Rubelia Alzate Montoya*

RESUMEN: El siguiente artículo explica el proceso de paz y la posibilidad de concretarse en el sistema capitalista es determinado por las jerarquías dominantes, se trata de un proceso limitado, controlado, calculado; la paz así entendida es una forma de regular la fuerza y el ejercicio del poder. Los acuerdos de paz en Colombia tienen inconvenientes: la fuerza abrumadora del proceso de acumulación avalado por el Estado, por consecuencia la conformación estructural del país está ligada al narcotráfico, al paramilitarismo, a la oligarquía, a las organizaciones políticas de derecha, a la fuerte presencia del capital trasnacional y su poder militar estratégico con fines invasivos y de apropiación de la riqueza nacional.

Los intentos de acuerdos de paz a lo largo de la historia de Colombia han fallado, el último inició negociaciones en 2012 en la Habana y las concluyó en 2016; no alcanzó su propósito debido a que en el plebiscito efectuado el 2 de octubre de 2016, se impuso el no a la paz avalado por las fuerzas derechistas, no obstante, y a raíz de este resultado los acuerdos se modificaron, pero el proceso continúa en franca caída y al margen de las transformaciones profundas que demanda la Nación.

PALABRAS CLAVE: Proceso de paz, Guerra, Narcoestado, Capitalismo.

VISÃO GERAL: O artigo a seguir explica o processo de paz e a possibilidade de realização no sistema capitalista é determinado pelas hierarquias dominantes, é um processo limitado, controlado e calculado; paz assim entendida é uma forma de regular a força e o exercício do poder. Os acordos de paz na Colômbia têm desvantagens: a força esmagadora do processo de acumulação apoiado pelo Estado, como resultado da formação estrutural do país, está ligada ao tráfico de drogas, ao paramilitarismo, à oligarquia, às organizações políticas de direita, à forte presença do capital transnacional e ao seu poder militar estratégico para fins invasivos e à apropriação da riqueza nacional.

As tentativas de acordos de paz ao longo da história da Colômbia fracassaram, a última começou as negociações em 2012 em Havana e as concluiu em 2016; não chegou ao seu propósito porque o plebiscito realizado em 2 de outubro de 2016 não impôs nenhuma à paz endossada pelas forças de direita, no entanto, e como resultado deste resultado os acordos foram alterados, mas o processo continua a cair bruscamente e além das profundas transformações exigidas pela Nação.

PALAVRAS-CHAVE: Processo de Paz, Guerra, Narcotráfico, Capitalismo.

INTRODUCCIÓN

Paz quiere decir equilibrio y estabilidad de las partes de una unidad, en el derecho internacional refiere la solución no violenta de los conflictos, el convenio entre fuerzas iguales, pero también desiguales, y aquí radica un inconveniente en los procesos de esta naturaleza.

Además, la paz es un concepto que en sí y de por sí implica orden y por lo tanto fuerza, se adhiere a lo dado, rompe con el qué hacer histórico y por ende con los acontecimientos fundamentales inscritos en el ayer y en el ahora.

La paz es la búsqueda del orden social bajo mecanismos de fuerza y ese orden puede ser de carácter económico, político y /o moral determinado todo ello por la racionalidad adecuada en su funcionalidad, utilidad y finalidad.

La paz es también la búsqueda del equilibrio de fuerzas contrapuestas, pero no un principio social fundamentado en el qué hacer desde la construcción de la libertad y en la libertad, donde el mundo de la necesidad ha sido superado como lo refiere Gramsci y el pensamiento ha podido ser integrado a nuestro entorno, a lo concreto porque nos pertenece.

El proceso del tratado de paz en Colombia está sujeto a la intervención de la soberbia y el terrorismo constante del imperio, que no admite el más leve intento de búsqueda de principios libertarios, está siempre atento a su destrucción; en este contexto, la paz en Colombia no tiene el propósito de desvincularse de la guerra contra la vida humana que conlleva la acumulación de capital, máxime si a esta circunstancia agregamos el hecho de que el poder del dinero y sus efectos han menguado muchas de las perspectivas nacionalistas.

Al reflexionar sobre el proceso de negociación surge un interrogante: Cómo puede disolverse una organización revolucionaria caracterizada por una difícil y larga lucha para asentir a la voluntad del imperio y sus dominadores; una respuesta en este sentido podría ser la siguiente:

Helí Mejía bajo el seudónimo Martín Sombra, un legendario y polémico líder de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo refiere el proceso de paz en la Habana como una tarea efectuada por líderes de la organización que corresponden a nuevas generaciones no provenientes de las raíces de las guerrillas, situación que da lugar a acusaciones infundadas a los antiguos y primeros líderes; Rodrigo Granda un negociador en la Habana acusa a Helí Mejía de traidor, no obstante que al primero nunca se le vio en peleas históricas ni participando en los golpes estratégicos de las FARC-EP.

Los antecedentes indicados son relevantes para delimitar ubicar características y expectativas del proceso que avanza en tiempo, pero varios puntos centrales continúan pendientes, y con el riesgo inminente de un replanteamiento más acorde con el sistema en el mejor de los casos, el panorama se percibe sombrío ante la llegada al poder del Uribista Iván Duque el 7 de agosto del 2018 contrapuesto a planes negociadores con “los delincuentes guerrilleros”.

1. Expectativas

A las posibilidades de alcanzar los acuerdos se interpone:

1. a) La cuestión territorial

Los acuerdos de paz sobre la tierra y el desarrollo rural ponen énfasis en la economía familiar «porque se encuentra en ella el potencial para el desarrollo sensible de la economía rural y de alta calidad», también se busca «corregir los desequilibrios y las brechas de bienestar y acceso a derechos no solo entre la población rural y urbana sino entre regiones rurales y de esa manera estabilizar el campo», además «lograr la integración regional, económica, social y política del país a partir del desarrollo integral del campo», «mayor eficiencia y sostenibilidad del desarrollo rural integral y la protección efectiva de los recursos naturales» (Asociación de Fundaciones Empresariales, 2016).

El tema de la tierra así enfocado responde más a los conocidos y poco efectivos programas de reforma agraria hoy bajo la denominación reforma rural integral (Oficina del alto comisionado de la paz, 2016).

El asunto de los desplazados por el conflicto en el medio agrario no logra concretarse, no obstante ser uno de los puntos básicos de los acuerdos la restitución de las tierras. Los negociadores de las FARC-EP consideran posible su devolución a millones de desplazados, que hoy integran cinturones de miseria en distintas ciudades del país y grupos de migrantes en el extranjero, otros ocupan las fosas comunes o los muladares. Además, a muchas de las tierras expropiadas les han borrado sus linderos y se encuentran en manos de las trasnacionales, de los terratenientes y del paramilitarismo agrario.

A esta condición se le agrega el hecho de que estamos frente a un país cuyo gobierno y sus políticas están alineadas a los dictámenes de Estados Unidos. La devolución de los territorios a los campesinos está sujeta a una transformación radical de las disposiciones del Estado, que impone políticas de defensa de la propiedad privada de las tierras rurales con propósitos agroindustriales, mineros y urbanísticos entre otros.

Más aún, la supuesta restitución de las tierras incautadas mediante nueva ley del Gobierno no ha sido ni será posible, mientras se contrapongan a este proceso los intereses de paramilitares coludidos con trasnacionales a quienes venden las tierras campesinas, previamente legalizadas a través de testaferros que aparecen como sus dueños tornándolas a través de estos mecanismos como tierras legales, gracias a la complicidad de algunos funcionarios.

