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Guerra e Historia: la relación Ejército-Estado en el México del 2022



Guerra e Historia: la relación ejército-Estado en el México del 2022

Héctor Báez

Primero aclarar un par de cosas que doy por hecho: 1) Sólo lo que no tiene historia puede definirse; 2) La historia de algo es su concepto.

Recientemente en México se han aprobado reformas constitucionales que, entre varios efectos, los principales han sido establecer una policía militarizada –llamada Guarda Nacional– y ampliar la presencia militar directa hasta 2028 como medida de enfrentamiento al Crimen Organizado –principalmente a los cárteles de la droga–. Una de las reacciones a esto fue señalar el inicio de una militarización en el país, lo cual, si no precisamente errado, sí considero es algo llevará a callejones sin salida.

Hemos desarrollado nuestro pensamiento histórico a través de los siglos, probablemente una persona promedio de la actualidad tenga más sentido del desarrollo histórico que un griego de la antigüedad y que la mirada histórica de un Heródoto sea más fácil de desarrollar hoy día entre personas promedio. Lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a buscar el origen de sucesos en la historia, de mirar momentos importantes y llamarlos el inicio de algo, el punto de inflexión, el momento de la transformación… Si bien de una forma general no tiene problema tomar las cosas así, si a eso nos reducimos, a buscar el origen en la historia, muchos fenómenos quedarán mutilados, inconexos e incluso inexplicables. La forma de preguntar sobre un suceso determina nuestro punto de arranque, enfoque y la dirección en que seremos arrojados de forma inicial, por ejemplo, no es igual preguntar ¿por qué en México se está iniciando un proceso de militarización? A preguntar ¿cuáles son las condiciones actuales de la relación ejército-Estado en el México del 2022?La primera pregunta nos desconecta del pasado, hablamos de una militarización que antes no existía, se hablar de poder al ejército que antes no tenía y nos asustan problemas nuevos que antes no había, lo cual, es un error. Se teme que el ejército controle a la población, la intimide y vigile, pero si decimos que es por un nuevo poder del ejército, ¿qué pasa con la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968?, ¿no es una de las expresiones más crudas de cómo el ejército tiene, desde al menos el S XX, un papel de control sobre la población, de protección del Estado? Lo mismo pasa con Ayotzinapa, ¿no había militares infiltrados en grupos estudiantiles para vigilarlos y neutralizarlos de ser necesario? En resumen, si hablamos del inicio de la militarización en lugar de un momento distinto del desarrollo en la relación ejército-Estado, entonces el poder que el ejército ha tenido en control territorial, económico, social y de seguridad sobre la población, al menos desde la época posterior a la Revolución Mexicana, quedará inexplicable, o sólo como eventos aislados del pasado que en realidad no explican nada sobre la situación actual.

Así que ahora tenemos dos eventos que bien o no se relacionan o están uno frente a otro en alguna forma de espejo que muestra lo pasado y lo futuro: por un lado, una masacre de estudiantes a manos del ejército bajo la justificación de la amenaza comunista –la amenaza de un deseo de transformar la forma de producción de la riqueza y satisfacción de necesidades–; por otro un ejército que pasa de una acción bélica directa, a tener un intermediario –la Guardia Nacional– y actuar abiertamente como una industria: organización de la mano de obra para construir aeropuertos, trenes, sistemas de refinación, caminos y así como administrar las ganancias generadas según sus necesidades. Aquí de nuevo nos vemos obligados a plantearnos cuál va a ser nuestra pregunta, ¿estamos presenciando dos eventos aislados, un corte en la historia que separa a la masacre del 68 con el paso sencillo del ejército, en 2022, hacia una organización bélica-industrial?, ¿o presenciamos un nuevo momento en el desarrollo de la dependencia entre Estado, ejército y sistema de producción? Y a esto se debe agregar algo que bien o es un problema a investigar o podría ser una simple curiosidad. Desde 2007 el Estado mexicano declaró una guerra que impuso a gran parte del país una vivencia de terror prácticamente viviendo bajo una ley marcial, bajo el yugo directo del ejército, y desde entonces, hasta 2022 se ha logrado dar una transición de la acción directa de la milicia a aceptar un intermediario por medio de una policía militarizada. Sin embargo, de 2018 a 2022 el ejército ha dado un paso sin problemas, un brinco veloz de una simple organización bélica a una corporación que construye, organiza mano de obra y administra ganancias. ¿Qué luchas de poder impedían una transición del primer caso, por otro lado, cómo el ejército tenía tan rápido las condiciones para portarse como una industria, con una efectividad que envidiaría cualquier capitalista?

