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La geoeconomía marxista: método de análisis del mercado mundial contemporáneo



La geoeconomía marxista: método de análisis del mercado mundial contemporáneo

Oscar David Rojas Silva

Cuando se habla de relaciones entre países se suele hablar de geopolítica. Los países o estados nación que establecen relaciones entre sí, se convierten en nodos donde, en primera instancia, se interconectan con sus regiones, pero también se encuentran sometidos al carácter general histórico que cobra determinado mercado a escala planetaria; por tanto, el análisis del mercado mundial implica la toma de conciencia del tipo de nodo particular que representa cada uno de los países integrantes en el contexto del modo productivo desplegado a escala global. Ahora bien, la particularidad de cada país distingue entre un país hegemónico, central que domina el proceso de acumulación; una zona de países que colaboran íntimamente con el país central para beneficiarse del proceso de explotación, aunque su autonomía se encuentre limitada; y, por último, pero no menos importante, un universo de comunidades periféricas que toman un papel de estados explotados para fines de acumulación de las dos primeras zonas.

El poder que le da centralidad a esta visión implica, desde luego, el entendimiento de que el plusvalor no solamente surge como chispazo del enfrentamiento dentro de la fábrica (la relación entre capital fijo y capital variable) sino también a nivel de sociedades completas. Las llamadas “cadenas de valor” en realidad son “ríos de plusvalor”. Así como la geología estudia la determinación de la superficie terrestre por efecto del planeta como un ente en evolución, la geoeconomía aborda el sentido de los ríos y la acción de conjunto de los estados nación en el contexto de la competencia capitalista a escala planetaria. No se trata solamente si el gobierno de un país lo está haciendo bien o mal sino el contexto en el que su acción se enmarca. En este sentido es que reivindicamos la geoeconomía marxista.

No podemos dejar de mencionar que esta reivindicación surge como respuesta o, mejor dicho, exigencia, de la realidad misma, puesto que desde la crisis del 2008 se detecta una fase histórica de crisis generalizada o civilizatoria. Este momento representa no solo “una crisis más” de las que el capitalismo “siempre” se recupera, sino una crisis-límite, en el sentido de que la fractura que produce no es un proceso reversible (para recuperar el concepto de Kondratiev), sino irreversible. Es decir, genera una tensión en el momento histórico en el que se establece la posibilidad de alcanzar una nueva fase dentro de la evolución macrohistórica en el contexto del proceso de transición entre modos de producción.

El estudio cuidadoso de las crisis financieras nos arroja que en la actualidad se viven exactamente las mismas condiciones que permiten la volatilidad del mercado accionario que provocaron en un primer lugar el conflicto. No solo no se “aprendió” nada de este suceso, sino que el dominio del dólar busca por todos los medios, incluso los militares, su prevalencia. En realidad, una mirada crítica nos arroja que dicho momento significa el rompimiento del modelo geoeconómico dominante. Por el lado fiscal, los esquemas impositivos son totalmente incapaces de regular al capital, el resultado: desigualdad absoluta[1]. Hasta autores del mainstream como Thomas Piketty no han hecho más reconocer este fenómeno; de alguna manera, estos estudios son la comprobación empírica actualizada del principio que Marx descubre en el siglo XIX: el capital tiende indefectiblemente a la centralización y concentración mediante el dominio del sistema crediticio.

La geoeconomía, a diferencia de la versión estándar de geopolítica, parte del reconocimiento de la lucha imperialista (o, dicho de otra manera, el modelo geoeconómico que establece relaciones de dominio en el mercado mundial). No se trata de saber qué es lo que los países hacen en tanto sus relaciones políticas, sino la posición material económica que alcanzan, su estructura económica y el nodo que significan para la evolución del modelo en su conjunto. Tampoco se trata solamente del análisis desarrollista de los flujos de inversión extranjera directa o de cartera. La balanza de pagos es insuficiente para dar cuenta de la complejidad de estas relaciones de poder. Es un asunto de las formaciones económicas que los países alcanzan en determinado momento.

Por ejemplo, en el caso de México, actualmente estamos viviendo la cuarta transformación, aunque los opositores insistan que esto es un simple eslogan, en realidad es expresión de este movimiento telúrico que significa la crisis actual, en el que no solo está en juego el restablecimiento de la tasa de ganancia, sino, sobre todo, el poder del modelo hegemónico centralizado (o unipolaridad) y la necesidad, y urgencia, de cambiar las polaridades para superar la crisis actual de devastación natural y social (pensemos en el concepto de relaciones subvertidas de Hinkelammert), es decir, el horizonte posible de multipolaridad. Por tanto, dentro de las periferias están ganando las izquierdas en el sentido que significan el impulso consiente de realizar cambios estructurales y no solamente mejores versiones de efectividad dentro de un mismo modelo (como el centro y la derecha lo piensan). En suma, la cuarta transformación implica la pregunta geoeconómica del tipo de nuevo nodo en un nuevo esquema mundial.

En términos de procesos históricos, la crisis subprime fue la última crisis financiera clásica del modelo hegemónico del dólar, apenas doce años después se produjo la crisis pandémica e inmediatamente la crisis militar. Por tanto, hay elementos objetivos para demostrar la necesidad de establecer un análisis cuidadoso y riguroso para establecer la estrategia que nuestro país puede tomar dentro de las modificaciones estructurales que exige este momento. Es aquí donde el análisis geoeconómico cobra su papel central: se trata del análisis de lo que permite la cohesión entre los diferentes países, permitiendo no solo la generación sino el movimiento de la extracción de plusvalor capitalista. El circuito no podría realizarse sin la funcionalidad de la moneda mundial, es decir, esta postura –contrapuesta a la geopolítica tradicional– parte del reconocimiento de análisis del patrón monetario que domina como elemento central.

La izquierda misma, en muchas ocasiones, se queda corta hablando interminablemente sobre las formas fiscales, pero, como hemos dicho, la desigualdad estructural no se transformará de forma unilateral por esta vía, sino que necesita del análisis de las formas monetarias. Es en este sentido que la cuarta transformación necesita de esta discusión para explicitar la estrategia de transformación cualitativa del modelo económico dominante.

El punto central de esta discusión parte de una hipótesis particular: la emergencia de China representa un modelo geoeconómico alternativo a nivel estructural, pero este no solo es otro modelo, sino que es la evolución o síntesis del opuesto estadounidense. Es decir, la posición actual de China establece una nueva dinámica del mercado mundial. Este punto fue explícito en el discurso del presidente López Obrador durante la reciente conferencia de países de América del Norte. La hegemonía de los Estados Unidos quedó herida de muerte desde 2008, la crisis energética y luego militar de Europa, su semi-centro (sin olvidar el estancamiento sistemático de Japón, otro de sus aliados), representan elementos de desgaste terminal. Esto explica el advenimiento de las “nuevas” derechas puesto que la crisis implica el miedo de los semicentros y centros a perder su lugar en el mundo, frente a la mudanza histórica no pueden hacer más que gritar y exigir por medio de la violencia su pretensión de permanencia eterna.

Así, la pregunta se renueva, pasamos del pesimismo que postula que “la hegemonía jamás se disuelve”, a la expectativa sobria del nuevo modelo por venir, que como sabemos, no se trata de un automatismo de fases históricas en las que la praxis no tiene nada que ver, sino el reconocimiento o lectura de totalidad concretaque implica preguntarse por la posibilidad real de mudanza histórica a un nuevo modelo y actuar en consecuencia. El reto es modular los casos particulares (e incipientes) para que dejen de significar simples reiteraciones de lo mismo, sino que representan sensibles mutaciones de la fase histórica del modo productivo, uno que producirá una nueva versión de manera esencial, es decir, cambia la forma civilizatoria de las ideas dominantes, se establece un nuevo modelo ideal (como diría Juan José Bautista) y se accede a una nueva formación económico-social. Este concepto es el que nos permite plantear una geoeconomía marxista, basada en el análisis del mercado mundial como el tiempo-espacio de la dinámica de rotación del capital en su despliegue de enriquecimiento histórico.

[1] Recordemos el concepto de “pobreza absoluta” de Marx, señalando que este fenómeno no tiene que ver con el grado del ingreso sino con la condición vulnerable en el que el trabajo está sistemáticamente anclado a las decisiones de negocios de su clase opositora.




Pueblo y Ley: teoría obradorista del derecho constitucional



Pueblo y Ley: teoría obradorista del derecho constitucional

César Martínez (@cesar19_87)*

Modernidad en teoría jurídica implica que el Estado tiene un rol en la construcción de una sociedad libre, formada por personas dignas.

Alessandro Passerin D’Entreves

El discurso “todas las personas, todos los derechos” mediante el cual el ministro Arturo Zaldívar y la ministra Norma Piña llegaron a la presidencia del Poder Judicial resulta sospechoso considerando que él y ella han sido ambiguos cuando se trata de sentar jurisprudencia sobre delitos contra la hacienda pública y contra los recursos naturales propiedad de la Nación. La de Zaldívar y Piña es, pues, una concepción neoliberal de la justicia constitucional, donde los derechos individuales desplazan derechos políticos y sociales, justo cuando la aproximación obradorista al derecho sostiene algo muy distinto: que el Estado por mandato de la Constitución está obligado no solo a contemplar derechos, sino a garantizarlos.

Se habla de una lógica neoliberal puesto que en el maniqueísmo entre defender derechos y ser “anti-derechos” yace otro maniqueísmo aún más sutil: el de las personas contra el Estado retratado como ese horrendo leviatán que nadie ha visto con sus ojos ni tocado con sus manos, pero a cuyo nombre se justifican todo tipo de atropellos sobre individuos y minorías. Precisamente esa fue la ponencia de la magistrada Piña a favor de transnacionales españolas e italianas en la industria eléctrica en México: que el órgano de Estado, la Comisión Federal de Electricidad, viola el derecho de las personas a un medio ambiente limpio. Asimismo, esa fue la ponencia del magistrado Zaldívar a favor de grandes contribuyentes: que la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar de Estado en el ámbito del fraude fiscal viola el derecho de las personas a la presunción de inocencia. En efecto, tanto ella como él suelen buscar la salida fácil del “garantismo” a costa de los recursos del Estado, bienes sociales y bienes públicos.

