Miguel Ángel Gorostieta

El ingeniero José Luis Toral Lucas fue emboscado y asesinado con armas largas por la mañana del 20 de noviembre en el camino El Conti-Tajimaroa, entre las comunidades de Cócorit y Loma de Guamúchil dentro del territorio yaqui. Resulta paradójico que un joven de 22 años encontrara la muerte a cientos de kilómetros de su hogar mientras trabajaba para que las familias con menos recursos económicos construyan un espacio mejor para habitar. José Luis se encontraba en Sonora como parte de la asesoría técnica de vivienda que brinda la Unión de Cooperativas Tosepan en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui que, de acuerdo al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, “tiene la finalidad de reparar la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con el pueblo yaqui”.

En febrero de 2020, el Plan inició con un recorrido para reconocer el territorio original de los yaquis y sus derechos de usufructo del mar; asimismo, se avanzó en el proceso de restitución del derecho al agua en sus comunidades. Como parte de esta agenda, se realizaron dos mesas de trabajo: una sobre la tierra, el territorio, el agua y el medio ambiente; y, la segunda, sobre el desarrollo integral y cultural con el pueblo yaqui. Esta última derivó en una serie de acuerdos que buscaban atender las “raíces más profundas de sus problemáticas”: el respeto a sus formas tradicionales de decisión, la relación con las autoridades indígenas y la propuesta de desarrollo con fundamento en su cultura y la visión integral del bienestar.

El propio INPI contabilizó 135 visitas al territorio por parte de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) donde identificaron los espacios públicos y generaron acuerdos con las autoridades tradicionales. Tras este proceso, las instancias gubernamentales sacaron la conclusión de que se debería invertir en la construcción de vivienda; así, se decidió que la Comisión Nacional de Vivienda aplicara 288.75 millones de pesos para generar 1,661 acciones habitacionales, beneficiando a 70,601 habitantes (en noviembre de 2020 se anunció un monto de 1,723 acciones). El esquema operativo trazado para materializar este Programa de Vivienda Social es parecido al aplicado en la reconstrucción tras el terremoto de 2017 y a los anteriores programas de subsidios a la vivienda.

A grandes rasgos, existe una representación de la CONAVI en el territorio con el objetivo de coordinar los esfuerzos de los actores que intervienen en el levantamiento, diseño, presupuesto y ejecución de cada unidad de vivienda. Algunos actores son las organizaciones e instituciones encargadas de la asesoría técnica arquitectónica que tienen el objetivo de acompañar a la familia beneficiada durante la ejecución del recurso. Así, entre sus tareas destacan el diseño participativo con las familias, la concepción de cada solución habitacional, el seguimiento a la compra de materiales, la supervisión de la obra, parte del trabajo administrativo y la elaboración de los reportes de resultados. Por estas labores, las organizaciones y sociedades reciben un pago, pero, comúnmente, se abona cuando está muy avanzado el proyecto; por tal motivo, los asesores deben contar con un ahorro previo para cubrir sus operaciones.

En correspondencia con la política habitacional de la Cuarta Transformación, que ha enarbolado a la Producción Social de Vivienda (PSV) como un eje central, la CONAVI designó como asesoría técnica arquitectónica a un grupo de organizaciones civiles y pequeñas sociedades que cuentan con experiencia en procesos de producción social donde se promueve la participación activa de las familias y la comunidad durante toda la ejecución del proyecto. Una de estas organizaciones es un referente de construcción comunitaria. La Tosepan tiene sus orígenes en 1977 cuando un grupo de campesinos indígenas en Puebla emprendieron la compra colectiva del azúcar para hacer frente a los especuladores; avanzado el tiempo, con gran esfuerzo y solidaridad, han construido una fuerte organización que promueve la participación comunitaria, la autogestión y el equilibrio ambiental. Su experiencia y constante interés por compartir sus métodos explica su presencia en Sonora, en uno de los proyectos de vivienda más importantes del sexenio. Aquí trabajaba José Luis, en un contexto que está lejos de ser idílico; y, lamentablemente, su deceso es muestra y producto de las contradicciones de un estado de cosas que trascienden la casualidad.

Con los años, la calidad de vida para la mayoría de la población se ha deteriorado; las crisis económicas y sus consecuencias, que han sido pagadas por los trabajadores a través de los rescates y las sucesivas privatizaciones, así como el saqueo de las instituciones de gobierno durante las últimas décadas, han minado la economía y las limitadas prestaciones sociales que le quedaban a los trabajadores. Con el objeto de matizar este desastre y destruir sistemáticamente la oposición, el gobierno de Felipe Calderón formuló su política de “guerra contra el narco” que, como sabemos hoy, fue una simulación para apoyar a un grupo en específico; sin embargo, la creciente espiral de violencia y la militarización del país fueron consecuencias funestas de esta “estrategia”. Es claro que la situación de violencia no iba a terminar mágicamente con el triunfo de Obrador, incluso algunos grupos armados podrían ser utilizados con fines políticos contra las decisiones de un gobierno cercano a la izquierda.

Sin embargo, pareciera que las decisiones del gobierno de López Obrador están en función de los acuerdos de campaña y su intención de no afectar los intereses de ciertos grupos económicos; al mismo tiempo, plantea una especie de perdón, abierto o velado, como política extensiva a aquellos ex funcionarios que por décadas han lucrado con los recursos, así, estos políticos ya comenzaron a adscribirse al criterio de oportunidad. El gobierno de Obrador titubea en el castigo y no va más allá de lo permitido. Si bien estas condiciones permean la política de vivienda, esta última tiene algunos supuestos que deben considerarse.

