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El obrador colectivo



El obrador colectivo

Adrián Velázquez Ramírez

La doctrina del movimiento

¿Tiene el obradorismo una filosofía política que le es propia? La cuestión dista mucho de ser trivial o especulativa. Dar una respuesta afirmativa a esta pregunta significa asumir el compromiso de precisar cuáles son los principios y las premisas que orientan esta filosofía. En otras palabras, significa encarar una pregunta por la identidad, pues inevitablemente termina siendo una conversación sobre aquello que se presume compartido.

Y es precisamente porque se asume como compartida que, de existir, esta filosofía debe encontrarse ya operando. Digámoslo de una vez. Esta filosofía no puede ser el resultado premeditado de una reflexión sin un anclaje real en las bases del movimiento, ni tampoco la creación artificial de un comité especializado, sino que debemos buscarla viva en las propias prácticas, en las discusiones, en la trama histórica del lenguaje empleado y en los rituales de militancia. Y, sobre todo, debemos encontrarla en las demandas que ya enarbola el movimiento.

Desde este punto de vista, la tarea intelectual parece limitarse a la de ensayar proyectos de codificación que muestren la integralidad de esa filosofía implícita en el habitus del movimiento. Se trataría de devolverle al movimiento un retrato hablado de lo que en realidad ya es. Se entiende por qué esta filosofía se parece más a un libro colectivo que hay que aprender a leer que a una invención teórica fabricada en un aula universitaria.

El objetivo de estas líneas es ofrecer algunas coordenadas generales que nos permitan interrogar ese libro vivo del movimiento que es su doctrina.

Por el bien de todos, primero los pobres

¿Por dónde empezar? Casi siempre la respuesta a esta pregunta es: por el principio. Desde su aparición en el espacio público, la consigna “por el bien de todos, primero los pobres” funcionó como santo y seña de una pluralidad de grupos que hicieron de esas palabras un punto de encuentro. La frase se convirtió rápidamente en parte de la mística del movimiento ¿Qué fue lo que encontramos ahí que nos pareció digno de empuñar como bandera?

Analicemos brevemente. El sentido fundamental de la consigna no es sólo que se toma posición por los humildes, sino que plantea que el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases desfavorecidas coincide con el interés de la sociedad como un todo. El progreso de la sociedad se debe medir por su capacidad para garantizar una vida digna a la totalidad de sus grupos, empezando por aquellos que han sido excluidos e ignorados por el sistema. El lema establece por lo tanto un criterio de justicia, una proporción de cómo debe ser la relación entre el todo y las partes.

“Por el bien de todos”, es decir: la sociedad o el pueblo en su conjunto; “primero los pobres”: dentro de ese todos, una parte debe ser prioridad y su mejoramiento de vida es el patrón de medida del progreso del conjunto. ¿Por qué la opción por los pobres coincide con el bien común? ¿Qué es lo que hace que el interés particular de una clase sea al mismo tiempo válido como interés general? Son todas preguntas que debemos de hacernos para aproximarnos al núcleo de esta filosofía.

De este principio de justicia se desprenden las más diversas consecuencias éticas, políticas, jurídicas e institucionales. Es desde este dictum que el gobierno siempre debe ser gobierno socialmente justo, es decir, que tiene como objetivo cuidar la relación entre las partes y el todo velando por el interés de los más desfavorecidos. La orientación de empuje del movimiento debe dirigirse a asegurar las condiciones para que esta mejora se logre y se sostenga en el tiempo, es decir, conseguir darle una expresión institucional que le dé un carácter concreto. Los nuevos derechos constitucionales que obligan socialmente al Estado son tan sólo una de las puntas de este nudo que hay que desenmarañar. 

Fraternidad nacional

¿Por qué lo que le suceda a una clase particular resulta del interés de todos? Una posible respuesta la encontramos en el carácter nacionalista del movimiento. Lo importante aquí es precisar qué es “la nación” desde esta filosofía política. Es falso que la apelación a este singular colectivo sea una reificación xenófoba o producto de un chauvinismo cultural. Para el movimiento, la nación es un conjunto de solidaridades, muy diversas, pero unidas por un lazo social común. La nación es entonces una solidaridad de solidaridades, un grupo de grupos. Lejos de ser la negación de lo diverso es la condición para que lo diverso entre en comunicación, base fundamental de toda praxis política. De la suerte de los humildes depende la suerte de todos porque estamos ya ligados entre sí: su destino es el de todos. Esa ligación es lo que nosotros llamamos nación.

Este mismo reconocimiento de la pertenencia a un todo común (la nación) la podemos encontrar en la base conceptual en los apoyos a la tercera edad y las becas. Un conjunto de dispositivos de justicia social que ya no pasan por la relación salarial sino por el hecho de pertenecer a una comunidad determinada, llamada México. Son derechos y obligaciones que se desprenden de la solidaridad nacional. La pertenencia a un todo debe ser reconocida por las partes, traducida a obligación jurídica y convertida en vector de instituciones.

El Estado es solidaridad organizada

Tal vez el gran legado de esta primera etapa de la transformación sea que se inició el camino para recuperar el Estado y emanciparlo de su servidumbre al poder económico. Sólo con un Estado autónomo del poder económico y con capacidad para actuar eficientemente se puede cumplir con el principio de justicia y buen gobierno. Una tarea titánica y que llevará tiempo pues va desde recuperar la capacidad de regulación en distintos ámbitos de la vida social hasta retomar la rectoría del Estado en la administración de recursos esenciales. La penosa situación de seguridad pública y la crisis de derechos humanos deben situarse como parte de este proceso y sin duda una de las deudas que todavía tenemos.

Reconstruir la autoridad del Estado no significa concederle capacidad para imponer arbitrariamente una voluntad, ni mucho menos la eliminación de contrapesos, sino el reconocimiento de su legitimidad para actuar como esfuerzo colectivo organizado, es decir, como instrumento de una aspiración de justicia socialmente compartida. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho” es la herencia que retumba del juarismo en el movimiento. Para el obradorismo el Estado es solidaridad organizada, es capacidad de acción colectiva, garante de la fraternidad social de la nación y por lo tanto un aspecto central de la política.

La democracia como forma de vida del pueblo

¿Qué papel tiene la democracia en esta secuencia? Si la democracia es algo más que un medio para conseguir los objetivos del movimiento debemos preocuparnos por ofrecer una fundamentación que explique porqué considerarla como un fin en sí mismo. Una posible dirección de respuesta es la que traza un vínculo interno entre nación y democracia.

La democracia es la forma de vida que le corresponde a una nación en tanto comunidad que ha hecho de la participación en la creación común su único criterio de pertenencia. La democracia es coextensiva a la nación en tanto permite distribuir y organizar el esfuerzo colectivo de todas las partes que participan de lo común. De esta manera, la vida pública democrática es la expresión de una comunidad que trabaja, reflexiona, disputa y exige en común. Los conflictos internos a esta comunidad sólo pueden encontrar una resolución productiva –es decir, sólo pueden convertirse en dínamos de cambio social- si se tramitan de una forma democrática: representar nuestras disputas en el gran escenario de la democracia es también socializarlas, conectarlas a efectos concretos y dilucidar sobre soluciones. Desde este punto de vista la democracia es la nación organizada políticamente y su concreción real debe ser una aspiración central del movimiento.

Para cerrar

Vayan estas líneas con el único objetivo de promover el debate sobre la filosofía política del obradorismo. En este sentido, los tópicos sólo aspiran a establecer algunas coordenadas generales de una conversación necesariamente colectiva. 

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Ser o no ser, querer ser y no poder. La larga problemática laboral en el INAH



Ser o no ser, querer ser y no poder. La larga problemática laboral en el INAH

Efraín Flores López

Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos

Pareciera una avocación al monólogo pronunciado por el príncipe de Dinamarca en la obra de Shakespeare, pero esta es una tribulación ante la duda que recoge la aparición de su padre que reclama venganza por su asesinato. Sin embargo, esta duda, con la que inicia este trabajo, se refiere a la incertidumbre que ahora inunda las generaciones actuales que no encuentran espacio o reconocimiento siquiera de existencia en el actual mundo del trabajo, dictaminado por el modelo global preponderante que se niega a desaparecer por decreto y que tal, como una estrella, que consume todo su combustible antes de morir, el modelo Capitalista Neoliberal está dispuesto a quemar todas las naves con tal de obtener ganancia hasta la última gota de recurso planetario.

La realidad que atraviesa el Instituto Nacional de Antropología (INAH), a la cual pertenecemos, no puede circunscribirse a nuestro entorno inmediato. Es necesario tomar en cuenta las condiciones económicas, presupuestales, legales, coyunturales y políticas de carácter local y global que determinan la vida que cada año parece llevarnos a puertos de incertidumbre que se vuelven costumbre.

Como señala Adrián Sotelo “asistimos a un punto de inflexión en la historia contemporánea de la humanidad donde las antiguas condiciones y los paradigmas que habían regido la vida social de los hombres y las naciones están cambiando o se están agotando vertiginosamente” (Sotelo, 2015 :19).

¿Dónde estamos en este momento? Si preguntamos a Gabriela Ramos Directora General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hace algunos años, dijo que “…el modelo de crecimiento que hemos generado no es sostenible porque, en primer lugar, nos hemos enfocado a la producción, al consumo, al PIB (Producto Interno Bruto) y a los mercados, pero con eso no evitamos las crisis” (Naum, Uriel. 2016); y dos años después su jefe José Ángel Gurría declaró sin rubor que el Neoliberalismo No existe (Ramírez, Zacarías. 2019). Pero ¿Acaso no son ellos parte del equipo de artífices que nos han llevado a estas condiciones? Por lo tanto, ante una palpable crisis del modelo, conviene revisar una de las tantas esferas que han afectado de manera que parece irremediable: el mundo del trabajo.

De acuerdo con diversos académicos de la economía política, el llamado Estado Benefactor está en una condición de extinción desde la década de los años setenta del siglo pasado. Este modelo se caracterizaba por otorgar en la medida de lo posible al menos tres grandes beneficios: estabilidad en el empleo, seguridad social y servicios sociales. Sin embargo, no hay grupos de elite, ni convenios políticos y sindicales que toleren este tipo de manejo de la riqueza y menos cuando es la ganancia la que está en juego y la innovación tecnológica comienza a jugar un papel preponderante. Por eso, desde al menos los últimos treinta años se presenta una notable presión en los Estados para desregular los mercados, el manejo de los servicios y los derechos laborales y sociales.

Aquí comienza la desgracia

Si algo detesta el modelo capitalista y más específicamente el Neoliberal, es la economía basada en el reparto medianamente equitativo de la riqueza, el bienestar social y el trabajo decente, que lo sintetiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su página internacional pues “sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.”

Esto no se ha cumplido y se ha sacrificado prácticamente todo en aras de seguir el canon que bien ha señalado en un reciente artículo el premio Nobel Joseph Stiglitz: “Incluso en los países ricos, se decía a los ciudadanos: «no es posible aplicar las políticas que ustedes quieren» (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) «porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán» (Stiglitz, 2019).

Y así es que,  se instalaron poco a poco y con la indiferencia o complacencia de los ciudadanos y sus organizaciones, incluidas los sindicatos, un catálogo de medidas que Adrián Sotelo resume en cuatro dimensiones: desregulación jurídico-política, flexibilización de la fuerza de trabajo, desintegración laboral, salarial y social y finalmente la tercerización de las actividades productivas (Sotelo, 2015: 48).

Finalmente, hemos llegado al umbral que nadie esperaba, por primera vez las actuales generaciones no verán en su futuro, una mejoría en su condición con respecto a quienes los han antecedido. Peor aún, aquellos nuevos y potenciales trabajadores con mayor preparación y grado académico ven reducidas sus posibilidades de un empleo bien remunerado y con prestaciones mínimas de ley. Acerca de esta condición, Edgar Daniel Anaya señala bien, como las disposiciones de los organismos internacionales han influido desde los mecanismos de enseñanza y los modelos educativos para fortalecer las reformas estructurales impuestas en los países con el fin de fortalecer la economía de mercado (Anaya, 2019: 12).

Teniendo todo esto como antecedente. Ahora si podríamos pasar a la pregunta que forma parte del título de este trabajo.

Ser o no ser ¿que se es, cuando logras formar parte de una institución como el INAH?

