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De organismos rectores «autónomos» y la afección neoliberal



De organismos “autónomos” rectores y la afección neoliberal

CE, Intervención y Coyuntura

Durante décadas, los equipos de la administración pública del período neoliberal fueron educados en las “escuelas de gobierno” o de “negocios” de las más afamadas universidades que constituyeron el think tank de esa ideología de desarrollo. Decretada la “crisis del estado de bienestar”, desde allí se dieron a la tarea de establecer un “modelo de gestión pública”, basado en la supuesta eficiencia de las empresas privadas y la posibilidad de llevar al campo de la administración pública, las “mejores prácticas”, como si fuera equiparable la teoría de mercado con la prestación de servicios públicos esenciales, como la provisión de la salud, educación, el manejo del agua (potable y residual) y de la basura (servicios de limpia).

El objetivo oculto era la privatización de aquellos servicios que generan enormes ganancias y que mantienen la viabilidad de la economía, tales como los energéticos (la luz, la gasolina y un sin número de derivados), que son obtenidos a partir de recursos naturales, mayormente no renovables. El “reto” consistía, se dijo, en la privatización de todos los servicios para abaratar su suministro y aliviar el gasto público.

Ante la complejidad del asunto, se idearon mecanismos de regulación en cada área, destinados a “suplir” las fallas del mercado, y compensar las “asimetrías” que enfrentarían las empresas privadas, en competencia con los antiguos monopolios que las dominaban. Estos mecanismos de regulación se fueron implementando básicamente con el objetivo de proteger la inversión privada, olvidando que las empresas de servicios públicos no solo crean valor económico, sino principalmente social.

En México, las llamadas “reformas estructurales” del periodo de Enrique Peña Nieto en la presidencia (2012-2018), dieron por resultado la proliferación de gran número de organismos autónomos (comisiones, consejos, institutos, tribunales, etc.) para supervisar todos los ámbitos de la administración pública, pero que en los hechos constituyeron un gobierno paralelo, al servicio de todos aquellos que se vieron beneficiados con los contratos leoninos.

Resulta interesante revisar cómo fueron integrados estos organismos que, en su mayoría, quedaron constituidos por individuos propuestos por los mismos partidos políticos que negociaron dichas reformas. Así, la falsa autonomía de esos órganos quedó comprometida de origen.

Podría revisarse una a una cada entidad para analizar sus resultados, pero un caso de actualidad mediática llama la atención. El pasado jueves 12 de mayo de 2021, el actual director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, expuso una muestra de los perversos mecanismos que, al cobijo de la reforma energética de 2013, ha permitido no solo el desmantelamiento de dicha empresa, sino el despojo a la nación de importantes recursos petrolíferos nacionales.[1]

Ese día, Romero Oropeza contrastó el «comportamiento de la producción de los campos nuevos impulsados en esta administración, a través de los cuales se ha permitido incorporar una producción de líquidos de 186.3 miles de barriles diarios con 56 pozos terminados al día 11 de mayo»[2], en comparación con la «exploración en aguas profundas, en la que de 2004 a 2019 se invirtieron 241 mil 314 mdp, sin que se aportara una sola gota de aceite».[3]

¿Cómo pudo suceder esto, cuando los titulares de la prensa especializada del 12 de julio del 2017 habían anunciado: «Privados hallan gran yacimiento en el golfo»[4] (El Economista), «Encuentran privados un gran yacimiento»[5] (El Financiero)? Ni qué decir de los elogios vertidos por los «analistas» y «expertos» en la materia, que en los siguientes días se desvivieron festejando «los primeros logros de la reforma energética», anticipando el surgimiento de una poderosa industria petrolera “nacional” (privada).

Hoy, Talos Energy y sus asociadas, el consorcio que “descubrió” aquel «tesoro marino» que posee los derechos de explotación con un contrato por 30 años, está negociando un acuerdo con Pemex para la explotación y operación del área compartida del yacimiento Zama, «el quinto mayor del mundo». Talos y Pemex negocian la “unificación” del yacimiento que abarca desde el bloque 7 (Talos) hasta el campo contiguo, el AE-0152-Uchukil (Pemex). El consorcio pretende que Pemex asuma el riesgo de una costosa inversión en aguas profundas, que le redituaría ganancias inmediatas. Pemex, por su parte, con visión estratégica, prefiere racionalizar el uso de los recursos nacionales priorizando la explotación de otros yacimientos menos costosos. La disputa entonces es entre la visión comercial y las razones de Estado.

Sin embargo, la situación normativa del sector, como ocurre a partir de la reforma energética de 2013, favorece al capital privado, por lo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, otro órgano autónomo), determinó que el yacimiento Zama es un yacimiento compartido, por lo que aplican reglas que favorecen a los privados, comenzando por imponer los plazos para la negociación. El acuerdo implica determinar qué porcentaje del campo le corresponde a cada compañía, establecer el ritmo de explotación, dividir los costos de operación y definir quién se encargará de ello, temas en los que las posiciones de ambas partes son totalmente divergentes: Pemex planea en términos del máximo beneficio social de los hidrocarburos nacionales, mientras Talos prioriza la rápida extracción y «recuperación» de su inversión.

¿Cómo se llegó a esto? Bueno, porque en el caso de las empresas públicas del sector energético, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, fueron reestructuradas bajo modelos organizativos y mecanismos de gestión para adecuar su administración al concepto de «gobierno corporativo».

El caso de Pemex, convertida hoy en empresa productiva del Estado, es paradigmático. Las reglas de gobierno para Pemex ya habían sido deformadas en primera instancia en el reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2009, y luego fueron profundizadas con la llamada reforma energética, el 11 de agosto de 2014.

En el Capítulo II de la Ley de Petróleos Mexicanos,[6] y en su reglamento, del 31 de octubre de 2014,[7]se estableció la formación de un Consejo de Administración, que incluía ya la figura de “consejeros independientes”. Dicho consejo, se estableció, tiene como responsabilidad principal “definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. ¿Cumplió su función dicho consejo, o fue incapaz de “aconsejar” apropiadamente?

Veamos por ejemplo la posición del ahora exconsejero profesional independiente de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón,[8] quien el mismo día del informe de Romero Oropeza, él declaraba: «Aprueban expertos que se cancele desventajosa estrategia petrolera».[9] El “experto” en cuestión formó parte del grupo ITAM y el Woodrow Wilson Center (ITAM–WWC), al tiempo que fungía también como consejero profesional de Pemex[10]—, que desde 2012 se había encargado de promover la desnacionalización y privatización de Pemex bajo la promoción del gobierno de Estados Unidos.[11] ¿Por qué entonces el asombro de Ruíz sobre los alcances de las reformas que promovió?

Desde 2013, cuando advertía «alarmado» que el gobierno federal y el PAN negociaban para que petroleras privadas y el Estado mexicano compartieran la producción de hidrocarburos y con ello lograr que se aprobara la reforma energética, Fluvio sabía que con esa “lucrativa” negociación se aseguraba la aprobación de la reforma, que desde entonces selló el destino de la privatización de dichos recursos. Ruíz, desde aquel tiempo, cobraba en Pemex, pero en realidad trabajaba para el ITAM–WWC, favoreciendo las políticas privatizadoras.