Antes de seguir, ahora que es claro estoy hablando del Estado moderno que hace posible el sistema de producción capitalista, debo señalar que estoy dentro de un problema histórico muy cercano a Occidente y a prácticamente toda cultura. Al mirar la historia del capitalismo, tal vez nos veamos tentados a mirar civilizaciones previas como una ruta de escape, como mundos que ofrecía diferentes posibilidades para desarrollarnos más allá que simples engranes en la línea de producción del capital. Sin embargo, si miramos históricamente, tenemos la cuestión de que la violencia y la fuerza siempre han estado en la base de la creación de una civilización. Ya sea el imperio de Atenas, el de Roma, las grandes culturas prehispánicas, los pueblos galos o germánicos, etc. Lo que los ha llevado a generar una cultura, un pueblo, siempre ha tenido su dosis de violencia, muerte, sometimiento y guerra. Así que no es lícito mirar al pasado para reprochar al presente, como si todo tiempo pasado fuese mejor, eso se debe más a cómo nos asfixia la violencia actual al grado de hacernos ver la violencia pasada como un lugar mejor, lo cual en verdad habla mucho del tiempo en que vivimos. Hoy, incluso durante una pandemia se hablaba sobre si era adecuado parar todo, no por si se dejaban de satisfacer necesidades básicas o de emergencia, sino por los efectos en la economía que implicaría frenar líneas de producción o reducirlas para lo esencial, para cubrir las necesidades de la mayoría y dejar en segundo plano la producción de capital para los dueños de la industria. Se hablaba del sacrificio del obrero para que el capitalista no perdiera ganancia y la industria siguiera; el escenario opuesto, reducir la ganancia del capitalista para salvar a las masas de obreros, era una idea loca y peligrosa que ponía en riesgo a la propia civilización actual. Esta violencia, este sacrificio de los obreros por la industria –que se da en una cultura que siente horror por la barbarie de pueblos no-occidentales o que aún tengan pensamiento mágico o no liberal– da cuenta de una forma histórica de la relación entre violencia y Estado, concretamente respecto al Estado moderno. Ya es cuestión de arqueólogos e historiadores explicar cómo alguna civilización particular usó la violencia y la guerra para desarrollarse o establecerse, pero al día de hoy, en el mundo capitalista que está dispuesto a sacrificar a los obreros ya sea en la guerra que alimenta a la industria de las armas o al clima que devora todo, se refuerza cada día, a los ojos de todos, el objetivo del Estado moderno capitalista:

Fijar, sedentizar la fuerza de trabajo, regular el movimiento del flujo de trabajo, asignarle canales y conductos, crear corporaciones en el sentido de organismos, y, para lo demás, recurrir a mano de obra forzosa, reclutada in situ(corvea) o entre los indigentes (talleres de caridad), –esa fue siempre una de las tareas fundamentales del Estado […][1]

Bajo esta mirada podemos analizar el desarrollo de otros fenómenos, como la fuerza creciente del crimen organizado. La droga, venta de armas, trata de personas son acciones ilegales, rompen con lo que establece la ley, sin embargo no alimentan grupos que se opongan ni al Estado ni a la forma de producción capitalista. El crimen organizado genera riqueza descomunal que por medio del lavado de dinero –donde se crean incluso empresas legítimas y se forman fuentes de empleo– es insertada en el mercado formal, aumenta el capital y alimenta a la economía. El Estado no tiene dificultad en generar alianzas con el crimen, usando los cuerpos policiales y militares como organismos para administrar las acciones de un grupo criminal determinado para obtener ganancias y alimentar al sistema de producción, generando así una élite económica de jefes de estado, jefes policiales y militares, además de jefes de grupos criminales que pueden comprar artículos de lujo y estar al nivel de vida de capitalistas legítimos. Se crea una nueva cepa de capitalistas que están entre lo legal e ilegal, pero que no tienen problema en entenderse con sus contrapartes legítimas, pues, gracias al comercio y a la cara universal del dinero, todos somos iguales, así que políticos, capitalistas, criminales, policías y militares pueden convivir como iguales gracias a la unidad económica del sistema de producción.  Así que el crimen organizado bien podría ser una extensión de la acción del Estado capitalista sobre todo aquello que queda en lo ilegal, organizandolo bajo la producción y abriendo nuevas oportunidades de mercado, a la vez que hace que la población desempleada participe de la producción de capital al generar riqueza que al final será reinsertada en los grandes sistemas monetarios.