De acuerdo con la Ley Orgánica del INAH, que data de su creación en el año de 1939, una de las cuatro funciones sustantivas y que se consagran en la fracción XVIII del artículo 2° corresponde a “Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e Historia, conservación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, profesional, de posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para la expedición de los títulos y grados correspondientes” (Ley Orgánica, 1987). Cumpliendo esta tarea, se pueden realizar las demás señaladas en las fracciones del mismo artículo. Sin embargo, es tan amplia la tarea de esta institución, que los puestos de trabajo disponibles han ido experimentando una curva inversa con respecto a su carga de responsabilidades.

El INAH, como parte de la Administración Pública Federal, no ha escapado al impacto de las recetas neoliberales que dictan el adelgazamiento del Estado y sus puestos de trabajo, generando un decaimiento del modelo contrario de creación de plazas de trabajo de carácter permanente, con los derechos laborales que las distinguen.

A nivel global, el uso de modelos de contratación ilegales, opacos o temporales ha tomado especial fuerza en la administración pública, llevándonos al crecimiento exponencial de puestos precarios que no reconocen ningún tipo de relación legal del trabajo. Es cuando se generan los vacíos contractuales que llevan a la pregunta esencial

¿Qué tipo de trabajador soy?

De acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo del INAH (CGT), que cabe mencionar, datan de principios de los años ochenta del siglo pasado, en el Instituto se reconocen a los trabajadores y sus modalidades en el Capítulo II, artículos 16 al 19 (CGT, 1981). Desgraciadamente, las reformas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo o leyes como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que engloban a todo lo que podemos denominar “El Estado” han ido debilitando la importancia de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) y las CGT.  

Es así que, si queremos seguir indagando en nuestra condición laboral, podemos ver que hay muchos tipos de trabajador, teniendo sólo claridad en los trabajadores de base y los de confianza.

Y ¿El resto?

Según el INAH, a lo largo de los años, se han acuñado diversas denominaciones para ocultar mecanismos de contratación que esencialmente buscan negar toda relación laboral y con ello la erogación de salarios justos y prestaciones mínimas de ley. Es así que al menos desde los años noventa del siglo pasado, se les han llamado

  • Trabajadores por contrato
  • Trabajadores temporales
  • Trabajadores por obra y tiempo determinado (condición reconocida en las CGT del INAH en su artículo 26 fracción IV).
  • Trabajadores Eventuales
  • Trabajadores compactados
  • Trabajadores Compactables
  • Trabajadores por proyecto
  • Profesores de asignatura
  • Profesores Hora-Semana-Mes
  • Prestadores
  • Prestadores de servicios
  • Apoyo a Confianza
  • Trabajadores por honorarios
  • Trabajadores por honorarios asimilados a salarios
  • Trabajadores homologados
  • Ciudadanos

Y ya, en términos del dialogo convencional, pueden ser indocumentados, capítulo 3000, contratados, invisibles y finalmente los inexistentes tal como lo señaló en una reunión pública el Secretario Administrativo del INAH Luis Ignacio Sainz en el año 2006.

La intención de crear todo este catálogo variopinto de uso de la fuerza de trabajo para la institución obedece a la imperiosa necesidad de mantener la operatividad de la Institución, aun a costa de la violación de la Ley.

Desde los años ochenta, se buscaron mecanismos para tratar de solventar esta condición de detención en la creación de plazas, siendo el modelo llamado de contratación por proyecto, y el de trabajador por obra y tiempo determinado las de mayor utilización. En ambos casos, se generaban contratos que aparentemente cumplían con los requisitos de aplicabilidad en términos de salario y prestaciones mínimas como aguinaldo y vacaciones.

Entonces se consideraba que los contratos temporales se amparaban en el capítulo 1000.  Dentro del clasificador por objeto del gasto, el capítulo 1000 se refiere a “servicios personales” es decir, todo aquello que tenga que ver con las erogaciones a los servidores públicos reconocidos por el Estado. Siendo que en este gran apartado se desglosan otros términos, teniendo en el capítulo 1000, concepto 1100 al personal de carácter permanente y en el concepto 1200 y partida 121 y 122  a todos aquellos trabajadores de carácter transitorio de Honorarios asimilados a salario y salario base al personal de carácter eventual respectivamente.[1] A grandes rasgos en referencia sólo al salario.

Aquí surge una nueva condición ¿Qué derechos tienen los que están bajo este esquema de contratación? En términos de la Ley Federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria artículo 69 los constriñen a recibir tan sólo un pago por prestar un servicio o trabajo temporal. Los impuestos que se pagaban por parte del trabajador en esta modalidad se denominaban ISPT de manera que igualmente, se desconocía toda relación de trabajo de acuerdo con los contratos firmados entre el trabajador y el instituto.

Ante esta afirmación, cualquier tipo de beneficio, como un esquema de protección social, antigüedad o prestaciones laborales se cancela en los hechos, quedando a la buena voluntad de los jefes inmediatos o del centro de trabajo. Espero que el lector recuerde también este dato sobre la jerarquía.

Durante finales del siglo XX y principios del actual, no parece haber tenido relevancia la figura del trabajador considerado como “prestador de servicios”, sin embargo, esta figura debe ser analizada con mayor detenimiento.

Esto pone de manifiesto, el uso de este mecanismo subterfugio para evitar la comprobación de una relación laboral además de una oración que aparece de manera recurrente en los contratos celebrados “el trabajador conviene y acepta que atendiendo al origen del presente contrato; no se derivan de él, en ningún caso, relaciones jurídicas de carácter permanente” y por otro lado amparado en el Art. 37 Fracción I de la LFT “- El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los caso siguientes: I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;” desde entonces la figura de Prestador ya se ocupaba.

El otro gran golpe vino de dos acciones en el gobierno de Vicente Fox Quezada, el primero fue el “Programa de Retiro Voluntario” que redujo en más de 21 mil plazas de carácter permanente al Gobierno Federal (Cervantes y Correa, 2002: 32), plazas que no se han recuperado y por otro lado la Ley del Servicio Profesional de carrera del año 2003. Con esto, el Gobierno Federal adelgazó las Administración Pública Federal (APF), pero desde entonces la burocracia se encareció con la creación de diversos puestos de mando con sueldos superiores a los que ostentaba el personal de base. La receta daba resultados, al menos para el capital y sus inversiones.

Esto fue la plataforma para la precarización de los puestos de trabajo en la APF en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y finalmente de Enrique Peña Nieto.

Los esfuerzos por buscar una regularización

Ciertamente, esta condición no ha sido ignorada por los trabajadores que cuentan con un nombramiento como trabajadores de base y que además están organizados a través de un Sindicato de Académicos. Apreciaciones sobre el tema se han discutido en publicaciones como “política cultural y patrimonio” del año 2003 o las memorias del IV Congreso de Investigadores de INAH del año 2006.

Una opinión que sin duda movió diversas conciencias, fue la publicación de la columna titulada “los Indocumentados del INAH” en el año 2011 por parte del Arturo Alcalde Justiniani. Este nuevo concepto, “los indocumentados” daba cuenta de todo el ejército de trabajadores o bien un “ejercito industrial de reserva” como lo planteaba Marx.

El artículo de Alcalde señalaba puntualmente la violación sistemática de los derechos de los trabajadores a un salario justo, un reconocimiento por antigüedad y acceso a seguridad social para ellos y sus familias.  Decía en aquel entonces una trabajadora “Vivimos en una permanente angustia, nos sentimos como fantasmas” (Alcalde, 2011) se buscó constituir una gran demanda colectiva por el reconocimiento de la figura de Trabajadores y se optó incluso por una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su reforma del artículo 102. Hasta ahora, esos esfuerzos no han tenido el éxito esperado.

Con la creación de la Secretaría de Cultura, a través de un decreto para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 17 de diciembre del año 2015, la crisis institucional tomó nuevo rumbo. Lo que anteriormente se subsanaba a través de ampliaciones liquidas al presupuesto anual del INAH por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se detuvo. El INAH pasó del ramo 11 de la APF al ramo 48 de la Secretaría de Cultura, con un presupuesto que no creció más allá del asignado al desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) lo cual, para ser exactos no ocurrió sino hasta 2017, pues todavía en 2016 se presupuestó en el ramo 11 de Educación Pública (Aog-PEF 2016).

El 29 de abril de 2016, en un hecho sin precedente, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, un punto de acuerdo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el INAH revisara, analizara y en su caso, regularizara la situación laboral de los trabajadores eventuales del instituto (Gaceta Parlamentaria 29-04-2016). En la presentación de este punto de acuerdo, se manejaba un total de 4726 trabajadores de base y en aquel entonces, 2229 trabajadores eventuales “no documentados y contratados al margen de la ley” y se ordenó una inspección por parte de la STPS.

En agosto de ese mismo año se informó por parte del subsecretario del Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez que, en visita del 26 de julio de 2016, se documentaron 40 presuntas violaciones (Gaceta Parlamentaria 23-08-2016). A la fecha no se conoce que ocurrió sobre esta situación.

Finalmente, durante el año 2018, se constituyó, lo que se pretendía fuera un movimiento de carácter nacional para visibilizar la problemática laboral de los investigadores por contrato, como se determinó llamarlos entonces.

El camino andado para entonces, llevó a pensar, que una negociación con los funcionarios no rendiría frutos, por lo tanto, se determinó examinar el camino jurídico. En Julio de 2018, se constituyó el “movimiento 23 de julio” con la finalidad de conjuntar las distintas experiencias en materia de contratación. Incluso, se realizó una movilización a la entonces casa de transición del ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Se recibió un pliego petitorio y se asignó un folio. No hubo respuesta formal a esa solicitud.[2]

En este contexto, debe señalarse un mecanismo de contratación que resulta ser el más socorrido en la actualidad: la contratación de “prestadores de servicios”. Como señalé antes, al parecer no es nuevo, pero ahora se ha generalizado este modelo de contratación que puede considerarse sin duda como Tercerización o coloquialmente llamado Outsourcing.

A través de este mecanismo, no se requiere formalizar relación laboral alguna, de manera que sólo se contempla el recurso suficiente para sufragar el pago de un “servicio” y se libera al contratante de todo compromiso con el “prestador”.

Este modelo no es ilegal estrictamente hablando, pero las tareas de una institución que requiere ser efectiva por disposición de ley, requiere personal con una permanencia en sus labores de carácter profesional. Este contrasentido da pie a la determinación de irregularidad y deriva en la ilegalidad de la asignación de sus responsabilidades como servidores públicos que representan una Institución con autoridad sobre el patrimonio nacional.  

Todo por el dinero

Sin duda, ha sido una circunstancia sumamente difícil de enfrentar, pues una institución como el INAH está supeditada a disposiciones que como hemos señalado al inicio, obedecen a un modelo de gobierno que busca limitar al máximo todo compromiso laboral y legal para con sus trabajadores.

Pero si de dinero y plazas se refiere,  podemos señalar que la pérdida sistemática de plazas ha sido la constante hasta el último año. En una revisión muy somera de los analíticos que componen el presupuesto institucional, tenemos que, en el año 2011, el INAH contaba con 5124 plazas de base, 4968 para 2018 y 4910 para el 2020. Este es un dato que se debe analizar y que puede corroborarse en cada uno de los desgloses del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, esto contrasta con un presupuesto que se incrementó tan sólo del año 2019 al 2020 pasando de 3,739 millones a 3,918 millones de pesos. La pregunta es ¿Cómo queda distribuido el gasto?

Cabe señalar, que el número de plazas permanentes distribuidas en cada uno de los presupuestos asignados, no refiere al personal de base, pues incluye a toda la estructura de funcionarios y puestos de confianza asignados. Es así que en 2008 para el capítulo 1000 se contemplaban 1,666 millones de pesos, pasando a 2,297 para 2015, 2,380 para 2018 y en el 2020  por  $2,537,337,251.00  pesos. Sin embargo, recordemos que el número de plazas se ha reducido. Una nueva incógnita que responder.

Año con año, la situación de precarización del empleo, los recortes presupuestales en la APF y la exigencia de reducir las opciones de prestaciones dignas a los nuevos trabajadores están llevando a una situación límite al Estado. A esta condición, se debe sumar la crisis que se avecina ante el eventual colapso del sistema de pensiones que deben ser otorgadas por el Estado.

Ahora, recordemos que se mencionó la importancia de la seguridad social y su regular aplicación. En el caso del INAH, existen conceptos llamados “compensaciones garantizadas” en diversos puestos de confianza. Esta irregularidad se traduce en una aportación menor al régimen de pensiones que a la larga llevará al trabajador a un porcentaje mucho menor del esperado, en caso, de que sea acreedor a una pensión por medio del sistema de retiro individualizado. Es decir, el concepto P06 de sueldos es mucho menor de forma convencional y se incrementa con el concepto P07 de Compensación Extraordinaria que no es base de cálculo para las aportaciones en servicios sociales.