Todavía en 2018, ante la inminencia del cambio de gobierno, el entonces director de Pemex, Carlos Treviño Medina anunciaba triunfal que «Pemex da paso firme para revertir caída petrolera», con base en el hallazgo y confirmación de nuevos campos en aguas someras, afirmando que aquello aseguraba la “reposición al 100% de las reservas”[12], y los analistas neoliberales lanzaban sugerencias de todo tipo al gobierno entrante que aseguraran el continuismo de la política entreguista: proponían desde candidatos a director general, hasta la emisión de nuevos fideicomisos de inversión. El nombre de Ruiz surgió entonces entre los candidatos, a pesar de ser sabido que a él había tocado avalar graves decisiones que representaban jugosos negocios privados.

Ruíz recomendó en público, por ejemplo, ante los resultados financieros negativos de Repsol, «replantear» la conveniencia de que Pemex mantuviera su participación accionaria en dicha empresa, cuando sabía que desde un principio dicha alianza había sido perniciosa para Pemex, porque Repsol era –y es– una petrolera sin petróleo y gasera sin gas. No obstante, al seno del consejo, Ruíz terminó no solo apoyando el mantener la participación de Pemex en Repsol, sino que avaló (al menos por omisión) incrementarla, luego de una fallida (y costosa) alianza de Pemex con la constructora española Sacyr Vallehermoso, mediante la cual, Pemex supuestamente ampliaría su control sobre la petrolera Repsol–YPF. En su momento, el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel adujo que la operación se había realizado a través de Pemex Internacional (PMI) Comercio, y por ello no había necesidad de consultar al consejo. Entonces ¿de que lado estuvo el “autónomo” consejero?

En marzo de 2014, Fluvio Ruiz publicó en La Jornada otro artículo intitulado «¿El Estado vs Pemex? (Ronda Cero)»,[13] en el que “denunciaba” el conjunto de reglas para la licitación de la llamada Ronda Cero, con las que se “pretendía” “quitarle a Pemex las áreas de exploración donde ya disminuyó considerablemente el riesgo geológico, con la finalidad de entregarlas a compañías privadas”.[14]

La indignación de Fluvio Ruiz de 2014, contrasta con su actuar como “consejero autónomo”. Desde 2012, Ruíz junto con otros “expertos” promovieron, con el patrocinio del gobierno norteamericano, que “se abriera” Pemex a la inversión privada, y eso fue exactamente lo que hizo Peña Nieto. El grupo de “expertos” convocado por el ITAM—WWC lo planteó así: «se requiere un cambio constitucional en materia petrolera», asegurando que en la industria petrolera nacional debía haber varios “operadores” y no uno solo como era Pemex.[15] Entonces ¿Con qué autoridad moral «aprueba» Ruíz la cancelación de la “desventajosa estrategia petrolera” que él mismo impulsó?

De 2009 a 2018 Fluvio Ruíz fue testigo privilegiado, sea como consejero o como asesor de Pemex, de los impactos de la reforma energética en la empresa, incluyendo la forma como se urdió dicha reforma. Su nombramiento, el 14 de mayo de 2009 como consejero independiente en el Consejo de Administración de Pemex durante el sexenio de Felipe Calderón fue por 3 años, con Georgina Kessel como secretaria de energía y Jesús Reyes Heroles en la dirección de Pemex. Se vivía el auge de las reformas a las leyes secundarias que Vicente Fox había impuesto y por las que, vía los llamados Contratos de Servicios Múltiples, se había entregado la explotación de los campos gasíferos de Burgos a empresas privadas extranjeras. Para ello se habían emitido nuevos reglamentos, basados en esas leyes secundarias. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entró en funciones y se dieron nuevas y amplias facultades (entonces inconstitucionales) a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Fluvio Ruiz llegó a Pemex en el contexto de una reforma anterior, la de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a la Ley de Pemex (abrogada el 11 de agosto de 2014 por la reforma energética) que cedía a las corporaciones petroleras la exploración y extracción de hidrocarburos en el Golfo de México, y que comenzó con la entrega a una filial de la transnacional Schlumberger para realizar la exploración petrolera. Desde entonces se definieron 239 bloques, de 933 km2 cada uno, a privatizar. Es decir, no podía llamarse sorprendido.

Junto con Fluvio, fueron electos consejeros “profesionales2: Héctor Moreira Rodríguez (miembro del gabinete de Vicente Fox, nombrado entonces por 5 años), Rogelio Gasca Neri (secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, electo consejero para un período de 4 años) y el C.P. José Fortunato Álvarez Enríquez (encargado hasta entonces de la Unidad de Auditoría Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública y titular del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, así como Coordinador de los Órganos Internos de Control de la Industria Petrolera los dos años anteriores, electo consejero para los siguientes 6 años). A Fluvio le tocó presidir el Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica, que solapó la supresión de la ingeniería de proyectos en Pemex como parte de la reestructuración de la empresa para entregar sus funciones a las corporaciones transnacionales.

Durante su gestión en Pemex, Ruíz vio pasar la creación de organismos subsidiarios, filiales y sociedades mercantiles, autorizó el otorgamiento de contratos de todo tipo, así como el endeudamiento de Pemex y su asociación con las corporaciones transnacionales que la sometieron al derecho extranjero.

En 2010, bajo la dirección de Juan José Suárez Coppel y con el aval de los también inconstitucionales Contratos de Servicios Integrales, el Consejo de Administración autorizó la cesión de funciones constitucionalmente estratégicas en exploración y producción de hidrocarburos, así como la refinación de petróleo crudo. Por ser de reciente interés público, cabe recordar también que Ruíz aprobó, con su voto a favor, la compra de la planta de fertilizantes que Pemex compró con sobreprecio a Altos Hornos (AHMSA).

La inutilidad de los consejeros de Pemex quedó patente en 2011, cuando tanto la CNH como la dirección de Pemex presentaron informes contradictorios sobre las estratégicas reservas nacionales de hidrocarburos, que diferían notoriamente en cuanto a las reservas 2P y 3P.[16] Aunque ello representaba un grave problema de planeación estratégica, tampoco entonces Fluvio encontró oportuno denunciar. Ruiz siempre estuvo allí, pero no para defender los intereses de la nación o procurar una soberanía energética.

Ante el fracaso para la nación de la reforma energética en Pemex, evidenciada con cifras por el director de la empresa, Octavio Romero Oropeza ¿cuál es la respuesta neoliberal? litigios basados en una legislación tramposa, e interpretada por tribunales creados a modo para favorecerlos.

¿Cuál es entonces el sentido de tener en Pemex un Consejo de Administración que no aconseja? ¿Cuál la responsabilidad de sus consejeros, oscuros personajes que ocupan el cargo para defender intereses facciosos y luego lo abandonan, sin quedar sujetos a responsabilidades?

Lo peor es que la situación en Pemex no es única. La Comisión Federal de Electricidad está sujeta a reglas similares. Los órganos que “regulan” las telecomunicaciones, o la salud, la educación, etc. presentan una problemática similar. Se trata de órganos creados para acotar la rectoría del estado en áreas estratégicas. Solamente una devoción neoliberal enfermiza justifica su defensa.

 

Los órganos “autónomos” fueron creados para acotar la rectoría del estado en áreas estratégicas. Prueba de ello es el actuar de los consejeros “autónomos” colocados por los mismos partidos –agrupados hoy en “Va por México”– que negociaron las reformas neoliberales. La autonomía de esos órganos quedó comprometida de origen y quedó de manifiesto que su creación tuvo la función de proteger la inversión privada, olvidando que las empresas de servicios públicos no solo crean valor económico, sino principalmente social.

 

 

Solamente una devoción neoliberal enfermiza justifica su defensa.