Por los ríos de sangre y represión que han dejado a su paso las máquinas del capital y del Estado, desde la represión a la gente de Atenco –en nombre del progreso, crecimiento económico y desarrollo– hasta quienes perdieron la vida o sufrieron los embates por “la guerra contra el narco”, se ha hablado en México de caos, desorden. Pero no ha sido así, no hubo desorganización, todo lo contrario, al ver las complejas redes de corrupción que coordinaban a policía, ejército, crimen organizado para la producción, distribución, control y todo lo relacionado que hicieron del crimen una industria, así como la sorprendente eficiencia para manejar recursos monetarios que serían inyectados al sistema legal, se puede ver cuál era el orden imperante: la línea de la industria. El ritmo del sistema de producción se imponía como un orden que buscaba superar las viejas cadenas legales a las que estaba sujeto, abrir camino para alimentar la industria de las armas, las drogas e impulsar el crecimiento económico aparejado con la acumulación de capital en cada vez menos manos. También se buscaba inhibir la acción de la población en general, no sólo por el terror impuesto por la guerra abierta que asesinó a miles, sino por el empobrecimiento de todo esquema público que sirviese para dar algún tipo de autodeterminación, fuerza o desarrollo individual: el sistema de salud y el educativo, entre otros fueron adelgazados enormemente. El sistema no colapsó en un caos, al contrario, mostró de forma más abierta su compromiso con el orden que tanto anhelaba: si se quiere algo, deben establecerse los medios para ello, si se busca reducir al ser humano a un simple engranaje para mover la línea de una industria que genera crecimiento infinito, se debe tener una educación y un entorno que no hagan del ser humano más que un asustadizo capaz de seguir instrucciones, no más, no menos.

Sintomáticas son las reacciones de los intelectuales, políticos, periodistas, empresarios en relación a movimientos como el apoyo a AMLO o las expresiones de molestia en general contra el racismo, la pobreza y el servilismo. Quienes protegen el estado de las cosas se asustan con la polarización, el conflicto, la discusión, exigen gobernabilidad, buenos modales, razón y concordia. Esto muestra qué es lo más temen: masas convertidas en multitudes conscientes de ser una fuerza, de tener capacidad de transformar y crear mundos. No es que, por mucho racismo, clasismo y otras ideas las élites no sean conscientes de la fuerza de la multitud –pues mantener andando el engranaje del capitalismo no es poca cosa–, lo que temen es que nazca cualquier altanería, gozo de sí, cualquier sentimiento de desagrado hacia el servilismo, el vivir para el trabajo sin esperar nada a cambio, en una abnegación sin límites para generar riqueza y admirar a los ricos… Es en momentos donde hay alguna forma de organización o fuerza popular que se haga oír cuando salen a flote los grandes temores de los grupos de poder: el sentimiento de sentirse soberano en los sujetos de la masa, lo que llevaría a una democracia competitiva, donde el desarrollo individual es el medio de enfrentamiento para generar acuerdos, entre sujetos que no les satisfaga la idea de vida como un simple circular de la sangre –pues tanto en el pobre que muere en la calle como en el capitalista que duerme en seda, la sangre fluye–. Lo que anhela el sistema capitalista y el Estado moderno es una democracia simplemente normativa, donde el trabajo en la línea de producción sea la tarea asignada que se acepta de forma indiferente o, en caso de no poder anular la emoción, se acepte como un regalo y una deuda del trabajador para con el propietario que se arriesga da ofrecerle un empleo. Pero quienes buscan esto por su propio interés no son ingenuos, conscientes son de que se necesita una institución bélica del Estado que imponga orden en cualquier arrogancia de masa, un recordatorio siempre amenazante para evitar que se genere una multitud consciente: el ejército.

Escribo buscando una forma diferente de pensamiento histórico, uno que no se atasque en la búsqueda del “origen”, el momento de la explosión de algo que nunca antes había existido, sino que se enfoque más bien en buscar cuáles condiciones están actuando para llevar las cosas a un momento determinado, cuáles fuerzas están activas, trasnformando todo. Principalmente una visión histórica que no nos desconecte de los momentos del pasado y no nos reduzca a espectadores de sucesos que simplemente nacen, sino como sujetos que bien podrían llegar a constituir una fuerza transformadora. Antes de miradas fatalistas sobre el desarrollo de la historia, tal vez podamos ver en los sucesos momentos de una lucha donde podría aumentar la consciencia de fuerza de la multitud y tal vez después desatar su fuerza transformadora, fuerza nada nueva que vieron inteligencias tan diferentes como Maquiavelo, Spinoza y Marx.

