Felipe Calderón era parcialmente cierto y, por tanto, completamente inadecuado para una política de drogas como la que se siguió. No había un incremento en el uso de drogas duras. Lo que estaba sucediendo era un reposicionamiento cultural con respecto del consumo de marihuana, que se volvió cada vez más aceptable y popular.

Además, que los mexicanos consumieran cada vez más cannabis no era ni es un problema de salud pública de primera línea. De las miles de muertes por trastornos mentales y del comportamiento derivados del uso de sustancias adictivas, la abrumadora mayoría se relacionan con el consumo de alcohol y prácticamente ninguna se deriva del uso de la mariguana. Puede que fumar mariguana no sea un hábito que agrade a todos, pero es socialmente inocuo.

En resumen, Felipe Calderón usó argumentos estadísticamente falsos, porque si bien hubo un incremento en el consumo de drogas en México, no era de drogas duras sino de una sustancia sin mayores repercusiones negativas, salvo para las castas mentes de los conservadores. Seguramente lo sabía pero optó por usar “la conversión de México en un país de consumidores de drogas” como un chivo expiatorio para una cruzada militar que tenía otras intenciones: la imposición de un estado de excepción –una dictadura en sentido estricto– como forma de gobierno efectivo ante la carencia de legitimidad con la que llegó al poder.

Hacia el fin del prohibicionismo

Quienes en la actualidad apuestan por la continuidad de la política prohibicionista que desencadenó los resultados señalados carecen de argumentos sólidos. En el debate sobre el uso lúdico de la marihuana, realizado en días pasados en la Cámara de Diputados, recurrieron a principios morales antes que a datos. Sólo pudieron ofrecer la idea de que el consumo de marihuana es la puerta a drogas más peligrosas, pero no ofrecieron pruebas al respecto. En términos de las afectaciones a la salud o los efectos sociales perniciosos, lo más destacado fue la desencaminada intervención de la diputada priista Chynthia López Castro que habló de un “viaje de cuatro días” provocado por tres mordidas a un panqué con THC porque, a su juicio, la ingesta “potencializa la potencia” de la sustancia.  La derecha quedó, así, borrada del debate.

El combate de los prejuicios prohibicionistas ha sido la tarea de un conjunto de colectivos de usuarios que desarrollaron durante años una persistente e inteligente defensa de su derecho a usar lúdicamente la marihuana. Mucho tendrían que aprender el resto de movimientos sociales y grupos de izquierda del repertorio de lucha de estos colectivos, de su paciente enfrentamiento con la llamada opinión pública y de su efectivo cabildeo ante los poderes legislativo y judicial.

A nadie más que a ellos se debe la resolución de la Suprema Corte que obligó perentoriamente a las dos cámaras a legislar con la finalidad de remover de la ley las disposiciones contrarias al libre desarrollo de la personalidad, en este caso los artículos 235 -último párrafo-, 237, 245 –fracción I–, 247 –último párrafo– y 248, todos ellos considerados inconstitucionales por el máximo tribunal de la República.

Esta resolución marcó un punto de inflexión en la política seguida por el Estado mexicano en el caso de la marihuana, lo que dio pauta a la aprobación de un Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado por el Senado (en noviembre de 2020) y la Cámara de Diputados (el pasado 10 de marzo) cuyos términos son inequívocamente contrarios a la política prohibicionista tradicional. En primer lugar porque señala a la política de drogas seguida hasta ahora por el Estado mexicano como una simple extensión de las directrices internacionales en la materia. En segundo lugar porque indica que esta política nunca demostró contundentemente que el consumo de marihuana fuera un problema de salud pública o un daño grave a la salud de los mexicanos. En tercer lugar porque acusa claramente que la guerra contra las drogas causó más estragos que las afecciones atribuidas a sustancias como la marihuana.

