CE, Intervención y Coyuntura

La construcción del orden social y político neoliberal no fue inmediata a su implantación. Transitó por etapas y momentos diferenciados. La venta de empresas públicas es la cara más visible de los primeros años. La destrucción de las relaciones laborales sólidas y estables, con el consiguiente debilitamiento de formas organizativas sindicales (en México, alrededor del 10 % de la PEA se encuentra adscrita a un sindicato), fue otro dato más de ese primer neoliberalismo. Al neoliberalismo hay que verlo en su complejidad, después de todo fue una forma social que perduró casi 40 años e impulso un shock modernizante que trastocó a la(s) sociedad(es), dejando saldos benéficos para pequeños pero aguerridos sectores (los hoy denominado “privilegiados”), que resultaron beneficiados de que el “orden del mercado fuera el desorden de la nación”, para recordar un título de Carlos San Juan Victoria.

Pero frente a aquellos momentos, que han sido múltiples ocasiones contados, fueron mucho menos visible los que involucraron la transformación neoliberal del Estado. Y no referimos al gran debate acerca de si el “neoliberalismo negaba al Estado, pero lo necesitaba” o generalidades del estilo, del cual está llena la bibliografía de tenor crítico. Sino más bien al entramado perverso que se dio –en el caso mexicano– entre transición democrática y precarización del Estado. Cuando algunas de las principales esperanzas de la sociedad acumuladas a lo largo del siglo XX se fueron cumpliendo –respeto al voto, pérdida de centralidad del gobierno, debilitamiento del partido omnipresente– inmediatamente y paralelamente comenzaron las reformas neoliberales que impusieron una democracia restringida. Lo que en los años 90 se denominó la reforma del Estado tuvo el lado positivo de anular las prácticas de lo que entonces se estilaba denominar el PRI-gobierno en los asuntos de la estatalidad, al tiempo que se promovió una precarización del Estado en sus funciones centrales.

Aparecieron ahí esos bolsones terribles, que hoy son frenos para el cambio. Se llaman, pomposamente, “órganos autónomos”, lastres lacerantes en el entramado estatal que a tono con la “globalización”, contribuyeron en la erosión de la capacidad soberana. Se trata de amplias zonas de ejercicio del poder que se encuentran fuera del escrutinio democrático y en no pocas ocasiones, mediadas por el reparto de prebendas entre grupúsculos en contubernio con los partidos políticos. Hoy no representan un proyecto histórico alternativo, ni una oposición organizada, son apenas grupos de funcionarios deseosos de perpetuarse en sus cómodos asientos, despojando a la ciudadanía de determinar la totalidad de la función estatal en una clave democrática-popular.

El viejo orden se niega a morir. La energía social que llevó al gobierno a López Obrador no debe olvidar que estas batallas serán largas y en no pocas ocasiones desgastantes. El bando conservador (liberal en un lenguaje académico-político, “fifí” en la expresión local) pretende eso: conservar el viejo orden que ya se ha desvencijado, tratar de mantenerlo para restaurarlo. Se niega, obviamente, a aceptar que su tiempo se agotó ya. Ven al gobierno de la 4T como una breve pesadilla, de la cual despertarán pronto y seguirán en su ensoñación (pseudo)democrática y muy neoliberal, esa en donde el pueblo no se mete en sus asuntos, en donde los supuestos técnicos gobiernan y los partidos les reparten cuotas de poder a los dueños de pomposos títulos académicos.

La reforma del Estado que encabeza el presidente y que saca ronchas (y quizá también produce sus propias pesadillas) a Jesús Silva Herzog-Márquez, Carlos Elizondo, Roger Bartra, María Amparo Casar y demás comentaristas (a veces funcionarios de órganos técnicos, claro) tiene mucho sentido en esta clave. Se direcciona una recuperación de la soberanía de las funciones estatales frente a su precarización neoliberal. Hay huesos difíciles de roer y momentos para dar cada pelea. Toca el turno al INE: el presidente lanzó el anzuelo y en su afán de protagonismo sus cabezas –los Córdova, los Murayama– han respondido, como se tratara de una provocación, mostrándose no como órganos de regulación y autoridades técnicas, sino como bandos políticos que defienden su nicho. Pareciera que Lorenzo Córdova sueña con ser la cabeza del Partido del Orden, aspiración ingenua, dado que su supuesta fortaleza está en ser “técnico” y no “político”. Las cartas están sobre la mesa. Ahora, nadie confía sinceramente, salvo que quiera volver al viejo orden que permitió 18 años de intensa corrupción, que sean ellos los encargados de operativizar el funcionamiento de la democracia.

El viejo orden se desmonta paso a paso, no hay máquina demoledora disponible, sino la paciencia del arquitecto que usa las pocas herramientas a la mano. Es cierto que el proyecto de la 4T esperaba construir más rápido, pero los diques a remover son pesados y estorbosos, sostienen aun cotos importantes de poder. El presidente ha buscado construir un orden social más justo mientras desmonta el viejo régimen, para asegurarse de la imposibilidad de una vuelta al pasado de corrupción. Esto está requiriendo paciencia y pericia. Desmontar el viejo orden es imperativo, no sólo porque significaría un retroceso abismal –y quizá, suicida– volver al régimen del despotismo de la corrupción (mezcla perversa entre partidocracias y mercados, como única medida de la democracia), sino porque no es posible construir en firme otra economía y otra política en ese contexto.

La batalla por los “órganos autónomos” es apenas la entrada. El primer piso de ese desmontaje. Es también, el eslabón débil, donde se han mostrado más facciosos y en donde se mida su capacidad de respuesta. No es el único piso al cual hay que rediseñar o francamente demoler. En realidad, la batalla por superar la precariedad de la estatalidadmexicana está en otro lado: se llama Banco de México.