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Una nota sobre Colombia (y la defensa a sangre y fuego del neoliberalismo)



Una nota sobre Colombia (y la defensa a sangre y fuego del neoliberalismo)

Héctor Hernán Díaz Guevara

IIH-UMSNH

@hhdiazguevara

Tras varios días de sangrientas protestas la prensa internacional, tal vez cansada de publicar cifras sobre los muertos por covid en la India o sobre el éxito de la vacunación en Estados Unidos, ha reparado en un pobre país excafetero de Sudamérica. De nueva cuenta, por las escandalosas cifras de desaparecidos o de asesinados por la represión gubernamental en Colombia. Sin embargo, y aunque duela escribirlo, estas alarmas rojas se encontraban encendidas desde hace varios años –y aunque el proceso de paz intentó remediar esta tendencia– lo cierto es que las cifras de muertos, de masacres y de líderes sociales desaparecidos poco a poco han pasado a ser parte de la cotidianidad informativa, y cada vez más lejos de los titulares.

Sin embargo, todos estos asesinatos, tanto los que pueden ser inculpados directamente al Estado colombiano, como los que no (o al menos no directamente) encuentran tenues hilos conectores que los entrelazan y si usted tiene la disposición de ver la figura que arman estos cables, verá una violencia sistémica y que la actual crisis económica, sin precedentes en un país acostumbrado a la crisis, ha desnudado. Este hilo del que hablamos apareció revelado en la raíz de los últimos acontecimientos, presente bajo la figura de una lesiva Reforma Tributaria que gravaba a lo que queda a los sectores de ingreso medio y obligaba a declarar renta a las personas que ingresaran un millón de pesos colombianos, poco más de 400 dólares estadounidenses.

Esta Reforma, lo dicho, fue el último detonante en el país de las masacres, y fue ideada para cerrar un vacío fiscal que dejó una reforma anterior que exentaba del pago de impuestos a los grandes capitales internacionales, especulativos y mayoritariamente ligados a la minería; así como a la banca colombiana y a no más de 20 familias que han logrado apartar su suerte de la inmensa mayoría del país. Es decir, una aplicación al pie de la letra de las “buenas prácticas de administración” (sic) recomendadas por la OCDE. Esta reforma, insisto, es solo una más de todas las que se han venido firmando los años anteriores, con los gobiernos de esta pesadilla neoliberal que ha desmontado gradualmente el aparato productivo del país y ha cometido el crimen de dejar a los jóvenes con el doble de una tasa de desempleo que antes de la pandemia ya estaba por los dos dígitos. Estos crímenes han sido una política de estado. Y aunque el gobierno, acorralado por la protesta social decidió retirar la reforma tras varios días de manifestaciones, la política económica sigue siendo la misma, combinada con un aparato represivo de un cuerpo policial que desde hace décadas ha sido militarizado.

Macabramente puedo decir que ésta combinación de represión y neoliberalismo ha sido la única política pública constante en ser ejecutada unánimemente por todos los gobiernos colombianos desde César Gaviria en los noventas, pasando por Samper, Pastrana, Uribe, Santos (que formó parte del gabinete de los dos anteriores), e Iván Duque actual responsable directo de las protestas sin fin que recorren a Colombia y a Álvaro Uribe, su mentor y quien hace pocos días alentaba al Ejército y a la Policía a usar las armas para “controlar” las manifestaciones.

A Juan Carlos Monedero le escuché decir una vez que la gran crisis del capitalismo de 2008, generada por el gran capital la pagó la clase media en todo el mundo. En Colombia la crisis la hemos venido pagando todos, estas protestas se han desatado no por culpa del covid, sino lo que ha hecho este virus invisible ha sido desnudar al emperador, al sistema que hacía agua. El problema, es que la única forma de hacerlo visible ha sido tiñéndolo con sangre.

Para cerrar quisiera señalar que no ha sido la OEA (tan presta a criticar la democracia en Bolivia) ni los organismos multilaterales los que al momento de escribir estas líneas –un 4 de mayo de 2021–  han salido en defensa del pueblo de Colombia. Si solo el pueblo salva al pueblo, los colombianos están salvándose en este momento en las calles. Nos están salvando a todos.

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Si una izquierda no es popular, no es revolucionaria. Contestación a Jorge Frisancho



Si una izquierda no es popular, no es revolucionaria

Sebastián León

Quiero agradecer a Jorge Frisancho por concederme el honor de responderme, a pesar de mi gesto arrogante y demagógico. Debo decir que yo defiendo mi gesto: creo que gracias a mis críticas ha tenido la oportunidad de explayarse y desarrollar algunas de las ideas que faltaba trabajar en su publicación original (si bien ignora de plano lo que para mí sería la objeción fundamental a su texto: su uso antojado y metodológicamente injustificado de sus redes sociales como si se tratara de una fuente confiable de data empírica).

Dicho esto, puesto que Jorge me ha concedido esta cortesía, me veo obligado a corresponderle de la misma manera. Además, estoy de acuerdo con él en que de nuestro intercambio puede emerger un debate que hoy vale la pena tener en la izquierda. Así que, sin más preámbulos, paso a responder.

Sobre el resentimiento y su relación con la conciencia de clase

El debate sobre el resentimiento, su relación con la conciencia de clase y con la política clasista puede extenderse excesivamente, y creo que en realidad no es lo más importante de mi discusión con Frisancho. Por ello trataré de no detenerme demasiado en este asunto e ir a las cuestiones más importantes.

Empiezo diciendo que lo que Frisancho llama “ressentiment”, apelando como explica a cierta tradición de la sociología y la psicología, en realidad no es distinto de lo que en la tradición filosófica autores como Nietzsche y Spinoza llamaron “resentimiento”. Por ello, de saque, me permito no usar el término francés. De hecho, no hay un malentendido sobre el hecho de que él achaca a Perú Libre una política, digamos, más de la performance de radicalidad a una política realmente radical o revolucionaria. Mi primer cuestionamiento a su texto, que a mi parecer es el más fundamental, es la cuestión metodológica: Frisancho se permite reducir los esfuerzos de una organización que hoy marcha a disputarle su existencia a la cara más rancia del neoliberalismo local a vísperas del bicentenario a lo que infiere a partir de su algoritmo de Facebook (reforzador de burbujas informativas y sesgos de confirmación). La cuestión no era si le gustaba o no Perú Libre o si le daba buena espina; era que, como teórico autoproclamado marxista, debía ser más responsable y riguroso en sus análisis.

En su respuesta a mis críticas, Frisancho hace varias afirmaciones sobre el resentimiento y su relación con la conciencia de clase que, si debemos ser honestos, no podían inferirse de su texto original (enhorabuena por el desarrollo de sus ideas); en todo caso, estoy de acuerdo con algunas de ellas. No obstante, toca hacer algunas aclaraciones de rigor sobre aquello con lo que no estoy tan de acuerdo.

La primera es que da igual si el texto de Frisancho se centraba exclusivamente en el resentimiento o en los afectos en general; mis críticas iban, fundamentalmente, a su tratamiento del resentimiento y la manera en que este se relaciona con el proceso de adquisición de conciencia de clase. Frisancho se felicita a sí mismo por haber empleado varias veces el término “conciencia de clase” en su artículo, pero la verdad es que en él no explica nunca dicho proceso. Quien lo hizo fui yo, aunque me haya “resistido” a nombrarlo.

Lo segundo es que, si bien Frisancho considera que el resentimiento no es “ni bueno ni malo”, ni “racional ni irracional”, yo pienso que en cierto sentido sí va cargado de cierta racionalidad o irracionalidad. Esto porque, como expliqué, los afectos en los seres humanos no están nunca “dados” por sí solos, sino que se enmarcan en horizontes culturales de sentido. En una formación histórica determinada, habrá situaciones en las que un afecto como el resentimiento podrá considerarse justificado, o, digamos, habrá buenas razones para sentirse injuriado (aunque, y esto es fundamental, habrá que ubicar adecuadamente la causa). Esto no quiere decir, por supuesto, que el resentimiento sea bueno o malo en sí mismo; lo que quiere decir es que, en circunstancias determinadas, como cuando es producto de la afrenta histórica y sistemática, sentir resentimiento es razonable.

Extrañamente, Frisancho piensa que se le señala como un “racionalista rancio” por no reconocer el lugar de los afectos y por “insistir” (nombrar varias veces) en la importancia de la conciencia de clase. Pero se equivoca: la razón por la que lo califiqué de tal manera es porque, como ya he mencionado, en su artículo original no explicó el proceso de mediación por el que se adquiere la conciencia de clase. Dice, ciertamente, que resentimiento y conciencia de clase son dos cosas diferentes, y distingue entre lo que para él hace una organización cegada por aquel afecto y lo que hace una organización dirigida por revolucionarios con conciencia de clase, pero no nos dice nunca cómo se pasa de uno a otra. De hecho, su respuesta a mis críticas todavía me genera algunas dudas sobre cómo entiende dicho proceso: dice que el argumento de su texto original puede resumirse en que el resentimiento “bloquea la conciencia de clase” (pese a que esto jamás se afirma en dicho texto), pero también dice que para ir más allá del resentimiento se necesita la mediación de la conciencia de clase. Esto no me resulta tan claro, y debo decir que la impresión que me da es que para Frisancho debe haber una intervención externa para sacar a los sujetos resentidos del atolladero. Al final, hay que decir que en el texto original sí que daba la impresión de que había una cesura entre el resentimiento y la conciencia de clase, y si bien en la respuesta a mis críticas insiste en que no hay interrupción entre procesos afectivos e intelectuales en su adquisición, sigue sin esclarecer de qué manera incorpora el resentimiento al desarrollo de la conciencia de clase.

Aquí hay una diferencia fundamental, me parece, entre mi postura y la de Frisancho: para mí el resentimiento (y afectos semejantes como la ira) justificado es una condición material necesaria (aunque no suficiente) para que pueda haber algo así como una conciencia de clase, y es la clase de narrativa histórica que José Carlos Mariátegui llamaba “Mito” lo que puede dinamizar este y otros afectos y hacerlos políticamente operativos (es decir, para suscitar la ganancia en conciencia de clase). Otra cuestión importante, me parece, es que si bien Frisancho considera que en este punto él y yo estamos de acuerdo en lo fundamental (en que el resentimiento debe ser trascendido), no me queda otra opción que responderle: sí, pero no. Estamos de acuerdo en que el resentimiento por sí solo no es revolucionario, y que se hace necesaria una mediación dialéctica, pero yo no pienso que el resentimiento pueda literalmente ser superado o trascendido con la llegada de la conciencia de clase. Creo que esta le da una direccionalidad (digamos, lo modifica o lo “refina”), que es distinto; sin embargo, como yo lo entiendo, el resentimiento y otros afectos negativos presentes en la política clasista solo pueden terminar de superarse con la abolición de las condiciones históricas que lo producen (momento en el que desaparecen, junto con las relaciones de clase y la conciencia de clase como tal). Por eso digo que “el resentimiento y demás afectos corrosivos pueden ser sublimados en el proceso en el que surge un nuevo orden social a partir del viejo”. El resentimiento de una clase históricamente oprimida, con conciencia de su situación, solo desaparece con el surgimiento del comunismo[1].

Sobre la cuestión de la verdadera izquierda

Ahora llegamos a la parte realmente importante de nuestro intercambio: la cuestión de “qué hace revolucionaria a una organización”. Frisancho da su propia definición, y debo decir que yo no podría haberlo expresado mejor. Paso a citarlo:

Una organización política es revolucionaria en la medida en que lucha, en última instancia y a partir de la conciencia de clase de las clases trabajadoras, para derogar la totalidad del orden social e instaurar uno nuevo. Obviamente, esta definición es teórica y solo sirve como orientación general; las situaciones, coyunturas y experiencias concretas son las que dan forma práctica a las cosas, y la separación entre ambos planos es útil únicamente como ejercicio de análisis. Ningún conjunto de ideas políticas tiene contenido independiente de la praxis. Además, las demandas tácticas y estratégicas obligan, necesariamente, a decidir qué confrontaciones se enfatiza y qué pasos se da para ir avanzando en cada momento determinado. Esa es la función del liderazgo, o una de ellas. Pero pongo el asunto en ese terreno porque me permite señalar el problema al que apunto, que en mi artículo expresé como la existencia de una “izquierda reaccionaria”.

Es este problema: la totalidad del orden social no existe como un objeto inerte, estático y externo que pueda manipularse como se manipulan los engranajes de una máquina. Existe como un sistema de relaciones, y es el producto de la continua interacción dialéctica entre las partes que constituyen ese sistema. Estas partes son tanto objetivas como subjetivas, tanto externas como internas, tanto “reales” como “imaginarias” (es decir, ideológicas). En otras palabras: las relaciones de explotación y dominación que constituyen el orden social en el capitalismo existen siempre, necesaria e indefectiblemente, encarnadas en instituciones, aparatos y prácticas. Esas encarnaciones son su materialidad, y una oposición revolucionaria es la que trabaja para derogarlas. Todas ellas.

Aquí Frisancho añade, básicamente, que una organización que se declare marxista que no trabaje para derogar todas aquellas relaciones sociales (“instituciones, aparatos y prácticas”) que producen situaciones de opresión (de clase, de género, de los miembros de la comunidad LGTBIQ+) es reaccionaria, pues todas estas luchas son expresión de las formas de coerción específicas del orden social burgués. Está haciendo una clara alusión a Perú Libre, y es una manera de reafirmarse en su posición de que se trata de una organización de izquierda que puede ser calificada merecidamente como “reaccionaria”.

En este punto surgen una vez más mis discrepancias con Frisancho. No porque discrepe con que la cuestión de género o la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+ son luchas tan fundamentales como las de los obreros, los campesinos o los pueblos indígenas (de hecho, concebirlas de manera separada es siempre una abstracción, pues, por ejemplo, quien pertenece a una clase social siempre tiene además un género y una orientación sexual), o que respondan a contradicciones específicas de la totalidad social capitalista (y que por tanto no pueden ser desestimadas como “luchas burguesas”). Sino porque yo no pienso que se pueda afirmar tan tranquilamente que si una organización socialista y marxista no está comprometida con todas las formas de opresión desde el comienzo estaba deba ser descartada como reaccionaria, como si el carácter revolucionario apareciera solo en el momento en el que se marcan todos los ítems en una lista; eso está muy bien para el mundo de las izquierdas y los movimientos sociales ideales, pero la política se hace en el mundo real, con organizaciones políticas y movimientos sociales reales. ¿Hay elementos reaccionarios en una organización como Perú Libre, que descuida las luchas de las poblaciones LGTBIQ+? Por supuesto que los hay; pero, ¿se puede decir realmente que esto hace de  Perú Libre una organización de izquierda reaccionaria? Pero lo que más me llama la atención es que Frisancho ponga la valla tan alta para Perú Libre, pero la baje convenientemente para la organización que apoyó en la primera vuelta, Juntos por el Perú (JPP). Porque bajo el mismo criterio que utiliza Frisancho, podríamos decir sin problemas que Juntos por el Perú también sería una izquierda reaccionaria: una izquierda que aunque se reclame representante de los intereses de las clases populares, dedicó casi por entero su táctica electoral a ganarse a las clases medias y en desmedro de obreros, campesinos e indígenas (realidad que se veía reflejada en las encuestas que mostraban en qué sectores de la población se encontraban sus votantes, que se hizo explícita con el desafortunado audio de Marité Bustamente, y que terminó de confirmarse con los resultados de las elecciones); o que una y otra vez pisoteó en su discurso la solidaridad antiimperialista y anticolonial, plegándose a las exigencias de la derecha de denunciar procesos como el venezolano por dictatoriales, reproduciendo la narrativa imperial sobre una comunidad internacional dividida en “dictaduras” y “democracias”, que legitima atrocidades como los ínfames bloqueos económicos, que no son otra cosa que formas contemporáneas de asedio. Si ninguna de estas luchas es más fundamental que otra ni puede ser desestimada en las coordenadas del capitalismo contemporáneo, hay que decir, pues, que JPP está, al menos, tan lejos del estándar ideal de Frisancho como PL (aunque me inclino a pensar que mi interlocutor podría no dar demasiada importancia a una lucha como la que se da en el campo internacional; me explayaré sobre ello en la parte final de mi artículo). Creo que es importante añadir, asimismo, que si bien PL tiene un serio déficit en lo que respecta a la consideración de las luchas LGTBIQ+, no es cierto que lo tenga también en la cuestión de género; quien haya leído el “Programa e Ideario” de la organización podrá comprobar que este contiene un capítulo entero dedicado a “La mujer socialista”, elaborado por las militantes de la organización, en el que se posicionan a favor de la emancipación de la mujer, se asumen reivindicaciones históricas como el aborto y se denuncia el machismo como un mal estructural del capitalismo y el colonialismo (de hecho, candidatas al congreso como Zaira Arias y Angélica Apolinario fueron vocales sobre estos temas durante sus campañas)[2]. Así que hay decir, en honor a la verdad, que al contrastar el número de casillas marcadas en la lista de ítems de ambas organizaciones saldría favorecido Perú Libre (por supuesto, yo no comparto este criterio idealista para designar a una organización como revolucionaria o reaccionaria).

Aquí quisiera hablar un poco desde mi experiencia como militante de izquierda. En la coyuntura del 2017 en la que muchos conocimos a Pedro Castillo, cuando el magisterio rompió con el PCP-Patria Roja para ir marchar a Lima a hacer valer sus reclamos, muchas organizaciones de izquierda y sindicatos de trabajadores decidimos apoyarlos; entre dichas organizaciones estaba presente Perú Libre, pero la bancada de Nuevo Perú (que junto a PR conforma JPP) decidió no recibir a los maestros para no mancharse, debido al terruqueo del que estos fueron víctimas. Ese mismo año, en diciembre, en la coyuntura de la vacancia presidencial contra PPK, una vez más un sector importante de la izquierda (que también incluía a PL) nos posicionamos a favor de la vacancia y formamos parte del Frente Popular Anticorrupción por una Nueva Constitución, y luego del Comando Nacional Unitario de Lucha; fue en ese tiempo que nació la consigna “que se vayan todos”, que denunciaba el orden institucional neoliberal en su totalidad, pero la bancada del NP prefirió defender a PPK y la institucionalidad democrática (finalmente se plegarían a la causa, después de que PPK decidió indultar a Alberto Fujimori para permanecer en el cargo). A finales del 2018, ya con Vizcarra en el poder, este promulgó el Decreto Supremo N° 237-2019-EF, por el que entraba en vigencia el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (probablemente el paquetazo antilaboral más violento que haya habido desde los tiempos del fujimorato; la infame “Suspensión perfecta de labores”, que en el contexto de esta pandemia ha costado a tantos peruanos su empleo, formaba parte del PNCP); en lugar de ir a las calles con la clase trabajadora en dicha coyuntura, el MNP privilegió secundar a Vizcarra en su pantomima de lucha anticorrupción, siendo los principales defensores de una reforma política puramente cosmética, secundando, una vez más, al gobierno de turno. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en los últimos años, con todos sus errores y limitaciones, PL, a diferencia del NP, ha sido una organización a la que siempre he encontrado al lado de la gente en sus luchas (por supuesto, no pretendo argüir que mi experiencia personal sea la mejor fuente de evidencia para establecer un juicio objetivo, pero estoy convencido de que es largamente más fiable que mi algoritmo de Facebook[3]). Las críticas a JPP y las organizaciones que la componen, que tanto parecen molestar a Frisancho y a otros simpatizantes de dicha coalición, pueden no ser del todo justas; no obstante, considero que tienen algo de sustento[4].

