Julián Hernández

Presentación

Desde finales del siglo XX en el mundo se ha visto una relación cada vez más estrecha entre tecnología y educación. Y es así puesto que la globalización ha traído desde su nacimiento la necesidad de crear un planeta interconectado en todas sus formas. Ante dicho interés, los medios digitales han colonizado la vida social de los países a un ritmo impresionante, abriendo un gran debate acerca de las posibilidades que el acceso y uso de sus servicios tiene.

Especialmente desde la esfera educativa, esta coyuntura resulta interesante si lo abordamos a través de la narrativa de los y las jóvenes estudiantes, es decir, volteando a ver las formas de apropiación, uso y adaptación que tienen con respecto a las tecnologías digitales, pues permite vislumbrar un panorama de emergencia ante la creación de nuevas motivaciones y expectativas dentro del imaginario de un mundo digital. Resulta por ello importante preguntarnos cómo influiría el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la vida escolar de los estudiantes; qué lugar podrían ocupar en un contexto de digitalización escolar; y de qué manera dicha digitalización transformaría lo vínculos que se producen en los centros de enseñanza y aprendizaje. Se trata de interrogantes que pronostican un cambio en las percepciones y expectativas del hacer y quehacer escolar.

Por otro lado, es necesario e inevitable contrastar el contexto hasta ahora narrado y su frontera de posibilidades con la realidad objetiva. ¿Qué tan preparado está el país para adoptar una visión de Estado tendiente a reestructurar el sistema educativo en pro de las tecnologías digitales? ¿Nos encontramos frente a una plena inclusión digital que permita alcanzar los objetivos de este tipo de enseñanza? Y es que ambas cuestiones están estrechamente relacionadas con la manera en que los jóvenes ejercen una asimilación práctica y simbólica de la tecnología. Dicho de otra forma, la apropiación que puedan tener de los recursos digitales dependerá irremediablemente de la posición que detenten en la estructura social, su capital tecnológico, la edad e, incluso, el género. Todos son factores que atraviesan transversalmente a los educandos, por lo que cualquier tipo de análisis que pretenda exponer las maravillas del uso de la tecnología en la educación deberá tomarlos en cuenta.

Contexto global y diseños locales

Podemos rastrear el impulso de las TIC en los años 70, pero su verdadera difusión y uso comenzó a darse hasta la década del 80. Fueron la base para constituir las Sociedades de la Información y el Conocimiento (SIC) (Crovi, 2008), fundamentadas en la importancia que tiene la adquisición y manipulación del conocimiento para generar riqueza social y bienestar colectivo. Su alcance tuvo tal envergadura que en la década de 1990 los países capitalistas más avanzados, el llamado Grupo de los 7 (G-7), incluyeron en su agenda el objetivo de producir un nuevo modelo económico de desarrollo cimentado en el manejo de las tecnologías y las telecomunicaciones. De esta manera, se crearon las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información (CMSI). La primera de ellas durante el 2013 en Ginebra, Suiza, que sirvió como parteaguas para generar y formalizar los fundamentos de la Sociedad de la Información. Una segunda cumbre se realizó dos años después, en Túnez, al norte de África, que tuvo como fruto poner en marcha el Plan de Acción de Ginebra, un proyecto que enlista objetivos para construir sociedades de la información integradoras, que incorporaran el potencial del conocimiento y las TIC al desarrollo de las naciones por medio de políticas públicas y mecanismos de financiamiento (CSMI, 2003 y 2005).