Los paramilitares en colusión con el estado crean zonas de conflicto argumentando presencia guerrillera, no obstante tratarse de sitios inapropiados para el camuflaje y la estrategia requeridos por estas organizaciones, lo que ocurre es que son territorios estudiados y descubiertos con importantes riquezas en minerales como oro, coltan, piedras preciosas y petróleo que las trasnacionales requieren y que deben tener campo libre para su explotación, que se logra con masacres, expulsiones, desapariciones y también adjudicación de delitos a los campesinos e indígenas dueños ancestrales de esos espacios territoriales. A partir del «acuerdo de paz» ¿cuál será el pretexto para continuar la expropiación?, teniendo en cuenta que en los acuerdos de orden territorial la presencia del sector empresarial es imprescindible, aunque no está aún definida, pero de antemano conocemos los propósitos del sector privado en cualquier nivel de la economía  y además hay que considerar la situación de que el proceso de paz conlleva la solución al paramilitarismo y una posibilidad es su integración en el Gobierno, condición que “sería un peligro latente en el país», sin dejar de valorar la importancia que la concreción del acuerdo tiene para la nación (Fernández y Zibechi, 2016:2).

La explotación minera es uno de los objetivos empresariales de la expropiación de las tierras campesinas, tiene lugar en los departamentos del Chocó, Antioquia, Magdalena Medio, Santander y Sucre.  La mitad de la exportación colombiana de oro proviene del Chocó, en total 56 toneladas anuales, el pueblo chocoano integrado sobre todo por negritudes e indígenas, vive en miseria y pobreza extremas. Santos por su parte entregó, tan solo en Chocó, 258 concesiones a las mineras colombianas y a las trasnacionales; «cerca de 5 millones de hectáreas han sido concesionadas a la minería y existen solicitudes que las extenderían alrededor de 25 millones de hectáreas, lo que abarcaría un cuarto del total de la extensión geográfica colombiana» (Fazio, 2016:19). Esta circunstancia explica la represión contra los mineros artesanales que por años han vivido de este bien natural propio, pero las políticas oficiales generan en éstas regiones pobreza cada vez más aguda.  Hoy, pues, la ofensiva del Estado va contra la población que tradicionalmente ha vivido y sobrevivido de la explotación minera a mínima escala (Emanuelsson, 2015).

El panorama que se presenta con las tierras y sus legítimos dueños nos indica que su desplazamiento no se inició con el conflicto ni va a finalizar con la conclusión del mismo.

1. b) El narcotráfico

Aunque los informes oficiales sostienen que se continúa en la búsqueda de políticas para la solución del problema en los países de América Latina y del mundo, el crecimiento del gran negocio del capital es incontenible y éste sistema es quien ejerce el control y hace posible su auge permanente, contribuyó así al fracaso, de la mal llamada estrategia hemisféricacontra las drogas y su plan de acción de carácter militar para 2011-2015. El fracaso de la vía militar sugiere una solución de orden político y económico, porque de ésta manera las mafias involucradas en el negocio de los insumos, de los químicos, de las armas con que se combate y se fumigan los cultivos quedarían excluidos de obtener ganancias extraordinarias, que se desprenden de la ilegalidad y que benefician a industriales, banqueros y políticos representantes de las instituciones del Estado, situación que ha dado lugar a la narcopolítica arraigada en numerosos países en la actualidad. «El continente entero deriva hacia una narcosociedad, en donde lo atroz se vuelve cotidiano» (Inzunza, Pardo y Ferri, 2015:261). Esta circunstancia es reforzada por el avance de los gobiernos de derecha en varios países: Uruguay Tabaré Ramón Vázquez Rosas 1 marzo 2015 para ser relevado por Luis Lacalle Pou el 1 de marzo de 2019, Ecuador Lenín Boltaire Moreno Garcés 24 mayo 2017, Chile Sebastián Piñera Echenique 11 marzo 2018, Perú Martín Alberto Vizcarra Cornejo 23 marzo 2018, Paraguay Mario Abdo Benítez 15 agosto 2018, Brasil Jair Messias Bolsonaro 1 enero 2019, Bolivia Jeanine Añez Chávez 12 noviembre 2019.

En el proceso de paz junto al plan piloto de desminado humanitario se ha incorporado la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez veredas de Antioquia, con el fin de fortalecer las economías legales, esto aunado a la atención del problema de la tierra, a la formalización de su tenencia y preservación del medio ambiente (Oficina del alto comisionado de la paz, 2016); no obstante la tenencia de la tierra  continúa sin resolverse, el medio ambiente sigue expuesto y condicionado por los intereses de las empresas mineras. A las características señaladas se agrega una dificultad y es de que «Colombia ha sido el principal banco de pruebas en el uso de las bandas criminales contra las organizaciones revolucionarias y los sectores populares» (Zibechi, Raúl, 2014:27). Actividad vigente bajo el pretexto de la guerra antinarco y antiterrorismo.

En los términos referidos el proceso de paz para el sector oficial es un mecanismo de adecuación de la acumulación, porque en la medida en que se elimine toda tendencia anticapitalista, otorga a la narcoburguesía y a las élites en el poder la libertad para hacer crecer el negocio sin fronteras (Maihold y Jost, 2014; Roitman, 2014:7; Saviano, 2014; Sader, 2014:18; Economist Intelligence Unit, 2014:37), que por cierto su consumo no constituye delito alguno para los dueños del poder en Estados Unidos los presidentes han consumido mariguana situación que nos conduce a inferir «que se pueden utilizar drogas ilegales y ser decente y responsable», siempre que formes parte de estratos altos de la sociedad, la mariguana es una «puerta de entrada a la Casa Blanca» en opinión de Carl Hart sociólogo y psiquiatra estadunidense en su libro El Alto Precio (Díaz, 2014:12a).

El narcotráfico es además un requerimiento de Estados Unidos y de los países aliados para introducirse en las naciones no amigas, no alineadas y actuar contra sus dirigentes comprometidos y las organizaciones populares; a Evo Morales lo acusaron desde el imperio de narcotraficante y terrorista y de El Bin Laden andino, no obstante que el acusador es el primer país que impulsa y favorece el narcotráfico (Calloni, 2014:11). Pero la conspiración de Estados Unidos no es para erradicar el narcotráfico sino para detener «La revolución democrática y cultural» que venía llevando a cabo esa nación según sostiene su presidente hoy en exilio Evo Morales; Washington ha calificado de insuficientes los esfuerzos de ese país contra las drogas y argumenta que la extensión cultivada de coca para 2014 fue de 30 mil hectáreas; y como no hay cooperación según el juzgador del norte, la ayuda económica antidrogas a Bolivia se redujo a cero y máxime que las agencias antidrogas para el desarrollo internacional fueron expulsadas de Bolivia (Xinhua y AP, 2016:16).

La adjudicación a un país, a una región o a una organización independiente de narcotraficante y terrorista le otorga, por decisión propia, el derecho a Estados Unidos de intervenir para imponer a cambio sus modelos de libre mercado.