Referencias

Gilles, Deleuze y Guattari Félix. Mil Mesetas. Capitalismo y Ezquizofrenia. trad. José Vázquez Pérez y Umbelina Larraceleta. Valencia, Pre-Textos, 2004.           

[1]    Gilles Delueze, Mil Mesetas, p. 374.




¿Una militarización de la seguridad por chantaje, capital y conveniencia en México?




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¿Una militarización de la seguridad por chantaje, capital y conveniencia en México?

Rodrigo Wesche

Tras algunos días se ha ventilado más información sobre el caso del ex titular de Sedena (las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expediente que el Departamento de Justicia de EU mandó a México, el expediente de la investigación efectuada por la FGR, las declaraciones del Departamento de Justicia en un comunicado de redes sociales, la entrevista de Aristegui con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y las declaraciones de un ex agente de la DEA), pero naturalmente gran parte de la comentocracia y los usuarios de redes no han seguido todos esos elementos para presentar una narrativa coherente sobre lo acontecido. Permítase hacer un símil: es como si en la actualidad un médico revisara a un paciente con fiebre y tos, pero no se fijara en la aparición de puntos blancos en la garganta. Dada la pandemia, con los primeros dos síntomas concluye que el paciente tiene coronavirus, cuando si se hubiera tomado el tiempo de revisar su garganta habría advertido que se trataba de algo bacteriano, fácilmente curable con antibiótico.

Al margen de lo que cada quién piense sobre el actual gobierno de México y lo que implica el caso Cienfuegos, un análisis no puede limitarse a los primeros y más visibles síntomas; debe comprender los síntomas en su conjunto, pero también inscribirlos en otros padecimientos de más larga data. A continuación, hablo de tres de ellos relacionados con la militarización en México: el sistemático chantaje en la relación Estados Unidos-México en materia de seguridad, la acumulación por despojo impulsada por la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y la conveniencia política del excesivo apoyo de AMLO con las fuerzas armadas.

La relación de chantaje.

La militarización de la seguridad pública en México no inició con el gobierno de AMLO ni con el de Felipe Calderón. Según el historiador Froylán Enciso (2010), la fuerte criminalización y militarización contra las drogas comenzó en 1969, cuando Richard Nixon cerró la frontera de EU-México a través de la Operación Interrupción, con el objetivo de presionar al gobierno mexicano para unirse en la lucha contra las drogas. A partir de ese momento y durante la década de los setenta, reforzados por las Operaciones Cooperación, Cóndor y Canador, se intensificó el gasto de recursos en esa lucha, a la vez que se erradicaron los plantíos de marihuana y amapola (Enciso, 2010, 79-83).

Posteriormente, durante el gobierno de Miguel de la Madrid México adoptó el discurso de seguridad nacional contra el narcotráfico y lo convirtió en un asunto de Estado, lo que supuso una transformación de los aparatos de inteligencia y del rol que jugarían las fuerzas armadas en adelante. A causa del desencuentro entre México y EU por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, el 7 de febrero de 1985, el gobierno de EU presionó con la filtración de información de los vínculos entre funcionaros públicos mexicanos y narcotraficantes. Desde entonces, cada vez que deseaba estirar más la cuerda con México, arremetía con filtración de información como lo haría nuevamente, ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, con la Operación Casablanca, en la cual se exhibió en 1998 el vínculo de empresarios y banqueros con el narcotráfico. En esa ocasión se logró el entrenamiento de Grupos Anfibios de fuerzas Especiales en 1998 a cargo del Pentágono, aunque dos años antes entrenaron a los Grupos de Aeromóviles de Fuerzas Especiales. La moneda con la que EU pagó todo ese periodo la integración de México a su agenda de seguridad consistía en hacer caso omiso del carácter autoritario del régimen mexicano (Enciso, 2010, 82-85).

Los gobiernos de la mal llamada transición democrática continuaron la militarización y adoptaron la “Kingpin Strategy”, cuyo núcleo es la captura o abatimiento de los capos o líderes de grupos delictivos. Sin embargo, a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró abiertamente la guerra contra varios grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, se intensificó la militarización de la seguridad y el régimen prohibicionista. Esta tendencia, acompañada de un escalamiento cada vez mayor de la violencia, alcanzó uno de sus puntos cumbre con la firma de los presidentes Calderón y George Bush de la Iniciativa Mérida, estrategia que representó la entrega de armamento, tecnología y asesorías a México por parte de Estados Unidos (Illades y Santiago, 2014, 57).