La Cuarta Revolución Tecnológica

Si algo podemos reconocer, es que la innovación tecnológica y su aplicación en el mundo del trabajo nos enfrenta a la reducción sistemática de las fuentes de empleo. Las tareas asignadas a trabajadores son desarrolladas por aplicaciones elaboradas por consorcios que se utilizan de manera rutinaria sin medir la afectación al derecho de un trabajo digno a millones de seres humanos.

En la investigación, sobre todo la de campo, la aplicación de avances tecnológicos ha ido desplazando poco a poco las tareas que recurrentemente se llevaban a cabo a pie, como pueden ser los recorridos de exploración arqueológica o los levantamientos de bienes inmuebles. El uso de tecnología de geolocalización, de percepción remota y de penetración por medio de sensores, sobre todo laser, se ha propuesto como herramienta de reducción de costo y tiempo, pero desplaza tareas que antes eran asignadas al personal de instituciones especializadas para ser otorgadas a empresas de carácter privado, sobre todo, que al igual que lo expuesto hasta ahora, pueden aplicar estrategias de sobreexplotación de trabajadores y especialistas.  

Conclusiones y propuestas

Como se ha podido apreciar, este es un acercamiento muy superficial de la condición en la que se encuentra el INAH ante los retos del mundo laboral. La situación es sumamente preocupante y pone en riesgo la necesaria renovación del personal que tiene la encomienda de hacer cumplir un mandato de Ley Orgánica y de Ley Federal sobre monumentos, así como referentes a la materia de patrimonio cultural.

La situación laboral del INAH no puede desligarse de la condición de precariedad que estamos viviendo actualmente. Es necesario plantear análisis objetivos que no se reduzcan a la solicitud de recursos económicos, sino al análisis de la verdadera función de las ciencias antropológicas, la formación de nuevas generaciones de investigadores y trabajadores del patrimonio y el papel fundamental que tiene la cultura en la generación de ingresos, la justicia laboral, el fortalecimiento de la identidad regional y su valorización como base fundamental de la estructura social.

Bibliografía

Alcalde Justiniani, Arturo (2011) “los Indocumentados del INAH” Periódico La Jornada, Opinión, 27 de agosto de 2011.

Anaya Torres, Edgar Daniel (2019) Calidad educativa como precariedad laboral: Análisis de América Latina. En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLIX, núm. 2, pp 9-33, 2019.

Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4519, viernes 29 de abril de 2016 Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/

Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4602, martes 23 de agosto de 2016 Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/  Oficio 200/SDT/104/2016 suscrito por Rafael Adrián Avante Juárez.

Cervantes, Jesusa y Guillermo Correa (2002) “Con Fox, la burocracia se encareció” Revista Proceso No. 1115, 24 de marzo de 2002. México.

Delegación D-II-IA-1 Sección 10 SNTE. Profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (2003) Política Cultural y Patrimonio. Delegación Sindical DII-IA-1, H Cámara de Diputados LVIII Legislatura. México.

Delegación D-II-IA-1 Sección 10 SNTE. Profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (2006) Memoria del IV Congreso Nacional de Investigadores del INAH. Delegación D-II-IA-1 Sección 10 SNTE, México.

Naum. Uriel (2016) El modelo económico actual no es sostenible: OCDE. Revista Forbes (06-09-2017). https://www.forbes.com.mx/el-modelo-economico-actual-no-es-sostenible-ocde/ (Consultado el 30 enero de 2020).

Organización Internacional del Trabajo (2020) Impulsar la Justicia social, promover el trabajo decente https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang–es/index.htm (Consultado el 11 de febrero de 2020).

Ramírez Tamayo, Zacarías (2019) Desconoce José Ángel Gurría lo que es el Neoliberalismo. Revista Forbes (18-06-2019). https://www.forbes.com.mx/desconoce-gurria-lo-que-es-el-modelo-neoliberal/ (Consultado el 30 enero de 2020).

Sotelo Valencia, Adrián (2015), El Precariado ¿Nueva clase social? Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Stiglitz, Joseph (2019), The end of the neoliberlism and the rebirth of history. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/end-of-neoliberalism-unfettered-markets-fail-by-joseph-e-stiglitz-2019-11/ (Consultado el 5 de noviembre de 2019).

Leyes, Reglamentos y Convenios

Analítico por objetos del gasto (2016). Presupuesto de egresos de la Federación para el año 2016. Disponible en https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_Presupuestarios.

Condiciones Generales de Trabajo del INAH (1981) segunda edición  2007, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Disponible para su consulta y descarga en <https://gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/13754451582.pdf>

Ley Federal del Trabajo. México, texto vigente al 2 de julio de 2019.  Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf>

Ley Orgánica reformada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939) última reforma del 17 de diciembre de 2015. INAH, México. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170_171215.pdf>

[1] Clasificador por objeto de gasto en la Administración Pública Federal de 2020

[2] Acusan investigadores ilegalidad en INAH Yanireth Israde Reforma CDMX, 23 julio 2018

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2012: El décimo aniversario de un año interesante



2012: El décimo aniversario de un año interesante

Carlos Humberto Contreras Tentzohua

El 2012 fue uno de esos años que marcaron un antes y un después en México, pues antes de éste se consideraba que había cosas que se iban a quedar sin cambiar, y que quienes quisieran un cambio eran en el mejor de los casos unos ilusos, pero hoy después de 10 años esa clase de aseveraciones se han quedado sin sustento. Personajes fueron y vinieron en la historia de México en ese momento, algunos se repusieron y hoy juegan parte importante de la política mexicana, mientras otros se apagaron y hoy sólo dan patadas de ahogado. Haremos un breve repaso de lo que sucedió en ese año, y lo compararemos con lo que sucede hoy.

Para empezar, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el 2012 tuvo que remar a contracorriente del régimen neoliberal así como de las clases dominantes de este país, pues todos daban por hecho que Enrique Peña Nieto vencería fácilmente en las elecciones. La realidad fue que nuevamente se quedó en segundo lugar, esta vez debido a Monex, al sistema de acarreados tan propio del PRI, así como al hecho de que mexicanos de mediana edad en verdad creían que las cosas irían mejor con el PRI. Desde ese momento AMLO tomó la acertada decisión de abandonar al PRD, para así separarse de los Chuchos, y fundar a Morena como partido político. El bloque histórico que dominaba a México, pero muchos izquierdistas extremistas también, daban por hecho que AMLO estaba acabado, que el PRI tenía asegurado el gobierno de México por varios sexenios, y que no habría rival para el neoliberalismo. Pero la realidad fue otra, pues AMLO salió adelante, se repuso de las derrotas, y hoy el proyecto nacional-popular que él representa va viento en popa.

Las clases dominantes y los medios de comunicación aseguraban que EPN vencería con facilidad en el 2012, y que en su gobierno se “salvaría a México”. Quienes se oponían a él eran testigos de la arrogancia de los priistas que presumían con orgullo que apoyaron a EPN, o que su derrota del 2000 no fue un adiós, sino un hasta luego. La realidad fue que el regreso del PRI a los Pinos fue un desastre para México, pues además de las masacres en Michoacán o en Jalisco, se dio la entrega de los hidrocarburos para el extranjero, lo que fue un golpe mortal para la supervivencia de México como un Estado-Nación Soberano. Por si no fuera poco sucedería la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, y a partir de ese momento el PRI y EPN ya no se repusieron, cayeron en el total descredito. Hoy el PRI es un partido dividido, que sigue perdiendo militancia, en el que ya muy pocos creen. De la infatuación del 2012 no les queda nada, la prueba de eso es que EPN tiene que vivir ocultando su identidad incluso en el extranjero, y quienes lo apoyaron por lo general agachan la mirada, y hasta se les ve de capa caída.

Otro fenómeno importante del 2012 fue el #Yosoy132, movimiento social que si bien surgió de una universidad de élite (Universidad Iberoamericana), la realidad es que se volvió un movimiento popular, en el que estudiantes y personas de todas las edades manifestaron su descontento en contra del PRI y de EPN, pues su victoria significaría un retroceso a las peores épocas de represión de dicho partido político, aunado a que el neoliberalismo continuaría. El movimiento fue un fuerte apoyo a AMLO, y sirvió en gran medida para contrarrestar a EPN y el descarado apoyo de los medios masivos de comunicación. El #Yosoy132 fue derrotado pues EPN venció, pero en los meses siguientes las manifestaciones continuarían así como las estrategias a futuro. Quienes participaron en dicho movimiento jamás volvieron a confiar en el PRI, en el PAN, en los medios masivos de comunicación, así como en las élites del país, por lo cual se puede decir que el #Yosoy132 perdió la batalla en el 2012, pero ganó la guerra en el 2018, aunque claro, no se puede cantar victoria todavía, eso sólo el tiempo lo dirá.

Lo curioso es que a pesar de ser “fresa”, bien portado, posmoderno, o incluso poco coherente, el #Yosoy132 se ganó el odio de muchos reaccionarios a lo largo y ancho del país, quienes llegaron a provocar e incluso a agredir a quienes simpatizaban con dicho movimiento. Particularmente recuerdo que en una marcha un priista le dijo a un compañero: ¡Van a perder, van a perder! O en otra ocasión un priista desde su coche nos gritó: ¡El PRI les ha dado todo, les ha dado todo! El #Yosoy132, así como después el movimiento por Ayotzinapa, fueron vilipendiados por las elites de México, y políticos reaccionarios tanto del PRI como del PAN pidieron prohibir las marchas así como las concentraciones. La prueba de que las cosas han cambiado es que hoy la derecha reaccionaria es la que protesta en las calles como nunca lo habían hecho, pero sin ser acosados o agredidos, ya no se oponen a las marchas, ¡hasta se solidarizan con las anarco-feministas a pesar de despreciarlas!

Antes del 2012 sucedió el 2011, año en el que la guerra de Calderón alcanzó un grado catastrófico de barbarie así como de destrucción. Tras el asesinato de su hijo a manos de narcotraficantes, Javier Sicilia decidió lanzar un movimiento social para protestar contra las victimas de esa guerra. La justicia que buscaba hizo que muchas personas se solidarizaran con él y su movimiento, parecía que iba a conseguir algo, pero entonces le comenzó a dar besos a Felipe Calderón así como a otros personajes de la reacción, por lo cual el aprecio que se ganó se convirtió en desprecio así como en burlas. En el 2012 llamó a boicotear las elecciones, lo que le valió miles de críticas, por lo cual dio marcha atrás; luego intentó besar a AMLO y éste lo despreció para así marcar sus líneas rojas. Desde entonces Javier Sicilia vive de la victimización así como de la tragedia de su hijo, pocas personas lo siguen, salvo los Le Baron, quienes se oponen a todos los proyectos de AMLO al igual que Sicilia. A finales del 2021 Sicilia comparó a AMLO con Hitler, e incluso aseguró que éste último tenía más talento que el primero, lo que le valió toda clase de insultos así como de críticas, de hecho hasta lo balconearon, pues resultó que uno de sus mentores había sido un ferviente seguidor del nazismo. Sicilia cayó muy pronto en la irrelevancia, hoy sólo llama la atención cuando insulta o critica a AMLO, lo cual nos habla de lo bajo que ha caído.

Otro personaje que ha caído muy bajo es el subcomandante Marcos (Galeano),así como el EZLN quien en el 2012 volvió  a asegurar que todos los candidatos eran unos bribones, y que la única esperanza era la resistencia desde abajo como la de los campamentos del EZLN, además como de costumbre para él el peor de todos era AMLO, pues no era una izquierda autentica. Ya en el 2006 quedó claro que esa estrategia de atacar a AMLO le fue contraproducente al EZLN, pero no aprendieron su lección. En el 2018 intentaron candidatear a Marichuy, pero no lo consiguieron, para la mayoría de las personas se habían vuelto irrelevantes desde el 2001, e incluso en el 2006 se ganaron el desprecio de muchos, y de eso jamás se recuperaron. Se oponen a todos los proyectos de AMLO, pero son pocos quienes se les unen. De hecho a finales de 2021 Germán, líder histórico de las FLN (el antecedente del EZLN) acusó a Marcos de ser un acosador sexual, así como de haber trastocado todo el proyecto de las FLN, con lo que el aura de Marcos no sólo se desvanece más, sino que hasta se oscurece, al igual que todo el neozapatismo y sus seguidores.

