1

Lula otra vez



Lula otra vez*

Silvina Pachelo

“Un ganador es un luchador que nunca se rinde”

Nelson Mandela

Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ganar al derrotar al ultraderechista Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, luego de una de las elecciones más complejas desde el retorno a la democracia. Con este triunfo regresan la esperanza y la alegría de un pueblo que vivió años de terror y se pone fin al gobierno más derechista de las últimas décadas.

Esta elección demuestra, una vez más, que resistir, permanecer y luchar tiene sentido y que las batallas las pierden quienes las abandonan. “Han intentado enterrarme vivo y estoy aquí para gobernar este país”, dijo Lula en el discurso de celebración. 

Bolsonaro, que aún no reconoció la derrota y sigue guardando silencio, es el primer presidente que no logra la reelección desde que se aprobó la posibilidad de segundo mandato, en 1997. Nuestros pueblos viven cambios profundos. Y Lula, con más de dos millones de votos, regresa así al poder que ocupó entre 2003 y 2010 y que le costó 19 meses en prisión por causas inventadas. 

Luego de sus días en prisión, vuelve con sus premisas de intensificar la democracia, la inclusión y la legitimación de derechos. Brasil eligió “la democracia” en un contexto de máxima violencia y desestabilización social.

Hoy el pueblo tiene la oportunidad de recomponer el tejido social y de volver a ser el Brasil que Lula dejó y que Bolsonaro destruyó. Donde se prioricen la distribución de ingresos, la disminución de la pobreza, la educación al alcance de las clases más postergadas y, sobre todas las cosas, la reconstrucción de una esfera de derechos arrasados por las políticas de aceleración de Jair Bolsonaro. 

Tras el triunfo y el frenesí de un pueblo harto y con miedo, en las calles de Brasil se escucha “a democracia esta de volta“. Luiz Inácio Lula da Silva fue, sin duda, el presidente más importante de la región. Fundador del Partido de los Trabajadores (PT), llega por tercera vez a la presidencia de su país, con el apoyo incondicional de su pueblo, y de los que fueron su oponente, Ciro Gomes (del Partido Democrático Laborista, PDT) y la senadora Simone Tebet (Movimiento Democrático Brasileño, PSDB), quienes englobaban casi la totalidad de los votos que no se habían ido a los máximos líderes. Otro que apoyó la candidatura de Lula es el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), que fue uno de los opositores más fuertes de Lula. 

El jueves pasado, Lula anunció su programa de gobierno: economía e inversión, reforzar las políticas de desarrollo social que incluyan asistencia social e impuesto de renta cero, desarrollo sostenible y transición ecológica, educación, salud, incremento anual del salario mínimo y el cuidado de los recursos naturales. Pero su máxima preocupación es rescatar del hambre a treinta y tres millones de personas y a más de cien millones de la pobreza.

Los bajos fondos de la democracia

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), las comunidades eclesiásticas de base, la CUT (principal central obrera de Brasil) son parte de este campo popular que encuentra en el PT su espacio e instrumento político que los representa. La trayectoria histórica del PT entre 1980 y la actualidad es la prueba viva de los límites de esta estrategia. La primera presidencia de Lula fue el apogeo de una nueva república. El horizonte que marcó la integración política en la región y la consolidación de un país solido. 

En 2014 la cacería contra Lula se convirtió en una masacre judicial y mediática. A falta de pruebas concretas, el juez Moro lo condenó gracias a una dudosa innovación jurídica de su propia invención: el “acto oficial indeterminado”. Durante una conferencia en la Universidad de Harvard, en abril de 2018, el juez explicó que en los casos de corrupción de políticos y grandes empresarios no siempre es posible identificar un acto específico del agente público que caracterice el delito. Moro condenó a Lula a doce años de prisión, acusándolo, sin ninguna prueba, de haber recibido un departamento de tres pisos en Guarujá, una ciudad balnearia de clase media cercana a San Pablo, como soborno por facilitar los contratos entre Petrobras y los de otra gran constructora. La propiedad nunca perteneció a Lula, ni él ni su familia vivieron nunca allí, pero sobre la base de esta condena (que cuatro años después sería anulada por el Supremo Tribunal Federal), Moro ordenó la reclusión del ex presidente.

Lula da Silva fue detenido el 7 de abril de 2018, seis meses antes de las elecciones presidenciales, cuando era el favorito en todas las encuestas. El caso de Lula se encuadra claramente en un caso de lawfare, como siguen viviendo muchos líderes políticos de la región, como es el caso de Cristina Fernandez de Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales entre otros. Lula quedo recluido en una celda individual de 15 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal, en Curitiba, durante 580 días. Se trató claramente de una maniobra política para inhabilitar su candidatura, lo que acabó abriendo el camino para la elección de Bolsonaro.

Alianzas para volver

Los resultados del domingo reafirman, que el PT sigue representando la fuerza más destacada de la izquierda brasileña y sigue siendo el partido más vinculado a los movimientos sociales y a los sindicatos. Esta fuerza se impuso contra los valores ultraconservadores del exmilitar Jair Bolsonaro, que para garantizar su reelección invocaba a las armas . Tristemente en estos años, la violencia en Brasil recrudeció y los números alarman a los Organismos de Derechos Humanos en la región. Brasil ocupa el quinto lugar en la tasa de homicidios de mujeres en la lista de 83 países. Entre 2003 y 2013, el número de asesinatos aumentó 21por ciento y se acrecentó en los últimos años. Son 13 mujeres muertas diariamente. Si hiciéramos el recorte de las mujeres negras, los datos son todavía más alarmantes. El feminicidio se concentra en la juventud de 18 a 30 años. En Río de Janeiro, por ejemplo, el Dosier Mujer, organizado a partir de los registros de las comisarías, demuestran que la violencia sexual genera el mayor número de hechos. El estudio revela que la violencia también se da por medio de amenazas y lesión corporal y los probables agresores son compañeros o personas del entorno familiar. Las Favelas son un punto de inflexión donde recae la mirada estigmatizadora de las clases medias y oligárquicas. Hay que recordar a la activista, socióloga y feminista Marielle Franco, fue asesinada por sicarios en marzo de 2018 en Rio de Janeiro. Uno de los involucrados, es el hijo de Jair Bolsonaro. La concejala denunciaba y había publicado una tesis sobre el punitivismo que fue adquiriendo el Estado brasileño y el accionar de las fuerzas de seguridad sobre la población pobre. Una política que habilitan la suspensión de derechos básicos de la población de la favela y a su vez sostiene y refuerza todos los estigmas que asocia a esta población con la delincuencia. Las estadísticas no bajaron sino que se intensificaron, en el periodo del COVI-19 y la pésima administración de Jair Bolsonaro. Años de bolsonarismo en el poder, dieron lugar a singulares procesos de radicalización y naturalización del crimen organizado y la violencia en la población civil usando armas de manera deliberada En este contexto la violencia no es sino la falta de iniciativas sociales, culturales y laborales. El bloque armado y la violencia latente del neoliberalismo que llega a los índices de cerca de la mitad de los 210 millones de brasileños ganan menos de 200 dólares al mes. Y el diez por ciento más rico de la población del país gana cien veces más. Las seis familias más ricas de Brasil tienen la misma riqueza que 100 millones de sus habitantes más pobres. Por esto y por muchas injusticias más, Lula se hace necesario. Si bien Lula ha prometido volver al crecimiento económico, en un clima muy polarizado. No queda dudas que el gran problema que enfrenta Brasil como otros países de la región es la desigualdad económica, la concentración de capital en manos de muy pocos, y la pobreza extrema. La crisis que deja Jair Bolsonaro, se puede pensar en términos del sociólogo, Luis Barbosa dos Santos, que deja de ser un proceso inconsciente y espontaneo de desborde del resentimiento social para constituir una nueva forma de política, para la cual no faltan cuadros ni aparatos ideológicos. Lo que significaría que a Lula le toca una tarea titánica. Reestablecer el diálogo, la persuasión para recobrar la unión social en torno a los valores fundamentales y recomponer el lazo social, la lucha y la política.

*Publicado por primera vez en Caras y Caretas el 31 de octubre de 2022: https://carasycaretas.org.ar/2022/10/31/lula-otra-vez/




Magnicidio, fallido. Entrevista a Atilio Borón



Magnicidio, fallido. Entrevista a Atilio Borón

Silvina Pachelo

Cristina Fernández de Kirchner hoy es la figura política más importante de la Argentina. Dos veces presidenta de la nación y hoy vicepresidenta, es  víctima de persecuciones, acusaciones y un atentado contra su vida en los últimos días. Esta escalada de violencia contra la vicepresidenta, comenzó hace unos días atrás cuando el fiscal federal Diego Luciani pidió que la  Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos), sea condenada a 12 años de prisión y se la inhabilite de forma perpetua para ocupar cargos públicos, en la causa de corrupción conocida como “Vialidad. Lo que indica la solicitud del fiscal tuvo gran impacto político: es el primer juicio contra la ex presidenta (2007-2015) que llega a la instancia del juicio oral y público, y el primer pedido de pena contra ella. Todo el oficialismo, incluido el Presidente Alberto Fernández, denunció persecución. Los expertos en el tema llegaron a una conclusión: la causa es inconsistente. La vicepresidenta pidió hacer un alegato, se lo prohibieron, y lo hizo a través de las redes. Desde ese momento, la sociedad, las agrupaciones políticas, sociales, y todos los sectores políticos que apoyan a la CFK salieron a repudiar estos hechos en las calles. Lo que genero una convocatoria masiva en la puerta de su casa en el barrio de la Recoleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las calles se poblaron en pos de un esclarecimiento y un fin al hostigamiento que se le viene haciendo no solo a ella y a su familia. El sábado 27 de agosto la casa y las inmediaciones de vivienda de CFK amanecieron rodeadas de vallas y con un arsenal de la Policía de la Ciudad. A cargo del operativo estuvo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en manos de Rodríguez Larreta, fiel opositor al oficialismo. Entre camiones hidráulicos, ambulancias, camiones cargados de policías contrarrestando el apoyo popular y masivo que el pueblo le venía dando en su casa. Lo que Rodríguez Larreta y toda la oposición buscaba eran alejarla del pueblo y lo que lograron fue lo opuesto. Las cosas cambiaron en esos últimos días. Aunque la participación popular seguía dándole apoyo, mermó la convocatoria y la policía se fue amoldando a las circunstancia. El jueves 1 de septiembre un hombre se acercó a la vicepresidenta, mientras saludaba, gesto que nunca dejó de hacer, le apuntó con un arma: apretó el gatillo, pero por alguna razón el disparo no salió y el ataque quedó en intento de asesinato. El Viernes 2 de septiembre las calles de todo el país explotaban de gente movilizada, agrupaciones sociales, sindicatos, todos a las calles a repudiar el intento de magnicidio y como bien dijo ella misma, el intento de feminicidio.

El peronismo, el hecho maldito del país burgués.

El peronismo es el hecho maldito del país burgués, lo definió John William Cooke, el hombre que fue Jefe del Movimiento Peronista ungido por Juan Domingo Perón, en una carta de éste desde Caracas, Venezuela, el 2 de noviembre de 1956. Precisamente John William Cooke, nos afirma:

«El único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real: ése es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares, y por eso la liberación de la Patria y la revolución social son una misma cosa, de la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo».

El Peronismo encabezado por Juan Domingo Peron y Eva Duarte, le otorgó derechos que nunca olvidó y en muchos aspectos son la base que el régimen oligárquico no puede desterrar, ni de la vida cotidiana del pueblo, ni de su memoria. La Oligarquía Argentina se ha planteado una obsesión: disolver al Peronismo. Este odio al peronismo que costó un golpe de estado en 1955 y llevo a Juan Domingo  Perón a estar veinte años en el exilio y a la proscripción del peronismo en el pueblo argentino. Hoy reaparece con el mismo sentimiento de odio sobre el Kirchnerismo.  

Entrevista a Atilio Boron

Silvina Pachelo (SP) ¿Qué relación tiene el lawfare con el caso de cristina?

