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¿Cómo rescatar el último medio ambiente? Dilemas del financiamiento verde



¿Cómo rescatar el último medio ambiente? Dilemas del financiamiento verde

Fabiola Martínez[1]

Si hay un término que nos es familiar a cualquier latinoamericano seguramente será la palabra “crisis”. Sea crisis de la balanza de pago, crisis inflacionaria, crisis cambiaria o hasta las personales, como una buena crisis existencial. Pues, son tantas las crisis que nos achacan que el tema de conversación parece jamás agotarse, esta sensación de constante desequilibrio se profundiza gracias a que los medios de comunicación nos bombardean con un sinfín de notas acerca de la vicisitud económica, social, política y, de forma más reciente, la crisis sanitaria. Y está claro que a lo largo de nuestra vida nos tocara vivir un par de cracks más, pero hoy, vivimos una crisis palpable o mejor dicho respirable: la crisis climática.

Hablamos de que tan solo en la última década, en Asia, los desastres sociales provocados por el cambio climático han obligado a más de 20 millones de personas a desplazarse internamente. O qué el número de catástrofes ambientales se ha triplicado en los últimos 30 años y que, para la década de 2030, algunas regiones de África meridional y oriental experimentarán un mayor riesgo de sequías, inundaciones y tormentas tropicales. Estas son tan solo algunas de las consecuencias del incremento exponencial de las emisiones de CO2, fruto de la actividad humana, que ha disparado el termómetro terrestre desde finales del siglo XIX. Colocándonos frente a un punto crítico, pues continuamos avanzando peligrosamente hacia el umbral de los 2ºC y, si lo traspasamos, tendremos que enfrentarnos a los efectos irreversibles de una crisis climática [OXFAM, 2019].

Y como en todo caso de crimen, hay que buscar culpables, pero lamentablemente hoy se están responsabilizando a las personas y a los países incorrectos. La culpa de esta crisis ambiental se ha atribuido falsamente a la acción particular, como también de manera engañosa se le adjudica su solución al simple cambio de comportamiento personal. Mientras, detrás de este engañoso discurso se mantienen ocultos a los verdaderos responsables de la contaminación ambiental: las mega corporaciones. Como si esto fuera poco, en medio de esta dificultad, se inventó un nuevo sujeto, el hombre y la mujer “verde”, un “personaje sustentable”, amigable con el medio ambiente, respetuoso con la naturaleza, pero, sobre todo un individuo que, por medio de estos montajes, encuentra paz para su culpable conciencia, sin abdicar del ideal de consumo. El personaje verde cumple con sus deberes ecológicos al separar la basura obsesivamente, no mal gastar jamás el agua, apagar frenéticamente la luz cuando no se encuentra en un medio obscuro, consume compulsivamente solo productos orgánicos que por cierto no son nada baratos— y, por supuesto nunca sale sin su bolsa ecológica. Ahora, mientras el sujeto verde hace todo este set de malabares para mantener su “práctica ecológicamente responsable”, hoy sólo 100 empresas alrededor del mundo, son responsables por el 71% de las emisiones globales [Lloyd, A. 2021].

La crisis ambiental nos ha colocado frente a una cruda realidad: las consecuencias del cambio climático tienen múltiples aristas y nos afecta por todos los lados. Por una parte, los desastres naturales perjudican la infraestructura de costas y ciudades interrumpiendo rutas comerciales, y trastornando las vías de comunicación, poniendo en pausa las economías de las zonas perjudicadas. Pero, los efectos no solo se mantienen en ese plano, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el calentamiento global ha provocado que enfermedades infecciosas como la malaria, el cólera o el dengue, se propaguen por muchas más zonas del planeta. Mientras que, por su parte, el calor extremo aumentará y agravará los problemas cardiovasculares y respiratorios de buena parte de la población mundial. Es decir, esta crisis tiene repercusiones directas en la salud de las personas, y de no corregir la tendencia del cambio climático, las pérdidas humanas podrían incrementar de forma peligrosa.

Lamentablemente, como en todas las demás crisis, las repercusiones climáticas no son homogéneas. Dichos impactos se harán sentir de manera diferente en los distintos países del mundo, pues las consecuencias se harán presentes dependiendo de las características geográficas, económicas, sociales, energéticas y de la fragilidad de sus ecosistemas. De manera inversa, la vulnerabilidad de un país será tanto menor cuanto mayor sea su capacidad institucional, social, económica y ambiental, de adaptarse y de hacer frente a los impactos del cambio climático sobre su territorio.

En este contexto, América Latina se proyecta como una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos del cambio climático se harán más presentes. Pues ya hemos sido testigos de las olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos relacionados con la subida del nivel del mar.

