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La Universidad en esta hora de cambio



La Universidad en esta hora de cambio

Job Hernández

Quien afirme que la universidad pública en México no requiere ningún tipo de reforma y que «todo va de la mejor manera, en el mejor de los mundos posibles», está completamente equivocado. Lo mismo quien señale que el claustro académico se sustrajo al neoliberalismo y permaneció en una burbuja de cristal mientras el mundo se reestructuraba por completo bajo la égida de los fanáticos de Friedman y Hayek.

Sólo quienes miran los toros desde la barrera pueden sostener que la función social de la universidad pública en México se mantuvo sin contaminarse del espíritu de la época que hoy comienza a extinguirse. Por supuesto, la versión más dura de la reestructuración en clave neoliberal se detuvo en 1999 y durante todo este periodo no faltó la crítica y la participación de los universitarios en las luchas sociales, además, la formación de cuadros con amplia vocación de servicio nunca se dejó de lado. Pero esto se hizo siempre a contramarcha y no fue la dirección principal del proceso. Me atrevo a decir que, en muchos casos, fueron iniciativas heroicas de resistencia individual o experiencias marginales duramente menospreciadas y castigadas. Ni por asomo fue ésta la política institucional u oficial. Lo dominante fue la lenta, pero feroz, privatización y sujeción de la universidad pública a los “designios” del mercado.

Como se ha señalado en estos días, lo que ocurrió fueron los reiterados intentos por ampliar el cobro de servicios, la reforma en clave neoliberal de los planes de estudio, la imposición de un sistema de retribución académica “productivista” y de un régimen laboral de precarización generalizada, el uso faccioso de la universidad para la acumulación de grandes fortunas personales, la generación de una estructura de retribuciones altamente inequitativa, la profundización de las brechas sociales entre un núcleo privilegiado y una periferia que vive al día y la subordinación de las investigación científica a la agenda de las grandes empresas en detrimento de los grandes problemas nacionales. Neoliberalismo puro y duro. Eso es la universidad pública en México hoy.

El Presidente sólo puso el dedo en la llaga. Y eso está muy bien. Por primera vez en muchos años “el gran público” se asoma a lo que sucede en la bella República de las Letras. Sólo se quejan quienes quieren que sus crímenes sigan ocultos bajo el manto místico de la autonomía. Los demás nos congratulamos que el Presidente magnifique las críticas hechas a voz en cuello durante años pero sin los recursos y los medios suficientes para alcanzar una resonancia significativa.

No deja de ser un signo de los nuevos tiempos que el Presidente sea quien encabece la crítica y la lleve más a fondo. Esta situación es más o menos imprevista e inédita. Pero era cuestión de tiempo que sucediera porque la recuperación de la rectoría del estado y la restauración del interés público en los ámbitos secuestrados por las élites privadas son dos ejes programáticos primordiales del actual gobierno. En el caso de la universidad esto se expresa en la idea de suprimir los obstáculos que restringen el acceso de las grandes mayorías y en la restauración de su carácter público, gratuito y universal. Así se expresó en la primera versión de la reforma educativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y en el sentido original de la nueva Ley de Educación Superior, ambas finalmente recortadas en sus alcances por las maniobras de la oposición y los titubeos de las fracciones más moderadas del partido gobernante (amedrentadas por el chantaje de que “con la Universidad no hay que meterse”).

Que el ariete presidencial toque a las puertas de la Universidad en apoyo de las posiciones más progresistas es una oportunidad de que no debería desaprovecharse. En contra del intento de las élites universitarias por silenciar la crítica presidencial mediante el argumento dogmático de que la Universidad es “incuestionable”, en esta hora de cambio los universitarios deberíamos empujar una agenda para la reforma universitaria basada en los siguientes puntos:

  1. Transparencia y rendición de cuentas como principios fundamentales de la administración universitaria. Castigo a quienes hayan desviado recursos durante los últimos años. Fin del despilfarro, política de austeridad y re-direccionamiento del dinero a las finalidades básicas (docencia e investigación).
  2. Basificación de los profesores temporales. Incremento salarial de emergencia para este sector. Nuevo esquema de contratación del personal académico que ponga fin a las trampas y simulaciones hoy comunes en los concursos de oposición. Jubilación digna para profesores y renovación sistemática de la planta académica. Eliminación de la subcontratación y respeto a la materia de trabajo del personal sindicalizado. Política de recuperación salarial dirigida preferentemente a los niveles más bajos del escalafón (intendencia, jardinería, etc.), afectados por cuatro décadas de deterioro de sus ingresos.
  3. Fin de los esquemas productivistas de reconocimiento del trabajo académico. Atención prioritaria a los grandes problemas nacionales como ejes de la investigación y la docencia. Respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la pluralidad de ideas, menoscabadas por la imposición del “pensamiento único” que eliminó materias, enfoques y corrientes en los planes de estudio.
  4. Establecimiento de una política de «cero tolerancia” contra el acoso y la violencia de género. Modificación de los ordenamientos legales para facilitar su castigo. Inclusión de la perspectiva de género en los mecanismos para la selección del personal académico. Garantía irrestricta del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los espacios universitarios. Paridad de género en instancias colectivas de mando y en la elección de los mandos administrativos.
  5. Democratización plena de la toma de decisiones. Reestructuración profunda de los órganos de gobierno. Derecho de consulta en asuntos primordiales y derechos a la revocación del mandato mediante plebiscito.

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Las elecciones del seis de junio



Las elecciones del seis de junio

Job Hernández

Acabamos de vivir los comicios más grandes en la historia del país y uno de los más ríspidos tratándose de elecciones intermedias. Los mexicanos concurrieron a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, varios congresos locales, quince gubernaturas y casi dos mil ayuntamientos. Nunca antes se había generado tanto interés en unos comicios de mitad de sexenio. La jornada electoral se vivió como una evaluación general del desempeño del Presidente López Obrador y como un referéndum sobre la continuidad de la Cuarta Transformación.

Aunque en general prevaleció la calma y se instaló el 99 por ciento de las casillas, la violencia no estuvo ausente. Durante el periodo de campaña fueron asesinadas 80 personas vinculadas al proceso electoral, 35 de las cuales eran candidatos o precandidatos. Y el día de las elecciones ocurrieron 800 eventos de violencia que resultaron en más víctimas mortales.