En América Latina y el Caribe, por otro lado, la misma discusión se tuvo a principios del siglo XXI, donde diversos gobiernos se reunieron para tejer en consenso planteamientos generales y presentar una postura unánime a los foros llevados a cabo por el G-7. Es así que, para el año 2001, a través la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se emite una declaración que establece como meta compartida de los gobiernos latinoamericanos “llegar a 2005 como miembros plenos de la sociedad de la información con eficiencia, equidad y sustentabilidad, en el marco de la economía global basada en el conocimiento” (CEPAL, 2003, p. 52). Además de esto, fueron también desplegados tres proyectos de acción como dispositivos para impulsar los procesos de afiliación, colaboración e intercambio de los avances a nivel regional. Hablamos del Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe (e-LAC), durante los años 2007, 2010 y 2015. Estos programas estaban cimentados en el avance de tres áreas, principalmente: a) educación, b) infraestructura de telecomunicaciones y c) administración y eficiencia estatal. No obstante, son varios los países que no lograron darle continuidad a la agenda en materia de las TIC por cambios en la administración, que traían consigo proyectos de nación incompatibles.         

Es en este contexto de ficticio fraternalismo global en que las sociedades de la información llegan a instaurarse como una herramienta necesaria para impulsar el progreso tanto de los países de capitalismo avanzado como de las soberanías de capitalismo dependiente, pues el lugar común es la innovación tecnológica en aras de consolidar sociedades liberales más democráticas y progresistas. No obstante, luego de dos décadas de dar paso a esta revolución mundial, se han hecho cada vez más evidentes las brechas de desigualdad tecnológica generadas en la sociedad del conocimiento, donde la distribución desigual de la riqueza, la precarización de la mano de obra, la pobreza, las crisis de desempleo, la exclusión y un largo etcétera, han exacerbado el acceso asimétrico a las herramientas digitales.

En el caso de México conviene analizar, en favor de los intereses que guían al presente trabajo, el panorama general acerca de las políticas públicas que se han implementado en materia de las TIC, pues son varios los compromisos internacionales adquiridos para consolidar una sociedad de la información y el conocimiento funcional. Así, podemos rastrear la primera de estas políticas con la creación del Sistema Nacional e-México, durante el año 2000, qué tenía como objetivo ser un espacio de convergencia y coordinación entre diferentes instituciones estatales para fomentar el desarrollo de proyectos que permitieran un mejor uso de las TIC en beneficio de la sociedad. Dicho sistema tenía tres líneas de acción: 1) inclusión digital, 2) servicios y contenidos digitales y 3) conectividad con banda ancha. Luego, para 2012, se puso en marcha la Agenda Digital Nacional (ADN), que pretendía ser un complemento al sistema e-México para aminorar la brecha digital en el país (SCT, 2012). Un año después, se gesta la Estrategia Digital Nacional, con el objetivo de armonizar el camino para la inserción de México en el desarrollo de las TIC, pero también para fomentar el uso de éstas en la: a) seguridad ciudadana, b) educación de calidad y competitiva, c) tecnologización de la gestión gubernamental, d) salud universal y eficiente y e) economía digital. La estrategia especificaba que, para llegar a los objetivos planteados, sería necesario una mayor conectividad, datos abiertos, un marco jurídico regulatorio, la habilidad de varios sistemas operativos para intercambiar información y utilizar la información intercambiada, y un desarrollo inclusivo de las habilidades digitales para hacer posible el manejo de todos los componentes (Gobierno de la República, 2013).

Por último, resulta importante agregar que también durante el 2013 se reformó el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que versa sobre la libertad de expresión, para anexar el párrafo siguiente:

El Estado garantizará el derecho a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha de Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios (Diario Oficial de la Federación, 2013, p. 3).

Con todo lo anterior, se puede notar que el tema de las TIC ha estado presente en la política nacional desde principios del siglo XXI. Sin embargo, ¿han sido efectivas las políticas públicas tendientes a disminuir la brecha digital en el país? Lo cierto es que no, pues aún se perpetua la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad -las naciones indígenas y los adultos mayores, así como personas con bajos niveles educativos, por ejemplo- que no tienen acceso a las TIC, negándoseles con ello la oportunidad de contribuir a la consolidación de una sociedad de la información y el conocimiento. Sólo hace falta revisar los datos estadísticos para corroborar la aseveración anterior. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el panorama nacional es el siguiente:

• En México, hay 84.1 millones de usuarios de Internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares, que representan el 72% y 75.5% de la población mayor de seis años, respectivamente.
• El 78.3% de la población urbana es usuaria de Internet; mientras que, en la zona rural, la población usuaria sólo alcanza el 50.4%.
• Del total de hogares del país, 38% dispone de computadora y 76.6% cuenta con al menos un televisor de tipo digital. (INEGI, 2020).