 Muchas personas creen que nada ha cambiado, pero eso no es verdad. Por lo general antes del 2018, y sobre todo en años tan convulsos como el 2012 con el #Yo soy 132, o en el 2014 con el Movimiento por Ayotzinapa, por lo general quienes se oponían al gobierno en esos entonces invocaban el artículo 39º  de la constitución:

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Con ell llamaban a derrocar al gobierno para cambiar el estado de cosas. Los intelectuales “liberales”, “democráticos”, que hoy ya no tienen miedo de mostrar que son reaccionarios, acusaban a quienes invocaban dicho artículo de ser terroristas, de atentar contra la nación, de querer destruir la “paz”. ¡Hoy es la reacción la que invoca tal artículo! ¡Y sin miedo a represalias! Junto a esos intelectuales que demostraron ya su lado reaccionario, podemos ubicar también a la revista Proceso, que publicó una histórica portada el 2 de julio, en la que el logo de Televisa aparecía con la banda presidencial, criticando con eso la manera en la que el PRI se había apoderado de la presidencia de México. Hoy en cambio Proceso ya se volvió una revista conservadora y anti- AMLO, poco queda de ese espacio critico en donde se trataba de encontrar información veraz.

En diez años las cosas han cambiado bastante, en algunos se dio un giro de 180º, en otros personajes que eran el centro de atención quedaron opacados, otros en cambio sacaron a relucir su verdadera esencia. Los cambios se dan de forma lenta, y muchas veces no como se hubieran querido, pero ocurren. Sin saberlo las semillas del 2012 están dando sus frutos ahora. En los siguientes diez años veremos qué es lo que les ocurre.

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El STPRM y sus 25 aspirantes



El STPRM y sus 25 aspirantes

CE. Intervención y Coyuntura

La mayoría de los trabajadores de México, y del mundo, está en una desventajosa resistencia contra el neoliberalismo, al tiempo que busca obtener o preservar las pocas conquistas sociales que aún conserva (salud, educación). Apenas una minoría está organizada, mientras las grandes corporaciones, en contrapartida, establecen condiciones de trabajo y se apropian de los recursos naturales y medios de producción, imponiendo su poder político y el control de los medios de comunicación.

Los sindicatos son aún fundamentales para la acción de los trabajadores, pero la mayoría han sido usurpados por representaciones burocráticas espurias, dedicadas a impedir la acción de los trabajadores. En México, la expresión más deleznable es el charrismo sindical, que desnaturaliza a la organización con su accionar corrupto y muchas veces violento.

En este contexto, el 31 de enero de 2022, los trabajadores petroleros están convocados a elegir a un nuevo secretario general del Comité Ejecutivo General, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), puesto actualmente vacante por la “jubilación” del exsecretario general Carlos Romero Deschamps, quien ocupó el cargo desde 1997 hasta su jubilación en 2021. El STPRM es titular del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de Pemex, empresa estratégica para el futuro de la Nación, actualmente sometida a una sostenida destrucción. Los trabajadores petroleros, después de desempeñar un encomiable papel en el rescate y nacionalización del petróleo en 1938, fueron alejándose de su organización sindical hasta dejarla en manos de dirigentes charros, que han puesto en riesgo no solo la fuente de trabajo y sus derechos laborales, sino el patrimonio de la nación.

No es que antes no hubiera oposición petrolera, pero la represión administrativa y sindical siempre la mantuvo en mínima resistencia. Esta vez, las condiciones parecen menos desfavorables, ante la posibilidad de ejercer el voto secreto y directo, mediante la vía digital, utilizando un sistema llamado Sirvolab (Sistema Remoto de Votación Laboral), elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Tal sistema se limita a recibir y contabilizar los votos; las cuestiones relativas a la elección son estatutarias y correspondió a la dirección temporal del sindicato establecerlas. Las anomalías que se detecten en el proceso deberán denunciarse ante la propia STPS, quien las analizará y dictaminará su procedencia, en términos del propio estatuto sindical. El antecedente inmediato fueron las elecciones de los comités ejecutivos locales para las 36 secciones sindicales, que sí se desarrolló presencialmente.

Otra novedad del proceso consistió en la presentación de los candidatos en las llamadas conferencias mañaneras del presidente (del 24 al 28 de enero), para que en el término de 5 minutos, presentaran la síntesis de sus programas y propuestas, no solo a los trabajadores, sino de manera pública. Se trató de 25 trabajadores que lograron cumplir los requisitos estatutarios y registrarse para la elección, en el plazo establecido en la convocatoria. Ellos disputarán el cargo en condiciones muy distintas a las que hasta la fecha habían privado en el sindicato.

Y es en este punto donde conviene hacer algunos comentarios. Independientemente del desarrollo del proceso electoral, escuchar a los aspirantes al cargo hacer la caracterización de su sindicato y presentar públicamente las propuestas que plantean para permitir su avance, permite tomar el pulso a una parte muy importante del movimiento sindical en nuestro país. Cabe señalar que el STPRM cuenta con cerca de 90 mil trabajadores sindicalizados (según el padrón público 2021 más reciente), distribuidos en alrededor de 500 centros de trabajo en toda la República, y agrupados en 36 secciones sindicales. Extraoficialmente se considera que Pemex actualmente emplea de manera directa a más de 120 mil trabajadores en total, incluyendo al personal de confianza y transitorio. Existen, además, múltiples empresas que desarrollan trabajos para Pemex de manera permanente, algunos de cuyos trabajadores son “socios” del sindicato.

1. Autonomía sindical. De inicio, es de notar que varios aspirantes emplearon parte de su tiempo en señalar al candidato Ricardo Aldana Prieto (actual secretario tesorero de la organización), como el candidato “oficial”, y de ser el designado por la hegemonía charra para continuar el control que por décadas ha ejercido en el sindicato.

Desde hace años el STPRM y sus dirigentes han ocupado reiteradamente espacio en los medios, al ser señalados en múltiples denuncias (la mayoría mediáticas y solo algunas judiciales) y, sin embargo, gozan de impunidad. Sin embargo, desde el punto de vista sindical, el asunto podría resolverse logrando la restauración de la vida sindical democrática y aplicando —si es procedente—, el estatuto. Sugerir otra cosa implicaría la intromisión del Estado en la vida sindical. La impunidad de los charros constituye un pendiente judicial, que sí es responsabilidad del propio Estado.

Otro tanto ocurre con las reiteradas denuncias que hicieron los candidatos acerca de la inequidad de las elecciones, así como de la “ilegalidad” de ciertas postulaciones, principalmente la de Aldana. El problema es grave, cuando no solo la mayoría de los trabajadores, sino varios de los aspirantes demuestran desconocer sus estatutos vigentes (ya que estos se han modificado, siempre para favorecer el control de los charros). Esa situación debe superarse también por los propios trabajadores, mediante la organización de las diversas disidencias, que tendría que estar enfocada en este momento en disputar la elección y ganarla inobjetablemente, o bien, en consolidarse como una opción viable en la vida del sindicato, con un proyecto propio e independiente. Es evidente que de los 25 candidatos varios hayan sido postulados como “relleno”, impulsados por los charros para restar votación a los opositores reales, pero aún así, son demasiados los contendientes y realmente pocas las alternativas.

2. Las elecciones son la oportunidad para reflexionar y discutir acerca de la organización sindical y sus experiencias y analizar críticamente la situación a partir del rescate de sus efímeras victorias y sus amargos retrocesos, pero también planteando las propuestas políticas correspondientes. No obstante, los 25 aspirantes presentaron prácticamente los mismos reclamos y demandas, por lo que la mayoría de sus propuestas resultaron reiterativas y hasta coincidentes con las de su principal adversario.

Independientemente del resultado de la elección, es claro que los petroleros necesitarán de alianzas para alcanzar esa anhelada transformación, a la que casi todos los candidatos aludieron. Pero la unidad debe expresarse organizadamente y no solo mediante declaraciones. En las presentaciones fue evidente que varios aspirantes no se conocían entre sí, por lo que es posible que tampoco lo sean por los demás trabajadores, mucho menos los grupos a los que representan o participan (varios incluso carecen de organización o corriente sindical interna, sino que participan en la elección a título individual, sin ninguna representatividad). Dos de ellos manifestaron su adhesión a la vieja corriente “quinista” pero, a pesar de contar con «los 50 mil millones de dólares en fideicomisos que ‘la Quina’ dejó en los diferentes bancos de México», como aseguró la última candidata en su presentación, no ponen a disposición de los trabajadores algún medio para consultar sus propuestas. No dieron a conocer, por ejemplo, algún proyecto de Prensa Obrera independiente.

3. Sobre el Programa. Tocó a Aldana (por el orden alfabético) presentar primero lo que denominó “su programa de trabajo”, con planteamientos tan demagógicos como efectivos para muchos de los petroleros «…defender el CCT, elevar la calidad de vida de los petroleros y sus familias, incrementar la productividad laboral y un nuevo modelo de operación de la oficina de la secretaría general» y remató sin el menor asomo de pudor: «Vamos por un nuevo Pemex y vamos por una nueva organización».

Ricardo Aldana demuestra ser un auténtico charro sindical (“con más de 40 años de servicio”) pero, como tal, su peor “pecado sindical” no es la corrupción que se le imputa, sino el resultado de esta, es decir el sometimiento —y el del sindicato—, al poder político y económico, en perjuicio no solo de los trabajadores, sino de la empresa pública (hoy productiva del estado). Aldana, en su calidad de miembro delegado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), participó en la 19 asamblea nacional en la que se modificaron los estatutos de dicho partido para eliminar toda referencia a los artículos 27 y 28 constitucionales, que preservaban explícitamente para la Nación el dominio sobre los energéticos. Después de aprobar las modificaciones (por aclamación), de manera hipócrita, rechazó el texto y hasta propuso eliminarlo. Su propuesta era una simulación y la “perdió”. Es evidente que este individuo no debería encabezar al sindicato, pero el problema es constituirse en alternativa, cuando la oposición actúa dispersa e improvisadamente, sin un verdadero programa.

4. Prácticas obsoletas. Han transcurrido más de 100 años de lucha de los trabajadores en México y el charrismo sindical aún predomina en todos los órdenes, fundamentalmente por la complacencia de los trabajadores, adormecidos en sus organizaciones. Parte del problema es el empirismo, la improvisación y el espontaneísmo. El STPRM es prueba palpable, como en el propio sector de la energía lo son el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, o el casi extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya decadencia plantea una seria advertencia a los trabajadores petroleros: aún los sindicatos poderosos, están anquilosados en una práctica sindical obsoleta y desclasada y pueden caer.

Otros sindicatos grandes, que se consideran “progresistas”, han optado por contemporizar con el capital, asumiendo cuestionables liderazgos que los acercan cada vez más al charrismo y los alejan de su clase. Allí están, entre otros, los telefonistas y los mineros (con sus líderes eternos), sumando conflictos y derrotas mientras que en otras áreas de sus respectivas industrias, miles de trabajadores a nivel nacional desconocen de derechos e, inclusive, si pertenecen a un sindicato. La alternativa sería crear el Sindicato de las Telecomunicaciones y el Sindicato de la Minería y la Metalurgia, pero no forma parte de su política.

5. La problemática de los trabajadores y la disidencia. Las presentaciones de los petroleros disidentes transcurrieron sin que se plantearan a fondo cuando menos los problemas candentes de los petroleros. Tal es el caso del contratismo, al que ni siquiera se mencionó y que ha provocado el cese de miles de trabajadores en Pemex durante las últimas décadas. Nadie hizo propuestas concretas que implicaran la recuperación de las funciones que les han sido arrebatadas, para desarrollarlas por administración directa y eliminar el contratismo. Los charros “resolvieron” el asunto a su modo hace años: cobran un porcentaje por las obras que se entregan a los contratistas y además pactan con los empresarios que sus trabajadores “coticen” al sindicato.

Ante la reciente adquisición por parte de Pemex de una refinería en Texas, fue lamentable escuchar a un sonriente aspirante a la dirección del sindicato, expresar su “sueño” por irse a trabajar a Deer Park y obtener la doble nacionalidad. Otros candidatos perciben dicha refinería como la oportunidad de “aprovechar la tecnología y experiencia” y adquirir “los conocimientos especializados y transferencia de tecnología para aplicarse en las refinerías de Pemex”. Sería más factible pugnar por la recuperación de sectores importantes que les han sido arrebatados en nuestro propio país.

Relacionado con lo anterior, existen trabajadores “transitorios” en Pemex, con años de servicio. Para resolverlo un candidato hizo una propuesta “radical”: “Proponer la basificación”. Otro planteó crear “un escalafón para transitorios” y uno más anunció que revisaría las “reglas de los escalafones supernumerario (…) y derecho preferencial”; mientras que uno más aseguró que propondrá “que los socios transitorios con más de 10 años de antigüedad puedan también participar (sindicalmente)”. El caso es que en Pemex existe un Contrato Colectivo, pero subsisten formas de contratación y condiciones a margen de éste y, hasta hoy, la organización sindical no ha sido capaz de unificar las condiciones laborales. Por lo escuchado, seguirá igual.

