Martín Cortés y Andrés Tzeiman

A poco más de veinte años del ascenso de Hugo Chávez al gobierno en Venezuela, y en medio de avances y retrocesos, momentos expansivos y de crisis, ofensivas conservadoras y neofascistas, triunfos y derrotas, fines de ciclo consagrados, a veces deseados, y también desmentidos, el giro a la izquierda en la política latinoamericana sigue ordenando el debate teórico-político de la región. En lo que sigue, nos proponemos contribuir a ese debate esbozando algunos elementos teóricos para pensar este proceso histórico.

1. La resistencia al neoliberalismo y los gobiernos progresistas

Los años 90 fueron los años de la calle. Protestas, movilizaciones, bloqueos de rutas, escraches… Los sectores populares de los distintos países de la región pusieron en movimiento todo un conjunto de formas de organización y acción plebeya para enfrentar y resistir el embate neoliberal que se iniciara con las dictaduras en los años 70, y que continuaría por la vía democrática, luego de las transiciones, durante los dos decenios siguientes.

En ese sentido, no resultó casual que toda esa energía social contestataria asumiera un notorio signo anti-estatal. Pues la institucionalidad del Estado, por aquellos años, fue la encargada de instrumentar las reformas pro-mercado. Por una parte, llevando a cabo las políticas de privatización, desregulación, flexibilización y liberalización. Pero también, por la otra parte, haciéndose cargo del disciplinamiento popular por vías represivas. El Estado, por lo tanto, se presentaba como un claro enemigo del movimiento popular. Es por eso que, en aquel contexto, la idea de una exterioridad de las clases subordinadas con respecto al Estado cuadrara a la perfección.

Sin embargo, con el privilegio de la mirada en retrospectiva, ya sabemos ahora lo que ocurriría años más tarde. En el ocaso del Siglo XX, las movilizaciones populares llevaron el modelo neoliberal a una situación de crisis. Tanto es así, que en Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador, los estallidos sociales que escenificaron dicha eclosión resultaron contundentes. Las imágenes de sucesiones casi diarias de presidentes, o de primeros mandatarios huyendo de las sedes de gobierno, manifestaban agudas crisis políticas, que exigían resoluciones más sofisticadas que un mero “gatopardismo”.

Es fundamental, por eso, preservar aquella memoria acerca de la emergencia de los gobiernos progresistas: no hay tales gobiernos sin la efervescencia popular que los precedió. De eso no deben quedar demasiadas incertezas. Pero aquello que resulta esencial para dar cuenta de lo sucedido en forma posterior a esas crisis, es la modalidad (o mejor, en plural, las modalidades) que asumió la sutura de las mismas. Una alternativa en ese entonces resultaba la salida por la vía de la agudización de las recetas aplicadas hasta aquel momento (en función de la excusa predilecta de la ortodoxia económica: las fallas del modelo no habrían sido el resultado de las medidas adoptadas, sino de una insuficiencia en las dosis de las mismas, o bien, de una implementación excepcionalmente ineficaz por parte de sus intérpretes). No obstante ello, la incorregible imaginación de la historia le deparó a la región un curso diferente. Los gobiernos progresistas constituyeron la traducción en materia estatal de la energía social que se desplegó como resistencia al modelo neoliberal y que lo hizo entrar en crisis. Retengamos el concepto de traducción, que es clave: en ese pasaje, de manera inevitable, algo se pierde y algo se transforma. Pues la expresión de las luchas en el Estado jamás resulta transparente (allí tenemos, indudablemente, una realidad trágica de la política). Como nos enseñó alguna vez Poulantzas, esa expresión se produce siempre bajo la forma de una refracción. Aquella energía social, al expresarse en el seno del Estado, se transforma en materia estatal (en palabras de René Zavaleta: “todo lo que pasa por el Estado, se convierte en materia estatal”… El Estado es entonces una síntesis calificada: le otorga su propio color o mensaje a la energía social).

Asimismo, la traducción de la energía social en materia estatal se produce más allá de las intenciones de quienes protagonizan las luchas, de allí que carecen de sentido las consideraciones que conciben el tránsito desde la sociedad hacia el Estado como una forma de alienación o degradación (moral). De lo que se trata, en todo caso, es de comprender de qué forma los movimientos populares inciden en la modalidad de ese tránsito y qué es lo que se juega -y de qué modos- al nivel del Estado.

2. Productividad del Estado y autonomía del momento político

La traducción, entonces, no es pura expresión. El Estado convierte la energía social en materia estatal. Pero eso no significa que una vez producida esa expresión la política sea cancelada para abrir paso a un mero ejercicio de reproducción. Especialmente en las coyunturas signadas por las crisis, el escenario de desestructuración abre un espacio privilegiado para la intervención política, y las instituciones del Estado pueden resultar un terreno fecundo para operar transformaciones sustantivas en la estructura social y en la configuración del poder. Las relaciones de fuerzas construidas a través de la capacidad de síntesis del movimiento popular en su conjunto son vitales para poder efectuar quiebres en la institucionalidad vigente, y allí la dimensión contradictoria del Estado se hace presente de modo más claro, como una clave para producir rupturas en relación con el orden dominante en forma preexistente.