En esa misma dirección argumentativa, el Dictamen muestra que, a pesar de la prohibición, el consumo de cannabis no ha cesado y, por el contrario, se ha incrementado, generando que la satisfacción de la demanda se haga por medios ilegales y peligrosos, fuera de toda regulación pública. En consecuencia, el documento remata estableciendo la necesidad de un cambio de paradigma en sintonía con la experiencia internacional de despenalización y/o regulación que ha permitido el uso médico y recreativo de la marihuana en varios países del orbe. Todo indica que a México le llegó la hora de ponerse a tono con las mejores experiencias internacionales en la materia.

Los límites de la nueva legislación

No obstante, la propia Suprema Corte de Justicia señaló los límites de su resolución a los que debió apegarse el Legislativo. Por ejemplo, que la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos referidos no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de marihuana. Igualmente, que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá ser ejercido frente a menores de edad o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización. Y, finalmente, que las actividades inherentes al autoconsumo del cannabis psicoactivo para los fines señalados dependerán de la autorización que expida la autoridad sanitaria.

Estos señalamientos orientaron las nuevas disposiciones hacia un carácter regulativo y no tanto de despenalización o legalización total como querían muchos de los colectivos de consumidores. No obstante, también es necesario reconocer que la nueva legislación es, en términos prácticos, una descriminalización, aunque prudente y cautelosa, de la marihuana. Ese talente, de regulación y descriminalización gradual, es el que orientó el incremento de 5 a 28 gramos de la cantidad de cannabis permitida para consumo personal en la tabla del artículo 749 de la Ley General de Salud, al tiempo que se determinó como falta administrativa la posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis, y como sanción en el ámbito penal la portación de más de 200 gramos (en ambos casos cuando no se tenga la autorización correspondiente).

En realidad, el eje de la nueva política es que todas las personas mayores de dieciocho años pueda tener acceso al consumo de cannabis psicoactivo dentro de un marco legal, con la debida intervención del Estado que deberá tomar medidas dirigidas a proteger la salud y prevenir el consumo problemático y adictivo de la marihuana. De acuerdo con esto, la médula de las nuevas reglas es la necesidad de la regulación integral del cannabis para romper con el paradigma prohibicionista y transitar a un modelo regulatorio que contemple el uso adulto y el uso industrial del cannabis.

De allí el desencuentro parcial de muchos de los colectivos de consumidores con la nueva legislación. Su orientación libertaria no se aviene con un texto normativo fuertemente marcado por la idea de que el Estado debe recuperar su capacidad de intervención sobre espacios dejados hasta ahora al libre arbitrio del mercado, en este caso ilegal. Son dos formas de entender el mundo: la primera apuesta por la prevalencia de las prerrogativas individuales desde una perspectiva libertaria y la otra tiene en mente la salida del difícil laberinto de la violencia desde una perspectiva estatal-bienestarista. En los siguientes años, es previsible que ambas posiciones continúen dialogando respecto del tema y que la legislación siga avanzando, si un golpe de mano no nos regresa al prohibicionismo tajante de perspectiva neoliberal-conservadora. Por lo pronto la discusión es hacia adelante y al interior de las fuerzas progresistas y de izquierda.

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Notas hacia un cine de la 4T




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Notas hacia un cine de la 4T

Adrián Gerardo Rodríguez[i]

En este año se estrenó la película Ya no estoy aquí de Fernando Frías, un obra que, con tintes de docuficción y a través de la vida de un personaje de la cultura popular, aborda cómo se vivió en la ciudad de Monterrey la “Guerra contra el Narco” desatada por el expresidente Felipe Calderón. Junto con los documentales Hasta los dientes (2018) de Alberto Arnaut y La libertad del diablo (2017) de Everardo González, Ya no estoy aquí viene a cerrar una trilogía del cine que emergió en las postrimerías de la era neoliberal en México, como una herramienta de denuncia de las atrocidades generadas por la “Guerra contra el Narco”. Claro que existen más películas, pero para mi estas tres definen en grandes líneas un momento histórico y doloroso para nuestro país.