Frente a este escenario poco favorecedor no podemos seguir ignorando las advertencias medio ambientales, problemas que son necesarios de corregir o por lo menos compensar. Por ello, llegó el momento de pasar factura y pagar ya sea financiando los costos necesarios de limpieza o invirtiendo en investigaciones que desarrollen avances científicos y técnicos que logren ayudar a sobrellevar las condiciones medioambientales en las que nos hemos colocado. Estamos frente a una crisis ecológica en la que ya no se puede simplemente dejar hacer y dejar pasar. Los aprietos climáticos están pasando aquí y ahora, y la solución requiere más que solo “buenas acciones y buenos deseos”. Se necesita una estrategia de doble ataque: por un lado, disminuir las causas del cambio climático y, por el otro, adaptarnos al cambio climático. Y cierto es que resulta imposible anticipar los cambios del medio ambiente, pero lo que sí sabemos es que esta crisis ambiental está en función de nuestros modos producción y consumo.

Pero, para que esta serie de soluciones puedan comenzar a ocurrir se requieren de distintas líneas de embate. Y dentro de las opciones para corregir el problema, existe el financiamiento verde, que se refiere de manera amplia a inversiones financieras que se destinan a proyectos e iniciativas de desarrollo sostenible, así como productos ambientales. Dentro de sus funciones esta el apalancar las inversiones públicas y privadas que brindan beneficios ambientales, esto a partir de la modificación del marco normativo de las instituciones e instrumentos financieros, como, bancos verdes, bonos verdes, instrumentos del mercado de carbono, y tecnologías financieras innovadoras [GFL, 2018].

El financiamiento verde permitirá superar algunas brechas de inversión, como las costosas transformaciones en tecnologías limpias y verdes, o las iniciativas para una economía azul climáticamente inteligente, dando luz a proyectos ya conocidos como las economías circulares. En el caso de México, el financiamiento ecológico ha logrado abrirse paso mediante los “bonos verdes”, que mediante la promesa de invertir estos créditos en proyectos ecológicos son más las empresas que han solicitado estos financiamientos, como podemos ver en la gráfica 1, los bonos etiquetados como verdes, sociales, sustentables y ligados a la sustentabilidad se han emitido de forma más extensa, todos estos bonos tienen el mismo fin, los recursos deben estar dedicados a financiar proyectos ecológicos dentro del territorio mexicano. También resulta interesante denotar que quienes más emiten este tipo de bonos son empresas privadas como Betterware y Coca-cola FEMSA.

Claro que la emisión de estos bonos no implica la solución completa, además de que los resultados y las promesas cumplidas por parte de estos corporativos e instituciones solo podremos verlos en un mediano plazo. Pero frente a esta crisis podemos otorgar una vez más el voto de confianza. Afortunadamente, no solo existen estos mecanismos de solución, también coexisten alternativas que permitirían un cambio en el modo de consumo y producción: la Economía Social y Solidaria (ESS) que da cuenta de la posibilidad de un nuevo horizonte donde se pueda construir y llevar a la práctica estrategias alternativas al desarrollo vigente.  Se trata de un conjunto de iniciativas y acciones locales que se oponen a la lógica de la explotación, ganancia, acumulación, lucro y concentración de la riqueza, propias del modelo económico dominante. Estas iniciativas responden a otra lógica, parten de la preocupación del bien común y la responsabilidad ambiental, opciones que pueden redirigir el desarrollo hacía nuevas formas de organización del trabajo y del consumo, rigiéndose por los valores de cooperación, solidaridad, reciprocidad y sostenibilidad [Mendoza, A. 2019].

Para concluir, es evidente que en materia del cuidado de la naturaleza estamos cada vez más cerca del punto de no retorno [Chávez, I. 2020] y que las decisiones que se tomen hoy van a definir los patrones de crecimiento y el estilo de vida de las generaciones futuras. Así, no solo es urgente buscar soluciones inmediatas, sino que redimensionar el impacto venidero de los megaproyectos ecológicos financiados por fondos internacionales y priorizar sobre esos el apoyo a las alternativas sociales locales. En definitiva, hay urgencia en elegir la sostenibilidad sobre la rentabilidad, solo así. Preservaremos al último ½ ambiente que nos queda.

Referencias:

Chávez, I. [2020]. “2020: llegó el punto de no retorno”, en Centro de Investigación en Política Pública, 17 de enero 2020.

Green Finance for Latin America and the Caribbean (GFL) [2018]. “Finanzas verdes”, en GFL.

Lloyd, A [2021]. “¿100 empresas son responsables del 71% de las emisiones de CO2?”, en Ecoportal, 21 de marzo 2021.

Mendoza, A [2019], “La economía social y solidaria: un desafío epistémicopráctico”, Revista Miriada. Investigación en Ciencias Sociales.

OXFAM [2019]: “Hacer frente a la crisis climática”, en OXFAM International.