Para ello, el juego político resulta fundamental, y en tal sentido irrumpe también un aspecto característico en la historia de las sociedades latinoamericanas: los grandes movimientos populares con fuertes liderazgos. Si los contextos de crisis se presentan permeables para la producción de una política transformadora, esta puede llevarse adelante a partir de un impulso y de una capacidad singular de lectura de la coyuntura que interprete la existencia de condiciones fértiles para provocar quiebres en una clave liberadora. Esa singularidad suele jugarse en el diálogo entre, por un lado, una figura política que tracciona y sintetiza el movimiento y, por el otro, la cuestión del Estado (la historia de esos grandes movimientos en América Latina es prueba de ello). Pues el andamiaje estatal brinda una fuerza específica para impulsar las transformaciones ante la dilucidación de una oportunidad política. Allí se abre un escenario fructífero para tejer alianzas, subordinar transitoriamente enemigos, privilegiar demandas históricas consideradas amenazantes para los sectores dominantes, entre otras acciones.

Así, los gobiernos se mueven en el incierto terreno de las múltiples relaciones de fuerza que los atraviesan. En ese contexto, el juego político es mucho más que el dilema entre radicalización y conservación del proceso político, e incluso va más allá de la pregunta -a veces revestida de un halo moral- en torno de la “voluntad política”: se trata de la capacidad de leer el tiempo político, en virtud del cual es posible introducir transformaciones en un mapa saturado de tensiones que se contraponen. De nada sirven los saltos al vacío. La política, entendida en la senda abierta por Maquiavelo y Lenin, supone una dialéctica de medir fuerzas con el adversario. La acumulación de fuerzas propias, el desgaste de las enemigas, la detección de los puntos neurálgicos donde se dirime el poder, y las coyunturas indicadas para producir los quiebres, resultan las condiciones decisivas para avanzar en las transformaciones. Por fuera de ellas, la vocación radicalizadora es pura escolástica, y a menudo oculta la hipótesis de que los gobiernos son, por principio, incapaces de protagonizar -o siquiera de participar de- un escenario de acumulación política de los sectores subalternos.

3. El gobierno no es el Estado

Una característica nodal de los progresismos latinoamericanos es que en ellos se funden contradictoriamente dos temporalidades. Por una parte, la de la crisis del neoliberalismo en nuestra región, ya mencionada más arriba. Pero, por otra parte, nos enfrentamos a la temporalidad de un proyecto neoliberal que continúa su despliegue en forma despiadada a nivel internacional. Un desarrollo que se ha vuelto aún más virulento luego de la crisis financiera del 2008, a partir de la cual, como respuesta, el neoliberalismo ha reforzado su faceta autoritaria.

Es llamativo que este elemento no esté más presente en los análisis de los progresismos, pues resulta ineludible: el capitalismo no se desenvuelve estrictamente en un espacio nacional, sino que, como nos explicaron Marx y Engels hace más de 170 años, es fundamentalmente un proceso de universalización. La primacía del neoliberalismo a nivel global no es un dato accesorio o secundario. En ese sentido, debemos subrayar que los progresismos se desenvuelven, con más o menos fuerza, a contracorriente de la dinámica dominante en el capitalismo contemporáneo. Y, por lo tanto, deben pelear en forma permanente contra ella y frente a los condicionamientos que ejerce. La presión de la “diplomacia financiera internacional”, los movimientos ilimitados de capitales “por encima” de las fronteras nacionales, la desregulación de las normas laborales, la liberalización comercial, entre otros aspectos, son dinámicas constitutivas del capitalismo actual. Y, por ende, resultan determinantes en las disputas que enfrentan diariamente los gobiernos progresistas.

En materia política, ello nos obliga a recordar una dimensión que, creemos, debe constituir el punto de partida del debate sobre el siglo XXI latinoamericano: el gobierno del Estado no es equivalente al poder del Estado. Esa distinción es crucial. Los gobiernos progresistas han llegado al gobierno, pero bajo ningún aspecto se hicieron con el poder del Estado: esto es así, desde ya, en el sentido ampliado (que contiene las instituciones privadas asociadas a la reproducción del orden), pero también en el más restringido de las instituciones que aparecen como Estado (para ejemplo, se puede visitar el reguero de ataques de los poderes judiciales a los procesos de cambio en los distintos países de la región). Por eso son gobiernos fundamentalmente frágiles, y permanentemente asediados por factores de poder real capaces de limitar sustantivamente sus márgenes de acción. En ese sentido es que sostenemos que los procesos progresistas no son de ofensiva. Por el contrario, son de resistencia a un neoliberalismo hegemónico -y últimamente también fascista.