“Todas las personas, todos los derechos” funciona de esta forma bajo una doble fantasía ideológica: una, que entre personas no existirían asimetrías de poder económico y político; y dos, que el Estado es enemigo de la libertad. Este neoliberalismo “posmoderno” contradice al liberalismo moderno que inspiró la Constitución de 1917, en cuyos artículos se leen dos ideas claramente contrarias a las de Zaldívar y Piña. Estas son que la desigualdad es una realidad social que impide el goce de libertades plenas y que, por tanto, un Estado democrático debe combatirla activamente. No hay libertad sin igualdad sustantiva, o como dice el verso del poeta Salvador Díaz Mirón: no se tiene derecho a lo superfluo mientras hay quien carece de lo indispensable.

Para contextualizar históricamente, vale citar al artífice del artículo 27 constitucional, Andrés Molina Enríquez, quien inspiró en la actual carta magna la reflexión sobre la paradójica Constitución de 1857: ¿Cómo ejercer libertades republicanas de pensamiento, culto, expresión, prensa, asociación política y civil en una sociedad lastrada por barreras raciales, étnicas, de género y socioeconómicas heredadas de la colonia española? Así, la aportación máxima de Molina Enríquez en su clásico ensayo Los Grandes Problemas Nacionales de 1909 fue la noción de que el Estado mexicano, en tanto institución de soberanía nacional, cuenta con personalidad jurídica propia. Esto es, que los poderes públicos dimanados de la voluntad del Pueblo tienen facultades legales para sacar del mercado o del comercio, (sustraer de los derechos de propiedad individual), territorio y recursos naturales entre otros activos públicos para atender razones de interés general: vivienda, educación, trabajo, salud, energía. En este orden de ideas, de la Constitución del 57 a la de 1917 sucedió un cambio de paradigma, nos explica don Andrés, dado que se reconoce que la situación social es una fuerza material que condiciona la vida de las personas: “… cuanto mayor número de relaciones sociales abarca una Constitución, es más adelantada; y cuanto más se avanza por este camino, la Constitución se aleja del derecho romano tradicional, de origen y de carácter individuales.” (p. 483)

De modo que una teoría obradorista del derecho constitucional rechaza la jurisprudencia neoliberal, según la cual la ley consagra tal o cual modelo ideológico de relaciones interpersonales, en favor de una noción donde el Estado tiene un rol activo en la construcción de una sociedad libre formada por personas cuya dignidad las vuelve sujetas de derechos, según la cita de Passerin d’Entreves al inicio de estas líneas. Aquí resulta esclarecedor el pensamiento liberal de este jurista italiano porque aborda directamente al maniqueísmo anti-Estado, conceptualizando al Estado a partir de la noción de libertad política: esto es, como una institución convencional, resultado de convenciones deliberadas entre personas libres o personas al menos con la aspiración de ser libres. Genialmente, Passerin desmiente el retrato del Estado como enemigo de la libertad respondiendo “que estas acusaciones no tienen fundamento cuando el Estado actúa de manera directa removiendo obstáculos al libre desarrollo de la personalidad o a la participación efectiva de las personas en la vida pública, cuando dichos obstáculos son de índole socioeconómica o relativos a un régimen de privilegio dentro del propio Estado.” (énfasis mío, p. 209)

Entonces, el “todas las personas, todos los derechos” es por decir lo menos un eslogan sospechoso así como va, sin aludir la personalidad jurídica del Estado mexicano, única capaz de atender perversas realidades sociales vinculadas entre sí, como la acumulación del capital y la decadencia de la partidocracia. Si Molina Enríquez entendió hace un siglo que el derecho reducido solamente a garantías individuales exacerba la desigualdad material, hoy nos toca entender que pavonear libertades nuevas y al mismo tiempo alcahuetear latrocinios es en realidad la libertad del zorro en el gallinero.

Concluyendo, tanto en la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en su predecesor hay gran afinidad con el exministro José Ramón Cossío, cuyo tristemente célebre discurso de despedida sostuvo que el derecho está para frenar al Pueblo “en su apropiación de los órganos de Estado.” Aunque en sus ponencias estos ministros no aluden a la estructura legal como personalidad jurídica al estilo Molina Enríquez, sí que dan por hecho que la personalidad de la ley es elitista: el Estado como patrimonio de una clase minoritaria cuyas concesiones colocan a las mayorías en una relación de obediencia y coerción. En claro contraste, la teoría obradorista, al estilo del liberalismo de Passerin D’Entreves, postula que llamar al Estado explícitamente por su personalidad es el punto de partida para colocar a la igualdad como criterio de validez y legitimidad del derecho constitucional. La mejor ley es la que el Pueblo se da a sí mismo para gobernarse: la libertad positiva.

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en Literatura de Estados Unidos por la Universidad de Exeter.

Bibliografía:

Molina Enríquez, Andrés (1991) Los Grandes Problemas Nacionales en 1909, Era.

Passerin D’Entreves, Alessandro (1967) Notion of the State: an Introduction to Political Theory, Oxford University Press.

 




Ley de aguas nacionales: agua de papel



Ley de aguas nacionales: agua de papel

Jorge Adrián Flores Rangel

“El hombre se encuentra, sin que él intervenga para nada en ello, con la tierra (concepto que incluye también, económicamente, el del agua)”

Así comenzó a describir en 1867 Marx al objeto general del trabajo. De igual forma comenzaba en enero de 1915 la formalización en papel de las primeras tomas de tierras[1]. Junto con las aguas y los montes, la lucha por la tierra buscaba regular la privatización de bienes cuya escasez aún no resultaba evidente. Sin embargo, pocos ejidos se aseguraron que las resoluciones presidenciales incluyeran junto a la dotación de tantas hectáreas de tierra, la accesión de tantos hectómetros de agua.

Después de 30 años de administración del agua bajo una ley neoliberal, una búsqueda apresurada al Sistema de Consulta del Registro General Agrario (SICOAGA) arroja tan sólo 3,500 registros (solicitudes, resoluciones y otros trámites) de dotaciones o accesiones de agua; sin embargo, entre ellos sólo pueden identificarse con claridad alrededor de mil ejidos con reconocimientos expresos de sus derechos al agua. Si se mira desde el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) sólo existen 5,6 mil Hm3 (millones de metros cúbicos) titulados a nombre de ejidos o comunidades; si se cuentan los 96 millones de hectáreas (ha) certificadas por el Registro Agrario Nacional (RAN), el agua ejidal sólo alcanza para el riego del 0.55% de la propiedad social (del orden de 525 mil hectáreas -como gusta decir la tecno-hidrocracia).

El marco regulatorio de 1992 favoreció la titulación en papel de los derechos de agua hacia 570 mil usuarios registrados en los 113 Distritos de Riego (DR) del país, muchos de ellos ejidatarios congregados en Asociaciones Civiles que escapan tanto al derecho agrario como a la propia Ley de Aguas Nacionales. Bajo este régimen se titularon 29,4 mil Hm3 en el famoso Folio 4, un volumen que alcanzaría para regar casi 3 millones de ha con una lámina de riego de 1 metro de altura; no obstante, los productos preferidos por los mercados abastecidos por los DR como el alfalfa (158 mil ha) y el algodón (46 mil ha) consumen hasta 7 veces más agua. Bajo un esquema de mercado, el agua titulada a todo un DR en realidad se dirige solamente hacia las parcelas capaces de pagar el mayor precio por caudal, medido en litros por segundo (LPS).

Los DR concentran 33% del agua titulada, pero en conjunto el uso agrícola representa el 75% de todo el volumen titulado para usos consuntivos, es decir, excluyendo el agua empleada para la producción de electricidad, considerada uso no consuntivo, en las 82 presas del país. Además de los ejidos (5%) y los DR (33%), el uso agrícola se distribuye entre Asociaciones de Producción Rural (10%) y empresas y personas físicas (27%) que también poseen títulos de concesiones de agua, como ingenios azucareros o familias ganaderas v.gr. los Tricio en La Laguna[2].

Sólo una cuarta parte del volumen titulado corresponde a las ciudades. En primer lugar (15%) destacan las asignaciones de aguas nacionales para abastecimiento público que el Estado otorga a las entidades federativas y municipios bajo la forma de Comisiones (Jalisco, Estado de México, Mexicali, Tijuana), Juntas de Agua (Yucatán, Mazatlán), Sistemas Municipales (Campeche, Tuxtla Gutiérrez), Intermunicipales (Colima, Pachuca), Organismos Descentralizados (Ecatepec, Tecámac) pero también a empresas como Aguas de Hermosillo. Junto a las asignaciones a organismos operadores (públicos y privados) la ley es permisiva frente a concesiones de agua tramitadas por asociaciones de colonos e incluso empresas inmobiliarias para uso público urbano o doméstico en el caso de personas físicas.

En conjunto se trata de 13,2 mil Hm3 (43% de aguas superficiales de ríos y presas y 57% de aguas subterráneas de pozos) suficientes para dotar a 180 millones de personas con 200 litros diarios. Sin embargo, al igual que en los DR donde el flujo del agua se explica por su cobro, los organismos operadores incluyen tarifas diferenciadas para la industria y el uso doméstico. En Monterrey el agua como derecho y el agua como mercancía mantenían distancia por sólo $7 pesos en 2018 ($17 para uso doméstico frente a $25 para uso industrial); pero el panorama no fue más alentador en Mexicali durante 2020 cuando el uso doméstico se cobró en $6 frente a los $50 industriales.