Las estructuras de la Nación Colombiana están permeadas por las drogas, sus habitantes experimentan las consecuencias de este proceso económico, por lo tanto, antes que calificar a una parte de los Colombianos de narcoguerrilleros o narcoColombianos, la denominación deben asumirla los responsables inmediatos de la expansión del negocio y entre ellos se encuentran hombres y mujeres que están a cargo del Gobierno y en favor de los intereses del gran capital que han participado o permitido el negocio y configurado un narcopaís y un narcoestado.

La cuestión de narcoguerrilla y su responsabilidad en la violencia del país debe y puede ser confrontada con el esclarecimiento histórico del conflicto guerrillero que desarrollaremos más adelante; mientras tanto señalamos que la guerra en Colombia tiene un sustento muy importante en el paramilitarismo como política de Estado y es en consecuencia un responsable fundamental de la violencia en la nación, no obstante la guerrilla ser partícipe en muertes, desplazamientos, e implantación de minas antipersonales (Díaz, 2014:27).

1. c) Las víctimas

El acuerdo de víctimas suscrito en diciembre de 2015 se elaboró sobre cinco bases:

1.- Esclarecimiento, convivencia y no repetición.

2.- Búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto.

3.- Jurisdicción especial para la paz cuyos objetivos son satisfacer y preservar derechos de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana. Disponer de salas de justicia entre ellas una de amnistía e indulto y un tribunal para la paz.  Sanción a violación a los derechos humanos.

4.- Medidas de reparación integral para la construcción de la paz: se trata de la reparación integral de las víctimas.

5.- Garantías de no repetición que son producto de la implementación de las medidas antes señaladas.

Las cinco bases tienen una relación inmediata con los objetivos que son: satisfacción de los derechos de las víctimas, rendición de cuentas, no repetición, enfoque territorial y de género, mediante tratamiento diferenciado de territorios y poblaciones, seguridad jurídica, convivencia y reconciliación y legitimidad respondiendo a las expectativas de las víctimas.

Los componentes del acuerdo son cinco. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición temporal, Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, jurisdicción para la paz, medidas de reparación integral para la instrucción de la paz y garantías de no repetición (EFE, 2015).

Las bases, los objetivos y los componentes que integran el acuerdo en lo que corresponde a las víctimas tienen un sello oficialista, moralista y desvinculado del origen estructural que le caracteriza.

En la reparación de víctimas, las posiciones y respuestas del Estado, no corresponden a los verdaderos daños ocasionados desde el punto de vista económico y moral que en medio siglo deja al menos 260,000 muertos y más de 20,000 desaparecidos relacionados con el conflicto armado (AP, 2016); en términos conservadores los desplazados a nivel interno ascienden a 7 millones, casi 50% de ellas mujeres (AFP, 2016), a nivel externo tiene 8 millones en Venezuela, esto sin contar los que se expanden por el resto del mundo.  Para sanear esta catástrofe, se emplean los mecanismos de pago que sirven más bien para incrementar la corrupción por parte de funcionarios del Estado, haciéndose aparecer como víctimas de la violencia y el desplazamiento, asignando esos dineros en beneficio de quienes están a cargo de estas entidades ocupadas de tal gestión, manejadas, como puede verse, por políticos inescrupulosos que controlan el uso de los recursos públicos para acentuar su poder político.  La reparación de las víctimas es un tema muy sensible que no obedece sólo al conflicto Estado-guerrilla, sino que es producto de esa guerra histórica que el capitalismo y sus propulsores nacionales y extranjeros han emprendido en este rico y estratégico territorio del sur del Continente. La guerrilla y el Gobierno, frente al proceso de paz, mantuvieron posiciones contrapuestas, porque el sector oficial representa los intereses del capital sustentados por la oligarquía y las grandes trasnacionales; la guerrilla por su parte, hoy convertida en partido, se opone a los considerables beneficios del capitalismo, ante las necesidades de diferente índole que demandan urgente solución para las grandes capas de la sociedad Colombiana cada vez más empobrecidas y sometidas; este requerimiento aún no es tarea, al menos visible, que lleve a cabo la organización y que tendría que ser un antecedente de primer orden para la estructuración política, social y económica del movimiento.

Los elementos que caracterizan el conflicto más la inequidad social histórica, hace de Colombia, en la percepción de muchos analistas y con base en la información económica, el tercer o cuarto país más desigual del mundo; «según el comandante Jesús Santrich, el coeficiente Gini para la concentración de la tenencia de la tierra en Colombia es de 0.87, uno de los más altos del mundo.  En 2013 0.4 por ciento de los propietarios acaparaba 62.6 por ciento de la superestructura del país» (Fazio, 2016:19). Según Gustavo Petro excandidato a la Presidencia si se aplicara el coeficiente Gini que es el que mide la pobreza en el mundo, con rigurosidad Colombia sería el país más desigual del mundo.

2. Posición del Gobierno frente al Proceso de Paz

La paz en el país andino antes de la firma del acuerdo final tuvo contratiempos que indican una voluntad no franca por parte del Gobierno, mientras las FARC-EP decretaban una tregua unilateral indefinida el 20 de noviembre del 2014, el ejército colombiano intensificaba el asedio contra sus unidades en los Llanos Orientales y el Cauca aún bajo el entendido que con el avance de la ofensiva militar ponía en riesgo la continuidad de la medida por parte de la guerrilla, esta posición oficial lo que propiciaba era el incremento de víctimas y los dolores de la guerra, no siendo así consecuente con el discurso de paz.

Según los rebeldes, les efectuaron bombardeos el 24 de diciembre de 2014, el 01, 04 y 05 de enero de 2015, también se dio inicio a la operación Espartaco contra las estructuras de la columna Jacobo Arenas de las FARC-EP; no obstante, lo señalado Juan Manuel Santos manifestó su intención de iniciar una etapa de distensión, lo que tampoco significó suspensión de operaciones militares.

El martes 06 de enero de 2015 se firmó la norma 1,745 que fija los referendos constitucionales para que la ciudadanía se pronuncie sobre un eventual acuerdo de paz, situación que percibimos sumamente compleja partiendo de la base que tanto para el Gobierno Colombiano como para el norteamericano, las FARC-EP han merecido por mucho tiempo el “distintivo” de grupo terrorista, aunque posteriormente se le deslindó de tal carácter, pero bajo este calificativo  los medios de comunicación en el país, todos al servicio del sistema, continuaban presentando la organización como temeraria y a las Fuerzas Militares las salvadoras de la Patria.

En lo que respecta a la participación de la sociedad civil en la celebración de los acuerdos, las FARC-EP insistieron en la realización de una Constituyente que terminara en una gran asamblea Nacional integrada por todos los sectores del país, porque esa asamblea Nacional debería refrendar el acuerdo de paz. El gobierno por su parte, propuso la realización de un plebiscito que fue aprobado por la corte Constitucional el 19 de julio de 2016, un día antes de la celebración del aniversario de las fiestas patrias por la independencia, que tuvo lugar el 20 de julio de 1810.

El refrendo del acuerdo de paz por medio de la asamblea Constituyente significaba para las FARC-EP el cómo y el dónde manifestar, fortalecer e impulsar sus posiciones ideológicas que son fundamento básico de su movimiento.

El dilema entre plebiscito y Constituyente se resolvió con la realización del plebiscito y el resultado fue NO a la paz, impulsado por el Uribismo y los sectores más reaccionarios del país.  La solución a fondo del conflicto pasa por una transformación estructural del país: la paz en Colombia en las circunstancias expuestas abre un interrogante serio; ¿es posible la paz cuando la guerra es el arma que el capitalismo utiliza para fortalecer su presencia creciente en el país?