La confusión entre gobiernos y Estado trabaja en común con la tesis de que toda traducción de las demandas populares en materia estatal es una forma de alienación. De allí surgen las despreciativas figuras de la cooptación, la subordinación o la perversión como nombres para calificar ese pasaje, tanto como la tesis de que los gobiernos progresistas son en realidad meros agentes de la recomposición de la dominación tras la crisis del neoliberalismo. De fondo, el Estado retiene para sí una pulsión conservadora, mientras que el lado de los movimientos sociales (y de la sociedad civil en general) estaría caracterizado por una tendencia radicalizadora. Esta construcción dicotómica termina por inscribir a los gobiernos progresistas en una imposible paradoja: pueden ser criticados por su débil insuficiencia (si no directamente por su impostura y/o simulación) y, al mismo tiempo, se les puede exigir, en nombre del todopoderoso Estado que “ocupan”, resolver todos los dramas estructurales de las sociedades latinoamericanas. La forma fija de la dicotomía entre sociedad civil y Estado que distribuye de modo muy claro las cargas valorativas (la primera, espacio de la libertad, el segundo, espacio de la alienación) no remite estrictamente, al menos en nuestra región, tanto a viejas y clásicas teorías políticas decimonónicas, como al tono que tomó la transición democrática de los ochenta. Lo curioso, en todo caso, es que aquel hegemónico lenguaje liberal-progresista haya sobrevivido, apenas transformado, en las interpretaciones presuntamente más radicales de las crisis del neoliberalismo.

4. Sobre las relaciones de fuerzas y el ejercicio de la crítica

La emergencia y el despliegue de los gobiernos progresistas implicó la introducción de toda una serie de tensiones al interior de los movimientos populares y de los sectores intelectuales de izquierda. Es decir, instaló el interrogante político acerca del modo en que las organizaciones y los intelectuales que habían luchado durante décadas para poner en crisis el modelo neoliberal en América Latina, debían posicionarse en el nuevo contexto, ante gobiernos que pretendían expresar una alternativa a ese escenario crítico, mediante la asunción de la dirección del Estado. ¿Qué hacer frente a gobiernos que impulsan transformaciones, pero al mismo tiempo reproducen los patrones de dominación característicos de Estados signados por décadas de neoliberalismo? ¿Cómo posicionarse ante gobiernos que pugnan por el cambio, pero deben lidiar a su vez con las fuerzas sociales (internas y externas) que se resisten a ello por todos los medios?

La figura del intelectual suele estar tironeada por la tentación del francotirador, la famosa “piedra en el zapato”, cuyo propósito y sentido es el de incomodar al poder, conmoviendo verdades que parecen ya establecidas. Como definición general parece adecuada, el problema es en realidad el blanco de ese ejercicio: ¿a quién es preciso incomodar? Es razonable que los logros de los gobiernos progresistas se midan en relación con los anhelos de los intelectuales (y de las fuerzas cuyas voces silenciadas representarían, si corresponde), o incluso en relación con la consecución -o no- de determinados logros que hacen al acervo teórico-político de las izquierdas. Sin embargo, ese ejercicio puede fácilmente deslizarse hacia una crítica exterior, moral, del proceso político. Esto es: una crítica que no trabaja a partir de las potencias inmanentes del proceso histórico, sino de la posición subjetiva de quien la enuncia.

Esta diferencia requiere volver sobre dos de los puntos antes planteados: por un lado, la necesidad de desarmar la mirada normativa en torno del Estado y los gobiernos y, por el otro, partir de la fragilidad de los gobiernos progresistas. Estos dos puntos pueden clarificar el dilema en torno de a quién debe incomodar la crítica. El primero para desacomodar cierta idea de que el otro del intelectual es aquello que aparece como poder político, mientras que las múltiples y difusas formas de poder económico y cultural -que incluyen a menudo los densos entramados que financian a los más críticos intelectuales- quedan en un segundo plano, o ni siquiera son mencionados. El segundo, porque observar con cierta claridad quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles en el terreno de la lucha política es fundamental para toda intervención a través de la palabra.

Solo para insistir en esto último, es evidente que los gobiernos progresistas no constituyen procesos revolucionarios en un sentido clásico, ni mucho menos. Pero allí interviene un elemento central, realismo político mediante: de lo que se trata no es solamente de valorar sus parámetros en relación con la historia de las izquierdas que les precede, sino también de evaluar cuál ha sido la reacción de los enemigos históricos de las clases populares. Y en este punto hay que hablar con claridad: no se trata de revoluciones, pero las clases dominantes han actuado como si efectivamente lo fueran, y la buena salud de la que nuevamente gozan los golpes de Estado en América Latina es prueba de ello.

No se trata entonces de menospreciar el ejercicio de crítica a los gobiernos progresistas, sino de preguntarnos en qué sentido los procesos políticos que tomaron esa forma no constituyen ellos mismos la posibilidad de crítica y confrontación -eficaz, política, capaz de dañar- con la hegemonía neoliberal y autoritaria. En ese sentido, el llamado a una crítica inmanente no es otra cosa que afirmar que el trabajo de crítica intelectual, cuando se da al interior del trabajo de crítica política que estos procesos -dramáticamente imperfectos, y por ello necesitantes de esa crítica- encarnan, redunda en un efecto infinitamente más disruptivo en el dominio del capital.

i. El texto fue publicado en el Número 2 de la edición impresa de Jacobin. Agradecemos a la revista por su autorización para reproducirlo.