Atilio Borón (AB):El caso de Cristina es el más resonante para eliminar a una lideresa popular de extraordinaria gravitación. Aclaro de entrada que no es el único caso ni en la historia argentina en latinoamericana. Argentina tiene muchos casos de proscripción política aplicando maliciosamente la legislación. Nunca de una forma tan desvergonzada como la actualidad. El Lawfare aparece en los últimos doce  años. La primera experimentación del Lawfare se hizo en Honduras, en mediante un falso procedimiento judicial e institucional. Pusieron fin al gobierno de Manuel “Mel” Zelaya, en 2009, que se había convertido en un aliado de Hugo Chavez . Luego viene el caso (frustrado) de Rafael Correa en 2010 y en 2012 le aplican el mecanismo de Lawfare a Lugo. En ambos casos Zelaya y Lugo mediante  una articulación intervienen el poder judicial y legislativo que sancionaron algo que venía del poder judicial. Después el proceso a Lula Da Silva y Dilma Rousseff . En el caso de Lula Da Silva, el juez Moro, dijo que no tenía pruebas contra él, pero “estoy convencido de que este hombre robó”. Con lo cual pegas un salto hacia atrás del derecho, retrocediendo hasta la Edad Media donde bastaba que el inquisidor estuviese convencido del delito, o que las mujeres eran brujas, para quemarlas vivas. En Brasil actuaron los poderes mediáticos y fácticos porque el juez Moro se convierte en poco tiempo en Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Lo de Lula fue un caso paradigmático porque el juez mismo dijo no tener pruebas, pero la condena quedó firme. Y ahora está el caso de Cristina Fernández de Kirchner, de acumulación de querellas y demandas. Todo esto habla de una colusión de intereses entre la clase dominante, la oligarquía mediática, (los diarios) Clarín y La Nación y una justicia federal absolutamente corrupta. A Cristina no le pueden probar nada. Y por ese motivo apelan a una figura que surgió en los años de la dictadura militar en argentina, la figura de la “asociación ilícita” ¿verdad? Lo que significa que se la acusa de ser una jefa de una banda que se organiza para delinquir. Es una locura, no tiene ni pies ni cabeza, desde el punto de vista jurídico. El fiscal Luciani hizo un alegato desproporcionado y violando el código de procedimiento penal de la argentina  que impide que los alegatos sean leídos por los fiscales. El juicio es de una nulidad absoluta, como lo son las sanciones que pidió para Cristina de doce  años de cárcel e inhabilitación perpetua y permanente para el ejercicio de cargos públicos. Lo que significa  la proscripción, como hicieron con otros funcionarios, es el caso de Amado Boudou, Ricardo Jaime Julio de Vido y el caso de Milagro Sala. Lo interesante de todos estos casos es que no hay en ningún caso un delito, o asunto comprobable, por eso se enrola en un caso de Lawfare. En el caso de Cristina no hay prueba. El principio fundamental del derecho moderno es la presunción de inocencia. Lo que significa que vos no tenes que demostrar tu inocencia sino que tu acusador tiene que demostrar tu culpabilidad. El Lawfare es una estrategia de injerencia de los EEUU lo que antes lo hacían por vía militar, lo hacen a través de golpes blandos, combinando el terrorismo mediático. Porque hay que dejar claro que primero tenes que tener unas operaciones de prensa a gran escala vehiculizada por los grandes medios de comunicación. Linchan mediáticamente a la persona durante años y luego vienen los jueces y le dan el golpe de gracias.

SP: ¿Crees que exista una relación entre la llegada del embajador de los EEUU, y sus declaraciones que el PRO organicé una formula antes del 2023?

AB: Para entender el Lawfare hay que tener en cuenta que Estados Unidos desde hace más de 20 años viene organizando cursos que ellos llaman “de buenas prácticas” en materia de administración de justicia, periodismo y legislación. Reclutan personal del poder judicial, parlamentarios, periodistas, y los llevan a EEUU y los someten a cursos de buenas prácticas de los cuales surgen jueces como Sergio Moro, Claudio Bonadío. Todos, o casi todos, los que llevan adelante estas prácticas y manejan la administración de la justicia federal en la Argentina tomaron esos cursos. El embajador que fue más activo en esto, fue el de Donald Trump, un tal Edward Prado, de origen mexicano, que cuando llegó en el año 2016 dijo que tenía como misión fundamental ayudar a fortalecer y modernizar el sistema judicial argentino. El embajador actual designado por Biden en una reunión actual, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, habló claramente que estaba muy preocupado por la Argentina y creía que lo importante era la conformación de coaliciones políticas que abarquen al 70 por ciento  de las fuerzas políticas del país. Es sugestivo ya que CFK tiene el 30 por ciento de apoyo en todo el país. Un acto de abierta injerencia, pero como el gobierno del presidente Alberto Fernández es endeble y titubeante, no hubo ninguna persona de alto nivel en el gobierno nacional que saliera a enmendarle la plana a este señor Marc R.Stanley. Esto demuestra los alcances y todo el descaro con que se ejerce el intervencionismo yankee en argentina.

SP: ¿Que te pareció la movilización que se produce con Cristina. Y la disputa que hay hacia adentro de la oposición?

AB: La movilización del sábado a la casa de Cristina, fue el producto de la lenta acumulación de un malestar muy grande de la población. Sobre todo de las capas medias y bajas, pero también de los sectores populares. Lo que realmente hizo salir al pueblo es la idea de proscribir a Cristina. Que es sin dudas la mayor referente política de la Argentina. Es la única política que tiene medio millón de personas que respondan a su convocatoria. La protesta, la crisis económica, que se produce con una peculiaridad de crecimiento económico, que es importante pero es un crecimiento con reconcentración de ingresos y bajos salarios. O sea una anomalía en la historia económica, porque en general el crecimiento económico siempre se vio acompañado de una redistribución de la riqueza. Estamos sufriendo mucha inflación, una inflación insostenible, lo que genera mucho malestar con el gobierno. Entonces lo del juez Luciani y lo de Horacio Larreta al poner vallas y reprimir, hizo potenciar el enojo. Esto puede terminar dando origen a un proceso de re politización, en una sociedad que estaba anestesiada. La gente parecía dejarse ganar por la anti política, el descreimiento, donde este ha sido un gobierno que hizo todo para desmovilizar. También las fuerzas que apoyan al gobierno son cómplices, y hay que hilar fino, porque por ejemplo hasta el intento de magnicidio, estaba todo quieto. El PJ no movilizaba, La Campora no movilizaba, la CGT no movilizaba. Quizás ahora comience un nuevo ciclo. Pensa que a mediados de agosto íbamos hacia una inexorable derrota. La respuesta represiva de Horacio Larreta me hizo acordar de la respuesta del régimen militar en el 1945 cuando impidieron una marcha a la ciudad de Buenos Aires programada para el 18 de octubre de 1945. Esa marcha se anticipó un día, y levantaron los puentes para que la gente no pasara pero igual lo hizo. Sobre todo el sur, que está separada de Buenos Aires por el Riachuelo, la gente pasó igual. Las vallas despertaron en el inconsciente colectivo esta respuesta rebelde y transgresora. Se tiene que mantener ese tono de militancia.

SP: Sobre el magnicidio de cristina.

AB: El atentado e intento de magnicidio en contra de CFK que afortunadamente fracasó a último momento, porque aparentemente el asesino era torpe, o el arma tenía un problema. El hombre tenía cinco balas en el cargador. De todas maneras es de una enorme gravedad. Al principio se dijo que era un “lobo solitario”, un acontecimiento “aislado” que no había nadie atrás de todo esto… Lo que si hay que aclarar que este hecho está precipitado por un clima de opinión que se había instalado en Argentina desde hace un tiempo hasta acá. Un clima de agresividad, de violencia de odio, insultos desmedidos. Si podemos analizar los personajes más tétricos del periodismo argentino, insultos de una bajeza incalificable, y evidentemente todo eso genera un contexto cultural, valorativo y ético que torna viable y no solo viable, sino aconsejable dar cuenta de una persona que representa sintetiza toda la maldad junta y tiene que ser eliminada. Y que todo este clima de odio es un dato fundamental para abrir la posibilidad, de que alguien decida poner fin a todo esto. Eliminando quien aparece como chivo expiatorio o con la versión freudiana, de aquel que al ser eliminado, elimina todos los males de la tierra. Y esto es un poco lo que paso. Entonces hay responsables que se ocuparon de hacer este trabajo de inculcar odio, y esos responsables vienen de los medios y políticos que son la oposición de Cristina Fernández de K. Basta con revisar los artículos, las intervenciones, periodísticas, la televisión, ver la manera como se maltrata a la vicepresidente. El asesino tenía tatuado el sol negro en su brazo, que es un símbolo nazi, y el resto de la banda defiende esa ideología fascista. No se puede hablar de una conspiración universal, pero si de un plan. Y que ese plan pudo haber sido facilitado, por una figura del ámbito de la oposición, o estimulado para llevar adelante el magnicidio. En nuestro país la sola presencia de Cristina se ha convertido en algo intolerable. Este atentado pone al descubierto una trama siniestra que opera en la Argentina y nos alerta a reconocer y actuar en consecuencia. Adoptando una legislación que sancione de una manera clara los mensajes de odio, como en Alemania, vas a la cárcel u a un juicio. En defensa del Estado y de las instituciones democráticas. Acá no hay nada parecido o si lo tenemos esa legislación no se aplica.




“No queremos un gobierno neofascista”. Entrevista con Frei Betto



“No queremos un gobierno neofascista”. Entrevista con Frei Betto*

 Luis Martínez Andrade

Carlos Alberto Libânio Christo, más conocido como Frei Betto (1944) es un fraile dominico brasileño. Férreo opositor al régimen militar, Frei Betto colaboró con la organización guerrillera ALN (Acción Libertadora Nacional), lo que le costó cuatro años de prisión (1969-1973). Durante la década de los ochenta ejerció como asesor de algunos gobiernos sobre las relaciones Iglesia-Estado y visitó países como Cuba, Checoslovaquia, China, Nicaragua y Polonia. En Brasil ha desarrollado su actividad pastoral entre las Comunidades Eclesiales de Base, principalmente, en los barrios populares de São Paulo. Obtuvo en dos ocasiones (1982 y 2005) el Premio Jabuti y es autor de más de 50 obras de diversos géneros literarios y temas religiosos. Entre sus libros más importantes traducidos al castellano se encuentran: Entre todos los hombres (Caminos, 1998); La obra del artista. Una visión holística del universo (Trotta, 1999); Fidel y la revolución (Ocean Sur, 2007).

Luis Martínez Andrade: ¿Cuál es la importancia histórica de estas elecciones en Brasil?

Frei Betto: Es muy importante porque no queremos un gobierno neofascista, militarizado. Este gobierno destruyó el edificio de protección de políticas sociales construido durante estos últimos cuarenta años. Los gobiernos anteriores crearon medidas sociales pues fue una exigencia de la Constitución de 1998 y el gobierno de Jair Bolsonaro las echó para atrás. Su indiferencia fue evidente con los casi 700 mil muertos por la pandemia de la COVID, en la manera como soslayó la gravedad de la pandemia y su antipática con las víctimas. Además de todo eso, tenemos un aumento en la tasa de desempleo, una terrible inflación, un número cada vez más abrumador de personas que viven en la calle: según la prefectura de São Paulo actualmente hay 42 mil personas. Antes uno veía hombres viviendo en la calle, hoy, uno ve familias. La privatización irresponsable de las empresas nacionales. Tenemos un gobierno bélico: no se reducen los impuestos a los productos de primera necesidad, pero se reducen los impuestos al comercio de armas. Somos testigos de un aumento de las personas que portan armas. Según los datos de la policía federal, actualmente hay aproximadamente 200 mil personas que portan legalmente armas en el país. Estoy hablando de civiles. Pienso que hoy superan las 700 mil. Tenemos un gobierno misógino y homofóbico. Nuestra esperanza es la elección de Lula. Esperamos que él pueda cambiar la situación y a que, de esa manera, Brasil pueda rescatar su precaria democracia. ¿Qué va a pasar las siguientes semanas? No lo sabemos. Seguramente será una guerra muy intensa a través de la publicidad.

Luis Martínez Andrade: Algunos autores hablan que el primer ciclo de los gobiernos progresistas fue suplantado por una fase donde las derechas ganaron terreno. Usted no solo acompañó la constitución de importantes movimientos sociales sino además fue parte del primer gobierno de Lula a través del programa social Fome Zero, pero del que usted presentó su dimisión por considerarlo un programa asistencialista, es decir, por no estar en concordancia con el espíritu de la teología de la liberación. ¿Piensa que los partidos progresistas que en algún momento cambiaron la relación de fuerzas en la región pero que desgraciadamente cayeron presa de la burocratización han aprendido de sus errores?

Frei Betto: Pienso que el principal error de los trece años del gobierno del PT (Partido dos Trabalhadores) fue soslayar la educación política del pueblo. Se hizo la integración por el consumo y no a través del protagonismo político. Craso error. La derecha hace una deseducación política del pueblo todo el día por medio de los medios de comunicación. Otros errores también fueron cometidos, por ejemplo, no haber castigado a los asesinos y criminales de la dictadura militar. No castigamos a los asesinos como en Uruguay, en Argentina o en Chile. Aquí no ocurrió eso. De cierta forma, Bolsonaro y los militares son el resultado de ese error. Es algo absurdamente injustificable desde el punto de vista jurídico que la amnistía haya sido reciproca. Usted no puede otorgar la amnistía a quien no ha sido castigado. En Brasil se otorgó la amnistía sin haber castigado a los militares que cometieron crimenes durante los veintiún años de la dictadura militar. Espero que el PT y Lula reflexionen sobre los errores cometidos. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié que los logros fueron mayores que los errores. Considero los dos mandatos, de Lula y el de Dilma Rousseff, como los mejores de nuestra historia republicana. Fue una verdadera revolución social en Brasil: luz para todos, acceso a la universidad de grupos marginados, el salario mínimo estaba por encima de la inflación, etc. Fue un proceso muy positivo. No me gustaría que los errores eclipsen los avances que se hicieron. Actualmente, como dice Lula, Brasil necesita urgentemente una reforma tributaria. Hay que imponerles a los ricos un impuesto sobre la renta. Los impuestos de consumo son iguales para todos, para los ricos y para los pobres. Eso es un absurdo. De cualquier forma, la salvación de la democracia brasileña depende de la elección de Lula, en eso no tengo dudas.