A riesgo de que Frisancho nos acuse de espontaneistas que andamos tras las masas aceptando acríticamente todos sus posicionamientos inmediatos para sentirnos radicales, hay que decir que PL ha sido coherente con la idea que revolucionarios como Lenin o Mao tenían del papel de una vanguardia: ni se ha contentado con acomodarse a la espontaneidad de los distintos sectores del pueblo, ni ha pretendido imponerse como una élite tutelar a la usanza del progresismo más cortesano. Ha sabido entablar un diálogo con ellas, agitar, educar y organizar. Esto no quiere decir que la gente (o la organización) tenga razón en todo, pero hay una correcta comprensión de que el proceso revolucionario nace desde abajo, y que la labor de la organización socialista en dicho proceso (que es siempre un proceso de acumulación de experiencia mediante la lucha) es acompañar y orientar a las masas, ayudarlas a ganar claridad sobre sí misma y sobre sus luchas[5]. Tampoco quiere decir, como podría temer Frisancho, que, si un sector mayoritario de la gente no ve con buenos ojos la defensa de ciertas causas, estas deban ser abandonadas; más bien, quiere decir que no se trata de descartar a priori a ningún grupo oprimido como reaccionario in toto, sino de dirigirse a este como un interlocutor válido, con el que se puede dialogar y razonar, y que puede aprender de la vanguardia en la misma medida en que es capaz de educarla. Es esta la manera en que se superan las contradicciones en el seno del pueblo, y, hay que decirlo, es también la manera en que se gana su confianza. No hay evidencia más clara de ello que el apoyo popular que terminó recibiendo PL en contraste a JPP durante la primera vuelta; de hecho, quienes seguimos la campaña de Pedro Castillo desde el principio, sabemos que, a partir de cierto momento, las propias bases regionales de JPP comenzaron a reconocer a Castillo como su candidato, y lo recibían codo a codo con las bases de PL. Sería importante que los simpatizantes de la organización de Mendoza comiencen a reflexionar sobre esta derrota táctica.  

El trabajo de bases metódico por parte de PL y Pedro Castillo también es importante por otras razones de índole pragmática: sumado a su coherencia en el discurso en lo que respecta a la voluntad de sacar adelante una Asamblea Popular Constituyente (causa que me consta personalmente que vienen defendiendo desde hace años) y de desmantelar el modelo neoliberal (fuerte contraste con un JPP y una Mendoza altamente inconsistentes, propensos a desdecirse según los vaivenes de la campaña, y que en determinado punto incluso llegaron a alabar el programa Reactiva Perú, por el que Vizcarra y la ex-Ministra Alba pusieron 60 mil millones de soles en manos del gran empresariado peruano), el apoyo de las masas obreras, de las rondas campesinas, del magisterio y de organizaciones indígenas, daba al partido una fuerza material real, la posibilidad de llegar al poder con un contrapeso que pudiera mantener a raya los esfuerzos del empresariado por coaptarlos. Aunque a Frisancho y otros simpatizantes de JPP les sorprenda, esta credibilidad incluso ganó a Castillo y PL votantes entre los sectores populares y más radicalizados del feminismo limeño y de la comunidad LGTBIQ+. Como manifestaron varios de mis compañeros durante esta primera vuelta: lo que sectores más privilegiados de estos colectivos muchas veces no llegan a comprender es que entre una izquierda comprometida con derechos individuales pero indispuesta a atacar el modelo económico que nos impide disfrutar de dichos derechos, y otra que no asume dichos compromisos pero que manifiesta de manera creíble la voluntad de reemplazar dicho modelo por otro que eventualmente permita disfrutar de esos derechos, hay quienes creerían que desde un punto de vista táctico la segunda es una mejor opción. Al final del día, el progresismo no se mide de manera absoluta por cuántas consignas uno levante; más bien, es siempre relativo a la correlación de fuerzas y las luchas de clases[6] en un momento histórico determinado. Por eso, entre un MHOL que actualmente afirma que es igual de bueno para el colectivo LGTBIQ+ votar por la activista Gahela Cari que por un ultraderechista como Alejandro Cavero, y una organización socialista que, sin levantar la bandera LGTBIQ+, hoy tiene la posibilidad de crear condiciones para que jóvenes homosexuales o trans que no tienen estabilidad laboral, la posibilidad de acceder a educación o servicios de salud básicos, a un seguro y/o a una pensión (condiciones materiales necesarias para independizarse de entornos abusivos y para disfrutar en el futuro del derecho a crear una familia junto a sus personas amadas), me inclino a pensar que, en el presente, lo segundo es más cercano a una fuerza progresista. Y, por tanto, más cercano al ideal revolucionario propuesto por Frisancho.

Respuesta a la nota final: ¿marxismo-leninismo o socialdemocracia?

Frisancho cierra su respuesta a mis críticas extrañado por mi referencia al debate entre comunistas y socialdemócratas en la Segunda Internacional. Él, comenta, no está tan seguro como yo de que la historia haya favorecido a los comunistas (al leninismo) en ese debate; según nos dice, él considera que al final ninguna de las dos tenía razón, y que ambas experiencias habrían tenido tanto aciertos como desaciertos (esto último innegable, por supuesto). Esto debido a que, pese a la grandeza que Frisancho reconoce a Lenin como figura seminal del marxismo, la URSS habría dejado de existir, como consecuencia “tanto a la tenacidad y potencia de sus enemigos como sus propias falencias internas, y si de lo que se trata es de construir un socialismo que perdure, que consiga oponerse de forma efectiva a la dictadura de las clases capitalistas y que emancipe a los trabajadores, no parece que lo más recomendable sea levantar como bandera una apuesta que terminó en derrota.”

Debo confesar que la idea general de esta respuesta (el que a juicio de Frisancho, entre el leninismo y la socialdemocracia, ninguna de las dos tuvo razón) no me sorprende en absoluto. Me sorprende más que Frisancho use como argumento para defender su postura la caída de la URSS. Creo que el debate entre comunistas y socialdemócratas es vigente porque se centra en una problemática que sigue siendo fundamental, y que, a mi juicio, Frisancho y el sector de la izquierda por la que se inclinó en la primera vuelta electoral descuidan en exceso (de hecho, a mi juicio, y ciñéndome sus criterios, es aquí donde se ve el lado más reaccionario de sus posicionamientos). La razón fundamental del desacuerdo entre comunistas y socialdemócratas fue la problemática del imperialismo y la colonialidad: mientras que los socialdemócratas de la Segunda Internacional consideraban que el socialismo era algo que no competía a los países atrasados de la periferia global, donde prevalecían formaciones socioeconómicas agrarias y las masas eran mayoritariamente campesinos “reaccionarios” (muchos socialdemócratas, como Bernstein, llegaron a favorecer el ideal de un tutelaje de la metrópoli capitalista europea sobre las colonias, que por un lado permitiría mejorar las condiciones de vida de los obreros europeos, y por el otro ayudaría a desarrollar el capitalismo en los países atrasados), los comunistas consideraban, más en línea con las ideas de Marx y Engels, que lo que competía al movimiento obrero internacional era solidarizarse con las luchas nacionales de los países periféricos, ayudarlos independizarse y hacer valer su soberanía nacional (política y económica) frente a Europa, debilitando en el proceso al capitalismo occidental y, a la larga, ganando mayor libertad e igualdad para los pueblos coloniales en las coordenadas globales del capitalismo. Esta fue la bandera del leninismo desde el principio, y pese a todos los problemas y desaciertos que menciona Frisancho, la levantaron una y otra vez durante la historia del siglo XX (en China, en Corea, en Cuba, en Vietnam, en Argelia, en Angola, en Palestina, en Sudáfrica, en Burkina-Faso, etc.); aunque hoy muchos lo olviden y se inclinen por señalar la caída de la URSS como evidencia del fracaso del marxismo-leninismo, la verdad es que este posicionamiento de los comunistas cambió la cara de la correlación de fuerzas internacional, en especial en Asia y África, donde muchas veces las poblaciones nativas estaban excluidas del derecho burgués que tantos marxistas occidentales vilipendian y dan por sentado. De hecho, este papel de la URSS y el comunismo internacional, como muchos han reconocido, influyó enormemente, para bien, en la lucha por los derechos civiles y la conformación de los Estados de bienestar en occidente: en lugares como EEUU, fue el apoyo de los comunistas a poblaciones oprimidas como la afroestadounidense, el movimiento feminista, los migrantes hispanoamericanos o los pueblos indígenas, sumado al gran temor de las autoridades de que estas (o los trabajadores) pudieran radicalizarse, lo que llevó al gobierno a reconocerles progresivamente una serie de derechos fundamentales. El temor de los países europeos al avance de los comunistas permitió a los socialdemócratas llegar al gobierno y poner en práctica sus políticas reformistas, vistas por las clases dominantes como un recurso desesperado para proteger la propiedad privada; y hay que resaltar que, aunque Frisancho lo ignore, muchas de las políticas de bienestar de estos gobiernos progresistas solo pudieron sostenerse gracias a las políticas predatoriales que estos mismos países llevaron a cabo en el Tercer Mundo. Es por esto que me permito señalar confiadamente que, entre los comunistas y los socialdemócratas, serían los primeros los que fueron favorecidos por la historia (es decir, quienes tuvieron más aciertos, quienes más hicieron para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones oprimidas alrededor del mundo y más tienen que enseñar a una organización de izquierda revolucionaria contemporánea)[7].

Por supuesto, entiendo que Frisancho no comparta este punto de vista, pues veo que la solidaridad antiimperialista (aunque pueda decir que la defienda en abstracto) no es un tema al que le dé demasiada importancia; de ahí que no solo minimice el descuido de JPP en estos temas, sino que además se permita cuestionar las credenciales socialistas de organizaciones y países que establezcan alianzas con figuras que a él le resultan cuestionables (como el presidente ruso Vladimir Putin, a quien en su momento le dedicara un artículo). Frisancho, después de todo, no parece tomar muy en serio el compromiso leninista de la no intervención o el derecho de la soberanía de los países periféricos, el hecho de que, nos guste o no el gobierno de un determinado país, los únicos que pueden cambiarlo (o derrocarlo) son sus ciudadanos, y que los países y organizaciones que defienden este derecho de cada pueblo a la soberanía en la arena internacional deben hacer una causa común para resistir los embates del imperialismo de EEUU y occidente; tampoco el hecho de que un país o una organización política y económicamente aislada, que se toma la libertad de aliarse solo con aquellos con quienes mantiene plena coincidencia ideológica, está de antemano condenada al fracaso. Pues figuras como Putin pueden parecernos cuestionables o hasta reaccionarias en las coordenadas nacionales de sus respectivos países, pero lo cierto es que, sin su apoyo económico, político y militar (o el de países comunistas como China o Vietnam), países como Cuba, Venezuela o Siria hace tiempo se habrían convertido en nuevas Libias (a diez años después de la intervención de la OTAN, el países africano sigue completamente devastado, con tres fuerzas políticas diferentes disputándose el gobierno).

Al final, vuelvo a insistir en ello, las fuerzas políticas progresistas y revolucionarias se construyen a partir de las condiciones materiales realmente existentes. Y aunque la realidad raras veces coincide plenamente con nuestros criterios ideales, resulta políticamente inoperante denunciarla por sus impurezas.  

[1] Una última aclaración sobre este punto, de carácter conceptual y no tan importante para nuestra discusión, pero que no quería dejar de tocar en este artículo. En su respuesta, Frisancho hace otra afirmación que me resulta extraña: dice que hay que entender, cuando se habla de conciencia de clase, que “conciencia no es razón”. Su afirmación me resulta extraña porque, si uno tiene presente la discusión filosófica sobre la subjetividad, la conciencia y la razón que históricamente precedió a Marx, y que es parte de su herencia teórica, es claro que “conciencia de clase” debe ser entendido como razón, y no como mera conciencia. Paso a explicarme brevemente: la conciencia de clase es conciencia de sí (o, mejor dicho, “para sí”), en tanto sujeto que pertenece a una clase social (la clase deja de ser “clase en sí”, una mera facticidad empírica, y pasa a ser “clase para sí”: es decir, pasa a ser consciente de sí misma de manera reflexiva, de sus propias condiciones materiales de existencia, de sus intereses, y de su conciencia de sí misma, de su actividad consciente, en tanto clase social). Así pues, si debemos ser precisos, la conciencia de clase no es una mera conciencia pasiva (como la que tiene un animal que se percibe a sí mismo y a su entorno), sino lo que los idealistas alemanes llamaban una “autoconciencia”, que emerge necesariamente como parte de un proceso social e histórico de autodescubrimiento, siempre en relaciones con otros seres autoconscientes y con un trasfondo histórico determinado en el que se hace posible comprender, de manera progresiva, las implicancias o el sentido de las acciones, pensamientos, afectos, etc., propios y ajenos. La palabra más común que se ha usado para hablar de esta forma de autoconciencia es, precisamente, “razón” (Vernunft). Afirmar que la conciencia de clase es mera conciencia y no razón implicaría, desde un punto de vista filosófico, un retroceso hacia un paradigma cartesiano y psicologista de la conciencia, irreconciliable con una teoría materialista de la historia. Hago esta aclaración en un pie de página para no hastiar a nuestros lectores con disquisiciones demasiado abstractas.

[2] A muchas personas en la órbita de JPP les ha sabido mal que en el mismo capítulo se critique el feminismo como contraparte del machismo, pero hay que entender que fuera de círculos activistas y académicos, hay organizaciones y movimientos de mujeres que enarbolan el estandarte de la emancipación de la mujer sin reconocerse a sí mismas como feministas, y defendiendo intereses que, si bien convergen en algunos puntos con el del feminismo exportado de occidente, se diferencian de este en varios otros, por el sencillo hecho de que en varios aspectos las condiciones de vida de una mujer obrera o una rondera son diferentes que las de una activista o una académica de clase media. Creo que más allá de que se rechace el término (por asociarlo a un feminismo exportado de la realidad occidental) o del machismo rampante de algunos militantes (que, por cierto, aunque a algunos les parezca, no es un mal que aqueje exclusivamente en Perú Libre), habría que entender que sencillamente se defiende feminismos diferentes.  

[3] Y ya que hablamos de mi algoritmo de Facebook, alguien debería comentarle a Frisancho que así como en sus redes sociales él se encontró con despliegues de chovinismo por parte de los simpatizantes de Perú Libre, otros nos encontramos con despliegues semejantes por parte de los simpatizantes de Nuevo Perú: desde persistentes mensajes ninguneando la opción por Castillo y airadas exigencias de que se renunciara a su candidatura, hasta acusaciones de traición, racismo rampante, terruqueo, burlas por no ser tenidos en cuenta por el resto de la izquierda latinoamericana, y una repetición acrítica de la versión de la derecha sobre la sentencia a Vladimir Cerrón (quien no tiene que gustarle personalmente a nadie, pero cuya sentencia ha sido desestimada incluso por personajes externos a la izquierda, como el periodista Ricardo Uceda, como un caso más del lawfare al que los dirigentes de la izquierda regional, desde Gregorio Santos a Walter Aduviri pasando por el propio Cerrón, son sometidos en nuestro país). La lista sigue, pero creo que mi punto se deja entender.

[4] Esto incluye la acusación de “oenegera”, que no debe ser desestimada sin más como una manifestación de resentimiento; es bien sabido que ONG’s estadounidenses como USAID, la NED o HRW, financiadas por el departamento de Estado estadounidense, mantienen vínculos con numerosos personajes que son o han sido parte de JPP. Le guste o no a Frisancho, tales organizaciones tienen una agenda en nuestro país que suele coincidir con la de su embajada, y es por eso que líderes de izquierda como Evo Morales las han expulsado de sus países. Tampoco se trata de mera conspiranoia; es reconocer, más bien, el simple hecho de que la lucha por la emancipación se da también en el campo internacional y que el enemigo es rico en recursos.

[5] Fue el joven Marx quien, en una carta a Arnold Ruge, hizo valer primero esta consigna de las organizaciones revolucionarias que se convirtiera en principio fundamental del leninismo.

[6] Hablo en plural porque no creo que las luchas de clases puedan ser reducidas exclusivamente a la problemática de la producción, a la explotación de los obreros o los campesinos. Pienso, por ejemplo, que la problemática de género y de los derechos reproductivos de la mujer es una problemática de clase, en la medida en que el género ata a un sector mayoritario de las mujeres a una relación de explotación y dependencia económica y moral frente a sus pares varones (Engels mismo habla de la opresión de las mujeres como la primera opresión de clase); asimismo, pienso que la problemática (neo)colonial en el plano internacional debe abordarse de manera semejante. 

[7] Todo esto sin mencionar la modernización de países como los de la ex-URSS, China y Vietnam en términos de infraestructura, transportes, ciencia y tecnología, educación, etc., todos dirigidos por partidos marxistas-leninistas, que a la larga han redundado en mejoras sustanciales en la calidad de vida de millones de personas. No me parece una cuestión menor.

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La pandemia en Estados Unidos: Un caso eclipsado por la ideología



La pandemia en Estados Unidos: Un caso eclipsado por la ideología

Zaida M. Vázquez Peralta

Palabras clave: Estados Unidos – Sistema de Salud – Privatización – COVID-19 – Desigualdades en Salud

El sistema de salud estadounidense está altamente privatizado y posee una compleja organización y operación, derivando en la exclusión de un porcentaje de su población de la atención sanitaria o en la obtención de aseguramientos precarios que terminan por vulnerar el estado de salud de los pacientes. Las hospitalizaciones y los tratamientos son costosos y no se dispone de un sistema de salud universal cuyo pilar sea la Atención Primaria en Salud, a pesar de haberse demostrado que reduce de forma importante los costos sanitarios. El equívoco manejo de la pandemia ocurre en este contexto, donde la inequidad racial, económica y social han intensificado los impactos de la pandemia y el manejo geopolítico de las vacunas podría tener efectos globales trágicos.

En Estados Unidos (EU), la ley obliga a propietarios y trabajadores a comprar seguros médicos a empresas privadas con una variedad de coberturas que están en función de su capacidad de pago. Celia Iriart (2016), señala que casi el 70% de los asegurados pertenecen al sector privado, de los que por lo menos 31 millones de personas se encuentran sub-aseguradas, involucrando modalidades de aseguramiento precario que impiden que esta población busque atención médica por temor a los deducibles y copagos, renuncien a hacerse exámenes médicos, seguir tratamientos, comprar medicamentos o inclusive se salteen las dosis. Estos comportamientos terminan por retardar la atención médica, lo que agrava sus padecimientos. Así, existe un mayor riesgo de que la población más enferma esté sub-asegurada. A pesar del Medicare y Medicaid, más de 27 millones de personas en EU aún no tienen seguro médico (8.5% de la población total).

EU es el único país plenamente industrializado que carece de un sistema de salud público y universal. Es el tercer país con mayor nivel de obesidad y diabetes dentro de la OECD (2019), padecimientos que han venido afectando las mejoras en la esperanza de vida. Sus indicadores en salud no son tan ejemplares como su gasto total en salud, el más alto del mundo, fluctuando alrededor del 17% del PIB en los últimos años (Ibídem). Situación que muestra, en este caso, no la prioridad política que tiene la salud, sino el pavoroso mercado formado en torno a ella. EU, quien se arroga ser el paradigma en competitividades, posee uno de los más costosos y –si el objetivo es ampliar la atención y mejorar la salud– también ineficaz sistema sanitario.

El costo diario promedio de una hospitalización casi ronda los 2000 dlls., mientras que en un país donde el sistema de salud no está mercantilizado como en Cuba, no alcanza los 6 dlls. (Preston, 2020). Además, según el ranking de los países de la OECD (2019), encabeza la lista con el mayor gasto per cápita en medicamentos, asociado a un mercado de medicamentos de poderosas patentes, altamente inflacionario y desregulado que obedece a las presiones de grandes monopolios y a sus accionistas para elevar las ganancias. Utilizando, además, recursos legales a su favor para retrasar la comercialización de medicamentos genéricos y otros mecanismos para obstaculizarlos, como patentar todo lo patentable en un producto, establecer acuerdos de exclusividad con compañías de insumos para limitar su acceso o generar su propio medicamento genérico, etc. (Stahl, 2009). Por estos motivos, no es de extrañar que las deudas médicas sean la primera causa de bancarrota individual en EU.

En un contexto pandémico, uno de los mayores riesgos fue que los altos costos de la atención médica, tratamientos y medicamentos, extendieran los contagios y decesos por COVID-19. Un análisis del Peterson-Kaiser Family Foundation (KFF) Health System Tracker (2020), encontró que los costos de tratamiento para un contagiado por COVID-19 con seguro médico podrían ascender a 9,763 dlls., con complicaciones o comorbilidades podría aumentar a 13,767, si las complicaciones eran mayores la cifra se incrementaba a 20,292 dlls., mientras que sin ningún tipo de seguro médico la cifra podría crecer y sobrepasar los 34,000 dlls. Hasta el 7 de abril, la cifra de contagios sobrepasa los 30 millones de personas, mientras que los decesos alcanzan 559,086 (Johns Hopkins University, 2020a).