En segundo lugar se encuentran los 8,9 mil Hm3 concesionados directamente a la industria. En este 10% restante se incluyen las termoeléctricas y sectores industriales como el  minero, embotellador, alimentario e inmobiliaria que, aunque no siempre se ubican en zonas urbanas, sí están relacionados con procesos de especulación del suelo y el agua. Por ejemplo, la concesión para la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en Petatalco, Guerrero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que concentra la mayor parte del volumen de uso industrial (3,1 mil Hm3) favoreció la expansión del Puerto de Lázaro Cárdenas que estalló en 1994. Ésta, junto a otras 96 concesiones de CFE por 1 mil  Hm3 y 324 concesiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por 264 Hm3, concentran 4,3 mil Hm3 de volumen de uso industrial.

En este punto es preciso insistir una vez más que el uso no consuntivo del agua (que permite el flujo del líquido después de emplearlo para la generación de energía hidroeléctrica) alcanza los 177 mil Hm3 y excluye los 88 mil Hm3 de usos consuntivo que se toman como base para la distribución referida: 75% agrícola, 15% abastecimiento público y 10% industrial. Es decir, el total de agua registrada en títulos de concesiones y asignaciones es de 266 mil Hm3, pero sólo se consideran aquí los 88 mil Hm3 de usos consuntivos. Es, en todo caso, el agua de papel, intitulada, que contempla la Ley de Aguas Nacionales.

Entre los usos industriales, la minería parece el proceso más alejado de la urbanización, pero no de la especulación del suelo; basta recordar que parte de la estructura urbana del país se relaciona con antiguos centros mineros. Actualmente la minería concentra 471 Hm3; la industria embotelladora vinculada plenamente con la privatización del agua potable, incluyendo refresqueras y cerveceras, concentra 220 Hm3; la industria alimentaria suma 245 Hm3, en servicios se encuentran 168 Hm3, muchos de ellos relacionados con la industria turística, y finalmente, la industria inmobiliaria representa 422 Hm3.

En conjunto, estos cinco sectores industriales poseen 1,5 mil Hm3, sin embargo, parte de este volumen no se encuentra directamente registrado como uso industrial, sino como usos múltiples u otros usos: registros que expresan parcialmente la dinámica de transmisión de derechos de usos agrícolas hacia usos industriales, realizada particularmente por la industria inmobiliaria. Las transmisiones son la pista que permite develar el vínculo espacial entre la especulación del suelo y el agua que corre paralelo al tsunami inmobiliario en zonas urbanas y al proceso de industrialización y comercialización en zonas rurales; y aunque intentaron ser reguladas por la actual Ley de Aguas Nacionales, realmente no existe ningún control sobre esta dinámica.

El problema radica en que la administración del agua continúa regida por una ley atada a mecanismos de mercado, incapaces en sí mismos de garantizar la vida frente a la posibilidad de la ganancia. El empresario, por más consciente, responsable e innovador que se pretenda, preferirá extraer el agua barata de los pozos antes que comprar el agua cara de las plantas de tratamiento; y lo hará, a menos que sea aprobada una ley general que exprese una clara preferencia por la reproducción social a largo plazo y no por el fomento a la inversión de capital como proyecto de nación. Si la cuarta transformación aún pretende una versión radicalmente distinta de este país, habrá de incluir al agua junto a la energía entre sus objetivos políticos.

Bastaría con reconocer en los primeros artículos de una nueva ley, una doble dimensión del agua (como bien y como insumo), asociarla al derecho humano al agua, establecer la ruta jurídica para el reconocimiento de los derechos de agua de ejidos y comunidades, incentivar el riego de cultivos de consumo doméstico, fomentar el abastecimiento humano (no sólo urbano) mediante el primer uso del agua y dejar a la industria los segundos usos y sobre todo una estricta regulación sobre la transmisión de derechos. Parecen concesiones mínimas frente a la gravedad del problema producido por las concesiones otorgadas por la actual Ley de Aguas. Pero sería realmente ineficaz sostener la lucha contra la corrupción sin una transformación legislativa centrada en un análisis del panorama nacional de las concesiones y asignaciones como el que aquí se presenta.

[1] Como dato curioso, en el Distrito Federal la primera formalización fueron las 529 hectáreas dotadas al poblado de Iztapalapa el 16 de noviembre de 1916.

[2] Ver Erika Ramírez, (12 Sep 2021) “Grupo Lala explota 44 millones de m3 de agua en La Laguna” en Revista Contralínea (contralinea.com.mx)




Tres manchas blancas en el mar de la tranquilidad. Crónica del domingo 27 de noviembre



Tres manchas blancas en el mar de la tranquilidad. Crónica del domingo 27 de noviembre

Carlos San Juan Victoria

Como cientos de miles mi día inició con los preparativos para salir muy temprano de Cuautla a la ciudad de México, en la idea de elegir un lugar para ver pasar los contingentes y unirme al que estuviese lleno de música y alegría. Un accidente carretero frenó el arribo por una hora. Al llegar a la conexión de Avenida Juárez con Eje Central y Madero me encontré a las 9 30 am con grandes masas de gente inmóvil, algunas en contingentes que se identificaban por su estado, ciudad o alcaldía, otras por gremios y el partido Morena, y una multitud enorme que los miraba, se agrupaba ante músicos y personificaciones de AMLO para tomarse la foto, se mezclaba en los contingentes o marchaba por Cinco de Mayo y Madero. ¿Por qué no fluía el gran cuerpo de culebra de la marcha y si los grandes manchones de la gente que andaba por la libre? “Es que se atrasó el arranque allá en el Ángel” “Dicen que hay muchos compas también parados en Reforma” No había buen servicio de Internet, el de la ciudad, Internet para todos, se eclipsó y los datos móviles se congelaron. Los celulares brillaban por miles, la masa de los contingentes y la multitud que se desbordaba se tomaban fotos, se enviaban watts o buscaban alguna noticia. Pero bien a bien, sólo se escuchaban especulaciones.

Una señora llevaba una cartulina que afirmaba: “Aquí está una acarreada”, y luego en letra menos grande, “porque no puede caminar”, flanqueada por su hijo y esposa que empujaban su silla de ruedas, los tres con las mismas camisetas: Mi partido es México. Una pareja, el hombre con su máscara de AMLO y ella alzando su mini pancarta: Soy acarreada por mi memoria histórica. Por mi dignidad. Por el amor a mi país. En grandes mantas y en cartulinas los indios patarrajadas, individuos, amigos o familias, se declaraban desde esta novísima identidad a favor de las reformas impulsadas por la 4T, al Pueblo no se toca, también decían, que paguen más los más ricos, afirmaban, Mas Democracia y menos Privilegios remataban. Y algo más profundo: en un lado están los de arriba y en calles y plazas los de abajo. Un arriba y abajo que radicaliza la lucha política.

Dos rasgos aparecían como novedad, la multitud que decía su palabra, y una puntual lucha cultural donde el desprecio de unos se convertía en identidad de otros para tomar la plaza. Seguían los contingentes con sus consignas y cantos, pero en contraste una multitud de soledades ponía por escrito su creencia: personas populares, de clases medias, de pueblos originarios con sus vestimentas multicolores, los migrantes y muchos jóvenes. Vibraba así esa peculiar lucha cultural. Por un lado, las palabras punzantes que los defensores del estado de cosas utilizan para humillar y acallar, que señalan a los incapacitados según sus dichos para usar el espacio público. Y por el otro, en claro movimiento de jiu jitsu, tomar al vuelo la palabra hiriente como emblema para plantarse en calles y plazas, y desde ahí lanzar los dardos de otro horizonte de país donde se respete a ese pueblo de multitudes diversas, se combata la corrupción y gane peso una democracia donde resuene su voz y sus sueños. Es su turno ahora, y mañana el de los grandes medios que dirán su versión habitual, cientos de miles de gente poco educada, sometida al acarreo por obligación, el espectáculo denigrante de los de abajo cuando se entrometen en los asuntos públicos, que requieren de gentes de bien que no son ellos.

En un Zócalo desconcertante se arremolinan de manera mayoritaria los que marchan por la libre y se plantaban frente a un gran templete que da la espalda a la Catedral a escuchar a una orquesta con toda la barba que toca un son jarocho con deslices de jazz a la espera en un tiempo congelado al arribo de AMLO en la punta imaginaria del gran cuerpo de la culebra inmóvil. La multitud que avanza por 16 de septiembre a 5 de mayo revive en Madero esa emoción intensa que acompañó a las marchas en el 68, el 88, en 1995, el 2006 por mencionar sólo sus hitos, cuando por fin se arriba desde la calle estrecha sombreada por sus grandes edificios a la luz intensa de la plaza mayor para hundirse en la masa y sus rugidos. Sólo que ahora no es contra el gobierno en turno y defendiendo las causas civiles y populares y el cambio democrático. Es para refrendar su apoyo a cuatro años de transformaciones de un gobierno que sienten propio, en medio de crisis y pandemia, para lograr una nación de paz, justicia y bienestar. 

Visto desde lejos, el gran cuerpo de la culebra que se movía apenas en Reforma tenía sin embargo un epicentro donde estallaban voces y gritos y se alzaban cientos de manos con sus celulares. Trepada en una estatua, una joven casi niña gritaba, “Ahí está, si es él, es el cabecita de algodón”, y la gente en las grandes aceras aguzaba la mirada, levantaba sus celulares, ¿Dónde, donde? Ahí, donde están los de camisas blancas, gritaba desaforada la vigía improvisada. Y las señoras decían Andrés Manuel, Señor presidente, acérquese tantito, con ansiedad y urgencia casi religiosa, mientras las manchas blancas permanecían en vilo, casi estáticas, abrazadas por un mar de cientos, miles de cuerpos que les arropaban. Andrés Manuel tardó casi 6 horas en llegar al templete del Zócalo e iba dejando huellas en la memoria colectiva, con un grupo de guardia rebasada por los cientos que querían estar cerca.