Luis Martínez Andrade: ¿Cuál es vuestra evaluación sobre el pontificado de Francisco? Es evidente que su pontificado ha mostrado signos de mas apertura que los anteriores, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si’, Francisco hace una dura crítica del productivismo y del consumo de las sociedades contemporáneas que están contribuyendo al colapso ambiental, sin embargo, paradójicamente, en la misma encíclica se sigue condenando el aborto y las identidades no heterosexuales.

Frei Betto: Debo decir que, gracias a Dios, he conocido dos papas progresistas. Uno fue Juan XXIII y el otro es Francisco. Francisco es un hombre totalmente identificado con la Teología de la liberación. Él es el único monarca absoluto de la historia de Occidente y, por tanto, podría utilizar todo su poder para implementar algunas transformaciones radicales en la Iglesia. Pero, afortunadamente, él es un demócrata. A él le gusta hacer cosas sin crear la disidencia, sin provocar una ruptura. Por consiguiente, tiene algunos límites. Cuando consulta a los cardenales y a los obispos, a veces, las cosas se detienen. Actualmente él esta lidiando con una herencia maldita de más de treinta años de pontificados conservadores: Juan Pablo II y Benedicto XVI. La mayoría de los cardenales conservadores fueron elegidos por ese par de papas. Es por ello que el papa Francisco tiene dificultades para poder avanzar en algunos proyectos. Por ejemplo, a él le gustaría que las mujeres pudieran fungir como sacerdotes o que los indígenas casados pudieran también ser ordenados como sacerdotes. De hecho, intentó pasarlo en los sínodos, pero no lo logró. Intentó que se aprobaran los matrimonios homo-afectivos, pero enfrentó muchos obstáculos. De hecho, colocó la siguiente pregunta: ¿las parejas homosexuales que adoptan hijos o hijas, a esos niños se les va a negar el sacramento?

Aquí en nuestra parroquia, por ejemplo, aunque no soy sacerdote, pero tengo derecho de dar el sacramento del bautizo yo ya bauticé al hijo de una pareja de mujeres homo-afectivas. Por tanto, si estoy dando el sacramento al niño, entonces, estoy reconociendo la unión de esa pareja. El papa Francisco está intentando hacer una renovación en la Iglesia de manera pedagógica y democrática.

* Esta entrevista se realizó el 22 de agosto de 2022 en la ciudad de São Paulo.




Un neoliberalismo recargado



Un neoliberalismo recargado

Oscar Ariel Cabezas

En un país que parecía haber salido del oscurantismo de la dictadura, el rechazo confirma que el “deseo de otro Chile” no coincide con la re-articulación de una subjetividad de cambio. En el contexto de la (post)pandemia lxs chilenxs parecen desear otra cosa que la de un cambio constitucional como el propuesto por la Convención Constituyente.  

La Nueva Carta Magna, que en los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría no era más que una idea utópica, se materializó como efecto de la revuelta de octubre del 2019. La revuelta social no solo fue el detonante para la apertura del umbral que indicaba el fin de la dictadura y de su prolongación en la postdictadura condensada en la ilegítima Constitución de 1980. Esta constitución ha sido, hasta el día de hoy, la matriz conceptual del neoliberalismo en Chile. 

La derrota del Apruebo es un retroceso respecto de la posibilidad que los votantes teníamos de cambiar la constitución heredada de la dictadura. Esto no ocurrió y el umbral que había abierto la revuelta terminó por cerrarse. El cierre del umbral producido por el estallido estuvo desde el primer momento activo en la clase política. Mientras la revuelta denunciaba y amenazaba con su destitución a través de la apertura de una Asamblea Constituyente, la clase política elaboró una de las más astutas estrategias del poder: la del espectáculo electoral.  

Si el acontecimiento político más importante que inauguraba la postdictadura había sido el triunfo del NO, el acontecimiento político del siglo XXI fue la revuelta social de octubre de 2019. Pero a diferencia del primero, este acontecimiento no irrumpió en el interior de la forma política de los partidos, sino más bien, contra ellos. Así, la revuelta social ocurre contra las instituciones coaptadas por el poder de una élite acomodada que de izquierda a derecha era percibida como parte del malestar social. Sin embargo, el estallido social no ocurre por fuera del Estado, sino contra el Estado capturado por el negocio de las oligarquías y el acomodo de la clase política.

El vértigo de la coyuntura y la reacción de las élites son de frágil memoria. Se olvidó de manera rápida que la revuelta social fue el punto más temperado del clamor de la dignidad sin condiciones. Por lo mismo, había que contenerla porque con ella no solo peligraba el gobierno de Piñera, sino toda la clase política. El ex Presidente Ricardo Lagos, quien durante su gobierno se dedicó a blanquear la Moneda bombardeada, estaba dispuesto a implementar las mismas políticas de la dictadura para contener a los bárbaros. Estos que, desde una especie de Comuna libertaria, habían, desde la Plaza (Italia) Dignidad, contagiado a toda una nación funcionaron lejos de una idea romántica de destitución del Estado. Por el contrario, la revuelta fue la explosión de una conciencia política de ciudadanía, la aparición de la sociedad civil que, según la propia consigna de la desobediencia, había despertado del letargo.

El letargo no solo era causado por la colusión de los partidos políticos y la “cosa nostra” de la capitalocracia, sino por una subjetividad autonomizada de un inexiste Estado social. El Estado moderno de aspiración a la realización del principio de igualdad social en Chile fue violentamente destruido en 1973. En 1980 la constitución de Pinochet y Jaime Guzmán levantaron los cimientos de la sociedad neoliberal que rige hasta hoy y que se expresa en el mundo de vida cotidiano. El neoliberalismo, tal como lo ha venido sospechando el filósofo Rodrigo Castro, ni empezó en Chile ni terminará en este país. Con la derrotada de la Nueva Carta Magna escrita y redactada por la Convención Constituyente, no se vislumbran posibilidades claras de un apocalipsis neoliberal.

No se trataba de una Constitucional radical y revolucionaria, sino y sobre todo de una Constitución que movilizaba y restituía demandas simbólicas importantes para la población. La plurinacionalidad, la paridad de género, el reconocimiento de los pueblos originarios, que desataron los afectos de superioridad blanca y el sentimiento de la patria reducida a la unidad de un Todo-Uno, no ponía en crisis lo más hondo de las estructuras económicas del país. Cualquiera que desee comparar lo que fue en esta materia la Unidad Popular (1970-73) podrá constatar que las reformas desestabilizaban a la oligarquía y ponían en riesgo los negocios de las transnacionales y los intereses de Estados Unidos. 

La Carta Magna que surgió del proceso de convención constituyente no tiene los radicalismos reformistas que tomaron lugar durante la UP. Y, sin embargo, a través de los medios de comunicación—controlados en Chile en más de un 80% por la derecha y la oligarquía— se desató el racismo republicano del siglo XIX. Negar la condición de Estado Plurinacional para dejar fuera a los indios por ser inferiores y constituir la etnia de los bárbaros. El afecto de los que no somos blancos y pertenecemos a los sectores de las clases subalternas se había condensado en el símbolo canino del Negro Matapacos. Este canino convertido en uno de los estandartes de la revuelta fue neutralizado tanto por los medios como por la falta de agencia discursiva de la Izquierda convencional en iconos no convencionales como los que levantó el estallido. Se impuso la bandera chilena, como demarcación de una chilenidad blanca y clasemediera.

Así, el triunfo del rechazo se logró desde la falta de un gobierno que decidió por un discurso liberal en el que, por un lado, pinta las patrullas de policía con la bandera del orgullo gay, encierra a líderes mapuches y, por otro, descalificaba artistas de las disidencias en nombre de la educación infantil. Pero más allá de las responsabilidades que tenga o no el gobierno de Boric en el abrumador triunfo del rechazo, lo cierto es que el neoliberalismo no termina en Chile. Si el proyecto neoliberal postpandemia está pasando por una fase de reinvención y plasticidad en sus formas de dominación, el triunfo del rechazo ofrecerá un laboratorio experimental para las oligarquías transnacionalizadas y un repunte de la hegemonía neoliberal.

¿Qué es lo que queda en un escenario donde la subjetividad del gasto, la deuda, la falta de salud, de educación gratuita, de pensiones dignas vuelven a ocupar la insuperable zona de las desigualdades sociales? 

Si el devenir minoritario en lo mayoritario del estallido del 2019 había podido desestabilizar a la ciudadanía negada asimismo en la lógica del gasto y el endeudamiento, el triunfo del rechazo asegura un desmoronamiento muy lento de la Constitución de 1980 y, sobre todo, acelera la subsunción del malestar en el consumo y el endeudamiento pre-estallido de 2019. Lo que vendrá en los próximos meses es la cocina del gobierno de turno y con él la legitimidad que en las urnas ha obtenido la derecha y la oligarquía, se esperan escenarios inciertos para todas y todos los que compartimos el deseo de transformar las instituciones y hacer de ellas un instrumento capaz de resolver las crisis que se avisan.

El deseo sigue siendo que las pasiones de un devenir minoritario afecten la subjetividad y los cuerpos de las mayorías que, quizá, producto del encierro pandémico y la asfixia del cambio climático se han replegado. De momento, sin embargo, lo que parece advenir es el neoliberalismo re-cargado y legitimado en las urnas con una brumadora derrota de la Nueva Carta Magna. 




Colombia y México: los albores de otra coyuntura



Colombia y México: los albores de otra coyuntura

CE, Intervención y Coyuntura

Son varios los motivos que hermanan a México y Colombia. El más importante es el geopolítico, pues se rompen las cadenas de la influencia norteamericana en sus eslabones más fuertes. Si México logró sobrellevar por momentos la relación a partir de la afirmación soberana, Colombia se entregó a la influencia norteamericana y jugó un papel triste en las relaciones regionales. Era el equivalente a Israel hace un tiempo: un Estado que boicoteaba cualquier intento soberano e integracionista.

Las cosas cambiaron hacia afuera. México y Colombia están en sintonía. Sin embargo, no es lo único que los hermana. Sirva este texto como un “Colombia para principiantes”. Ahí donde algo parece normal, en el país andino es extraordinario. No referimos al folklorismo de García Márquez, aunque este tenía algo de verdad en su enunciación sobre Macondo, al mostrar que detrás de lo maravilloso habita la contradicción.

Veamos: en Colombia el bipartidismo histórico ha sido liberales y conservadores. En ello hay algo parecido al México decimonónico. AMLO ha vuelto a reactivar esa dicotomía. Al final el liberalismo nacional (colombiano o mexicano) sería una raíz radical de nacimiento de la nación, consecuente en su búsqueda de libertad. En México el liberalismo se disolvió con el advenimiento de la revolución mexicana y continuo su trayecto en el nacionalismo revolucionario. En Colombia siguió actuando, y al no tener un episodio equivalente al evento revolucionario, terminó extendiéndose y adaptándose. El liberalismo colombiano es la raíz de los conflictos armados, pero también del neoliberalismo. Juega un equivalente del nacionalismo revolucionario en donde había fracciones de izquierda (Cárdenas, Jara, Castillo), de centro (Carlos Madrazo, Reyes Heroles en el PRI) y de derecha (Díaz Ordaz, Luis Echeverría en el PRI) o, en el caso más conocido, del peronismo (aunque en este caso parece que Perón mismo pasó por todos los estados políticos en su posicionamiento individual) que va de los grupos de derecha anticomunista a las fracciones ultra izquierdistas de montoneros.

Todo parte, de alguna u otra manera, del liberalismo. Sus fracciones más izquierdistas dieron nacimiento a la auto defensa campesina en la década de 1960. También a fracciones en diálogo con el liberacionismo, como la guerrilla M-19. En el liberalismo colombiano hay izquierdas y derecha, de todos los tipos. Gustavo Petro viene de ahí. Su experiencia armada no lo hace más “izquierdista”. Su liderazgo es más parecido al de AMLO en el sentido de que su raíz es la de la corriente más popular, con un énfasis en la soberanía.

La especificidad de Petro en Colombia radica en que su país tuvo un proceso de democratización social más lento. No existió proyecto de reforma agraria real, lo cual ha dejado al país en manos de señores de la tierra, oligarcas, caciques y también actores armados de derecha. Quizá no haya país que muestre tantas diferencias regionales y ambientales respecto a su participación política. El mapa electoral último lo demostró con claridad. Su propuesta de reforma agraria ahora se basa en saber de quién es la tierra y cómo la tiene: el catastro. No hay una modificación inmediata –que por lo demás se antoja difícil– de los arreglos y equilibrios en el campo colombiano. Enfrentar a tantos actores, que van de campesinos sin tierra, paramilitares desarmados, ex guerrilleros integrados a la producción, disidencias de los grupos desmovilizados, ganaderos anti comunistas, grupos indígenas variados, productores de materias primas para el mercado de la droga, economías criminales, entre muchos otros… no es tarea sencilla. La dispersión del Estado-nación ha sido la forma predominante, claramente dispuesta en la variedad de factores de poder y de acuerdo con la conveniencia norteamericana que es un factor de poder y desestabilización a partir de la DEA.