3. Las FARC-EP elementos históricos del conflicto y la cuestión de paz

Para adentrarnos en el proceso de paz y sus expectativas efectuamos algunas consideraciones históricas que caracterizaron la lucha política de las FARC-EP organización guerrillera comprometida en sus tareas sociales y políticas con los intereses de los trabajadores y del pueblo, sectores que han padecido desde 1928 y hasta hoy diciembre de 2019, explotación, expropiación, exclusión y la más férrea represión estatal realizada por “(…) los Gobiernos del Bipartidismo Liberal y Conservador en representación de terratenientes, latifundistas, grandes ganaderos, empresarios, comerciantes y narcotraficantes estimulados y financiados por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, empeñados en el propósito geoestratégico de afianzar su presencia y dominio en Colombia» (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:11), con el dato oficial de 7 bases militares en esta región sur del Continente Americano y ahora anexada a la OTAN (2018) para actuar como país satélite, receptor de las fuerzas del imperio y como punto de confrontación en los países que no digieren las políticas neoliberales y por consecuencia no rigen sus destinos a los amaños económicos, financieros, políticos e ideológicos del gran capital.

La respuesta de esta organización político-militar a la clase en el poder – y sus estremecedores crímenes, desplazamientos forzados, exilios de la gente pobre del campo y ciudades, inequidades sociales, económicas y políticas que se cometen bajo la tutela del terrorismo de Estado, a cargo de la política paramilitar que viola todos los derechos humanos de quienes manifiestan su inconformidad por las injusticias de este régimen apoyado en instituciones caducas, anti-populares y codiciosas, ocupadas de los intereses de una minoría que no supera el 10 por ciento de los aproximadamente 46 millones de colombianos- fue su organización enraizada en la historia del país y por ende desligada de imposiciones externas y concretada en 53 años de lucha.  Una de las consignas básicas del movimiento es sí la paz para Colombia, pero bajo la connotación de justicia y libertad, y no como imposición del orden establecido.

El origen de la guerrilla proviene de los años 48’s y 50’s, periodo en que el pueblo se enfrenta a la violencia oficial que había afectado seriamente la vida nacional con el despojo de tierras, el enriquecimiento personal y la imposición de los ritos de la iglesia oficial, en tales circunstancias surgió la guerrilla de la Colorada el 09 de abril de 1948 al mando de Rafael Rangel, también se hace presente la guerrilla de Urrao Antioquia y Yacopi Cundinamarca.

Ante la política de los gobiernos conservadores Mariano Ospina Pérez (1946-1948), Laureano Gómez (1950-1953) y la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y la consecuente amenaza sobre su vida y sus bienes, la población decide organizar su defensa al lado de la guerrilla, no obstante la violencia no cesa y el discurso político del dictador Rojas Pinilla alcanza a transmitir un sentimiento de paz y se concreta un primer intento en 1953 y el 15 de septiembre se entregan 3,500 guerrilleros en los llanos orientales y en el resto del país otros 6,650, esta situación ocurre a sólo tres meses del golpe militar. Sin embargo, las guerrillas del sur del Departamento de Tolima no confiaron en las promesas oficiales, entre ellos se encontraba Isauro Yosa, Jacobo Prias Alape y Manuel Marulanda Vélez y en efecto en un año la supuesta paz se transforma “en sangre del pueblo” (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:30). Así culmina el primer periodo de la guerrilla colombiana, creando una duda histórica en lo concerniente a las ofertas Gubernamentales y a las posibles treguas (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:30).

A esta situación se agrega el hurto que hace la burguesía a la guerrilla del nombre Autodefensas con el propósito de armar grupos de asesinos a sueldo y ocupados en la defensa de los intereses de latifundistas, terratenientes, industriales, empresarios y narcotraficantes, también “son conocidos como escuadrones de la muerte o grupos paramilitares y que cuentan con el respaldo de las Leyes de la República, lo mismo que con recursos, instrucción y planes del ejército Gubernamental” (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:33).

La segunda fase de la guerrilla colombiana se caracteriza por ser en su mayoría de filiación comunista y su lucha es por la defensa de la tierra contra la avalancha militarista.

El movimiento tiene un origen campesino y está orientado por la teoría y la práctica de la ideología marxista-leninista, su propósito es por consecuencia la defensa de familias, vidas y bienes, tanto de los campesinos como de los intereses del resto de la población.  Todo este esfuerzo se consolida en 1964 cuando se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica, la vía democrática de masas; esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.” (Periodistas cubanos y de otras nacionalidades, 2016).

Desde la agresión a Marquetalia (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:33) el movimiento con Manuel Marulanda Vélez a la cabeza, trató por todos los medios de evitar una confrontación armada con el gobierno de Guillermo León Valencia, presidente en aquel entonces y representante de la oligarquía colombiana y sus intereses más aniquiladores, además apoyado con recursos económicos de Estados Unidos, se negó a conceder la solicitud de paz verdadera.

Coherentes con los propósitos de obtener la otra paz, tanto para sí como para el pueblo y los trabajadores, en 1984 se firman con el Gobierno del Presidente Belisario Betancourt los Acuerdos de la Uribe para afianzar la construcción de la convivencia civilizada, pero la clase gobernante se opuso al anhelo mayoritario del pueblo y ejecutó el más brutal genocidio conocido en la historia del país: El exterminio de los Integrantes de la Unión Patriótica (UP), movimiento político surgido de esos acuerdos.

“El Terrorismo de Estado asesinó a dos candidatos Presidenciales, decenas de congresistas, alcaldes, concejales y más de seis mil integrantes de la Unión Patriótica (muchos de ellos militantes activos y dirigentes del Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda como A luchar y el Frente Popular). Fueron masacrados miles de sindicalistas, campesinos, indígenas, abogados, periodistas, sacerdotes y destacados defensores de los derechos humanos, así como centenares de personas humildes del pueblo que tuvieron un “fin fatal, producto de la intolerancia y el salvajismo atroz de la casta gobernante” (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:14).

No obstante, el carácter político-militar y anticapitalista de la organización, asintieron en la realización de los “diálogos” con las fuerzas atrapadoras del capital disque en busca de la paz, “con activa participación de los desposeídos en las decisiones Nacionales a través de sus organizaciones” (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:13-14,74).

De estos diálogos resultó la firma de La Agenda Común por el cambio hacia la Nueva Colombia, documento que Andrés Pastrana (1998-2002) no quiso firmar en ninguno de sus desarrollos, lo que pretendía este Gobierno era ganar tiempo en la mesa de diálogos, mientras preparaba mejor la fuerza pública para emprender con más crudeza la guerra contra el pueblo.

El proyecto por el cambio hacia La Nueva Colombia fue respaldado con millones de dólares del Plan Colombia, dinero invertido por Estados Unidos con la mira de anteponer al conflicto la consolidación de sus proyectos expansionistas en la región amazónica del Continente.

Cuando Pastrana consideró que las tropas ya estaban en posibilidad de liquidar militarmente a las FARC-EP, tomó la decisión unilateral de cancelar los diálogos y de ofrecer el apoyo de su partido al político de extrema derecha conservador y paramilitar Álvaro Uribe Vélez, en estas circunstancias queda descartada la esperanza de paz entre los colombianos que hoy (2019) se refuerza con el retorno del Uribismo al poder.