Ya en la tarde empezaron a circular unas fotografías extraordinarias donde se veía a AMLO con los brazos alzados como si flotara en la multitud. La trascendencia de lo ocurrido empieza a esbozarse si se toma en cuenta la brecha, el foso que de manera rigurosa se fue creando desde que los presidentes, con De la Madrid en primer lugar, se fueron encerrado en los Pinos, con altas bardas, sistemas y personal de vigilancia, Estado Mayor, escoltas, autos veloces rodeados de motocicletas y entre el ulular de las sirenas.

Los imaginarios que se crearon a lo largo de la lucha armada de la Revolución y que luego se consolidaron con el General Presidente, Cárdenas, el que escuchaba atento, el que comía lo que le ofrecía la gente, el que atendía a fondo sus demandas, ese imaginario poderoso aunque maltratado e ignorado por tantos cada vez peores, volvió a encarnar, y un Presidente que recorre caminos, visita los municipios, escucha y toma demandas de las manos de la gente para resolver; cierra la brecha otra vez, para volver a nadar en el mar de la tranquilidad de una multitud que literal y metafóricamente, lo sostiene. Y que ese domingo soleado del 27 de noviembre, sintió cuantos eran y quienes eran, sus muchos lugares de origen, sus muchas identidades, entre otras, el Pueblo.




Reseña del libro La revolución de las conciencias de Sergio Tamayo



Reseña del libro La revolución de las conciencias. Resonancias históricas, cultura del disenso y disputa del poder de Sergio Tamayo

Ricardo Y. Fuentes[1]

El libro La revolución de las conciencias. Resonancias históricas, cultura del disenso y disputa del poder publicado recientemente por la Universidad Autónoma Metropolitana del autor Sergio Tamayo, es una obra que se suma al enorme mosaico de trabajos que han aparecido en los últimos cuatro años que tratan de analizar y explicar el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como al gobierno de la llamada Cuarta Transformación (en adelante 4T) y a Morena como partido político. De entrada, hay que decir que a diferencia de la mayoría de trabajos sobre el tema, este es un texto escrito con una pluma de izquierda y que invita a una reflexión profunda sobre la coyuntura. Eso lo hace un trabajo que, sin duda, podrá convertirse en un referente para comprender el proceso mediante el cual AMLO y su movimiento pudieron hacerse con el poder.

Sergio Tamayo parte de la premisa de que la 4T es producto de un proceso de cambio en la conciencia colectiva ocasionado por la experiencia de lucha del movimiento social y político más influyente de los últimos años en México. Para Tamayo, en concordancia con el discurso obradorista, el hecho de que López Obrador llegara al poder fue posible, entre otras razones, a un proceso de revolución de las conciencias que terminó por imponer mediante las urnas un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo imperante. Sin embargo, ¿Cómo se construyó esa revolución de las conciencias? ¿Qué papel jugó AMLO en el proceso? ¿Cuál fue el rol de Morena primero como movimiento y después como partido? A lo largo de sus más de 350 páginas de análisis, el autor nos da respuesta a estas y otras interrogantes.

El libro está presentado en siete capítulos, aunque consideramos que bien podríamos dividir analíticamente el trabajo en tres segmentos. Una primera parte en donde se encuentra el aparato crítico del libro que consta de los dos primeros capítulos. Una segunda sección con los capítulos tercero, cuarto, quinto y sexto en donde el autor nos regala una etnografía política de los cierres de campaña de las elecciones federales del año 2000, 2006, 2012 y 2018. Y finalmente, el séptimo y último capítulo que funciona como conclusiones de la obra en general.

El primer capítulo presentado por Tamayo versa sobre lo que para él es la conciencia y, desde un enfoque marxista, aborda teóricamente la temática. Así, dialoga con la idea de cómo se construye la conciencia y qué es, en este caso, la conciencia de clase como terreno de debate. De esta forma, se plantea la idea de la formación de una conciencia “posneoliberal” en México que se fue gestando desde finales de los años ochenta y durante todos los años noventa. En donde si bien, como menciona el autor, AMLO y en aquellos años el PRD no fueron los únicos que la enarbolaron, pues se menciona el caso del EZLN como esa otra experiencia antineoliberal, sí terminaron siendo los que supieron darle una mayor proyección nacional y de largo alcance a sus planteamientos. Conformando un viable proyecto de nación. De ahí la importancia de las “resonancias históricas”, el otro tema que se discute en este primer apartado.

El segundo capítulo gira en torno al aspecto teórico de los partidos políticos. En dicho segmento del libro, Tamayo discute y analiza críticamente la teoría clásica del sistema de partidos, en donde se trata también el concepto de régimen político y se analiza el tipo de partidos políticos en México, así como teoría de los movimientos sociales y la relación entre ambas formas de organización ciudadana. Es el capítulo que, desde nuestra perspectiva, contiene una riqueza teórica sobresaliente. Asimismo, en este capítulo podemos ver algunas aseveraciones interesantes y novedosas. Por ejemplo, cuando se discute la idea del partido-movimiento, Tamayo ve en Morena un experimento que reivindica, no por casualidad, sino como corolario, las experiencias de las organizaciones políticas que hacían trabajo de masas de la llamada izquierda social de los años setenta. Lo cual es interesante y habría que estudiarlo más a fondo, quizá como una etiología de Morena y la 4T.  

Los otros cuatro capítulos subsecuentes, que para fines de esta reseña hemos decidido analizarlos en conjunto, son cuatro apartados que comparten la misma metodología de exposición. Sergio Tamayo nos brinda en cada uno de esos capítulos una etnografía detallada y muy bien lograda de los cierres de campaña de cada una de las coaliciones de los partidos políticos que se enfrentaban en las elecciones federales de los comicios del año 2000, 2006, 2012 y 2018.[2]Utiliza como puntal teórico el análisis situacional y nos ofrece un texto en donde la idea principal es analizar la apropiación material y principalmente simbólica del espacio público, de las plazas en movimiento. Asimismo, Tamayo, como experto sobre los movimientos sociales y la cultura política,[3] realiza un notable análisis de los discursos que los competidores de cada partido político expusieron en sus cierres de campaña. Esto a su vez para mostrar el componente ideológico de las alternativas políticas, y mostrar cómo la ciudadanía se apropia culturalmente de cada proyecto siguiendo sus intereses y deseos. 

En este sentido, son cuatro capítulos cargados de datos y acompañados con infografías al final de cada segmento que ilustran (cuantitativamente) lo expuesto por el autor. Los capítulos contienen información valiosa que el autor recoge para construir su premisa principal: el obradorismo no fue un movimiento espontaneo que surgió de la noche a la mañana. La intención de Tamayo al relatarnos con lujo de detalle cada uno de los cierres de campaña en donde se vivieron pasiones, se intercambiaron ideas, se presentaban proyectos y se disputaba el poder político, es mostrarnos cómo un movimiento social se construyó y fue creciendo hasta alcanzar la presidencia en 2018. 

El autor nos menciona que en el año 2000, cuando llegó la alternancia y Vicente Fox ganó la presidencia, existía en la conciencia colectiva del país una intención de sacar al PRI y la mayoría de la población optó por el proyecto neoliberal del panismo. Sin embargo, debido a las malas decisiones y prácticas del gobierno panista, el desencantó ayudó a potenciar la figura del AMLO como opositor, quien paulatinamente fue fortificando un proyecto político de oposición. Así, en 2005 cuando se intentó desaforar a López Obrador y éste inició un movimiento social apoyado por miles de ciudadanos, poco a poco su proyecto de nación fue penetrando en la ciudadanía. Inicialmente con el PRD como plataforma política y después con Morena, primero como movimiento social y posteriormente como partido de manera oficial.

Por lo tanto, durante por lo menos 18 años, a partir de recorrer el país en su totalidad y de utilizar los canales de difusión que se tuvieran a la mano, se fue construyendo la figura de un líder carismático que proyectaba un diagnostico social que impactó en amplios sectores sociales de la nación. Abiertamente fue, tal y cómo lo asevera Sergio Tamayo en el libro, un proceso de lucha por la hegemonía frente a los proyectos oligárquicos de la derecha mexicana. De esta forma se creó una alternativa de izquierda moderada con tintes nacionalistas, con profundas raíces populares y con una crítica aguda al neoliberalismo como modelo económico y cultural. Creer que AMLO y Morena llegaron al poder por el puro hartazgo social como han vaticinado muchos, es un error gigante. Hay en el fondo, y eso demuestra la obra de Tamayo, un proceso de franca lucha ideológica, de una “revolución de las conciencias”.

Ahora bien, ¿Hasta dónde puede llegar el proceso de revolución de las conciencias del obradorismo, por llamarlo de algún modo? Para Sergio Tamayo pareciera que con la llegada de Morena al poder y la edificación de la 4T ya no se puede ir más allá, pues se sabe que el proyecto de nación que hoy en día gobierna este país dista mucho de una visión radical, por no decir anticapitalista. Además, indudablemente, el pragmatismo político ha ido desdibujando algunos aspectos del proyecto original de Morena. Tamayo termina su libro haciendo una crítica incisiva al gobierno de la 4T, definiéndolo como una “revolución pasiva” en términos gramscianos. Por lo que invita a la reflexión y a seguir impulsando la organización social y movimientos de izquierda más radicales.

Sin embargo, y como observación al texto reseñado, consideramos que la lucha ideológica se sigue dando. Y más allá de las pugnas dentro de Morena y de los límites del gobierno, hay actualmente un contexto nacional favorable para la reflexión política de largo alcance. No es casualidad que hoy en día el tema de la política y lo político sea un tópico que se discuta “todos” los días y “todo” el día por diversos medios en amplios sectores sociales. Efectivamente hubo un proceso de cambio de la conciencia colectiva y, desde nuestro punto de vista, este sigue creciendo. Desde una posición de izquierda, vemos en la 4T un medio para seguir revolucionando el pensamiento. La lucha por la hegemonía continua.

