CE, Intervención y Coyuntura

Durante décadas, los equipos de la administración pública del período neoliberal fueron educados en las “escuelas de gobierno” o de “negocios” de las más afamadas universidades que constituyeron el think tank de esa ideología de desarrollo. Decretada la “crisis del estado de bienestar”, desde allí se dieron a la tarea de establecer un “modelo de gestión pública”, basado en la supuesta eficiencia de las empresas privadas y la posibilidad de llevar al campo de la administración pública, las “mejores prácticas”, como si fuera equiparable la teoría de mercado con la prestación de servicios públicos esenciales, como la provisión de la salud, educación, el manejo del agua (potable y residual) y de la basura (servicios de limpia).

El objetivo oculto era la privatización de aquellos servicios que generan enormes ganancias y que mantienen la viabilidad de la economía, tales como los energéticos (la luz, la gasolina y un sin número de derivados), que son obtenidos a partir de recursos naturales, mayormente no renovables. El “reto” consistía, se dijo, en la privatización de todos los servicios para abaratar su suministro y aliviar el gasto público.

Ante la complejidad del asunto, se idearon mecanismos de regulación en cada área, destinados a “suplir” las fallas del mercado, y compensar las “asimetrías” que enfrentarían las empresas privadas, en competencia con los antiguos monopolios que las dominaban. Estos mecanismos de regulación se fueron implementando básicamente con el objetivo de proteger la inversión privada, olvidando que las empresas de servicios públicos no solo crean valor económico, sino principalmente social.

En México, las llamadas “reformas estructurales” del periodo de Enrique Peña Nieto en la presidencia (2012-2018), dieron por resultado la proliferación de gran número de organismos autónomos (comisiones, consejos, institutos, tribunales, etc.) para supervisar todos los ámbitos de la administración pública, pero que en los hechos constituyeron un gobierno paralelo, al servicio de todos aquellos que se vieron beneficiados con los contratos leoninos.

Resulta interesante revisar cómo fueron integrados estos organismos que, en su mayoría, quedaron constituidos por individuos propuestos por los mismos partidos políticos que negociaron dichas reformas. Así, la falsa autonomía de esos órganos quedó comprometida de origen.

Podría revisarse una a una cada entidad para analizar sus resultados, pero un caso de actualidad mediática llama la atención. El pasado jueves 12 de mayo de 2021, el actual director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, expuso una muestra de los perversos mecanismos que, al cobijo de la reforma energética de 2013, ha permitido no solo el desmantelamiento de dicha empresa, sino el despojo a la nación de importantes recursos petrolíferos nacionales.[1]

Ese día, Romero Oropeza contrastó el «comportamiento de la producción de los campos nuevos impulsados en esta administración, a través de los cuales se ha permitido incorporar una producción de líquidos de 186.3 miles de barriles diarios con 56 pozos terminados al día 11 de mayo»[2], en comparación con la «exploración en aguas profundas, en la que de 2004 a 2019 se invirtieron 241 mil 314 mdp, sin que se aportara una sola gota de aceite».[3]

¿Cómo pudo suceder esto, cuando los titulares de la prensa especializada del 12 de julio del 2017 habían anunciado: «Privados hallan gran yacimiento en el golfo»[4] (El Economista), «Encuentran privados un gran yacimiento»[5] (El Financiero)? Ni qué decir de los elogios vertidos por los «analistas» y «expertos» en la materia, que en los siguientes días se desvivieron festejando «los primeros logros de la reforma energética», anticipando el surgimiento de una poderosa industria petrolera “nacional” (privada).

Hoy, Talos Energy y sus asociadas, el consorcio que “descubrió” aquel «tesoro marino» que posee los derechos de explotación con un contrato por 30 años, está negociando un acuerdo con Pemex para la explotación y operación del área compartida del yacimiento Zama, «el quinto mayor del mundo». Talos y Pemex negocian la “unificación” del yacimiento que abarca desde el bloque 7 (Talos) hasta el campo contiguo, el AE-0152-Uchukil (Pemex). El consorcio pretende que Pemex asuma el riesgo de una costosa inversión en aguas profundas, que le redituaría ganancias inmediatas. Pemex, por su parte, con visión estratégica, prefiere racionalizar el uso de los recursos nacionales priorizando la explotación de otros yacimientos menos costosos. La disputa entonces es entre la visión comercial y las razones de Estado.