Ahora bien, Petro es un líder popular importante. Tiene un discurso coherente. La opinión “ilustrada” mexicana que se ha apresurado a colocarlo como más consecuente que las políticas de AMLO, claramente no ha entendido. Petro anunció una reforma fiscal, algo que AMLO en México no ha hecho… pero la reforma fiscal del actual gobierno colombiano no es, con propiedad, tal. Es exactamente la misma que en México: evitar que los grandes evasores sigan perpetuados. Petro y AMLO se parecen en eso, antes que desequilibrar los campos de fuerza políticas con los grandes poderes, apuestan a que el Estado sepa cobrar. De nada sirve grandes proyectos de reforma fiscal sino existe Estado con capacidad de recaudación. Tan sencillo y tan difícil de lograr (aunque en discusión aun, la propuesta tiene efectos negativos como, por ejemplo, quitar impuestos a la exportación de oro en manos de las mineras canadienses y gravar la exportación del petróleo, en manos de una empresa estatal).

Frente al tema energético es claro que Petro tiene un discurso más enfático para salir del capitalismo fósil. El problema es que la realidad se impone y, se quiera o no, la transición hacia abandonar el petróleo, incluye al petróleo. Se trata de una de las grandes entradas de divisas colombiana. Más allá de los buenos deseos, sacar petróleo y carbón no es un acto solo de voluntad política, sino de realidad.

Petro dijo –y eso le valió críticas– de que quería desarrollar el capitalismo. Lo mismo había dicho García Linera. En los hechos, AMLO y Petro son expresiones del reajuste del capitalismo. La crisis capitalista no es que este vaya hacia su fin, sino que se reacomoda, destruyendo unos capitales y enriqueciendo a otros. En ese contexto, el reacomodo capitalista ha permitido el ascenso de figuras nacional-populares, que tienen que lidiar con las rémoras del pasado neoliberal y no se pueden deshacer de ellas. Petro tuvo exabruptos que la tarea de gestionar –en este caso reconstruir– el Estado le hacen colocar los pies en la tierra.

Ahora bien, esto no obsta que el triunfo del binomio Petro-Márquez, es un gran regalo del 2022. Un hecho histórico, en términos simbólicos y geopolíticos. Una apertura a un escenario inédito para la región, al romperse la cadena de influencia norteamericana –bastante maltrecha– en su punto más fuerte. Internamente es crucial. Que un Estado como el colombiano deje de matar y masacrar es un punto de arranque para una nueva correlación de fuerzas. Como lo es que se abandona la política antidrogas que castiga al productor.

Es un nuevo tiempo el presente, porque se ha dado la vuelta a una situación histórica de imposibilidad de gobierno. Eso no es menor.




El gobierno de la periferia; entre el reformismo continuado o el reformismo transgresor



El gobierno de la periferia; entre el reformismo continuado o el reformismo transgresor.

Daniel Barrera

El actual gobierno de Petro-Francia, como diría un analista político colombiano, es un gobierno de única posibilidad; ante sí tiene retos tan enormes como detractores políticos capaces de desestabilizar e imponer serías restricciones al proyecto de democratización profunda al que se va a ver expuesto el régimen. Por tanto, el éxito o el fracaso parcial de este gobierno va a determinar el grado aceptabilidad de la izquierda democrática en el mapa ideológico nacional. En este texto nos encargamos de enumerar alguno de los retos más importantes y urgentes que tiene el gobierno progresista de cara a construir proyecto de nación plebeyo.

Petro ha señalado en varias entrevistas que el cambio está en las reformas, por eso, su gobierno deberá adelantar las reformas estructurales que ha prometido durante la campaña, es decir, los retos acá enunciados están íntimamente vinculados con su capacidad política e institucional para llevar a buen puerto sus ambiciosas reformas.

De ahí, que uno de los principales retos sea la de adelantar un programa antineoliberal. Los anuncios de una posible reforma laboral acarrearán drásticos cambios para el régimen laboral en Colombia; la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en diversas entrevistas ha señalado que la reforma laboral devolverá la dignidad salarial: vuelven las horas extras, los recargos nocturnos y dominicales, formalización del empleo, así mismo, es necesario revisar las cláusulas laborales del TLC. Todas estas medidas buscan revertir las reformas neoliberales de precarización y tercerización laboral que propino el gobierno de Uribe como parte de su política anti-sindical.

Por paradójico que pueda sonar el gobierno, para consolidar una agenda antineoliberal, necesita profundizar las reformas democrático-burguesas, que hasta ahora se encuentran en estado de maduración. En esa dirección apunta el proyecto de ley que busca reconocer a campesinos como sujetos de derechos de especial protección constitucional, lo anterior deberá ir acompañado de una reforma agraria que desincentive el latifundio improductivo y garantice el acceso a la tierra a los campesinos. Por esta razón, sugerimos que Petro no se enfrenta a un régimen semi-feudal como él mismo sugiere[1], sino con el neoliberalismo verdaderamente existente en Colombia, un neoliberalismo que para usar la terminología de Antonio García Nossa, convive y subsiste gracias republica señorial y hacendataria.

De esta manera, el gobierno progresista encuentra en la reforma tributaria su caballo de troya, pues con ella busca recaudar cerca de 50 billones, garantizar un montón de tal magnitud es clave para sostener no sólo la viabilidad fiscal, también para cumplir con los programas sociales que prometió en elecciones. En todo caso, el gobierno ha declarado que, si bien se puede negociar el montón a recaudar, lo que no es negociables es sobre qué capas sociales se va a recostar la tributación y hacía que clases van a ir direccionados los apoyos sociales para aliviar la grave crisis de hambre que vive el país (según el DANE cerca de 20 millones de personas en Colombia no reciben tres comidas al día) y equilibrar la balanza en términos de desigualdad estructural.

Segundo, mucho se ha hablado de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, en especial, por la tensa relación que puede llegar a tener el presidente con las fuerzas armadas, allí reside uno de los retos más complejos del gobierno. Es un reto en un doble sentido: por un lado, frenar cualquier intento de golpe de Estado de las fuerzas militares para con su comandante en jefe, algo que se empieza a vislumbrar en las recientes declaraciones del ex comandante del ejército Eduardo Zapateiro. Por otro lado, y según las afirmaciones de Ministro de Defensa, es necesario cambiar el paradigma de las fuerzas armadas. Se trata de una metamorfosis de la noción de seguridad que ya no se funda sobre la autoridad del uniformado que persigue y encarcela criminales; ahora el nuevo paradigma se edifica sobre el cuidado y la protección, esto es, eliminar la lógica del enemigo interno para anteponer la vida; Colombia potencia mundial de la vida, no es extraño que el gobierno prometa cambiar los indicadores de medidores para condecorar a los mandos militares.

En el fondo es la estrategia por recuperar la legitimidad institucional, pues precisamente, lo que mostró el Paro Nacional del 2021 es que no existía tal vacío estatal, sino que el Estado opera de forma diferencial. Este reto conlleva una transición a una fuerza armada comprometida con la democracia, la paz y los Derechos Humanos.

Avanzar en esa senda según ha evidenciado el gobierno implica entablar diálogos con el ELN y las disidencias, además de cumplir con la implementación del acuerdo de paz, buscar el sometimiento político con las bandas narco-paramilitares, y poner fin a la brutalidad policial (eliminación del ESMAD). Otro elemento clave para comprender la relación entre Petro y las fuerzas armadas, tiene que ver con la serie de casos de corrupción vinculados con el narcotráfico que enlodan a los altos mandos la institución; por tanto, no sólo se encuentran perspectivas de país enfrentadas, también intereses y prebendas particulares en pugna.

El tercero de los desafíos al que se enfrenta el Gobierno popular de Petro-Francia es su apuesta por la Paz Total; se trata de un compromiso político que excede por mucho una negociación con actores armados, es, en cambio, un acuerdo nacional que establece una triple relación entre: democracia, paz y bienestar social, de allí que se diferencie de una paz chiquita o un simple cese al fuego, debido a que compromete una postura mucho más profunda y estructural, pues asume que no puede existir paz sin solucionar la crisis de hambre que vive el país, mucho menos que pueda surgir una verdadera democracia mientras no se garantice la justicia social.

Así, la Paz total, puede entenderse como un reto transversal, porque combina las reformas anti-neoliberales, una política de seguridad progresista y la justicia social, es una reforma democrática que desborda la noción politicista e institucional de la democracia. Desde esta perspectiva, no es descabellado afirmar que la paz total asume cambios profundos al régimen político; la democratización profunda y la paz total son elementos claves para entender la apuesta de este gobierno en términos de sus alcances emancipadores.

El cuarto y último reto al que se ve abocado el gobierno progresista es el de la Justicia Ambiental. Gustavo Petro es sin lugar a dudas el dirigente progresistas más comprometido y más sensible con una agenda ambiental en la región, no obstante, las disputas que va a enfrentar el gobierno son además políticas; detener el asesinato de defensore/as ambientales y encausar el futuro de Ecopetrol sobre energías renovables, por citar algunos ejemplos.

En materia ambiental la dificultad más espinosa a la que se enfrenta el gobierno actual es el de transitar de la política minero-energética extractivista dominante hacia formas alternativas de producción de energías limpias, sustentado en un uso productivo de la tierra y la soberanía alimentaria para descarbonizando régimen de producción. La tarea, en suma, no es otra que diversificar los núcleos productivos del país, apostando por una vocación agrícola. Sin embrago, el gobierno tendrá que asumir las limitaciones propias del progresismo latinoamericano pues debe decidir entre seguir extrayendo recursos minerales y con ello abandonar su agenda ambiental, pero asegurar el musculo económico para financiar sus programas sociales o, por otro lado, inclinarse por su vocación agrícola y perder una fuente importante de financiación.

Ante sí el gobierno afronta el reto de cumplirle a la periferia, aquella periferia territorial pero también a la periferia urbana excluida y marginada de la gran ciudad, de esa forma, el impulso institucional se mueve en un péndulo entre: un reformismo continuado o un reformismo transgresor, el viraje que pueda tomar el gobierno por iniciativa propia o al verse arrastrado por los sectores movilizados determinara o una desestabilización parcial o una modificación sustancial del régimen político, esto es así porque los desafíos a los que se enfrenta Petro y Francia se encuentran íntimamente imbricados y constituyen pieza fundante del nuevo orden social: 1) Crisis de hambre 2) la lucha contra la deforestación 3) la paz 4) la transformación productiva del país la 5) lucha contra la pobreza 6) la seguridad alimentaria 7) la sustitución de cultivos y la lucha contra el narcotráfico.

[1] “De manera franca, aquí les diría lo siguiente, nosotros vamos a desarrollar el capitalismo”. “No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos y la nueva esclavitud”. Gustavo Petro en el Movistar Arena-Bogotá el 19 de junio al celebrar su victoria electoral.




Ecuador, un pueblo sublevado



Ecuador, un pueblo sublevado[1]

Tras semanas de movilizaciones y protestas callejeras en Ecuador, el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso pactó con las comunidades indígenas para poner fin a la violencia. Para ello, deberá cumplir las promesas realizadas, entre otras, bajar el precio del combustible y derogar el decreto que promueve la actividad petrolera.

Silvina Pachelo

No se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, nada”

Ernesto “Che” Guevara

Tras el acuerdo entre delegados del gobierno ecuatoriano y de las comunidades indígenas de poner fin a las protestas, el presidente Guillermo Lasso, ofreció un mensaje a la nación el jueves 30 de junio, asegurando que es el momento de reconstruir el país y recuperar el tiempo perdido. Los activistas aceptaron levantar las movilizaciones luego de que el gobierno se comprometiera a llevar adelante las consignas y los puntos acordados.

Luego de largas jornadas de protestas en las calles y un paro nacional, los y las manifestantes encabezados por un sector importante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) salieron a reclamar por la reducción del precio del combustible, alivio económico, precios justos, derechos laborales, moratoria minera, para romper con la concentración extractivista, exigir el alto a las privatizaciones, entre otras cuestiones relacionadas con los derechos básicos que cualquier gobierno debe garantizar. Las protestas recrudecieron tras el arresto del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a las que se sumaron centrales sindicales, maestros, estudiantes y artistas, entre otros actores sociales. El gobierno neoliberal de Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en varias provincias y movilizó al ejército. Varios organismos internacionales de derechos humanos comenzaron a pedir que se estabilice el país y que se logre llegar a un diálogo. 