En el más grave de los incidentes, una camioneta que transportaba paquetería electoral en el estado de Chiapas fue baleada, con un saldo de cinco muertos. Dos personas más fueron linchadas en Oaxaca después de ser acusadas de destruir las mesas receptoras del voto. En varios puntos del país hubo quema de paquetería, robo de urnas, secuestro o retención de candidatos, balaceras y amedrentamiento contra la ciudadanía. En Tijuana, una cabeza humana fue arrojada a una casilla y circularon mensajes amenazantes llamando a la población a no votar. En municipios localizados en zonas conflictivas, hombres armados vigilaron que el curso de la jornada condujera a los resultados que deseaban.

La mayoría de los eventos de este tipo tuvieron como protagonista a los distintos grupos de la delincuencia organizada que operan en el país y que intervinieron en los comicios a nivel local para designar candidatos, financiar campañas y conseguir el triunfo de los políticos de su preferencia. Con esto coartaron el derecho de los mexicanos a elegir libremente a sus representantes en forma tal que amerita una reflexión profunda y una serie de reformas para solucionar esta grave problemática.

La oposición contribuyó al clima de polarización. Se lanzó a degüello contra el Presidente y la Cuarta Transformación mediante una agresiva campaña de medios dirigida a caracterizar a sus oponentes como enemigos irreductibles, lo que exacerbó los ánimos al interior de los distintos componentes de la sociedad mexicana. Miles de ciudadanos fueron a las urnas no para decidir quién sería su diputado o presidente municipal sino para frenar una pretendida dictadura o un inexistente comunismo que amenaza las libertades fundamentales. Adicionalmente, la autoridad electoral fue utilizada como instrumento más en la lucha, lo que terminó por tensar los ánimos.

En medio de ese clima de discordia, la oposición sumó la totalidad de sus fuerzas en un frente electoral unificado por el ala dura del empresariado mexicano, con lo que se formalizó, finalmente, la coincidencia ideológica y programática en torno del neoliberalismo que se viene dando entre los tres principales partidos de oposición desde hace décadas.

Lanzados con todas sus fuerzas disponibles y mediante una estrategia de campaña agresiva en extremo, ¿cuáles fueron los resultados de la jornada electoral para los partidos de la oposición? Todo indica que no lograron su objetivo de arrebatar el Congreso al Presidente y sus correligionarios. La alianza Morena-PT-PVEM ganó 121 distritos de los 300 en juego, a lo que se suman otros 65 obtenidos por Morena y uno más del PVEM para sumar un total de 186. Por su parte, la coalición PAN-PRI-PRD sólo ganó 63 distritos, a los que se agregan 11 del PRI y 33 del PAN para un total de 107. Con estos resultados, aunque todavía falta la asignación de los escaños plurinominales, Morena continúa siendo la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados y seguramente alcanzará la mayoría absoluta en conjunción con sus aliados. En el peor de los casos, el Presidente se verá obligado  a negociar con la oposición la mayoría calificada, necesaria para aprobar reformas constitucionales. Pero esto ya sucede en la actualidad de tal forma que no será un cambio significativo en la correlación de fuerzas al interior del poder legislativo. En resumen, el objetivo de bloquear las reformas constitucionales impulsadas por el Presidente sigue en el aire: todo dependerá de que se mantenga unido el bloque opositor y el PRI vote siempre en contra, lo que no ha ocurrido y parece improbable de entrada. 

A esta fallida consecución de su objetivo principal se debe sumar una derrota en toda línea en el caso de las gubernaturas en juego, de las que Morena y sus aliados ganaron once de quince, un resultado catastrófico sobre todo para el PRI que en noventa años de existencia no había sido acotado de tal forma. Adicionalmente, la coalición opositora quedó en minoría en 18 de los 32 congresos locales.

Sólo en la capital de la República la coalición PAN-PRI-PRD puede presumir resultados favorables. Considerada un bastión histórico de la izquierda mexicana, allí la Cuarta Transformación perdió un considerable terreno: la oposición ganó nueve de las quince alcaldías en juego y tantas diputaciones locales que Morena apenas tendrá un diputado más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el congreso local. Aunque los dirigentes de la oposición han celebrado este triunfo como un giro definitivo del electorado en su favor, otras voces en su interior señalan que se trata de una victoria pírrica que no alcanza a compensar los malos resultados en el resto del país. En ese sentido se han expresado los panistas Javier Corral y Gustavo Madero.

Además de esta magnificación interesada, los resultados del seis de junio en la Ciudad de México han generado ríos de tinta. La derrota de la Cuarta Transformación se ha intentado explicar de diversas maneras. El corrimiento de la clase media hacia la derecha es una de las razones más  recurrentes. Y aunque falte todavía un análisis sociológico más profundo de las estadísticas electorales, es plausible que, efectivamente, haya ocurrido un desgaste de la aprobación hacia Morena y sus aliados en los estratos intermedios de la sociedad mexicana, un fenómeno muy acorde con las experiencias del tipo de la Cuarta Transformación conforme la confrontación política se va radicalizando. Precisamente, esa fue la apuesta de la oposición al lanzar una campaña dirigida a mover los miedos ancestrales de estos sectores hacia políticas más decididas de redistribución e intervención estatal.

Pero es necesario relativizar este fenómeno y agregar otras causas posibles de los resultados del seis de junio en la capital. Estas apuntarían a elementos internos que en reiteradas ocasiones han llamado la atención de los especialistas, los militantes y la ciudadanía en general. La Cuarta Transformación parece descansar en un conglomerado de fuerzas inestables y contradictorias que, en determinados momentos, no actúan en armonía o, incluso, se boicotean abiertamente. Es el caso del momento electoral en la capital. Todo indica que no se logró la suficiente unidad y algunas fuerzas al interior de la Cuarta Transformación optaron por no apoyar, o actuar en contra, de sus propios candidatos. El famoso “fuego amigo” o las “patadas por debajo de la mesa” fueron fundamentales en el resultado conseguido.

A esto se sumó el exceso de confianza que llevó a no dar la batalla electoral con la contundencia necesaria porque “la capital ya estaba ganada”. Así, más que a factores estructurales como el giro conservador de la clase media, es probable que el revés de Morena y sus aliados se debe a factores como este exceso de confianza, las traiciones en su seno y una estrategia de campaña de la oposición que sacó hasta al último de sus votantes bajo la idea de que se trataba de una batalla definitiva entre la dictadura y la democracia.