[1]Israel Rodríguez y Roberto Garduño. «Se utilizó a Pemex para enriquecer a empresas privadas» en La Jornada, 13 de mayo de 2021 [https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/]. Video original en https://youtu.be/IvsNYRVjOUY?t=3920.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] “Privados hallan gran yacimiento en el golgo” en El Economista. 12 de julio de 2917 [https://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/2017/julio17m/INFOM120717/ELECO.PDF]

[5] Jonathan Ruiz “Empresas privadas encuentran gran yacimiento en el Golfo de México” en El Financiero, 12 de julio de 2017.

[6] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355990&fecha=11/08/2014

[7] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366668&fecha=31/10/2014

[8] Fluvio Ruíz Alarcón. Fungió como Consejero Profesional en Petróleos Mexicanos (de 2009 a 2015), luego fue asesor de la misma empresa (de 2015 a 2018). Ocupó allí diversos cargos (presidente del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el propio consejo, así como presidente de los Comités de Estrategia e Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica y de Pemex Petroquímica).

[9] Israel Rodríguez, I. La Jornada, 13.05.2021 [https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/economia/018n2eco]

[10] Fluvio Ruíz Alarcón, Mexico’s Energy Reform: Assessing the Secondary Legislation, junio, 2014, https://www.wilsoncenter.org/person/fluvio-ru%C3%ADz-alarc%C3%B3n

[11] Una tercera parte de los fondos del centro son aportados por el gobierno de EU y el resto proviene de fundaciones, corporaciones y personas, generalmente mediante contratos y concesiones. Según la revista Proceso, el gobierno mexicano también ha aportado fondos a dicho centro [https://www.proceso.com.mx/reportajes/2015/12/17/woodrow-wilson-donaciones-del-gobierno-de-mexico-para-lucimiento-de-funcionarios-156565.html]

[12] Karol García “Pemex da paso firme para revertir la caída petrolera” en El Economista, 9 de octubre de 2018. [https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-da-paso-firme-para-revertir-caida-petrolera-20181009-0062.html]

[13] Fluvio Ruiz Alarcón, “El Estado vs Pemex (Ronda cero” en La Jornada 23 de marzo de 2014l [https://www.jornada.com.mx/2014/03/23/opinion/024a1eco]

[14] Ibid.

[15] Fluvio Ruiz Alarcón, La Jornada 23.03.2014 https://www.jornada.com.mx/2014/03/23/opinion/024a1eco
(5) «Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano: principios y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional», https://www.itam.mx/es/2/contenido/presentacion-de-un-nuevo-comienzo-para-el-petroleo-mexicano (El documento original ya no está disponible, más que en repositorios independientes. Ver https://www.fte-energia.org/E257/03.html)

[16] Rodríguez-Padilla, V. «Sistema de estimación, certificación y aprobación de reservas de hidrocarburos en México; análisis de desempeño» Cuadro 1. Reservas de hidrocarburos en 2010 y 2011  http://www.scielo.org.mx/img/revistas/iit/v14n3/html/a14c1.html

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Política nacional de vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México durante el sexenio peñista



Política nacional de vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México durante el sexenio peñista

Miguel Ángel Gorostieta[1]

Una inquietud frecuente entre los asesores técnicos que trabajan en el proceso de producción social de vivienda es la poca orientación de los recursos públicos a esta forma de acceder a la misma. Cotidianamente, la asistencia técnica se enfrenta a la imposibilidad de aplicar el subsidio federal en las regiones donde interviene o que, cuando se aplica, es complicado acceder a los montos máximos, lo que deviene en la pregunta expresa: ¿Dónde se aplican los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)?

Esta pregunta sencilla, pero de gran profundidad, fue el motivo para iniciar este primer acercamiento con el funcionamiento y ejecución del entonces Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales en la Zona Metropolitana del Valle de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En un primer momento la respuesta fue evidente: la adquisición de vivienda nueva, a través de Infonavit, absorbió la mayor cantidad de recursos. Pero, si se territorializa la pregunta, el sentido de la respuesta adquiere una dimensión mayor; así, el estudio de la región indica que fueron cinco municipios los principales beneficiados con los subsidios federales y, de forma coincidente, se trató de localidades donde existe un mayor número de viviendas nuevas adquiridas mediante la compra.

El objetivo de este texto es mostrar que la visión mercantil de la política habitacional del gobierno de Enrique Peña Nieto determinó la orientación de los subsidios hacia un tipo específico de solución habitacional en regiones particulares de la zona metropolitana, limitando alternativas como la producción social de vivienda. Se espera que la lectura de los resultados y las consecuentes propuestas contribuyan al necesario debate sobre la política nacional de vivienda.

Política Nacional de Vivienda

La Política Nacional de Vivienda que enarboló el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, se planteó un modelo habitacional enfocado a promover un desarrollo de vivienda ordenado y sustentable que incluía el mejoramiento de la vivienda urbana y rural. La materialización de este objetivo implicaba, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, “orientar los créditos y subsidios gubernamentales hacia proyectos que fomenten el crecimiento urbano ordenado” (Gobierno de la República, 2013: 54).

De forma crítica, el diagnóstico partía de analizar un crecimiento urbano que no había tenido límites claros en las zonas metropolitanas. Estas habían crecido 20.6% en superficie entre 1990 y 2010 como consecuencia del aumento de las casas independientes habitadas que, en el mismo periodo, crecieron en 7.1 millones frente al decrecimiento de 90 mil departamentos en edificio. Ante este panorama, la consecuente conclusión era la ordenación del territorio bajo el modelo imperante de ciudad compacta, productiva, competitiva, incluyente y sustentable; pero, con la intención de que la vivienda “siga siendo el motor de la economía” (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2014).

En correspondencia con el artículo 19 de la Ley de Vivienda, la Conavi tiene la atribución de desarrollar y ejecutar los programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda. Esta estrategia de política pública ha sido generalizada en América Latina y reconocida como sintomática de un Estado facilitador, que no instrumentador, para las soluciones habitacionales. De esta forma, el solicitante se enfrenta, por un lado, a la necesidad de comprobar sus ingresos para acceder al crédito y, por otro, a la dificultad sistémica de generar el ahorro (Domínguez et al., 2017: 5). Se trata, en suma, de un Estado liberal que incentiva al mercado para el desarrollo de vivienda a través, en el caso mexicano, del principal organismo nacional que se ha consolidado como un financiador de créditos hipotecarios orientados a la vivienda nueva.

Durante el sexenio peñista, la Conavi otorgó 967,092 subsidios a nivel nacional a través, principalmente, del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales en sus diversas modalidades. De este total, el 66% fueron aplicados en unidades nuevas, 15.1% en acciones de mejoramiento, 10.8% se destinaron a la autoproducción, 5.8% en vivienda usada y, finalmente, 0.3% en lote con servicios y 2% para otros (Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda [SNIIV 2.0], 2018a). Priorizar la construcción de nuevo parque habitacional, frente al resto de modalidades, supone un cuestionamiento al fomento estratégico del mercado secundario y la autoproducción planteado por el Programa Nacional de Vivienda. Para completar el breve panorama, es preciso señalar que el tipo de entidad ejecutora que se ha privilegiado, incluso desde años antes del sexenio estudiado, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Entre enero de 2013 y diciembre de 2018, el Instituto dispersó el 68.3% del total de subsidios. De estas 660,252 acciones, el 92.4% se aplicaron en vivienda nueva, 93.9% en un tipo de vivienda popular[2] y 81.7% con una población cuyo ingreso era menor a 2.6 veces el salario mínimo mensual (VSMM). En cierta medida, el Estado estuvo subsidiando a la población de menor ingreso para que accediera a un específico tipo de vivienda bajo mecanismos determinados de acceso; es decir, solucionar el problema de la vivienda dentro de un modelo imperante que arroja ganancias para los desarrolladores privados.