Tras las preocupación internacional, las movilizaciones en las calles y ocho muertos, según cifras oficiales, se logró que el jueves pasado el gobierno de Ecuador y la Conaie convocaran a diez mesas técnicas de diálogo, para abordar las principales demandas de los movimientos indígenas, luego del paro general extendido durante tres semanas. Luego de firmar el “Acta por la paz”, que permitió terminar con 18 días consecutivos de movilizaciones, se concretaron los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción del precio de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera. El mandatario prometió colocar como prioridad nacional el campo y la ruralidad para poner fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de cuarenta años. El mensaje duró dos minutos, en los que llamó al país a la unión para “emprender juntos la tarea de transformar la paz” conseguida con los acuerdos alcanzados con las organizaciones indígenas, y transformarla en “bienestar y oportunidades para todos”. Asimismo, el gobierno se comprometió a derogar el estado de excepción, anular el decreto 95 sobre política petrolera y hacer reformas a la orden 151, por lo que promete prohibir las concesiones de nuevas licencias para la explotación minera en reservas naturales, áreas intangibles y arqueológicas, zonas de fuentes hídricas y en territorios indígenas. Al final de su discurso, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las ocho víctimas fatales que dejó el conflicto en los 18 días de manifestaciones: “Siempre los llevaremos en nuestro corazón y en nuestra memoria”, afirmó, y agradeció el papel desarrollado por la Iglesia católica en la conciliación de las partes.

La historia inmediata

Cuando Rafael Correa (2007-2017) fue presidente de Ecuador, miembros de la CIA y la Embajada de los Estados Unidos financiaron a líderes oportunistas de grupos indígenas y ambientalistas para desestabilizar las bases de apoyo que tenía el ex presidente. Estos grupos fueron creciendo tras el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien entre otras traiciones y hechos de corrupción apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, en noviembre de 2019, y prestó armamento de guerra al régimen de facto que encabezó Jeanine Áñez. El ex presidente Moreno invitó a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid) a volver al país, mientras gobernaba, y Washington devolvió el favor al ayudar a pagar el régimen conservador que estaba construyendo. Los contratos de la agencia de repente ascendieron en 2018 a más del 440 por ciento, de 18 a 80 millones de dólares.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.

Moreno había sido recompensado y beneficiado de manera contundente. Favor con favor se paga. El actual presidente, Guillermo Lasso, tuvo un gran apoyo de las oligarquías, los sectores poderosos de las elites y un sector importante del ala conservadora de la Conaie, Pachakutik y las ONG Verdes, que cumplieron un papel fundamental para que el banquero neoliberal fuese elegido en las elecciones de 2021, y que aún siguen siendo colaboradores y reaparecen, como grupos de choque, en los levantamientos de los sectores de izquierda, como sucedió en los últimos días. Los líderes de estas agrupaciones reciben dinero de la CIA y de Usaid y el Fondo Nacional para la Democracia (NED). En su momento declararon abiertamente que apoyaban al actual presidente, omitiendo los casos de corrupción que lo rodean, que incluyen cuentas offshore y propiedades en el estado de Florida entre otras ilícitos. Un dato importante son los cables desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos, publicados en Wikileaks, donde se puede leer cómo Washington ha dividido sistemáticamente a la izquierda ecuatoriana. En 2017, mientras gobernaba Correa, el financiamiento de la Usaid estaba en su punto más bajo. Y en 2018, cambiado de manera radical, el gobierno de Moreno se les volteó a sus electores y se inclinó hacia las oligarquías y Washington. Con esto comenzó la persecución al correísmo y el lawfare contra Rafael Correa.

Resistir la Patria Grande

Los últimos gobiernos progresistas de la región se han caracterizado, sobre todo, por defender la soberanía nacional y la inclusión social, focalizando en un proyecto cultural igualitario donde los y las de abajo puedan tener acceso a sus derechos fundamentales, combatiendo las asimetrías y desventajas que fueron dejando los gobiernos neoliberales, que siempre respondieron al imperialismo y a los intereses de pocos. Hoy la región vive una nueva reorganización y Ecuador no es un caso aislado. Aquí las tensiones son forzadas por el gobierno de Guillermo Lasso, que responde a las recetas del FMI , provocando pobreza, hambre y violencia. Si bien las movilizaciones y el paro nacional paralizaron al país, los manifestantes no iban a aceptar el regateo ni la conciliación a la baja. La prolongada manifestación causó muertes, un alto desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, una reducción significativa en la producción de petróleo e incluso impidió el paso de ambulancias, en medio de los bloqueos de carreteras y vías del país. A lo que los empresarios se vieron perjudicados y no faltaron a poner el grito en el cielo. La exigencias en salud y educación fueron un punto importante en el reclamo, como obligar a los sectores que dominan los productos agropecuarios a fijar los precios. Estos hombres y mujeres, algunos organizados, otros no tanto, sostuvieron hasta último momento la decisión de que si el gobierno no pactaba los puntos que proponían y los cambios sugeridos, no abandonarían las calles. Los últimos meses fueron convulsos en toda la región. Los y las ciudadanas ya no aguantan más gobiernos que no garanticen las necesidades básicas, como alimentos, salud, trabajo, salarios dignos y educación. Por eso mismo son tan importantes las calles y la organización para los pueblos libres. Ecuador, una vez más, deja otra lección de lucha y resistencia.

[1] El presente ensayo fue publicado por la revista Caras y Caretas, el 13 de julio 2022. Reproducimos el texto con permiso de la autora y la revista.  https://carasycaretas.org.ar/2022/07/13/ecuador-un-pueblo-sublevado/




El dilema de los migrantes en tránsito por la selva del Darién



El dilema de los migrantes en tránsito por la selva del Darién: retos para la política migratoria del nuevo gobierno en Colombia

Angela Yesenia Olaya

Research Associate, ALARI, Harvard University

Mail: yesenia-olaya@fas.harvard.edu

La selva del Darién, ubicada en las áreas limítrofes entre Colombia y Panamá, es la puerta de entrada de migrantes asiáticos, caribeños, extracontinentales y sudamericanos hacia la región centroamericana. En esta ruta, los migrantes se movilizan en lanchas rápidas por mar abierto, además de extensas caminatas por la densidad de la selva y ríos hasta llegar a territorio panameño. El orden de movilidad es impuesto principalmente por grupos criminales dedicados al tráfico de personas, armas y drogas, que se traduce en inseguridad, violencia, abuso y en algunos casos la muerte para las personas migrantes.

El incremento de estos flujos migratorios plantea desafíos importantes tanto para los responsables de la migración como para los gobiernos de los países que acogen a los migrantes, ya sea en forma de transito, temporal o permanente, entre ellos el gobierno colombiano. Se resalta la poca importancia que el gobierno del presidente Iván Duque le ha dado a esta grave crisis migratoria y de seguridad, que se desarrolla en territorio colombiano, más allá de la concertación con Panamá y otros países de la región para autorizarles el tránsito.

En el 2021 la marginalidad y el casi total desconocimiento de este fenómeno migratorio quedó al descubierto por la pandemia del Covid-19, los gobiernos de Colombia y Panamá implementaron una serie de medidas para controlar los flujos de migrantes continentales y extracontinentales, entre ellas el plan de paso controlado de migrantes hacia Estados Unidos, que consistió en autorizar el cruce de 500 extranjeros por día en embarcaciones que los lleven desde el puerto colombiano de Necoclí hacia la frontera con Panamá para atravesar la selva del Darién. Situación que desembocó en un represamiento sin precedentes en la región de más de 20,000 migrantes, entre ellos menores de edad y mujeres embarazadas que aguardan un turno de aproximadamente dos meses de espera en sus intentos por cruzar esta zona selvática. En el Darién convergen dinámicas económicas sumamente complejas: narcotráfico y economías extractivas, que lo convierten también en un territorio estratégico para el tráfico de personas. Además, condiciones extremas de la ruta selvática: ríos caudalosos y animales salvajes, como serpientes venenosas que pueden llevar a que las personas pierdan la vida.

Pobladores locales del corregimiento de Acandí (Chocó) han informado a la Armada Nacional haber encontrado cuerpos de adultos, niñas y niños cubanos, haitianos y africanos flotando sobre el mar. Estos migrantes viajaban en lanchas no autorizadas a cargo de coyotes o grupos ilegales que operan en la región. Con frecuencia, las lanchas naufragan y, con ello, la pérdida de vidas humanas. En los cementerios de Necoclí y Acandí se encuentran decenas de bóvedas de migrantes no identificados que fallecieron en su tránsito por el Darién. No obstante, los gobiernos de Colombia y Panamá carecen de cifras oficiales de cuántas personas han fallecido en sus intentos de cruzar la selva ya que muchos cuerpos no son rescatados. Gran parte de los flujos de migración de africanos y haitianos por la frontera colombo-panameña provienen de Brasil; sin embargo, estas personas se han movilizado también por Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Según datos oficiales del gobierno panameño, en el 2021 pasaron por esta frontera 134.000 personas migrantes, de las cuales en su mayoría (62%) fueron haitianas (62%) y, en distinta cantidad, cubanas (14%), de diferentes países de África (3%) y de Venezuela (2%). 

Sin embargo, desde inicio del 2022 se han incrementado el cruce de migrantes provenientes de Venezuela. El departamento de Migración de Panamá informó que 28.079 venezolanos atravesaron el Tapón del Darién entre enero y junio de 2022. Inicialmente muchos migrantes venezolanos huyeron a Colombia y buscaron instalarse principalmente en ciudades fronterizas y centro del país, sin embargo, las fuertes manifestaciones de xenofobia, criminalización, violencia contra ellos y empleos poco ordinarios, los han llevado a tomar la decisión de cruzar el Tapón del Darién en busca de mejores condiciones en otros puntos de la región. Las autoridades también reportan un incremento en la presencia de migrantes colombianos que buscan llegar a los Estados Unidos.

En relación con la migración proveniente de África, los cambios en las dinámicas migratorias de africanos surgen en el momento en el que los gobiernos europeos prohíben la entrada de los migrantes por el mar mediterráneo. A su vez, junto con los bloqueos, las redes transnacionales de los migrantes transmiten y socializan información acerca de rutas a través del hemisferio occidental para llegar a los Estados Unidos. Según lo cuentan ellos mismos, los migrantes recurren a las mafias internacionales dedicadas a la trata de personas, se exponen a daños físicos, violencia sexual y deben pagar miles de dólares para viajar en aviones, barcos, camiones o autobuses hacia el continente americano. Entre los migrantes también circulan narrativas, audios e imágenes sobre los peligros en el Darién, que se acompañan de imágenes como chanclas, ropa, pañales, zapatos, morrales que aparecen en el entre medio de la selva y orillas del mar como testimonio vivo de los tránsitos de miles de  personas que cruzan diariamente la selva. Dichos objetos, significan, además, un escenario de incertidumbre, crisis, hambre y temor a la muerte donde pareciera que no hay un lugar a donde ir, pero tampoco un lugar de retorno. “Es un viaje en la incertidumbre”, manifestó Jean, un joven proveniente de Camerún, quien ha cruzado 10 países en búsqueda de una tierra de oportunidades.

Según un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones (2020), en las dos últimas décadas en América Latina no solo ha habido un aumento de la migración sino también un incremento en los flujos extracontinentales, principalmente de africanos. Existen importantes corredores migratorios dentro de África y desde este hacia otros continentes, en relación con América Latina, muchos de ellos se relacionan con la proximidad geográfica y con vínculos históricos como el tráfico de africanos esclavizados hacia el continente entre los siglos XVI y XIX, así como la utilización de países latinoamericanos como lugares de tránsito para re-emigrar hacia otros destinos, especialmente a Estados Unidos.

En estos contextos destaca la creciente inmigración desde Senegal, Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, y el Camerún, entre otros, que dada las fuertes medidas de securitización de las fronteras y políticas migratorias impulsadas por Estados Unidos y la Unión Europea, y su salida o cercanía al Atlántico, han configurado rutas de flujos migratorios extracontinental por vía marítima o aérea hacia Sudamérica, con Argentina, Brasil y Ecuador como destinos principales. En esta ruta los migrantes atraviesan más de nueves países de Centro y Sudamérica para llegar a la frontera en México y Estados Unidos. En cada uno de estos países los migrantes enfrentan desafíos relacionados con el racismo, la xenofobia, la discriminación por motivos religiosos y el desconocimiento de los procedimientos de inmigración para el tránsito o cruce de fronteras. Además, las diferencias culturales y, en particular, las barreras del idioma pueden convertirlos en objetos de extorsión no solo de las autoridades, sino también de grupos delictivos o de otros migrantes. Por ejemplo, es frecuente el cobro excesivo por hospedaje, alimentación, transporte y otros servicios básicos.

Como la inmensa mayoría de estos migrantes no es su propósito acogerse al proceso de refugio o las diversas vías de protección complementaria para residir en Colombia, toda vez que su deseo es llegar a Estados Unidos o Canadá́, es importante que el gobierno colombiano reafirme el compromiso de la normativa internacional en derechos humanos e implemente un abordaje regional para entender la responsabilidad compartida de los Estados (origen, tránsito y destino) en establecer esquemas de protección y seguridad para que las personas puedan migrar y solicitar asilo de forma segura y legal. Además es imperativo que este abordaje regional identifique las necesidades especificas de cada flujo migratorio y establezca unas medidas de una protección especial conforme a sus necesidades y coordinadamente con las autoridades migratorias y autoridades de seguridad. Existe la situación de varios países del continente africano, como Eritrea, Somalia y Etiopia que no tienen presencia diplomática en los países de la región, además que no expiden pasaporte o algún documento para acreditar la nacionalidad del migrante, o bien no permiten reingresar a sus nacionales que han salido de su país sin la autorización correspondiente.