La obra de Sergio Tamayo nos parece ineludible para comprender cómo fue posible que un gobierno progresista, o de izquierda moderada como le dice el autor, llegara al poder en un país tan diverso y con hondas raíces reaccionarias, como México. No obstante, nos parece que este es un libro que por su carga teórica y por lo que demuestra a través de sus páginas, debería ser leído principalmente por todas aquellas personas (de izquierda o de derecha) que no encuentran explicación (o les sorprende) de los altos índices de popularidad que la 4T y AMLO mantienen y que se encuentran perdidos en debates estériles y con poca repercusión en la sociedad. En síntesis, nos encontramos ante un libro inteligente y crítico sobre la coyuntura mexicana que vale la pena leer.

[1] Historiador. Estudiante del Doctorado en Humanidades de la UAM-Iztapalapa

[2] Es una metodología que Sergio Tamayo ya nos había brindado en un análisis sobre la campaña política de AMLO en 2018. Véase Esperanza Palma y Sergio Tamayo (coords.), (2020), México 2018: elecciones, partidos y nuevos clivajes sociales, México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

[3] Un libro necesario para comprender el espectro político y de movilización social de gran parte del siglo XXI mexicano es el de Sergio Tamayo (2016), Espacios y repertorios de la protesta, México: UAM-A/Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales.




Guerra e Historia: la relación Ejército-Estado en el México del 2022



Guerra e Historia: la relación ejército-Estado en el México del 2022

Héctor Báez

Primero aclarar un par de cosas que doy por hecho: 1) Sólo lo que no tiene historia puede definirse; 2) La historia de algo es su concepto.

Recientemente en México se han aprobado reformas constitucionales que, entre varios efectos, los principales han sido establecer una policía militarizada –llamada Guarda Nacional– y ampliar la presencia militar directa hasta 2028 como medida de enfrentamiento al Crimen Organizado –principalmente a los cárteles de la droga–. Una de las reacciones a esto fue señalar el inicio de una militarización en el país, lo cual, si no precisamente errado, sí considero es algo llevará a callejones sin salida.

Hemos desarrollado nuestro pensamiento histórico a través de los siglos, probablemente una persona promedio de la actualidad tenga más sentido del desarrollo histórico que un griego de la antigüedad y que la mirada histórica de un Heródoto sea más fácil de desarrollar hoy día entre personas promedio. Lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a buscar el origen de sucesos en la historia, de mirar momentos importantes y llamarlos el inicio de algo, el punto de inflexión, el momento de la transformación… Si bien de una forma general no tiene problema tomar las cosas así, si a eso nos reducimos, a buscar el origen en la historia, muchos fenómenos quedarán mutilados, inconexos e incluso inexplicables. La forma de preguntar sobre un suceso determina nuestro punto de arranque, enfoque y la dirección en que seremos arrojados de forma inicial, por ejemplo, no es igual preguntar ¿por qué en México se está iniciando un proceso de militarización? A preguntar ¿cuáles son las condiciones actuales de la relación ejército-Estado en el México del 2022?La primera pregunta nos desconecta del pasado, hablamos de una militarización que antes no existía, se hablar de poder al ejército que antes no tenía y nos asustan problemas nuevos que antes no había, lo cual, es un error. Se teme que el ejército controle a la población, la intimide y vigile, pero si decimos que es por un nuevo poder del ejército, ¿qué pasa con la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968?, ¿no es una de las expresiones más crudas de cómo el ejército tiene, desde al menos el S XX, un papel de control sobre la población, de protección del Estado? Lo mismo pasa con Ayotzinapa, ¿no había militares infiltrados en grupos estudiantiles para vigilarlos y neutralizarlos de ser necesario? En resumen, si hablamos del inicio de la militarización en lugar de un momento distinto del desarrollo en la relación ejército-Estado, entonces el poder que el ejército ha tenido en control territorial, económico, social y de seguridad sobre la población, al menos desde la época posterior a la Revolución Mexicana, quedará inexplicable, o sólo como eventos aislados del pasado que en realidad no explican nada sobre la situación actual.

Así que ahora tenemos dos eventos que bien o no se relacionan o están uno frente a otro en alguna forma de espejo que muestra lo pasado y lo futuro: por un lado, una masacre de estudiantes a manos del ejército bajo la justificación de la amenaza comunista –la amenaza de un deseo de transformar la forma de producción de la riqueza y satisfacción de necesidades–; por otro un ejército que pasa de una acción bélica directa, a tener un intermediario –la Guardia Nacional– y actuar abiertamente como una industria: organización de la mano de obra para construir aeropuertos, trenes, sistemas de refinación, caminos y así como administrar las ganancias generadas según sus necesidades. Aquí de nuevo nos vemos obligados a plantearnos cuál va a ser nuestra pregunta, ¿estamos presenciando dos eventos aislados, un corte en la historia que separa a la masacre del 68 con el paso sencillo del ejército, en 2022, hacia una organización bélica-industrial?, ¿o presenciamos un nuevo momento en el desarrollo de la dependencia entre Estado, ejército y sistema de producción? Y a esto se debe agregar algo que bien o es un problema a investigar o podría ser una simple curiosidad. Desde 2007 el Estado mexicano declaró una guerra que impuso a gran parte del país una vivencia de terror prácticamente viviendo bajo una ley marcial, bajo el yugo directo del ejército, y desde entonces, hasta 2022 se ha logrado dar una transición de la acción directa de la milicia a aceptar un intermediario por medio de una policía militarizada. Sin embargo, de 2018 a 2022 el ejército ha dado un paso sin problemas, un brinco veloz de una simple organización bélica a una corporación que construye, organiza mano de obra y administra ganancias. ¿Qué luchas de poder impedían una transición del primer caso, por otro lado, cómo el ejército tenía tan rápido las condiciones para portarse como una industria, con una efectividad que envidiaría cualquier capitalista?

Antes de seguir, ahora que es claro estoy hablando del Estado moderno que hace posible el sistema de producción capitalista, debo señalar que estoy dentro de un problema histórico muy cercano a Occidente y a prácticamente toda cultura. Al mirar la historia del capitalismo, tal vez nos veamos tentados a mirar civilizaciones previas como una ruta de escape, como mundos que ofrecía diferentes posibilidades para desarrollarnos más allá que simples engranes en la línea de producción del capital. Sin embargo, si miramos históricamente, tenemos la cuestión de que la violencia y la fuerza siempre han estado en la base de la creación de una civilización. Ya sea el imperio de Atenas, el de Roma, las grandes culturas prehispánicas, los pueblos galos o germánicos, etc. Lo que los ha llevado a generar una cultura, un pueblo, siempre ha tenido su dosis de violencia, muerte, sometimiento y guerra. Así que no es lícito mirar al pasado para reprochar al presente, como si todo tiempo pasado fuese mejor, eso se debe más a cómo nos asfixia la violencia actual al grado de hacernos ver la violencia pasada como un lugar mejor, lo cual en verdad habla mucho del tiempo en que vivimos. Hoy, incluso durante una pandemia se hablaba sobre si era adecuado parar todo, no por si se dejaban de satisfacer necesidades básicas o de emergencia, sino por los efectos en la economía que implicaría frenar líneas de producción o reducirlas para lo esencial, para cubrir las necesidades de la mayoría y dejar en segundo plano la producción de capital para los dueños de la industria. Se hablaba del sacrificio del obrero para que el capitalista no perdiera ganancia y la industria siguiera; el escenario opuesto, reducir la ganancia del capitalista para salvar a las masas de obreros, era una idea loca y peligrosa que ponía en riesgo a la propia civilización actual. Esta violencia, este sacrificio de los obreros por la industria –que se da en una cultura que siente horror por la barbarie de pueblos no-occidentales o que aún tengan pensamiento mágico o no liberal– da cuenta de una forma histórica de la relación entre violencia y Estado, concretamente respecto al Estado moderno. Ya es cuestión de arqueólogos e historiadores explicar cómo alguna civilización particular usó la violencia y la guerra para desarrollarse o establecerse, pero al día de hoy, en el mundo capitalista que está dispuesto a sacrificar a los obreros ya sea en la guerra que alimenta a la industria de las armas o al clima que devora todo, se refuerza cada día, a los ojos de todos, el objetivo del Estado moderno capitalista:

Fijar, sedentizar la fuerza de trabajo, regular el movimiento del flujo de trabajo, asignarle canales y conductos, crear corporaciones en el sentido de organismos, y, para lo demás, recurrir a mano de obra forzosa, reclutada in situ(corvea) o entre los indigentes (talleres de caridad), –esa fue siempre una de las tareas fundamentales del Estado […][1]

Bajo esta mirada podemos analizar el desarrollo de otros fenómenos, como la fuerza creciente del crimen organizado. La droga, venta de armas, trata de personas son acciones ilegales, rompen con lo que establece la ley, sin embargo no alimentan grupos que se opongan ni al Estado ni a la forma de producción capitalista. El crimen organizado genera riqueza descomunal que por medio del lavado de dinero –donde se crean incluso empresas legítimas y se forman fuentes de empleo– es insertada en el mercado formal, aumenta el capital y alimenta a la economía. El Estado no tiene dificultad en generar alianzas con el crimen, usando los cuerpos policiales y militares como organismos para administrar las acciones de un grupo criminal determinado para obtener ganancias y alimentar al sistema de producción, generando así una élite económica de jefes de estado, jefes policiales y militares, además de jefes de grupos criminales que pueden comprar artículos de lujo y estar al nivel de vida de capitalistas legítimos. Se crea una nueva cepa de capitalistas que están entre lo legal e ilegal, pero que no tienen problema en entenderse con sus contrapartes legítimas, pues, gracias al comercio y a la cara universal del dinero, todos somos iguales, así que políticos, capitalistas, criminales, policías y militares pueden convivir como iguales gracias a la unidad económica del sistema de producción.  Así que el crimen organizado bien podría ser una extensión de la acción del Estado capitalista sobre todo aquello que queda en lo ilegal, organizandolo bajo la producción y abriendo nuevas oportunidades de mercado, a la vez que hace que la población desempleada participe de la producción de capital al generar riqueza que al final será reinsertada en los grandes sistemas monetarios.