Ahora, a finales de 2020, estamos viviendo un auténtico proceso democrático impulsado por la Cuarta Transformación. El autor de estas líneas se pregunta cuánto tiempo se requiere para que aparezca una propuesta cinematográfica que retrate la construcción colectiva de este proceso histórico. Se puede ver ambicioso o descabellado pensar en el nacimiento de una corriente específica de cine de la Cuarta Transformación, como las que en su momento se impulsaron en Italia y Brasil, con el cine neorrealista o el cinema novo, cuyas obras propuestas y obras ya son universales. Sin embargo, creo que lo que estamos experimentado en México contiene valores de escala universal, de una riqueza audiovisual indudable, que da para planteárselo seriamente.

La Cuarta Transformación ha dado material para contar historias que jamás antes había sido posible contar: desde largas filas de carros detenidos por la escasez de combustible; enormes movilizaciones (como las feministas o la junta de firmas para enjuiciar a expresidentes); enfrentamientos ideológicos en los medios de comunicación entre viejas y nuevas voces; un ataque sistemático de los mismos medios de comunicación, empresarios y académicos contra el Gobierno; la entrega directa de apoyos económicos en los lugares más apartados del país donde hace décadas no llegaban ningún funcionario federal; la construcción de cien universidades que ha evitado que miles de jóvenes se conviertan en carne cañón del crimen organizado; la batalla por la representatividad del “pueblo” en el caso del Tren Maya; el rescate del presidente Evo Morales que al final salvó la democracia en Bolivia; el desmoronamiento de instrumentos de corrupción (como los fideicomisos); el rescate de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos; la encarcelación y liberación de la abogada Susana Prieto por su defensa de los trabajadores bajo la nueva reforma laboral de la 4T; la conquista de libertad sindical y de la gratuidad de la educación superior; la conformación de un bloque de gobernadores de los estados para golpear al Gobierno federal; el nacimiento de actores de ultraderecha (Frenaaa, México Libre, México Sí, los abajofirmantes); el debate entorno a “las energías limpias”; la apertura de los archivos de la Guerra Sucia; la emergencia de la democracia participativa a través de consultas populares; la batalla por la CNDH; y un largo etcétera.

Existe entonces una amalgama de temas que está siendo desperdiciada por los cineastas documentales; la memoria colectiva de estas monumentales batallas no se está registrando para la posteridad. No obstante, ha habido esfuerzos dispersos por retratar o analizar la transformación. Cabría destacar, en primer lugar, el documental En nombre de la libertad. 4ta transformación y ultraderecha, producida por el Canal 6 de julio y dirigido por se detallan estrategias de la derecha para deshabilitar al Gobierno. También está la extensa entrevista de más de cuatro horas que, cámara en hombro, Epigmeneo Ibarra realizó al presidente López Obrador, y donde los interiores de Palacio Nacional se convierten en un personaje majestuoso. Otro documental más sería Patria, dirigido por Matías Gueilburt y protagonizado por Paco Ignacio Taibo II, en el que si bien trata un heroico tema decimonónico, su narrativa alimenta la épica de la Cuarta Transformación. Finalmente, podría incluir aquí el cortometraje Ayotzinapa: 5 años sin respuesta, dirigido por Katu Arkonada, el que se vislumbra, con el nuevo gobierno, la esperanza de conocer el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014. Añadiría, además, como “notas audiovisuales”, los trabajos que han realizado camarógrafos como David Lozano y Carlos Enríquez Borges, quienes han acompañado el desarrollo de varios programas y obras del Gobierno federal en las sierras de Puebla, Oaxaca y Nayarit.