Por otra parte, se deben contemplar consideraciones especiales en los casos que median razones humanitarias por la situación de conflicto, hambruna o desestabilidad política en que se encuentran algunos países o con aquellas nacionalidades protegidas por ACNUR. El reto también requiere fortalecer los mecanismos de protección frente a la lucha contra las bandas criminales dedicadas al delito de trata y de trafico de migrantes y una política de salud en atención a los migrantes coordinada con el Ministerio de Salud Nacional, para la dotación de mobiliario, equipos médicos y medicamentos a los centros de salud en la región del Darién, que fortalezca la prestación de servicios en zonas donde el hospital más cercano esta a horas de camino. Frecuentemente los migrantes se desplazan con afectaciones de salud como picaduras, deshidratación y fiebre, en condición de embarazo o riesgos de aborto.

 




Las elecciones presidenciales colombianas, ¡un giro decolonial!



Las elecciones presidenciales colombianas, ¡un giro decolonial!*

Ricardo Sanín Restrepo[1]

“Colombia ha elegido a su primer presidente de izquierda” o alguna variación de este titular es la abrumadora descripción de la prensa internacional de las elecciones presidenciales de Colombia del pasado domingo. Es una descripción correcta, tan correcta como decir que un pequeño grupo de presos se sublevó en una prisión conocida como La Bastilla el 14 de julio de 1789, correcta como un acontecimiento que empieza a ocupar su propio espacio de producción de verdad. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es que lo ocurrido el domingo en Colombia no es solo la promesa de un nuevo comienzo, sino como tal un giro histórico trascendental, no solo para el país, sino para el país como núcleo posible de procesos más ambiciosos de decolonialidad[2].

Para entender a Colombia, primero hay que entender que durante los últimos 500 años lo que ha definido el país es el privilegio social y racial, jalonado por pesadas cadenas de exclusión y la represión violenta de la diferencia (cualquier diferencia que se atreva a apartarse un ápice de la fantasía del hombre blanco emprendedor). Este es en el corazón, no solo de lo que ha sido el país, sino de cómo se siente, y más importante aún, cómo parecía condenado, por algún tipo de destino o necesidad histórica, a ser.

Así, tenemos una élite exigua, blindada y alimentándose de privilegios feudales envueltos en el simulacro de la modernidad, la ley y los discursos de superioridad (del esfuerzo personal, de la clase social como algo merecido por la blanquitud; o en el concepto que lo encapsula todo: el patriarcado). Debajo de esa élite, una codiciosa pseudo clase media que, careciendo de todo y debiéndolo todo, sobrevive del deseo parasitario de lo que no tienen y que han sido adoctrinadas por el miedo mítico que el otro, las masas indígenas y negras, las masas femeninas y queer, es decir, el otro en resistencia, les arrebatará todo. Esta combinación letal es lo que hecho girar la rueda sucia de la corrupción política, y con ese miedo sembrado profundamente en ellos florece la industria bélica y la idea de que el papel del Estado y la ley es castigar y mantener intactos los privilegios. En el fondo de estos ciclos de violencia, el otro absoluto, silenciado, asesinado, esclavizado y privado de voz propia, pero siempre en resistencia y practicando así siempre la verdadera democracia como ejercicio permanente de la pura diferencia frente a modelos de unidad e identidad forzada sobre la que se construyó este país… hasta ahora.

Sin embargo, este “pueblo oculto”, como lo he llamado, organizó un movimiento político masivo, heterogéneo y compacto, el “Pacto histórico”, formado por todos los miserables de la tierra, los nadies, por todos los que tradicionalmente se han opuesto al patriarcado creando vastas zonas de resistencia basadas en la solidaridad y el amor. Sindicatos, exguerrilleros, afrocolombianos, artistas, mujeres, Lgbtq, estudiantes, partidos políticos periféricos, intelectuales, la Minga indígena, se unieron en torno a Gustavo Petro y armaron un muy sofisticado y novedoso proyecto democrático basado en la justicia social y la reconciliación nacional para deponer 500 años de colonialidad mientras intenta sacar el capitalismo, como dijo el propio Petro en su discurso de aceptación, del feudalismo. En estas páginas, hace ocho años, denuncié el intento de acabar con las ambiciones políticas de Petro, y aquí es donde estamos hoy.

Sin embargo, ha sido Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de Colombia, una mujer negra que se ha levantado bellamente del pantano de la violencia colombiana y que, en términos tradicionales, ni siquiera debía sentir o hablar, quien le ha dado al movimiento y al país su más profundo y amplio significado filosófico y espiritual, la posibilidad de que todos nos curemos a través del amor al otro, reflejado en su lema de campaña, que más que un lema es una máxima ética, “Yo soy porque somos”. En consecuencia, lo que sucedió el domingo es que recuperamos no solo la posibilidad de imaginar una nueva historia, sino de un nuevo sentido de la temporalidad basado en un nuevo sentido de agencia, donde aquellos que se suponía que no debían ser, no solo devinieron en ellos mismos a través de la oscura rendija de la opresión, sino que alienaron la brecha hedionda de la soberanía donde la colonialidad se mantuvo firme durante siglos.

En este punto me gustaría analizar qué podría convocar esta victoria electoral en términos del “acontecimiento” y del surgimiento de un “pueblo” como giro decolonial definitivo.

El Pueblo Oculto

Permítanme comenzar con una afirmación conceptual directa y seca, la colonialidad como matriz de poder de la modernidad existe porque encripta el poder[3]. Encriptar el poder en la colonialidad es fusionar al “pueblo oculto” (los miserables, los don nadie) y el soberano en un cuerpo simulado e indistinguible para expulsar al pueblo (oculto), cuando sea necesario, del cuerpo político para que pueda ser confiscado y depuesto “en su propio nombre”. Este no es un rasgo secundario o superlativo del poder de la colonialidad, sino su núcleo mismo, su fundamento axiomático, la destrucción de la democracia legitimada en la democracia misma. No puedo pensar en otro lugar donde esto sea más evidente que en la historia colonial de mi país.

Aquí está la clave de todo, el pueblo en la colonialidad tiene un doble papel constitutivo: primero, es el fundamento cuasi-divino de legitimidad de todo lo que existe. Ese “nosotros el pueblo” santifica todo origen y acto (guerras, despojos, el espectáculo de derecho, etc.); pero segundo, el pueblo es el excremento sobre el que se puede ejecutar la violencia pura y absoluta. El pueblo como ser del no-ser, es el total afuera de la ley donde se ejerce permanentemente la soberanía como decisión sobre lo excepcional[4].

Claramente, el núcleo vital de la modernidad, el capitalismo y la colonialidad es tanto un sujeto como una agencia, “el pueblo”[5]. Sin embargo, es una totalidad escindida en su núcleo[6]. En la modernidad la clave de la encriptación es la conversión del concepto de pueblo en una sinécdoque. En consecuencia, una falsa totalidad (el pueblo de derechos humanos y constituciones, el blanco, el modelo masculino, el incluido) pasa a simbolizar y representar falsamente una infinidad imposible (los excluidos, los negros e indígenas, las mujeres, el pueblo oculto).

Como hemos establecido[7], el pueblo en su totalidad es una sinécdoque pars pro toto. Una parte absolutamente arbitraria (el ciudadano dentro de un estado nación, por ejemplo) define una infinidad inalcanzable (los marginados, el migrante forzado, la Minga). El pueblo como sinécdoque une una parte que sobra de la totalidad (simulada) y lo que le falta a la totalidad para convertirse en una verdadera totalidad, como el exceso irrepresentable de las democracias liberales. El pueblo oculto escapa a toda forma de representación y simboliza lo que existe más allá de lo representable[8] (las constituciones, las leyes, los tratados internacionales).

La negatividad inscrita en el seno de la colonialidad trae a la consideración del poder una extraña novedad: el pueblo oculto es la exclusión constitutiva de la colonialidad y, al mismo tiempo, el fundamento de su operatividad.

Como explica Agamben “La excepción es una especie de exclusión (…) Pero la característica más propia de la excepción es que lo que en ella está excluido no es, por estar excluido, absolutamente sin relación con la regla. Por el contrario, lo excluido en la excepción se mantiene en relación con la regla en forma de suspensión de la regla[9]”.

La fusión de la colonialidad y el liberalismo crea la máquina de poder más impermeable y tozuda de la historia[10]. Podemos formularla con una pasmosa sencillez: “¡el pueblo debe ser a la vez la excepción y el soberano (simulado)!”. La colonialidad logra su hazaña primordial: instaura al pueblo como soberano e inmediatamente se apodera de su soberanía como poder absoluto (poder constituyente) [11]. Todo ello manteniendo el simulacro de la soberanía popular como axioma político y jurídico y afirmando el pueblo como piedra angular de la ideología. Lo que se logra con esta fusión es la perfecta y abominable máquina de dominación que descansa sobre el firme soporte de un modelo trascendente de reconocimiento de los pueblos ocultos y a su vez garantiza que estos pueden ser destruidos en cualquier momento evocando su nombre como la justificación moral y ética de su propia destrucción[12]. Esto, lo que permite, entre otras cosas, es que veamos la guerra, la pobreza y la desposesión no solo como algo normal, sino legítimo.

Lo que ha sucedido o ha comenzado a suceder el 19 de junio en Colombia con la elección de la fórmula Petro-Márquez es nada menos que un claro comienzo del desocultamiento de los pueblos y la desencriptación de la soberanía en la colonialidad, el verdadero giro decolonial donde el pueblo se convierte en lo que nunca debió ser, una verdadera democracia. La alienación del abismo que falsamente separaba al pueblo como totalidad simulada y su contrapartida oculta. El evento de la elección es por lo menos el develamiento de una clara posibilidad del pueblo oculto de habitar el lugar de soberanía que fue simulado por la falsa construcción del pueblo como totalidad. Lo que nos está enseñando Francia Márquez, es que el 19 de junio el pueblo de Colombia comenzó a ver lo que siempre estuvo ante nuestros ojos, el pueblo en resistencia, “el otro” como el otro oculto, no solo contiene, sino que “es” el verdadero sentido de la democracia.

* Traducción al castellano del texto originalmente publicado en inglés en el sitio de Critical Legal Thinking https://criticallegalthinking.com/2022/06/24/the-colombian-presidential-election-a-decolonial-turn/

Bibliografía

Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford. Stanford University Press.

Mignolo, Walter. 2001. Cosmopolis: el Trasfondo de la Modernidad. Barcelona: Península.

Sanín-Restrepo, Ricardo. 2016. Decolonizing Democracy: Power in a Solid State. London & New York: Rowman and Littlefield.

_____ 2018. “The Meaning of the Encryption of Power as the Razor´s Edge of Politics”. In: Sanín-Restrepo, Ricardo. Decrypting Power. London & New York:  Rowman and Littlefield.

______2020. Being and Contingency: Decrypting Heidegger´s Terminology. London & New York: Rowman and Littlefield International. (Forthcoming).

Sanín-Restrepo, Ricardo and Marinella Machado Araujo. 2020a. “Is the Constitution the Trap? Decryption and Revolution in Chile.” Law and Critique, Vol 31, issue 1 2020.

[1] Académico y novelista colombiano. Autor de los libros “Decolonizing Democracy: Power in a Solid State” y “Being and Contingency: Decrypting Heidegger’s Terminology” (2016 y 2020) ambos con Rowman and Littlefield International (Londres), entre otros textos especializados.

[2] Mignolo, Walter. 2001. Cosmopolis: el Trasfondo de la Modernidad. Barcelona: Península.

[3] Sanín-Restrepo, 2020.

[4] Sanín-Restrepo 2016

[5]  Sanín-Restrepo 2016, 43.

[6] Agamben, 1998.

[7] Sanín-Restrepo and Araujo 2020.

[8]  Sanín-Restrepo 2016, 19; 40.

[9]  Agamben 1998, 18

[10] Sanín-Restrepo 2016, 200.

[11] Sanín-Restrepo 2016; Sanín-Restrepo 2020.

[12] Sanín-Restrepo and Araujo 2020.




La vigencia del proyecto político de la Unión Patriótica en Colombia



La vigencia del proyecto político de la Unión Patriótica en Colombia

Grecia Cristóbal Ramírez

El triunfo del proyecto del Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez el 19 de junio pasado, puede ser catalogado como un triunfo histórico de alcance regional. Es la primera vez que un proyecto de izquierda asumirá el rumbo nacional en Colombia, con grandes desafíos y demandas históricas que han buscado una solución desde el siglo pasado. Entre las demandas existentes, la democracia sigue siendo un pendiente para la mayoría de las clases populares. Si bien la lucha por ocupar espacios y dar cauce a proyectos alternativos ha ido en aumento, el camino por recorrer es largo.