Cuando retornó el PRI a la presidencia en 2012 se mantuvo el mismo camino, aunque sin tanta cobertura mediática. El principal propósito del nuevo partido en el poder fue la aprobación de distintas reformas estructurales, con el propósito de terminar con la instauración del neoliberalismo en el país, gracias al “Pacto por México” firmado por los tres principales partidos políticos. El chantaje del gobierno de los Estados Unidos y específicamente de la DEA no acabó, pero sí disminuyó al conseguir el objetivo de que México ingresara por completo en el régimen prohibicionista y militarizara la lucha contra el narcotráfico. Una prueba es el actuar del vecino de norte ante un personaje como Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, y ahora acusado en New York por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, y en México por desvío de recursos y lavado de dinero. De acuerdo con los periodistas Jesús Esquivel y Anabel Hernández, entre otros, los vínculos de García Luna con el narcotráfico eran conocidos por las agencias de inteligencia de EU, pero por conveniencia decidieron nunca proceder en su contra. Para sus intereses en aquel momento no resultaba redituable chantajear con esa información.

Llegando al presente, a la presidencia de AMLO, podemos comprobar que esa relación de chantaje se ha reactivado, justo porque la Kingpin Strategy ha disminuido en intensidad y el gobierno mexicano ha sido más explícito en que el problema de violencia en el país no se puede explicar sin el increíble tráfico de armas de EU a México, como exhibió en su momento el operativo fallido “Rápido y Furioso” en 2009. En medio de este contexto quizá podamos entender los hechos recientes.

Según distintos periodistas y especialistas en derecho, relaciones internacionales y ciencia política, el expediente del general Salvador Cienfuegos que mandó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es un bodrio. La hipótesis más plausible a mi parecer es la de Carlos Pérez Ricart, académico del CIDE y especialista en el papel de la DEA en México y América Latina. Él sugiere que la DEA quedó bastante molesta por la liberación de Ovidio Guzmán en el episodio conocido como el “Culiacanazo”, acontecido el 17 de octubre de 2019, donde la operación de su captura a cargo de elementos del Ejército y la Guardia Nacional resultó fallida, lo que a su vez desencadenó varios enfrentamientos con el crimen organizado en la ciudad de Culiacán[i].

Ese enojo, supone Pérez Ricart, habría llevado a la DEA a buscar una venganza política para minar la legitimidad del gobierno, y qué mejor manera de hacerlo sino con la captura de un ex titular de Sedena. Sin embargo, al momento en que el Fiscal y la jueza recibieron las “pruebas” y percatarse de que no tenían algo sólido contra Salvador Cienfuegos, aprovecharon la defensa de la soberanía por parte de Marcelo Ebrard y el presidente AMLO, y lo repatriaron a México con los cargos retirados, pues resulta difícil creer que de haber sido culpable de esos cargos lo regresaran por sus reclamos. Así, la “bala envenenada” se lanzó a México (Pérez Ricart, 2021). La única manera de más o menos controlar los daños fue hacer público el expediente que el Departamento de Justicia mandó a México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; situación que ni el Departamento de Justicia ni la DEA se esperaban, pues involucró la violación a acuerdos de cooperación. Pero el gobierno de AMLO no podía darse el lujo de quedar mal parado en su cruzada contra la corrupción y menos en un contexto de crisis económica y sanitaria. Aún así, el daño de este chantaje ya estaba hecho.

 La acumulación por desposesión en la guerra contra las drogas.

Cuando los excedentes de capital y fuerza de trabajo no pueden ser absorbidos internamente, se requieren ajustes espacio-temporales a través de la búsqueda de nuevos mercados dentro o fuera de un territorio y mecanismos de “acumulación por desposesión”:

la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad ─común, colectiva, estatal, etc.─ en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito (Harvey, 2005, 113).

¿No acontecieron estos procesos durante el neoliberalismo? O seamos más precisos: ¿no sucedieron a la par del neoliberalismo y la denominada guerra contra el narcotráfico? Específicamente, desde la Operación Cóndor encontramos la expulsión de poblaciones campesinas, la mercantilización y la privatización de la tierra, y la transformación de los derechos de propiedad. Con el inicio de la guerra contra las drogas sólo se agudizaron esos mecanismos que habilitaron territorios para su privatización y megaextractivismo.