Los resultados de estos trabajos en cuanto a su tratamiento cinematográfico son disímiles. Sería imposible verlo en unidad, sin embargo constituyen un primer paso para impulsar una propuesta más amplia y profunda a la que pueda responder la comunidad cinematográfica. A continuación pongo a consideración el esbozo de un programa en cinco puntos esperando la reacción de la comunidad para discutirlo y mejorarlo.

Programa por un cine de la 4T

 Un cine de la 4T debe ser:

  1. Movimiento: es decir, debe ser autónomo a las instituciones de gobierno, pero plausiblemente coordinado con los temas que éstas o el pueblo ponen sobre la mesa. Debe ser autónomo para garantizar libertad creativa, pero sobre todo para no amarrarlo a elementos burocráticos que detengan la puesta en marcha de las producciones de colectivos, universidades o laboratorios
  2. Comunitario: es decir, debe garantizar que el gran protagonista sea el pueblo. Porque toda transformación busca que el pueblo sea saciado en la justicia y la felicidad, y que sea visibilizado como actores de este proceso es una forma radical de hacer política.
  3. Austero: es decir, al contrario de las grandes producciones y los cineastas de élite, debe llevar a cabo sus producciones con lo que se tenga, con quien se tenga y hasta donde se pueda. Los avances que se están dando en todos los órdenes en la 4T exigen que el cineasta sea ligero de equipaje y ávido por retratar el
  4. Dialéctico: es decir, en pos de un retrato más fiel de la realidad, es necesario reflexionar sobre las contradicciones que está generando la Cuarta Transformación y exponerlas tal como son, sin miedo a señalarlas, puesto su sola existencia ya evidencia que los cambios se están en
  5. Colectivo, es decir, se debe generar una red de apoyo de cineastas sumados a este programa para incentivar la colaboración y el apoyo en producción y resolver cuestiones sobre proyección y circulación de las obras producidas, ya sea en festivales o entre los barrios, colonias o comunidades rurales de México.

Mi correo a donde me pueden enviar comentarios:

adrian.geros@gmail.com

[i] Historiador / Obradorista




El partido como herramienta del movimiento social.




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El partido como herramienta del movimiento social.

Javier Sainz Paz

Morena nace de un gran movimiento popular que llamamos obradorismo, el cual emerge en 2004 con el intento del grupo gobernante de desaforar a AMLO e impedirle participar como candidato en las elecciones federales de 2006; dicha acción creó un descontento popular, pues en el imaginario de muchos amenazaba con clausurar la vía electoral como medio de transformación de la sociedad. Muchas son las pruebas que ha pasado este movimiento: incrustarse en una estructura burocrática y osificada como la que representaba el Partido de la Revolución Democrática; su constitución como Movimiento de Regeneración Nacional, que lo dotó de autonomía e identidad propia; un primero proceso de institucionalización como partido político en MORENA, cuya participación en elecciones locales y federales trajo la titularidad del poder ejecutivo y una mayoría legislativa. Todos estos momentos fueron atravesado por muchas coyunturas que jugaron un papel en el rumbo de los acontecimientos.

El actual momento, en donde MORENA pasó por un proceso de elección de su dirigencia no es la excepción. La principal crítica que se ha dado a este proceso considera tres puntos: 1) el INE vulneró la independencia política de MORENA al imponerle el procedimiento de encuesta y pasar por encima de sus estatutos; 2) el proceso evidenció la incapacidad de las dirigencias de ponerse de acuerdo, dando exabruptos y acusaciones de todo tipo entre ellos; 3) se habla de una división entre dos polos, los “neoliberales” y “la izquierda social en MORENA”. En lo siguiente buscaré problematizar estas afirmaciones.