Con todo, y a pesar de la importancias simbólica de la capital, estos resultados tienen una significación histórica menor que lo ocurrido con las gubernaturas, los congresos locales y los ayuntamiento que apuntan a una profunda –y tal vez definitiva, aunque lenta y pausada- disgregación de la dominación política de viejo cuño, articulada en torno del PRI. Como señalamos anteriormente, nunca antes este partido había tenido tan poca injerencia en ese componente primordial de las relaciones de poder que es el bloque de gobernadores, a lo que se suma un porcentaje de votación del 17.7 por ciento que muy pocas mentes habrán podido imaginar como escenario posible en la política mexicana.

Con esta forma de dominación en agonía y fracasado el bipartidismo que pretendía reemplazarla, lo que está en proceso es una drástica reconfiguración del sistema de partidos en México derivada de la insurrección electoral del 2018 y sus prolongaciones al estilo de la reciente jornada del seis de junio. Un primer paso en esa dirección fue el frente electoral de todas las oposiciones afines al neoliberalismo. Otro sería la aparición de una nueva derecha conformada por figuras altamente mediáticas como Samuel García, Luis Donaldo Colosio Jr. y Pedro Kumamoto, los primeros de los cuales ya se hicieron de un bastión que podría proyectarlos nacionalmente.

Por lo pronto, la oposición aplastada en 2018 alzó la cabeza y probó la eficacia electoral de la unidad y la polarización. Saben que pueden derrotar a la Cuarta Transformación sí y solo sí reúnen sus fuerzas, aunque esta unidad esté dificultada por la diversidad de intereses que divide a sus partes componentes, un dato objetivo difícil de remontar en este tipo de situaciones. Una cosa es que sepan lo que tienen que hacer y otra muy diferente que la realidad se los permita. En cuanto a la estrategia de polarización, es necesario reconocer que fue efectiva en esta ocasión pero sus límites son bastante estrechos. Una política dirigida a los menguados contingentes de la clase media post-neoliberal redituará escasos dividendos sobre todo si, como parece que está sucediendo, los sectores populares y las capas más empobrecidas de la sociedad mexicana se convierten en el nuevo punto de apoyo de la Cuarta Transformación.

Con todo, el problema más grave no es tanto la oposición como las dificultades inherentes a la vía escogida para el proceso de cambio. En ese sentido, las elecciones del seis de junio dejaron en pie los dilemas de la transformación social en el marco del régimen democrático-parlamentario tal como está diseñado en México. La Cuarta Transformación seguirá moderando los alcances de las reformas fundamentales con la finalidad de obtener el voto de la oposición necesario para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y en el caso de las leyes secundarias y el presupuesto, mucho dependerá de un aliado poco confiable como el PVEM. ¿Podrá la 4T en algún momento alcanzar la acumulación de fuerzas necesaria para no depender de estos acuerdos y alianzas? ¿Deberá modificar todas las reglas del juego heredado de tal manera que la sociedad mexicana exprese su voluntad a través de otros mecanismos? Es muy probable que para romper el impasse sea necesaria una gran reforma electoral que reemplace a todos los procedimientos e instituciones construidos desde 1976 no precisamente para hacer valer la voluntad popular y desmontar el autoritarismo sino, por el contrario, para perpetuarlo. Si esto no ocurre, el Presidente y sus seguidores seguirán atrapados en una lógica que facilita la estrategia opositora de entorpecer el avance de las reformas mediante su empantanamiento legislativo, con la esperanza de generar una sensación de ingobernabilidad, incompetencia y frustración a los ojos de la ciudadanía.

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Marihuana: del prohibicionismo a la regulación



Marihuana: del prohibicionismo a la regulación

Job Hernández

La guerra contra las drogas

2006 fue un año clave para México. Allí comenzó la espiral de violencia en la que seguimos metidos hasta la fecha. Como los especialistas han señalado reiteradamente, la causa principal del brusco y espectacular incremento en los homicidios en el país fue la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón. No es que antes la violencia fuera inexistente, pero era significativamente menor y los indicadores sobre el tema –el número absoluto y la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes– tenían dos décadas de sostenido descenso. A la decisión de Felipe Calderón le debemos el descalabro de esta trayectoria: donde sea que puso en práctica su estrategia, los números se incrementaron dramáticamente, región por región, estado por estado. El saldo final fue un excedente de poco más de 175 mil muertes violentas que probablemente no hubieran ocurrido sin su “ofensiva”. 

Esta espiral de violencia fue general, pero tuvo un sesgo etario y de género muy marcado. Una buena parte de las víctimas fueron jóvenes. Como documentó un informe del Banco Mundial, el 38.2 por ciento de los homicidios en México durante el sexenio de Calderón correspondieron a personas en el rango de edad de 10 a 29 años; asimismo, la evolución de la tasa de homicidios juveniles experimentó un salto estrechamente vinculado a la tasa general, con un punto de inflexión en 2007, para finalmente superarla a partir de 2008. Las muertes juveniles ligadas estrictamente a la guerra contra el narcotráfico siguieron un comportamiento similar. De acuerdo con cifras oficiales, los jóvenes de 16 a 30 años representaron el 43.9 por ciento de las muertes por presunta rivalidad delincuencial ocurridas entre 2006 y 2010.

Igualmente, la trayectoria de la violencia contra las mujeres tiene una estrecha correlación con el clima de violencia generalizada provocado por la guerra contra el narcotráfico. La evolución de la tasa de homicidios de mujeres siguió muy de cerca a la evolución de los homicidios en general. El número  de mujeres asesinadas y la tasa por cada cien mil se disparó y se volvió un problema grave en el 2007, cuando inició la ofensiva militar de Calderón. Esto no significa que la violencia contra las mujeres –sobre todo en su forma extrema de asesinato– no existiera antes, pero la dimensión del problema es significativamente menor y su trayectoria en los años noventa y hasta 2006 era descendente. A la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón le debemos la mayor parte del problema de las muertes de mujeres en México a partir de 2006.

La solución del problema juvenil y de la violencia contra las mujeres, en buena medida, atraviesa por el fin de la guerra contra las drogas. Y así con muchos otros grandes problemas nacionales.

El chivo expiatorio

¿Con que argumentos se inició una política de estado que privilegió el enfrentamiento armado y nos condujo a la situación trágica en que vivimos? Uno de los argumentos centrales fue el supuesto incremento en el consumo de drogas entre la población mexicana, sobre todo de drogas duras. La idea presentada por Calderón en 2006 fue que México se había transformado en un país consumidor de sustancias peligrosas antes que en un mero territorio de trasiego. 