En otro tema aún más grave, varios aspirantes coincidieron en proponer que el sindicato vuelva a ser parte del consejo de administración de Pemex, demostrando ingenuidad y desconocimiento de la historia. Coadministrar no es política para los trabajadores, como quedó demostrado cuando Lázaro Cárdenas intentó instaurar una “administración obrera” en Pemex, después de la nacionalización. La experiencia fracasó, porque en la práctica representa una grave contradicción: ante los trabajadores la dirección sindical se convirtió en representante de la empresa y del gobierno y, para estos, seguía siendo el representante de los trabajadores. Más recientemente, en 2009, cuando se instaló el consejo de administración de Pemex, el sindicato estuvo representado por Aldana y otros 4 “consejeros representantes” ¿Qué hicieron? convalidar la entrega de la industria petrolera de los mexicanos al capital privado, principalmente extranjero.

6. Los principios de lucha. También fue reiterado el llamado de los opositores a renovar su organización a partir de esta elección, refiriéndose principalmente a los aspectos laborales. Más bien el sindicato (y los aspirantes a dirigirlo) precisa de plantearse la lucha política, desarrollar la conciencia de los trabajadores, ampliar su visión y superar la ideología burguesa que los aparta de sus deberes de clase. Varios candidatos plantearon la necesidad de fomentar la capacitación, alguno propuso capacitar a los “funcionarios sindicales”, «para que estos tengan reconocimiento en la aplicación correcta del contrato colectivo y de los estatutos generales y el trato hacia los trabajadores». No basta la capacitación laboral y (o) sindical, es indispensable la formación y la educación política, el acceso a la cultura obrera, pero ninguno de los aspirantes mostró tal visión.

El sindicalismo gremialista (o en este caso de empresa) ha sido rebasado por la realidad capitalista, en el caso de la energía por ejemplo, la industria petrolera enfrentará una severa transformación en un futuro no tan lejano, sea por el agotamiento de los hidrocarburos, o por la tendencia a reducir el uso de estos como energético primario (como combustible). La reducción de la demanda determinará nuevos retos para los trabajadores petroleros. Es lógico prever que, en un horizonte de al menos tres décadas, el sector petrolero comenzaría a dejar de ser una rama estratégica del sector energético, para trasladar su peso a otros sectores. Evidentemente entonces repercutirá la entrega de la petroquímica secundaria, privatizada a partir de 1995 pero, en este contexto, convocar a la fundación de un Sindicato de la Energía permitiría a los petroleros trasladar su conocimiento a otras áreas del sector energético. La renovación del STPRM tendría que considerar y prepararse ya para retos como este e incorporarlos a sus principios de lucha hacia la reorganización del movimiento obrero.

En conclusión, la unidad de los petroleros tendría que concretarse en un programa para ser evaluado y reformulado por todos los trabajadores. Pero ninguno de los candidatos lo divulgó, si es que lo tenía, aunque una candidata aseguró que requeriría de “unos cinco programas de tiempo completo” para dar a conocer el suyo. Se confunde programa con enlistar las demandas y problemas de los trabajadores. En estas condiciones, para la oposición —gane o pierda la elección—, el camino es aún largo y comienza por construir una organización amplia, con presencia en todos los centros de trabajo y a todos los niveles, que permita la difusión de su programa y hacer el consenso de este. Se requiere reconstruir al movimiento petrolero democrático y en ese empeño no caben nuevos charros ni tendencias ingenuas u oportunistas que, convencidos de que “las bases” prefieren el continuismo, pronto se someten.

Así, el triunfo más importante para la oposición consistirá en salir unificada y fortalecida de esta elección, para constituirse en una verdadera corriente democrática petrolera, con la fuerza política suficiente para liberar a los trabajadores del charrismo.

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El CIDE: ¿autonomía como restauración?



El CIDE: ¿autonomía como restauración?

CE, Intervención y Coyuntura

En los últimos días, la situación se ha precipitado al seno de los sectores medios opositores al gobierno que en esta ocasión se han aglutinado bajo la demanda de autonomía para el CIDE y de rechazo a las reformas del órgano que ha emprendido el CONACyT. Aprovechando los resquicios de un gobierno en el que actúan varias fracciones y grupos, el saldo ha sido una decisión dividida, aunque mayoritaria, de transformación de las reglas más generales que organizan la vida interna. La 4T no ha sido muy clara, tampoco, en el destino que tendrá la institución, sobre todo en el entramado conflictivo de un sector académico que se niega a negociar y ha asumido una posición maximalista de todo o nada.

Respecto a la demanda de autonomía, hasta ahora, el movimiento no ha elaborado algún tipo de documento –en realidad sobre ningún tema en específico– en donde se pueda profundizar en su lógica, su trayectoria, su inserción en el debate público, por lo que sólo queda la intuición y algunas declaraciones en medios para acercarnos a su prospección de autonomía y cuál es la finalidad de ésta.

En la pasada marcha del 13 de diciembre, Javier Aparicio, profesor de dicha institución dijo ante medios:

Creemos que para el ejercicio de una educación libre es fundamental contar con autonomía para que no nos estén diciendo que sólo las universidades autónomas pueden ejercer su libertad de cátedra o su libertad de expresión, para que no nos digan que somos burócratas, que somos una paraestatal y no nos queda de otra más que esperar a que la directora del Conacyt decida quién quiere que nos dirija, estamos en contra de eso. No creemos que nuestras libertades y derechos estén supeditados a qué partida presupuestal o qué ley secundaria es la que nos da cobijo. Esa es nuestra primera petición: queremos autonomía. Es posible que a otros centros públicos de investigación les interese esto, ya lo veremos.[1]

Como se puede apreciar, se entiende a la autonomía como un concepto administrativo, como autodeterminación orgánica de la no-injerencia del gobierno –en este caso del órgano regulador de la política científica– en los asuntos internos de la institución. En ese sentido vale la pena reflexionar en porqué hasta ahora aparece esta demanda en el imaginario de cierto segmento de esta comunidad, asociada a los buenos dividendos de ser la “elite” (según escribio Mauricio I. Dussauge Laguna, académico de la institución en Nexos[2]) ¿Acaso antes no había injerencia por parte del gobierno? o ¿Cuál era la relación que mantenía el CIDE con él, que dicha injerencia nunca la vieron con un carácter negativo?

Hace poco, Hugo Aboites mostró algunas de las formas de cómo el CIDE aportó a la implementación de políticas neoliberales en la educación,[3] y más recientemente, Luis Hernández Navarro ha mostrado cómo el CIDE “se involucró en la defensa de los paramilitares de Acteal que ultimaron a los integrantes de Las Abejas”[4] en 1997. Ambas visiones dan cuenta de algunas de las relaciones que estableció la institución con varios de los gobiernos que articularon una serie de políticas neoliberales.

Por otra parte, el conflicto que hoy se desata en el CIDE no puede decirse que aparece en cielo sereno, sino en el marco de un cambio en la relación entre los centros de investigación CONACyT con el actual gobierno de la 4T. Es decir, el conflicto estudiantil agrupado alrededor de #YOdefiendoalCIDE es una faceta de un discurso que considera que la 4T realiza un ataque a “la ciencia” (fetiche abstracto que se ha puesto de moda, sin evaluar las instituciones, mediaciones, prácticas y tensiones), en donde se percibe que la imposición de Jorge Telleache como director es la manifestación de dicha embestida. Es en este marco que se suscita la demanda de autonomía.

Ante la demanda de autonomía por parte de un sector de la comunidad del CIDE, vale la pena recordar –como ejemplo y experiencia– lo que ha representado la autonomía para la UNAM, en donde ha funcionado como una mediación que ha tenido diversas aristas y su estudio no es sencillo, por lo que sólo nos ceñiremos al cómo ha sido utlizada por algunos sectores de su comunidad.

Por un lado, la izquierda universitaria ha considerado la autonomía como un escudo frente a la represión policiaca y militar, y sin embargo, en repetidas ocasiones –gracias a los sectores conservadores, tanto internos como externos, que han llamado a un supuesto “reestablecimiento del orden”– la autonomía ha sido quebrantada en diferentes ocasiones, con el aplauso de sectores de su comunidad y de la prensa[5]; por cierto que muchos propulsores de la autonomía del CIDE –como Sergio Aguayo– en su momento fueron entusiastas del ingreso policial a la UNAM. Por otro lado, la autonomía ha funcionado para oscurecer las redes políticas que los directivos tienden con el sector empresarial, incluso haciendo pasar por una cuestión académica, el uso o la renta de los espacios universitarios sin que ello esté reglamentado en la Legilación Universitaria. Ya no se diga de la producción teórica de la institución, pues conviven publicaciones de orientación de izquierda con textos apologéticos de las políticas neoliberales, por más que Leonardo Lomelí Vanegas, el secretario general de la UNAM, quiera presumir la “orientación crítica” de la institución a través de sus impresos y producciones culturales.[6]

Es decir, la autonomía no es sinónimo de democracia, ni garantía de no injerencia del gobierno en la libertad de cátedra, ni muestra de la orientación crítica de una institución y, desgraciadamente, en las instituciones autónomas del país ha funcionado para refrendar el poder de los grupos y cúpulas, haciendo de la autonomía letra muerta al enmascarar las relaciones de poder que allí se reproducen, y conviertiendo a las instituciones en soliloquio de grupos políticos y económicos que hacen de la crítica académica una conservación del status quo.

El camino de la transformación de esta situación es arduo, pues requiere llevar la autonomía a su máxima expresión, es decir, generar un verdadero diálogo entre las comunidades que recupere la polifonía de voces para hacer de las instituciones académicas espacios de crítica y autocrítica del país, espacios que incidan de manera activa en el devenir de la nación. Algo similar a la propuesta de autogestión académica de José Revueltas que trataba de eludir este componente oscuro de la autonomía. Pero la autogestión académica no es un manual, sino una propuesta que fue enarbolada para un momento concreto que debe ser tomada con tiento, actualizarla, reinterpretarla y traducirla a nuestro contexto.

Lo más preocupante es que el movimiento del CIDE, en su demanda de autonomía, no reflexiona en estas problemáticas; de manera acrítica e inmediatista perfilan una autonomía que les permita seguir operando como antes, sin ningun cambio. Más que una conquista que colabore a modificar las formas del gobierno universitario, aportando en algun renglón, en realidad se pretende generar una restauración del estadio previo a lo que consideran la trastocación del orden. En su análisis han identificado a su enemigo: Jorge Telleache y María Elena Álvarez-Buylla; de manera que sus objetivos se ciñen a la remoción del primero y a la no injerencia de la segunda; dichos objetivos se acercan a dos polos: a) un sector crítico de izquierda que considera que la 4T tiene un desprecio por la actividad intelectual (“el ataque a la ciencia”); y b) un sector del antiobradorismo que ve toda acción del gobierno como negativa. Si bien esta propuesta de división es arbitraria, da cuenta que en el movimiento están puestas diversas expectativas ante las cuales el movimiento tendría que posicionarse y marcar algo nodal: su independencia política, pues sin ella será presa de otros intereses como hasta ahora ha sido en la clara pallidización de la protesta, en donde caras conocidas de los grupos de presión de la Unviersidad de Guadalajara no solo han estado presentes, sino que se han volcado de manera decidida.

Sin independencia política, su demanda de autonomía sólo expresa el deseo de regresar a la anterior relación que tenían con el gobierno –siempre que ésta le sea afín a sus intereses y privilegios de ser una “élite” en palabras de Mauricio Dessauge[7]–, aquella que Hugo Aboites y Luis Hernádez Navarro han denunciado, en donde el CIDE se convirtió en uno de los enclaves que construyó el consenso neoliberal y avaló la paz de los sepulcros que nos dieron los gobiernos neoliberales.