Sin embargo, la situación normativa del sector, como ocurre a partir de la reforma energética de 2013, favorece al capital privado, por lo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, otro órgano autónomo), determinó que el yacimiento Zama es un yacimiento compartido, por lo que aplican reglas que favorecen a los privados, comenzando por imponer los plazos para la negociación. El acuerdo implica determinar qué porcentaje del campo le corresponde a cada compañía, establecer el ritmo de explotación, dividir los costos de operación y definir quién se encargará de ello, temas en los que las posiciones de ambas partes son totalmente divergentes: Pemex planea en términos del máximo beneficio social de los hidrocarburos nacionales, mientras Talos prioriza la rápida extracción y «recuperación» de su inversión.

¿Cómo se llegó a esto? Bueno, porque en el caso de las empresas públicas del sector energético, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, fueron reestructuradas bajo modelos organizativos y mecanismos de gestión para adecuar su administración al concepto de «gobierno corporativo».

El caso de Pemex, convertida hoy en empresa productiva del Estado, es paradigmático. Las reglas de gobierno para Pemex ya habían sido deformadas en primera instancia en el reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2009, y luego fueron profundizadas con la llamada reforma energética, el 11 de agosto de 2014.

En el Capítulo II de la Ley de Petróleos Mexicanos,[6] y en su reglamento, del 31 de octubre de 2014,[7]se estableció la formación de un Consejo de Administración, que incluía ya la figura de “consejeros independientes”. Dicho consejo, se estableció, tiene como responsabilidad principal “definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. ¿Cumplió su función dicho consejo, o fue incapaz de “aconsejar” apropiadamente?

Veamos por ejemplo la posición del ahora exconsejero profesional independiente de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón,[8] quien el mismo día del informe de Romero Oropeza, él declaraba: «Aprueban expertos que se cancele desventajosa estrategia petrolera».[9] El “experto” en cuestión formó parte del grupo ITAM y el Woodrow Wilson Center (ITAM–WWC), al tiempo que fungía también como consejero profesional de Pemex[10]—, que desde 2012 se había encargado de promover la desnacionalización y privatización de Pemex bajo la promoción del gobierno de Estados Unidos.[11] ¿Por qué entonces el asombro de Ruíz sobre los alcances de las reformas que promovió?

Desde 2013, cuando advertía «alarmado» que el gobierno federal y el PAN negociaban para que petroleras privadas y el Estado mexicano compartieran la producción de hidrocarburos y con ello lograr que se aprobara la reforma energética, Fluvio sabía que con esa “lucrativa” negociación se aseguraba la aprobación de la reforma, que desde entonces selló el destino de la privatización de dichos recursos. Ruíz, desde aquel tiempo, cobraba en Pemex, pero en realidad trabajaba para el ITAM–WWC, favoreciendo las políticas privatizadoras.

Todavía en 2018, ante la inminencia del cambio de gobierno, el entonces director de Pemex, Carlos Treviño Medina anunciaba triunfal que «Pemex da paso firme para revertir caída petrolera», con base en el hallazgo y confirmación de nuevos campos en aguas someras, afirmando que aquello aseguraba la “reposición al 100% de las reservas”[12], y los analistas neoliberales lanzaban sugerencias de todo tipo al gobierno entrante que aseguraran el continuismo de la política entreguista: proponían desde candidatos a director general, hasta la emisión de nuevos fideicomisos de inversión. El nombre de Ruiz surgió entonces entre los candidatos, a pesar de ser sabido que a él había tocado avalar graves decisiones que representaban jugosos negocios privados.

Ruíz recomendó en público, por ejemplo, ante los resultados financieros negativos de Repsol, «replantear» la conveniencia de que Pemex mantuviera su participación accionaria en dicha empresa, cuando sabía que desde un principio dicha alianza había sido perniciosa para Pemex, porque Repsol era –y es– una petrolera sin petróleo y gasera sin gas. No obstante, al seno del consejo, Ruíz terminó no solo apoyando el mantener la participación de Pemex en Repsol, sino que avaló (al menos por omisión) incrementarla, luego de una fallida (y costosa) alianza de Pemex con la constructora española Sacyr Vallehermoso, mediante la cual, Pemex supuestamente ampliaría su control sobre la petrolera Repsol–YPF. En su momento, el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel adujo que la operación se había realizado a través de Pemex Internacional (PMI) Comercio, y por ello no había necesidad de consultar al consejo. Entonces ¿de que lado estuvo el “autónomo” consejero?