Y en efecto, si tomamos desprevenidamente las cifras generales en los últimos años el número de consumidores de sustancias adictivas aumentó significativamente, pero una porción importante se refiere a drogas legales como alcohol y tabaco. Y en el caso de las drogas ilegales se trata, ante todo, de mariguana, cuyo consumo efectivamente también aumentó en las dos décadas más recientes.

En el caso de la cocaína, que es la segunda droga ilegal más recurrente en México, su consumo también se ha incrementado pero menos significativamente. Por el contrario, el consumo de heroína, estimulantes tipo anfetaminas y drogas de uso médico se ha mantenido estable.

Así que el argumento de Felipe Calderón era parcialmente cierto y, por tanto, completamente inadecuado para una política de drogas como la que se siguió. No había un incremento en el uso de drogas duras. Lo que estaba sucediendo era un reposicionamiento cultural con respecto del consumo de marihuana, que se volvió cada vez más aceptable y popular.

Además, que los mexicanos consumieran cada vez más cannabis no era ni es un problema de salud pública de primera línea. De las miles de muertes por trastornos mentales y del comportamiento derivados del uso de sustancias adictivas, la abrumadora mayoría se relacionan con el consumo de alcohol y prácticamente ninguna se deriva del uso de la mariguana. Puede que fumar mariguana no sea un hábito que agrade a todos, pero es socialmente inocuo.

En resumen, Felipe Calderón usó argumentos estadísticamente falsos, porque si bien hubo un incremento en el consumo de drogas en México, no era de drogas duras sino de una sustancia sin mayores repercusiones negativas, salvo para las castas mentes de los conservadores. Seguramente lo sabía pero optó por usar “la conversión de México en un país de consumidores de drogas” como un chivo expiatorio para una cruzada militar que tenía otras intenciones: la imposición de un estado de excepción –una dictadura en sentido estricto– como forma de gobierno efectivo ante la carencia de legitimidad con la que llegó al poder.

Hacia el fin del prohibicionismo

Quienes en la actualidad apuestan por la continuidad de la política prohibicionista que desencadenó los resultados señalados carecen de argumentos sólidos. En el debate sobre el uso lúdico de la marihuana, realizado en días pasados en la Cámara de Diputados, recurrieron a principios morales antes que a datos. Sólo pudieron ofrecer la idea de que el consumo de marihuana es la puerta a drogas más peligrosas, pero no ofrecieron pruebas al respecto. En términos de las afectaciones a la salud o los efectos sociales perniciosos, lo más destacado fue la desencaminada intervención de la diputada priista Chynthia López Castro que habló de un “viaje de cuatro días” provocado por tres mordidas a un panqué con THC porque, a su juicio, la ingesta “potencializa la potencia” de la sustancia.  La derecha quedó, así, borrada del debate.

El combate de los prejuicios prohibicionistas ha sido la tarea de un conjunto de colectivos de usuarios que desarrollaron durante años una persistente e inteligente defensa de su derecho a usar lúdicamente la marihuana. Mucho tendrían que aprender el resto de movimientos sociales y grupos de izquierda del repertorio de lucha de estos colectivos, de su paciente enfrentamiento con la llamada opinión pública y de su efectivo cabildeo ante los poderes legislativo y judicial.

A nadie más que a ellos se debe la resolución de la Suprema Corte que obligó perentoriamente a las dos cámaras a legislar con la finalidad de remover de la ley las disposiciones contrarias al libre desarrollo de la personalidad, en este caso los artículos 235 -último párrafo-, 237, 245 –fracción I–, 247 –último párrafo– y 248, todos ellos considerados inconstitucionales por el máximo tribunal de la República.

Esta resolución marcó un punto de inflexión en la política seguida por el Estado mexicano en el caso de la marihuana, lo que dio pauta a la aprobación de un Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado por el Senado (en noviembre de 2020) y la Cámara de Diputados (el pasado 10 de marzo) cuyos términos son inequívocamente contrarios a la política prohibicionista tradicional. En primer lugar porque señala a la política de drogas seguida hasta ahora por el Estado mexicano como una simple extensión de las directrices internacionales en la materia. En segundo lugar porque indica que esta política nunca demostró contundentemente que el consumo de marihuana fuera un problema de salud pública o un daño grave a la salud de los mexicanos. En tercer lugar porque acusa claramente que la guerra contra las drogas causó más estragos que las afecciones atribuidas a sustancias como la marihuana.

En esa misma dirección argumentativa, el Dictamen muestra que, a pesar de la prohibición, el consumo de cannabis no ha cesado y, por el contrario, se ha incrementado, generando que la satisfacción de la demanda se haga por medios ilegales y peligrosos, fuera de toda regulación pública. En consecuencia, el documento remata estableciendo la necesidad de un cambio de paradigma en sintonía con la experiencia internacional de despenalización y/o regulación que ha permitido el uso médico y recreativo de la marihuana en varios países del orbe. Todo indica que a México le llegó la hora de ponerse a tono con las mejores experiencias internacionales en la materia.

Los límites de la nueva legislación

No obstante, la propia Suprema Corte de Justicia señaló los límites de su resolución a los que debió apegarse el Legislativo. Por ejemplo, que la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos referidos no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de marihuana. Igualmente, que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá ser ejercido frente a menores de edad o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización. Y, finalmente, que las actividades inherentes al autoconsumo del cannabis psicoactivo para los fines señalados dependerán de la autorización que expida la autoridad sanitaria.

Estos señalamientos orientaron las nuevas disposiciones hacia un carácter regulativo y no tanto de despenalización o legalización total como querían muchos de los colectivos de consumidores. No obstante, también es necesario reconocer que la nueva legislación es, en términos prácticos, una descriminalización, aunque prudente y cautelosa, de la marihuana. Ese talente, de regulación y descriminalización gradual, es el que orientó el incremento de 5 a 28 gramos de la cantidad de cannabis permitida para consumo personal en la tabla del artículo 749 de la Ley General de Salud, al tiempo que se determinó como falta administrativa la posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis, y como sanción en el ámbito penal la portación de más de 200 gramos (en ambos casos cuando no se tenga la autorización correspondiente).

En realidad, el eje de la nueva política es que todas las personas mayores de dieciocho años pueda tener acceso al consumo de cannabis psicoactivo dentro de un marco legal, con la debida intervención del Estado que deberá tomar medidas dirigidas a proteger la salud y prevenir el consumo problemático y adictivo de la marihuana. De acuerdo con esto, la médula de las nuevas reglas es la necesidad de la regulación integral del cannabis para romper con el paradigma prohibicionista y transitar a un modelo regulatorio que contemple el uso adulto y el uso industrial del cannabis.