En el corto plazo, los efectos de haber padecido el virus no sólo recaen en la salud del enfermo, sino también en las finanzas familiares; se han llegado a registrar facturas por hospitalización de hasta 400,000 dlls. La recurrente solicitud de pruebas de COVID-19 ha elevado los gastos; en algunos casos los costos son cubiertos por las aseguradoras, mientras que no ocurre así cuando las pruebas son solicitadas por los empleadores. Las pruebas cuestan alrededor de 100 dólares, no obstante, pueden exceder sin dificultades los 1,000 dólares si éstas se realizan desde los autos en centros de atención de urgencia.

En cuanto a la estrategia sanitaria, EU no siguió una política de confinamiento obligatorio –siguiendo cada estado estrategias particulares. En el discurso político oficial, se le concedió un lugar importante al cuidado de la economía, mientras que fueron trivializados por el presidente Donald Trump los efectos del virus en la salud. El manejo político irresponsable de Trump y el difícil cese del trabajo esencial, usualmente precarizado y desprotegido, alentaron la ola de contagios y fallecimientos. Estos incrementos acelerados ocurrieron a pesar de que, desde marzo de 2020, se ordenó el cierre de fronteras en EU para viajes no esenciales desde los países que conforman el bloque de América del Norte, prohibición que se mantendrá al menos hasta el próximo 21 de abril de 2021.

Salir de paseo, realizar viajes internos en el país o los viajes internacionales de los connacionales nunca estuvieron prohibidos. Mendenhall (2020), en la revista The Lancet, cita la estrategia estadounidense entre una de las más lamentables, donde el agravamiento de los efectos del virus, expresado en las altas tasas de morbilidad y mortalidad por COVID- 19, fueron resultado de un contexto sindémico que hace interactuar factores biológicos, sociales y económicos impulsados, a su vez, por el fracaso político en el control del virus; aquí, el reconocimiento y el abordaje de los determinantes sociales de la salud son clave. Algunos especialistas dentro de EU han criticado que el virus no se haya combatido desde un enfoque de salud pública, así como la disonancia y, a veces contradicción, entre las estrategias de los distintos niveles de gobierno.

El temor de que los ciudadanos no pudieran acceder al menos a una prueba de COVID-19, concentró los esfuerzos públicos y privados sobre este tema. Durante el desarrollo de la pandemia se incrementó la capacidad para detectar casos positivos de coronavirus, al facilitar pruebas gratuitas mediante fondos públicos a personas sin seguro médico o mediante el compromiso de algunas aseguradoras para no exigir el costo compartido, sin embargo, estas medidas casi siempre se presentan con criterios de exclusión y resultan insuficientes. La masividad de las pruebas de diagnóstico que casi alcanzan la universalidad, tampoco lograron impedir que los contagios y decesos se elevaran.

Sin embargo, lo que sí lograron fue que, pese a la alta tasa de mortalidad (por cada 100,000 habitantes) de 170.10, la tasa de letalidad que relaciona la mortalidad con el número de contagiados, se haya conservado baja (1.8%), dentro del promedio mundial. EU tiene la mortalidad absoluta más alta en el mundo y ocupa el treceavo lugar en la mortalidad relativa al tamaño de la población (que no es para despreciar si consideramos que, dentro de esos 12 países -todos europeos-, 10 de ellos no exceden los 12 millones de habitantes, mientras que 2 más, Reino Unido e Italia, no sobrepasan los 70 millones), algunos sitios por encima de México (Johns Hopkins University, 2020b).

En estas condiciones, hubiese significado un desacierto técnico que no se incrementaran los registros de contagiados. Las distintas mediciones cuando han sido presentadas descontextualizadas o aisladas han servido, regularmente, para hacer comparaciones injustas entre los países o para golpes políticos lanzados sobre el avispero de la comunidad internacional. Ciertamente, tiene un efecto sugestivo que dos ex imperios, como Italia y Reino Unido, hoy se encuentren abatidos por la pandemia, destacando, junto a EU, en la lista con las mayores tasas de mortalidad en proporción a su población.

Por otra parte, es más comprensible que un país subdesarrollado, de ingresos medios y estructuralmente dependiente, no pueda implementar una medida de confinamiento total y obligatorio sin enfrentar problemas económicos y desestabilizaciones políticas, mas ¿que esto suceda en un país como EU, altamente tecnificado y blindado financiera y monetariamente? Resulta, con franqueza, patético. La alta desigualdad entre las clases sociales estadounidenses también viene animando, despacio y desde dentro, el deterioro de su hegemonía mundial.

Las desigualdades en salud que se encuentran enraizadas en una economía fuertemente racializada, resplandecen a través de los efectos de la pandemia por COVID-19, donde las sacudidas más letales las han enfrentado latinos y negros. Un estudio de la revista The Lancet, mostró que la población negra había tenido 4 veces más posibilidad de morir y 3 veces más de sufrir contagio por coronavirus que la población blanca, cuando la primera sólo comprende alrededor del 13% de la población total (Barber, 2020). En febrero pasado, un informe del Centers For Disease Control and Prevention (CDC) (2021) lo ratificó, al expresar que las personas negras, hispanas o indígenas americanas tienen resultados más graves de COVID-19 que las personas blancas y por ello era primordial el control de la vacunación para atender dichas inequidades.

Recientemente, en EU se han desacelerado el ritmo de contagios y decesos por coronavirus, en parte debido a la velocidad de la campaña de vacunación. Velocidad posible, en principio, por el sobreabastecimiento de vacunas. EU es uno de los 10 países en el mundo que concentra el 75% de las vacunas. El liderazgo en la producción de vacunas como reflejo del pujante complejo tecnológico farmacéutico y su avanzada en el regreso a la “normalidad”, prevista para antes de que concluya el 2021, resultan favorables para limpiar el propio desempeño en el combate a la pandemia, el cual palidece delante de la triunfal creación del antídoto más esperado mundialmente. Por ahora, al menos 119 países usan una vacuna de procedencia estadounidense (Pfizer/BioNTech, Moderna o Johnson&Johnson) (Statista, 2021). La capacidad de acaparamiento y el nivel de vacunas acumuladas expresan su poder y lo posicionan con un fuerte instrumento de negociación y geopolítica regional también llamado “diplomacia de vacunas”, al servicio, por supuesto, de los intereses de la agenda coyuntural estadounidense.

Si bien, guiándonos por una ética humana profunda se debería seguir una estrategia global de vacunación que priorice al personal sanitario, adultos mayores o personas con mayor riesgo de agravamiento o muerte por coronavirus en todos los países del mundo, antes que la vacunación del resto de la población en los países ricos, lo cierto es que también hay argumentos económicos y de salud de fondo para hacerlo. Según el director general de la OMS, el “nacionalismo vacunal” como efecto del acaparamiento, amenaza a la economía global y podría alcanzar un costo de 9.2 billones de dólares, de los que 4.5 billones recaerían sólo en las economías de ingreso más altos.

Y peor aún, una amenaza mayor podría venir del retraso en la vacunación en el resto de países, que prolongaría la pandemia en esos países aumentando las posibilidades para el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus más agresivas, anulando el efecto de las vacunas ya administradas y colocando otra vez de cabeza al sistema-mundo por el egocentrismo consumado de los países ricos. Por eso, es esencial la solidaridad para controlar la pandemia con menos desigualdades, siguiendo un similar ritmo de vacunación en todos los países. No sólo hay nobles motivos para profesar un humanismo sin precedentes, sino que deviene en una estrategia absolutamente racional.

En EU, se han administrado hasta el 6 de abril, 50.41 vacunas por cada 100 habitantes, posicionándose en el quinto lugar a nivel mundial, lista que es encabezada por Israel, sin embargo, EU es el país con mayor dosis administradas. El 18.8% de la población ha sido completamente vacunada, ocupando el tercer lugar a nivel mundial, mientras que el 32.4% de la población ha recibido al menos una dosis (108.3 millones) (Ritchie et al., 2021). Las desigualdades económicas y sociales que se transmutaron en desigualdades en los efectos del virus, son de nuevo reforzadas en la etapa de vacunación.

Aún con sus limitaciones en cuanto a los datos disponibles, en un estudio ya referido del CDC (2021) se mostró que, durante la primera fase del programa de vacunación en EU, de la mitad que refirió ascendencia racial y étnica, el 60.4% era población blanca, mientras que esta población representa el 60% del personal de salud, en cambio el 5.4% era negra cuando esta población representa el 16%. Mencionemos que, aunque la prioridad era vacunar a la población del sector salud, esto no se llevó a cabo plenamente, debido a las variaciones jurisdiccionales y locales en la implementación de la guía nacional.

Estados Unidos, el país con más contagios y muertes en todo el mundo, no ha sido llamado a la hoguera de los medios de comunicación internacionales y nacionales, tampoco ha sido denominado el “gran desastre sanitario”, como distintos medios estadounidenses sí lo han hecho con México. Los desastres, paradójicamente, ocurren siempre -aunque a veces no ocurran- en los países de la periferia capitalista o subdesarrollados, mientras que en los países centrales son errores de estrategia o adversidades lamentabilísimas, imprevistos o retrasos, sin mayúsculas ni exclamaciones, sin adjetivos, cálculos sobrios, sin populismo mediático.

Los resultados en el combate a la pandemia en Estados Unidos han pasado con frecuencia desapercibidos. Pero, lo que resulta más alarmante, es que estos resultados no sean asociados notablemente a la extensión de la mercantilización de la salud y a su atrofia natural para responder a una emergencia sanitaria, así como a la fragmentación del sistema sanitario, a la muy frágil Atención Primaria en Salud, a los estados de salud preexistentes de la población que están vinculados a las condiciones de vida y trabajo y a la atención en salud deficientemente recibida. En el país de los sueños cumplidos, el derecho a la salud no está entre ellos.

 

Referencias bibliográficas

Barber, S. (2020). “Death by racism. Racial violence anda racial health inequities in the midst of the COVID-19 pandemic disproportionately impact on Blacks” (report). En: The Lancet, Newdesk (Reino Unido) [en línea], vol. 20, august, pp. 903, disponible en: https://cutt.ly/vg2weOt [Consultado el 30 de marzo de 2021].

Iriart, C. (2016). “El sistema de salud de los Estados Unidos: mitos y realidades (Parte I)”. En: Saúde em Redes [en línea], 2(1), mayo, pp. 7-2, disponible en: https://cutt.ly/0g2yKK [Consultado el 30 de marzo de 2021].

Johns Hopkins University (2021). “COVID-19 Dashboard”. En: Coronavirus Resource Center [en línea], disponible en: https://cutt.ly/8cy6Hk6 [Consultado el 31 de marzo de 2021]. (a)

Johns Hopkins University (2021). “Mortality Analyses”. En: Coronavirus Resource Center [en línea], disponible en: https://cutt.ly/lcuqyp6 [Consultado el 31 de marzo de 2021]. (b)

Mendenhall, E. (2020). “The COVID-19 syndemic is not global: context matters”. En: The Lancet, Correspondence (Reino Unido), october 22, disponible en: https://cutt.ly/Lg9XJvl [Consultado el 27 de octubre de 2020].

Organization for Economic Cooperation and Development [OECD] (2019). “Health at a Glance 2019. OECD Indicators”. En OECDiLibrary [en línea], disponible en: https://cutt.ly/Xg2Rw5H [Consultado el 15 de septiembre de 2020].

Painter, E.M. et al. (2021). “Demographic Characteristics of Persons Vaccinated During the First Month of the COVID-19 Vaccination Program–United States, December 14, 2020-January 14, 2021”. En: Centers For Disease Control and Prevention (CDC), MMWR [en línea], February 5, 70(5), pp. 174-177, disponible en: https://cutt.ly/ucuqTdv [Consultado el 29 de marzo de 2021].

Preston, T.K. (2020). “A model for healthcare reform from a surprising place” (review). En: Monthly Review, 07 de octubre, disponible en: https://cutt.ly/xg2gqU2 [Consultado el 15 de marzo de 2021].

Rae, M., Claxton, G., Kurani, N., McDermott, D. y C. Cox (2020). “Potential costs of COVID-19 treatment for people with employer coverage”. En: Peterson-KFF Health System Tracker [en línea], march 13, disponible en: https://cutt.ly/EcSg3a0 [Consultado el 2 de abril de 2021].

Ritchie, H. et al. (2021). “Statistics and Research: Coronavirus (COVID-19) Vaccination”. En: Our World in Data [en línea], abril 6, disponible en: https://cutt.ly/GcueSLk  [Consultado el 07 de abril de 2021].

Stahl, E.G. (2009). “Política de medicamentos en Estados Unidos de América”. En: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública [en línea], 26(4), pp. 537-543, disponible en: https://cutt.ly/Zcy6yPd [Consultado el 31 de marzo de 2021].

Statista Research Department (2021). “Vacunas contra el coronavirus administradas en el mundo a 5 de abril de 2021, según número de países”. En: Statista, Industria farmacéutica [en línea], abril, disponible en: https://cutt.ly/vcuwv2[Consultado el 06 de abril de 2021].

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Doce puntos para entender la elección presidencial en Ecuador



Doce puntos para entender la elección presidencial en Ecuador

Daniel Kersffeld

1) Ganó Guillermo Lasso y eso estuvo fuera de casi todas las previsiones (empezando por la mía). Fue un triunfo por alrededor de cinco puntos y de nuevo fallaron la mayoría de las encuestas: en cambio, acertó CEDATOS, la consultora con menos credibilidad en Ecuador.

2) Ganó Lasso pero sobre todo ganó el “anticorreísmo” como una expresión política difusa que encontró en este candidato a su mejor exponente. El “anticorreísmo” excede los límites de la derecha tradicional, que se podría cuantificar en el 20% obtenido en la primera vuelta.

3) La elección fue similar a la de Argentina en 2015 cuando una mayoría votó conscientemente por un proyecto neoliberal, en este caso encarnado por Mauricio Macri, para sacar del gobierno al kirchnerismo. En Ecuador se operó una lógica similar, donde una mayoría votó por Lasso para impedir el retorno del correísmo al poder.

4) Con respecto a la figura de Lenín Moreno, ganó la opinión de quienes vieron a su gobierno como resultado del correísmo frente a aquella otra visión que, en cambio, lo vinculó al neoliberalismo y a Guillermo Lasso. Como sea, el triunfo de Lasso permite la continuidad entre ambos mandatos y no el salto traumático que hubiera significado un eventual triunfo de Arauz. Así, Moreno concluirá su mandato quizás con el único éxito que se le pueda atribuir: el triunfo de la fórmula anticorreísta.

5) Con esta victoria, no sólo Lasso llega al gobierno, sino que el bloque de derecha conformado con el Partido Social Cristiano consigue recuperarse justo en su peor momento, luego de las protestas de octubre de 2019 y de la crítica situación sanitaria atravesada en 2020.

6) En este sentido, en Ecuador vuelve a gobernar una derecha homogénea y evidente como no se veía en el país desde hacía dos décadas, probablemente, desde el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000). Así, el de Lasso será un gobierno que no necesitará contar con referentes sociales o con “voces progresistas” para asegurar su gobernabilidad: sus votantes no pidieron un “neoliberalismo con rostro humano” sino un gobierno sin corrupción y sin populismo. De nuevo la similitud con el gobierno de Macri.

7) En cuanto a bloques de poder, el principal sector beneficiario de este triunfo será el sector empresarial y bancario del Ecuador, antes que las clases medias que votaron pensando en su propia salvación (e incluso, en un eventual ascenso social). En este contexto, el repetido miedo “a terminar como Venezuela” operó como un fuerte motor del voto asociado al “anticorreísmo”.

8) En consecuencia, Arauz no fue el principal derrotado de la elección sino el propio Correa. En la primera vuelta, en la que obtuvo el 32%, apenas logró sobrepasar su voto duro. En la segunda vuelta, con el 47%, ganó en voto “antiLasso” o “antiderecha”, pero no lo suficiente para volver a ganar.

9) Prácticamente sin experiencia política y como un candidato creado en la campaña, Andrés Arauz hizo una buena elección, pero su grupo político no acertó en la construcción de mayores alianzas, sobre todo, con el movimiento indígena: las expresiones de apoyo que vinieron de este sector fueron mínimas y fragmentarias. Y se pensó que con videos de tiktok se acercaban a la juventud que había votado por la Izquierda Democrática (e incluso por Lasso en la primera vuelta). Además, y por momentos, fue claro que quien hablaba por detrás de Arauz era el propio Correa, por lo que fue difícil sumar al “correísmo desencantado” o a quienes buscaban “caras nuevas”.

10) La izquierda y el progresismo en general se enfrentan al golpe más fuerte en las últimas décadas (quizás desde el retorno de la democracia). En el peor de los casos, desde el correísmo se pensaba que se ganaba por muy poco, en un escenario complejo con acusaciones de fraude y obstrucciones del Consejo Nacional Electoral. Pero no se imaginaron un escenario de derrota por más de cinco puntos, lo que posiblemente motivó a no realizar denuncias por fraude, lo que hubiera jugado en contra del propio Rafael Correa. En este caso, la derrota no fue por la “traición” de Lenín Moreno, sino por una mayoría que por primera vez en una elección presidencial, decidió no respaldar al ex presidente.

11) La izquierda tiene que digerir una difícil derrota. Después de la elección, Correa queda como un dirigente protagónico de este espacio, pero con menor incidencia a nivel nacional. De igual modo, como un referente claro dentro de la izquierda, pero ya no como el líder único y excluyente. Es probable que se lo señale a él como el principal responsable de la derrota (aunque él no quiera aceptar este papel).

12) Seguramente, habrá urgencias y tropiezos en la conformación de algo así como un “bloque contrahegemónico” (para utilizar el término gramsciano) que deberá ser compuesto por el correísmo pero también por sectores progresistas de Pachakutik. Incluso, y a medida que se profundice el programa neoliberal de Lasso, por grupos radicalizados de la Izquierda Democrática; por organizaciones y colectivos independientes; y por referentes políticos provenientes del correísmo pero que se alejaron de este espacio. Las próximas elecciones seccionales, en un par de años, podrían convertirse en el primer test para la conformación de una nueva alianza opositora a Guillermo Lasso

 

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El Paraguay en el mapa de las revueltas latinoamericanas




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El Paraguay en el mapa de las revueltas latinoamericanas

Charles Quevedo*

Después de las revueltas populares en Chile, Ecuador, Perú y Haití le llega el turno al Paraguay. Desde hace más de una semana, Paraguay se encuentra sumido en una delicada crisis. Cada noche una multitud indignada por el manejo gubernamental ineficiente y corrupto de la pandemia, toma las calles de Asunción y las principales ciudades del interior del país exigiendo la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. Ya fueron destituidos cuatro ministros del gabinete en un intento de apaciguar los ánimos en las calles, pero las movilizaciones no pierden el ímpetu.

A la crisis se suman los efectos de un sistema sanitario prácticamente colapsado por la pandemia de covid-19 y una áspera disputa política al interior del gobernante Partido Colorado (ANR) que devela una profunda fractura en el bloque de poder. Estos dos niveles de la crisis ―con dinámicas y temporalidades propias, cada una de ellas―, se superponen en la presente coyuntura y entran en resonancia amplificando sus efectos.

Colapso sanitario

Al duro impacto económico-social que tuvieron en las clases populares y sectores medios, las medidas tomadas inicialmente por el gobierno para hacer frente la pandemia de covid-19 ―cuarentena total, restricción de eventos públicos y toque de queda nocturno durante más de tres meses― se sumó una deplorable gestión gubernamental para enfrentar el alto pico de contagio que tuvo lugar una vez levantadas las relativamente exitosas medidas iniciales. A pesar de que el gobierno contaba desde el inicio de la pandemia con un fondo de emergencia considerable para ampliar hospitales y centros sanitarios, y prever una reserva suficiente de medicamentos esenciales, la ineficiente gestión y la escandalosa corrupción en la compra de medicamentos e insumos hicieron que el sistema sanitario llegara a un escenario de colapso ―a un año de iniciada la crisis sanitaria―, con un gran número de víctimas del covid-19 en estado grave, internados en precarias unidades de terapia intensiva, afectados además por la carencia de medicamentos y teniendo que afrontar con sus propios recursos económicos la adquisición de los mismos. Teniendo un sistema sanitario prácticamente colapsado, el Paraguay es el único país de la región que aún no ha iniciado un proceso masivo de vacunación contra el covid-19 y las escasas dosis que llegaron al país provienen principalmente de donaciones internacionales.  