Cómo se puede ver, resulta bastante evidente la enorme brecha digital que el país aún mantiene. Lo que nos permite hacer una reflexión más nítida acerca de los retos que enfrenta la digitalización de la educación en un mundo cada vez más globalizado y cosmopolita.

En países como México, donde persiste una enorme desigualdad socioeconómica, el acceso, aprovechamiento, uso o disfrute de las TIC por jóvenes estudiantes ocurre de manera asimétrica. Concretamente, se trata de un campo donde también las desigualdades se reproducen. En general, en economías subdesarrolladas −como las que componen casi la totalidad de América Latina− la digitalización de la educación puede presentar serias dificultades en su aplicación debido a estas desproporciones materiales. Diametralmente opuesto a lo que ocurre en las sociedades de la información existentes en los países de capitalismo avanzado, donde las disparidades económico-sociales se encuentran mucho más aminoradas, y donde se da una distribución y acceso a las tecnologías mayoritariamente homogéneo, permitiéndole a los miembros de la población marchar de una forma cada vez más pareja. Por ello, si bien es cierto que las TIC han logrado ser núcleo de una transformación cada vez más progresiva en la enseñanza dentro y fuera de las aulas, también lo es que, si las brechas de desigualdad en el acceso a los medios digitales no se acortan, la misma tecnología puede profundizarlas todavía más. Y es así puesto que sólo algunos segmentos de la sociedad −generalmente los de mayor ingreso económico− serán aquellos que tendrán, privilegiadamente, la oportunidad de sacarles provecho. Como corolario, la educación digitalizada en ese tipo de contexto podría convertirse en un factor que recrudezca la desigualdad social entre los jóvenes estudiantes, en lugar de aliviar su malestar.

Estudios contemporáneos y universo conceptual en materia de TIC’s

Desde la consagración de las sociedades de la información y el conocimiento como un ideario a alcanzar en el mundo globalizado, se ha desatado una amplia discusión en la literatura académica en busca de encontrar la opción más loable para abordar las diferentes problemáticas que presenta la digitalización mundial. No importando las diferentes posturas, parece existir un consenso universal con respecto a que las desigualdades socioeconómicas se extienden a las desigualdades digitales, es decir, las segundas son una expresión de las primeras.

La presencia de las brechas digitales tiene consecuencias que van más allá del acceso a la tecnología, pues también vulneran los derechos humanos y sociales de la población excluida. De hecho, según Gorski (2009), las desigualdades sociales por cuestiones de etnia, lenguaje, raza, clase o género pueden ser exacerbadas por agentes vinculados con la brecha digital.

En torno a la esfera educativa, recientes trabajos académicos abordan la magnitud de la brecha digital en las instituciones educativas. Específicamente, los de Hohlfeld (et al., 2008) dividen el análisis en tres niveles. El primero de ellos se concentra en la disponibilidad de software, hardware y tecnologías de soporte e Internet al interior de las aulas. Funciona para medir la igualdad o disparidad en el acceso a las TIC entre colegios con desiguales condiciones socioeconómicas. Algunos autores como Keegan-Eamon (2004) o Dolan (2016), han centrado sus estudios en demostrar el impacto negativo que las desigualdades socioeconómicas tienen para posibilitar que jóvenes estudiantes y maestros dispongan de ordenadores en sus hogares o en las escuelas. Y como es de esperarse, mientras menores ingresos se tengan, menor será la probabilidad de acceder a una computadora, y viceversa.

El segundo nivel, por otro lado, analiza la incorporación de tecnologías digitales al proceso formativo dentro de las escuelas. Se ha demostrado que la integración de las TIC en el aprendizaje formal fomenta que los alumnos desarrollen un aparato creativo más amplio para emprender sus proyectos de investigación, así como una personalización en la cooperación con otros para desarrollar trabajos conjuntos en favor de mejorar la eficiencia en el uso de las herramientas tecnológicas.