A pesar de que el discurso oficial reiteró que los subsidios del gobierno federal para vivienda tenían como prioridad aquellos habitantes no afiliados, representando una alternativa para la población no beneficiaria de los organismos nacionales (Sedatu, 2018), el Infonavit se ha encargado de aplicar la mayor parte de los subsidios de la Conavi en los últimos 12 años. Es preciso resaltar que, como se ilustra en la gráfica 1, durante el sexenio calderonista la participación del Instituto, aunque mayoritaria, fue oscilante y coincidió con los efectos de la crisis económica; sin embargo, en el periodo siguiente, la tendencia es ascendente hasta alcanzar, en 2016, el máximo histórico de 80.5% y, posteriormente, descender hasta el 59.7% en 2018, año en que el Consejo Nacional de Vivienda Económica Verde y Sustentable (Convives) toma mayor participación como tipo de entidad ejecutora.

Fuente: Elaboración propia con información del SNIIV 2.0, Consulta dinámica de subsidios CONAVI 2007-2018, (datos al 31 de diciembre de 2018) Nacional.

Frente a la preminencia del Infonavit en la dispersión de los subsidios de la Conavi, resalta la participación como entidad ejecutora de la Producción Social de Vivienda Asistida (PSVA) que agrupa una diversidad de instituciones de carácter social. Como efecto del reconocimiento e incorporación de la producción social de vivienda en la Ley de Viviendapublicada en junio de 2006, la activa participación de las organizaciones civiles (algunas integrantes de la Red de Productores Sociales de Vivienda) y la apertura de las autoridades de la Conavi (Almanza, 2013: 5-7), la PSVA aumentó su participación relativa; de este modo, entre 2007 y 2012 existe una tendencia creciente hasta alcanzar, en 2012, la aplicación del 8.1% del total de subsidios. A pesar del reconocimiento discursivo del gobierno peñista de la producción social e, incluso, incorporarla como la estrategia 3.2 en el programa sectorial, es evidente que la PSVA como alternativa habitacional quedó rezagada, cayendo al 0.9% del total de subsidios aplicados en 2018.

En el último sexenio, los organismos agrupados en el tipo de entidad PSVA aplicaron 28,943 subsidios, lo que representó el 3% del total de acciones. Este universo se dividió entre la autoproducción (51.8%), el mejoramiento (47.7%) y el lote con servicios (0.5%). Es importante destacar que el 99.9% de los subsidios se dispersaron en viviendas de tipo económica, con un valor menor a los 118 VSMM; por otra parte, los beneficiarios se dividieron, en su mayoría, entre aquellos que percibían menos de 2.6 VSMM (74.4%) y entre 2.61 y 4 VSMM (21%) (SNIIV 2.0, 2018a).

El estudio de la implementación programática de la política pública muestra el privilegio de la construcción de vivienda nueva bajo una visión de mercado. Se ha fomentado la perspectiva de una mercancía que debe ser auxiliada con recursos públicos, por su propia dinámica de bien caro, alejándose de su concepción como un derecho humano. De esta forma, la contradicción queda paliada. El fomento económico del mercado inmobiliario, inscrito en un sistema de ganancia, limita el derecho a la vivienda, pero este último aspecto sigue siendo relevante y se trastoca en una “problemática” de vivienda que el Estado atiende por medio de una política pública orientada, precisamente, al mercado.

Implementación metropolitana de la Política Nacional de Vivienda

La predilección de la visión mercantil de la vivienda, que la conceptualiza como un objeto que se produce y se vende como cualquier otra, ha conducido a una desarticulación de la política pública con los principales procesos de adquisición y construcción de la vivienda en el territorio; esta situación se expresa en la orientación del subsidio para nuevos desarrollos habitacionales. Como consecuencia, la aplicación del recurso tiene una territorialización específica donde se privilegian ciertos municipios, determinando, de esta forma, los procesos de urbanización en zonas específicas. En el siguiente apartado se intentará ilustrar este proceso en a través del estudio de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Como región, la ZMVM[1] ha presentado un ritmo de crecimiento del parque habitacional inferior al nacional entre el año 2000 y el 2015; si bien el Estado de México y el municipio de Tizayuca presentan ritmos de crecimiento más acelerados, el conjunto se observa atenuado por el efecto que tienen las bajas tasas de crecimiento en la Ciudad de México. De este modo, el número de viviendas particulares habitadas de la región ascendió de 4.2 millones en el año 2000 a 5.7 millones en el 2015. Aunque el ritmo de crecimiento poblacional sigue la tendencia anterior, la población ha crecido a un ritmo menor que las viviendas como consecuencia, en parte, de la transformación en la composición de los hogares, impactando en el número de habitantes por vivienda. Para el 2000 la población ascendía a 18.3 millones de habitantes, mientras que 15 años después se contabilizaron 20.8 millones, lo que implica que, por lo menos, 17 de cada 100 mexicanos habitan en esta zona metropolitana (Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 2018; INEGI, 2015a).

Los datos levantados por el Censo de 2010 muestran que en la región la forma prioritaria de adquisición de la vivienda en propiedad fue a través de la autoproducción. De los 3.6 millones de unidades que conformaban el parque habitacional propio, el 36.4% se mandó construir, mientras que el 33.2% se efectuó por medio de la autoconstrucción. Solamente el 25.5% se adquirió mediante la compra. La Encuesta Intercensal, realizada cinco años después, integró dos nuevas variables, herencia y donación del gobierno, que modificaron el porcentaje de adquisición por medio de la autoproducción, pero no, sustancialmente, el de la compra; en este sentido, de los 3,203,393  de viviendas propias que se ubicaban en la ZMVM, el 26.6% se adquirió a través de la compra, el 37.1% fue mandado a construir, el 22.6% se realizó por autoconstrucción y, de forma relevante, el 11.2% se obtuvo mediante alguna herencia (INEGI, 2010; INEGI, 2015a).

A nivel nacional, el porcentaje de las viviendas particulares habitadas propias cuya adquisición fue por medio de la compra ascendió al 30.1% en 2010, cifra más elevada que el promedio de la ZMVM; sin embargo, como es notorio en el mapa 1, existen varios municipios ubicados en la región central cuya adquisición rebasa la media del país. Incluso, en localidades como Azcapotzalco, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coacalco, Cuautitlán, Huehuetoca, Tecámac, Chicoloapan, Ixtapaluca, Jaltenco, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tizayuca más del 50% de su parque habitacional propio fue adquirido bajo esta modalidad. Dejando de lado las alcaldías de la Ciudad de México, en función de su histórica consolidación urbana, es preciso destacar municipios como Coacalco donde el porcentaje alcanza el 86.2%, Huehuetoca con el 59.6%, Tecámac donde representa el 57.3% y Tizayuca donde la vivienda comprada llega al 58.1% del total (INEGI, 2010).

 

Mapa. 1. Viviendas Particulares Habitadas propias cuya adquisición fue por medio de la compra en 2010 por municipio (Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del cuestionario ampliado

En el conjunto de la ZMVM, la participación porcentual de la vivienda comprada pasó del 25.5% en 2010 al 26.6% en 2015, apenas una diferencia de una unidad porcentual; sin embargo, el seguimiento puntual a determinados municipios arroja otra perspectiva. Por referir algunos ejemplos, en el municipio de Chalco pasó de representar el 61.9% al 76.9%, en Huehuetoca del 59.6% al 70.1%, en Nextlalpan del 5.8% al 33.3%, en Tecámac del 57.3% al 70.1%, y en Zumpango del 10.3% al 41.8% (INEGI, 2010: INEGI, 2015a). El aumento de vivienda comprada hace evidente que, en los municipios periféricos, particularmente del norte de la ZMVM, los desarrollos inmobiliarios han presentado un crecimiento importante durante estos cinco años.