En las últimas semanas, numerosos testimonios desgarradores de familiares de pacientes internados en terapia intensiva, así como de médicos y trabajadores de la salud, denunciando las numerosas penurias y carencias en los hospitales, se multiplicaron en las redes sociales conmoviendo y suscitando indignación en amplios sectores de la sociedad paraguaya.

Una especie de gran bolsa de descontento se fue acumulando a lo largo de este periodo. Este descontento, que creció por fuera de las identidades políticas ―y también transversalmente a ellas―, fue vinculando a grupos sociales y subjetividades muy heterogéneas, y tuvo expresión por fuera de los canales narrativos tradicionales, principalmente en las redes sociales con el protagonismo decisivo de sus referentes: influencers, youtubers y figuras mediáticas con cierto nivel de politización. Las manifestaciones que irrumpieron con inusitada fuerza en el centro de la capital del país, Asunción, y las principales ciudades del interior (Encarnación y Ciudad del Este) reflejan esas características.

Desde enero de 2020, empezaron a multiplicarse las denuncias relativas a falta de medicamentos en las unidades hospitalarias asignadas al tratamiento de pacientes afectados por el covid-19. Para mencionar un ejemplo del nivel de precariedad alcanzado, la falta de atracurio ―droga utilizada para sedar a pacientes intubados en terapia intensiva― era uno de los reclamos más insistentes en las redes sociales y los medios de comunicación. Esta situación crítica en los principales nosocomios ―el Ineram y el Hospital Nacional― empujó a parientes de pacientes en unidades de terapia intensiva y al personal sanitario a protagonizar movilizaciones espontáneas para exigir medicamentos que se extendieron por todo el país.

En la primera semana de marzo las redes sociales empezaron difundir ―con los hashtag #KoagaReikuata y #CiudadaníaHarta― la convocatoria a una manifestación prevista para el 5 de marzo en la Plaza Uruguaya de Asunción, y, simultáneamente, otras en Ciudad del Este y Encarnación. La movilización fue convocada por una comunidad de twitter que tiene a una comunicadora y activista social como principal vocera. La convocatoria que recalcaba su independencia con relación a cualquier partido político y organización, tuvo eco en los principales medios de comunicación y numerosas comunidades de twitter, entre ellas, comunidades vinculadas con el “cartismo”, facción interna del gobernante Partido Colorado liderada por el ex presidente Horacio Cartes. A pesar de que la comunidad que impulsó la convocatoria niega cualquier vínculo con el cartismo, la intervención de comunidades afines a ese sector contribuyó a que las movilizaciones ―especialmente la primera, del 5 de marzo― tomaran un carácter multitudinario.

Fracturas en el bloque de poder

La colaboración activa de grupos cartistas en la difusión de la convocatoria tiene que ver con el recrudecimiento de la disputa entre las facciones internas del Partido Colorado (ANR) que desde hace medio siglo tiene el control del sistema político paraguayo. Esta disputa devela una fractura más profunda en el bloque de poder: la disputa de dos fracciones autónomas de las clases dominantes por el control del bloque de poder en su conjunto. Una fracción patrimonial, cuya acumulación está fundada en sus vínculos privilegiados con el estado ―control del gobierno, parentesco y vínculos con las élites de la burocracia estatal, inclusión en el club de grandes contratistas y proveedores del estado― es desafiada por otra fracción de capital más vinculado a las grandes corporaciones y, por tanto, más trasnacionalizado. Hay razones para suponer que esta fracción que ha acumulado capital por fuera del estado, por medio de negocios globales reñidos con la legalidad ―lavado de dinero, narcotráfico, etc.―, pretende dominar políticamente y para ello necesita desarticular las estructuras patrimoniales montadas durante el largo régimen autoritario del general Stroessner (1954-1989), mismas que siguen vigentes hasta el presente. La facción interna del Partido Colorado, “Colorado Añetete”, articula a los actores políticos más vinculados con la fracción patrimonial, e incluso logró llevar al gobierno –en 2018– al actual presidente Mario Abdo Benítez (Marito), desplazando a “Honor Colorado”, la otra facción interna que tiene como líder al poderoso empresario Horacio Cartes. Esta última facción, el cartismo, emergió después del juicio político que en 2012 destituyó al progresista Fernando Lugo, y, en las elecciones del 2013, llevó a Cartes al gobierno. Durante su gobierno, Cartes sentó las bases para desarrollar políticas favorables a la concentración de grandes capitales. Por ejemplo, la ley de Alianza Público-Privada aprobada por su gobierno buscaba movilizar recursos público y privados para grandes obras en las que solamente podrían competir empresas con gran capacidad financiera, es decir, empresas extranjeras en alianza con empresas nacionales privilegiadas. Estas políticas enfrentaron a su gobierno con las fracciones patrimoniales, de las cuales son parte los tradicionales contratistas y proveedores del estado. Este verdadero proyecto de reestructuración del capitalismo paraguayo quedó inconcluso debido a resistencia difusa que generó en todos los espacios del Estado y, sobre todo, a la rearticulación política de las fracciones patrimoniales en “Colorado Añetete”, facción interna colorada liderada por Abdo Benítez.   

La embajada y la calle

En menos de una semana el encargado de negocios de la embajada norteamericana visitó al presidente paraguayo en el Palacio de López, el secretario de estado lo llamó por teléfono y, el propio Joe Biden le escribió dando su respaldo. Un claro mensaje a los partidos de oposición ―que ya tienen listo el libelo acusatorio para el juicio político al presidente y el vicepresidente―, y también para el sector cartista que tiene los votos necesarios para trabar o destrabarlo. El cartismo ya había salvado a Abdo Benítez de un juicio político en 2019, cuando salió a luz un acta secreta por el cual su gobierno acordaba entregar el negocio hidroeléctrico perteneciente con exclusividad al estado paraguayo beneficiando a una empresa vinculada a la familia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Mientras se esperan las escurridizas vacunas, el gobierno paraguayo anunció un nuevo paquete de medidas para evitar la expansión del covid-19. Este paquete incluye el toque de queda a partir de las 8 p.m. en las principales ciudades del país, medida que, eventualmente, busca también desalentar las manifestaciones. Por su parte, los sectores urbanos movilizados y sus banderas tricolores siguen ganando las calles, las organizaciones campesinas empezaron a sumarse a las movilizaciones urbanas y la indignación parece aumentar cada día que pasa. El encuentro entre movimientos campesinos, sindicatos de trabajadores urbanos, organizaciones feministas y las formas emergentes de resistencia urbana movilizadas a través de comunidades virtuales podrían llegar a construir formas inéditas de resistencia y lucha.  

* Doctorando en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Misiones, UNaM), Magister en Ciencias Sociales (Flacso-Py), Licenciado en Filosofía (Universidad Nacional de Asunción, UNA).




Ocho intentos de interpretación de la realidad cubana




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Ocho intentos de interpretación de la realidad cubana

Florencia Lance, Diego Sztulwark y Mario Santucho[1]

Aunque a la hora de hablar de Cuba siempre priman los estereotipos, la mítica isla enfrenta una situación inédita por su dramático dinamismo. Agobiada por la crisis económica y sus efectos sociales, pero capaz de gambetear la pandemia como casi ningún otro país del mundo, la emergencia de una nueva conflictividad política en la era de la redes digitales vuelve a poner en primer plano la necesidad de ampliar el debate e imaginar nuevos horizontes de democratización, sin echar por la borda las conquistas del poder revolucionario. ¿Hacia dónde Cuba va?

La realidad cubana volvió a estar en boca de todos los medios de comunicación de “occidente” a fines del pasado año. El conflicto suscitado por el Movimiento San Isidro fue sonoramente amplificado por los principales portales informativos, escaló con fuerzas en las redes, e incluso las máximas autoridades de la principal potencia global manifestaron su exigencia de respeto a las libertades. Pero más allá de ciertas muestras de galopante cinismo, la disputa entre el grupo de artistas disidentes y el estado cubano generó un intenso debate al interior del campo cultural de la isla.

En este marco emergieron nuevos modos de afirmación pública que sostienen la necesidad de democratizar los esquemas tradicionales del poder revolucionario en la Isla. Tirando de ese hilo, es posible acercarse a la riqueza de discusiones domésticas con indudable interés para todo Latinoamérica. Aunque como era de esperar, algunos exponentes de la izquierda dogmática dentro y fuera de Cuba reaccionaron con la ya clásica acusación de agentes a sueldo del imperialismo para todo aquel que ose cuestionar al socialismo realmente existente, sea cuál sea el argumento y el sentido de la crítica.

En la conversación que aquí presentamos hablan ocho intelectuales y militantes cubanos, de diferentes procedencias y disciplinas, pero que tienen en común el señalar la necesidad de un horizonte distinto al agotado modelo de tipo soviético. ¿Cómo proyectar una democratización social efectiva, sin desconocer las bases históricas de la revolución del 59? ¿Y cómo hacerlo tomando muy en cuenta, sobre todo, el peso determinante de la agresividad norteamericana sobre la isla? No hay respuestas fáciles ni unívocas, pero sí una apuesta por el pensamiento crítico y la elaboración colectiva.

  1. Sería útil explicar los trazos principales del conflicto generado por la protesta del Movimiento San Isidro. ¿Quiénes son, cuál es su relevancia, qué tensiones ha provocado y si expresan alguna novedad?

Alina López Hernández: No es posible explicar lo que ocurre en Cuba reduciéndolo al Movimiento San Isidro (MSI), o a los hechos inéditos del 27 de noviembre pasado cuando un grupo de artistas e intelectuales se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en nuestro país coexisten hoy al menos los siguientes elementos: un modelo de socialismo burocrático agotado en sus posibilidades de sobrevivir sin transformaciones; un proceso de reformas estancado desde hace más de una década; recientes medidas que se distancian de las políticas consideradas en su momento como conquistas de la Revolución; las consecuencias económicas de la pandemia; el auge de la hostilidad norteamericana hacia Cuba que supuso el gobierno de Donald Trump; la posibilidad de que la ciudadanía se visibilice y exprese a través de los medios digitales alternativos y redes sociales. Ese sustrato da lugar a expresiones de inconformidad, cuyo rostro más renombrado –aunque ni remotamente el único o el más profundo– ha sido el MSI.

Creo que el MSI se empezó a hacer notar a raíz de las polémicas suscitadas por el controvertido decreto-ley 349. Esa norma, que está en moratoria debido al rechazo que ocasionó, significa una restricción a la libertad del arte que se produce fuera de las instituciones culturales del Estado y aumenta la censura. En respuesta, algunos artistas e intelectuales discrepantes utilizaron el performance callejero y realizaron convocatorias a exposiciones independientes. La represión de los órganos de Seguridad del Estado —a mi juicio, excesiva e inconstitucional— fue desencadenando una escalada y el grupo creció en integrantes. Se hicieron usuales los actos de repudio organizados por las autoridades, las detenciones y maltratos arbitrarios.

El MSI no es representativo de los muchos críticos que tiene la burocracia parti/estatal cubana. Algunos de sus integrantes, por ejemplo, han manifestado su apoyo al bloqueo norteamericano y simpatías con el presidente Trump. No percibo en ellos un programa, una estrategia política clara, una táctica definida, ni un análisis profundo de la realidad cubana. Algo sí hay que reconocerles: el valor personal de luchar abiertamente por sus derechos. En eso pueden haber motivado a muchos jóvenes condicionados por décadas de unanimismo y obediencia. Para mí, esa es la mayor novedad.

  1. En lo relacionado con el debate y la organización política en Cuba hoy: ¿cómo ven el panorama de la izquierda cubana y cuáles son los debates que se plantean?

Julio Antonio Fernández Estrada: Los debates públicos en Cuba son mayormente propiciados, organizados y desarrollados por orientación del Partido, del Estado o del gobierno. Por ejemplo los espacios que el Partido creó antes de algunos de sus Congresos, o los coordinados en diversas ocasiones por la Unión de Jóvenes Comunistas o la Federación Estudiantil Universitaria. Desde la sociedad civil también se han mantenido espacios como los del Último Jueves, que la revista Temas organiza hace años y reúne cada mes a mucho público con paneles donde participan personas de la academia, el funcionariado estatal y organizaciones no gubernamentales. También se puede encontrar un ambiente de debate amparado en la legitimidad de instituciones de investigación como el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas, el Instituto Juan Marinello o el Instituto de Filosofía.

Como sucede en otras partes del mundo, las redes sociales son el espacio de debate más amplio para una parte de la sociedad cubana, la que accede a los datos móviles y a la telefonía celular. La mayoría de la población sigue, sin embargo, fuera de los ambientes de discusión y diálogo y usan los que abre el sistema del Poder Popular, sobre todo a nivel local, en las Asambleas de Rendición de Cuenta de las circunscripciones electorales de los municipios. Estas reuniones, aunque deberían ser decisivas según el diseño democrático cubano, en la práctica se han develado como espacios para la catarsis colectiva sobre los problemas cotidianos de la población y donde el Delegado o Delegada del Poder Popular suele manifestar su incapacidad para resolver problemas concretos.

Las posibilidades de organización política son todavía más reducidas porque ni en la Constitución de la República ni en sus normas de desarrollo figura el derecho a crear organizaciones políticas. Incluso las organizaciones sociales y de masas que fueron fundadas en los primeros años de la Revolución se consideran únicas y no existen canales de creación de organizaciones semejantes para las nuevas generaciones. La organización política se da fuera del amparo de la Ley de Asociaciones, que sería la única disposición jurídica que podría proteger el derecho de asociación.

En cuanto a la izquierda cubana, existen posiciones de conservación y defensa del orden político imperante, así como de las instituciones establecidas por las leyes, que defienden el perfeccionamiento del modelo socialista cubano. Otras posturas y grupos son críticos de la burocratización del poder político cubano y su forma de administración, incapaz de sacar al país de la crisis económica en la que vive hace décadas. También existe una franja reformista de la izquierda cubana, más cercana al liberalismo político pero que defiende principios del estado social de derecho y se ubica más cercano a la socialdemocracia. Todas estas manifestaciones de la izquierda en Cuba se unen en la oposición al bloqueo norteamericano a nuestra isla y en la defensa de la soberanía nacional como puntos de partida para cualquier tipo de análisis de nuestra realidad.

El panorama de la izquierda cubana se ha complejizado desde que el 27 de noviembre de 2020 un grupo de artistas e intelectuales realizó una sentada frente al Ministerio de Cultura, para solicitar una entrevista con el ministro del ramo y así plantear un grupo de preocupaciones y reivindicaciones relacionadas con la libertad de creación, la mantención de espacios artísticos alternativos y la forma en que el gobierno había solucionado una crisis política en el barrio habanero de San Isidro. Estos hechos han abierto un intenso debate entre quienes cuestionan a ambos grupos por su posición crítica al gobierno y aquellos que los defienden como espacios que expresan la diversidad y pluralidad de la sociedad que conformamos.

Sin embargo, es interesante que una plataforma de diálogo que nació el mismo 27 de noviembre, creada por un pequeño de grupo de intelectuales cubanos con el nombre de Articulación Plebeya, con una propuesta claramente de izquierda y contra la injerencia extranjera en el Estado cubano, a favor del pluralismo político y la inclusión de grupos e ideas diversos, ha recibido una andanada de críticas que la acusa de intentar construir “centro” político, por demás estigmatizado en Cuba, donde son más aceptados los extremos ideológicos que las propuestas socialistas a la vez democráticas, republicanas y respetuosas de la diversidad ideológica en la cultura nacional.

  1. ¿Cuáles son las corrientes políticas e intelectuales que ustedes podrían identificar como protagonistas principales de esta polémica sobre la democratización en la Cuba contemporánea?

Ivette García Gonzalez: Tres factores son claves para comprender el contexto en el que este debate tiene lugar: agotamiento del modelo socialista, con fractura del consenso y peligro para el ideal de la Revolución y el Socialismo; la peor crisis económica de las últimas décadas, agravada por la resistencia del poder a las reformas, la pandemia y el endurecimiento del bloqueo; y ampliación del sector crítico, en especial los intelectuales, con mayor capacidad de influencia desde la apertura de internet en 2018.

Todo está ocurriendo de manera convulsa y acelerada, por lo que no podemos hablar todavía de sistemas de ideas ni campos ideopolíticos consolidados o fácilmente distinguibles. En el debate se identifican corrientes de pensamiento con tendencias, paradigmas y posturas políticas diversas. En este breve espacio pueden agruparse como sigue:

– Un sector continuista del modelo socialista de base soviética estalinista, temerosa de las reformas, que acepta algunas modificaciones económicas imprescindibles para rebasar la crisis y mantener el modelo. Identifica la Revolución y el Socialismo con el gobierno y el Partido. Algunos apuestan por la asimilación del modelo chino o vietnamita. Otros aspiran a que los cambios económicos llevarán a los políticos. Y no pocos condicionan la democratización en Cuba al cambio de política de los Estados Unidos, por eso una parte rechaza el debate sobre el tema y otra opta por aplazarlo en aras de la “unidad”. Sus pronunciamientos sobre democracia casi siempre son reactivos, aferrándose a las deficiencias de la liberal frente a los logros cubanos en salud, educación y seguridad ciudadana.

– Hay otro sector en el que podríamos reunir a liberales y socialdemócratas. En el primer caso abogan por la opción capitalista de algunos países de Europa y Estados Unidos, o por el socioliberalismo, también la reforma china es una referencia. Los segundos se inclinan por la variante del capitalismo nórdico europeo, con influencia de la socialdemocracia de izquierda. Defienden el paradigma de amplias libertades individuales y derechos políticos, centrados en lo electoral y la representación. Los radicales ven la falta de democracia como principal problema y causa del resto. Descalifican lo que emana del gobierno, ven a la Revolución como accidente, fracaso, engaño del liderazgo histórico. Edulcoran el período republicano anterior a 1959. Algunos tienen posturas nacionalistas y otros hasta suscriben la política de los Estados Unidos hacia Cuba.

– Al otro sector lo denominó como “socialista crítico de izquierda”, con influencias del marxismo no soviético (trotskismo, anarquismo, guevarismo) y otras opciones políticas derivadas: socialismo democrático participativo, libertario, del siglo veintiuno, etcétera. Parte de las críticas al “socialismo real” y confronta a esa matriz que sigue vigente en Cuba. Reivindica el ideal socialista, el Estado de derecho, la democracia popular y los principios fundadores del pensamiento revolucionario cubano. Sus diferencias giran en torno a las vías para el desarrollo democrático, el papel del Estado, el lugar del Partido Comunista, las formas de propiedad, los derechos y libertades. Asume que lo revolucionario es la crítica, el desmontaje o la reforma profunda del legado del modelo soviético y la creación de un nuevo proyecto de país. Reivindica una vanguardia independentista, antimperialista que sea capaz de construir alianzas. Considera que la Revolución Socialista es un proyecto inalcanzado o torcido, desde que ambos paradigmas fueran secuestrados por la burocracia, arropados por la dependencia a la Unión Soviética.

  1. El intelectual cubano Juan Valdés Paz dice que el poder revolucionario constituye la premisa o condición de posibilidad para cualquier intento de profundización de la democracia en Cuba. Hay otros vectores del pensamiento crítico cubano que proponen reconsiderar la tradición republicana de izquierda, como alternativa a un sistema político conformado según los parámetros del socialismo real. ¿Se trata de un debate cuyo alcance se proyecta más allá de Cuba teniendo en cuenta el protagonismo de China en la escena global?

Julio César Guanche: Dentro de Cuba fueron Juan Valdés Paz y Julio Fernández Bulté quienes presentaron a mi generación el enfoque del republicanismo democrático, a partir de una apropiación desde el marxismo. Otros, como Ana Cairo Ballester, dieron un fondo histórico a nuestras búsquedas al ubicar al republicanismo como la tradición central del patriotismo revolucionario cubano del siglo diecinueve. Esos tres maestros, junto a otros de su generación, releyeron la experiencia de la república cubana neocolonial (1902 a 1958) sin apologías, pero también sin refutaciones a diestra y siniestra. Y nos permitieron así, ya mirando hacia el presente, asociar necesidades políticas de la Revolución con demandas republicanas.