El sismo de 2017 y la posterior forma en que se atendió la reconstrucción de las viviendas generó un derroche de recursos en forma opaca sin que las familias necesitadas fueran necesariamente atendidas; de tal manera que el nuevo gobierno se encontró con una reconstrucción a medias que debieron atender como forma prioritaria. Asimismo, en los picos más altos de la pandemia, la construcción quedó detenida y sólo algunos proyectos prioritarios siguieron. Ambos supuestos influyeron en que los programas establecidos al inicio del sexenio no se hayan consolidado todavía. Finalmente, las recomendaciones internacionales (como las del BID) en materia de vivienda apuntan a un esquema donde el programa social incluye el crédito, el ahorro y el subsidio gubernamental; de esta forma, los esquemas operativos se encuadran y son similares en la mayoría de los casos, manteniendo algunas problemáticas como la dispersión de recursos.

Quienes se han dedicado a la producción social de vivienda asistida han señalado las dificultades de ajustar esta concepción de la vivienda dentro de los programas sociales que siguen fomentando la vivienda nueva con perspectiva de mercado. Asimismo, han hecho énfasis en que uno de sus objetivos es la formación comunitaria (social y técnica) y el fortalecimiento comunitario. Sin embargo, el costo de la asistencia técnica sólo incluye la labor arquitectónica, se considera que el trabajo social que se realiza (o debe realizarse) no tiene un valor y no se requieren especialistas en la materia. De esta forma, el arquitecto o ingeniero entra en contradicción con las concepciones idealizadas de una vivienda, sin apoyo o mediación social para poner en común los conceptos y las ideas y con una carga mayor de trabajo. La producción social debe dejar resultados sociales, no importa cómo.

Nadie duda del compromiso y la experiencia de las actuales autoridades de la CONAVI; es por todos conocido que varios de sus integrantes han defendido el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), entendiendo que esta es un proceso y no una mercancía. Pero, aunque existan buenas intenciones, e incluso esté en la ley (como lo ha estado desde los gobiernos panistas), la producción social de vivienda asistida encuentra obstáculos cuando la agenda política es otra, cuando deciden otros funcionarios, los tecnócratas, el rumbo de la política habitacional. Bajo este panorama, para los encargados de la CONAVI resultará más complejo avanzar hacia la realización del DHVA a través de la PSV, se enfrentarán (o ya se enfrentan) a órdenes que contradigan su perspectiva social y encontrarán contextos complejos sin un trabajo comunitario previo. 

Esta última circunstancia es especialmente complicada en el territorio yaqui. La “deuda histórica” que refiere el gobierno implicó décadas de exterminio, hostigamiento, exclusión o invisibilización, dependiendo del gobernante en turno. Es entendible que la respuesta de algunos yaquis sea hostil o desconfiada, que conciban el Plan de Justicia como un ardid político o sin trascendencia histórica como las despensas sexenales. Si bien se realizaron reuniones con las autoridades yaquis, la labor comunitaria, el compromiso social y la generación de mutua empatía estuvieron ausentes porque empezar el proyecto de vivienda apremiaba, porque ya era necesario ejercer el presupuesto. Esta estrategia se ha extendido a otros territorios indígenas donde los proyectos son prioritarios, como el tren maya, aunque encuentren resistencias de las propias comunidades; las consultas parecen una simulación que justifica lo ya pactado porque los proyectos no se detendrán, ni con la pandemia ni con la oposición. Si se sigue interviniendo, si se siguen pagando “deudas históricas” de esta forma, los resultados no siempre serán los esperados.

Se han dicho muchas cosas tras la muerte de José Luis en el territorio yaqui; sin embargo, se sigue desconociendo el quiény porqué. En nuestro texto se ha tratado de esbozar que un conjunto de circunstancias estructurales y de intervención política contextualizan el suceso y posibilitan nuevos acontecimientos. Se ha intentado exponer las condiciones a las que se enfrentó José Luis en su labor, para comprender y reivindicar su trabajo, para hablar desde las asistencias técnicas que empiezan a trabajar o se mantienen a costa de la adversidad, para hacer visibles a estos jóvenes arquitectos e ingenieros quienes adquirieron un compromiso social, pero que no encuentran todos los caminos abiertos y que, después de la muerte de José Luis, sienten el miedo en carne viva mientras esperan una respuesta consistente de las autoridades como la posibilidad de realizar la asistencia remota con las herramientas digitales. 

Secundamos el comunicado conjunto del Gobierno de la República y las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis. Todos nos unimos a las condolencias expresadas a la familia y los colegas de José Luis, levantamos la voz para denunciar su cobarde asesinato y exclamamos una y otra vez la exigencia de justicia. Pero no es suficiente. Enviar a la Guardia Nacional para acompañar las supervisiones arquitectónicas no sería suficiente, incluso sería contraproducente porque significaría un amedrentamiento más. Es urgente revisar los contextos nacionales y locales para transformar la política, no sólo la intervención en materia de vivienda, sino toda la política del gobierno de Obrador y dejar de ser una veleta en el mar encrespado.

El gobierno necesita hacer un eco firme de las aspiraciones de aquellos que votaron por Obrador, necesita hacer eco de quienes serán los únicos en defender su gobierno cuando su política, aunque tibia, afecte los intereses de aquellos que promueven el FREENA, de aquellos que celebran los golpes de estado en Latinoamérica, de aquellos que miran con desinterés a los muertos. Se necesita el gobierno social por el que se votó, un gobierno firme que se encamine a una nueva sociedad donde jóvenes como José Luis construyan espacios mejores, vidas mejores.