En marzo de 2014, Fluvio Ruiz publicó en La Jornada otro artículo intitulado «¿El Estado vs Pemex? (Ronda Cero)»,[13] en el que “denunciaba” el conjunto de reglas para la licitación de la llamada Ronda Cero, con las que se “pretendía” “quitarle a Pemex las áreas de exploración donde ya disminuyó considerablemente el riesgo geológico, con la finalidad de entregarlas a compañías privadas”.[14]

La indignación de Fluvio Ruiz de 2014, contrasta con su actuar como “consejero autónomo”. Desde 2012, Ruíz junto con otros “expertos” promovieron, con el patrocinio del gobierno norteamericano, que “se abriera” Pemex a la inversión privada, y eso fue exactamente lo que hizo Peña Nieto. El grupo de “expertos” convocado por el ITAM—WWC lo planteó así: «se requiere un cambio constitucional en materia petrolera», asegurando que en la industria petrolera nacional debía haber varios “operadores” y no uno solo como era Pemex.[15] Entonces ¿Con qué autoridad moral «aprueba» Ruíz la cancelación de la “desventajosa estrategia petrolera” que él mismo impulsó?

De 2009 a 2018 Fluvio Ruíz fue testigo privilegiado, sea como consejero o como asesor de Pemex, de los impactos de la reforma energética en la empresa, incluyendo la forma como se urdió dicha reforma. Su nombramiento, el 14 de mayo de 2009 como consejero independiente en el Consejo de Administración de Pemex durante el sexenio de Felipe Calderón fue por 3 años, con Georgina Kessel como secretaria de energía y Jesús Reyes Heroles en la dirección de Pemex. Se vivía el auge de las reformas a las leyes secundarias que Vicente Fox había impuesto y por las que, vía los llamados Contratos de Servicios Múltiples, se había entregado la explotación de los campos gasíferos de Burgos a empresas privadas extranjeras. Para ello se habían emitido nuevos reglamentos, basados en esas leyes secundarias. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entró en funciones y se dieron nuevas y amplias facultades (entonces inconstitucionales) a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Fluvio Ruiz llegó a Pemex en el contexto de una reforma anterior, la de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a la Ley de Pemex (abrogada el 11 de agosto de 2014 por la reforma energética) que cedía a las corporaciones petroleras la exploración y extracción de hidrocarburos en el Golfo de México, y que comenzó con la entrega a una filial de la transnacional Schlumberger para realizar la exploración petrolera. Desde entonces se definieron 239 bloques, de 933 km² cada uno, a privatizar. Es decir, no podía llamarse sorprendido.

Junto con Fluvio, fueron electos consejeros “profesionales2: Héctor Moreira Rodríguez (miembro del gabinete de Vicente Fox, nombrado entonces por 5 años), Rogelio Gasca Neri (secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, electo consejero para un período de 4 años) y el C.P. José Fortunato Álvarez Enríquez (encargado hasta entonces de la Unidad de Auditoría Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública y titular del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, así como Coordinador de los Órganos Internos de Control de la Industria Petrolera los dos años anteriores, electo consejero para los siguientes 6 años). A Fluvio le tocó presidir el Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica, que solapó la supresión de la ingeniería de proyectos en Pemex como parte de la reestructuración de la empresa para entregar sus funciones a las corporaciones transnacionales.

Durante su gestión en Pemex, Ruíz vio pasar la creación de organismos subsidiarios, filiales y sociedades mercantiles, autorizó el otorgamiento de contratos de todo tipo, así como el endeudamiento de Pemex y su asociación con las corporaciones transnacionales que la sometieron al derecho extranjero.

En 2010, bajo la dirección de Juan José Suárez Coppel y con el aval de los también inconstitucionales Contratos de Servicios Integrales, el Consejo de Administración autorizó la cesión de funciones constitucionalmente estratégicas en exploración y producción de hidrocarburos, así como la refinación de petróleo crudo. Por ser de reciente interés público, cabe recordar también que Ruíz aprobó, con su voto a favor, la compra de la planta de fertilizantes que Pemex compró con sobreprecio a Altos Hornos (AHMSA).

La inutilidad de los consejeros de Pemex quedó patente en 2011, cuando tanto la CNH como la dirección de Pemex presentaron informes contradictorios sobre las estratégicas reservas nacionales de hidrocarburos, que diferían notoriamente en cuanto a las reservas 2P y 3P.[16] Aunque ello representaba un grave problema de planeación estratégica, tampoco entonces Fluvio encontró oportuno denunciar. Ruiz siempre estuvo allí, pero no para defender los intereses de la nación o procurar una soberanía energética.