Coincido con que una profundización democrática en Cuba tiene como premisa las bases socialistas defendidas por el poder nacido de 1959. La reconsideración de la tradición republicana de izquierdas encaja con esa premisa, a la vez que discute críticamente contenidos del desempeño de ese poder y algunas de sus apuestas ideológicas. Pero este empeño ha sufrido incomprensiones sobre su pertinencia para Cuba. Es importante delimitar, entonces, lo que no es esta recuperación del republicanismo de izquierdas.

No es una afiliación a versiones liberales del republicanismo, que aplaudan simplemente las nociones de virtud cívica y de manejo institucional, pues se compromete con la estructura material, socioclasista, que necesita la libertad. No es una identificación acrítica con la república cubana neocolonial, pero reconoce la agencia de los sujetos populares de esa etapa, como los negros cubanos masacrados en el 1912, la revolución popular de 1930-1933 y el empuje de los movimientos cívicos, de trabajadores, de estudiantes y de mujeres. No traza diferencias entre república y socialismo: entiende que la revolución de 1959 fue la respuesta al “republicanaje” del que hablaba Fernando Ortiz, esto es, a la colonización capitalista dependiente de la república.

La recuperación del republicanismo de izquierdas es una respuesta a la crisis del marxismo ortodoxo, a la refutación de la democracia y los derechos humanos como si se tratasen de una invención de la burguesía –cuando son, como ha demostrado de modo muy elocuente George Eley, conquistas históricas de las izquierdas. Pretende hacerse cargo con honestidad del daño que el autoritarismo, el caudillismo y el socialismo “desde arriba” han causado a las izquierdas. Es una apuesta decidida por la ciencia, por la politización de la economía y por la valorización de la cultura del pensamiento crítico. Es un cuestionamiento a que las soluciones socialistas pasen por alguna centralidad otorgada al mercado, pero también por algún “estalinismo de mercado”.

La tesis republicana de que la libertad supone ausencia de dominación alcanza el ámbito de lo político tanto como el económico: cuestiona el poder arbitrario proveniente de lo estatal, sea “democrático liberal” o “socialista burocrático”; a la vez que el despotismo presente en ámbitos “privados”, como los mediados por las relaciones capitalistas de producción, aún si se despliegan bajo modelos socialistas.

Metas tan exigentes requieren del núcleo más poderoso de la tradición histórica socialista: su pulsión igualitaria y su compromiso con la justicia. A la vez, requieren del núcleo más poderoso de la tradición histórica republicana: la noción de la fraternidad, de la reciprocidad en la libertad, la que se atreve a afirmar con Marx que “mi libertad comienza donde comienza la libertad de los demás”.

  1. Una de las virtudes del sistema político cubano en relación a lo conocido en otras realidades de América Latina es la efectiva soberanía nacional que detenta. ¿Cómo evalúan las capacidades demostradas por el Estado revolucionario en el manejo de la pandemia?

Mylai Burgos Matamoros: Es conocido que el Estado cubano ha podido contener y mitigar la pandemia en materia de contagios, fallecimientos, y a la vez, propiciar una atención lo más digna posible a las personas enfermas del virus Covid-19. Incluso después de la última ola de contagios producto de la apertura de las fronteras cubanas en noviembre del año 2020, no se ha percibido que el sistema de salud pública cubano haya llegado al límite o se encuentre rebasado, como en muchos países del mundo (al 11 de febrero de 2021 se detectaron 36.595 contagios y 257 fallecidos en total). El éxito de este proceso radica sustancialmente en las políticas públicas dedicadas a la creación de infraestructura para la atención de la salud (prevención con atención primaria, acceso y garantías), formación de personal médico, y desarrollo de industria farmacéutica, biotecnológica y de equipos médicos, que se verifica desde hace sesenta años.

Habría que mencionar, sin embargo, que el sistema de salud pública cubano no ha estado exento de grandes dificultades, afectado por la crisis económica permanente que soporta la isla sobre todo en los últimos treinta años. A pesar de lo anterior, el Estado ha demostrado la capacidad de decidir sus prioridades, poniendo en primer lugar la atención a los enfermos de la pandemia, por encima de cualquier otro problema nacional. Incluso ha llevado servicios de salud a otros países mediante brigadas médicas (53 brigadas en 39 países), las cuales han tenido retribución onerosa, pero han implicado gran ayuda en medio de la crisis de salud global.

Sobre esta gran fortaleza tenemos que mencionar una gran debilidad: durante todo el proceso revolucionario, Cuba no ha podido sostener por sí misma una economía nacional eficaz, sin atravesar largos procesos de crisis. Los mejores momentos económicos de la isla en estos sesenta años han estado sostenidos por economías externas, como los países del socialismo real en la década de los ochenta, y Venezuela a inicios del siglo veintiuno. Excepto en estos períodos, ha primado en la Isla la escasez y la ineficiencia económica. A esto se suma, y con gran responsabilidad, el bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos fomalmente desde 1962.

En este sentido, en medio de la crisis permanente, llueve sobre mojado con la crisis económica global. No ha faltado atención y la pandemia se ha contenido con éxito, además de que Cuba es el único país de América Latina con posibilidad real de tener una vacuna propia (con cuatro candidatos vacunales en proceso de desarrollo ya registrados oficialmente), pero la vida cotidiana en materia de bienes básicos, sobre todo alimentación e insumos médicos para enfermedades crónicas diferentes al virus, se han visto afectados sobremanera en este año con sus respectivas consecuencias sociales. Son debilidades ante la grandeza. La proeza está en manejar con éxito una pandemia global en medio de una grave crisis económica, con el derrotero más ético posible: priorizando la vida de las personas por encima de todo.

  1. ¿Cómo se analiza la nueva etapa abierta con la presidencia Biden? ¿Volverán las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba al punto en que los dejó Obama, antes del huracán Trump, o se prevé otro proceso?

René Fidel González García: Hay que apreciar dos cuestiones que a mí me parecen esenciales para entender el momento actual. La primera describe una voluntad sostenida, terca e invariable en el tiempo –aunque no exenta de desviaciones y retrocesos por cuestiones de pragmátismo político– de las autoridades cubanas y particularmente de Fidel Castro, para obtener un modus vivendi distinto entre Cuba y los Estados Unidos a partir del reconocimiento entre Estados. La segunda es el fracaso de todas las variantes subversivas desarrolladas por los Estados Unidos durante un largo tramo de 62 años, aunque con el pago de un duro peaje para el pueblo cubano en términos de vidas, la deformación de su economía y la posposición y perversión de muchas de sus aspiraciones democráticas, de desarrollo social e individual. Sin ambas cuestiones es imposible explicarse las negociaciones que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas durante ese segmento de tiempo en el coincidió el segundo mandato de Obama y el último de Raúl Castro.

Si esa voluntad por la parte cubana esboza una ruta crucial para un país que experimenta un muy complejo cambio de su régimen político económico y social, contradicciones y demandas de democratización cada vez más importantes, para Biden y su equipo es una oportunidad de desarrollar los objetivos planteados inicialmente por la política puesta en curso por Obama, después de cuatro años de abandono y desmontaje.

Una metáfora de estas posibilidades fue el viaje del ministro cubano Rodrigo Malmierca al Foro de Davos hace dos años para exponer la dirección de ese cambio que ahora mismo en Cuba se desata en lo económico y social. Pero es previsible que para la administración Biden conseguir sus objetivos ya no pase solo por retomar el momento de reconocimiento logrado anteriormente, o por sustanciar los acuerdos bilaterales definidos en aquel entonces, sino que ahora consista en adelantar y fortalecer sobre la marcha un marco de relacionamiento distinto. Que abra las puertas a formas de comercio normales y más significativas, a préstamos y mecanismos de financiamiento internacionales que tributen a aquellos objetivos que se proponen en términos políticos y geopolíticos en relación a Cuba.

Para resumirlo, parafraseando con amargura una famosa frase: las relaciones diplomáticas entre ambos países son la continuidad de la guerra por otros medios.

  1. Todo parece indicar que 2021 será particularmente difícil desde el punto de vista económico para el pueblo cubano y las consecuencias sociales ya se sienten luego de las nuevas medidas de ajuste monetario. ¿Imaginan un año de aumento de la conflictividad? ¿Puede el sistema institucional realmente existente canalizar de manera virtuosa la puja de intereses o se requieren nuevas herramientas para dar cuenta del desafío político que viene?

Amalia Pérez Martín: El ajuste económico ocurre en un contexto de creciente conflictividad entre estado y sociedad civil. Esta última, cada vez más desigual y diversa, posee mayor conciencia de derechos y está más conectada al mundo a través de las TICs. En los últimos años han resonado a propósito del activismo social (en la calle, en redes y ante instituciones estatales) formas de discriminación y violaciones de derechos civiles y políticos. Siguiendo prácticas institucionales heredadas, el patrón de respuesta ha sido de alta discrecionalidad administrativa. Este contexto de incertidumbre jurídica en la relación estado-ciudadanía se conjuga con la reactivación de narrativas oficiales de estigmatización para legitimar acciones represivas y de control punitivo.

Poner en diálogo estas prácticas con la utilización de similares mecanismos de control por parte de estados neoliberales para sofocar protestas o subordinar mujeres y hombres empobrecidos y racializados, acrecienta mi preocupación sobre la incapacidad de la institucionalidad cubana para gestionar el aumento de la conflictividad. Como en otras latitudes, es previsible el rechazo social en Cuba a medidas que afectan la vida cotidiana e implican la regresión de derechos económicos y sociales considerados conquistas revolucionarias en el discurso oficial y en el imaginario social.

Hasta el momento, las protestas contra el aumento de precios y tarifas de productos y servicios públicos, la reducción de subsidios o de asistencia social, y la precarización laboral, han tenido como respuesta inmediata rectificaciones casuísticas. No se han identificado soluciones generales y duraderas al aumento de las desigualdades. Los funcionarios encargados del ajuste parecen olvidar que el estado cubano está obligado, según la constitución vigente, a garantizar el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, bajo los principios de progresividad, igualdad y no discriminación.

Si bien esta propia constitución contradice dichos presupuestos al declarar el carácter superior y único del Partido Comunista, es posible y urgente bajo su vigencia profundizar la soberanía popular. A nivel institucional esto implica emitir leyes y procedimientos pendientes sobre derechos y garantías básicas como la tutela judicial ante la vulneración de derechos por autoridades estatales, el derecho de queja y petición, los derechos de reunión, manifestación y asociación, entre otros. 

Por último, durante 2021 continuarán las crisis asociadas a la Covid-19. En tal sentido, la no declaración formal del estado de emergencia o desastre puede agravar la desprotección ciudadana frente a los efectos negativos del ajuste. En la práctica, se han activado de facto “consejos de defensa” a nivel local que, sin prever canales institucionales de participación ciudadana, también disponen sobre precios. Ante esta situación es imprescindible la reactivación del municipio, los consejos populares y los sindicatos; además de reivindicarse la protesta como forma legítima de expresar demandas populares, desarrollar plataformas inclusivas de articulación ciudadana y avanzar hacia la institucionalización de diálogos y métodos alternativos de solución de conflictos.

  1. Hay un gesto largamente utilizado por los sectores más dogmáticos y conservadores de la izquierda continental, que consiste en acusar a quienes formulan críticas dentro del propio campo progresista y popular de ser cómplices involuntarios o directamente de estar al servicio del imperialismo yanqui. ¿Cómo se puede atravesar esta suerte de policía ideológica para avanzar en debates productivos?

Hiram Hernández Castro: “Roma paga, pero desprecia a los traidores”. La frase refiere a un suceso en la conquista de la península ibérica. Roma ofreció una recompensa por el asesinato del líder del pueblo lusitano. Los historiadores debaten si el cónsul Escipión pagó con menosprecio a los traidores que habían acuchillado a su rebelde adversario o los mandó a ejecutar para desentenderse del pago prometido. Avanzando en la historia —en el contexto de la Guerra Fría— es conocido el episodio del macartismo: un triste pasaje de la historia estadounidense donde, utilizando el discurso de la seguridad nacional, se desencadenó una “cacería de brujas”. Fue un proceso plagado de acusaciones falsas, detenciones e interrogatorios irregulares contra científicos, intelectuales y artistas comunistas o sospechosos de serlo y, por tanto, inculpados de servir a los intereses de la Unión Soviética.

También en la URSS, desde inicios de la década de los treinta, se implementó una campaña de persecución, arrestos y confesiones arrancadas con torturas que colocaban a opositores y críticos —incluyendo socialistas, anarquistas y trotskistas— en campos de concentración o frente a pelotones de fusilamiento. En los “Procesos de Moscú” un grupo de dirigentes bolcheviques, altos mandos militares e intelectuales, fueron acusados de ser financiados por estados enemigos para restaurar el capitalismo. El Gulag fue un instrumento de Stalin y sus acólitos para eliminar a los actores con posibilidades (reales o percibidas) de resistirse o disputarles poder. Nikita Jrushchov —en el XX Congreso del PCUS— reconoció los crímenes de Stalin, pero la desestalinización no significó renunciar a todas las prácticas totalitarias. El discurso de Jrushchov se mantuvo secreto y acusar de colaborador con el enemigo nacional o de clase siguió conservando su rutinaria utilidad política. Estas prácticas ideológico-policiales se reeditaron en la China de Mao Zedong, en el campo socialista del Este y, cruzando el océano, llegaron a través los partidos comunistas y maoístas a nuestro continente.

La idea de que la izquierda se encuentra siempre amenazada por una “quinta columna” hace parte de nuestra tradición. Y si bien su historia es un documento de resistencia y democratización, también contiene sus zonas de barbarie. Un debate sincero debería comenzar por sacar los fantasmas del armario para hacernos responsables de todas las partes de nuestra historia, incluyendo los crímenes (reales o cívicos) cometidos en nombre de purezas ideológicas, pero resultado de concepciones dogmáticas, sectarismos, oportunismos y ambiciones de poder personales o grupales. En consecuencia, la crítica, la autocrítica y el debate al interior de toda organización progresista son ejercicios ineludibles de la democratización interna, sin la cual es imposible articular una propuesta democratizadora hacia el conjunto social.

Ahora bien, para que un debate sea productivo debemos exorcizarnos de informes policíacos, argumentos ad hominem y teorías de la conspiración. Ello involucra aprehender las artes virtuosas, útiles y argumentadas de entablar una confrontación. Cuando, por ejemplo, en la Cuba de hoy se esgrime la expresión original de Marx “batalla de ideas”, no siempre se discuten concepciones, tesis o conceptos. Si un intelectual cubano es rotulado de liberal o socialdemócrata por argüir a favor de la libertad de expresión, la democracia o los derechos políticos, sin que su oponente logre demostrar con argumentos por qué se insertarían esos conceptos en aquellas tradiciones, no estamos en presencia de un debate intelectual sino de un etiquetaje panfletario. Si una confrontación “intelectual” termina siendo el guión de un interrogatorio policial es porque no fue un debate, sino un duelo atravesado por la capacidad de una de las partes de imponer su verdad para inculpar al adversario. Si, suplantando procesos legales y tribunales, los medios de comunicación socializan gacetillas plagadas de inculpaciones como “contrarrevolucionario”, “mercenario” y “agente de la CIA”, no presenciamos una polémica política sino un espectáculo poco edificante, un linchamiento mediático, el irrespeto a la presunción de inocencia y la imposición del reino de la discrecionalidad.

Comencé por Roma porque el imperio actual también paga por acuchillar ideas soberanas. Es público que el gobierno estadounidense destina millones a financiar un cambio de régimen en Cuba. Asimismo, hay fratricidio cuando es un cubano el que colabora con el intento imperial de rendir a su propio pueblo por hambre. Pero, al otro extremo del arco ideológico, también surgen victimarios de la soberanía ciudadana. Hoy los “intelectuales policíacos” avanzan posiciones de poder, van acusando de mercenarismo a todo el que no siga su línea ideológica, siempre coincidente con la gestión gubernamental. De esa forma el pensamiento crítico es lanzado al campo enemigo. Se trasmiten ideas estereotipadas y caricaturescas de los contrincantes. Las personas, sus ideas y los hechos no se valoran en su complejidad y matices, sino en función de lo que representan para su identificación como amigo o enemigo.

En conclusión, un debate es productivo no por la radicalidad de los improperios que se lancen contra el adversario, sino por ir a la raíz de los problemas de la sociedad que le sirve de contexto. Un debate es fructífero si en él se invierte toda la ciencia y las habilidades lingüísticas que se poseen para polemizar con tendencias y corrientes que se sospecha no llevarán al país hacia las mejores soluciones. Un debate es legítimo si se ejerce en condiciones de igualdad, libertad, sin miedos e hipocresías. Por ello asumo que lo que puede obtener la sociedad de los debates no se resuelve en el “dime que te diré” de la ciudad letrada, sino en su utilidad para dar fuerza intelectual al saber social y fuerza social al saber intelectual. Esto es, en definitiva, empoderar las condiciones en que todos los ciudadanos ensanchen su intelectualidad y accedan a debatir, deliberar y codecidir las normas para mejorar sus vidas juntos.

[1] Publicado originalmente en Crisis, versión electrónica revistacrsis.com.ar




12 puntos para comprender el armado del frente anticorreísta en Ecuador




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12 puntos para comprender el armado del frente anticorreísta en Ecuador

Daniel Kersffeld[1]

1) El período “posmorenista” ya comenzó: los realineamientos de fuerzas que se están produciendo frente al eventual regreso de la izquierda al poder vuelven a situar al eje de la política ecuatoriana en torno a una oposición clara entre “correísmo” en el poder y “anticorreísmo” en la oposición.

2) Es en el terreno de la oposición donde todavía no queda claro que sector y qué referentes van a asumir la “cara visible” del frente, teniendo en cuenta el fuerte desgaste de los dirigentes históricos. Lo que sí está claro, es que la oposición, con matices, pretende causar un fuerte debilitamiento a la campaña electoral de Andrés Arauz. Para ello se vale de una estrategia interna y otra externa.

3) La estrategia interna implica una alianza entre los dos contendientes perdedores pero que apuestan a rivalizar con Arauz en la segunda vuelta: Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (CREO-PSC). Se trata del armado de un “frente anticorreísta” que, sin embargo, tiene bases débiles y construidas sobre la desconfianza mutua. Sin pretensiones programáticas, sólo apunta a impugnar el conteo de los votos en base a una sospecha de “trampa” y “fraude” que no ha sido certificada ni siquiera por los observadores internacionales alineados como el gobierno (como los de la OEA).

4) Quien sale más favorecido en esta alianza es Lasso, hasta el momento, el rival de Arauz en la segunda vuelta. Sin capacidad real para arrastrar más votos de la derecha y la centroderecha (apenas se acerca al 20%), sus denuncias lo muestran activo, en campaña y, lo que más aprecian sus votantes, en lucha contra la presunta “corrupción”. Su principal desafío, prácticamente imposible de realizar, consiste en la ampliación de lo que originalmente es su voto de derecha al “anticorreísta”: para ello se vale de la compañía incómoda de Yaku Pérez, quien también busca desplazar a Lasso del segundo lugar para entrar a la segunda vuelta.

5) Pérez vive una situación mucho más compleja con Lasso y arriesga su capital político, así como también el de Pachakutik. Pérez juega con la ambigüedad de ser referente de un partido que se asume como preparado para gobernar pero que todos recuerdan (sobre todo los conservadores) por las protestas de octubre de 2019. De igual modo, pretende conjugar el doble papel de líder político y de referente social, sin decidirse por ninguno de los dos.

6) Yaku Pérez aceptó confiado el papel asignado por Lasso como referente de un voto crítico al correísmo, con evidentes puntos de contacto con la derecha (incluso con vertientes más antipopulares que la expresada por Lasso) pero que se sitúa en un indefinido centro y centroizquierda a partir de su pertenencia al movimiento indígena y de su lucha ambientalista, que le ha valido duros enfrentamientos con Rafael Correa en su pasado y una importante legitimidad para su carrera política.

7) Pérez sabe que Lasso lo necesita para la construcción de la estrategia del anticorreísmo aunque las relaciones entre ambos son cada vez más tensas, ya que finalmente, sólo uno de los dos podrá convertirse en el contendiente de Arauz en segunda vuelta. Con todo, el diálogo entre ellos persistirá hasta las próximas elecciones ya que se necesitan mutuamente y, sobre todo, cada uno necesita el voto del otro para garantizar un eventual triunfo.