[1] Egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (FE-UNAM).




Deer Park: autosuficiencia y transición energética



Deer Park: autosuficiencia y transición energética

CE, Intervención y Coyuntura

Entre las múltiples reacciones y críticas que ha desatado la compra por parte de Petróleos Mexicanos de la refinería Deer Park (Shell), asentada en Estados Unidos, destacan las críticas de los ambientalistas. Un ejemplo de ello es el artículo de Dulce Olvera «México opta por autosuficiencia, pero pausa transición energética».[1]

El argumento central de la reportera de SinEmbargo es que «Shell (…) va un paso adelante en la transición energética». Sin embargo, vale la pena destacar en qué dirección. Solo en México, a partir de la implantación de la política de sustitución de combustibles locales por Gas Natural implementada por los gobiernos anteriores, Shell controla gran parte de la generación eléctrica.

Shell también participa directamente en la Generación de electricidad, a través de sociedades y, por supuesto, en la explotación de petróleo y la producción de sus derivados. Y es que la Royal Deutch Shell no es ninguna ‘hermana de la caridad’, adalid de la ‘transición energética’, sino que domina el mundo de los energéticos desde su fundación en 1907. Fue una de las «7 hermanas» de triste memoria, que después de la II Guerra Mundial impusieron su dominio casi total en la producción, refinación y la distribución de hidrocarburos y sus derivados, a escala global.

La nota en cuestión subraya la debilidad conceptual de la llamada “transición energética” cuando señala que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) «prevé que para 2030 el 60 por ciento de las ventas globales de automóviles serán eléctricos». Una frase grandicolocuente pero incapaz de responder el cuestionamiento de fondo: ¿ en las siguientes décadas, a partir de qué energético primario estaremos generando la electricidad necesaria para recargar tales vehículos?

Los graves problemas ambientales que enfrentamos a escala global no se resolverán mediante simples «compromisos» para dejar de fabricar vehículos de combustión interna o incluso con solemnes conferencias internacionales para pactar la reducción de las emisiones de carbono. Por desgracia, el rapaz modelo económico vigente depende casi totalmente de los hidrocarburos y así continuará, puesto que no hay compromisos políticos serios para modificar la situación. Nadie está dispuesto a sacrificar su propia economía, ni mucho menos a promover y financiar la formación de grupos multinacionales de estudio para investigar y desarrollar nuevas fuentes de “energía limpia”, que sean suficientes, sustentables, “amigables con el medio ambiente” y baratas.

En diciembre de 2010 se llevó a cabo la XVI Conferencia de las Partes (o COP 16) en Cancún, Quintana Roo. Los acuerdos, firmados apresuradamente a última hora, establecen medidas para paliar el llamado cambio climático mediante iniciativas y mecanismos de financiamiento y transferencia de tecnologías para las naciones emergentes. En dicha conferencia, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció el lanzamiento de proyectos y programas «para el combate, adaptación (sic) y mitigación del cambio climático».[2] El cumplimiento de las metas de dicha conferencia –las previas y las posteriores– hoy en día es prácticamente nulo. De hecho, se realiza una COP cada año, desde 1995, sin que a la fecha se logren resultados palpables.

Un ejemplo más reciente de dicha lógica de los organismos mundiales de “solidaridad” es el fracaso para desarrollar, producir y distribuir las vacunas necesarias contra la pandemia del CoVid-19, que nos revela la inoperatividad internacional, incluso para enfrentar la amenaza de una enfermedad mortal. Como siempre, los grandes grupos industriales y financieros (en este caso los grandes grupos farmacéuticos) impidieron la socialización a escala global de una vacuna universal. A cambio, los gobiernos de los países más ricos acapararon más del 90% de las vacunas disponibles, aunque no las aplican.

Ante el fallo en contra de Shell, promovido por  organizaciones ambientalistas, la petrolera anglo-neerlandesa puede darse hoy el lujo de desprenderse de una planta de refinación, sin que por ello se afecte sustancialmente su riqueza, como una forma de paliar sus responsabilidades políticas y legales. Shell apelará legalmente la sanción y se le concederá prolongar los plazos y, mientras tanto, seguirá enriqueciéndose con inversiones en Parques Energéticos y Químicos que ofrecerán nuevos combustibles bajos en carbono y productos químicos de alto rendimiento. Esto quiere decir que, por el momento, se dedicará a instalar “granjas” de energía fotovoltaica o eoloeléctrica, tal vez de fuerza mareomotriz, además de entrar al negocio de las pilas eléctricas de alto rendimiento. Shell sabe que existe un mercado de «energías limpias», con clientes dispuestos a fingir que así reducen su «huella de carbono».