De allí el desencuentro parcial de muchos de los colectivos de consumidores con la nueva legislación. Su orientación libertaria no se aviene con un texto normativo fuertemente marcado por la idea de que el Estado debe recuperar su capacidad de intervención sobre espacios dejados hasta ahora al libre arbitrio del mercado, en este caso ilegal. Son dos formas de entender el mundo: la primera apuesta por la prevalencia de las prerrogativas individuales desde una perspectiva libertaria y la otra tiene en mente la salida del difícil laberinto de la violencia desde una perspectiva estatal-bienestarista. En los siguientes años, es previsible que ambas posiciones continúen dialogando respecto del tema y que la legislación siga avanzando, si un golpe de mano no nos regresa al prohibicionismo tajante de perspectiva neoliberal-conservadora. Por lo pronto la discusión es hacia adelante y al interior de las fuerzas progresistas y de izquierda.

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Logros y retos de las políticas de bienestar en la 4T




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Logros y retos de las políticas de bienestar en la 4T.

Job Hernández

I.

Podemos caracterizar a la Cuarta Transformación como un neodesarrollismo acotado por las estructuras económicas heredadas, cuyo objetivo primordial es la redistribución de la renta proveniente de los hidrocarburos y la recuperación de la capacidad de intervención del estado en áreas que el neoliberalismo cedió al mercado. En este proyecto es estratégica la recuperación del control de los ingresos petroleros cedidos en los dos últimos sexenios a diversas empresas transnacionales, el crimen organizado y algunos personeros de los partidos políticos. Dada esta característica central del proyecto, el diferendo no es con el capital en general sino con los sectores rentistas de la clase dominante, afectados por esta recuperación de la intervención  estatal en el sector energético.

Considerando así las cosas, la 4T puede tener algunos rasgos comunes con el desarrollismo latinoamericano clásico y el keynesianismo de posguerra, pero hay que tomar en cuenta que las condiciones generales –de la economía mundial y la geopolítica- son bastantes diferentes. La experiencia precedente se basó en un pujante ritmo de crecimiento de la economía mundial, la competencia entre dos modelos civilizatorios y el ascenso del movimiento obrero en el mundo. Además, en el caso mexicano, ocurrieron eventos de oportunidad que explican el éxito relativo de las políticas de desarrollo y bienestar del régimen pos-revolucionario, entre ellas el involucramiento de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, etc.

En realidad, es más provechoso observar las experiencias recientes de los llamados gobiernos progresistas en el Cono Sur para encontrar un referente de lo que podríamos esperar del gobierno mexicano actual. Con sus respectivas diferencias, Bolivia, Ecuador y Venezuela aprovecharon una correlación de fuerzas más favorable a las clases populares y se apropiaron de una mayor parte de la renta proveniente de los recursos estratégicos para dirigirla al gasto social, la capitalización de empresas públicas y el desarrollo de infraestructura. Como resultado de esta estrategia –que también incluyó una mayor recaudación fiscal mediante impuestos progresivos y un duro combate a la evasión de las élites– hubo una sensible mejoría de los indicadores de bienestar: aumentó la proporción de ocupados con seguridad social (o disminuyó el trabajo informal), se experimentó una mejoría del poder adquisitivo de los hogares (por el incremento de los salarios medios), disminuyó el índice de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos), cayeron los volúmenes de desempleo, aumentaron los beneficiarios del sistema de seguridad social, se abatió el analfabetismo, etc. Por ejemplo, para el caso de Ecuador, una investigación señala el incremento sostenido del índice del salario mínimo real, un alza significativa del gasto social (educación, salud e inclusión) y una disminución del índice de pobreza multidimensional (sobre todo en el ámbito rural).

II.

En el caso de México, además de revertir los efectos de la reforma energética para re-estatizar la renta petrolera, la Cuarta Transformación necesita romper las inercias heredadas por el neoliberalismo: la baja tasa de crecimiento del PIB, la caída catastrófica de los salarios, la disminución sistemática en el volumen y la tasa de creación de empleo formal, el incremento sistemático de la desigualdad, el aumento del volumen y la proporción de la deuda, la baja recaudación fiscal, etc. Solo de esta manera será posible liberar los recursos indispensables para mejorar los indicadores de bienestar.

En esa dirección, el control de los recursos que se dilapidaban en la corrupción, el freno al dispendio de los recursos públicos por parte de la alta burocracia y el combate a la evasión fiscal son necesarios pero insuficientes. También tiene que desarrollarse una política de crecimiento económico con un papel significativo de las inversiones públicas. No obstante, el margen de maniobra para una política económica de este tipo es más estrecho en el caso mexicano en comparación con lo acontecido en el Cono Sur. El grado de derrota y desestructuración de las oligarquías en Bolivia, Ecuador y Venezuela fue mayor por ser resultado de una fuerte movilización de masas y no meramente de un resultado electoral. Por el contrario, en México, a pesar que el triunfo electoral fue aplastante, la proporción en que el poder se trasladó al eje popular fue menor. Porciones significativas del estado siguen en manos de la oligarquía. La Cuarta Transformación tendría que avanzar más decididamente contra los pilares del poder oligárquico si quiere implementar una política de bienestar más profunda.

Un primer paso en esa dirección es reconocer que muchas de las resistencias a una evolución más decidida en la dirección de un estado de bienestar están al interior del propio bloque gobernante. Por ejemplo, la política presupuestal y monetaria sigue definida en gran medida por economistas ortodoxos sin criterio social, algunos legisladores acotan sus pretensiones a un marco de reformas mínimas prácticamente insustanciales, la alta burocracia sigue privilegiando sus intereses, etc. Y las iniciativas más audaces son retardadas o subestimadas, como lo ha señalado el Presidente en varias ocasiones.

A pesar de todo se ha conseguido que los programas sociales sean prioritarios al interior del gasto público. Constantemente han aumentado las percepciones que reciben los beneficiarios lo mismo que la cobertura de de los apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes; además, se implementaron programas novedosos como  Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida dirigidos a sectores de la población nunca antes beneficiados; y se crearon 100 nuevas universidades en municipios donde jamás había existido un plantel de educación superior. Incluso, recientemente se elevaron a rango constitucional todos estos programas sociales como un primer paso para construir la arquitectura jurídica de un estado de bienestar.

III.