8) Pese al éxito electoral de Pachakutik, que tuvo la mejor elección en toda su historia, el partido vive hoy momentos de intenso debate interno en torno a la dirección política que se le pretenda otorgar en los próximos años. El discurso de sus dirigentes de izquierda Leónidas Iza y en menor medida el de Jaime Vargas, identificados con las protestas de 2019, pueden complicar la virtual alianza entre Pachakutik y la derecha expresada en CREO y el Partido Social Cristiano.

9) En suma, la pregunta es si se trata de una simple “alianza táctica” en contra de Correa o si por el contrario apunta a conformar una “alianza estratégica” que, por ejemplo, se visibilizaría en la próxima Asamblea. Hasta el momento la Confederación Indígena (CONAIE), de la que Pachakutik es su brazo político, permanece expectante frente al conteo de votos, más allá de las declaraciones de dirigentes indígenas a título particular y que incluso formaron parte de las listas del correísmo. En todo caso, resta por ver si el conflicto político general amenaza con resquebrajar la disciplina interna de la CONAIE y de Pachakutik.

10) Del resto de partidos políticos llama la atención la postura asumida por la Izquierda Democrática, resucitada después de años de latencia y con un sorprendente cuarto lugar al obtener un 16% en las pasadas elecciones. Su candidato a la presidencia, Xavier Hervas, se apresuró a plantear la entrada al frente anticorreísta, quizás, sin consulta previa con el bloque parlamentario (verdadero eje de la reconstrucción del partido) y mucho menos a las bases. Por más que Hervas rechace a la izquierda, podría haber novedades en cuanto a apoyos para la segunda vuelta a Arauz e incluso desgajamientos en el renacido partido.

11) La confrontación en Ecuador también tiene su vertiente externa y hasta geopolítica, si se piensa en la versión de que el grupo guerrillero ELN, en Colombia, habría contribuido financieramente a la campaña de Arauz. Se trata de una noticia publicada en una revista colombiana que, hasta el momento, y más allá del ruido generado por los organismos de control estatal de Ecuador y Colombia, no tiene ninguna comprobación. Además, y casualmente, se dio a conocer esta versión una semana antes de las elecciones. Sin embargo, ayuda a enturbiar la candidatura de Arauz por la presencia de factores externos vinculados con la violencia política y el narcotráfico, y con el papel jugado en la región por Cuba y por Venezuela. El asunto podría generar reacciones por parte de la OEA y del gobierno de Estados Unidos.

12) El frente anticorreísta que se está conformado en Ecuador a base de denuncias de fraude y financiamiento ilegal tiene entonces tres objetivos en orden de importancia: complicar la campaña de Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral y provocar un acelerado desgaste si es que acceden al gobierno. En el peor de los casos (todo es posible) forzar a una postergación de las elecciones del 11 de abril.

[1] Publicado en el sitio web La Palabra abierta 15/02/2021. Reproducimos con la autorización del autor.




Apuntes sobre las discusiones de las izquierdas en medio del escenario electoral




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Apuntes sobre las discusiones de las izquierdas en medio del escenario electoral

Sofía Lanchimba Velastegui

El momento electoral ecuatoriano es un buen escenario para sacar a colación debates pendientes al interior de las izquierdas. Andrés Arauz, candidato del correísmo pasó a segunda vuelta y es posible que dispute la presidencia al candidato de Pachakutik, Yaku Pérez. Los debates ya empezaron, pero los puntos políticos de demarcación ideológica son demasiado difusos.

Las fronteras políticas marcadas para definirse a sí mismos y al adversario pasan por una gama muy amplia: izquierda progresista vs. izquierda indígena, antineoliberalismo (Arauz) vs. neoliberalismo (Pérez), extractivistas (Arauz) vs. ambientalistas (Pérez), autoritarios (Arauz) vs. dialogantes (Pérez), izquierda populista (Arauz) vs. derecha indígena (Pérez), recuperación del Estado (Arauz) vs. agendas como el ambientalismo o el feminismo (Pérez), progresismo conservador (Arauz) vs. representación autónoma (Pérez),  izquierda racista vs. movimiento indígena. A estos se suma un binarismo reduccionista que sólo ha nublado las posiciones: correísmo/anticorreísmo. Una versión del anticorreísmo se afirmaba a la izquierda del gobierno de Correa, espacio que era compartido con las derechas.

El cruce izquierda-indígena no es un debate nuevo, en Bolivia −con sus propias particularidades− también está latente. En Ecuador mismo, tiene un próximo antecedente en la década de los ochenta cuando la identidad étnica-cultural cobró mayor peso en el marco del giro cultural, mientras el movimiento sindical perdía terreno. Detrás está la reconfiguración de las izquierdas tras la caída del muro de Berlín (1989) y el surgimiento de identidades políticas subalternas como los movimientos indígenas.

Después del 89 y la disolución de la U.R.S.S. (1991), el marxismo perdió terreno como discurso crítico predominante. En esa misma década, las medidas neoliberales comenzaron un proceso de transformación al interior del mundo del trabajo. En este marco, la identidad política basada en la clase también se debilitó. Conceptos como revolución, explotación o lucha de clases fueron expulsados del discurso político. En su lugar se aceptaron: emancipación, desigualdad, diferencia y multiculturalismo. Nuevas identidades subalternas tomaron la posta: feminismo, indígenas, ambientalistas, etc.

En América Latina, los noventa fue la década de la «emergencia indígena», para algunos militantes de izquierda fue el espacio de refugio tras el sisma y la reedición de la esperanza, no todo estaba perdido. Potentes movimientos indígenas se formaron durante esa década. La demanda étnica cobró centralidad por una serie de hechos: nuevas organizaciones indígenas, reuniones y declaraciones de carácter etnicista, acciones de reivindicación, movimientos indígenas y eventos socio-políticos importantes: la marcha desde tierras bajas en Bolivia (1990), el alzamiento del EZLN en México (1994), el levantamiento indígena en Ecuador (1990), el conflicto mapuche en Chile y Argentina desde los noventa.

Ecuador es el único país con un movimiento indígena con una organización a nivel nacional, CONAIE, la organización más representativa. Ni siquiera en Bolivia existe algo similar. Si bien la organización indígena contemporánea puede rastrearse a la década de los treinta con los primeros sindicatos agrarios, los noventa son los años en que logra una articulación nacional y un proceso formación más sólido del sujeto indígena como sujeto político. Desde entonces, uno de sus mayores aciertos ha sido resolver sus diferencias internas sin romper la organización, fenómeno que las izquierdas no han logrado.

No está de más recordar que, el gobierno de Rafael Correa sólo fue posible por las movilizaciones que lo antecedieron. Su logro fue capitalizar el malestar a través del voto y la Asamblea Constituyente (2007-2008).

Con la redefinición del campo político después del acontecimiento de octubre del 2019, regresa el movimiento indígena −con nuevos matices y tendencias−. Si en los treinta o en los setenta era posible la fórmula “indio comunista” o en los noventa lo indígena era la síntesis en la que se conjugaba explotación, racismo y exclusión. En la actualidad hay nuevos matices producto de la misma lucha del movimiento indígena. No significa que el grueso de la población indígena haya dejado de ser pobre y excluida, sigue siendo la parte de la población ecuatoriana mayormente afectada en la estructura de dominación. Sin embargo, lo indígena no es per sé de izquierda. Varias diferenciaciones se han dado al interior del mundo indígena en términos estructurales y también varias prácticas dentro de la política institucional, entonces, también hay una multiplicidad de intereses.

Las elecciones (como mecanismo liberal) reducen las complejidades de la realidad y las tensiones y matices en cada expresión política. La izquierda progresista no fue un socialismo, permitió el crecimiento de grandes grupos económicos y tuvo una base extractivista que lo enfrentó a ecologistas y organizaciones indígenas. No obstante, no puede ocultarse la importante inversión social que realizó y la reducción de la pobreza (al menos los 5 primeros años) que siguen garantizando el voto al correísmo.

El proceso histórico ha cambiado para la izquierda y no puede mantenerse ajena de reivindicaciones y demandas desde el movimiento indígena, el ambientalismo, el feminismo y las diversidades sexo-genéricas. Sin embargo, estas también pueden estar dentro de la agenda de derecha si no se clarifican las limitaciones como lo ha demostrado el multiculturalismo neoliberal, el capitalismo verde o el feminismo liberal del techo de cristal. Hay unos debates que parecen estar latiendo: marxismo vs. autonomismo, política de clase vs. política de la identidad. Al menos en términos teóricos, hay un cierto avance para pensar en la interseccionalidad sobre clase-raza-género y la conexión entre capitalismo y crisis ambiental.

Hay puntos problemáticos. Para enfrentar el extractivismo correísta se construyó una imagen de un Estado autoritario que impedía la autodeterminación territorial, por ejemplo, a través de consultas previas, además, desperdiciaba recursos en burocracias accesorias, lo que a la larga fue preparando un discurso de reducción del Estado. La crisis sanitaria ha demostrado cómo el desmantelamiento de los sistemas de salud cuesta vidas.

En medio de una pandemia conectada con la crisis ambiental y que ha ahondado las desigualdades, ambas debido al régimen de acumulación capitalista, no creo que la izquierda pueda abandonar la bandera histórica por la igualdad, atada a la redistribución y que implicaría impuestos a los grandes capitales y no su eliminación. El racismo de izquierda que desconoce al movimiento indígena como un actor igual con el cual dialogar no ayuda. Menos aquel que desde la mirada colonial, se siente con la autoridad para definir quién es indígena y quién no. Tampoco sirve la romantización de ciertas izquierdas sobre el sujeto indígena.

Por ahora, son sólo unas cuantas preocupaciones en torno a lo que sucede en medio del clima electoral ecuatoriano.




Elecciones ecuatorianas 2021: Habrá segunda vuelta, cada voto contará para definir el segundo lugar




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Elecciones ecuatorianas 2021: Habrá segunda vuelta, cada voto contará para definir el segundo lugar.

Sofía Lanchimba Velasteguí

Este 7 de febrero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador. Las primeras en América Latina en el 2021, en medio de una pandemia. El mapa electoral aún está por definirse en los siguientes días. Apenas tenemos un conteo preliminar que prevé un empate técnico entre el segundo y tercer lugar, el representante de la derecha y el candidato indígena. Cada voto contará en esta definición.

La jornada dejó algunas sorpresas. La más importante, un histórico porcentaje de voto (19,87%)[1] para el partido Pachakutik que contendió con un candidato indígena, Yaku Pérez. El candidato de la derecha con mayor opción de voto, el banquero Guillermo Lasso recibió una votación aún menor que en las elecciones anteriores (19,59%). Andrés Arauz, el candidato del correísmo, pasa a segunda vuelta (32,16%). Ecuador parece seguir las tendencias de la región. Después de los gobiernos de la derecha: Mauricio Macri en Argentina, Jeanine Áñez en Bolivia, Lenin Moreno en Ecuador, las −autodenominadas− izquierdas regresan. Sin embargo, Ecuador tiene sus particularidades.

Desde el 2007 el campo político ecuatoriano ha estado marcado por un binarismo correísmo/anti-correísmo. La crisis de los commodities (2016) y la revuelta popular de octubre de 2019 reconfiguraron los pesos políticos. Rafael Correa dejó el gobierno y el país en 2017, pero su sombra persiste y marca dirección política. Lenin Moreno, su coideario, asumió la presidencia ese año. Un gobierno marcado por una pésima gestión gubernamental, reducción del Estado, contratación de una enorme deuda pública, liberalización del costo de la gasolina (que marca el costo de bienes básicos), implementación de reformas que flexibilizan el régimen laboral y casos de corrupción en medio de la crisis sanitaria. Recordemos que, cuando estalló la pandemia Ecuador se convirtió en el punto cero del horror. En abril del 2019, se viralizaron imágenes de cadáveres en las calles sin que el gobierno diera una respuesta adecuada.

La crisis sanitaria ha profundizado las tendencias que venía viviendo el país durante el gobierno de Lenin Moreno: aumento significativo del desempleo, subempleo y la informalidad. Menos de un tercio de la población económicamente activa (PEA) está en condición de pleno empleo. Los empleos informales constituyen la mayor proporción del total de los empleos (48,6%) frente a los del sector formal (45,9%). Sumada a una significativa reducción del poder adquisitivo. Es decir, mayor pobreza y desigualdad.

En medio de la crisis sanitaria por covid-19, que disminuyó el control en la contratación pública se dieron casos de corrupción en la compra de materiales médicos como mascarillas, pruebas de covid-19 o bolsas para transportar cadáveres.

El 90,85% de la población califica la gestión de Lenin Moreno como mala, según la encuestadora Market. No es el único, la Asamblea Nacional (órgano legislativo) y el poder judicial también tienen una pésima imagen. El 90,60% califica la gestión de la Asamblea Nacional como mala, lo mismo sucede con la justica (82,45%). Los medios de comunicación que marcaron un cerco mediático en la revuelta de octubre y, en medio de la campaña electoral, una práctica servil a los intereses del poder, también, tienen una imagen deplorable. La crisis y el malestar es enorme. El escándalo de políticos vacunándose a sí mismos y a sus familias sin ninguna repercusión, solo alimenta el desprecio por la clase política que no es vista como parte de la solución, sino como parte del problema.

Los resultados, a nivel político, dejaron un escenario volátil con 16 candidaturas presidenciales, el mayor número en la historia del Ecuador. A pesar de la gravedad de la crisis que atraviesa el país, las propuestas de los candidatos fueron poco sólidas. Un mes antes de las elecciones comenzaron a despuntar tres figuras, según la mayoría de las encuestadoras: Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez. Se rompía la binariedad y la polarización, sin embargo, el escenario permanecía abierto por un alto porcentaje de indecisión, entre el 30% y 60%, según distintas encuestadoras. 

Guillermo Lasso es el mayor perdedor de la jornada. En su tercera participación en elecciones presidenciales y luego de una multimillonaria campaña, obtuvo un voto menor que en sus anteriores participaciones. En el 2013 obtuvo el 22,68%, en el 2017 obtuvo 28,09% (en primera vuelta). Ahora bordea el 20%. Ni siquiera, la decisión de las derechas de contender en unidad y con un solo candidato, sirvió para atraer el voto. La última vez que el partido socialcristiano, aliado de Lasso, accedió a la presidencia del Ecuador fue con León Febres Cordero (1984-1988). Desde entonces, su líder más visible, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil hizo de esta su bastión de poder, sin embargo, ha sido incapaz de proyectarse a nivel nacional. En estas elecciones, el voto de la costa no tiene como preferido a Lasso ni al socialcristianismo. Su votación más significativa se concentra en Pichincha (25%) y Guayas (25%).

Andrés Arauz entró a la contienda con una ventaja que no ha logrado superar. El voto duro del correísmo está entre un 20 y un 30% del electorado, él recibió, hasta ahora, el 32%. Es decir, el voto se endosa, pero no crece. Este dato será importante tener en cuenta para la segunda vuelta. Según los resultados preliminares, le fue mal en la Sierra en la que gana Pachakutik. Sin embargo, se compensa por el voto recibido en la Costa, por ejemplo, Manabí (52%), Esmeraldas (43%), Los Ríos (46%) y Guayas (42%). Esta última provincia llama la atención, pues su voto históricamente ha estado ligado a la derecha del partido socialcristiano.

La votación recibida por Yaku Pérez es la gran sorpresa de la jornada y es expresión ineludible de la revuelta popular de octubre de 2019, en la que el movimiento indígena fue un actor central. Su voto se concentra mayoritariamente en la Sierra centro-sur y la Amazonía. Su virtual paso a la segunda vuelta podría complicar en gran medida al correísmo. La votación que recibe Pachakutik con un candidato indígena en una elección presidencial es histórica. Muy lejos del que recibió uno de sus dirigentes históricos, Luis Macas, en el 2006, 2,19% y del recibido por Alberto Acosta en el 2014, 3.26 %, cuando Pachakutik formó parte de la Coordinadora Plurinacional de las izquierdas.

El saldo es más que interesante. El arrastre electoral que tiene Pachakutik confirma al movimiento indígena como un actor político en la escena nacional. La trayectoria ha sido larga. Desde su formación contemporánea a partir de levantamientos y movilizaciones en las calles, durante los noventa contra el neoliberalismo. Pasando por la inspiración e influencia en la Constitución del 2008, entre las que destaca la definición del carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano. Hasta la revuelta más importante (por su intensidad y sus dimensiones nacionales) que ha tenido Ecuador en las últimas décadas.

Con una estrecha disputa entre el segundo y tercer lugar, el desenlace nos pone de los nervios. Si Lasso pasa a segunda vuelta será muy difícil que gane. El voto por Arauz y Pérez representan un anhelo de sosiego en medio de la crisis y el hartazgo de las élites responsables de catástrofes como el feriado bancario (1999) y la continuidad de Lenin Moreno. Ambos son figuras poco conocidas en la política ecuatoriana, lo que les permite presentarse a sí mismos como una renovación. Con Lasso como contendor es más posible que gane Arauz. Significaría el regreso de los progresismos, una segunda oleada, moderada y descafeinada. No obstante, carecerá de la bonanza económica que le permitió una importante inversión pública en la década pasada, una mayoría legislativa que le evite la incomodidad de negociar o el apoyo de las organizaciones sociales que ya conocen la política del correísmo. Desde sus inicios ha tenido una mala relación con las organizaciones del campo popular. De hecho, su predominio político se construyó en detrimento de la autonomía de estas.

Si Yaku Pérez pasa a segunda vuelta, el escenario se complejiza. Sería el movimiento indígena el que señale los límites del progresismo. Ahora, este panorama también tiene sus matices. Si bien la candidatura de Yaku Pérez logra recoger la representación de Octubre de 2019 y del movimiento indígena, no expresa el núcleo de su espíritu. Desde hace varios años, la mayor expresión organizativa del movimiento, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), mantiene una compleja relación con Pachakutik. Es erróneo decir que Pachakutik es el brazo político del movimiento indígena cuando, desde su constitución en 1995 fue un espacio más amplio. Los problemas de esa relación fueron evidentes al momento de definir el candidato para estas elecciones. Varios habrían preferido la participación de las bases del movimiento en esta decisión y la presencia de liderazgos más visibles de la revuelta de octubre.

La mejor experiencia de Pachakutik ha sido a nivel territorial, sin embargo, sus alianzas, no siempre alineadas a la izquierda han sido fuente de conflicto. Hay que reconocer que existen varias tendencias al interior del movimiento indígena y que estas no siempre comulgan con la izquierda. Yaku Pérez, impulsado por un profundo anti-correísmo, llamó a votar por el banquero Lasso en las elecciones del 2016 y celebró la salida de Evo Morales del poder en medio de un golpe de Estado. Si bien, Pérez ha enarbolado un discurso en defensa del ambiente, espacio del que proviene, ha manifestado el apoyo a la legalización del aborto (aunque plantea una consulta popular para ello) y dice representar a una izquierda dialogante y no autoritaria, sus propuestas económicas no son muy claras en ese camino (como eliminar el impuesto a la salida de divisas, o exonerar del pago del impuesto a la renta a inversionistas extranjeros).

En resumen, la derecha tradicional está fuera del juego. Si bien el correísmo sigue teniendo protagonismo en la política nacional se ha roto su predominio y ya no será posible su estrategia política de polarización entre “ellos como representación posible de la izquierda, el cambio y la redistribución de la riqueza” y “los otros, las elites económicas y la partidocracia”. La revuelta popular de octubre de 2019, como todo acontecimiento, abre una nueva época en la que otros actores pugnan por redefinir el campo político. Esos actores son múltiples. Después de siglos de exclusión y de intentos por incorporar a la población indígena a través de un proyecto modernizador (en los setenta), pero profundamente desigual que los dejó en situación de miseria, nuevamente el movimiento indígena (con nuevos matices y con distintas tendencias en su interior) disputa un protagonismo, ya no sólo como movimiento social sino como actor en la política institucional.

[1] Resultados obtenidos con el 98,15% de actas procesadas. La actualización de los resultados se puede consultar en la página web https://resultados2021.cne.gob.ec/




La defensa de la revolución es la defensa de la democracia. Entrevista con Julio César Guanche.




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La defensa de la revolución es la defensa de la democracia. Entrevista con Julio César Guanche

Oleg Yanisky[1]

En el trópico el día se apaga rápido y casi no da tiempo para los juegos de imaginación entre las luces y sombras del crepúsculo. Cuando hace unos años pisé por vez primera la tierra cubana, en La Habana ya había oscurecido. Los escasos focos del alumbrado público, entre carteles revolucionarios y flamantes letreros de negocios particulares, me trajeron a la memoria los primeros años de Perestroika, y las dudas, ilusiones y contradicciones que vivimos en la entonces Unión Soviética. 