El gobierno paramilitar de Uribe y para quien fungió como ministro de defensa Juan Manuel Santos (expresidente), concentró su proyecto alrededor de El Ubérrimo, hacienda ubicada en el departamento de Córdoba, asiento del paramilitarismo, organización que le permitió ejercer un gobierno fascista y al servicio de la Casa Blanca y sus determinaciones respecto a América del Sur (Cepeda y Rojas, 2008; De la Redacción, 2015:21; Gómez, 2015).  En suma, fueron nefastas las tareas de su Gobierno: falsos positivos, miles de jóvenes asesinados para hacerlos pasar como bajas a la guerrilla en combate para adquirir promociones y beneficios (AFP, 2016:32), corrupción en el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) hoy modificado.

Con el Plan Patriota y la Seguridad Democrática busca destruir militarmente las guerrillas revolucionarias, incrementando el terror en campo y ciudad contra toda organización política, sindical o popular contrapuesta al modelo neoliberal, a “la legalización de la impunidad del narcomilitarismo de estado” o empeñada en la búsqueda de la paz (FARC-EP Esbozo histórico, 2007: 14-15).  El plebiscito que se organizó sobre el sí o el no del pueblo colombiano al proceso de paz, uno de sus principales opositores fue Álvaro Uribe Vélez.

No obstante la política represiva, el logro de un gobierno pluralista, patriótico y democrático ocupado de la reconstrucción Nacional, de la búsqueda de la paz con justicia social, de la dignificación del pueblo y su soberanía, del cambio de modelo económico y sus consecuencias y del retiro de la asesoría económico militar de Estados Unidos (FARC-EP Esbozo histórico, 2007:15; Díaz, 2014:27), fue la consigna económico-político-social del movimiento, la ratificaba así: la paz definitiva, el fin de la violencia por medio de una «paciente e intensa labor de difusión, educación y concientización de lo pactado en la Habana» agregaba que la gente se una y organice en sus demandas al Estado para conseguirlo, porque «sólo así haremos una nueva Colombia» (Periodistas cubanos y de otras nacionalidades, 2016). Otra es la constante posición de la parte oficial dado que representa los intereses de las políticas neoliberales.

“El modelo que defiende el Gobierno es absolutamente contradictorio en lo económico, político, social y cultural.  La demostración palpable de que ellos defienden ese modelo son las leyes que (…) se discuten en el Congreso, que son capitalistas y pro imperialistas…” (Díaz, 2014:27) se mantienen hoy y al menos se prolonga por 4 años más, hasta 2022.

La posibilidad de lograr la paz demanda una participación activa de la sociedad para que se apropie del proceso y adquiera conciencia sobre el mismo; llegar a disponer de esta herramienta implicaría que necesariamente se tocara el modelo de desarrollo y se optara por el avance mediante transformaciones profundas, que pasan por la refundación de la Nación, circunstancia que requiere de una asamblea Constituyente (Periodistas cubanos y de otras nacionalidades, 2016).

Reflexiones finales

• La guerrilla más antigua del continente y su intento de poner fin al conflicto armado mediante negociación con el Gobierno, iniciada en 2012, concluida en 2016 y basada en una reforma rural en lo que corresponde a la cuestión territorial, el grupo armado perdió su posesión y dejó vía libre al paramilitarismo, al narcotráfico y al capital y sus propósitos de desterritorialización, por su parte las políticas territoriales del Gobierno se adhieren a los procesos de acumulación y sus implicaciones.

El tema de las drogas ilícitas no es un asunto que inicia y termina con el conflicto armado, sabemos que es el negocio estratégico más redituable del capitalismo globalizador, la fabricación ilícita de cocaína en el mundo alcanzó el máximo histórico en 2017 de 1,976 toneladas estimación basada en un grado de pureza de 100%, resultado que supuso un aumento del 25% con respecto a 2016. Este aumento se debió a la elaboración de cocaína en Colombia, donde conforme a estimaciones, “se produjo aproximadamente el 70% de la cocaína mundial”. En 2017 en el país tuvo lugar una expansión del 17% de los territorios dedicados al cultivo del arbusto de coca y el aumento de la producción de coca alcanzó el 31% (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2019). Los acuerdos de paz han incidido en la disminución de cultivos en algunas zonas, pero han aumentado en otras. Los acuerdos no incluyeron el cambio del sistema que está vinculado al narcotráfico negocio que hoy suplanta el comercio de las armas (González, 2019:6-7).

• En la reparación de las víctimas ambos bandos, Gobierno y guerrilla se acusan entre sí de ejercer la violencia en un conflicto que ha dejado en más de medio siglo: muertos, desaparecidos y desplazados como se indicó, pero la violencia estructural histórica de la nación antecede a la presencia guerrillera.

• Lo que se percibe en última instancia en la posición del Gobierno no es abordar y resolver los problemas que dieron lugar al conflicto, sino que busca materializar la desmovilización y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, según opinión del máximo líder de las FARC-EP Rodrigo Londoño (Timochenco). A este respecto, los antecedentes que se tienen son muy significativos: movimientos como Unión Patriota que por medio de un acuerdo de paz se incorporaron a la sociedad civil, todos sus líderes fueron exterminados, como se refirió.

• La dificultad mayor a superar en la búsqueda de la paz es que el Estado ha sido durante los 53 años de presencia guerrillera un aliado del proceso de acumulación en el que ha involucrado todas las instituciones en pos de los negocios más rentables, sin considerar las consecuencias para el grueso de la población, que ha quedado a merced de violencia incontrolada, además el Gobierno ha acompañado los intereses de otros Países aliados a la vía capitalista de desarrollo y persiste en tal propósito.

El acuerdo de paz, por las razones expuestas, no cuenta con fundamentos sólidos por parte del sector Gubernamental que, por el contrario, busca mantener y reforzar mecanismos que no debiliten la fuerza del poder «la paz, si así es como le nombramos, tiende a lograrse al precio de no desafiar las injusticias subyacentes que, para empezar, provocaría el conflicto» (Wallerstein, 2015:18). Por parte de la guerrilla no se desafiaron “las injusticias subyacentes” y permitieron que se disolviera el movimiento y dejaron vía libre a las injusticias que hoy tienen sumida la Nación.

Los exlíderes de las FARC Luciano Marín, conocido como «Iván Márquez», y Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa», quienes abandonaron la zona de reincorporación en la que permanecen los excombatientes aseguraron en una carta divulgada el 02.10.2018 que el acuerdo de paz en Colombia fue «traicionado».

Márquez, que no juró como senador dirigió la carta a la Comisión de Paz del Senado para hacer observaciones sobre lo que ha ocurrido desde noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo.

«Depredadores sin alma»

Según el jefe del equipo negociador de las FARC, el acuerdo de paz «fue destrozado por depredadores sin alma» que han incurrido en «insensatez». El otrora jefe guerrillero advirtió que los principales problemas que afrontan los excombatientes desde su desmovilización son la inseguridad jurídica, las modificaciones del acuerdo de paz y diversos incumplimientos de lo pactado con el anterior Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Como ejemplo del primer punto, Márquez citó el caso de Seuxis Hernández, más conocido con el alias de «Jesús Santrich» y uno de los principales negociadores de las FARC, quien fue detenido en abril de 2018 por un pedido de extradición de Estados Unidos, pues una corte de ese país lo acusa de narcotráfico.

