Rodrigo Wesche

Tesista de la Licenciatura en Filosofía por la FFyL, UNAM y pasante de la Licenciatura en Historia por la ENAH

En su ensayo titulado “Historia y ciencias sociales: la larga duración”, publicado en 1958, el historiador francés Fernand Braudel planteaba que la Historia en un diálogo con otras disciplinas podía contribuir con su particular abordaje de un aspecto de la realidad social: la duración social. Ahí distinguió tres tiempos correspondientes con el acontecimiento, la coyuntura o el ciclo, y la estructura respectivamente. El tiempo corto del acontecimiento es propio de la vida cotidiana y, por eso, en él se sitúan las narraciones de los cronistas o periodistas. Al formar parte del tiempo breve y dramático, nos dice Braudel, “el acontecimiento es explosivo, tonante. Echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos; pero apenas dura, apenas se advierte su llama”. Del acontecimiento todos los contemporáneos quieren hablar, pero pocos lo hacen con claridad por su carácter fugaz y el humo de su espontaneidad. 

Esto se constató con el reciente caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). El jueves 15 de octubre del presente año fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, por funcionarios estadounidenses, por encargo de la Administración de Control de Drogas (DEA). La razón de su detención fue presuntamente haber cometido delitos de producción, distribución e importación de droga, así como de lavado de dinero. 

Sin embargo, el pasado 17 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) de México y la Fiscalía General de Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto, donde explicaban que el Departamento de Justicia de EU solicitaría al día siguiente la desestimación de los cargos penales contra el general Cienfuegos, para que así fuera investigado por las autoridades mexicanas como una forma de reconocer la colaboración de ambos países en materia de seguridad, y también aclararon que el Departamento de Justicia proporcionó a la FGR las pruebas que serían presentadas durante el proceso del general.

Al día siguiente del anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard dedicaron la tradicional conferencia de la mañana a presentar los hechos relacionados con el caso del general Cienfuegos, y a contestar preguntas de la prensa. En términos generales, el presidente y el canciller argumentaron una violación a la soberanía del país y falta de confianza en las instituciones mexicanas, pues la investigación se había realizado unilateralmente. Unas horas después, en efecto, la juez estadounidense Carol Amon, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York desechó los cargos. 

Desde el anuncio de ambas Fiscalías en las redes sociales y los medios de comunicación se comenzó a especular sobre los motivos que había detrás del retorno del general Cienfuegos, gestionado por el gobierno de AMLO y la FGR. Algunos hablaron de un pacto de impunidad con la pasada administración federal, olvidándose de los casos de la Estafa Maestra y Emilio Lozoya; otros sugirieron que la cúpula de las fuerzas armadas habría amenazado al presidente con un golpe de Estado, si no traía al general a toda costa. También algunos días después se difundió en medios de comunicación la versión de un pacto que habría implicado intercambiar al general por un capo que sería capturado en el futuro. Ya ni hablemos de las contradicciones de aquellos que pretenden suscribir todas las versiones a la vez o cambian de parecer según sea conveniente con el propósito de criticar la actual administración. El problema de todas esas versiones consiste en que se atienen al análisis del acontecimiento en sí mismo y nunca van más allá de él.

Ciertamente el caso del general Cienfuegos es desconcertante de principio a fin. Probablemente lo más cercano a parecerse sea el proceso que también enfrenta en Nueva York Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. No obstante, nunca agentes de la DEA habían arrestado a un militar de tan alto rango. Tampoco habíamos tenido noticia de que el Departamento de Justicia de EU solicitara desestimar los cargos de un acusado de semejante importancia por petición de autoridades mexicanas. 

Ante las decenas de especulaciones al respecto, algunas de ellas francamente ridículas, y la falta de información en el corto plazo, bien haríamos en recordar las reflexiones de Braudel sobre el acontecimiento. Su carácter fugaz y espontáneo poca claridad nos puede arrojar sobre un asunto que concierne a un proceso de más largo aliento. La mayoría de las explicaciones se detuvieron a especular sobre el caso, pero nunca ahondaron en cómo se inscribe en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, la mal llamada guerra contra el narcotráfico o las intenciones de transformar al país del gobierno de AMLO, al margen de si se simpatiza o no con su proyecto. Nunca se situó el acontecimiento en la lógica de las macro y micro estructuras sociales y, por consecuencia, de una temporalidad de mayor amplitud. 

En contraste, propongo que sigamos el consejo de Braudel sobre invertir el reloj de arena en ambos sentidos: “primero, del acontecimiento a la estructura, y, después, de las estructuras y de los modelos al acontecimiento”. Sólo así encontraremos algo de claridad en medio de tanto humo.