Aún sabiendo que el sistema cubano resistió varias pruebas de las mismas que llegaron a derrumbar los socialismos europeos, y conociendo varios análisis críticos hechos desde Cuba sobre las causas de la caída de la URSS —creo que muchos más que dentro de la misma ex Unión Soviética, y algunos sin duda bastante más serios— nunca dejé de pensar en los riesgos, tentaciones, trampas y esperanzas que se encuentran, cohabitan y se enfrentan en una Isla que sigue lanzando al mundo infinitas interrogantes y que, siendo un nudo principal de las luchas, sueños y pesadillas de la historia reciente, se niega a ser una caricatura del siglo pasado.

Esta conversación con Julio César Guanche —abogado, historiador y analista cubano— surge después de un acuerdo entre amigos de Rusia, Ucrania y Chile. Desde hace tiempo conversamos de modo informal sobre Cuba con los directores de tres medios de la izquierda independiente —la revista ucraniana Liva (prohibida en su país), la revista rusa Skepsis y la agencia de noticias internacional Pressenza— y decidimos trasmitir nuestras preguntas a alguien de Cuba con quien podríamos coincidir en la inquietud y sobre todo en la sensibilidad.

Agradecemos a Julio César Guanche por esta conversación, porque además de la confianza que nos genera, creemos que es uno de los mejores conocedores de estos temas. Con esta entrevista que por su extensión dividiremos en dos partes, esperamos abrir un espacio de intercambio y reflexión, que será nuestro humilde aporte a la solidaridad con el querido pueblo cubano.

Entendemos que el periodo de mayor desarrollo del proceso cubano estuvo enmarcado por la relación con su principal aliado político, la URSS. Pero también entendemos que siempre existió, por lo menos en la cultura, un grado importante de autonomía respecto al modelo soviético….

La influencia soviética en Cuba no es reducible al realismo socialista. El cine, la literatura, la música de concierto, el ballet, la enseñanza artística, el trabajo de traducción, provenientes de la URSS, fueron aprovechados por la cultura cubana. Sin tomar en cuenta esa positiva influencia, la explicación sobre la cultura cubana de los 1960 pierde calado.

Los cruces y las influencias siempre son procesos complejos. Obras del realismo socialista (La carretera de Volokolamsk, Un hombre de verdad) influyeron en una corriente de narrativa cubana, conocida como “de la violencia” (Jesús Díaz, Norberto Fuentes, Eduardo Heras), que a su vez no respondía al realismo socialista. El debate sobre la arquitectura de la Escuela Nacional de Arte, o polémicas en torno a películas como Una pelea cubana contra los demonios y Un día de noviembre, no se reducen a posturas “a favor o en contra” del realismo socialista, pues intervenían en ellas diversos referentes.

En los 1960, la vanguardia artística cubana, en artes plásticas, música de concierto, teatro, danza, literatura, fotografía, mostró gran capacidad crítica. En una gran parte de los casos, no se expresaba como cuestionamiento frente a la política revolucionaria, sino que partía de ella, siendo a la vez crítica. En contraste con el arte socialista de otras geografías, tuvo respaldo institucional a la vez que contó con espacio para la experimentación y para el diálogo con lo mejor del arte occidental.

Por otra parte, el realismo socialista no existió en Cuba como doctrina estética oficial, en tanto referente obligatorio para todo. Por supuesto, caló e hizo muchísimo daño. Instituciones como el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, la Casa de las Américas, el Ballet Nacional de Cuba o la Casa del Caribe de Santiago de Cuba, fueron baluartes contra el realismo socialista, pero no se puede menospreciar el nivel y la escala que alcanzó y cómo marcó el devenir de la cultura cubana, sus modos de expresión, la vida de los creadores y la formación del público.

¿Y tiene, hoy, el realismo socialista alguna influencia?

Contenidos fuertes de la cultura del realismo socialista existen en el país, visibles en discursos antintelectualistas —afianzados por el estalinismo, pero con fuentes más amplias y previas a él en Cuba—, en la vocación pedagógica que algunos le exigen al arte, en el difícil lugar que tiene la circulación de la crítica propia de los discursos intelectuales, o en la separación marcada que existe entre universidad, educación general, mundo intelectual y circuitos de acceso al público.

Con todo, hace ya mucho tiempo que las expresiones culturales de vanguardia, cuenten con apoyo institucional o carezcan de él, muestran fuerte carga crítica respecto a los problemas de la sociedad cubana y de sus instituciones, y no tienen que ver con los dogmas del realismo socialista.

En ese horizonte, las “recuperaciones” de intelectuales antes marginados, que han tenido lugar desde los años 1990 para acá, se han multiplicado. En contraste, han pasado al olvido, incluso, los intelectuales que produjeron las nociones más sofisticadas del realismo socialista, como Mirta Aguirre.

Intentos de “rehabilitación” de funcionarios comprometidos con la política del realismo socialista, como Luis Pavón Tamayo y Armando Quesada, concitaron una enorme ola de repudio en 2007. Los ideólogos de lo que se llamó “quinquenio gris” —un concepto que califica el peor período de influencia soviética en Cuba (1971-1976)[2] — no dicen nada al presente cubano. Sus continuadores se cuidan de citarlos.

Por otra parte, existen visiones que reducen la cultura a los artistas y literatos, tratan a la “ciudad letrada” como la sede privilegiada de la conciencia crítica sobre la sociedad, o defienden “esencias” de la nacionalidad que deben ser protegidas por los “creadores”. Son visiones simplificadas, con escasa comprensión social de cómo se produce la cultura, y que desconocen cómo parte de los discursos intelectuales cubanos no se conectan con agendas sociales de perentoria importancia, o cómo, en contraste, discursos críticos rehacen las bases de lo que iremos entendiendo por cultura cubana.

¿Se aprecia esa influencia soviética todavía en los debates políticos de las izquierdas en Cuba?

El “marxismo-leninismo” —la fórmula estalinista del marxismo—, hace tiempo es repudiado por muchos. El marxismo crítico; corrientes contemporáneas de pensamiento crítico que se nutren del marxismo pero no se limitan a él; feminismos, antirracismos y ecologismos, el enfoque decolonial, el republicanismo de izquierdas, entre otros, son referentes del debate cubano sobre la democracia dentro de las izquierdas cubanas. La identidad de esas izquierdas no se reduce a su posición respecto al Estado, pues tienen también diferencias entre sí. Por su parte, el Estado cubano no reconoce ni dialoga con buena parte de ellas.

Existen intentos ortodoxos, oficiales o paraoficiales, de descalificar zonas de esas izquierdas, pero nadan contra la corriente: cuentan con pocos y bastos referentes para sostenerse y se ven obligados a una enorme cantidad de peripecias “teóricas”, de las cuales no son ajenas el antiguo recurso, de ascendencia estalinista, de “condenar” como “enemigos”, con vocación de “restaurar el capitalismo”, a un amplio número de actores que siguen tales referentes críticos sobre el socialismo y la democracia.

 ¿Cuál crees que fue la influencia del stalinismo en el liderazgo revolucionario cubano?

Tu pregunta se refiere, entiendo, a personas dentro del liderazgo. Tengo que obviar aquí contextos y discusiones que encuadraron estructuralmente las posiciones de ese liderazgo frente a la URSS, como fueron las discusiones en torno a la Yugoslavia de Tito, el Movimiento de Países No Alineados, el conflicto chino-soviético o la geopolítica de la Guerra Fría. También necesito, por espacio, obviar la discusión teórica sobre qué entender por estalinismo. Por ello, respondo con un foco quizás amplio sobre lo que considero esa presencia e influencia en el liderazgo cubano.

Si tratamos de personas, esta es una descripción de algunas de esas posiciones. Blas Roca lideró por décadas el primer Partido Comunista de Cuba (durante tres décadas llamado Partido Socialista Popular —PSP—) y luego fue un alto dirigente del Partido Comunista de Cuba (actual) y presidió la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

 Antes de 1959, el partido de Roca prodigaba declaraciones a favor del estalinismo. Raúl Roa García, un socialista sin partido antes de 1959, fue muy crítico del “padrecito rojo”. Luego, fue un brillante ministro de Relaciones Exteriores de la Revolución y más tarde vicepresidente de la ANPP, justo al lado de Roca.

Para los 1960, el término “estalinismo” no era muy común en el discurso oficial cubano, pero existía una fuerte discusión entre los “prosoviéticos” y los críticos del “socialismo real”. Con otras palabras, significaba tomar partido frente al legado estalinista. Dentro de altos líderes, o intelectuales representativos del proceso revolucionario, como Carlos Rafael Rodríguez y Juan Marinello, existía un apoyo abierto a la URSS, al tiempo que gran nivel de análisis político e intelectual.

A la vez, otros líderes del proceso, como Armando Hart, Alfredo Guevara o Ricardo Alarcón no se caracterizaron nunca por loar el estalinismo. En algunos casos, fueron incluso críticos públicos, como es el caso señalado de Alfredo Guevara.

Dentro de lo que ha sido la más alta dirección revolucionaria, hay diferencias.

En 1957, Ernesto Che Guevara sostuvo una polémica —muestra de la diversidad ideológica del movimiento insurreccional cubano— con el también revolucionario René Ramos Latour en la que este colocaba al Che “detrás de la cortina de hierro”, esto es, adscrito al mundo de lo que luego sería llamado “socialismo real”.

En los primeros 1960, Che Guevara defendía ante K.S. Karol la necesidad del uso de los manuales soviéticos. Sin embargo, pronto tomaría distancias respecto a la política y la ideología de la URSS. El Che fue de los escasos dirigentes socialistas que en la segunda mitad del siglo XX mencionó juntos a Trotski y a Stalin, para defender la necesidad de estudiarlos a ambos.

La figura de Fidel Castro seguramente requiere más espacio en esta descripción que estás haciendo…

Fidel Castro, antes de 1959, por su militancia, primero, en el Partido del Pueblo Cubano (“Ortodoxo”), que tenía un ala de izquierda, con algunos marxistas, pero que en general era bastante crítico de la URSS; por sus lecturas de amplio espectro; y por sus declaraciones a lo largo de la lucha revolucionaria de los 1950, era un nacionalista democrático. En esa fecha, ello significaba tener compromisos con el socialismo y la democracia, un conjunto que colisionaba con la imaginación política de la URSS.

A lo largo de los 1960, esa postura se especificó en nociones como la de “revolución sin ideología”, “revolución verde como las palmas”, o en consignas del tipo queremos “libertad con pan y pan sin terror”. El apoyo de Fidel Castro a la invasión soviética a Checoslovaquia (1968) estuvo condicionado, no era una rendición acrítica ante la URSS: demandaba a esa potencia defender otros proyectos socialistas en guerra con EEUU, como Vietnam y Cuba, y calificaba esa invasión de ser contraria al derecho internacional.

El “caso Padilla” (1971) puso el concepto “estalinismo” en un primer plano para Cuba[3]. La célebre primera carta de intelectuales extranjeros crítica sobre ese caso se posicionaba en contra de lo que entendían como actos propios del stalinismo en Cuba.

El ingreso de Cuba al CAME y el estrechamiento de las relaciones con la URSS trajo otros contenidos. En lo adelante, Fidel Castro haría celebraciones más abiertas de la experiencia del “socialismo real”, pero no del estalinismo, cosa que, por demás, tampoco ocurría de esa manera en la URSS después de 1956, fuese por la “desestalinización”, o por la pervivencia del “Stalinismo sin Stalin”.

El “Diccionario de pensamientos de Fidel Castro” (2008), no menciona el término stalinismo como parte de su pensamiento. En los últimos años de su vida pública, Fidel Castro le comentó a Ignacio Ramonet (2006): “El fenómeno del estalinismo no se dio aquí; no se conoció nunca en nuestro país un fenómeno de esa naturaleza de abuso de poder, de autoridad, de culto a la personalidad, de estatuas, etcétera.” En una reflexión sobre Lula da Silva, Fidel listó críticamente hechos cometidos por Stalin.

¿Y Raúl Castro? ¿Y el liderazgo actual más joven?

El pensamiento de Raúl Castro ha sido mucho menos estudiado que el de Fidel y el del Che. No tiene como contenido la crítica al stalinismo ni a la URSS. Usualmente, se le reconocen vínculos con el PSP y continua aceptación y apoyo a la política de aquel país. Nikolái Leonov escribió una biografía (2015) sobre su amigo Raúl —lo son desde 1953—, en la que Leonov no cuestiona varios de los supuestos del stalinismo para la relación con América latina en aquella etapa. Brian Latell (2005) ha asegurado que Jruschov creía “que Raúl había sido su hombre en La Habana”, mientras que Hal Klepak (2012) asegura que Raúl “sigue la tradición cubana, más estrechamente basada en el pensamiento de José Martí que en el de Marx, Lenin, o Stalin”.

Las generaciones actuales que vienen sucediendo al “liderazgo histórico” de la Revolución, como el presidente Miguel M. Díaz-Canel Bermúdez, no tienen el stalinismo, ni la reflexión sobre él, dentro de su vocabulario. Un nuevo capítulo en la interpretación de las relaciones históricas de Cuba con la URSS está por reelaborarse, ahora a través del prisma de las relaciones con Rusia. Una metáfora sobre ello puede encontrarse en el apoyo ruso a la reconstrucción de la cúpula del Capitolio Nacional.

¿Cuál sería un balance, mínimo, de las relaciones entre la URSS y Cuba?

Las discusiones sobre cómo tratar la experiencia soviética y el stalinismo son conocidas como hitos del pensamiento marxista cubano tras 1959. Por ejemplo, los debates del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana contra el uso de los manuales soviéticos, o los intercambios de Alfredo Guevara con Blas Roca en torno al realismo socialista, ambos en los 1960.

Otro tipo de pensamiento de aquella fecha, como los enfoques de Lunes de Revolución, y libros como Los Siervos, de Virgilio Piñera, o Fuera del Juego, de Heberto Padilla, eran claramente antiestalinistas. Luego, el stalinismo tuvo influencia en Cuba, pero un balance reconocería también las resistencias frente a él y el peso de la tradición cultural cubana, y de sus hacedores, en tal resistencia.

La relación con la URSS arrojó ventajas importantes: soporte crucial a la economía nacional, contribución decisiva a la construcción del primer Estado de bienestar en América latina (como ha documentado Hans-Jürgen Burchardt) —por el acceso a derechos sociales, infraestructura cultural y de servicios, etc, — y el apuntalamiento, aún con contradicciones— de la política exterior revolucionaria cubana.

También trajo grandes problemas: seguimiento de un criterio de economía dirigida, sin planificación democrática ni control de los trabajadores sobre el proceso productivo, con grandes niveles de ineficiencia y despilfarro de recursos, y la burocratización de los procesos económicos.

Desde el punto de vista político, apuntaló la noción de “Estado de todo el pueblo”, término que no se asumió en Cuba, pero sí su contenido: limitación del control popular y de las posibilidades de contestación de las decisiones estatales, la sinonimia entre Estado y Revolución, la traducción de nociones como la de “enemigo interno” (por ejemplo, por “contrarrevolucionarios”), la desautorización de la crítica y la autoorganización política y la penalización de toda oposición, junto a la celebración del partido único como exclusiva posibilidad del socialismo.

La fórmula “marxismo-leninismo” —así, con guion— salió del texto constitucional en 2019. La Constitución de 1976 la había empleado como ideología de estado, pero también había incorporado rasgos al sistema del “Poder Popular” ajenos a la experiencia soviética. Lo hecho en 2019 con ese concepto de origen estalinista es un buen camino, pero es sintomático de la larga marcha que ha experimentado la cultura del socialismo soviético en Cuba y de los ritmos que han seguido sus refutaciones.

El gobierno cubano suele acusar a la prensa independiente en la isla de ser “mercenaria del imperio”. Más allá de las visiones simplistas y caricaturescas, la existencia de los planes desestabilizadores de Cuba, con grandes financiamientos estadunidenses para la lucha por “la democracia” y “los derechos humanos”, es un hecho. También conocemos los graves problemas que plantea el capitalismo a la democracia y sus grandes capacidades mediáticas para la exportación de sus ideas. Con el proceso de la “perestroika” en la Unión Soviética fuimos víctimas de una gran manipulación que terminó instaurando el capitalismo más salvaje. Si se piensa en mejorar y democratizar el socialismo cubano, ¿cómo evadir esta trampa?

La política oficial de los Estados Unidos maneja un concepto de democracia que naturaliza el capitalismo como su única posibilidad. Sin embargo, la democracia redistribuye poder, mientras el capitalismo lo concentra. Así vistos, son incompatibles.

La incompatibilidad entre democracia y capitalismo ha sido argumentada no solo por marxistas, sino por un amplio campo de enfoques feministas, antirracistas, ecologistas y decoloniales. Estos encuentran en el patriarcado, la jerarquización racial y la expulsión de costos de producción hacia el ambiente, dinámicas estructurales de reproducción del capitalismo, incompatibles con prácticas de reproducción de la vida humana en condiciones de igual libertad para todos. Para esa lógica, el opuesto del capitalismo no sería alguna clase de socialismo “colectivista”, sino la democracia.

Esto es un ejemplo: si las cadenas capitalistas globales de producción de bienes respetasen en todos sus eslabones los derechos políticos, sociales, laborales y ambientales ya reconocidos a nivel internacional, el resultado sería un crack económico de proporciones inimaginables.

Tal “ineficiencia”, generada por el acceso a derechos, encuentra un enemigo en la democracia concebida incluso en términos tan aceptados como “el derecho a tener derechos”. El historial de los gobiernos estadunidenses contra experiencias democráticas en el mundo, y en específico, en América latina (la Guatemala de Arbenz, la Nicaragua del primer sandinismo, o el Chile de Allende) muestran el tipo de democracia que defienden esas intervenciones.

Los fines de los fondos federales estadunidenses “prodemocracia” no mienten cuando dicen defender la democracia, pero defienden un concepto particular de ella. Si se entiende que la democracia es algo más que blindar el modo capitalista de producción, y de regimentar desde él la vida social, se entienden las críticas a los fines de esos fondos.

La aspiración de una república democrática es la autodeterminación de su comunidad de ciudadanos. Es incongruente plantear esa posibilidad como horizonte, a la vez que aceptar interferencias arbitrarias de otro Estado —para el caso cubano, concretamente los Estados Unidos— sobre la comunidad propia de ciudadanos.

Este argumento se extiende al bloqueo estadunidense, opuesto a la demanda cubana de independencia. En mi criterio, se puede escoger entre apoyar el bloqueo y defender la libertad, pero no se puede defender ambas cosas a la vez. La libertad es incompatible, como mínimo, con las interferencias arbitrarias de terceros. La soberanía nacional es incompatible con cualquier política de intervención unilateral de terceros. En ello, la soberanía debe definirse frente a una política externa de perfil imperialista y hacia la política interna: el soberano tiene que serlo por igual hacia afuera y hacia dentro.

Sin embargo, leemos defensas de ese tipo de fondos federales con el argumento de que contribuyen a combatir a su vez la “ilegitimidad del sistema cubano”. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Una cosa es tener un diagnóstico muy severo sobre el sistema cubano y otra es naturalizar cualquier recurso para enfrentársele. Que todos los caminos conduzcan a Roma es una metáfora, no un imperativo de ética política. Esta trata de compromisos con la cultura democrática y republicana.

El compromiso con la soberanía cubana es un compromiso de naturaleza autotélica: algo que se hace por sí mismo, por su propio mérito y su propia necesidad. No depende del perfil del comportamiento de otros. Responde a la virtud política de la autonomía de la persona y a la tesis de que “los seres humanos son fines y no medios”.

En contraste, las políticas de “cambio de régimen” y de bloqueo/embargo toman a seres humanos —aquí, los cubanos—, como medios para sus fines.

En palabras más simples: si su adversario lo hace mal, no lo mejora a usted hacerlo a su vez mal. Para una cultura democrática, la legitimidad de la meta depende de medios legítimos para alcanzarla. Es lo que hizo Martí: defendió una guerra de “métodos republicanos” como anticipación del desarrollo de la futura república cubana. Es un hecho que hacer en Cuba prensa no estatal comporta serios problemas, pero naturalizar su derecho a existir con financiamiento federal estadunidense es una cuestión diferente.