Durante las labores de instrucción, el nivel de complejidad en el que los educandos se insertan para manipular los artefactos digitales se acrecienta con el tiempo, pasando de principiantes a expertos mientras mayor sea la dedicación que invierten en el uso de las TIC (Alexander, 2003). No obstante, el desarrollo de estas habilidades también se ve afectado por la desigualdad social entre los jóvenes. En escuelas donde se ha logrado una efectiva integración de las tecnologías educativas, el factor común es el alto estrato socioeconómico al que pertenecen los alumnos. Allí, las TIC han servido para lograr desarrollar un pensamiento de orden superior en el manejo de las herramientas digitales, pues estas instituciones no se ven limitadas por la falta de recursos. Tienen el equipo suficiente para atender las demandas de su alumnado y la facilidad para contratar instructores que enseñen a sus profesores todo lo relativo a la educación digital. Hablamos de escuelas privadas, en su mayoría (Reinhart, et al., 2011). La hipótesis, en este sentido, es que mientras más alto sea el estrato socioeconómico que se detente, mayores oportunidades para aprovechar al máximo las TIC en el proceso educativo se tendrán; y lo contrario si el lugar que se ocupa se encuentra entre los niveles más bajos de la estratificación social.        

Por último, el tercer nivel aborda la manera en que se priva a la población joven de acceder al ambiente de aprendizaje creativo que las TIC producen cuando se encuentran en condición de desventaja económica. Se trata de un entorno que fomenta el estudio autodirigido, dando la oportunidad de personalizar los espacios de enseñanza en que se desenvuelve el estudiante. Responde a intereses individuales y ayuda a llenar huecos que la educación institucional puede dejar pendientes. Además, favorece el trabajo colaborativo a distancia, en cualquier parte y momento, de manera que se abre el horizonte a una novedosa asimilación de los temas abordados. Incluso, algunos estudios, como los elaborados por McMahon (2009), afirman que existe una conexión representativa entre el aprendizaje con base en las TIC y el desenvolvimiento del pensamiento crítico. Es por ello que Li y Ranieri (2013) aseguran que:

La brecha digital representa un gran reto social, ya que las escuelas del sistema básico tienen que desarrollar estrategias efectivas para equilibrar las oportunidades sociales y de aprendizaje entre los estudiantes.

Y es que nos encontramos frente a una polarización exacerbada, que divide al país en dos grandes bloques poblacionales: uno que disfruta y aprovecha los atributos de las tecnologías de la información, y otro en declarada desventaja, víctima de la brecha digital en un mundo volcado a la meritocracia.

Por otro lado, para complementar los aportes hechos por Hohlfeld, y en estrecha relación con nuestra problemática de estudio, resulta interesante traer a discusión la Teoría de los recursos y la apropiación de la difusión, aceptación y adopción de nuevas tecnologías, propuesta por Jan Van Dijk. Y es así puesto que su marco teórico se ha convertido a nivel global en un parteaguas que abona profundamente al estudio de las TIC en relación con las desigualdades digitales. Dicho de otra forma, ayuda a estudiar la manera en que la brecha digital incurre en la adquisición de las TIC, por medio de una maqueta construida por etapas secuenciales. Se trata de cuatro fases que versan sobre: 1) motivación para emplear tecnología digital, 2) acceso material a dispositivos digitales (computadoras, tablets, celulares, etc.), 3) habilidades digitales, es decir, competencias estratégicas, operativas e informativas para crear contenido, que se encuentran vinculadas a una previa alfabetización digital y 4) uso, que se refiere a la intensidad con que el usuario interactúa con las TIC. (Van Dijk, 2006). Este esquema se encuentra representado en la figura 1, y tiene un orden ascendente, queriendo decir esto que son etapas interdependientes.

Figura 1. Modelaje de las fases de apropiación tecnológica.