Por los ríos de sangre y represión que han dejado a su paso las máquinas del capital y del Estado, desde la represión a la gente de Atenco –en nombre del progreso, crecimiento económico y desarrollo– hasta quienes perdieron la vida o sufrieron los embates por “la guerra contra el narco”, se ha hablado en México de caos, desorden. Pero no ha sido así, no hubo desorganización, todo lo contrario, al ver las complejas redes de corrupción que coordinaban a policía, ejército, crimen organizado para la producción, distribución, control y todo lo relacionado que hicieron del crimen una industria, así como la sorprendente eficiencia para manejar recursos monetarios que serían inyectados al sistema legal, se puede ver cuál era el orden imperante: la línea de la industria. El ritmo del sistema de producción se imponía como un orden que buscaba superar las viejas cadenas legales a las que estaba sujeto, abrir camino para alimentar la industria de las armas, las drogas e impulsar el crecimiento económico aparejado con la acumulación de capital en cada vez menos manos. También se buscaba inhibir la acción de la población en general, no sólo por el terror impuesto por la guerra abierta que asesinó a miles, sino por el empobrecimiento de todo esquema público que sirviese para dar algún tipo de autodeterminación, fuerza o desarrollo individual: el sistema de salud y el educativo, entre otros fueron adelgazados enormemente. El sistema no colapsó en un caos, al contrario, mostró de forma más abierta su compromiso con el orden que tanto anhelaba: si se quiere algo, deben establecerse los medios para ello, si se busca reducir al ser humano a un simple engranaje para mover la línea de una industria que genera crecimiento infinito, se debe tener una educación y un entorno que no hagan del ser humano más que un asustadizo capaz de seguir instrucciones, no más, no menos.

Sintomáticas son las reacciones de los intelectuales, políticos, periodistas, empresarios en relación a movimientos como el apoyo a AMLO o las expresiones de molestia en general contra el racismo, la pobreza y el servilismo. Quienes protegen el estado de las cosas se asustan con la polarización, el conflicto, la discusión, exigen gobernabilidad, buenos modales, razón y concordia. Esto muestra qué es lo más temen: masas convertidas en multitudes conscientes de ser una fuerza, de tener capacidad de transformar y crear mundos. No es que, por mucho racismo, clasismo y otras ideas las élites no sean conscientes de la fuerza de la multitud –pues mantener andando el engranaje del capitalismo no es poca cosa–, lo que temen es que nazca cualquier altanería, gozo de sí, cualquier sentimiento de desagrado hacia el servilismo, el vivir para el trabajo sin esperar nada a cambio, en una abnegación sin límites para generar riqueza y admirar a los ricos… Es en momentos donde hay alguna forma de organización o fuerza popular que se haga oír cuando salen a flote los grandes temores de los grupos de poder: el sentimiento de sentirse soberano en los sujetos de la masa, lo que llevaría a una democracia competitiva, donde el desarrollo individual es el medio de enfrentamiento para generar acuerdos, entre sujetos que no les satisfaga la idea de vida como un simple circular de la sangre –pues tanto en el pobre que muere en la calle como en el capitalista que duerme en seda, la sangre fluye–. Lo que anhela el sistema capitalista y el Estado moderno es una democracia simplemente normativa, donde el trabajo en la línea de producción sea la tarea asignada que se acepta de forma indiferente o, en caso de no poder anular la emoción, se acepte como un regalo y una deuda del trabajador para con el propietario que se arriesga da ofrecerle un empleo. Pero quienes buscan esto por su propio interés no son ingenuos, conscientes son de que se necesita una institución bélica del Estado que imponga orden en cualquier arrogancia de masa, un recordatorio siempre amenazante para evitar que se genere una multitud consciente: el ejército.

Escribo buscando una forma diferente de pensamiento histórico, uno que no se atasque en la búsqueda del “origen”, el momento de la explosión de algo que nunca antes había existido, sino que se enfoque más bien en buscar cuáles condiciones están actuando para llevar las cosas a un momento determinado, cuáles fuerzas están activas, trasnformando todo. Principalmente una visión histórica que no nos desconecte de los momentos del pasado y no nos reduzca a espectadores de sucesos que simplemente nacen, sino como sujetos que bien podrían llegar a constituir una fuerza transformadora. Antes de miradas fatalistas sobre el desarrollo de la historia, tal vez podamos ver en los sucesos momentos de una lucha donde podría aumentar la consciencia de fuerza de la multitud y tal vez después desatar su fuerza transformadora, fuerza nada nueva que vieron inteligencias tan diferentes como Maquiavelo, Spinoza y Marx.

Referencias

Gilles, Deleuze y Guattari Félix. Mil Mesetas. Capitalismo y Ezquizofrenia. trad. José Vázquez Pérez y Umbelina Larraceleta. Valencia, Pre-Textos, 2004.           

[1]    Gilles Delueze, Mil Mesetas, p. 374.




Carranza, Obregón y la visión obradorista del poder político



Carranza, Obregón y la visión obradorista del poder político

César Martínez (@cesar19_87)*

Sean ‘apartidistas’, ‘progres’ o directamente fascistoides o de ultraizquierda, los detractores al Movimiento de Transformación han subestimado el recurso a las figuras de Juárez, Madero, Cárdenas, Zapata, Villa, Hidalgo y Morelos como lo que es: la visión obradorista de la filosofía de la historia de México. Y, sin embargo, no menos crucial resulta la visión obradorista sobre el carácter del poder político proyectada sobre las figuras, también históricas, de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Bajo esta luz, si el desprecio por la historia exhibe la incapacidad de situarse en el tiempo, el desprecio por la política exhibe la incapacidad de reflexionar las diferencias entre fuerza, poder y autoridad.

Cuestionado recientemente en una conferencia mañanera sobre si los Tratados de Bucareli firmados en 1923 por Álvaro Obregón con el Gobierno de Estados Unidos en materia de petróleo aún son vigentes, el presidente López Obrador esgrimió toda una explicación que coincide con la tesis del clásico ensayo La Formación del Poder Político en México del finado maestro Arnaldo Córdova. Aunque parecieran sinónimos, los conceptos “fuerza”, “poder” y “autoridad” describen facetas distintas de la política, justo como López Obrador lo declaró contrastando a dos de los tres caudillos victoriosos de la Revolución:

“Si Carranza era un hombre de Estado, Obregón era un hombre de poder. Cuál es la diferencia entre ser hombre de Estado y ser hombre de poder es tarea que yo dejo para los jóvenes… agregándole qué significa ser hombre de Nación”, señaló el actual Jefe del Estado mexicano.

Según Cordova, catedrático que logró hacer suyo el ideario político del profesor italiano Alessandro Passerin d’Entrèves, las diferencias entre fuerza, poder y autoridad giran alrededor de cuán legítima es la ley que sostiene al Estado: de ahí que, tanto para Córdova como para Passerin, el Estado es primordialmente una estructura legal cuyo parámetro es su capacidad de hacer valer el derecho y que este no quede reducido a precepto moral (páginas 92-93). Ahí donde otros cronistas e historiadores han pintado a Carranza como un oportunista sin proyecto de Nación, Córdova lo presenta como el hombre de Estado con la visión de promulgar una nueva Constitución Política durante la agonía del régimen de corrupción y privilegios del dictador Porfirio Díaz.

“Para triunfar [los constitucionalistas de Carranza], contaron a su favor con un hecho decisivo: ni Villa, ni Zapata, ni cualquier otro dirigente popular, se planteó la lucha por el poder de Estado”, escribe Córdova, siempre definiendo Estado como sinergia entre norma jurídica, fuerza material y sistema de valores. “Los medios extralegales de gobierno son medios que, por muy frecuentes que lleguen a ser, no son formas permanentes o continuas de dominación…Es notorio cómo los mismos gobiernos posrevolucionarios buscaron siempre la institucionalización del poder y la justificación de sus actos por medios jurídicos.”

Es evidente que López Obrador al referirse a Carranza como hombre de Estado, basándose en el ideario del maestro Córdova, aborda el problema del México actual: el vínculo roto entre poder político y legalidad tras más de 30 años de reformas agraviantes por parte del régimen neoporfirista contra la Constitución. Más allá del análisis jurídico del proceso de degradación acontecido desde los años ochenta y hasta el uno de julio de 2018, sobresale dramáticamente su resultado cultural; esto es, la absoluta incapacidad del sector anti-4T para referirse al Estado en cuanto a estructura jurídica. Es lo que Córdova denomina en su ensayo como “el culto más empedernido y más desenfrenado a la autoridad del poder” y lo que Obrador refiere sobre Álvaro Obregón como “hombre de poder, mas no de Estado.”

Es en su réplica a la pregunta sobre si los Tratados de Bucareli todavía son vigentes, donde AMLO ejemplifica aquello que Córdova llama la “insostenibilidad de los medios extralegales de gobierno”. Sugiriendo que el general Obregón jamás comprendió ni abanderó los principios del Constituyente de Querétaro de 1917, el presidente López Obrador agregó que aquel caudillo vivió buscando fuentes de poder más allá de la ley: “al general Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense.”

Ahora bien, definir a Obregón como hombre de poder no es igual a definirlo como hombre sin noción de ley. No fue Obregón alguien desprovisto de ideas sobre el poder político, sino alguien sin ideales o sistema de valores en el sentido de “la autoridad o auctoritas latina, relación de aceptación y ascendiente de un principio o una persona” como apunta Córdova inspirado por la obra básica de Passerin: La dottrina dello Stato. Así, el juicio fulminante de AMLO contra Obregón reside en la hipocresía detrás de los Tratados de Bucareli: dejar sin efecto la Constitución para beneficiar a Estados Unidos bajo la engañifa de que la ley no debe aplicarse de forma retroactiva. Obregón surge como un exponente moderno de la simulación elevada a rango de institución política; y así no es extraño que, a ojos del PAN, por citar un ejemplo en el bando reaccionario, Obregón es el “creador del México de las instituciones”.