[1] Alida Piñón, “«Queremos autonomía»: comunidad del CIDE” en El Universal, 14 de diciembre de 2021. [https://www.eluniversal.com.mx/cultura/queremos-autonomia-comunidad-del-cide]

[2] Mauricio I. Dussauge Laguna. “Defiendo al CIDE porque defiendo a México” en Nexos, 10 de diciciembre de 2021. [https://www.nexos.com.mx/?p=63696]

[3] Hugo Aboites, “Un rincón cerca del cielo” en La Jornada, 18 de diciembre de 2021. [https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR0twzR4Tg9d5QV7XYfRfOuUDzxUuIeKpK7oqaZ3QoEAjzjCkZ5GUWaO03M]

[4] Luis Hernández Navarro, “El CIDE y la masacre de Acteal” en La Jornada, 21 de diciembre de 2021. [https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/21/politica/el-cide-y-la-masacre-de-acteal/]

[5] Ismael Hernádez Lujano “El CIDE, más allá del derecho a la protesta” en Intervencion y Coyuntura. Revista de Teoria y Crítica Política, 9 de diciembre de 2021. [https://intervencionycoyuntura.org/el-cide-mas-alla-del-derecho-a-la-protesta/]

[6] CE, Intervención y Coyuntura, “Universidad y Conciencia crítica” en Intervencion y Coyuntura. Revista de Teoria y Crítica Política, 5 de noviembre de 2021. [https://intervencionycoyuntura.org/universidad-y-conciencia-critica/]

[7] Mauricio I. Dussauge Laguna. Op. cit.

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Defender la ENAH, no sólo el presupuesto



Defender la ENAH, no sólo el presupuesto

Rodrigo Wesche

Tres días antes de que concluyera el año, el Secretario Académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia mandó un oficio a los titulares y administradores de las distintas instancias que conforman el INAH. En el documento solicita que los responsables de ejercer el presupuesto cumplan con sujetarse al presupuesto aprobado, a los tabuladores de remuneraciones, a no contraer servicios personales que impliquen compromisos en los ejercicios fiscales ulteriores―salvo previa autorización―, y a no contratar a personal eventual que no haya sido considerado en el presupuesto destinado a servicios personales y hasta que su contratación haya sido autorizada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.

El director de la ENAH respondió con preocupación al comunicado, pues retardar la contratación del personal eventual implicaría prácticamente detener todas las actividades esenciales de la escuela (desde registro de aspirantes hasta trámites de titulación, pasando por trámites de pagos y el mantenimiento de la escuela, e incluso la imposibilidad de continuar con las clases en el nuevo semestre, porque los profesores de Hora, Semana, Mes, responsables de dar la mayoría de las clases en todas las licenciaturas, son trabajadores eventuales).

El oficio del director rápidamente comenzó a circular entre la comunidad de la escuela y redes sociales, y se esparció la comprensible incertidumbre, pero también la desinformación. En lugar de cuestionar el sentido real del comunicado del INAH, de investigar si había un recorte de presupuesto, de si la instrucción provenía de la Secretaría de Cultura o del INAH directamente, en síntesis, de conocer el panorama completo, rápidamente se instaló la narrativa tanto dentro como fuera de comunidad escolar de que el gobierno federal quería desaparecer a la ENAH.

Hasta algunos identificaron este nuevo problema con el que vive el CIDE, cuando son diametralmente opuestos. El del Centro de Investigación tiene que ver con el nombramiento de un director, ajeno a la comunidad, cuya pretensión era transformar la formación y prácticas neoliberales de la institución, pero que, en una combinación de torpeza e imposiciones, ha generado el repudio casi unánime de profesores, alumnos y personal administrativo. Sin embargo, el movimiento del CIDE mezcla inconformidades justas con una defensa de privilegios intolerable dependiente de un presupuesto ya de por sí alto para la matrícula. En contraste, los reclamos de la ENAH surgen de la defensa de su personal más precarizado, inmersos en una situación que tiene por lo menos dos décadas. La ENAH ha sido maltratada y despreciada por sus posturas de izquierda y de crítica al régimen neoliberal. Mientras el CIDE fue una institución consentida por los gobiernos neoliberales y, en gran medida, su generador de cuadros técnicos, a cambio de lo cual recibía recursos para impulsar la construcción o remodelación de un edificio en el campus cada año, el pago de choferes y chefs privados para los directivos, la ENAH se ha opuesto a la privatización de lo público ―incluyendo la educación―, a la acumulación por desposesión y a la violación de los derechos de los sectores más vulnerables (indígenas, campesinos y obreros), a cambio de lo cual ha recibido casi año con año un presupuesto menor que tiene asfixiada sus actividades.

Durante el fin de semana el INAH emitió un comunicado, replicado en su contenido por su director Diego Prieto, donde habla de un malentendido. Explica que no quería evitarse la contratación del personal eventual, sino insistir en que se hiciera en tiempo y forma. Supuestamente el lunes 10 de enero se realizará la firma de contrato, cuya vigencia corresponde del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo del 2022, y el 25 de enero a más tardar los trabajadores recibirán su primer pago. No obstante, si esto sucede, no es suficiente, pues supone resolver el conflicto por encima y no entrarle a revisar y darle solución a los males sistémicos de la escuela.

Al igual que otras instituciones de educación superior, ha arrastrado durante varios años un impuesto raquítico que le impide desempeñar todas sus actividades óptimamente para su comunidad estudiantil. Las instalaciones de la escuela se encuentran en pésimas condiciones, hay personal en condiciones laborales precarias desempeñando varias funciones a la vez, y han ido desapareciendo progresivamente distintos departamentos al interior de la escuela.

Pero la crisis de la ENAH no es sólo de presupuesto. De la escuela se ha apoderado un espíritu de apatía en todos los sectores, lo que se ha traducido en una disminución de la producción académica, un número de titulación muy bajo. También hay “aviadores” en puestos de distintos tipos (y justo los trabajadores eventuales son quienes desempeñan las funciones que les compete a aquellos); falta democratizar las decisiones fundamentales de la escuela; y predomina la falta de voluntad para impulsar esos cambios (notable en el nulo apoyo brindado a proyectos autogestivos que han pretendido tapar los hoyos dejados en el camino del desmantelamiento de la escuela).

La comunidad de la escuela es consciente de varios de estos problemas. Por este motivo su movilización continúa a pesar de la respuesta del INAH sobre la recontratación del personal eventual; se ha propuesto llevar a cabo una serie de acciones en los próximos días para presionar a las autoridades a que den resolución a todos estos problemas. Sin embargo, puede jugar en contra la fragmentación que sufre la escuela desde hace varios años, la cual le ha impedido articular un movimiento sólido.

Las protestas en la escuela contra esa serie de condiciones no son nuevas. El intento de movilización más reciente tuvo lugar en 2018. Cuando aconteció el ataque de los porros a estudiantes en las inmediaciones de la rectoría de la UNAM, la comunidad de la ENAH se solidarizó y reprobó lo acontecido, pero también lo vio como una oportunidad para exigir a sus respectivas autoridades una reestructuración de la escuela. Prácticamente todos los problemas de la escuela y su esperada resolución fueron incluidos en un pliego petitorio firmado por Diego Prieto en aquel año, sin embargo, para ese momento la comunidad ya estaba muy desgastada por un paro de labores de casi cuatro semanas, en las que las primeras dos semanas no existía dicho pliego, ni quedaba claro cuál sería el rumbo del movimiento. El paro tuvo que levantarse por falta de apoyo de todos los sectores de la escuela y se perdió la fuerza para presionar al cumplimiento de los compromisos.

También considero que en aquel momento ―y ahora podría hacerlo― afectó un discurso anti-instituciones y anti-Estado de un sector muy radicalizado. Era muy ilustrativo presenciar cómo en aquel año se exigía el diálogo con Diego Prieto, pero que al tenerlo enfrente ni siquiera lo dejaran hablar, y que en el foro sólo se escucharan consignas. Aunque no sea del agrado de todos, el hecho insoslayable es que la ENAH depende del INAH, la Secretaría de Cultura y la administración pública federal. Cualquier exigencia e intención de transformar la escuela debe trabajar sobre ese terreno dado.

El gobierno de la autodenominada 4T ha dado señales de que no planea entrarle a la resolución de los conflictos que aquejan a varias de las universidades públicas. Haya o no razones por las cuales el gobierno haya decidido patear ese balón a un lado, en manos de la comunidad de la escuela está el regresarlo a sus pies. Defender la ENAH ―y la educación pública de nivel superior― no puede limitarse a la petición de mayor presupuesto. Eso sólo es un ingrediente necesario de un cóctel más amplio y urgente. La escuela requiere una reestructuración y voluntad de cambio; sólo así podrán corregirse sus males sistémicos, pero temo que eso podría resultar incómodo para los pocos que han sacado provecho de una escuela con tantos conflictos.

Quizá si se deja del lado la narrativa catastrofista de que el objetivo del gobierno es desaparecer la ENAH, sea viable para la comunidad abrir una puerta ―probablemente con fuerza― por encima de la dirección del INAH. Pero eso supone no sólo solicitar más presupuesto, sino buscar los recursos de todo tipo para la reorganización de sus entrañas. Un México posneoliberal necesita lingüistas, historiadores, antropólogos, arqueólogos y etnólogos comprometidos con la educación popular. No le convendría al gobierno ignorar los reclamos de una escuela que forma profesionales que encajan con su pretensión de anteponer a los sectores más vulnerables, así como a la ENAH tampoco le vendría bien hacer de sus reclamos un soliloquio cuyo inevitable resultado sea regresar a su maltratada normalidad.

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Los repartidores por aplicación ante el aprovechamiento del 2% a las empresas



Los repartidores por aplicación ante el aprovechamiento del 2% a las empresas

El debate en torno a la regulación de las empresas de plataforma y el reconocimiento de sus trabajadores repartidores ya es una constante a nivel mundial. En México, la discusión comienza a concentrarse en la Ciudad de México. Hace unos días se presentó, como parte del paquete económico de la ciudad para el 2022, la adición del artículo 307 TER al código fiscal. En él se estableció que las empresas en cuestión deben contribuir con un aprovechamiento del 2% a la Ciudad de México por el uso de infraestructura vial. No tardaron en saltar las alarmas de diversos colectivos y sindicatos de trabajadores por aplicación. Las confusiones no esperaron. La campaña mediática se centró en hacer creer a las y los trabajadores que este aprovechamiento sería directamente aplicado a ellos.

La primera impresión que las personas repartidoras tuvieron, ante la dudosa redacción presentada por las autoridades, fue de extrañeza e indignación dado que, bajo tecnicismos jurídicos, no dejaba claro que los trabajadores por aplicación no serían quienes pagaran el aprovechamiento del 2%, ni que no sería trasladado a ellos. Ello fue aprovechado por empresas, sindicatos patronales, partidos políticos y medios de comunicación para oponerse a la adición del artículo en cuestión y generar una atmosfera mediática donde se señaló que restaurantes, clientes y trabajadores serían los afectados. Dado lo anterior, Claudia Sheimbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaró que el aprovechamiento estaba pensado exclusivamente para las empresas de plataforma.

Ante este panorama, las posturas de los colectivos y sindicatos que conforman el movimiento de trabajadores por aplicación comenzaron a definirse. El colectivo NiUnRepartidorMenos fijó una postura discursivamente afín a las cámaras empresariales y a los partidos políticos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Su rechazo al aprovechamiento del 2% fue absoluto. Por otro lado, la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación, conformado por Unión de Repartidores, Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), SIRA Apps, DeliverLibre, Safe Way Home y YOVOY, coincidieron en desmarcarse de la postura empresarial. Tras un análisis más detallado, consideraron que estas empresas trasnacionales deben de contribuir a la ciudad por la explotación de un bien público. Sin embargo, la postura de rechazo radicó en las muy probables acciones que tomarán las empresas de transferir sus costos por la vía de la reducción de las tarifas por pedidos, ya que, bajo la mentira de ser socios, pueden impunemente reducir los ingresos salariales de sus trabajadores no reconocidos.

Un hecho digno de considerar fue la participación de NiUnRepartidorMenos y otro sindicato en una conferencia con el PAN y Movimiento Ciudadano el 9 de diciembre. Ello muestra las coordenadas en que se comienza a definir el abanico de posturas políticas del movimiento de repartidores por aplicación. Tal como fue comentado en la conferencia de prensa, la postura de este colectivo está en la sintonía expresada por la COPARMEX, y otras cámaras empresariales.