Para Márquez, el caso de «Santrich» es «un montaje judicial urdido por el fiscal general (Néstor Humberto Martínez), el embajador de los EE. UU. (en Colombia, Kevin Whitaker) y la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos)». «Esta decisión delirante, concebida para sabotear la paz, terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los ex combatientes», escribió Márquez en la carta.

Del mismo modo, tanto Márquez como «El Paisa» critican al expresidente Juan Manuel Santos por no haber salvado la paz. «Lo esencial del acuerdo de paz de La Habana ha sido traicionado. No se aplicó plenamente la amnistía, todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer acuerdo parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de tres millones de hectáreas para los que no la tienen», manifestaron.

Falla estructural

También se considera que el acuerdo tuvo una falla estructural que consiste en «haber firmado primero la dejación de las armas, sin acuerdo previo sobre los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros». Esa, «es la causa de los problemas que hoy afronta el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno». (FEW (EFE,DPA), 2018).

• El proceso de paz no ha sido, desde el poder se han enviado señales preocupantes, las tendencias neoliberales del gobierno se han visto reforzadas es el caso del conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela (2015), bajo el argumento de que el tema fundamental era la diferencia de enfoques de la política Nacional e Internacional, Santos manifestaba que “aunque respetaba no estaba de acuerdo con la Revolución Bolivariana del vecino País, porque no creía que fuera el camino más adecuado para satisfacer las necesidades del pueblo”, mientras tanto el Gobierno de Venezuela declaraba que Caracas había ahorrado 1,500 millones de dólares por la interrupción del contrabando de combustible y agregaba no tener nada contra el Gobierno de Santos “quien se guiaba por los intereses capitalistas” y por consecuencia “ellos no tenían derecho a meterse en la política interna de Venezuela basada en el socialismo” (AFP, AP, DPA, REUTERS y PL, 2015:26).

La posición del premio Nobel de la Paz (Santos) y su afán procapitalista se corroboraba cuando aunado a varios Gobiernos en Países de la zona adjudicaba el problema de Venezuela a la falta de democracia, desconociendo que la lucha central de la Nación vecina es por la defensa de su territorio y de las enormes riquezas y reservas naturales que posee.

• Una gran dificultad enfrenta la concreción del Proceso de Paz, que tendría que haber pasado por sacarse de encima al Gobierno mercenario de Estados Unidos como lo es el de Colombia (Almeyra, 2015:31); situación a la que se agrega el hecho de que el «enemigo principal y directo de la guerrilla ha sido Estados Unidos», según declaraciones de Joaquín Gómez, jefe de la misión técnica que negoció con los generales del ejército; «rechazó que se pudieran acusar a las FARC-EP de falta de moral o cansancio de guerra y enfatizó que más allá de la posesión o no de las armas, lo más importante es la voluntad de lucha y ésta voluntad, dijo, sigue intacta» (Fazio, 2016:19), pero con la desventaja que el gobierno logró dividir el movimiento y los territorios abandonados fueron apropiados por los grupos paramilitares afines al sistema.

• El proceso que inició en febrero de 2012 y que se concretó con la firma de los acuerdos ya modificados en noviembre 24 de 2016 (AFP y PL, 2016:28) aún debía considerar aspectos como:

1) La eliminación de minas de más de la mitad de municipios del país y al mismo tiempo implementar programas alternativos para la protección de la población.

2) La justicia transicional y participación política, este tema es complejo, la derecha colombiana demanda que los jefes de la guerrilla sean condenados e inhabilitados de por vida, situación a la que suman 10 mil militantes guerrilleros en cárceles hacinadas y numerosos combatientes asesinados.  “En la guerra se cometieron verdaderos baños de sangre, masacres que provocaron millones de desplazados como señalamos. Esos crímenes de lesa humanidad fueron sistemáticos.  Los responsables de esto no fuimos nosotros; fueron los militares, los paramilitares y policías”, declara Marco León Calarcá mando de las FARC-EP (Pietrich, 2015:24).

Para acercar posiciones tan contrapuestas se integró un comité de juristas y se haría una propuesta que consiste en Amnistía para todos, pero no por crímenes de guerra porque los crímenes los cometieron los combatientes y también los políticos y oficiales. Tal es el caso de los falsos positivos donde la línea de mando viene de muy arriba. Estos temas estarían por concretarse según comunicados del 8 de agosto de 2016.

3) El desmantelamiento del paramilitarismo, que hoy en el contexto de organizaciones neoparamilitares actúan “imponiendo retenes, controlando territorios, amenazando y ejecutando personas, principalmente en Meta, Casanare y Guaviare”. La Comisión de Justicia y Paramilitarismo tiene a su cargo esta responsabilidad, este es un tema complejo dados los antecedentes que indican la interacción entre narcotráfico y paramilitarismo para efectos del avance de la economía de mercado.

4) La elaboración de una nueva constitución (Petrich, 2015:24).

Aquí el proceso de paz presenta la dificultad mayor y es la Constitución de los de arriba sustentada en los principios capitalistas y neoliberales, elaborada para subordinar a los de abajo contra otra Constitución que se estructuraría desde abajo para liberarse de los dominadores.  Como puede observarse el camino es arduo, las implicaciones son múltiples y las expectativas son inciertas, máxime si le agregamos la cuestión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) otra guerrilla importante que continúa en la pretensión de negociar con el nuevo Gobierno derechista, el asunto se deja ver casi  imposible por las  razones expuestas y con el agravante de que el Gobierno de Estados Unidos ha otorgado al país durante 15 años equipamiento, entrenamiento, además de financiamiento por 10,000 millones de dólares para combatir al narcotráfico, pero a los guerrilleros también, ¿qué pasará aquí con la paz? (AFP, 2016:23).

Por ahora la invasión del capital a la nación se fortalece al amparo del paramilitarismo, del crimen organizado y del narcotráfico, y éste sistema de acumulación tiene a su favor no haber sido tocado en la negociación.  El proceso de paz pretende concretarse en un país sumido en la guerra que los dueños del poder y del estado han declarado en todos los niveles.

Las condiciones estructurales que dieron origen al problema del conflicto armado, a pesar de los acuerdos de paz en la Habana y de su reconsideración, ante los resultados del plebiscito, permanecen y además incrementadas por la ascendente inequidad debido al crecimiento y la penetración incontenida de los intereses del capital, factores que generan la desigualdad incontrolada y que dieron lugar a la formación de estos movimientos guerrilleros; por lo tanto, con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sin una transformación estructural profunda de las políticas nacionales,  no se modificará sino que se fortalecerá la paz entendida como la forma de regular la fuerza del poder que es la paz que sirve a las grandes corporaciones financieras, productivas y de la comunicación, y que es la que les concede un camino más expedito en su proceso de acumulación al no tener opositores en su tarea de destrucción de la naturaleza y de explotación del trabajo humano.

Hoy el crecimiento del producto interno bruto se está dando sobre la base de la destrucción de la naturaleza, en Colombia las leyes ambientales son poco sólidas, circunstancia que beneficia ampliamente a las corporaciones mineras y petrolíferas que tienen así el camino abierto para hacer suyas las riquezas del país, esta es la paz hasta hoy lograda y en la perspectiva de ser fortalecida.