El objeto de tomar la variable de compra, en lugar de las otras, responde a la posibilidad de comparar de manera más confiable la forma de adquisición de la vivienda; pero, también permite vislumbrar que, en contraparte, la autoproducción es mayoritaria en los municipios de la zona de estudio. En municipios como Milpa Alta, Apaxco, Atenco, Axapusco, Chimalhuacán, Huexpoxtla, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nopaltepec, Otumba, Tequixquiac, Tezoyuca y Villa del Carbón, el porcentaje de autoproducción rebasa el 80%, de acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015a). Se trata, primordialmente, de municipios periféricos ubicados tanto en el oriente como en el poniente de la ZMVM.

De forma paralela a la autoproducción, la mayor parte del parque habitacional propio se ha comprado o construido sin ningún tipo de financiamiento público o privado. En mayor medida, esta situación es el reflejo de procesos progresivos de construcción que se realizan dependiendo de la solvencia económica o, en el mejor de los casos, de las necesidades de los integrantes del hogar. En cierto sentido, sí existe un ahorro orientado a la construcción de la vivienda o la implementación de mecanismos artesanales de crédito; pero, estos procesos son de larga duración. Así, hasta 2015, el 64.6% de las viviendas particulares habitadas propias en la ZMVM se habían comprado, mandado a construir o fueron autoconstruidas con recursos del propio habitante. En el resto de las viviendas propias había intervenido algún tipo de financiamiento externo como Infonavit (21%), la banca (7.4%) o alguna otra institución financiera (4.1%), por referir los más relevantes (INEGI, 2015b).

La territorialización de la vivienda propia sin financiamiento, ilustrada en el mapa 2, muestra una marcada coincidencia entre los municipios periféricos cuyas viviendas se adquirieron con recursos propios y aquellos cuya adquisición mayoritaria fue por medio de la autoproducción. La observación detallada de la variable “sin financiamiento” indica que, en 31 de los 76 municipios, el porcentaje asciende a más del 90%; el punto máximo, 97.6%, se presentó en un par de localidades: Juchitepec y Ecatzingo. Por su parte, entre los municipios donde el porcentaje de esta modalidad es menor se encuentra Coacalco con 24.6%, Cuautitlán con 23.7%, Huehuetoca con 29.6% y Tizayuca con 33%. En conjunto, esta información abona elementos para señalar que el financiamiento público está orientado a la compra de vivienda nueva (INEGI, 2015b).

El análisis territorial de la aplicación de los subsidios de la Conavi contribuye a una mayor comprensión de la política de vivienda en la zona metropolitana. Entre 2013 y 2018 se otorgaron 44,259 subsidios en la ZMVM; en concordancia con la tendencia nacional, la vivienda nueva absorbió el 69.2% del total, mientras que en el mejoramiento se aplicó el 8.1% y en la autoproducción sólo el 3.7%.  La dispersión de subsidios se realizó de forma preferente por medio del Iinfonavit, como tipo entidad, al aplicar el 60.5% del total de los recursos; sin embargo, es notorio que en el municipio de Tizayuca y los 59 municipios del Estado de México su intervención rebasa el 67%. Es preciso resaltar que, el Instituto presentó una aplicación mínima (0.2%) en el caso de la Ciudad de México donde las Fuerzas Armadas se encargaron de aplicar el 83.3% del total de subsidios durante el sexenio (SNIIV 2.0, 2018b).

Mapa. 2. Viviendas Particulares Habitadas propias que fueron compradas, mandadas construir o construidas por el dueño(a) utilizando recursos propios en 2015 por municipio (Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015.

Aunque la participación de la Producción Social de Vivienda Asistida fue marginal, resulta relevante que sea justamente en la Ciudad de México donde obtenga mayores porcentajes en relación del total de subsidios otorgados a esta entidad; así, alcaldías como Iztapalapa y Xochimilco se vieron beneficiadas, principalmente, con esta alternativa de desarrollo de vivienda. En el caso del Estado de México, Ecatepec fue el municipio con un mayor número de acciones realizadas por la PSVA. Estos tres casos abren la posibilidad de un análisis a profundidad sobre los alcances de la producción social de vivienda con el apoyo de la asesoría técnica de corte social en el marco de un programa federal.

Mapa 3. Distribución porcentual de los subsidios otorgados por la Conavi en los municipios de la ZMVM entre 2013 y 2018

Fuente: Elaboración propia con información de SNIIV 2.0. Consulta dinámica de Subsidios CONAVI 2013-2018 (datos al 31 de diciembre de 2018) Estatal-Municipal.

Los 44,259 subsidios otorgados en la región durante el sexenio peñista se aplicaron en 70 de los 76 municipios. Si hubiese una distribución equitativa, cada municipio obtendría un promedio de 1.4% del total de los subsidios; sin embargo, como es notorio en el mapa 3, 61 municipios no aplicaron más del 1% del total de recursos. Entre aquellos que aplicaron entre 1 y 2 por ciento se encuentran Xochimilco, Chalco y Coacalco; mientras que en Ecatepec se dispersó el 3.4% del total. Las cinco localidades restantes resaltan por la relevante intervención de Conavi: en Nextlalpan se dispersó el 6.8%, Tecámac el 7.4%, Huehuetoca el 16.3%, Zumpango el 19.8% y Tizayuca el 21.1% (SNIIV 2.0, 2018b); en conjunto, en sólo cinco municipios se realizaron 71 de cada 100 acciones habitacionales subsidiadas. 

Estos últimos municipios se localizan al norte de la ZMVM y comparten ciertas características: un mayor número de viviendas propias adquiridas por medio de la compra o un aumento de este tipo de vivienda entre 2010 y 2015 y una menor utilización de recursos propios. En cuatro de las cinco localidades, con la exclusión de Tecámac (77.3%), se orientó más del 90% de los subsidios a la compra de vivienda nueva; el caso más relevante es Nextlalpan donde el porcentaje ascendió al 99.9% del total destinado al municipio. Por su parte, el Infonavit tiene una participación prioritaria en tres municipios: Huehuetoca (91.5%), Nextlalpan (91.4%) y Zumpango (97.7%); en el caso de Tecámac el instituto dispersó sólo el 38.1% del total de subsidios municipales, pero las siguientes entidades fueron Fovissste, al aplicar el 38.6%, e intermediarios financieros que aplicaron el 20.1% (SNIIV 2.0, 2018b).

En la Zona Metropolitana del Valle de México la ejecución del principal programa de Conavi ha fortalecido el mercado de vivienda nueva a través del Infonavit; territorialmente se ha orientado a aquellos municipios periféricos del norte donde los desarrolladores inmobiliarios encontraron un nicho de oportunidad. Las consecuencias más visibles son la desarticulación de los subsidios con la forma mayoritaria de adquisición de vivienda y la aplicación marginal en otros municipios periféricos donde no ha intervenido ningún tipo de financiamiento externo, localidades en que las viviendas se han consolidado con los recursos propios del habitante. Otra consecuencia, que sería un síntoma de la incomprensión de la dinámica metropolitana y de los procesos urbanos, es la construcción masiva de vivienda nueva en cierta parte de la periferia que, aunque se inscriban en los perímetros de contención urbana, no cuenta con la suficiente capacidad para proveer servicios, mientras que su poca accesibilidad fomenta el abandono de vivienda.