Por otro lado, la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación se reunieron el 13 de diciembre con autoridades locales, entre ellas, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Agencia Digital de Innovación Pública, y algunos diputados de MORENA, entre ellos, la diputada Marcela Fuente. En dicha reunión, las autoridades precisaron la intención del aprovechamiento del 2% a las empresas de plataformas digitales y mostraron la decisión de cambiar la redacción del artículo 307 TER, de forma que, no existieran dudas de que las empresas en cuestión son quienes están sujetas al pago de este aprovechamiento, además de que las y los trabajadores repartidores por aplicación están exentos de esta medida recaudatoria. Si bien, el aprovechamiento no es trasladable, las y los trabajadores por aplicación expresaron que el modelo de las empresas de plataformas les permite transferir indirectamente estos costos a las personas repartidoras, ya que no existe regulación ni reconocimiento de la relación laboral. Las autoridades expresaron estar de acuerdo en que el siguiente paso para frenar la precarización del gremio de reparto es el reconocimiento laboral y la regulación de las empresas de plataforma. Asumieron el compromiso de trabajar de forma conjunta con la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación para que su iniciativa de ley cumpla con las exigencias de la clase trabajadora.

Por otra parte, el pasado 14 de diciembre, previo a la aprobación del paquete económico de la ciudad para el 2022, la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación se concentró y cerró el Eje Central a la altura de la calle 5 de mayo para hacer escuchar su posición respecto al aprovechamiento: el 2% para las app’s, no para el repartidor. A pesar de ello, como es costumbre de la derecha, decidieron manipular la verdad. La derecha argumentó que dicha concentración de repartidores se oponía al “derecho de piso” de Claudia Sheimbaum. El comunicado conjunto que hizo público la Unión de Colectivos y Sindicatos fue claro y preciso: rechazo contundente a la postura empresarial.

Si bien existe una diversidad de posiciones políticas en el movimiento de trabajadores por aplicación, es de vital importancia tener claridad en cómo se definen distintas posiciones ideológicas, desde la derecha hasta la izquierda. Llama la atención la existencia de posiciones proempresariales desde el lado de los trabajadores por aplicación, e incluso, de posturas neoliberales como es el caso de youtubers que se dicen estar del lado del repartidor. Por otro lado, es importante que las y los trabajadores por aplicación no sean ajenos a la realidad política del país. No deben engañarse ante una supuesta neutralidad política-ideológica. La lucha de clases está presente, es momento de definir posiciones.  

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Primero de diciembre: Tres años construyendo hegemonía



Primero de diciembre: Tres años construyendo hegemonía

Alejandro González Basurto

Desde 2018, la consigna juarista “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada” se materializa cada 1° de diciembre en el Zócalo democrático de la Ciudad de México. Ese día vemos concurrir al pueblo –nuevo bloque histórico en el poder– para acompañar a su líder en la plaza pública. Las banderas en alto nos dan una idea de lo que estamos presenciando: insignias de MORENA ondeando al lado de banderas de México, banderas de sindicatos como la CNTE, pancartas de apoyo a la reforma energética, alguna hoz y un martillo, banderas LGBTTTI, banderas feministas, mantas con el lugar de procedencia de los asistentes (destacablemente, con presencia de personas que habitan las zonas más empobrecidas de la Ciudad y su periferia como Iztapalapa y Neza, pero también de otros estados).

Pueblo y líder, uno frente al otro, mostrando a las clases dominantes que hoy existe un consenso crítico para dejar atrás el neoliberalismo y construir algo nuevo. Mostrándoles que hoy la vida pública es más pública que nunca: se rinde cuentas de frente al pueblo, se combate ideológicamente a los adversarios en voz alta pero sin represión y la gente cada vez se involucra cada vez más en asuntos de la vida en comunidad. Mostrándoles, además, que ser de izquierda hoy es un motivo de orgullo: las masas dicen sin decirlo que ya no son los perseguidos, las víctimas de la guerra sucia, los “chairos” de ayer; hoy las masas confían en su potencial transformador y marchan a la vanguardia. Y es que, parafraseando a Fidel Castro, el pueblo, esa masa irredenta que ansía grandes transformaciones de todos los órdenes, estará dispuesta a lograrlo cuando crea en algo o en alguien, pero sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma. Hoy las masas creen lo suficiente en sí mismas.

Llevamos 3 años durante los cuales, las nociones que las clases dominantes nos llevaron a naturalizar han sido cuestionadas una y otra vez, para ser suplantadas por nuevas ideas hegemónicas. Como Enrique Dussel señala, todo político liberador en la Historia ha sido, a su vez, un intelectual orgánico: un promotor, un organizador, el guía de un camino que el pueblo en su caminar perfeccionará. AMLO lo comprende y, desde esa posición, va desmontando discursivamente los cimientos de la ideología neoliberal, para que el pueblo luego retome y perfeccione la crítica.

Para concretar esa labor titánica, y con todos los medios del gran capital en contra, AMLO ha hecho uso de la conferencia mañanera y de los discursos en plazas públicas para realizar pedagogía política: criticar el neoliberalismo en palabras que cualquier trabajador o campesino comprenda. Así, el 1° de diciembre se refirió a la noción neoliberal de spillover (“los de arriba decían que, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuera permeable o contagiosa”), AMLO dice: “Que se vayan al carajo con ese cuento” y el pueblo vitorea. También señaló que “el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases”, lo cual tiene alguna reminiscencia marxista de la idea que el gobierno en el capitalismo –y el neoliberalismo, naturalmente– no es más que una junta que administra los negocios de la clase burguesa. En fin, todo apunta hacia la voluntad de crear una nueva hegemonía que perdure en el pueblo pese a los cambios que pudieran presentarse en el escenario político (“eso es lo más importante de todo: la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal y eso es lo más cercano a lo irreversible.”)

Al mismo tiempo que desarrolla la batalla de las ideas, rinde cuentas acerca de cómo se han modificado las condiciones materiales de existencia de los más agraviados de este país. Así, anuncia que ese mismo día se acordó con la patronal un incremento al salario mínimo del 22%, y que durante su gestión el salario ha aumentado en 65% en términos reales (algo inédito en las últimas 3 décadas). También señala que, aún después de la pandemia, el país ha alcanzado la cifra más alta de la historia en cuanto a empleos formales (21 millones 933 mil trabajadores registrados ante el IMSS). Y no sólo los obreros, también los campesinos pobres de nuestro país se han beneficiado con el programa Sembrando Vida y mediante la entrega de fertilizantes gratuitos (“que coman los que nos dan de comer”).

Porque es cierto, la ideología es importante, pero nadie come ideología. La estructura material sostiene la superestructura ideológica. Quizá por eso el discurso obradorista es tan potente: recoge su legitimidad del hecho de que los más pobres han experimentado mejoras en su economía. Las reivindicaciones simbólicas de la mano con las reivindicaciones materiales. Han sido dignificados por un gobierno que hoy los escucha y trabaja para ellos, que ya no es más una junta que administra los negocios de la burguesía.

En esta coyuntura, la decadente opinión pública neoliberal se enfrenta a un desafío intelectual mayor: ¿cómo interpretar la masiva aceptación de AMLO entre el pueblo? Su elitismo los ha llevado a señalar que sus seguidores son ignorantes, con un bajo nivel de estudios y que votaron guiados por sus pasiones. Su individualismo los lleva a la conclusión de que las masas actúan siempre irracionalmente y que son fácilmente manipulables. Su liberalismo político les dice que estamos viviendo una dictadura en tiempo real, y creen que a través de sus artículos en Nexos y Letras Libres y su amplísima presencia en los medios masivos de comunicación nos están salvando a todos. Sus fobias los han orillado al extremo de insinuar que la 4T es comparable con prácticamente cualquier régimen autoritario (Stalin, Mao, PRI) y hasta totalitario (Hitler, Pol Pot) que ha existido en la historia, sin reparar en el contexto ni en los crímenes de lesa humanidad que dichos regímenes cometieron.

En otras palabras, los neoliberales prefieren sostener teorías inverosímiles antes que aceptar que las masas están con AMLO porque genuinamente han mejorado sus condiciones materiales de existencia. Las narrativas neoliberales ya no tienen lugar en el México de hoy: la materialidad ha cambiado, y con ello, las ideas hegemónicas. Naturalmente, ellos no se dan cuenta: nunca se han interesado por tener contacto con el pueblo-realmente-existente. Nunca han marchado hombro con hombro al lado de un obrero y un campesino, y escuchado sus opiniones sobre el gobierno obradorista y las políticas que ha impulsado en favor de los más pobres. Nunca han presenciado en primera persona el fervor con que los pobres experimentan el obradorismo cada 1° de diciembre. Pero, como dijera Mao, “Es cosa muy mala que uno nunca en la vida se haya visto con un obrero o un campesino”. Y hoy, quien no ha visto a un obrero o a un campesino, es rechazado por las masas.

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El CIDE, más allá del derecho a la protesta



El CIDE, más allá del derecho a la protesta

Ismael Hernández

Las revoluciones y otros procesos de transformación de menor calado suelen generar fenómenos aberrantes y poner todo de cabeza, son momentos de confusión donde lo blanco se vuelve negro y viceversa… o al menos así parece. En realidad, la incongruencia sólo es aparente.

Cuando gobierna la derecha, su discurso es, por un lado, el orden y el respeto a la ley y la autoridad y, por el otro, la satanización de toda protesta y disenso. Pero cuando son desplazados del gobierno y éste es ocupado por la izquierda, dan un giro de 180 grados y empiezan a hacer todo lo que antes condenaban: protestas callejeras, marchas, plantones, paros, huelgas, sabotajes… insurrecciones. Los tres años del gobierno de AMLO hemos visto a la derecha tragarse sus palabras y echar por la borda el discurso que sostuvieron durante décadas. Quienes antes bramaban cada que unos campesinos o los maestros de la CNTE bloqueaban una calle, ahora estallan de entusiasmo cuando los (supuestos) padres de los niños con cáncer bloquean los accesos al aeropuerto o cuando FRENAA simula un plantón en el zócalo. Quienes aplaudieron las brutales golpizas de la policía contra los campesinos de Atenco o contra la APPO en Oaxaca hoy claman al cielo llenos de indignación cuando los granaderos les dan un empujón a los alcaldes electos del PRI y del PAN. Pero para su mala suerte, el gobierno no los ha reprimido, no les ha dado oportunidad de victimizarse.

El más reciente episodio de este cambio de roles son las protestas de estudiantes y directivos del CIDE. Ahora es muy pertinente e interesante contrastar la posición actual de muchos periodistas, académicos e intelectuales con sus dichos y declaraciones respecto a los movimientos estudiantiles del pasado. Algunos que hoy ven como héroes de la libertad a estos estudiantes y académicos de élite (en el peor sentido de la palabra) son los mismos que no ahorraron insultos, burlas y pedidos airados de mano dura contra el movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM. Pongamos sobre la mesa algunos paralelismos entre ambos movimientos universitarios: el de la UNAM luchaba por la educación gratuita, la educación como un derecho efectivo para todo el pueblo; el del CIDE dice luchar también por la educación pública y gratuita pero si uno lee su pliego petitorio no encontrará ni un sólo punto que tenga que ver con ello; en realidad su lucha es por pesos y centavos, por los jugosos recursos que les asignaban los gobiernos anteriores y de los que disponían discrecionalmente algunos altos funcionarios. Cuando una minúscula institución de élite pelea por millonarios recursos para pagar jugosos sueldos a una minoría de funcionarios e investigadores, se les da todo el apoyo. Pero cuando un movimiento de masas peleaba por recursos para hacer realidad la educación gratuita como un derecho para todo el pueblo, se le condenó como mezquino y se le exigía apretarse el cinturón para pagar por sus estudios. Ya se sabe, para los neoliberales las élites merecen todos los subsidios y recursos públicos, pero el pueblo debe apretarse el cinturón. La segunda causa de su lucha es una cuestión completamente interna que no trasciende a su propia comunidad: el apego a sus estatutos supuestamente violados en la elección de su nuevo director y la destitución de altos funcionarios. La protesta actual del CIDE es una lucha completamente gremial o, mejor dicho, grupal, que no se plantea ni por asomo, por ejemplo, los mecanismos para abrir sus aulas a más estudiantes, de estratos sociales bajos, por ejemplo. El motivo principal de la protesta actual del CIDE es la supuesta imposición de su director por parte de la directora del CONACYT e, indirectamente, por parte del presidente, supuestamente. Bien, algunos de quienes hoy repudian esa supuesta imposición por parte del poder presidencial de un directivo de una institución de educación superior autónoma (¡ejem!, el CIDE no es autónomo, aunque lo insinúen) en 1999 avalaron que Ernesto Zedillo impusiera como rector de la UNAM nada menos que a un miembro de su gabinete, al secretario de salud Juan Ramón de la Fuente. Eso sí fue una intervención presidencial en el nombramiento del rector de una institución de educación superior que – al menos en el papel– sí es autónoma. Pero en ese momento, ni se inmutaron. Claro, porque todo se justificaba si contribuía a derrotar al movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga. Y ya que apareció la palabra, vamos a este punto: en 1999 en la prensa se levantó un clamor por las clases perdidas por culpa del movimiento estudiantil. ¿Alguien ha escuchado un solo lamento, aunque sea en voz baja, por las clases perdidas en el CIDE por culpa de los paristas? En 1999 día y noche se tachaba de huevones a los estudiantes de la UNAM en huelga, se decía que no tenían ningún ideal ni objetivo político y que se organizaron para paralizar la universidad más grande de Latinoamérica solamente porque no querían tomar clases. ¿Alguien ha escuchado que llamen huevones a los estudiantes del CIDE que están en paro? Si, como dicen los neoliberales, el CIDE es una institución fundamental para la cultura y la ciencia, ¿por qué no han contabilizado de manera alarmista la pérdida que representa la suspensión de labores? Alguien podría objetar que el paro del CIDE lleva pocos días mientras que la huelga de la UNAM de fines del siglo pasado duró nueve meses y por ello la preocupación por las clases perdidas, pero no es el caso porque el lamento de la prensa y los intelectuales de derecha por la suspensión de las actividades académicas se escuchó desde el primer minuto de huelga y hasta el último día.