La victoria de la izquierda es resultado de la acumulación de fuerzas y de experiencias que se pueden rastrear décadas atrás. En esa historia, la Unión Patriótica (UP) ocupa un lugar importante por haber propuesto y construido una democracia popular, con participación del pueblo en la década de los ochenta. No obstante, el sistema político bipartidista con la colaboración de grupos armados ilegales, logró frenar el avance de dicho proyecto. La UP fue víctima de genocidio, hecho que ha sido reconocido por diversos organismos de derechos humanos y como víctima de violaciones a los derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017.

A la par de la violencia que vivían los miembros y simpatizantes de la UP, había un trabajo político por pensar y construir un proyecto democrático y popular, que respondiera a las demandas y problemas que atravesaban las mayorías. Justo ese proyecto se construyó a partir de su fundación en 1985, y continuó hasta 1990.

Antecedentes y surgimiento de la Unión Patriótica

La actividad de las guerrillas continuaba presente en Centroamérica, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) había triunfado en julio de 1979, mientras la coordinadora guerrillera Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) continuaba en lucha. Dentro de ese contexto, fue en Colombia donde se dio el primer ejercicio de diálogos de paz tanto a nivel regional como nacional. Las FARC fueron quienes tuvieron la disposición a dialogar con los gobiernos en turno. En el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) eso no fue posible debido a que no se reconoció a las guerrillas como sujetos políticos, a pesar de que se creó una Comisión de Paz, la cual fracasó. En el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) las condiciones cambiaron y se logró el primer Acuerdo de Cese al fuego, aunque después se resquebrajó y tuvo muchas dificultades en el periodo que estuvo vigente.

Una vez que Betancur fue elegido presidente de Colombia, las FARC sacaron un comunicado el 28 de julio de 1982, donde propusieron que “en lo que respecta a nosotros, diga cuando comenzamos a conversar”[1]. Además de mencionar algunos elementos como la solución del conflicto armado, “amnistía general para los alzados en armas y los presos políticos, desmilitarización de las zonas agrarias y medidas sociales y económicas de fondo”[2].

En los siguientes meses de 1983, los diálogos continuaron a pesar de la falta de disposición de las Fuerzas Armadas y de la renuncia del presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, quien declaró que “los enemigos de la paz están agazapados por dentro y por fuera del gobierno”[3]. Finalmente se dio la firma de los Acuerdos de la Uribe el 28 de marzo de 1984 en la Uribe, municipio de Mesetas, Meta.

Casi dos meses después de los acuerdos de la Uribe, las FARC se reunieron para discutir y plantear su futuro en el nuevo contexto. El 11 de mayo de 1984 se pronunciaron en un documento conocido como “20 Puntos de las FARC” o “Plataforma de lucha de la Unión Patriótica”. En este pronunciamiento, se abordaron aspectos sobre la lucha política después de la desmovilización, rescatando los primeros puntos:

1) Las FARC-EP encabezarán en unión con otros partidos y movimientos democráticos y de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad, a la controversia civilizada, por una apertura democrática (…) 2) Las FARC encabezarán dentro del marco de la apertura democrática, las FARC-EP, en unión con otros partidos y corrientes de izquierda, lucharán utilizando todos los medios a su alcance por una reforma de las costumbres políticas, en dirección a desmontar el monopolio de la opinión ejercido por los partidos tradicionales para abrir cauce a la participación de las mayorías nacionales en los asuntos de Gobierno[4].

La Unión Patriótica fue producto de la desmovilización y acuerdos firmados por las FARC, pero no se limitó a esos orígenes. En palabras de Nicolás Buenaventura, el movimiento no solo fue un espacio de lucha de ex guerrilleros, sino que “le corresponde ser la expresión política de todo el amplio movimiento social de masas que se expresa en la multiplicación de los paros cívicos, los éxodos y marchas campesinas, en la recuperación de la toma de la tierra como forma de lucha indígena y campesina”[5]. Justo en los 20 puntos de las FARC, se mencionó que en la UP “caben liberales, conservadores, socialistas y gentes sin partido, obreros, campesinos, intelectuales, artistas, estudiantes y en general toda la gente colombiana que quiera cambios en la vida del país”[6].

El 21 de marzo de 1985 se fundó la Unión Patriótica en el centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, donde se concretó el “programa político, banderas de lucha, símbolos e identidad del nuevo movimiento”[7]. En ese evento, se “expidieron 3,249 credenciales, para un total de 2,706 delegados plenos y 543 observadores. De estos 2,638 son hombres y 611 mujeres. Asistieron delegaciones de 22 departamentos, de dos intendencias y de las comisarías”[8]. Entre el 14 y 16 de noviembre se celebró el primer Congreso Nacional que reunió a representantes de todo el país en el teatro Jorge Eliécer Gaitán.

La UP tuvo la característica de surgir como movimiento político y posteriormente como partido político, esto es, de luchar en expresiones populares como espacios institucionales. En las Conclusiones Generales del I Congreso, se definieron como “frente amplio, en el cual tiene cabida todos los sectores sociales, partidos políticos, organizacionales gremiales, etcétera, interesados en impulsar el proceso de Apertura Democrática y defender la soberanía e independencia de la Nación”[9]. En posteriores definiciones, Nicolás Buenaventura, militante comunista y adherente a la UP, definió a la organización como:

un movimiento político, en el sentido más preciso de este término, es decir, un movimiento por el poder, que busca el poder para el pueblo por el único camino posible en Colombia: uniendo el campo y la ciudad en acción conjunta, tendiendo un puente entre las distintas y fundamentales formas de lucha de nuestro pueblo[10].

Para 1986, el movimiento político hizo su debut como partido, fue la primera vez que participó en elecciones. En marzo de ese año, las posiciones conquistadas fueron “14 congresistas de la UP en el senado y la cámara, 18 diputados en un total de 11 asambleas departamentales, 20 consejeros en los territorios nacionales y 335 concejales en 187 consejos”[11]. En el siguiente año, participó en las primeras elecciones presidenciales con el candidato Jaime Pardo Leal, asesinado después de los comicios, y posteriormente con Bernardo Jaramillo Ossa en 1990. En 1988, fue la primera vez que participó en la elección popular de alcaldes, ya que fue la primera experiencia de ese tipo. La ocupación de cargos políticos era vista como la entrada “al debate electoral porque queremos la paz y estamos por la democracia, porque nuestro objetivo es ganar un amplio espacio político de convergencia de todas las diferentes luchas del pueblo”[12].

El proyecto político: principales postulados, ideas y propuestas

A partir de 1986, la Unión Patriótica comenzó a participar en el escenario político, primero como frente amplio y movimiento político, después como partido. El surgimiento de este nuevo actor trajo el nacimiento de un nuevo proyecto de izquierda. Desde sus comienzos, la UP tuvo una propuesta alternativa a la establecida en ese periodo. La propuesta de la democracia y la paz como demandas nacionales fueron los ejes que articularon esa propuesta política. En ese sentido, se distinguen dos periodos: el primero de 1985 a 1987, el cual fue de formación político-ideológica, donde todavía no se tenía una propuesta clara de democracia, pero elevaron el tema a debate nacional. La segunda etapa de mediados de 1987 a 1990 fue de consolidación del proyecto y propuesta puntual de democracia. La ruptura de 1987 se situó después del asesinato del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, lo cual llevó a una reformulación interna de sus propuestas y acciones políticas.

La primera etapa del proyecto de democratización retomó las demandas planteadas en los Acuerdos de la Uribe, sobre las reformas necesarias y posibles para dar paso a la apertura democrática. En la Plataforma de lucha de 1984, se abordaron las siguientes: 1) La reforma electoral, acceso de las minorías a la vicepresidencia, 2) reforma agraria democrática, entrega gratuita de tierras a campesinos, 3) reforma urbana, plan de construcción de vivienda para destechados, 4) reforma de la justicia, 5) educación gratuita en universidades[13].

La reforma política y la reforma agraria fueron aquellas que se repitieron más en los discursos y proclamas upecistas. En las Conclusiones del I Congreso en 1985, ambas estuvieron presentes, la primera se mencionó como “una reforma de las costumbres políticas en dirección a desmontar el monopolio de la opinión ejercida por los partidos tradicionales para abrir cauce a la participación de las mayorías nacionales en los asuntos de Gobierno”[14]. En una declaración del exguerrillero Braulio Herrera, habló de la importancia de la reforma política como “una verdadera renovación democrática del país; por la conquista de nuevas posiciones a través de la elección popular de alcaldes”[15]. En ambos enunciados, la reforma se percibió como un punto importante para dar paso a la democracia y a los sectores populares, los cuales estaban excluidos hasta ese momento.

La reforma agraria también estuvo en las Conclusiones del I Congreso: “la entrega gratuita de tierras a campesinos sobre la base de la expropiación de la gran propiedad latifundista y con apoyo a la colonización de los baldíos nacionales”[16]. Eso se planteó desde comienzos del siglo XX, lo cual provocó en buena medida que las contradicciones sociales se agudizaran, dando como resultado un conflicto en torno a la tierra. No hay que olvidar que el sector campesino se adhirió a la UP, por lo que la presencia de estas demandas no resultó casual.

Las reformas fueron percibidas como el motor necesario para desmontar al Bipartidismo, cambiar las relaciones políticas desiguales y ocupar espacios públicos por actores alternativos. La elección popular de alcaldes fue una demanda que hasta 1986 fue posible, la cual desde la Constitución de Tunja se planteó como la elección “por los vecinos de cada lugar”. Todos estos puntos eran fundamentales para la concreción de una verdadera democracia en Colombia.

La democracia fue el eje que articuló el proyecto upecista, aunque en esta primera etapa es muy mencionada pero pocas veces definida. En algunos momentos hablaron de una democratización del sistema y en otros, de la instauración de una democracia plena. La idea de democracia avanzada es mencionada en el I Congreso Nacional:

Efectivamente en Colombia, existen posibilidades democráticas muy importantes que de unirse pueden generar cambios políticos de significación (…) para que sobre la base de una nueva correlación de fuerzas políticas, hagan posible la apertura democrática, base fundamental para progresar hacia una democracia avanzada[17].

La democracia fue percibida como un régimen político alcanzable en el futuro, después de lograr la apertura democrática con las respectivas reformas. En palabras de Braulio Herrera, “la acción parlamentaria y legislativa tendrá como contenido la lucha por reformas que establezcan en Colombia un régimen de democracia avanzada”[18]. La apertura fue interpretada como el momento histórico donde se aprobarían reformas políticas, sociales y económicas que lograrían desplazar al Bipartidismo. El siguiente paso sería la instauración de una democracia avanzada, donde las mayorías nacionales tuvieran participación en el Estado.

La unidad y la convergencia fueron postulados necesarios en la UP, para construir un frente amplio a escala nacional. En el IV Plenum, se hizo un llamado a todos “los sectores progresistas de las distintas clases sociales a integrarse a esta magna obra de democratización del país, de pacificación nacional, de convergencia política, para construir una sociedad más amable, más participativa y más justa”[19]. Ambos conceptos fungieron como articuladores del discurso, ya que en reiteradas ocasiones se subrayó la magna tarea de lograr aglutinar a distintos sectores, partidos, movimientos, organizaciones para hacer un frente que impulsara diversas demandas a favor del pueblo.

La propuesta de la consolidación de un frente político tuvo similitud con la realidad de Centroamérica. Las experiencias de los sandinistas en Nicaragua, la propuesta del FMLN en El Salvador y la experiencia chilena en 1973, eran los ejemplos más claros en los que se basó la Unión Patriótica. Bernardo Jaramillo expresó que el movimiento seguía con atención lo que sucedía en los países vecinos, especialmente el caso salvadoreño, pues “allí todavía se está desarrollando el combate y porque allí se da un amplio frente a nivel de la acción armada, el FMLN, y a nivel de la acción política, el Frente Democrático Revolucionario”[20]. La idea de frente fue un aporte y apropiación de la experiencia centroamericana, la cual tenía semejanza con el caso colombiano, tanto por el conflicto armado como por las propuestas políticas.

En la segunda etapa del proyecto de democratización (1988-1990), las nociones de Estado y democracia fueron propuestas claras. Sobre el poder estatal, se mencionó en el II Congreso Nacional que “la Unión Patriótica plantea la inaplazable necesidad de organizar un nuevo Estado, eficiente y democrático que incorpore enérgicamente la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo colectivo”[21]. Se continuó con la idea de concebir el proyecto nacional dentro de los marcos del Estado, pero en uno diferente. En el discurso del lanzamiento de la campaña presidencial de Jaramillo Ossa, afirmó que “vamos a ser gobierno para resolver los problemas de la gente y gobernar con ella, con ustedes, queridos hermanos de Urabá”[22].

La propuesta sobre el Estado planteó que aspectos debía controlar y cuáles no. Sobre la economía, se habló de un Plan Económico Popular, con las siguientes acciones: 1) Integración de economía solidaria en la Constitución, la facilidad de expropiación de manera administrativa en torno a la reforma agraria, urbana y de recursos petroleros y minerales; 2) reforma fiscal con bajos impuestos a sectores populares y 3) una reforma agraria democrática contra el minifundio, latifundio[23]. El protagonismo del Estado en asuntos económicos se presentó como una solución, contrario a las políticas neoliberales que en esa época cobraron fuerza. En ese sentido, se propuso “un papel más protagónico del Estado, a través del Instituto de Fomento Industrial, e inversión privada. También la participación del capital extranjero, pero estableciendo un estatuto, con el fin que sea Colombia, quien imponga los parámetros de inversión”[24] .