 

Repensar la Política Nacional de Vivienda

El análisis particular de la ejecución de los subsidios otorgados por la Conavi en la Zona Metropolitana del Valle de México confirma la tendencia nacional de una política de vivienda orientada al mercado durante el sexenio de Peña Nieto. La institución encargada de materializar dicha política fue el Infonavit; organismo que, al abandonar la promoción y fortalecer su carácter de financiera, ha contribuido en acrecentar las ganancias de los desarrolladores privados. Por otro lado, a pesar de su potencial, la Producción Social de Vivienda Asistida, como tipo de entidad, estuvo rezagada del principal programa de subsidios durante el sexenio peñista; salvo algunas excepciones, como Xochimilco, Iztapalapa y Ecatepec, donde intervinieron universidades y asociaciones civiles. En general, la participación de la PSV quedó limitada como una alternativa de vivienda que priorizara la modalidad de autoproducción frente a la compra de vivienda.

Territorialmente, la mayor parte de los recursos se dispersaron en cinco municipios del norte de la ZMVM, privilegiando aquellos donde la adquisición de vivienda propia fue por medio de la compra a través del financiamiento público y privado. En caso contrario, en las localidades periféricas donde la vivienda ha sido autoproducida con recursos propios, el porcentaje de subsidio aplicado durante el sexenio, salvo algunas excepciones, no rebasó el 1%. El abandono del entendimiento de la vivienda como un derecho humano, que implica un proceso social, ha conducido a que el mercado sea la principal condicionante para orientar los subsidios y, de esta forma, influir en los procesos de urbanización.

La experiencia de la producción social de vivienda muestra que el subsidio en su modalidad de autoproducción es importante para la construcción y consolidación de la vivienda al encontrarse en correspondencia con los mayoritarios procesos de adquisición. Muchas familias perciben el apoyo económico como un incentivo para la ampliación y el mejoramiento; sin embargo, comúnmente el recurso entregado no es suficiente para concluir una vivienda habitable bajo los estándares de la Conavi. Pero, es claro que la necesaria elevación del número de subsidios aplicados por la PSVA y el aumento en el monto económico sólo será posible con un cambio en la política habitacional que implique un giro en la conceptualización de la vivienda: de una mercancía a un proceso social bajo la perspectiva del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada.

Así, la visión de la vivienda como proceso se convierte en un elemento trascendente para la concepción y ejecución de cualquier programa de subsidios que se planteé incidir en los principales procesos de producción habitacional. Las formas mayoritarias de adquisición de vivienda, mandada a construir y autoconstrucción, son un indicativo de que existe una intervención activa del habitante y suponen la capacidad de ahorro como un potencial para el financiamiento de la PSVA. Sin embargo, el esquema de subsidio, ahorro y crédito, por lo menos en la modalidad de autoproducción, debe modificarse. 1) El subsidio debe aumentar lo suficiente para garantizar la habitabilidad; 2) el ahorro de la familia debe considerar, en forma flexible, materiales existentes y la mano de obra propia; y 3) el crédito debe desaparecer. La implementación del crédito supone dos elementos, por un lado, moviliza el aspecto financiero de la vivienda y, por otro, garantiza la participación activa de la familia y la correcta aplicación del subsidio. Este último aspecto puede quedar cubierto con la intervención de la Asistencia Técnica, pero también tiene condicionantes.

La asesoría técnica debe plantearse como integral; es decir, una parte de asistencia arquitectónica y otra social que se oriente a la participación comunitaria. En conjunto, debe estar financiada y supervisada bajo la lógica de una Asistencia Técnica Integral que se trace como objetivo el fortalecimiento del tejido comunitario en términos sociales y económicos. En el caso de la intervención en municipios periféricos, limitados por los perímetros de contención urbana, debe implicar el desarrollo económico y de los servicios en la región bajo la perspectiva de que la vivienda genera ciudad y, por ende, relaciones socioeconómicas.

Para ello, la política habitacional debería trascender del diagnóstico oficial dado en el anterior sexenio; análisis que limitó a la expansión urbana como un producto directo de la construcción de vivienda horizontal. Es preciso considerar los múltiples factores que atraviesan esta expansión sin sentido, destacando los siguientes: el crecimiento de los precios del suelo en áreas servidas que impiden el acceso a la población más vulnerable; el fomento de limitados polos de desarrollo que atraen y mantienen a la población en las grandes ciudades, aunque vivan en las periferias; y, justamente, el privilegio de la compra de vivienda nueva en áreas alejadas sin equipamiento, ni trabajo, construidas para hacer dinero, no ciudad. De esta forma, la “problemática” de la vivienda adquiere dimensiones mayores que rebasan la atención al rezago habitacional, sin que este deje de ser trascendente.

La transición del gobierno federal y la publicación del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, que incluyó las siete cualidades del DHVA, abrieron la oportunidad de repensar la materialización de la política habitacional en territorios específicos. Los nuevos encargados del sector, con una visión más cercana a la producción social de vivienda, han considerado la reconstrucción tras el sismo de 2017 (por lo menos en el primer año de gobierno) como el elemento central de la política habitacional; asimismo, se han planteado la atención a comunidades específicas, como los pueblos yaquis, donde existen problemáticas y deudas históricas. De forma trascendente, han decidido desaparecer el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales e impulsar el Programa de Vivienda Social. Si bien este último presenta una nueva visión que da prioridad a las personas más vulnerables en las entidades que presenten mayor rezago habitacional, el programa mantiene el cofinanciamiento para la adquisición de vivienda nueva con los organismos de vivienda.

Aunque la experiencia y los discursos de los actuales responsables de la Conavi son un aliciente para confiar en que se desarrolle una perspectiva social de la vivienda basada en el DHVA, es necesario que existan pasos claros en este sentido. Para tal efecto, la propuesta sostenida por el presente trabajo es profundizar el debate en torno a la pertinencia del crédito, la correspondencia de los subsidios con los principales procesos de producción de la vivienda en el territorio y el fortalecimiento de las modalidades de autoproducción a través de una asesoría técnica integral. Si se consideran estos elementos en la aplicación del naciente programa de subsidios, es indudable que la producción social de la vivienda recibiría un aliento mayor al que se ha visto en los pasados años.

Bibliogríafa

Almanza, Cristina (2013). “El posicionamiento de la producción social de vivienda en la política nacional de vivienda. Retos y perspectivas”, en Alicia Ziccardi (coord.), Memoria del Congreso Nacional de Vivienda 2013. Eje temático I: La política nacional de vivienda, 2000-2013, (en línea), México, UNAM, págs. 2-13, http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/01_Eje%201_Politica_Nacional_Vivienda.pdf [consulta: 2, septiembre, 2018].

Domínguez, Joaquín, et al (2017). Financiamiento del mercado de vivienda en América Latina y el Caribe. Documento para Discusión No. IDP-DP-519, (en línea), Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo, 19 págs., https://publications.iadb.org/en/financiamiento-del-mercado-de-vivienda-en-america-latina-y-el-caribe [consulta: 12, septiembre, 2018].

Gobierno de la República (2013). Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 (en línea), México, Gobierno de la República, 183 págs., http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf [consulta: 12, agosto, 2018].

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2010). Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del cuestionario ampliado, fecha de elaboración: 12 de mayo de 2011 [Base de datos], (en línea), https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ [consulta: 8, septiembre, 2018].