 Último punto de comparación, los desplegados de apoyo. El día 1 de febrero del año 2000 golpeadores contratados por la rectoría de la UNAM atacaron una asamblea estudiantil en la Escuela Nacional Preparatoria 3. Fueron repelidos por los estudiantes. Horas después cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva tomaron la escuela y se llevaron presos decenas de estudiantes. El 3 de febrero varios intelectuales, entre ellos Sergio Aguayo y Anamari Gomís, firmaron un desplegado pero no para condenar la represión, ni la mencionaron, sino para exigir a los estudiantes que “entregaran las instalaciones”, es decir, que se rindieran, que levantaran la huelga, “para evitar las provocaciones”. El 6 de febrero del 2000, miles de policías federales asaltaron Cuidad Universitaria y apresaron a cerca de mil estudiantes. Sí, leyó bien, mil estudiantes presos. Casi ninguno de los firmantes de la carta se retractó ni reconoció que con su rúbrica le habían dado permiso al presidente Zedillo de invadir militarmente la universidad, lo cual no terminó en un baño de sangre solamente porque el movimiento estudiantil no opuso resistencia (sí, ese mismo movimiento estudiantil satanizado hasta la saciedad como “radical” y “violento”). Y ahora Sergio Aguayo y Anamari Gomíz firman un desplegado dando todo su apoyo al movimiento estudiantil del CIDE, un movimiento que no pelea por ninguna causa nacional, ni en favor del pueblo de México, ni por el derecho a la educación, un movimiento que, por el contrario, solamente reclama prebendas y cuestiones internas que tienen qué ver más con reglamentos y burocracias que con la democracia y la libertad, como pretender hacernos creer. Sería bueno que Sergio Aguayo, Anamari Gomis, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Roger Bartra (todos ellos firmantes del desplegado que le dio el espaldarazo a Zedillo para la ocupación militar de CU y hoy ardientes defensores de la protesta del CIDE) nos explicaran con qué criterios determinan que un movimiento merece ser linchado mediáticamente y reprimido con toda la saña del Estado mientras el otro recibe todo su apoyo y alabanzas.

Muchos dirán que se trata de dos movimientos completamente diferentes, que los estudiantes del CGH eran poco menos que salvajes y los del CIDE son gente decente que se baña todos los días. Y en este punto sale a relucir su clasismo: para ellos las protestas se justifican cuando las hace la gente de bien, es decir, la gente blanca de la pequeña burguesía. Pero cuando lo hace la plebe, hay que molerlos a palos.

Durante décadas, la izquierda fue oposición y defendió la protesta como un derecho casi sagrado. Sin embargo, ahora es necesario trascender ese debate formalista y entrar en el contenido o el fondo de las protestas. Lo importante es quién protesta y contra qué. En la lucha política apelar a derechos no basta para posicionarse. Votar también es un derecho, pero apelar a ese derecho no alcanza para justificar un voto a favor del PAN o del PRI. Al mismo tiempo que se respeta (dentro de ciertos límites) el derecho a protestar de la derecha y las élites afectadas por el nuevo gobierno, es preciso rebatir y combatir esas protestas pues, este es el punto, aunque sean legales, no todas las protestas son legítimas, no toda protesta es santa, ni la rebeldía es un valor en sí mismo. Ahora que la derecha se pinta de incorrecta, subversiva y desafiante hay que preguntar: ¿rebelde contra qué, rebelde contra quién? Esa es la cuestión.

P.D. Por si hacía falta aclararlo, criticar al movimiento estudiantil de derecha del CIDE no implica estar de acuerdo con todo lo que hace AMLO ni con la 4T. No todo es blanco y negro.

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Crónica de los ausentes



Crónica de los ausentes

 

Juan Schulz

Ayer se cumplieron 3 años desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México. El domingo pasado desde su cuenta de twitter, el presidente hizo un llamado a que la gente fuera al Zócalo a celebrar y escuchar su tercer informe de gobierno.

Hace tres años fui a Los Pinos, en el helipuerto habían colocado pantallas y desde ahí una multitud de personas escuchamos el primer discurso del presidente. En tres años ese sitio ha cambiado mucho. Las que eran las mansiones inaccesibles a la gente, se convirtieron en museos, casas culturales que además de su oferta variopinta ofrecen un mensaje poderosísimo: ahí donde los jeques del poder político dominaron por casi un siglo hoy camina el que quiera.

Hace tres años, la esperanza de que un país desangrado y saqueado recuperara cierta dignidad, encandiló a millones que salimos a celebrar. Algunos creyeron que sin mover un dedo los cambios se harían por arte de magia y decidieron que no iban a aportar sino su amargura, ya que las cosas no iban al ritmo que ellos desde su facebook querían.

A tres años de un quiebre en nuestra historia aún no acabamos de entender la magnitud de lo que pasa. La prensa burguesa a diario gasta toneladas de tinta en hablar del presidente. Los más listos se han esforzado en tratar de entender, pero en la gran mayoría de los opositores siguen mareados por la irrupción de algo insólito.

En los últimos días las encuestas le dan entre un 66% y un 70% de aprobación al presidente. Convocar a la gente a la plaza en el argot político se le conoce como mostrar músculo. En ese sentido el obradorismo parece que va al gimnasio: está entero y musculoso. Tiene un líder que trabaja todos los días desde la madrugada, que recorre todos los rincones del país con un pueblo que en su mayoría lo apoya.

Al Zócalo llegó gente de todas partes del país. Camiones estacionados con letreros que señalaban el lugar de procedencia. Ya algunos saben esas historias: gente que hace sacrificios para venir al DF desde muy lejos sólo para oír a Andrés Manuel. Si algo puede definir a este movimiento es su base popular diversa. Colectivos LGTB, banderas feministas, banderas del PT y de Morena; familias con banderines con dichos como “me canso ganso”, etcétera.

Sería muy descarado si los noticieros no sacan imágenes de las multitudes. ¿Qué noticia podría ocupar la primera plana si no es el presidente y su gente? No esperamos nada de ellos. Algunos nos llamarán acarreados o zombies. Seguramente en las columnas de opinión habrá sesudos balances, análisis del discurso y esos textos aburridos que tratan de lo mismo: de su fobia a López Obrador (a veces disimulada para fingir la objetividad que tanto les gusta pretender).

En el metro de regreso venía pensado escribir sobre la gente y el clamor que se vivió en el Zócalo, quería escribirlo para que los que no pudieron acudir tuvieran un acercamiento a través de las palabras y para tejer memoria. Pero les voy a quedar a deber ese texto. Llegando a este párrafo la cabeza me pide ir para otro lado, quiere escribir sobre los que no fueron al Zócalo, pero no porque no pudieran sino porque no quisieron. Ahora quiero escribir sobre algunos de ese 30% que no apoya la gestión del ejecutivo.

Hace un par de semanas en uno de los periódicos más importantes del país, un connotado economista escribió que el gobierno de México estaba llevando a cabo una “vil persecución contra los científicos”.

También, hace no tanto, un crítico de arte aseguró que vivíamos bajo un régimen estalinista. Y antier, un comentador de películas escribió que el presidente era un fascista por criticar a la prensa. Y no son pocos los escritores que han asegurado en congresos muy bien pagados que la libertad de expresión está en riesgo con este gobierno.

Y hace no sé cuantos meses, un grupo de energúmenos que se hacían llamar FRENA, decían que vivíamos en una dictadura.

Y así podríamos seguir sumando opiniones de gente que tiene toda la libertad, y que tiene lo que pocos: medios de comunicación masivos para expresar su opinión.

He tratado de investigar en qué cárcel está el José Revueltas de la ciencia, o donde se esconde nuestro Galileo Galilei, y en mi inmensa curiosidad he tratado de indagar en qué parte de la república está la Siberia o los gulags donde se manda a hacer trabajos forzados a los escritores por ser críticos, y nada. Yo veo a los escritores diciendo todas las babosadas que quieren, dando clases, viviendo en colonias de clase media y escribiendo opiniones en prensa.

La crónica que algún día quisiera escribir, trataría del ánimo antipopular de muchos de los intelectuales. Me arrepiento, de verdad, de no haber recopilado todo lo que les he leído o escuchado decir en estos tres años. Tendríamos material para reírnos largo y tendido. El delirio de persecución y las pulsiones de clase que ciertos sectores de la sociedad han mostrado durante estos tres años nunca se van a olvidar. La crónica que algún día escribiré será sobre los ilustrados que se sentían con la última palabra, se sentían dueños del país, y ahora viven con el ceño fruncido victimizándose.

Y si aludo a ellos, no sólo es para burlarme de su decadencia. Soy Latinoamericanista de formación, he visto y he estudiado cómo después de gobiernos con avances sociales importantes ha regresado una derecha asquerosa: la de Bolsonaro, la de Macri, la que dio el golpe en Bolivia. Y aunque cada contexto es diferente, empezamos a ver que la casta que odia al presidente está muy dispuesta a relajar sus modales progresistas o liberales con tal de frenarlo. En estos tres años es muy probable que la ultraderecha sume fuerzas.

En el Zócalo tampoco estuvo presente la izquierda ultra revolucionaria, esa que saca el pecho (o sube el tono cuando dice “pequeño burgués”) para parecer más revolucionaria; aquella que está atrapada en el laberinto de su ombligo, que no quiere salir de su monólogo contestatario porque no quiere perder su papel de subversiva, aunque en la práctica sólo revolucionan la licuadora y lo único que autogestionan sea su quincena. Pero más allá de la carrilla, lo cierto es que se echa de menos su lucidez, su épica para impulsar movimientos a la izquierda. ¡Se extraña cuando tenían por adversario a la derecha y usaban el sentido del humor! No soy nadie para decirles qué estrategia tomar, pero resulta penoso verlos coincidir con los conservadores en el asedio al movimiento. A veces parece que su aporte en estos tiempos se reduce al quejido, y no es por nada pero eso le sale mucho mejor a los literatos.

Tampoco estuvieron presentes los que viven lejos; los que quieren cambiar el mundo con respiraciones new age; los que están cansados de las pugnas políticas entre bandos; no estuvieron los estetas a los que lo que más les importa es que les digan que son fantásticos; faltaron los que su vida no gira en torno a la política o a la Ciudad de México. Y está bien. Sinceramente yo no creo que todas las personas se tengan que interesar de los asuntos públicos, ni mucho menos creo que apoyar al presidente sea la única forma de participar. Sólo espero que si un día tienen que luchar por sus derechos no sea muy tarde, o que al menos tengan el decoro de no confundir sus privilegios con derechos.

El discurso del presidente de ayer no fue tibio. Hizo un llamado a girar a la izquierda: a no quedar bien con todos. Nos quedan tres años. Vamos saliendo de la pandemia y ya estamos encaminados, se han logrado un montón de cosas (pobre gente la que no puede ver cosas positivas). Lo cual no significa que el movimiento pueda relajarse. Al contrario, tenemos que redoblar esfuerzos, sumar a más gente y ser más férreos para evitar chapulines y oportunistas, y a la vez evitar provocaciones que nos dividan.

Muy pocas veces en la historia existen presidentes con tal voluntad para querer cambiar las cosas. En el Zócalo tampoco estuvieron las miles de personas desaparecidas o asesinadas. El país sigue siendo un cagadero sanguinario y la justicia se vislumbra a cuentagotas. Los retos son mayúsculos, pero se han abierto las puertas altas y anchas de la historia por donde un digno presidente y su pueblo cabalgan. Aportemos.

 

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