En varias coyunturas, los consejeros que presiden el Instituto Nacional Electoral han dado muestra de una total imparcialidad que en muchas ocasiones perjudicó a MORENA y benefició al PRIAN. Al momento que el INE se inmiscuye en el proceso de la elección de la dirigencia, muchos recordamos la manera como se inició el conflicto en Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que derivó en la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En aquel 2009, tras las elecciones en donde se decidiría el cambio o la renovación de la dirigencia en el SME, la Secretaría del Trabajo, ante la acusación de fraude en la elección por una de las partes, negó la toma de nota a la dirigencia de Martín Esparza. El conflicto fue aprovechado por el gobierno de Felipe Calderón para asestar un golpe por la privatización del sector eléctrico, pero también creo un sisma en el SME que sacó a la luz las luchas internas, la falta de democracia y la burocratización de la organización, factores que impidieron a los trabajadores generar un frente común al ataque. Mucho hay por escribir sobre ese conflicto, pero por ahora, sirve de ejemplo para dar cuenta de los objetivos tras la decisión del INE y los peligros que se deben sortear.

Tal vez el INE haya buscado crear los escenarios de los puntos 2 y 3, es decir, mostrar a todos los miembros de MORENA como iguales a la camarillas de los demás partidos y generar una lucha interna.

Pero ¿cual hubiese sido el otro camino? ¿qué hubiese pasado si se hubiera hecho una elección interna? ¿La izquierda en Morena estaba lista para afrontar en las urnas a los conservadores en el partido? ¿La izquierda hubiese sido capaz de hacer un solo frente común? No es posible dar repuestas a estos supuestos, pero sirven para cuestionarnos acerca de la situación de las tendencias que existen en este partido y lo que se está disputando.

En días pasados, Gustavo Gordillo cuestionó que la designación del próximo candidato presidencial pasara por el partido, es decir, por el grupo en la dirigencia. Este es un escenario para considerar debido a que en el análisis de muchos acerca de las tensiones entre el partido y el movimiento, al menos hay dos elementos ausentes y de gran importancia: las grupos que desde el gobierno están actuando y creando bloques, y la acción u omisión del propio presidente.

López Obrador ha decidido no inmiscuirse en las batallas del partido y se ha colocado como un referente externo capaz de sancionar las acciones de éste; al mismo tiempo que alienta al movimiento obradorista a ir más allá del partido. Morena, aunque partido joven, que tras la elección tuvo que dejar ir al gobierno a muchos de sus mejores cuadros, ha logrado crecer, sin embargo, en el ámbito electoral tiene la tarea de lograr un proceso de transformación, para dejar de necesitar a la figura de AMLO para ganar las elecciones, así como crear una militancia capaz de llevar a cabo las tareas necesarias.

En el ámbito del movimiento social, su tarea es más grande aún. Como ya mencionamos, MORENA nace como expresión del movimiento obradorista y muestra de ello es la pluralidad de expresiones políticas que conviven en uno y otro. Sin embargo en el partido, la convivencia entre estos sectores debe pasar por canales institucionales que eviten que olviden lo fundamental: sin el movimiento social, están destinados a convertirse en otro PRI o PRD, es decir, un cascarón que alguna vez fue la expresión de la unidad de muchos sectores y que hoy es una instrumento del bloque conservador.

Es necesario que MORENA camine pensado en las particularidades concretas de los diferentes movimientos, su historia, el peso específico, sus relaciones, los problemas económicos y sociales que enfrenta. También, si desea ser la cabeza del obradorismo, requiere formular las consignas adecuadas que llamen a la movilización, no por capricho e improvisación, sino aquellas derivadas del conjunto de peculiaridades que forman una determinada situación política. Y por último, convertirse en herramienta del movimiento social, rebasar el espontaneísmo (arma de doble filo de los movimientos) y el oportunismo. Estos últimos planteamientos no son nuevos y en realidad son parte de un esquema ideal, pero no por ello deben ser olvidados, pues las tareas que tiene el partido, el movimiento, el gobierno y la figura del presidente, son titánicas.

La dirigencia actual de MORENA debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata y buscar transitar el proceso de unidad, pero también hacia su transformación para convertirse en lo que muchos esperamos que sea: una herramienta del movimiento popular.