En conclusión, y tras identificar a Carranza como hombre de Estado y a Obregón como hombre de poder, falta responder quién es hombre de Nación. Mientras el Barón de Cuatro Ciénegas sentó las bases de la estructura legal sin tener la fuerza suficiente para mantenerse con vida en el poder, el Manco de Celaya exhibió que la dominación se ejerce extra-legalmente recurriendo a la simulación. Pero en México, el Estado legítimo, aglutinador de fuerza, poder y autoridad, solo ha existido en virtud del sistema de valores constitucionales: soberanía nacional y soberanía popular. Si bien los Estados corruptos de carácter oligárquico como el régimen porfirista y el régimen neoliberal alcanzaron fuerza y poder, siempre fueron cojos hablando de autoridad. Así pues, es el hombre o mujer de Nación la personificación de la filosofía de la historia según el Obradorismo: el Estado legítimo como fase superior del poder político puesto al servicio del Pueblo.

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en Literatura de Estados Unidos por la Universidad de Exeter.

Bibliografía:

Córdova, Arnaldo (1972) La Formación del Poder Político en México, Ediciones Era.




Colombia y México: los albores de otra coyuntura



Colombia y México: los albores de otra coyuntura

CE, Intervención y Coyuntura

Son varios los motivos que hermanan a México y Colombia. El más importante es el geopolítico, pues se rompen las cadenas de la influencia norteamericana en sus eslabones más fuertes. Si México logró sobrellevar por momentos la relación a partir de la afirmación soberana, Colombia se entregó a la influencia norteamericana y jugó un papel triste en las relaciones regionales. Era el equivalente a Israel hace un tiempo: un Estado que boicoteaba cualquier intento soberano e integracionista.

Las cosas cambiaron hacia afuera. México y Colombia están en sintonía. Sin embargo, no es lo único que los hermana. Sirva este texto como un “Colombia para principiantes”. Ahí donde algo parece normal, en el país andino es extraordinario. No referimos al folklorismo de García Márquez, aunque este tenía algo de verdad en su enunciación sobre Macondo, al mostrar que detrás de lo maravilloso habita la contradicción.

Veamos: en Colombia el bipartidismo histórico ha sido liberales y conservadores. En ello hay algo parecido al México decimonónico. AMLO ha vuelto a reactivar esa dicotomía. Al final el liberalismo nacional (colombiano o mexicano) sería una raíz radical de nacimiento de la nación, consecuente en su búsqueda de libertad. En México el liberalismo se disolvió con el advenimiento de la revolución mexicana y continuo su trayecto en el nacionalismo revolucionario. En Colombia siguió actuando, y al no tener un episodio equivalente al evento revolucionario, terminó extendiéndose y adaptándose. El liberalismo colombiano es la raíz de los conflictos armados, pero también del neoliberalismo. Juega un equivalente del nacionalismo revolucionario en donde había fracciones de izquierda (Cárdenas, Jara, Castillo), de centro (Carlos Madrazo, Reyes Heroles en el PRI) y de derecha (Díaz Ordaz, Luis Echeverría en el PRI) o, en el caso más conocido, del peronismo (aunque en este caso parece que Perón mismo pasó por todos los estados políticos en su posicionamiento individual) que va de los grupos de derecha anticomunista a las fracciones ultra izquierdistas de montoneros.

Todo parte, de alguna u otra manera, del liberalismo. Sus fracciones más izquierdistas dieron nacimiento a la auto defensa campesina en la década de 1960. También a fracciones en diálogo con el liberacionismo, como la guerrilla M-19. En el liberalismo colombiano hay izquierdas y derecha, de todos los tipos. Gustavo Petro viene de ahí. Su experiencia armada no lo hace más “izquierdista”. Su liderazgo es más parecido al de AMLO en el sentido de que su raíz es la de la corriente más popular, con un énfasis en la soberanía.

La especificidad de Petro en Colombia radica en que su país tuvo un proceso de democratización social más lento. No existió proyecto de reforma agraria real, lo cual ha dejado al país en manos de señores de la tierra, oligarcas, caciques y también actores armados de derecha. Quizá no haya país que muestre tantas diferencias regionales y ambientales respecto a su participación política. El mapa electoral último lo demostró con claridad. Su propuesta de reforma agraria ahora se basa en saber de quién es la tierra y cómo la tiene: el catastro. No hay una modificación inmediata –que por lo demás se antoja difícil– de los arreglos y equilibrios en el campo colombiano. Enfrentar a tantos actores, que van de campesinos sin tierra, paramilitares desarmados, ex guerrilleros integrados a la producción, disidencias de los grupos desmovilizados, ganaderos anti comunistas, grupos indígenas variados, productores de materias primas para el mercado de la droga, economías criminales, entre muchos otros… no es tarea sencilla. La dispersión del Estado-nación ha sido la forma predominante, claramente dispuesta en la variedad de factores de poder y de acuerdo con la conveniencia norteamericana que es un factor de poder y desestabilización a partir de la DEA.

Ahora bien, Petro es un líder popular importante. Tiene un discurso coherente. La opinión “ilustrada” mexicana que se ha apresurado a colocarlo como más consecuente que las políticas de AMLO, claramente no ha entendido. Petro anunció una reforma fiscal, algo que AMLO en México no ha hecho… pero la reforma fiscal del actual gobierno colombiano no es, con propiedad, tal. Es exactamente la misma que en México: evitar que los grandes evasores sigan perpetuados. Petro y AMLO se parecen en eso, antes que desequilibrar los campos de fuerza políticas con los grandes poderes, apuestan a que el Estado sepa cobrar. De nada sirve grandes proyectos de reforma fiscal sino existe Estado con capacidad de recaudación. Tan sencillo y tan difícil de lograr (aunque en discusión aun, la propuesta tiene efectos negativos como, por ejemplo, quitar impuestos a la exportación de oro en manos de las mineras canadienses y gravar la exportación del petróleo, en manos de una empresa estatal).

Frente al tema energético es claro que Petro tiene un discurso más enfático para salir del capitalismo fósil. El problema es que la realidad se impone y, se quiera o no, la transición hacia abandonar el petróleo, incluye al petróleo. Se trata de una de las grandes entradas de divisas colombiana. Más allá de los buenos deseos, sacar petróleo y carbón no es un acto solo de voluntad política, sino de realidad.

Petro dijo –y eso le valió críticas– de que quería desarrollar el capitalismo. Lo mismo había dicho García Linera. En los hechos, AMLO y Petro son expresiones del reajuste del capitalismo. La crisis capitalista no es que este vaya hacia su fin, sino que se reacomoda, destruyendo unos capitales y enriqueciendo a otros. En ese contexto, el reacomodo capitalista ha permitido el ascenso de figuras nacional-populares, que tienen que lidiar con las rémoras del pasado neoliberal y no se pueden deshacer de ellas. Petro tuvo exabruptos que la tarea de gestionar –en este caso reconstruir– el Estado le hacen colocar los pies en la tierra.

Ahora bien, esto no obsta que el triunfo del binomio Petro-Márquez, es un gran regalo del 2022. Un hecho histórico, en términos simbólicos y geopolíticos. Una apertura a un escenario inédito para la región, al romperse la cadena de influencia norteamericana –bastante maltrecha– en su punto más fuerte. Internamente es crucial. Que un Estado como el colombiano deje de matar y masacrar es un punto de arranque para una nueva correlación de fuerzas. Como lo es que se abandona la política antidrogas que castiga al productor.

Es un nuevo tiempo el presente, porque se ha dado la vuelta a una situación histórica de imposibilidad de gobierno. Eso no es menor.




Ayotzinapa: una visión crítica según Nikos Poulantzas



Ayotzinapa: una visión crítica según Nikos Poulantzas

César Martínez (@cesar19_87)*

El concepto “Crimen de Estado” usado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) dramáticamente ha topado con pared en la conversación pública, pues no termina de entenderse que las contradicciones del Estado mexicano realmente son signos de la lucha política desarrollándose ante nuestros ojos. Y es que desde 2014 la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha venido reforzando en su cerrazón ideológica a grandes sectores de nuestra sociedad cuyo rasgo común es el escepticismo como postureo personal: se digan de “derecha”, de “izquierda verdadera” o “apartidistas”, hablamos de personas para quienes el único medio eficaz de conseguir objetivos políticos es la mano dura, la acción directa y la violencia.

Mirar al Estado con ojos ideologizados significa perder de vista lo que el marxista griego Nikos Poulantzas llamó la autonomía relativa de Estado que depende de la lucha política de clases. Según él, instituciones y aparatos estatales logran tanta más autonomía frente a la clase dominante o hegemónica en la medida en que las clases dominadas equilibran (con base en información, organización y participación) la relación de fuerzas sociales. No es Poulantzas un predicador anti-sistema, sino un predicador del tomar partido dentro del marco institucional a sabiendas de que la neutralidad es ilusoria. Entonces una formación social donde quienes deben resistir no lo hacen como resultado de prejuicios absurdos contra la política y contra el Estado termina virando irremediablemente en la ruta del fascismo y la dictadura, pues el Pueblo pierde autonomía.