Pero si la 4T quiere ir más a fondo no debe olvidar las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: ningún programa social es suficiente en un contexto económico donde la pobreza y la desigualdad están íntimamente correlacionadas con el desempeño del mercado de trabajo. Lo verdaderamente efectivo como política de bienestar es el crecimiento sostenido de los salarios, lo que implica modificaciones estructurales para alcanzar una tasa suficiente de crecimiento económico y de creación de empleos formales. De lo contrario, los programas sociales –sin importar que sean focalizados o generalizados– tendrán resultados insatisfactorios, como ha sucedido en México durante  las últimas cuatro décadas en que no se han abatido los niveles de pobreza y desigualdad a pesar de los crecientes recursos empleados.

Hay que reconocer que en este rubro la Cuarta Transformación también ha conseguidos avances. El salario mínimo y los salarios contractuales experimentaron sus primeros incrementos reales, superiores a la inflación, después de cuatro décadas de caída. Se trata de aumentos insuficientes frente a la pérdida experimentada durante el periodo neoliberal pero que abren la posibilidad de la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora en México. Incluso en las difíciles condiciones económicas derivadas de la pandemia el crecimiento de los salarios se mantuvo, hilando diez meses de ascenso ininterrumpido.

En la misma dirección camina la reforma del sistema de pensiones aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, que ataja el problema de la aparición de una generación de jubilados en condiciones precarias a través de la reducción de las semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión mínima garantizada, el incremento de las aportaciones patronales y la reducción de las comisiones cobradas por las Afores.

Sin embargo, dado que este rescate del sistema de pensiones se hace con cargo al erario público y se mantiene el régimen de cotización individual y de administración privada, los alcances de esta reforma son limitados. En consecuencia, la Cuarta Transformación nos sigue debiendo una reforma pensionaria a fondo que contemple, por lo menos, los siguientes puntos: 1) la construcción de un régimen más integral que reconozca el derecho de recibir una pensión a todo trabajador, específicamente en el caso de los informales e independientes; 2) el abatimiento de la fragmentación de un sistema que cuenta con más de mil planes y niveles muy desiguales de beneficio; 3) la disminución de la edad exigida para alcanzar una jubilación por cesantía y vejez; 4) la introducción de mecanismos de participación de los trabajadores en la supervisión, control y administración de los fondos de retiro.

IV.

En conclusión, para construir una política de bienestar a fondo la Cuarta Transformación debe incidir con mayor fuerza en el mundo del trabajo. En ese sentido, hablar de bienestar significa hablar de remuneraciones, prestaciones, condiciones laborales, etc. Y una ruta no asistencialista de combate a la desigualdad y la pobreza debe estar dirigida a disparar un círculo virtuoso de crecimiento, creación de empleos, incremento salarial sostenido y creación de instituciones de seguridad social de amplio alcance.

Pero una estrategia de este tipo, consecuente y capaz de sostenerse en el largo plazo, sólo puede realizarse con la participación de la clase trabajadora. No olvidemos que el estado de bienestar y los desarrollismos del tercer mundo se fundaron sobre la base de un ascenso del movimiento obrero organizado que presionó por la moderación de la explotación, como lo muestra el cardenismo mexicano y el peronismo argentino, por citar dos ejemplos destacados. Por tanto, la 4T tendría que abrir un mayor espacio para la participación de los trabajadores organizados y mover su base de masas de la clase media a la clase trabajadora. De ello dependería una verdadera orientación bienestarista de su política económica.

Mientras eso no suceda, seguirá habiendo dos posiciones al interior del bloque gobernante respecto de los alcances del proceso de transformación en curso. Una primera posición plantea que es suficiente con la política de austeridad, de recortes y ajustes al gasto público, complementada con el combate a la evasión fiscal y el uso dispendioso del erario público. En ese sentido, la política redistributiva se realizaría sin alterar estructuralmente el funcionamiento de la economía mexicana y poniendo en primer término los rasgos de continuidad antes que los de ruptura con el anterior modelo económico. Por el contrario, una segunda posición propone que estas medidas son insuficientes o agotaron sus resultados, por lo que sería necesario un paquete de medidas adicionales (una política fiscal progresiva, un mayor protagonismo del gasto público y una serie de políticas sociales del tipo de la renta universal básica). De que la balanza se incline hacia uno u otro lado dependerá la velocidad y profundidad de las políticas de bienestar al interior de la Cuarta Transformación, el matiz que adquiera su coloración política y el predominio del cambio o la continuidad con respecto del neoliberalismo.




Las repercusiones económicas de la pandemia




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Las repercusiones económicas de la pandemia

Job Hernández

¿Cuál es el entorno económico derivado de la pandemia? El represente texto es una revisión a vuelo de pájaro de la economía a nivel mundial y nacional en este aciago 2020. Con esto buscamos una primera evaluación de las líneas de fuerza que conforman la coyuntura, a la espera de que miradas más perspicaces y profundas utilicen estos insumos para hacer un análisis preciso de la situación por la que atravesamos (inédita a todas luces). Confiamos en que un ejercicio de este tipo se conecta con la intención crítica de “captar la marcha viva de la historia” para mejorar las posibilidades de intervención política por parte de los sectores que apuntan a una transformación radical de lo existente. Y prometemos ampliar el ejercicio más adelante hacia secciones específicas de la economía que la agenda nacional e internacional vaya señalando.

I

A principios de año todo indicaba que la economía mundial se encaminaba a una recesión similar a la provocada por la crisis del 2009. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que produjo una considerable alza de aranceles, impulsó al comercio y las inversiones a su nivel más bajo en los últimos diez años. Específicamente, las transacciones entre las dos potencias cayeron, afectando las cadenas de suministros y perjudicando a las industrias electrónica y automotriz.

Adicionalmente, surgieron riesgos financieros asociados a un alto nivel de endeudamiento en una buena parte del mundo, lo que disminuyó la capacidad de resistencia de varias economías nacionales ante choques inesperados. Para colmo de males, la caída de los precios de los productos básicos ocurrida en 2014-2016 prolongó sus efectos hasta el presente.

La suma de todos estos factores generaba una expectativa de crecimiento de 2.5 por ciento en 2020, lo que significaba la continuidad de las tendencias recesivas del año anterior cuando la economía mundial creció 2.3 por ciento. En ese contexto, para propios y extraños eran claros los límites de las políticas monetarias tradicionalmente establecidas como estímulos para la inversión, debido a la incertidumbre y falta de confianza de los inversionistas. Cada día era mayor el descontento con la calidad del crecimiento económico y las medidas para impulsarlo. En consecuencia, los organismos internacionales recomendaban sacar partido de las políticas fiscales como instrumentos anti-cíclicos aunque este margen se estrechaba cada día más por el alto nivel de endeudamiento y los considerables déficits existentes. Eran palabras sofisticadas para pedir que el Estado saliera al rescate.