En esa etapa, la UP dotó de contenido sus propuestas. Se habló de una democracia integral y la paz se alzó como otra demanda a escala nacional. Quedó atrás la necesidad de la apertura democrática y las reformas, para dar avance a la formulación del proyecto político. En el II Congreso Nacional, se habló de una democracia integral como aquella que:

Logre real participación popular en lo económico, político, social y cultural. Un régimen que borre hasta las últimas huellas del absolutismo, la violencia y la injusticia social, que han acompañado secularmente la vida republicana y que rescate los valores institucionales y democráticos de nuestras mejores tradiciones populares nacionales[25].

La democracia integral abordó distintas estructuras, desde la economía hasta la cultura, todo dirigido a lograr una democracia en las distintas esferas del país. Sobre la democracia política, se abogó por un estado social de derecho que garantizara la participación y representación del pueblo en los centros de poder y decisión. Además de reformas de corte indígenas: autonomía de las comunidades, integración de grupos minoritarios y la participación de movimientos sociales en el estado[26]. Esas reformas fueron nuevas respecto a las planteadas en la primera etapa, donde las reformas retomadas se enfocaban en la apertura de los espacios institucionales y de función pública.

El tema de la paz es el segundo eje que atravesó el programa, reflejo de la preocupación en torno a la escalada de violencia que vivía Colombia. La paz es definida como un objetivo alcanzable, donde “cese el fuego unilateral, que está contemplado en la Iniciativa de Gobierno, que se convierta en cese al fuego bilateral”[27]. En ese sentido, es necesario que ambos actores políticos den un paso atrás en el conflicto y retomen el diálogo como único camino resolutivo de ese problema. En el lanzamiento de la campaña presidencial de 1989, Jaramillo Ossa afirmó que la UP estaba en pie “para conquistar la paz y la democracia, para impedir que se sigan asesinando los mejores hijos de Colombia y que otros tengan que abandonar su tierra”[28]. En síntesis, la UP medió por evitar más enfrentamientos armados y parar la violencia en su contra.

En la propuesta política mencionaron otros actores políticos que en la etapa de conformación no estaban presentes. La idea de frente amplio continuó, pero se añadió el sector empresarial y la juventud. Bernardo Jaramillo interpeló en varios de sus discursos a dichos sectores, presentando a la UP como “un movimiento incluso para sectores empresariales que han sido maltratados por la política neoliberal de Barco”[29]. El sector empresarial y lo pequeños y medianos comerciantes fueron vistos como actores estratégicos para el proyecto económico, además de evitar una polarización más radical en el país.

La juventud fue otro sector social interpelado, el cual fue percibido como un agente de cambio. En un discurso de Jaramillo, la UP se planteó como “la expresión y el sentimiento de la juventud estudiosa de nuestra patria, que quiere un país mejor, que quiere un mejor vivir y que sólo en la UP y en la gran convergencia va a encontrar el mecanismo para hacer realidad su sueño”[30]. El movimiento se mostró a la juventud como el mejor espacio político para canalizar sus demandas, anhelos y preocupaciones, ya que eran un movimiento por “la esperanza y la renovación”.

En los distintos documentos, discursos y Plenums, hay un destinatario explícito, un llamado amplio y heterogéneo. La UP interpela a las “masas populares”, “mayorías nacionales” o “multitudes marginales del país”, a quienes dirigieron sus discursos y propuestas. Además de “liberales, conservadores, socialistas y gentes sin partido, obreros, campesinos, intelectuales, artistas, estudiantes y en general toda la gente colombiana que quiera cambios en la vida del país”[31]. Esto responde a la propuesta de frente amplio y movimiento político que pretendía aglutinar a las mayorías del país, con la finalidad de lograr transformaciones nacionales. El movimiento sabía de su oportunidad histórica, por lo que no podía dejar fuera a ningún sector excluido, pero tampoco a aquellos sectores ya organizados como “partidos políticos, organizaciones gremiales, etcétera, interesados en impulsar el proceso de apertura democrática y defender la soberanía e independencia de la nación”[32].

La mención de los militares también fue una novedad, producto de la situación de violencia que pretendían frenar. Caso contrario a los culpables de la situación, donde el gobierno de Barco se señaló como un gobierno de doble moral, “pues convoca al pueblo a que ponga muertos, a que ponga la destrucción de la economía nacional con las bombas del narcoterrorismo, mientras que por debajo de la mesa, a espaldas del pueblo, a espaldas del país y de la comunidad internacional, negocia con el narcoterrorismo”[33].  

El proyecto político de la Unión Patriótica giró en torno a la democracia, por lo que la mayoría de las propuestas estuvieron dotadas de ese contenido. Es así como la reforma agraria, la reforma política, la reforma de alcaldes, entre otras, estuvieron articuladas bajo el concepto de democracia. Dichas reformas fueron percibidas como pilares políticos para generar un país con mayores igualdades, tanto en el nivel social como en el nivel político. La UP fue el primer movimiento de izquierda que elevó la democracia a demanda nacional, lo cual se reflejó en sus distintas propuestas y acciones.

En conclusión, la Unión Patriótica articuló tres momentos en su discurso: el pasado, el presente y el futuro. Sobre el primero, rescató las demandas históricas del sector campesino y de los comunistas: la reforma agraria y la elección popular de alcaldes. Si bien el primer punto sigue como un pendiente en Colombia, la elección de alcaldes si se materializó y propició la participación de sujetos antes marginados. La noción del “aquí y ahora” se tomó como una posibilidad de cambio para cortar las ataduras y restricciones producto del Bipartidismo. Esa visión es importante, porque a partir de ello se construyó otra forma de hacer política con sectores populares, en sindicatos bananeros y mineros, barrios urbanos, veredas rurales, etc. No se cerró la idea a hacer política para obtener espacios institucionales. Finalmente, el futuro se proyectó como el tiempo a conquistar, como el momento en el cual las luchas pasadas tendrían sus frutos. La construcción de la democracia pasaba por la apertura democrática del ahora, el futuro era alentador.

Bibliografía

Buenaventura, Nicolás. Izquierda y elecciones. Bogotá, Ediciones CEIS, 1983.

Buenaventura, Nicolás. Unión Patriótica y poder popular. Bogotá, Ediciones CEIS, 1986.

Buenaventura, Nicolás. Fajardo, Nelson. Et. Al. Tregua y Unión Patriótica. Bogotá, CEIS, 1985.

Giraldo, Fernando. Democracia y discurso político en la Unión Patriótica. Bogotá, Centro Editorial Javeriano CEJA, 2001.

Harnecker, Martha. Colombia: entrevista con la nueva izquierda. México, Centro de Documentación y Estudios Latinoamericanos, 1989.

Herrera Torres, Juvenal. Unión Patriótica por la tregua y la paz. Medellín, Lealon, 1985

Nizo, Nicanor. Estudio comparado de la acción política de las organizaciones A Luchar y Unión Patriótica en Colombia, años 1985-1990. Tesis de Maestría no publicada. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia,2016. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/54353/7/nayibgustavonizo.2016.pdf

Programa de la Unión Patriótica. II Congreso Nacional. Convocatoria de la Unión Patriótica. Convocatoria al pueblo y la nación colombiana. Disponible en: https://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Programa-UP.pdf

Romero Ospina, Roberto. Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido. Bogotá, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 2015.

Vanegas, Napoleón. Bernardo Jaramillo Ossa “Es un soplo la vida”. Bogotá, Ediciones Desde Abajo,2015.

HEMEROGRAFÍA:

Cepeda, Manuel. ¡A reconstruir la patria! Semanario Voz, la verdad del pueblo. 21 de noviembre de 1985, pp.20.

Herrera, Braulio. ¡Así crecerá nuestra unión! Semanario Voz, la verdad del pueblo, 1986.

Frente amplio contra el continuismo convoca la UP. Semanario VOZ, la verdad el pueblo. Marzo 1986, pp.12.

Llamamiento del V Plenum de la UP ¡La respuesta es el frente más amplio! Semanario Voz, la verdad del pueblo. Febrero 1987, pp.7.

¡La Unión Patriótica marcha hacia una candidatura de convergencia! Semanario Voz, la verdad del pueblo, 16 de enero de 1986. pp.11.

 

[1] Romero Ospina, Roberto. Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido. Bogotá, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 2015. pp. 144.

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] “Plataforma de lucha de la Unión Patriótica. Propuesta del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 11 de mayo de 1984”. Romero Ospina, Roberto. Op. Cit., pp.252.

[5] Buenaventura, Nicolás. Unión Patriótica y poder popular. Bogotá, Ediciones CEIS, 1986.  pp.78.

[6] “Plataforma de lucha de la Unión Patriótica. Propuesta del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 11 de mayo de 1984”. Op.Cit., pp. 253.

[7] Nizo, Nicanor. Estudio comparado de la acción política de las organizaciones A Luchar y Unión Patriótica en Colombia, años 1985-1990. Tesis de Maestría no publicada. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia,2016. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/54353/7/nayibgustavonizo.2016.pdf   Pp. 120.

[8] Cepeda, Manuel. ¡A reconstruir la patria! Semanario Voz, la verdad del pueblo. 21 de noviembre de 1985, pp.20.

[9]“Plataforma de la Unión Patriótica. Conclusiones generales del Primer Congreso Nacional, Bogotá, noviembre 14-16 de 1985”. Romero Ospina, Roberto. Op. Cit., pp. 253.

[10] Buenaventura, Nicolás. Unión Patriótica y poder popular. Bogotá, Ediciones CEIS, 1986. pp. 81.

[11] Ibid., pp. 94.

[12] Buenaventura, Nicolás. Fajardo, Nelson. Et. Al. Tregua y Unión Patriótica. Bogotá, CEIS, 1985. pp. 117.

[13] “Plataforma de lucha de la UP- Propuesta del estado mayor central de las FARC-EP, 11 de mayo de 1984”. Romero Ospina, Roberto. Op. Cit., pp.252-253.

[14] “Plataforma de la UP. Conclusiones generales del I Congreso Nacional 14-16 nov 1985”. Romero Ospina, Roberto. Op. Cit., pp. 254.

[15] Herrera, Braulio. ¡Así crecerá nuestra unión! Semanario Voz, la verdad del pueblo, 1986. pp. 5.

[16] “Plataforma de la UP. Conclusiones generales del I Congreso Nacional 14-16 nov 1985”. Romero Ospina, Roberto. Op. Cit., pp. 254.

[17] Giraldo, Fernando. Op. Cit. pp.34.

[18] Herrera, Braulio. ¡Así crecerá nuestra unión! Semanario Voz, la verdad del pueblo, 1986. pp. 5.

[19] citado en Giraldo, Fernando, Op. Cit., pp. 65.

[20] Harnecker, Martha. Colombia: entrevista con la nueva izquierda. México, Centro de Documentación y Estudios Latinoamericanos, 1989. pp. 27.

[21] Programa de la Unión Patriótica. II Congreso Nacional. Convocatoria de la Unión Patriótica. Convocatoria al pueblo y la nación colombiana” Disponible en: https://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Programa-UP.pdf

[22] “Lanzamiento de la campaña presidencial” Apartadó, Antioquia, 8 de octubre de 1989. Vanegas, Napoleón. Op. Cit., pp. 159.

[23] Programa de la Unión Patriótica. II Congreso Nacional. Convocatoria de la Unión Patriótica. Convocatoria al pueblo y la nación colombiana” Disponible en: https://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Programa-UP.pdf

[24] “La negociación es el mayor aporte”. Vanegas, Napoleón. Op. Cit., pp. 130.

[25] Programa de la Unión Patriótica. II Congreso Nacional. Convocatoria de la Unión Patriótica. Convocatoria al pueblo y la nación colombiana” Disponible en: https://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Programa-UP.pdf

[26] Ibidem

[27] “Por la paz” Discurso de Bernardo Jaramillo en Encuentro por la paz. Ibagué, 17 de febrero de 1989. Vanegas, Napoleón. Op. Cit. pp. 54.

[28] “Lanzamiento de la campaña presidencial” Apartadó, Antioquia, 8 de octubre de 1989. Vanegas, Napoleón. Op. Cit., pp. 158.

[29] Ibid., pp. 162.

[30] “Lanzamiento de la campaña presidencial” Apartadó, Antioquia, 8 de octubre de 1989. Vanegas, Napoleón. Op. Cit., pp. 163.

[31] “Plataforma de lucha de la up- Propuesta del estado mayor central de las FARC-EP, 11 de mayo de 1984”. Romero Ospina, Roberto. Op. Cit., pp. 253.

[32] Ibidem

[33] “Lanzamiento de la campaña presidencial” Apartadó, Antioquia, 8 de octubre de 1989. Vanegas, Napoleón. Op. Cit., pp. 160.