El geógrafo David Harvey nos explica que la acumulación por desposesión puede adquirir diferentes formas (Harvey, 2005, 115). En el caso mexicano podemos decir, entonces, que adquirió la forma de la guerra contra las drogas. Al faltar por privatizar algunos sectores de la economía y el territorio mexicano, principalmente el que concierne al energético, se requería un empujón más. No resulta extraño que primero Calderón intentara y después Peña Nieto lograra la privatización del sector energético y el desmantelamiento de PEMEX. En este sentido, Dawn Paley nos dice lo siguiente:

La guerra antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado […] el terror es usado en esta guerra contra la población de la ciudad y el campo, y cómo, al lado de esta política de terror y el pánico resultante, se implementan políticas que facilitan la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Esto es el capitalismo antidrogas (Paley, 2018, 12)

El desplazamiento de personas ha arrojado a cientos de miles de personas a vender su fuerza de trabajo, en la mayoría de los casos en condiciones precarias, y a poner en manos de grandes capitales extensas zonas de territorio, ricas en recursos, como ha sucedido con las mineras canadienses. También la guerra contra el narcotráfico ha generado que las clases subalternas hayan sufrido un debilitamiento en su organización, pues han sufrido los embates de la mezcla capitalistas-políticos-policías-militares-narcotraficantes (Illades y Santiago, 2014, 11). Al final las fronteras entre todos esos actores nunca han sido claras, como lo han demostrado Luis Astorga (2016) y Oswaldo Zavala (2018); basta ver las biografías de muchos de los más importantes traficantes para encontrar políticos, comandantes de la policía y altos mandos del ejército. En síntesis, la guerra contra las drogas ha sido un eficiente y destructivo mecanismo de acumulación de capital en México.

¿La conveniencia política de AMLO con las fuerzas armadas?

 Hernán Gómez en una reciente columna ha situado en su correcta dirección el trasfondo estratégico de esa relación. A pesar de haber prometido en campaña retirar a los militares de las tareas de seguridad, AMLO terminó fortaleciendo su despliegue en el territorio y, además, les encargó múltiples actividades de orden civil. Las razones de este cambio, no exento de riesgos, son las siguientes:

1) Por considerar que un esquema de militarización de la seguridad que un esquema de militarización de la seguridad pública es la única alternativa para controlar zonas del país que hoy están en manos del crimen organizado […] 2) Para complementar la ausencia del Estado y su débil presencia en el territorio como parte de una estrategia de pacificación y gobernabilidad […] 3) Realizar obra pública a bajo costo, ahorrándole dinero al gobierno […] 4) Porque el presidente desconfía de la capacidad y la eficiencia de prácticamente todas las instituciones […] 5) Por razones de estabilidad política y supervivencia (Gómez, 2021).

En general, coincido con los motivos expuestos por Hernán Gómez. Ante el control de múltiples grupos delictivos de grandes extensiones de territorios, la falta de presencia del Estado en zonas asoladas por la pobreza y la violencia, los reiterados amparos de grupos empresariales y políticos para obstaculizar la obra pública, la corrupción encostrada en las instituciones del aparato del Estado, y un posible intento de golpe “blando” o “duro” de la derecha, similares a los acontecidos en América Latina, el presidente encontró un bastión en el Ejército.

Sin embargo, si situamos esa relación con los puntos desarrollados líneas arriba, nos percatamos de que, en primer lugar, la relación no es tan voluntaria. El gobierno de AMLO no puede romper por completo la lógica de la militarización y criminalización de las drogas, porque justo sobre ella se ha desplegado en gran parte las relaciones entre México y EU desde la segunda mitad del siglo XX. A través de una relación de chantaje nuestro vecino del norte ha impuesto poco a poco una agenda de seguridad nacional que después de 2006 se intensificó y, de la mano de un golpe al avispero, llevó a México a una espiral de violencia imparable. En segundo lugar, y relacionado con el anterior punto, esa guerra ha servido como un proceso múltiple de acumulación de capital al generar fuerza de trabajo dispuesta a venderse en condiciones extremadamente precarias, la habilitación de territorios ricos en recursos para su extracción a manos de trasnacionales, y un fructífero mercado legal e ilegal de armamento, tecnología y “soluciones” de seguridad pública.