Pero, aunque el riesgo de una evolución más desfavorable era latente, nadie imaginó la naturaleza y magnitud de lo que se vino encima. Si se preveía que cualquier pequeño chubasco podía agravar las tendencias recesivas, lo que se experimentó fue una auténtica tormenta. La elevación del coronavirus a rango de pandemia multiplicó las adversidades y profundizó todas las tendencias negativas. La economía mundial sufrió una fuerte contracción, el mercado laboral se deterioró sensiblemente, los precios de las materias primas –sobre todo el petróleo– disminuyeron a niveles históricos, el ambiente financiero se volvió altamente inestable, las monedas de los países emergentes se depreciaron y se elevó el grado de incertidumbre al desconocerse la intensidad y duración del choque.

Una vez que se comenzaron a implementar las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad para enfrentar al virus, la economía mundial se desplomó y los pronósticos se ensombrecieron. Diversos organismos estiman que en 2020 la economía mundial decrecerá -5.2 por ciento y el producto per cápita lo hará en -6.2 por ciento, la cuarta mayor caída para ambos indicadores desde 1871 (sólo por debajo de las sufridas durante las dos guerras mundiales y el crack de 1929). En términos de amplitud se trata de la crisis más extensa desde que se tienen registros: involucra a 92.9 por ciento de las economías nacionales. ¡Qué hubiera dado Marx por ver esta crisis verdaderamente mundial!

Los mayores impactos los están sufriendo las economías avanzadas, sobre todo en la zona del Euro, cuyas caídas en 2020 serán mucho más severas que el promedio mundial. Sin embargo, en esta ocasión también las economías emergentes resentirán los efectos, desplomándose -2.5 por ciento. En el caso de América Latina, se calcula una tasa de crecimiento del producto de -7.2 por ciento, con Brasil como la economía más afectada (-8.0 por ciento).

No obstante, el optimismo de los organismos internacionales en una recuperación rápida y vigorosa (en forma de “V”) se mantuvo a lo largo del año. Se calcula una tasa de crecimiento de 4.2 por ciento en 2021 para el conjunto de la economía mundial, de 3.9 por ciento para las economías avanzadas y de 4.6 por ciento para los mercados emergentes. Pero esto si se cumplen puntualmente los compromisos de deuda por parte de familias y empresas, no surgen nuevas tensiones entre China y Estados Unidos, se mantiene la paz en Medio Oriente, se resuelve adecuadamente la elección presidencial norteamericana, no se agudizan las tensiones sociales derivadas de la emergencia sanitaria alrededor del mundo y, sobre todo, si no ocurre un rebrote, agravamiento o prolongación de la pandemia.

Como es sabido, en las últimas semanas ocurrió esto último en Europa. Todo indica que las economías de la eurozona experimentarán nuevos choques económicos. El resto del mundo tiene el alma pendiendo de un hilo.

II

Arrastrada por la dinámica mundial, la economía mexicana venía transitando por una etapa de débil crecimiento que ya sumaba cuatro trimestres de números negativos en marzo de 2020.

La pandemia agudizó esta tendencia al estancamiento provocando una fuerte contracción de las exportaciones (sobre todo de las automotrices) y una disminución del valor de las exportaciones petroleras derivada del desplome de los precios internacionales. A esto se sumó una caída de las ventas al menudeo, las ventas en las industrias asociadas al consumo de bienes en el mercado nacional, las importaciones de bienes de consumo, las ventas en tiendas de autoservicio y el gasto diario con tarjetas de crédito y débito (cuya disminución alcanzó el 90 por ciento en sectores como hoteles, restaurantes y vuelos comerciales). Igualmente, la inversión bruta fija decreció y la inversión en maquinaria, equipo y construcción se debilitó, incluyendo la obra contratada por el sector público.

De acuerdo con un balance de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como resultado de la emergencia sanitaria la economía mexicana sufrió un triple choque. Por el lado de la oferta experimentó paros de la producción manufacturera y en algunos servicios, lo que puso en riesgo el abastecimiento general, el funcionamiento de las cadenas de valor y la actividad económica nacional. Por el lado de la demanda, nos enfrentamos a un menor consumo externo –sobre todo por la parálisis de la economía norteamericana–, un menor consumo nacional y una disminución de los gastos de inversión. Finalmente, en el ámbito financiero, nos afectó la menor demanda de activos de las economías emergentes que provocó flujos de salida de capitales, además que las calificadoras internacionales redujeron las notas crediticias de Pemex y el país.

El impacto de estos tres choques sobre el empleo fue mayúsculo. Se observaron fuertes disminuciones del volumen de empleo en el sector industrial y el de servicios, en tanto el agropecuario mostró mayor resistencia. Por tamaño de establecimiento la mayor contribución en la pérdida de puestos de trabajo provino de las empresas que tienen de 51 a mil empleados, mientras los más grandes y los más pequeños sufrieron caídas menores. Igualmente, la destrucción de empleo eventual urbano fue más notoria que en el caso de los empleos permanentes. En términos globales, el impacto de la pandemia fue de alrededor de un millón de puestos formales perdidos (tomando como indicador los registros del IMSS). Pero, según los datos proporcionados por la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI, cerca de 12 millones de mexicanos entraron en un estado de suspensión laboral debido a la cuarentena, sin recibir salario ni tener la certeza de que a futuro se mantendrá el vínculo con su empleador o podrán retornar al trabajo.

Debido a todas estas dificultades se espera que la caída de la economía mexicana sea de 7.5 y hasta 10 por ciento en 2020, no obstante que el impacto se amortiguó debido a la existencia de las coberturas petroleras, los diferentes fondos de estabilización (que suman 264 mil millones de pesos), la fortaleza de las reservas internacionales (180 mil millones de dólares) y la confianza de los organismos mundiales e inversionistas reflejada en el ofrecimiento de distintas líneas de crédito al gobierno mexicano.