De modo que, volviendo a Ayotzinapa, decir “Siempre lo supe: ¡fue el Estado!” o “¡Se confirmó la verdad histórica!” es efectivamente no ver en las contradicciones narradas por el informe de la CoVAJ y la lucha política entre el viejo régimen y el nuevo régimen al interior del aparato estatal en México. Tras leer las 97 páginas del documento nos debe exasperar el sinnúmero de pifias y errores de bulto por parte de miembros del Poder Judicial en el manejo de la evidencia o declarar “prescribible” la desaparición forzada (crimen que no prescribe al ser delito contra la humanidad). Asimismo, es aberrante el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud de las madres y padres de los 43 sobre la jurisdicción única y así evitar el viacrucis de salas regionales; tanto como aberrante resulta la comisión de nuevos delitos en la procuración de justicia como lo fue el caso del homicidio contra el presunto líder de la banda Guerreros Unidos, Juan Salgado Guzmán “El Indio”, perpetrado por agentes de la Fiscalía General de la República en 2021.

Denunciar Ayotzinapa como crimen de Estado en los términos de la CoVAJ asume el riesgo ineludible de documentar el doble modus operandi del régimen neoliberal: exterminar y aniquilar al adversario como demostración de poder; y simular y manipular el orden jurídico como demostración de autoridad. De modo que el párrafo que debemos priorizar del informe, la clave que pone orden en el caos de contradicciones (que ha pasado desapercibida, incluso para periodistas “independientes”), está en la página 88: la “verdad histórica” fue una fabricación cuyo método consistió en presentar los hechos de Iguala como si hubieran sido delitos del fuero común, secuestro y homicidio doloso, con el objeto de alargar la ficción de un Estado neutral, terrible leviatán ajusticiador que cae sobre delincuentes con pésima ortografía en sus mensajes de WhatsApp, “ayotzinapos rateros y revoltosos”, y halcones o sicarios disfrazados de policías municipales.

Si el concepto Crimen de Estado aún sigue siendo seriamente incomprendido por el periodismo y los medios de comunicación es porque la “verdad histórica” continúa operando ideológicamente. Dice el documento de la CoVAJ en la página 93: “La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derecho al acceso a la verdad.” Justamente es la fijación con lo penal (que en realidad se refiere a la obsesión con el poder leviatánico para aniquilar al adversario) lo que ha llevado a opinólogos e intelectuales orgánicos a dar a entender que solo las cabezas del ex presidente Peña Nieto, o del ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, servidas sobre bandeja de plata podrán apaciguar el clamor de los normalistas desaparecidos. Pensar así, con base en prejuicios ideológicos, como diría Poulantzas, es un error estratégico puesto que parte de la ilusión del Estado neutral cuya función estaría reducida a lo penal y no a lo político, provocando el descuido perverso o negligente de la lucha de clase.

Finalmente, concebir Ayotzinapa como crimen de Estado involucra enjuiciar al Estado que no tenía autonomía, es decir que estaba secuestrado por clases hegemónicas, como proyecto de lucha política contínua y permanentepor parte de las clases dominadas: es la crítica de Poulantzas contra el “Estado de excepción donde el derecho ya no regula: es la arbitrariedad la que reina.” Dicho de otra forma, y siguiendo al propio Poulantzas, la lección histórica más importante de Ayotzinapa es evidenciar al Estado criminal, al Estado de excepción que también se interpreta como el “culto abstracto de la violencia y desprecio de la organización, rasgos característicos de la pequeña-burguesía enloquecida.”

En la lucha política entre clases expuesta a raíz de las atrocidades físicas, el linchamiento mediático y la perversidad jurídica contra los muchachos de la Escuela Normal, es deber de quienes sienten en carne propia esa tragedia dejar atrás el culto a la violencia que obnubila a quienes no quieren comprender que fue Crimen de Estado y mucho menos están en disposición de leer directamente sin ayuda de los medios el informe público de la CoVAJ.

*Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en literatura estadounidense por la Universidad de Exeter.




Transformación: ritmo y contenido



Transformación: ritmo y contenido

CE, Intervención y Coyuntura

Las transformaciones en el seno de la sociedad no se dan de una vez y para siempre, como si se tratara de objetos producidos por la mano humana. Son procesos que se encuentran en posibilidad de ser ampliados o delimitados. Una u otra opción depende del ánimo (es decir, de su voluntad) de la sociedad, de su disposición para encarar nuevos retos y proponer o promover agendas emergentes, pero también de los liderazgos que asumen las problemáticas pasadas, presentes como futuras. Ningún liderazgo puede responder a todas esas dimensiones por sí solo. Es pues, una idea fundamental la de que la transformación solo es exitosa si es duradera; y solo tiene tal adjetivo si segmentos importantes de la sociedad la hacen suya.

En el México de la 4T un tipo de transformación ha iniciado, bajo un ataque constante de poderes “tradicionales” (es decir, del mercado), de quienes pierden privilegios y de quienes buscan conservar una situación desvantajosa para las grandes mayorías. Esto no es raro, ni anómalo, y mucho de lo que se presenta alarmantemente como “golpe blando” no es más que la enésima forma de la política de clases y grupos en defensa de sus intereses.

Este panorama nos obliga a reconocer que no hay un solo tiempo para la transformación de la sociedad. Su temporalidad es siempre diversa. En el México moderno ha ocurrido a través de diversos sexenios, que son una marca temporal formal que se ha establecido y rutinizado. Sin embargo, la sedimentación de ideas y prácticas que apuntalen la justicia y el bienestar, pueden tener otro ritmo y, de hecho, lo tienen. Una transformación se nota más por sus consecuencias que por sus momentos inmediatos. Un utopismo ultra izquierdista es el que espera la consecuencia en el acto mismo: son momentos disociados, diferenciados, no coetáneos.

Una transformación es exitosa no por cuanto más aparentemente rápida sea, sino por cuanto logre cristalizarse en la sociedad, y por cuanto más ésta se haga parte de ella. Por esta razón es importante insistir en la idea de conservación y duración de la transformación. Notará la o el lector, la terrible contradicción de la política: el cambio se dirime también en su conservación, es decir, en su no-cambio. Pero volviendo a nuestro hilo a propósito del contenido fundamental de cualquier proceso: su preminencia no es un acto de un grupo o un sector, es una necesidad de las mayorías de la sociedad, y esta es efectiva cuando dichas mayorías la hacen suya, la defienden y, por supuesto, cuando la moldean. El contenido de la transformación es la forma que la sociedad le da, ni más ni menos. No hay receta, ni “programa” mágico, ni guía en pocos pasos. La transformación realmente existente es la que la sociedad se permite, con sus liderazgos y sus ritmos.

México vive desde 2018 el inicio, incipiente pero fundamental, de una transformación. Se están sentando las bases, porque se colocó énfasis en lograr reconstituir el instrumento cardinal para proteger a la sociedad de los vaivenes de un mecanismo desequilibado y en crisis como es el mercado en su forma específica neoliberal. Ese instrumento es la soberanía popular, que a través del Estado, reestablece vínculos rotos por la violencia, la pobreza y la desigualdad.  

Ahora bien, podemos preguntar: ¿qué es lo específico de una transformación que apuntala a colocar derechos y libertades en el centro de la sociedad? El corazón de la transformación se encuentra, en este momento, en un doble movimiento. Por un lado, el combate a la corrupción como elemento que inicia el desmontaje del viejo orden político y económico, y, por el otro, la ampliación de lo público, como forma de involucrar a las grandes mayorías.

El combate a la corrupción debe ser permanente, no un acto episódico ni dramático. Es importante, sin embargo, comprender sus dimensiones estructurales, más aún en un proceso de transición. La bancarrota del modelo neoliberal y su lento desgajamiento, generará oportunidades para que la corrupción pueda anidarse de nuevo dentro del Estado. Esto es una realidad que no podemos obviar.

Se trata de una concepción integral de la corrupción. No refiere a actos individuales o aislados, ni tampoco a onerosas burocracias que la combaten. Involucra los grandes poderes corporativos, las grandes trasnacionales, el sistema financiero: se encuentra en el centro de la reproducción del capital. La corrupción debe ser entendida como un estado generalizado propiciado por las economía de mercado en países con soberanía debilitada, al cual se le puede y debe combatir políticamente.

El combate político contra la corrupción es de primera importancia para la cuarta transformación, porque combatirla no es un acto legal o policiaco, es una disputa del sentido que aspiramos que tenga la sociedad en su conjunto. Combatir políticamente a la corrupción es importante porque no aisla el fenómeno, ni lo coloca exclusviamente en términos de moralidad o decisión individual. Es un acto profundamente político porque con corrupción no hay derechos que valgan, no hay igualdad posible y no hay justicia inmediata ni mediata.

La corrupción trae consigo no sólo la privatización de lo publico, sino que además, niega las principales aspiraciones políticas democráticas: la igualdad, la justicia, la equidad entre géneros, la conservación de la ecología, la amplaición de los derechos, el ejercicio ciudadano. Su accionar –de las prácticas corruptas– neutraliza esas aspiraciones democráticas de la sociedad. La corrupción solo beneficia a unos pocos, siempre.

Hay que vincular democracia, bienestar, derechos y libertades con el combate a la corrupción. Porque esta será siempre el lugar de los poderosos, su refugio frente a los ánimos y aspiraciones democráticas de la sociedad. Es la manera en que unos cuantos burlan los principios de igualdad y justicia. Si el combate contra la corrupción es, esencialmente político, se debe pensar en los principales instrumentos de la política pública. El primero y quizá más importante, es la ampliación de lo púbico. Porque lo público es siempre preservación por parte del Estado para la reproducción, pero también apropiación democrática de la sociedad. Las políticas que amplian lo público garantizan el despliegue de esta acción por parte del Estado, pero necesitan, siempre, de la acción colectiva, de la participación social y de la actividad militante de la ciudadanía. Lo público protege a la sociedad de las inclemencias de las economías globalizadas; da esperanza a los sectores que se encuentran en fragilidad; permite el cuidado de la vida su reproducción, pero también alienta a su ampliación. El incremento gradual y sistemática de la frontera de lo público hacia los principales nodos articuladores de la vida social: ahí está la posibilidad de una transformación duradera.