Y por el lado cubano, ¿cuáles son los problemas que observas en este tema?

El sistema político cubano combate la existencia de un enorme y muy diverso espectro de medios no estatales, confunde medios partidistas con “públicos”, controla en muy alto grado la información pública y castiga de varios modos —desde presiones personales hasta reacción y represión policial— expresiones públicas críticas.

La Constitución cubana (2019) regula solo la “libertad de prensa”, sin considerar el derecho a la comunicación ni a la información dentro de un marco de servicio público. El nuevo texto contiene avances respecto a la Constitución de 1976, y sus reformas. El actual artículo 55 regula que los “medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.”

Por ello, autoriza la existencia de medios no fundamentales de comunicación, que podrían ser, por ejemplo, medios comunitarios o cooperativas, e incluso pequeñas y medianas empresas privadas de comunicación. Es lo mismo que ya se permite en el campo de la economía —no menos estratégico que el de la comunicación—, para el cual se regula la propiedad estatal exclusiva sobre los medios fundamentales de producción, y se deja abierto el resto a otras posibilidades.

Sin embargo, nada de ello aparece hoy como posibilidades a desarrollar como parte de la política nacional de comunicación, en su práctica. Lo que se entiende ahora mismo por socialista en esa política pasa por considerar los medios partidistas como los medios legítimos de comunicación pública, y por promover a los no estatales que reproduzcan por entero el perfil de los primeros.

Rechazar el financiamiento federal estadunidense de los programas “prodemocracia” es necesario. A la vez, es necesario rechazar la forma en que se cubre casi todo el espectro cubano de medios no estatales, por parte del discurso oficial, como si fuesen “dependientes de la agenda del Imperio”. Es necesario, por igual, rechazar el silencio existente sobre los impedimentos para desarrollar el periodismo, incluso el de carácter público, en Cuba.

El compromiso con el derecho a la comunicación pasa por el enfoque de seguridad para el país, pero es imposible reducirlo a esa dimensión, sin renunciar a la existencia misma de ese derecho.

Una de las herramientas preferidas para la manipulación de nuestra conciencia en los años de la “perestroika” fue la famosa frase de la escritora británica Evelyn Hall, adjudicada a veces a Voltaire: “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Tras vivir el capitalismo en el espacio pos soviético sabemos que nadie “defenderá hasta la muerte” nuestro derecho de expresar ideas incómodas para el poder. ¿Cómo intentar resolver esa manipulación?

Una visión legítima sobre este punto exigiría crear condiciones materiales a la libertad de expresión (para crear y sostener medios de comunicación), ofrecer garantías al derecho a la comunicación y a los comunicadores, proteger el pluralismo en la comunicación como un bien público y un derecho de los ciudadanos, distinguir medios estatales, partidistas y gubernamentales, avanzar en el carácter verdaderamente público de los que lo sean, impedir los monopolios de la comunicación, sin importar su forma de propiedad, promover códigos deontológicos de la profesión para todas las formas de comunicación, y establecer un marco de funcionamiento que incluya la transparencia, la verificabilidad de la información, la rendición de cuentas hacia los públicos, y las posibilidades legales de financiamiento.

Comprendo que se puede responder a lo que digo de este modo: “puede ser, pero nada de esto existe. Luego, ¿qué hacer aquí y ahora más allá de escribir una lista de deseos?” Y también: “¿Acaso no se han intentado mecanismos legítimos de financiamiento, como crowfundings, que por igual han sido hostigados?”

Ante una situación que no parece tener pronta salida, lo honesto es, primero, reconocer la magnitud del daño que causa ese escenario de carencias a los derechos de expresión e información de la ciudadanía cubana, y, luego, potenciar la imaginación política que explore vías ciudadanas para desarrollar el ejercicio de este derecho.

El hecho es que sin considerar todo lo anterior, reducir toda discusión al “financiamiento enemigo” falsea el análisis de este problema. Queda fuera de ese encuadre, por ejemplo, cómo es posible y necesario usar el presupuesto público cubano, y abrir posibilidades legales de soporte financiero, sean propios, de esquemas de cooperación internacional, de mecanismos ciudadanos de financiamiento, y de suscripciones de lectores, para dar expresión a la diversidad nacional en medios de comunicación propios.

En un contexto de actuación política nada pacífico, como es el cubano, varias de las posibilidades anteriores no resultan “neutrales” por sí mismas, y algunas resultan susceptibles de ser mediatizadas. Pero algo hay que hacer. Se trata de un deber de la República con distribuir el poder de tomar la palabra, y darle impulso específico a la visibilidad de las voces más “débiles” (con menos poder y capacidad de expresión).

El derecho a la expresión y a la información tiene que estar en el centro de un programa político que se tome en serio el socialismo. Si la República pretende que el bien común sea una construcción colectiva de sus ciudadanos, debe establecer reglas de juego, y políticas de atribución de recursos, que eviten que la acumulación del derecho a expresarse de unos desposea al conjunto de los otros.

¿Cuáles son el contexto y los principales desafíos ciudadanos en la Cuba de hoy dentro del complejísimo escenario nacional e internacional que vivimos, que no parece presentarnos prontas soluciones?

Primero, Cuba vive un escenario de varias reformas. Es más visible la reforma económica, pero también existe una dentro de lo político.

La Constitución de 2019 sitúa un camino a la reforma que posee legitimidades y problemas. A favor, cuenta con el debate tras el que fue aprobada —no exento de conflictos—, pero también con normativas muy restrictivas, como el Decreto Ley 370, o ha pospuesto la aparición de otras, como la norma de protección de derechos constitucionales y el nuevo Código de Familia.

La reforma económica también cuenta con un proceso de elaboración que le otorga legitimidad —ha sido largamente planificada y consensuada a través de muchos documentos oficiales—, pero también ha mostrado grandes dilaciones, malas decisiones y muchos problemas para enfrentar temas cruciales como la pobreza y la desigualdad.

Que exista un curso comprobable de reformas en el país dice algo sobre la tesis del “inmovilismo” cubano, pero también arroja un amplio número de incertidumbres y serios cuestionamientos sobre la vida social, familiar y personal en el país.

El “régimen cubano”, desde el punto de vista de su organización institucional, es un sistema político que cuenta con más diversidad que la que se le reconoce de modo habitual. Para empezar, el propio Estado cuenta con un sistema de administración pública, con estructuras de gobierno, con sistemas de gestión empresariales, con aparatos de seguridad y policía, con niveles territoriales, que se expresan en común como el “poder revolucionario”, pero que en los hechos cuentan con diferencias de comportamiento, integración social y culturas profesionales.

Desconocer esas diferencias produce visiones del Estado cubano que son poco perceptivas para comprender cómo funcionan políticas reales, y el rango de consensos y disensos que generan. A ello, se le suma la existencia del PCC —único— colocado por la Constitución “por encima” del Estado y un conjunto de instituciones y organizaciones sociales cubanas.

De ese modo, ver el funcionariado cubano en bloque —sea como conjunto de “revolucionarios sacrificados por el pueblo”, o como “banda de corruptos”— no me parece el mejor camino para comprender lo existente, donde hay de unos y hay de otros.

La sociedad cubana actual es diversa, y no tiene frente a sí, por igual, a un Estado completamente homogéneo. Ello significa algo concreto que debiera ser más tomado en cuenta: las críticas a un tipo de política, y a un tipo de instituciones, no suponen en modo alguno, para varias zonas sociales que se relacionan con ese Estado en varias áreas a la vez, la crisis de la legitimidad estatal.

En ese sentido, tal comportamiento no es muy diferente a lo que sucede en otros sistemas políticos, que construyen “zonas de legitimidad” que soportan el conjunto, más allá de las disonancias que le generan sus campos más críticos de funcionamiento.

A nivel cultural, ¿existen muchos cambios en la sociedad cubana actual respecto a las últimas décadas?

La multiplicidad de referentes valorativos en la sociedad cubana —asociados a militancias tradicionales, como políticas o religiosas— se muestra hoy como un campo pluralizado, abigarrado y contradictorio de demandas asentadas en diversas perspectivas (clase, género, raza, religión, ideología), con muy diversa filiación política.

Todo sistema de creencias e intereses busca canales de expresión. Salvo en campos como el religioso —que cuenta con más posibilidades de actuación— otros intereses políticos, sociales y culturales tienen escasos canales legitimados de circulación, que pueden experimentar como injusticia respecto a la posibilidad de representación.

El escenario cubano actual combina al menos tres ámbitos: la repolitización de lo político, la politización de lo social y la socialización de lo político.

Esos ámbitos pueden traducirse así: 1) hay demandas específicamente políticas que desbordan con mucho el cauce institucional que el sistema político ofrece para su representación, 2) hay temas considerados “sociales” que tienen traducciones en agendas políticas (raza, género, desigualdad, etc), y que cuentan con muy escasos canales propios para su despliegue, 3) existe una pluralidad de caminos y recursos dentro de la sociedad civil cubana para exigir y producir política, imposibles de resolver en el par estado-sociedad civil autodefinida oficialmente como “revolucionaria”.

Existe un hiato entre el discurso oficial, los discursos sociales y los mejores referentes internacionales en torno a la capacidad de representar y procesar demandas sociales. La estrategia de tratar como enemigos a los críticos y acortar en función de ello el espectro de con quien se dialoga, tiene resultados políticos muy limitados, porque produce nuevos enemigos, genera más conflictos y acumula descontento.

¿Qué crees que irá sucediendo tras los hechos del 26 y el 27 de noviembre?

Por diversas razones —personales, por la actuación policial, por diferencias internas, etc— es probable que tanto el Movimiento San Isidro (MSI) como el 27N experimenten cambios.

Esto no significaría el fin de lo que comenzó a expresarse en noviembre. De hecho, es probable que nuevos proyectos ciudadanos que ya existen, o los que vayan surgiendo, delimiten más sus campos de demandas, y se hagan más visibles las diferencias existentes entre los protagonistas del pasado noviembre.

También es probable que ese tipo de emergencias aumenten en número.[4] Ello, por la existencia de un contexto “complejo” que combina la crisis económica, el perfil de la reforma, el escenario de la COVID-19, el acumulado de las sanciones de la administración Trump, el tiempo que tomará reencauzar nuevas relaciones con la presidencia de Biden, y la lista de demandas represadas desde antes y después de noviembre.

La estrategia oficial actual no parece proveer grandes respuestas a las consecuencias políticas que puede producir un escenario como ese.

¿Cómo reaccionan las izquierdas cubanas frente a estos acontecimientos?

En el campo de las izquierdas existen demandas de trazar una línea de demarcación con contenidos del MSI. A la vez, algunas de esas izquierdas defenderán cuestiones que también reclamó ese grupo (como libertades de expresión y creación) y defenderán principios que por universales tienen que ser defendidos por sí mismos.

Se trata de principios asimismo autotélicos, defendibles incluso cuando hubiese culpabilidad demostrada, como ocurre con el derecho a la integridad personal y al debido proceso. Ese hecho forma parte de un compromiso mayor con el Derecho como lenguaje de la justicia y con el principio de dignidad del trato a la persona humana.

¿Cómo crees que necesita tratarse la diferencia y el disentimiento hoy en Cuba?

Me parece que requieren de otro prisma de análisis. Violar el marco constitucional no constituye un derecho. Sin embargo, la existencia de un Estado constituido obliga a plantearse el tema de cómo procesar la diferencia en un marco de derechos y deberes dentro de la relación ciudadanía-Estado.

Tras ser encuadrada en un régimen institucional, que tomó nada menos que veinte años establecer y otros cuarenta desplegar, la Revolución es también, en los hechos, un proceso transcrito en un Estado a cuya letra constitucional está obligado.

Si encarna en un régimen institucional, como es el caso, la Revolución tiene que traducirse en derechos, deberes, políticas, ejercibles y exigibles. Si conserva vivo su impulso, puede relanzarlos políticamente como parte de su proyecto.

Lo que no puede hacer es excusar obligaciones del Estado en nombre de la Revolución, y reclamar la legitimidad de su defensa sin relación de dependencia con los derechos ciudadanos. No es posible hacerlo sin cancelar el orden institucional ni sin atentar contra el catálogo de derechos a los que el Estado y la Revolución se deben.

Bajo esta luz debería analizarse el tipo de respuesta estatal que han recibido actores vinculados a los sucesos de noviembre, y cuál es el espacio que tiene la expresión de la diferencia en Cuba. Esto es, plantearse en serio cómo se procesa el pluralismo y la diferencia, cómo se ejerce la resistencia contra lo que se experimenta como injusto, cuál es el espacio legítimo para disentir, y cuál derecho existe a participar del espacio público.

La política intervencionista estadunidense continúa, ¿cómo entender hoy la reacción frente a ella?

Es real la agresión contra Cuba, su Estado y su sociedad. Negarlo, o minimizarlo, falsea ese problema. Desconocer que las estrategias económicas, sociales y políticas cubanas a partir de 1959 han tenido que diseñarse bajo esa presión, es irreal. Colocar todos los problemas nacionales en el Estado desnaturaliza ese dilema.

La enorme asimetría entre los sistemas estadunidense y cubano genera un gran desbalance de poder y de perspectivas, un enorme desbalance en las consecuencias de las relaciones entre ambos gobiernos para sus respectivas naciones. Los Estados Unidos encajaron la derrota de Girón (1961), y continuaron su camino. Sin embargo, una derrota, no ya en el campo militar sino también político, para Cuba en relación con el gobierno estadunidense tiene consecuencias mucho mayores para la vida de la nación cubana. Luego, la percepción de que “cerrar la puerta” de antemano a todo lo que se pueda convertir en derrota es relevante en varios sentidos.

Ante tal posibilidad, por remota que sea, gruesos sectores sociales cubanos, y no solo su sistema político, se “atrincheran” con sus propias razones ante lo que significaría “perderlo todo”. Por otro lado, la noción de “plaza sitiada” deviene también justificación, que impide reclamos democráticos legítimos. Más allá de usos y percepciones, es un hecho que el gobierno estadunidense despliega políticas de amplio espectro hacia Cuba, con objetivos que combinan escalas, como el “cambio de régimen”, junto a proyectos continuos de desestabilización política y de naturalización de su influencia.

Esos objetivos están inscritos en la naturaleza de su sistema, en sus concepciones políticas, en sus necesidades de control de recursos y sus prioridades geopolíticas. No cambian del todo con el cambio de las administraciones. Lo que aparece como tales “continuidades” favorece el endurecimiento del sistema político cubano y gravita sobre un escenario que así se eterniza bajo el epíteto de “complejo”.

Pero los cambios importan mucho a su vez. La elección de Joe Biden traerá varios cursos deseables para Cuba. Respecto a esa administración, las prioridades cubanas deberían ser reconducir el proceso de normalización de relaciones y el debilitamiento — si no fuese posible ya el levantamiento— del bloqueo, más que producir enemigos internos en masa, tarea que ocupa hoy todo el tiempo a algunos actores nacionales.

La posibilidad de modificar el escenario cubano tiene como sujetos, entonces, no solo a los propios del Estado cubano, sino también a la política estadunidense interesada en ser actor interno en la política cubana. Es un hecho que esta última no ha traído más “democracia” para Cuba a lo largo de sesenta años. No es una consigna afirmar que las necesidades democráticas de los cubanos son asunto de los cubanos.

En ese contexto, ¿cómo entiendes la relación entre revolución y contrarrevolución?

La discusión “revolución vs contrarrevolución” requiere encuadrarse, me parece, dentro de un marco cultural que actualice ambas nociones según los referentes de la sociedad cubana de hoy, y no las asigne mecánicamente a la posición que se mantenga respecto al Estado, pues este no posee el monopolio de los valores revolucionarios.

Por poner un ejemplo: la política pública de investigación que ha producido varios candidatos vacunales contra la COVID-19, es un claro ejemplo de compromiso revolucionario del Estado cubano con el soporte a la ciencia básica, y de preponderancia de la salud y la vida humana por encima de lógicas de mercado. Apoyar esa decisión estatal —incluso todas— no es sinónimo de ser revolucionario, desaprobar y ser crítico de decisiones estatales no es sinónimo de ser contrarrevolucionario. Pensar que solo en el Estado habita lo revolucionario, recuerda lo que Gramsci llamaba, críticamente, “estadolatría”.  La actuación política es un derecho. El soberano es el pueblo, no el Estado.

Tú has escrito sobre el enfoque “amigo-enemigo” como contrario a las necesidades democráticas de la política cubana. ¿Puedes abundar sobre ello?

El problema del “enemigo” seguirá siendo un tema. La cuestión está en impedir que la noción del “enemigo” devenga la lógica de toda construcción política.

No hay soluciones democráticas en la lógica “amigo-enemigo”, que entiende la política como guerra. La guerra es su prisma para entender las nociones de pueblo soberano, la resolución de conflictos, la voluntad y la contención del poder, el espacio del adversario, la ética de la ciudadanía, la estructura de la vida social y las dimensiones constitucionales e institucionales. Es una visión estructuralmente antipluralista.

¿Cuáles serían las soluciones democráticas?

Las soluciones democráticas pasan por la relación ciudadanía-estado. Las soluciones socialistas pasan por la configuración popular que adquiera el poder. Ahí se encuentran ambas. Sus posibilidades no pueden estar demarcadas por el espacio que habilite el “enemigo”, sino por las capacidades que produzca la dinámica entre la ciudadanía, lo popular y el Estado a favor de la igualdad política y la igualdad social para el conjunto nacional.[5]

La defensa de la revolución en Cuba, y del socialismo, tiene que ser la defensa de la democracia. Es un programa ambicioso en el mundo actual, en medio de la beligerancia estadunidense y dentro de un sistema global capitalista controlado a favor de las élites, pero aspirar a menos es ya aceptar demasiadas derrotas.

No es suficiente afirmar que la Revolución existe porque “se ha llegado hasta aquí”. Es imperativo identificar con qué cualidad “se ha llegado hasta aquí”, con qué ganas, con que moralidades, con qué derrotas, con cuáles virtudes, con qué tipo de victorias, con cuál significado para sus actores, sobre qué noción de pueblo se basa, y con qué capacidad se cuenta hoy para relanzar y acoger las demandas de libertad y justicia de la actual sociedad cubana.

[1] Publicada originalmente en On Cuba News, en https://oncubanews.com/cuba/la-defensa-de-la-revolucion-es-la-defensa-de-la-democracia-i/?fbclid=IwAR3GkMffCq3moezEgOgeqSlCrJvu7SxFCHcu2E2LzpKRV43yNO4IXgZSt7w

[2] La expresión “Quinquenio Gris” se refiere a un nefasto grave periodo de censura en la cultura cubana, marcada por una visión dogmática y represiva, que marginó a muchos escritores y artistas de los espacios públicos. En gran medida fue rectificada con la creación del Ministerio de Cultura y la designación de Armando Hart como ministro. Para leer más sobre este concepto, es útil este texto de Ambrosio Fornet. (Nota de Oleg Yasinsky).

[3] El poeta Herberto Padilla fue detenido el 20 de marzo de 1971 después de su recital de poemas críticos en la Unión de Escritores. Estuvo preso 38 días. Salió en libertad renegando bajo presión de sus ideas anteriores. Luego, salió del país. Su encarcelamiento significó el primer gran conflicto del gobierno cubano con conocidos intelectuales de izquierda mundial, simpatizantes a la revolución que salieron en defensa de Padilla. Entre ellos, firmantes de esa primera carta mencionada, Julio Cortázar, Simone de Beavoir, Carlos Fuentes, Jean Paul Sartre, Juan Rulfo y otros. (Nota de Oleg Yasinsky).

[4] Este texto estaba entregado cuando ocurrieron los sucesos del pasado 27 de enero frente al MINCULT. He dado mi opinión sobre la saga de acontecimientos que comenzó en noviembre de 2020. (Nota de Julio César Guanche de 28 de enero de 2021).

[5] Entiendo por igualdad política la libertad política con capacidad de autoorganización, de contestación, de creación y de participación respecto a las decisiones estatales, con poder de decisión de los ciudadanos/trabajadores sobre los procesos que afectan sus vidas; y por igualdad social el despliegue de la justicia social, la lucha por la eliminación de la desigualdad y la pobreza, y no alguna clase de igualitarismo represivo. (Nota de Julio César Guanche).