Quizá por eso las instancias federales en materia económica también mantuvieron el optimismo. Confiaron en un proceso más o menos automático de recuperación, sobre todo vinculado a las ventajas provenientes del T-MEC, la estabilidad de los agregados macroeconómicos y el mantenimiento de la disciplina fiscal. Descartaron la aceptación de la ayuda ofrecida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el rescate de la economía a través de la entrega de apoyos a las grandes empresas y el uso de medidas anti-cíclicas más radicales. Se concentraron en adelantar los pagos de los programas sociales para los sectores más vulnerables, diseminar apoyos a micro y pequeñas empresas y hacer nuevos ajustes al gasto operativo del sector público. Asimismo, el Banco de México redujo la tasa de interés de referencia aprovechando el margen de maniobra que le otorga el mantenimiento de un bajo nivel de inflación.

Y, efectivamente, una vez iniciado el desconfinamiento y con la reapertura de la economía norteamericana, México se comenzó a recuperar. Durante el tercer trimestre alcanzó un crecimiento de 12 por ciento con respecto del trimestre anterior, aunque en comparación anual hay un retroceso de -8.6 por ciento. El repunte más alto se concentró en las actividades industriales, con 22 por ciento de incremento, mientras las agropecuarias y terciaras experimentaron aumentos más modestos, de 7.4 y 8.6 por ciento respectivamente.

El empleo también mostró mejoría si bien de manera parcial e insuficiente. Poco más de 7 millones de mexicanos recuperaron su puesto de trabajo, aunque la tasa de desocupación no ha disminuido a los niveles que tenía en marzo. Además, la tasa de participación laboral sigue por debajo del promedio de hace seis años y la brecha laboral continúa en niveles históricamente elevados con 23.3 millones de personas que necesitan un empleo de tiempo completo. Asimismo, los puestos de trabajo creados a partir de mayo se concentraron en el sector informal y existe una pérdida en la calidad dado que muchas personas regresaron a sus empleos percibiendo salarios menores.

III

Con la pandemia operando sobre la base de las inercias heredadas por el neoliberalismo –baja tasa de crecimiento, salarios pulverizados, alto nivel de endeudamiento y extensísima informalidad laboral– la recuperación no será fácil. De entrada, el escenario más optimista, de recuperación en forma de “V”, está ya descartado. La concentración de los daños económicos en el primer semestre y la caída de -4.6 por ciento en el PIB no se cumplieron. La esperanza es que ocurra el escenario intermedio: dadas las afectaciones más intensas y su prolongación al tercer trimestre del año, ocurriría una disminución del PIB de -9.0 por ciento en 2020 y una recuperación de 4.1 por ciento en 2021. Pero no podemos descartar la extensión de los impactos por el resto del año si hay un rebrote del virus y se retorna al rojo en el semáforo de alertas. En este caso, la caída en 2020 se prolongaría hasta el próximo año.

Por otra parte, la pandemia repercutió negativamente en nuestras finanzas públicas lo que hace menos efectivo su uso como herramienta anti-cíclica. La caída de los precios del petróleo redujo los ingresos. El aumento en el tipo de cambio provocó el aumento de la deuda en 1.4 billones de pesos. La desaceleración económica disminuyó las expectativas de recaudación. Y, al mismo tiempo, se generaron mayores gastos en salud y asistencia social a las familias mexicanas.

El Gobierno Federal respondió a este reto con una política de finanzas orientada a incrementar el cobro de algunos derechos, ajustar más severamente el gasto operativo y priorizar la salud, el bienestar y la inversión en infraestructura.

En consecuencia, el Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados en Septiembre contempla un aumento real de 9.1 por ciento en el ramo de salud y de 5 por ciento para el IMSS e ISSSTE con el objetivo de resolver la emergencia sanitaria y el déficit en la materia, acumulado durante años. Igualmente, se refuerza el rubro de bienestar para ampliar la cobertura de las becas escolares, los apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad y los subsidios a jóvenes que buscan su inserción laboral. Finalmente, la inversión pública se incrementa en 5.3 por ciento, sobre todo la destinada a los grandes proyectos de infraestructura que pueden detonar el crecimiento y sostener el empleo. En conjunto, las erogaciones que tiene por objetivo sostener el desarrollo de largo plazo –el llamado gasto programable- aumentarían en 1.3 por ciento con respecto de 2020.

La contracara es la continuación de la política de austeridad que implica la reducción del gasto no programable (incluyendo las transferencias a las entidades federativas y municipios que caerán en 5.5 por ciento) y del gasto operativo (en cuyo caso se contempla una reducción de 6.4 por ciento). En términos de la clasificación económica, las prioridades se reflejan en un incremento de 5.3 por ciento en el gasto de inversión y una caída de 1.7 por ciento en el gasto corriente.

Por Ramos Administrativos, la mayor parte del dinero público será absorbido por los rubros de Educación, Bienestar, Salud, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Comunicaciones y Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Energía y Turismo, que en conjunto absorberán 83.6 por ciento del total. En términos de su incremento porcentual, los ramos más favorecidos serán Turismo (por el dinero destinado al Tren Maya), el INE (debido a  las elecciones del 2021), Defensa Nacional, Desarrollo Territorial y Urbano y los ya mencionados IMSS e ISSSTE. Las reducciones más drásticas se concentran en Comisión Nacional de Derechos Humanos, Información Nacional Estadística e Informática, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la República.

Además de las ya señaladas disminuciones en las transferencias federales a los estados y municipios, han sido especialmente polémicas las reducciones presentadas por Hacienda en algunos rubros de los ramos de educación y cultura. Por ejemplo, se propone un drástico recorte del presupuesto destinado a las normales y al Instituto Nacional de Cinematografía (IMCINE) y una más moderada disminución en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Aunque en materia de egresos no se ha dicho la última palabra y las comisiones de la Cámara de Diputados han solicitado ampliaciones presupuestales en varios rubros (como los 1,969 millones de pesos adicionales para cultura y los poco mas de 10 mil millones para educación), es probable que este apretado presupuesto, además de actuar de forma contractiva, genere una cierta inconformidad social capaz de ser aprovechada por la oposición (como sucedió con la extinción de los fideicomisos).

En ese sentido, la repercusión económica más inmediata de la pandemia es que agudizó el viejo dilema de cómo usar los recursos escasos ante fines alternativos.

Fuentes:

Banco de México, Informe Trimestral, Abril-Junio de 2020; Banco de México, Informe Trimestral, Enero-Marzo de 2020: Banco Mundial, Perspectivas económicas mundiales, Junio de 2020; Naciones Unidas, Situación y perspectivas de la economía mundial. 2020, enero de 2020;  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, Primer trimestre de 2020; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, Segundo trimestre de 2020.