Por parte de Pemex y el gobierno de México, no hay engaño: no se pausa la «transición energética», ya que a cambio de financiar a las empresas privadas del sector de la llamada «generación verde» (plantas eóloeléctricas y fotoeléctricas), se cumplirán dos importantes metas contra el calentamiento global. En primera instancia, se reduce el volumen de petróleo de exportación hasta eliminarlo y se limita la plataforma de extracción, exclusivamente para satisfacer el consumo nacional, de modo que haya una reducción neta, al mínimo, de la refinación y consumo de hidrocarburos.

Segundo, se refuerza la generación hidroeléctrica, mediante la modernización y ampliación de equipos en plantas existentes. Ambas medidas son de aplicación inmediata y se establecen plazos verificables. Existen además distintos proyectos eoloeléctricos en evaluación, para los que se requiere una fuerte inversión destinada a adecuar las redes de transmisión y distribución para este tipo de energías intermitentes, inversión que los generadores privados no han querido hacer porque esperaban que el estado mexicano la financiara y pusiera a su servicio.

En todos los casos, no se trata de obras nuevas que realicen en detrimento del medio ambiente o en perjuicio de grupos sociales, como sucedió con algunos de los proyectos privados impulsados por acuerdos como la COP, concretamente las centrales hidroeléctricas privadas de Belo Monte, en Brasil, la planta Hidroituango en Colombia o el fallido proyecto de HidroAysén, en Chile.

Como con cualquier otro tipo de críticas, cierto ambientalismo tendrá que superar la oposición sistemática para aportar al planteamiento de alternativas realizables y, de ser posible, ampliar su mirada y memoria, para entender y recordar que la mayor desvastación y despojo inició en la década de los noventa cuando se le instituyó por medio de órganos que sólo “ataca[ron] aquellos problemas ambientales que no afectaran los nuevos intereses económicos, el flujo de capitales y el «libre» comercio”.[3]

Por otra parte, aunque las reuniones de la COP han estudiado el problema exhaustivamente y propuesto diversas soluciones, y que en México también existen análisis sobre la materia,[4] el problema es que, a escala global, dichas propuestas nunca se traducen en acuerdos y compromisos vinculatorios.

En México, por ejemplo, el 46.5 % de toda la energía que consumimos está destinada al transporte. De esa proporción, el 90 % se destina al auto particular. Para reducir el uso de los combustibles fósiles y con ello aminorar el avance de la crisis climática y ambiental, es necesario hacer uso racional de la energía. Un paso importante consistiría en rediseñar los modelos actuales de movilidad.

Adicionalmente, México exporta petróleo e importa grandes volúmenes de gasolinas y diesel. Esto, en un contexto en el que aproximadamente la mitad de las familias mexicanas no tienen coche y utilizan el transporte público para llegar al trabajo, a la escuela, etc.

Entonces, no es difícil concluir que para transitar hacia un modelo de movilidad racional y sustentable se requiere ampliar el transporte público, así como realizar intervenciones urbanas que permitan su optimización, en términos de mejorar su infraestructura, facilitar su conectividad y mejorar la planeación y organización integral de los traslados. Al mismo tiempo es necesario establecer políticas públicas que fomenten la reducción del uso del automóvil particular.

En ambos temas ya existen acuerdos y compromisos incumplidos por gobiernos anteriores, porque implican conflictos tanto sociales como económicos y, por supuesto políticos. Se trata nada menos que de transformar el modelo actual de desarrollo, por uno que se adapte a las necesidades actuales, sin profundizar la crisis climática y ambiental, y que al mismo tiempo permita armonizar distintos intereses (como los de poderosas industrias como la automotriz y la energética). También, para recuperar el espacio público en favor de la movilidad, es imperativo minimizar la afectación a la sociedad.

De allí la pertinencia de las medidas adoptadas, como la reducción de la plataforma de explotación del petróleo en México, al eliminar la exportación, y la de promover la modernización de las plantas de generación hidroeléctrica. Deer Park representa una oportunidad estratégica coyuntural que nos acerca a la autosuficiencia, pero que no modifica ni pone en «pausa» el plan de transición energética general, más bien lo complementa. Parece poco, pero es más de lo que cualquier otro gobierno anterior haya realizado, e incluso más de lo que otros países estarían dispuestos a hacer para no afectar a sus grandes consorcios.

[1] Dulce Olvera. «México opta por autosuficiencia, pero pausa transición energética» en SinEmbargo, 30 de mayo de 2015. https://www.sinembargo.mx/30-05-2021/3980792

[2] El Economista, 14 de diciembre de 2010, p. 4-5.

[3] Étienne von Bertrab. “El ambientalismo opositor” en Pie de Página, 20 de mayo de 2021.

[4] Ver por ejemplo el Ciclo de Webinarios Científicos Conacyt. Programa Nacional Estratégico. Energía y Cambio Climático, 18 de mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=BQQTBq7o_v0

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