Los académicos y opinólogos vinculados al colectivo Seguridad Sin Guerra u organizaciones afines han generado bases de datos muy precisas sobre el infierno que se desató en México. No obstante, su crítica del apoyo excesivo del gobierno de AMLO con las fuerzas armadas nunca se ha acompañado de una propuesta viable para resolver el problema de seguridad, en parte porque nunca han atendido los dos puntos arriba desarrollados. Imaginemos que el día de mañana se regresan a todos elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Marina a sus respectivos cuarteles. ¿En verdad los grupos delictivos detendrían la violencia dirigida contra quienes estorban a sus propósitos, sean periodistas, políticos, civiles que no pagan derecho de suelo, etc? ¿Volvemos a encargarle la seguridad a la policía federal, esa donde gran parte de sus activos no habían acreditado los controles de confianza y servían de brazo armado a Genaro García Luna? ¿O mejor esperamos que las policías municipales, carente de recursos y coaccionadas por vía del dinero o la fuerza de los grupos delictivos, se hagan cargo de la seguridad? Sí, es verdad: las fuerzas armadas tienen múltiples denuncias en la historia reciente de México por violaciones a derechos humanos, ¿pero no las policías federal, estatal y municipal también los tienen? Seamos realistas: el presidente no tiene mucho espacio a donde moverse…

Casi al inicio de la película The Dark Knight (2008), dirigida por Cristopher Nolan, el fiscal Harvey Dent le reclama al comisionado James Gordon que muchos de los policías con los que éste trabaja en su unidad han sido investigados por actos de corrupción. Gordon le responde que si él no trabajara con policías que Dent ya ha investigado –mientras éste se hacía famoso–,se habría quedado trabajando solo. Termina con una sentencia potente: “Yo debo hacer lo mejor que puedo con lo que tengo”. Podemos reconocer en Dent a todos aquellos académicos, periodistas, activistas de izquierda radical y progresistas, y en Gordon al gobierno de AMLO. Los primeros, famosos por sus diagnósticos y críticas implacables, han generado fama de expertos; nadie niega que lo sean. Pero el segundo, nos guste o no, sólo puede hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y lo que tiene, no de manera tan voluntaria ─como hemos visto─, para afrontar la crisis de violencia en el país, es el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Quizá eso pensó, entre otros elementos, al buscar el regreso del general Salvador Cienfuegos.

Para concluir: ¿por qué el ex titular de SEDENA al día de hoy está libre con un gobierno que tiene como un eje de su gobierno la lucha contra la corrupción? No lo sabemos y probablemente tardaremos mucho en saberlo, pero sospecho que las hipótesis más viables son las que atienden a la telaraña que une a la conveniencia política, el chantaje y el capital en México.

Ítem: Sólo quiero destacar cómo un sector de la izquierda muy crítica de la teleología del progreso en la modernidad, basada en la lectura de autores de la Teoría Crítica y el posestructuralismo francés, se aproxime a la coyuntura con los lentes de la teleología, cuando ahí tendría que ser más consecuente con esas críticas filosóficas y reflexionar los avances, retrocesos y cambios de dirección que acontecen en la frontera o el frente de los procesos. No hay historia, no hay contextos en sus “análisis”.

 

Referencias

Astorga, Luis. (2016). El siglo de las drogas. Del Porfiriato al nuevo milenio (segunda edición). México: Penguin Random House.

Enciso, Froylán. (2010). “Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y narcotráfico”. En Arturo Alvarado y Mónica Serrano (coords.), Seguridad nacional y seguridad interior. México: El Colegio de México, México, pp. 61-104.

Gómez, Hernán. (2021). “AMLO y las fuerza armadas”, Heraldo de México. En línea: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/amlo-las-fuerzas-armadas-246412.html

Harvey, David. (2005). “El «nuevo» imperialismo: acumulación por desposesión”, Socialist register 2004. Buenos Aires: CLACSO, pp. 99-129,

Illades, Carlos y Teresa Santiago. (2014). Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra. México: Ediciones Era, México 2014.

Paley, Dawn. (2018). Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo. México: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo palabra.

Pérez Ricart, Carlos A. (2021). “El expediente Cienfuegos”, Programa para el estudio de la violencia. En línea: https://www.cide.edu/pev/2021/01/27/el-expediente-cienfuegos/

Zavala, Oswaldo. (2018). Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (tercera edición). Barcelona: Malpaso Ediciones.