Después de tres años de sentados los acuerdos de paz van más de 800 dirigentes populares asesinados y 171 exguerrilleros desarmados (Petrich, 2019:20), (Telesur, 2019), todos ellos han perdido sus vidas en manos de las fuerzas oscuras del estado, los líderes sociales han actuado en defensa del medio ambiente, evitando en lo posible la extracción minera procurando la restitución de tierras robadas, defendiendo los derechos humanos, la educación pública, salud, etc. Los exguerrilleros que están siendo asesinados, según información también de la fundación Paz y reconciliación, dan señales contundentes sobre los propósitos del Gobierno Neoliberal de fortalecer el capitalismo eliminando de raíz los obstáculos (Prensa Latina, 2019).

Un acuerdo final y sus posibles renegociaciones tendrán que sustentarse en la conciencia o subjetividad crítica y voluntad de todos los colombianos para apropiarse de su país y transformarlo y en esta tarea habrán de integrarse guerrilleros, exguerrilleras, exguerrilleros, explotados, desplazados, trabajadores del campo y de la ciudad, pueblos originarios, los y las jóvenes, en suma, todos y todas las y los excluidos. Los acuerdos están y pueden ser modificados o eliminados, pero a su concreción se antepone la conciencia crítica para llevarlos a cabo vía la organización social.

El resultado del plebiscito, celebrado el 2 de octubre 2016, que fue mayoría un SÍ a la guerra, de los sectores de la derecha, de la oligarquía, de los grupos más reaccionarios de las fuerzas armadas y de las empresas que negocian “la seguridad” y la venta de armas (Editorial, 2016:6); Indica que tendrá que fortalecerse el proceso transformador que dé lugar a otra sociedad que no nace de un acuerdo de paz determinado desde arriba, sino que será producto de una revolución de las conciencias y de las voluntades dirigidas a hacer suyas las condiciones de vida, que comprende la naturaleza en todo su contexto.

Desde 2016 cuando se dijo no al proceso de paz, Álvaro Uribe desde la ultraderecha ha hecho todo lo posible para impedir que se concrete, avalado por el presidente actual Iván Duque, de extrema derecha e incondicional al régimen vigente. Todas estas circunstancias empujaron al movimiento guerrillero al rearme y que, si no tiene la capacidad de realizar una guerra territorial, si está en condiciones de efectuar “ataques focalizados contra la ‘oligarquía’, a la que declaró como objetivo” Rafael Croda, “izquierda y derecha empujaron al rearme guerrillero” (Proceso, 2019:46).

El rearme ante el incumplimiento de los acuerdos y por consecuencia la muerte de líderes sociales y exguerrilleros, además del incremento del narcotráfico, de los conflictos sociales y desigualdad extrema en el país, era un asunto esperado como mecanismo de protección y de continuidad de la lucha por las reivindicaciones que fueron el motivo de la formación de este movimiento guerrillero histórico.

Un giro de conciencia manifestado en la posición de los votantes en las urnas el domingo 27 de octubre de 2019, permitió que ganaran personas que se posicionan más en los principios democráticos con tendencia a la inclusión social, situación que indica una respuesta contestataria al modelo neoliberal y de exclusión que ha predominado por décadas en esa nación.

El jueves 21 de noviembre comenzaron protestas en el país con un paro nacional convocado por distintas organizaciones sociales y contra las políticas del gobierno de Iván Duque como es el deterioro de “las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes y la perenne situación de violencia que vive el país, son los principales puntos de las movilizaciones” (AFP, Europa Press y Sputnik, Bogotá, 2019:30). Más de 160 dirigentes sociales y sindicales asesinados en lo que va del año, así como el intento del gobierno de modificar el acuerdo de paz (24 de agosto de 2016) con la exguerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. El proceso de aplicación de los acuerdos de la Habana ha presentado muchas dificultades y la principal no se ha cumplido que es la seguridad para la participación política y para ejercer la actividad de los líderes sociales, se corrobora esta circunstancia con el hecho que desde 2016 han sido asesinados más de 800 de ellos y 171 exguerrilleros firmantes han caído víctimas de balas asesinas, lo que indica la incapacidad y sobretodo la falta de voluntad del estado Colombiano para cumplir con los acuerdos de paz. Esta situación frente a los acuerdos da señales de que el propósito de la guerrilla hoy partido (FARC) es llegar al gobierno en el 2022, y sacar a la élite que ha gobernado por más de 200 años. Las armas se han cambiado por la palabra, (Méndez y Saldierna, 2019:23).

Parece que Colombia se suma a ese “color de esperanza” que hoy se manifiesta en muchos y diversos movimientos populares actuales en América Latina.

El panorama negro que los científicos sociales llaman la kamchaca palabra aimara que refiere una niebla que desciende desde las cumbres e invade los valles andinos de manera densa y sofocante hasta hacer perder el sentido de la orientación debe ser contrarrestado, ya no con fórmulas del pasado que “no las van a encontrar los intelectuales elaborando libros” (Petrich, 2019:16), sino acercándose a cada grupo social y mirando “ por donde va y ahí sí que encontramos los nuevos movimientos sociales que están renaciendo con enorme fuerza: las mujeres primero, los jóvenes, los indígenas, los movimientos ecologistas, todo eso está explotando”; (Ídem) entonces la esperanza hoy se arraiga en la conciencia de la necesidad de alcanzar la libertad y como lo refiere Antonio Gramsci del momento de la necesidad hay que pasar al de la libertad

 ACUERDO

 Presidencia de la República de Colombia y oficina del alto comisionado para la paz, (2016),24 de agosto «Acuerdo final para la terminación del conflicto entre el Gobierno Nacional de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo» [http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx], fecha de consulta: 30 agosto de 2016.

 BIBLIOGRAFÍA

ALMEYRA, GUILLERMO, (2015), “China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea”, La Jornada, 06 de septiembre:31.

AP, (2016), «Colombia: Más de 80.000 desaparecidos desde 1938″[http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/20/nota/5647614/colombia-mas-80000-desaparecidos-1938], fecha de consulta:  25 de junio de 2016

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES EMPRESARIALES, (2016), «¿Qué dicen los Acuerdos de paz sobre tierras y desarrollo rural?”  [http://afecolombia.org/es-es/DetallePublicacion/ArtMID/534/ArticleID/5041/191Qu233-dicen-los-Acuerdos-de-paz-sobre-tierras-y-desarrollo-rural], fecha de consulta: 15 de febrero de 2016.

AZNÁREZ, CARLOS (2015), «Correos de Clinton muestran nexos de Uribe con paramilitares», La Jornada, 8 de septiembre:21.

CAICEDO, FELIPE (2018), «Producción de cocaína en el país en 2017 llegó a las 1.379 toneladas»[https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/aumento-la-produccion-de-coca-en-colombia-en-2017-dice-onu-270436], fecha de consulta: 26 octubre de 2018

CALLONI, STELLA, (2014), Entrevista a Evo Morales presidente de Bolivia «EU promueve modelos fallidos de libre mercado para después dominar países», La Jornada, 29 de diciembre:11.

CEPEDA IVÁN Y JORGE ROJAS, (2008), A las Puertas del Ubérrimo, Bogotá, Debate.

DÍAZ, GABRIEL, (2014), Entrevista a Carl Hart «Si el Estado legaliza las drogas deberá garantizar la calidad: Hart«, La Jornada, 28 de junio: 12a.