Ante el fracaso para la nación de la reforma energética en Pemex, evidenciada con cifras por el director de la empresa, Octavio Romero Oropeza ¿cuál es la respuesta neoliberal? litigios basados en una legislación tramposa, e interpretada por tribunales creados a modo para favorecerlos.

¿Cuál es entonces el sentido de tener en Pemex un Consejo de Administración que no aconseja? ¿Cuál la responsabilidad de sus consejeros, oscuros personajes que ocupan el cargo para defender intereses facciosos y luego lo abandonan, sin quedar sujetos a responsabilidades?

Lo peor es que la situación en Pemex no es única. La Comisión Federal de Electricidad está sujeta a reglas similares. Los órganos que “regulan” las telecomunicaciones, o la salud, la educación, etc. presentan una problemática similar. Se trata de órganos creados para acotar la rectoría del estado en áreas estratégicas. Solamente una devoción neoliberal enfermiza justifica su defensa.

Los órganos “autónomos” fueron creados para acotar la rectoría del estado en áreas estratégicas. Prueba de ello es el actuar de los consejeros “autónomos” colocados por los mismos partidos –agrupados hoy en “Va por México”– que negociaron las reformas neoliberales. La autonomía de esos órganos quedó comprometida de origen y quedó de manifiesto que su creación tuvo la función de proteger la inversión privada, olvidando que las empresas de servicios públicos no solo crean valor económico, sino principalmente social.

Solamente una devoción neoliberal enfermiza justifica su defensa.

[1]Israel Rodríguez y Roberto Garduño. «Se utilizó a Pemex para enriquecer a empresas privadas» en La Jornada, 13 de mayo de 2021 [https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/]. Video original en https://youtu.be/IvsNYRVjOUY?t=3920.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] “Privados hallan gran yacimiento en el golgo” en El Economista. 12 de julio de 2917 [https://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/2017/julio17m/INFOM120717/ELECO.PDF]

[5] Jonathan Ruiz “Empresas privadas encuentran gran yacimiento en el Golfo de México” en El Financiero, 12 de julio de 2017.

[6] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355990&fecha=11/08/2014

[7] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366668&fecha=31/10/2014

[8] Fluvio Ruíz Alarcón. Fungió como Consejero Profesional en Petróleos Mexicanos (de 2009 a 2015), luego fue asesor de la misma empresa (de 2015 a 2018). Ocupó allí diversos cargos (presidente del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el propio consejo, así como presidente de los Comités de Estrategia e Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica y de Pemex Petroquímica).

[9] Israel Rodríguez, I. La Jornada, 13.05.2021 [https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/economia/018n2eco]

[10] Fluvio Ruíz Alarcón, Mexico’s Energy Reform: Assessing the Secondary Legislation, junio, 2014, https://www.wilsoncenter.org/person/fluvio-ru%C3%ADz-alarc%C3%B3n

[11] Una tercera parte de los fondos del centro son aportados por el gobierno de EU y el resto proviene de fundaciones, corporaciones y personas, generalmente mediante contratos y concesiones. Según la revista Proceso, el gobierno mexicano también ha aportado fondos a dicho centro [https://www.proceso.com.mx/reportajes/2015/12/17/woodrow-wilson-donaciones-del-gobierno-de-mexico-para-lucimiento-de-funcionarios-156565.html]

[12] Karol García “Pemex da paso firme para revertir la caída petrolera” en El Economista, 9 de octubre de 2018. [https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-da-paso-firme-para-revertir-caida-petrolera-20181009-0062.html]

[13] Fluvio Ruiz Alarcón, “El Estado vs Pemex (Ronda cero” en La Jornada 23 de marzo de 2014l [https://www.jornada.com.mx/2014/03/23/opinion/024a1eco]

[14] Ibid.

[15] Fluvio Ruiz Alarcón, La Jornada 23.03.2014 https://www.jornada.com.mx/2014/03/23/opinion/024a1eco
(5) «Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano: principios y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional», https://www.itam.mx/es/2/contenido/presentacion-de-un-nuevo-comienzo-para-el-petroleo-mexicano (El documento original ya no está disponible, más que en repositorios independientes. Ver https://www.fte-energia.org/E257/03.html)

[16] Rodríguez-Padilla, V. «Sistema de estimación, certificación y aprobación de reservas de hidrocarburos en México; análisis de desempeño» Cuadro 1. Reservas de hidrocarburos en 2010 y 2011  http://www.scielo.org.mx/img/revistas/iit/v14n3/html/a14c1.html