 

[i] Véase el desarrollo de esa hipótesis en la entrevista que los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela le hicieron a Carlos Pérez Ricart: https://www.youtube.com/watch?v=t-Sdj3aCoB8




El humo del caso Salvador Cienfuegos




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El humo del caso Salvador Cienfuegos

Rodrigo Wesche

Tesista de la Licenciatura en Filosofía por la FFyL, UNAM y pasante de la Licenciatura en Historia por la ENAH

En su ensayo titulado “Historia y ciencias sociales: la larga duración”, publicado en 1958, el historiador francés Fernand Braudel planteaba que la Historia en un diálogo con otras disciplinas podía contribuir con su particular abordaje de un aspecto de la realidad social: la duración social. Ahí distinguió tres tiempos correspondientes con el acontecimiento, la coyuntura o el ciclo, y la estructura respectivamente. El tiempo corto del acontecimiento es propio de la vida cotidiana y, por eso, en él se sitúan las narraciones de los cronistas o periodistas. Al formar parte del tiempo breve y dramático, nos dice Braudel, “el acontecimiento es explosivo, tonante. Echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos; pero apenas dura, apenas se advierte su llama”. Del acontecimiento todos los contemporáneos quieren hablar, pero pocos lo hacen con claridad por su carácter fugaz y el humo de su espontaneidad. 

Esto se constató con el reciente caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). El jueves 15 de octubre del presente año fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, por funcionarios estadounidenses, por encargo de la Administración de Control de Drogas (DEA). La razón de su detención fue presuntamente haber cometido delitos de producción, distribución e importación de droga, así como de lavado de dinero. 

Sin embargo, el pasado 17 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) de México y la Fiscalía General de Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto, donde explicaban que el Departamento de Justicia de EU solicitaría al día siguiente la desestimación de los cargos penales contra el general Cienfuegos, para que así fuera investigado por las autoridades mexicanas como una forma de reconocer la colaboración de ambos países en materia de seguridad, y también aclararon que el Departamento de Justicia proporcionó a la FGR las pruebas que serían presentadas durante el proceso del general.

Al día siguiente del anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard dedicaron la tradicional conferencia de la mañana a presentar los hechos relacionados con el caso del general Cienfuegos, y a contestar preguntas de la prensa. En términos generales, el presidente y el canciller argumentaron una violación a la soberanía del país y falta de confianza en las instituciones mexicanas, pues la investigación se había realizado unilateralmente. Unas horas después, en efecto, la juez estadounidense Carol Amon, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York desechó los cargos. 

Desde el anuncio de ambas Fiscalías en las redes sociales y los medios de comunicación se comenzó a especular sobre los motivos que había detrás del retorno del general Cienfuegos, gestionado por el gobierno de AMLO y la FGR. Algunos hablaron de un pacto de impunidad con la pasada administración federal, olvidándose de los casos de la Estafa Maestra y Emilio Lozoya; otros sugirieron que la cúpula de las fuerzas armadas habría amenazado al presidente con un golpe de Estado, si no traía al general a toda costa. También algunos días después se difundió en medios de comunicación la versión de un pacto que habría implicado intercambiar al general por un capo que sería capturado en el futuro. Ya ni hablemos de las contradicciones de aquellos que pretenden suscribir todas las versiones a la vez o cambian de parecer según sea conveniente con el propósito de criticar la actual administración. El problema de todas esas versiones consiste en que se atienen al análisis del acontecimiento en sí mismo y nunca van más allá de él.

Ciertamente el caso del general Cienfuegos es desconcertante de principio a fin. Probablemente lo más cercano a parecerse sea el proceso que también enfrenta en Nueva York Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. No obstante, nunca agentes de la DEA habían arrestado a un militar de tan alto rango. Tampoco habíamos tenido noticia de que el Departamento de Justicia de EU solicitara desestimar los cargos de un acusado de semejante importancia por petición de autoridades mexicanas. 

Ante las decenas de especulaciones al respecto, algunas de ellas francamente ridículas, y la falta de información en el corto plazo, bien haríamos en recordar las reflexiones de Braudel sobre el acontecimiento. Su carácter fugaz y espontáneo poca claridad nos puede arrojar sobre un asunto que concierne a un proceso de más largo aliento. La mayoría de las explicaciones se detuvieron a especular sobre el caso, pero nunca ahondaron en cómo se inscribe en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, la mal llamada guerra contra el narcotráfico o las intenciones de transformar al país del gobierno de AMLO, al margen de si se simpatiza o no con su proyecto. Nunca se situó el acontecimiento en la lógica de las macro y micro estructuras sociales y, por consecuencia, de una temporalidad de mayor amplitud. 

En contraste, propongo que sigamos el consejo de Braudel sobre invertir el reloj de arena en ambos sentidos: “primero, del acontecimiento a la estructura, y, después, de las estructuras y de los modelos al acontecimiento”. Sólo así encontraremos algo de claridad en medio de tanto humo.