DÍAZ, GABRIEL, (2014), Entrevista a Piedad Córdoba “El proceso de paz en Colombia sin retorno», La Jornada, 16 diciembre:27.

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, (2014), «AL: Violencia incontenible», La Jornada, 22 de abril:37.

EDITORIAL, 2016, «Colombia ¿sí a la guerra?», La Jornada, 3 de octubre:6.

EFE, (2015), «Gobierno y FARC firman histórico acuerdo para reparar a víctimas»[http://noticias.caracoltv.com/colombia/gobierno-y-farc-firman-acuerdo-de-victimas-en-cuba], fecha de consulta: 18 diciembre de 2015.

EMANUELSSON, DICK, (2015), Entrevista a Pastor Alape (FARC-EP): “Esto tiene que terminar en una asamblea constituyente” [http://prensarural.org/spip/spip.php?article15921], fecha de consulta: 16 de enero de 2015.

FARC-EP Esbozo histórico, (2007), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, México, Comisión Internacional.

FAZIO, CARLOS, (2016), «Colombia: las FARC y la paz cercana», La Jornada, 1 de agosto:19.

FERNÁNDEZ, AGUSTÍN Y RAÚL ZIBECHI, (2016), entrevista a Noam Chomsky «Es el momento más crítico en la historia de la humanidad», La Jornada, 7 de febrero:2.

FEW (EFE, DPA), (2018), «Colombia: exlíderes de las FARC dicen que acuerdo de paz fue traicionado»[https://www.dw.com/es/colombia-exl%C3%ADderes-de-las-farc-dicen-que-acuerdo-de-paz-fue-traicionado/a-45733529], fecha de consulta: 2 octubre de 2018

GÓMEZ, JORGE, (2015), “El “correíto” de EE. UU. sobre Uribe” [http://www.elespectador.com/opinion/el-correito-de-ee-uu-sobre-uribe], fecha de consulta: 11de septiembre de 2015.

GONZÁLEZ, PABLO, (2019), “A dónde va México”, La Jornada, 7 de abril: 6-7.

GRAMSCI, ANTONIO, (1973), El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Argentina, Ediciones Nueva Visión.

INZUNZA, S. ALEJANDRA, PARDO, JOSÉ LUIS Y PABLO FERRI, (2015), Narco América, de los andes a Manhattan, 55 mil kilómetros tras el rastro de la cocaína, México, TusQuets.

LA AGENCE FRANCE-PRESSE y PL, (2017), «Colombia vuelve a usar glifosato para erradicar cultivos de coca«, La Jornada, 12 de enero:25.

LA AGENCE FRANCE-PRESSE, (2016), «Acuerdo de paz en Colombia otorgará beneficios a mujeres víctimas del conflicto» [http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/24/nota/5708811/acuerdo-paz-colombia-otorgara-beneficios-mujeres-victimas-conflicto], fecha de consulta:   1 septiembre de 2016

LA AGENCE FRANCE-PRESSE, (2016), «Gobierno colombiano y FARC firman renovado acuerdo de paz«, La Jornada, 25 de noviembre:28.

LA AGENCE FRANCE-PRESSE, (2016), «HRW cuestiona ascenso de militares en Colombia«, La Jornada, 11 de noviembre:32.

LA AGENCE FRANCE-PRESSE, (2016), «Obama anuncia 450 millones de dólares para el nuevo programa Paz Colombia», La Jornada, 5 de febrero:23.

LA AGENCE FRANCE-PRESSE, AP, DPA, REUTERS y PL, (2015), «La revolución bolivariana se destruye y no es culpa de Colombia, sostiene Santos», La Jornada, 10 de septiembre:26.

LA AGENCE FRANCE-PRESSE, Europa Press y Sputnik, Bogotá, (2019), “Empieza en Colombia el diálogo social convocado por Duque, La Jornada, 25 de noviembre:30.

Maihold, Günter y Jost, Stefan, (2014), El Narcotráfico y su Combate, sus Efectos sobre las Relaciones Internacionales, México, KAS, GAH, SITESA.

MÉNDEZ, ENRIQUE Y GEORGINA SALDIERNA, (2019), “Exguerrilleros colombianos visitan México para conocer los nuevos vientos que soplan”, La Jornada, 4 de diciembre:23.

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, (2019), Informe Mundial sobre las Drogas [https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf], fecha de consulta:  1 de octubre de 2019

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA PAZ, (2016), «Comunicado Conjunto No ​74«[http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-comunicados-conjuntos/Paginas/Comunicado-Conjunto-74-10-junio-2016.aspx], fecha de consulta:  12 de junio de 2016.

PERIODISTAS CUBANOS Y DE OTRAS NACIONALIDADES, (2016), «Palabras de Timoleón Jiménez en la firma de los Acuerdos de La Habana» [http://www.cubadebate.cu/especiales/2016/06/23/palabras-de-timoleon-jimenez-en-la-firma-de-los-acuerdos-de-la-habana/#.V64RXyjhChd], fecha de consulta: 23 de junio de 2016

PETRICH, BLANCHE, (2015), Entrevista Marco León Calarcá, Miembro de las FARC-EP «No habrá paz hasta que el cese del fuego sea bilateral», La Jornada, 24 de agosto:24.

PETRICH, BLANCHE, (2019), “El modelo neoliberal alcanzó sus límites, sostiene Manuel Castells”, La Jornada, 22 de octubre:16)

PETRICH, BLANCHE, (2019), entrevista a Rodrigo Londoño y Julio Gallo excomandante de las FARC “Haber firmado la paz es lo correcto, aunque haya una lucha muy dura”, La Jornada, 5 de diciembre:20.

PRENSA LATINA, (2019), « Exguerrilleros siguen siendo víctimas de la violencia en Colombia”[https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=309190&SEO=exguerrilleros-siguen-siendo-victimas-de-la-violencia-en-colombia], fecha de consulta: 3 de octubre de 2019

PROCESO, (2019), No. 2236, México, 8 de septiembre:46

PUBLICACIONES LA SEMANA, (2016), «Acuerdos de paz: ¿Plebiscito o constituyente?«, Bogotá, 13 de febrero.

REUTERS, (2017), «El cese del fuego redujo los índices de violencia en Colombia, señala la ONU«, La Jornada, 17 de marzo:27.

ROITMAN, MARCOS, (2014), «Ayotzinapa en la agenda neoliberal», La Jornada, 23 de noviembre:7.

SADER, EMIR, (2014), «Colombia votó por la Paz», La Jornada, 16 de junio:18.

SAVIANO, ROBERTO, (2014), Cerocerocero, Cómo la Cocaína gobierna al Mundo, España, Anagrama.

TELESUR, (2019), « Sube 155 líderes sociales colombianos asesinados en 2019”  [https://www.telesurtv.net/news/colombia-lideres-sociales-asesinados-indepaz-informe-20190919-0002.html], fecha de consulta: 3 de octubre de 2019

Wallerstein, Immanuel, (2015), “Las negociaciones y sus enemigos”, La Jornada, 25 de abril:18.

XINHUA Y AP, (2016) «Persiste conspiración de EU contra el proceso de cambio en Bolivia: Morales» La jornada 30 de julio:16

ZIBECHI, RAÚL, (2014), «No hay diferencia entre narco, burguesía y elite», La Jornada, 14 de noviembre:27.