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2015a). Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015, fecha de elaboración: 24 de octubre de 2016 [Base de datos], (en línea), https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/ [consulta: 5, septiembre, 2018].

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2015b). Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015, fecha de elaboración: 17 de diciembre de 2015 [Base de datos], (en línea), https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/ [consulta: 5, septiembre, 2018].

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2018). Serie histórica censal e intercensal: Población total por entidad y municipio según año censal, 1990-2010 [Base de datos], (en línea), https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/cpvsh/default.html [consulta: 5, septiembre, 2018].

Presidencia de la República (2017). “Ley de Vivienda”, en Diario Oficial de la Federación, (en línea), México, Gobierno de la República, 27 de junio de 2006 (últimas reformas publicadas DOF 23 de junio de 2017), 36 págs., http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf [consulta: 25, agosto, 2018].

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2014). “Programa Nacional de Vivienda 2014-2018”, en Diario Oficial de la Federación, (en línea), México, Gobierno de la República, 41 págs., https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2014_%20SEDATU_Programa_Nacional_de_Vivienda_2014-2018.pdf [consulta: 5, septiembre, 2018].

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2018). “Con la Nueva Política Nacional de Vivienda se han realizado más de 6 millones de acciones en el país: RRB”, en gob.mx, (en línea), México, Gobierno de la República, 6 págs., https://www.gob.mx/Sedatu/prensa/con-la-nueva-politica-nacional-de-vivienda-se-han-realizado-mas-de-6-millones-de-acciones-en-el-pais-rrb?idiom=fr [consulta: 20, agosto, 2018].

Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 2.0 (2018a). Consulta dinámica de Subsidios CONAVI 2013-2018 (datos al 31 de diciembre de 2018) Nacional [Base de datos], (en línea), http://sniiv.beta.Conavi.gob.mx/cubo/Conavi.aspx# [consulta: 9, febrero, 2019].

Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 2.0 (2018b). Consulta dinámica de Subsidios CONAVI 2013-2018 (datos al 31 de diciembre de 2018) Estatal-Municipal [Base de datos], (en línea), http://sniiv.beta.Conavi.gob.mx/cubo/Conavi.aspx# [consulta: 9, febrero, 2019].

 

 

[1] Otra versión del artículo se publicó en Eibenschutz, Roberto y Carrillo Martínez, Laura (coord.). Repensar la metrópoli III. Tomo I: planeación y gestión. México: ANUIES; UAM, 2020.

[2] Tipo de vivienda Económica (Menos de 118 VSMM = $343,826.43); tipo de vivienda Popular (De 118 VSMM a 200 VSMM = entre $343,826.43 y $537,228.80).

[3] Para este estudio la ZMVM está integrada por 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías de la Ciudad de México y 1 municipio de Hidalgo.

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No todo el presente es príista: Bartlett y la 4T




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No todo el presente es príista: Bartlett y la 4T

CE, Intervención y Coyuntura

Categorías que refieren a infinitas prácticas sociales suelen no explicar nada. En el ámbito de la izquierda mundial, una de esas categorías es la de “stalinismo”. Entre los liberales es la de “totalitarismo”, que funciona como un recurso añejo y confiable para descalificar lo que no nos gusta, lo que es incómodo o lo que pretende hacerse pasar como una amenaza universal; aunque la mayor parte de las ocasiones el miedo se convoque a partir de alguna particularidad. Para el caso mexicano, la categoría de priísmo juega ese papel.

Se pretende que el priísmo como calificativo lo explique todo, que sea la llave mágica a partir de la cual se revele el ethos de la política, el Estado y las dinámicas profundas de la sociedad. Como calificativo de denostación, el priísmo busca construir al otro en sus aspectos negativos o funestos para la vida pública, ejercicio que suele enunciarse por alguien que reclama ser ajeno a aquellas dinámicas. También refiere al adversario, camaleónico, que, aunque diga públicamente una cosa, en realidad está pensando en otra, oscura, indecible. Ese otro priísta es una trama de prácticas, ideas, proyectos que no se dicen, pero que articulan una forma corrupta, conservadora y perniciosa.

Pero ¿en verdad, a estas alturas del siglo XXI, sirve esa referencia? ¿No es acaso un mecanismo de negación de los matices y las diferencias producidas en una trayectoria histórica? ¿No es acaso el colocar al centro algo que ya no es central ni puede serlo? ¿No es, de últimas, una manera de ahorrarnos las explicaciones de fenómenos nuevos que requieren otras tipificaciones, otros conceptos, otras palabras?

Los críticos al actual gobierno ­sean estos de a pie o analistas­ han cedido a la terrible tentación de emplear al priísmo como categoría. Así, avientan máximas como “Morena es el nuevo PRI”, “AMLO es priísta”, “el gabinete está lleno de priístas”. Si bien para la oposición de a pie es difícil argumentar sobre este tópico, no deja de ser llamativo la referencia constante entre la intelectualidad crítica del gobierno. Pasamos de la discusión entre amigos, en donde ésta puede ser una categoría para referirnos a lo que no nos gusta, a convertirlo en una categoría explicativa.

Sin duda la transformación de la sociedad sería más fácil si pudiésemos agrupar de esa manera a las personas, y reducir todo y a todos al maniqueismo del blanco y negro, pero “gris es toda teoría y verde el árbol de oro de la vida”. Un ejemplo de que el uso del mote de priista es insuficiente y sólo aporta al ocultamiento de los fenómenos, es la trayectoria de Manuel Bartlett Díaz y su papel en la 4T.

Auque nos pese a la izquierda, desde hace años Manuel Bartlett ha sido un activo opositor a la reforma energética impulsada desde los sexenios anteriores; este proceso de oposición ha sido un trayecto largo y complicado, con derrotas, pero también con algunas victorias memorables. Ese es el motivo verdadero del encono.

En 1999 Ernesto Zedillo envió al Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional en materia eléctrica. Luego de una intensa movilización popular, la comisión de puntos constitucionales –presidida por el entonces senador del PRI, Bartlett– dictaminó en contra de la iniciativa del jefe de su partido, frenando dicha reforma.

Luego, el PRI presentó una propuesta alterna a la de Zedillo la cual declaraba, por lo menos en la letra, que no se aceptaría una reforma constitucional, ni se toleraría la privatización, porque ésta no traería beneficios, haciendo referencia a los casos de Inglaterra, Francia, Chile y Argentina. Esta propuesta alterna, que fue defendida por Bartlett, no había profundizado en la situación de las empresas públicas, puesto que hablaba de la necesidad de “modernizarse”, de “acabar con problemas graves”, de proceder con “transparencia”. [2]

En junio de 2003, Bartlett y el diputado Salvador Rocha, también legislador por el PRI, presentaron una denuncia administrativa de hechos contra el proceso de privatización eléctrica que llevaba a cabo el gobierno de Vicente Fox. Aunque su preocupación era justa y la argumentación correcta, las conclusiones no eran claras. Ambos legisladores, presidentes de las comisiones de puntos constitucionales de ambas cámaras, denunciaron la «privatización encubierta» que «podría paralizar el servicio público y poner en riesgo la seguridad nacional». En aquel momento tal apreciación era tímida, puesto que no se trataba de una privatización encubierta, sino descarada. Ellos mismos lo apuntaban en su denuncia: eran casi 20 mil MW de generación, otorgados mediante permisos privados indudablemente inconstitucionales; una capacidad eléctrica equivalente entonces a más de la mitad de la capacidad propia disponible de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“…los legisladores del PRI demandan fincar responsabilidades administrativas, políticas y penales a los funcionarios públicos [entre ellos los titulares de la Secretaría de Energía, Ernesto Martens, y de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub] y los particulares involucrados en ese comercio ilegal del fluido eléctrico. Denuncian que hay 17 empresas que ya operan, todas filiales de corporaciones extranjeras, y generan en conjunto 7 mil 92 megavatios, 19 por ciento de la capacidad de generación de la CFE”. [1]

Bartlett y Rocha solicitaban a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) «investigar y auditar los 225 permisos para generar electricidad otorgados a particulares por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox». Pese a que ésta no fue una acción contundente, sí representó un avance.

De igual modo, en 2003 Bartlett denunció que los llamados Contratos de Servicios Múltiples (CSM) violaban «la Constitución, las leyes y los reglamentos» cuando, so pretexto de que la generación eléctrica requería de 1,000 millones de pies cúbicos diarios y que para 2005 se requeriría del doble, obligaron a Pemex a firmar contratos a largo plazo para suministrar el gas natural a las trasnacionales; y luego otorgaron multitud de permisos (privados) para la distribución de gas natural en diversas modalidades; y, finalmente promovieron dichos contratos (CSM), para la intervención extranjera en la exploración y explotación de gas natural no asociado.

Y así era. En 2004, la revisión de la Cuenta Pública 2002, practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estableció que “los permisos otorgados a empresas nacionales y trasnacionales […] son ilegales y violan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. La ASF advertía la posibilidad de aplicar sanciones “administrativas, políticas y penales” a quienes cometieron el fraude. Tal dictamen de la ASF era el resultado de la denuncia presentada por Bartlett y Rocha. Empero, el asunto no pasó a mayores, porque el desglose de las irregularidades detectadas por la ASF ni siquiera se hizo público. Mucho menos estimuló al legislativo a corregir las anomalías detectadas.

A finales de su período como senador (2000-2006), Bartlett renunció al PRI, y volvería al senado hasta el 2012, esta vez representando al Partido del Trabajo (PT). Bartlett continuó su lucha denunciando que a través de la ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, se hacía un nuevo intento de privatizar la energía eléctrica, subsidiando a las empresas extranjeras «que generen electricidad a partir de fuentes renovables». Reveló la existencia de una minuta aprobada en el anterior periodo de sesiones de la Cámara de Diputados: “—«casi sin discusión, vía fast track»—, que abría las puertas a las trasnacionales y, en general, a corporaciones extranjeras que han desarrollado tecnología en Europa para generar energía renovable a fin de que vengan aquí a hacer el gran negocio. Además, serán financiadas por el gobierno federal”. [3]

Una vez más, Bartlett no se equivocaba, pues efectivamente la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y miembro de la comisión de energía de la Cámara de Diputados, aprobada por 200 votos a favor, 100 en contra y 11 abstenciones (el 14 de diciembre de 2005), confirmaría plenamente la denuncia del senador Bartlett. Dicha ley otorgó además a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) las atribuciones para expedir normas, directivas, metodologías, modelos de contrato y demás disposiciones jurídicas de carácter administrativo para la generación de electricidad a partir de Fuentes Renovables de Energía (Art. 7), y encargar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la todavía existente Luz y Fuerza del Centro (LFC), la expansión de las redes de transmisión y distribución para recibir la electricidad generada (Art. 11), así como aceptar la electricidad generada a partir de Fuentes Renovables Intermitentes en cualquier momento que se produzca (Art. 14). Y encima, adecuar la operación del sistema eléctrico a las condiciones particulares de escala, de distribución geográfica y de variabilidad en el tiempo de las distintas tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía (Art. 15). Lo anterior, sin contar con la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, aprobada antes “para incentivar” a las energías renovables (biomasa y etanol) de acuerdo con el protocolo de Kioto, dando estímulos a los productores del agro (no pagando IVA) para ser autosuficientes en energía, entre otros, y poder vender los excedentes a CFE.

Hacia 2015, Manuel Bartlett denunció las actividades de Hillary Clinton contra México, para la aprobación de la contrarreforma energética de Peña Nieto:

«El contenido de los correos electrónicos de la actual precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, desclasificados la semana pasada por el Departamento de Estado, revelan que la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto se hizo al gusto de las grandes empresas trasnacionales y que se usó a la embajada estadunidense en México para engañar al pueblo mexicano, afirmó ayer el senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo» [4].

Ante la contrarreforma constitucional de EPN, Bartlett, junto con David Monreal Ávila, Layda Sansores y Ernestina Godoy Ramos, promovieron un intento de demanda de amparo, misma que un tribunal federal desechó de manera definitiva en 2014, por ser «notoriamente improcedente, ya que la legislación señala de manera expresa que no es posible impugnar mediante juicio de garantías un procedimiento de reformas a la Carta Magna» [5].

Este proceso hizo de Barlett un político oficialista informado en la lucha contra la privatización energética, haciéndolo destacar por su experiencia y conocimiento en la materia; por el contrario, los legisladores de los demás partidos de oposición tuvieron un accionar patético, en donde el PRD llegó al extremo de aliarse al PRI y PAN para firmar el llamado Pacto por México.

Una vez aprobada por la mayoría de los congresos estatales, la comisión permanente del Congreso de la Unión declaró válida aquella ignominiosa contrarreforma energética y la envió al Ejecutivo para su promulgación. Con infamia y cinismo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los diputados del PRI, celebró el fin del «sacrosanto» artículo 27 constitucional, y llamó “Hipócritas nacionalistas” a quienes defendieron el petróleo y los recursos de la nación.

No pretendemos trazar toda la trayectoria política de Bartlett, en donde sin duda ocupa un lugar especial la responsabilidad que tuvo en la llamada “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988; este hecho, que si bien aún no se ha esclarecido, sí ha dado pie a la creación de un mito político que lo señala como el responsable directo. Por otra parte, su actuar en la lucha contra la privatización de los enérgeticos nos muestra un Bartlett que se posicionó en contra del PRI, pese a que formaba parte de sus filas.

Con esto, además de evidenciar los claroscuros de un personaje, también se da cuenta de la necesidad de rebasar la categoría de priísta –como monolítica y homogénea– y de afilar las armas de la crítica, pues la realidad le ha pasado por encima a los intelectuales de la opinión pública, cuyo marco categorial, forjado en el siglo XX, no sirve más. Un conjunto de aproximaciones tiene que ser reformulado. No es posible ya recurrir a este tipo de categorías que pretenden explicar todo, cuando en realidad no explican la complejidad de distintos procesos políticos. La salida fácil de insistir en la existencia de un cordón umbilical irrompible no da cuenta sino de la incapacidad de pensar una situación histórica nueva, donde el Estado se encuentra en plena reforma y el régimen político se reconfigura.

[1] Becerril, A. La Jornada, 25 de junio de 2003. https://www.jornada.com.mx/2003/06/25/003n1pol.php
[2] Velasco E, Becerril A, Davalos R. La Jornada, 10 de julio de 2002. https://www.jornada.com.mx/2002/07/10/012n1pol.php]
[3] Becerril A. La Jornada, 5 de febrero de 2006. https://www.jornada.com.mx/2006/02/05/index.php?section=economia&article=026n1eco
[4] González R., La Jornada, 10 agosto 2015. https://www.jornada.com.mx/2015/08/10/politica/003n1pol
[5] Méndez A., La Jornada, 15 de mayo 2014. https://www.jornada.com.mx/2014/05/15/politica/009n1pol